Preguntémonos, abajo y a la izquierda, si no es hora de cambiar a la siguiente lógica muy afín a la del Capital.

Entrevista a la economista Leda Paulani, profesora de la Universidad de São Paulo (USP)

La política económica de Bolsonaro:

entre nacionalismo de fachada y el neoliberalismo

21 de diciembre de 2018

Por Jardín de la Política

Brasil de Fato

Las medidas económicas del gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro que empujan el país hacia el abismo del ultraliberalismo fueron analizadas por la economista Leda Paulani, en vivo durante el programa "Jardín de la Política". Durante la entrevista, la profesora del departamento de Economía de la Universidad de São Paulo (USP) y profesora visitante de la Universidad Federal de ABC (UFABC), alerta sobre una profundización de lo que fue llamado 'tsunami de privatizaciones', en el futuro gobierno. "Los bancos públicos importantes, la Petrobras, que tiene capital abierto etc. y tal. Todo eso está en la mira de esas personas".

Jardín de la Política.- ¿Cómo ve la medida del gobierno de juntar los ministerios de Hacienda y de Planificación en el mismo ‘paraguas’? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de tener un súper ministerio con tantos poderes para Paulo Guedes?
Leda Paulani.- Muy poco fue anunciado de hecho, el ni tenía programa de gobierno, no sólo en el área de economía, sino en diversas áreas. Lo que sucedió es que, en el área de la economía, a pesar de no tener un programa explícito, conseguimos deducir lo que se viene por delante considerando las características de los tales superministros del tipo ‘estación de servicio Ipiranga’ [hacia donde deben ser dirigidas todas las preguntas], como Paulo Guedes.
El es un economista ultraliberal, de los que creen que el Estado, en principio, no debería ni existir. Sin embargo, como el Estado debe existir en la economía capitalista, porque en la economía de mercado, el Estado tiene que garantizar las reglas, dar garantía jurídica a los contratos. Entonces, se admite el Estado, pero tiene que ser lo más pequeño posible. Tiene que meterse lo menos posible en el juego del mercado.
Eso lleva a una profundización del programa neoliberal que fue abrazado integralmente por el gobierno de Temer. En realidad, en los gobiernos anteriores del Partido de los Trabajadores (PT) no se abandonó el neoliberalismo. En muchos momentos, la política económica fue la del neoliberalismo, pero en algunas cosas fueron contra. Por ejemplo, hubo un pare en las privatizaciones, los propios programas sociales, por los impactos que tuvieron, acabaron influenciando el fortalecimiento del Estado, lo que no era bien visto por el liberalismo y el neoliberalismo. La política exterior fue también lo contrario de lo que se esperaba de un país neoliberal.
El gobierno de Temer cambia todo eso y adopta el manual liberal. El gobierno de Bolsonaro va a profundizar eso. No hay dudas por el perfil de Paulo Guedes.
Jardín de la Política.- ¿Qué significa eso?
Leda Paulani.- Bueno, es el intento de reducir aún más el papel del Estado. En medio de eso, va la continuidad de la reducción de los derechos laborales, la usurpación de los derechos laborales, hasta la reforma de las pensiones y la privatización en alto grado.
Es la privatización de todo lo que se consiguió preservar, bien o mal, de este tsunami de privatizaciones que viene desde los años 1990. Los bancos públicos importantes, la Petrobras, que tienen capital abierto etc. y tal, pero el control aún es del Estado. Todo eso está en la mira de ellos.
Jardín de la Política.- El próximo gobierno anunció posiciones sobre la política económica que pueden tener fuerte impacto en la economía. Una de ellas es tomar partido en esa guerra comercial entre EE. UU. y China. El habló también de trasladar la Embajada de Brasil de Tel Aviv a Jerusalén.
Leda Paulani.- Los tres mayores productos de exportación de Brasil son hoy: minerales de hierro, soja y petróleo crudo. Y China es nuestro socio más grande. Y tenemos también los países árabes en el caso de la carne de buey, que es el quinto o sexto producto. Después del petróleo, vienen el café y el azúcar. Tenemos solo un producto industrializado en la lista de los diez principales ítems de exportación, en términos de valor, que son los automóviles. Y nuestro principal comprador de automóviles es Argentina, con quien Bolsonaro también se indispuso, porque dijo que no iba a hacer la primera visita a Argentina, porque descubrió que Macri [presidente argentino] había elogiado a Fernando Haddad [candidato del PT en las elecciones 2018] en algún momento de la vida; entonces, es de una infantilidad increíble.
Pienso que los exportadores se están moviendo mucho para arreglar los estragos [de los discursos y amenazas de Bolsonaro] porque el gran capital exportador de bienes agrícolas y de bajo valor agregado, que es lo que nos volvimos desgraciadamente, no deben estar nada tranquilos con este tipo de posicionamiento. Porque está indisponiendo al país, desde el punto de vista diplomático, con los principales socios de los principales productos que Brasil tiene para exportación.
Si tenemos hoy una relativa tranquilidad, desde el punto de vista de las cuentas externas, por el nivel de reservas que se consiguió acumular, es por el hecho que esos productos tuvieron mucho éxito en los últimos años en términos de precios y volumen.

Jardín de la Política.- También está la posición de Bolsonaro en relación con el Mercosur. Dijo que no va a priorizar los acuerdos hechos en el ámbito del Mercosur.
Leda Paulani.- No en vano la [Confederación Nacional de Industrias] CNI se posiciona contra esa idea de Bolsonaro, porque nuestros socios compradores de los pocos productos industrializados de Brasil, donde tenemos alguna importancia y relevancia, son los países del Mercosur. En el caso de los autos, las ventas son casi 100% para países latinoamericanos y la mayoría del Mercosur.
Hasta antes del golpe de 2016, la política exterior de Brasil, con el canciller Celso Amorim, a quien respeto muchísimo, era una política externa altiva y activa. Altiva porque no hacíamos alineamientos incondicionales con nadie. Activa por movilizar las fuerzas del mundo fuera del eje de los países más desarrollados, para reequilibrar el mundo de alguna forma, por medio de la diplomacia. La diplomacia tiene consecuencias efectivas y materiales.
Todo el movimiento alrededor de los BRICS [bloque económico formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica], en el que Brasil tuvo un papel fundamental, fue la secretaría. La disposición de la diplomacia brasileña de construir efectivamente los BRICS fue fundamental y lo mismo fue con el Mercosur. Eso desagrada a un país imperial e imperialista como los EE. UU. No se quedan tranquilos con eso. Ellos estaban viendo aquí a los potenciales rivales, Brasil menos, en fin, pero China, Rusia e India uniéndose con Brasil y Sudáfrica. Se fue creando una fuerza que comenzó a incomodar.
Lo mismo sucede con el Mercosur, porque si el Mercosur fortalece el alineamiento casi automático que los países de América Latina tuvieron, a lo largo del todo el siglo 20, con la política estadounidense deja de existir.
Eso sucedió cuando se combinaron varios gobiernos de países de América Latina yendo hacia el centro y centroizquierda. Eso fortaleció la idea del Mercosur y afectó, por ese lado, los intereses de los americanos.
El gobierno de Bolsonaro ya se alió clara e incondicionalmente al gobierno estadounidense. Volvió a ser una relación inerte y subordinada. En vez de altiva pasa a ser subordinada de la gran potencia americana, como si eso fuera una buena medida para la economía, y no lo es.

La entrevista para el programa Jardín de la Política corrió a cargo de Leo Fernandes y Nina Fideles, con la colaboración de Juca Guimarães.

Traducción: Pilar Troya, para Brasil de Fato.

https://www.brasildefato.com.br/2018/12/18/la-politica-economica-de-bolsonaro-entre-nacionalismo-de-fachada-y-el-neoliberalismo/

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=250448

Escuchemos: "regenerar la política en buena medida manejada por quienes a fin de cuentas tie¬nen detrás a la clase financiera, es el reto que tienen ante sí tanto quienes compiten por el poder como la sociedad espa¬ñola en su conjunto, ante el tribunal sociológico de la Comunidad Económica Europea y ante el mundo..."

El desafío

21 de diciembre de 2018

Por Jaime Richart (Rebelión)

A todo régimen nuevo se le presta al principio obedien­cia. Por eso duró sin mucha dificultad algún tiempo esta democracia. Pero a medida que ha ido desapareciendo la ge­neración que lo hubo instituido o esa generación va per­diendo el empuje y el vigor que acompaña al envejeci­miento y al mismo tiempo han ido saliendo a flote los tre­mendos abusos cometidos por las mismas autoridades a cuyo amparo emergieron, la ciudadanía, el pueblo, perdió todo el respeto que pudo tener en los primeros tiempos por la Constitución y por ellos. Lo mismo que han ido per­diéndose respeto los políticos y los magistrados entre sí.

De ese modo, los tres poderes del Estado han dejado, para una gran mayoría y pese a que les voten para no em­peorar las cosas, de representar lo que pretenden. Por eso una gran mayoría está confusa, no quiere saber nada de quienes en general no sólo les han defraudado sino tam­bién y literalmente sodomizado. O bien esas mayorías no votan, o se aferran a los espejuelos prometidos por advene­dizos cargados de maliciosas intenciones que no otra cosa es apropiarse del poder para gozar de él sin mira­mientos. Pero es que, al fin y al cabo, quienes se condu­cen con descaro en esa dirección, aunque sólo sea porque el ciudadano sabe a qué atenerse han de inspirar mejores expectativas que quienes engañaron y se dedica­ron a cometer toda clase de tropelías en el uso de un poder cuya configuración crearon prácticamente también para su personal provecho, o tienen estrecha relación con ellos por­que pertenecen a la misma formación política...

La única manera de haberse podido restablecer el res­peto que la ciudadanía había perdido por las leyes, por la constitución y por la clase política, hubiese sido a través del escarmiento de la justicia. Sin embargo, lejos de ello, re­bajando su egregio papel de transmisora de pondera­ción y ecuanimidad al de alcahueta, ha contemporizado en exceso con los abusadores contribuyendo a agigantar en la ciudadanía su aversión hacia los políticos e incluso hacia los propios magistrados.

Restablecer la calma, abolir la Constitución o reformarla hasta que pierda todo vestigio de los términos autoritarios propios del régimen caudillista anterior, infundir esperan­zas a millones de personas, y regenerar la política en buena medida manejada por quienes a fin de cuentas tie­nen detrás a la clase financiera, es el reto que tienen ante sí tanto quienes compiten por el poder como la sociedad espa­ñola en su conjunto, ante el tribunal sociológico de la Comunidad Económica Europea y ante el mundo...

Jaime Richart, Antropólogo y jurista 

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=250476

Confirmemos: "la concentración de riqueza y poder económico no tiene paralelo en la historia: uno por ciento de habitantes del planeta concentra 50 por ciento de la riqueza global. Lo más importante no aparece en el informe de este poderoso banco: las fuerzas económicas desatadas bajo el neoliberalismo son las responsables de esta desigualdad y se están encargando de intensificarla. Son las mismas fuerzas que se oponen a la descarbonización de la economía mundial".

La cultura de los gases de efecto invernadero

21 de diciembre de 2018

Por Alejandro Nadal (La Jornada)

En 1992, la Organización de las Naciones Unidas organizó una conferencia cumbre sobre desarrollo y medio ambiente en Río de Janeiro. El resultado tangible más importante fue la firma de la Convención marco sobre Cambio Climático (Unfccc, por sus siglas en inglés). Es el tratado internacional más importante sobre cambio climático. La conferencia de las partes que se lleva a cabo en Katowice, en el corazón de la región productora de carbón en Polonia, es el último episodio de lo que cada vez más se parece a una trágica comedia de errores.  
Mientras la comunidad científica publica informes cada vez más alarmantes, los gobiernos de los principales países emisores de gases de efecto invernadero (GEI) pretenden mantener negociaciones serias sobre la forma de evitar la catástrofe final. Las conferencias de las partes de la Unfccc se suceden año tras año sin que se tenga un instrumento confiable para la reducción de emisiones de GEI. La COP24 reunida en Katowice se desarrolla ante un telón de fondo ominoso.
De todas las fuentes de energía, el carbón es la que más GEI produce. Y Silesia, en Polonia, es la principal región productora de carbón en ese país. Así que no sorprende que los delegados puedan contemplar en el vestíbulo del centro de convenciones de Katowice pedazos de carbón desplegados como piezas de arte detrás de llamativas vitrinas. También se puede apreciar una exposición de joyería incrustada en carbón y cosméticos a base de hulla. Los asistentes a la COP24 pudieron también disfrutar de un concierto ejecutado por la banda de mineros del carbón. Los organizadores de la conferencia creyeron que era un buen momento para celebrar la cultura del carbón y las emisiones de gases invernadero.
Al mundo industrializado se le ocurrió otra forma de celebración: en los pasados dos años las emisiones de gases de efecto invernadero han vuelto a incrementarse después de cuatro años de haberse estabilizado. Estábamos mal, pero ahora estamos empeorando. Para confirmar lo anterior, en su discurso de apertura de la COP24, el presidente de Polonia, Andrzej Duda, señaló que su país tiene reservas de carbón para dos siglos. Será difícil no utilizarlas, sentenció.
Cuando se firmó la Unfccc en 1992, nadie preguntó si la estructura y dinámica de la economía mundial permitirían reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Estaban comenzando los años de lo que Greenspan, entonces presidente de la Reserva Federal, llamó la gran moderación, anunciando una época de estabilidad macroeconómica y crecimiento. Mientras se consolidaba el neoliberalismo, se cantaban loas a la globalización.
En 1997 se firmó el Protocolo de Kioto, que estableció un mercado de cuotas transferibles de carbono como mecanismo para reducir las emisiones de GEI. Las fuerzas del mercado eran el nuevo dios y la idea implícita era que la globalización neoliberal conduciría a evitar el cambio climático. El tratado terminó en el fracaso, pero inauguró una senda peligrosa de complacencia y de falsas soluciones.
En aquellos años la economía mundial ya mostraba una desigualdad que sería muy difícil revertir. Debajo de la aparente tranquilidad se estaban gestando las tormentas de una nutrida serie de crisis económicas que mostrarían que la inestabilidad del capitalismo era real. Pero el mensaje no sería escuchado. Todo siguió igual en las negociaciones sobre cambio climático y en otras conferencias de Naciones Unidas sobre los objetivos del milenio o respecto de las metas de desarrollo sustentable. Nadie cuestionaba las distorsiones, desequilibrios, desigualdad y el predominio del sector financiero.
En 2012 se llevó a cabo la conferencia en Río de Janeiro sobre desarrollo sustentable. Se suponía sería la celebración de Río+20. En plena debacle financiera global, el documento final ni siquiera menciona la palabra crisis. Hasta propuso que las inversiones necesarias para alcanzar las metas del desarrollo sustentable podrían provenir del sector financiero. En el colmo del engaño, el documento alardeaba estar basado en un modelo matemático de simulación de la economía global, en el cual ni siquiera se mencionaba al sector financiero.

Hace un mes el banco Credit Suisse ( www.credit-suisse.com ) dio a conocer su informe sobre riqueza y desigualdad en el mundo. Las cifras son aterradoras: 10 por ciento de habitantes del planeta posee 85 por ciento de la riqueza global. Según el texto, la concentración de riqueza y poder económico no tiene paralelo en la historia: uno por ciento de habitantes del planeta concentra 50 por ciento de la riqueza global. Lo más importante no aparece en el informe de este poderoso banco: las fuerzas económicas desatadas bajo el neoliberalismo son las responsables de esta desigualdad y se están encargando de intensificarla. Son las mismas fuerzas que se oponen a la descarbonización de la economía mundial. Su marco de política económica impide la transición energética hacia una economía alejada de los combustibles fósiles.

Twitter: @anadaloficial

https://www.jornada.com.mx/2018/12/12/opinion/020a1eco#  

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=250452

Descubramos que las grandes ganadoras de la deKada han sido la multinacionales y en qué cuantía.

Argentina: ¿Qué hacer con los TBI?
septiembre de 2009

Javier Echaide (BILATERALS.org)

Se encuentra muy instalada la concepción de que es necesario atraer inversiones extranjeras directas (IED) para promover el desarrollo de nuestros países periféricos. Ese pensamiento puso a esos países en una cruzada por intentar capturar estos flujos de capital con medidas como la precarización laboral, baja de salarios, pérdida de derechos sociales, reducción del rol del Estado, etcétera. Pero también con marcos jurídicos internacionales menos conocidos, aunque muy concretos: los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio desde 1995, los tratados contra la doble tributación, el ingreso al Ciadi (en 1994 para Argentina), la ratificación de tratados bilaterales de protección de inversiones (TBI) son signos de esa liberalización económica neoliberal que hoy continúa.

La Argentina se incorporó a todos estos ámbitos sin miramientos creyendo que, de no hacerlo, “quedaría afuera del mundo”. Así nuestro país firmó 58 TBI (55 en vigor), entendiendo que ellos daban el marco jurídico suficiente para asegurar la captura de las inversiones extranjeras, aventajándonos respecto de nuestros competidores. Pero la liberalización del capital hizo que se compitiera en una carrera para nivelar hacia abajo en materia de derechos sociales.

Pasado el auge neoliberal en nuestra región, en 2009 la Unctad publicó un informe sobre acuerdos internacionales de inversiones entre los que menciona los TBI. Dicho informe sostiene que la influencia de tratados de comercio preferenciales suelen ser más influyentes que los TBI para la toma de decisiones sobre dónde invertir.

Brasil no es un país adherido al Ciadi y no posee ningún TBI en vigor, y es prueba de esta aseveración, pues las empresas invierten dependiendo del éxito de sus negocios más que de tratados que sólo operan cuando existen problemas que evidencian un fracaso en la operación: nadie invierte esperando perder para entonces poder iniciar un reclamo.

La Cepal publicó recientemente otro informe donde dice que las utilidades de las empresas transnacionales que operan en América latina y el Caribe se incrementaron 5,5 veces en nueve años, pasando de 20.425 millones de dólares en 2002 a 113.067 millones de dólares en 2011 y que, en promedio, las empresas transnacionales repatrian a sus matrices un 55 por ciento de lo que obtienen, reinvirtiendo el 45 por ciento remanente en los países de la región donde fueron generadas.

Ello neutraliza los posibles “efectos positivos” del ingreso de las IED sobre la balanza de pagos. Si seguimos estos números, las empresas transnacionales invierten en la región 1 dólar y obtienen 5,50 dólares por año, reinvirtiendo aquí 2,47 dólares (el 45 por ciento) y remesando a sus casas matrices 3,09 dólares. Si este movimiento se repite durante diez años, las empresas habrán invertido casi 6 mil dólares y se habrán llevado a sus matrices tres veces más: por cada dólar que entra a la región se fugan tres.

Queda claro que no se trata de una región pobre, pues ha quintuplicado los beneficios de los inversionistas y que tampoco es un mal negocio invertir en estas latitudes, a pesar de lo que se pudiera sospechar. Prueba de ello es que la mayoría de las empresas inversionistas en la región se han quedado a pesar de haber demandado a los países latinoamericanos ante el Ciadi. Y he aquí el dilema: cualquier política pública dirigida a intentar retener esa renta generada por los y las latinoamericanos/as, o para regular la inversión extranjera, o todavía peor, para respetar las condiciones pactadas con las empresas en los contratos de concesión de los servicios privatizados, ha significado demandas por sumas siderales ante el Ciadi que van muy por encima de las sumas invertidas por dichas empresas y que funciona como un factor de presión contra el Estado para negociar por mayores beneficios. De mantenerse este panorama macroeconómico, la región daría muestras de ser un buen negocio para las multinacionales: son ellas las grandes ganadoras de esta década.

Sin embargo, seguimos bajo el paradigma de que si no se mantienen los TBI, las inversiones no vendrán, cuando los datos empíricos demuestran lo contrario: las inversiones vinieron y siguen viniendo, incluso con la presente crisis económica internacional. Argentina es el país más demandado en el mundo ante el Ciadi y la suma total en riesgo es de 65 mil millones de dólares: el 13,7 por ciento de nuestro PIB, que también habría que sumar a esas remesas que se van del país, ya que los informes del Ciadi muestran que las transnacionales poseen altas chances de ganar las demandas que plantean ante dicho organismo. La pregunta entonces persiste: ¿por qué seguir atados a este régimen de protección de inversiones cuando no es condición para las IED, pero sí resulta más riesgoso para conservar nuestros propios recursos?
Javier Echaide es abogado UBA.

http://www.argenpress.info/2013/09/argentina-que-hacer-con-los-tbi.html

II. Si no hacemos balance de la autodenominada deKada ganada,, encubrimos que no tenemos soberanía y el Estado tanto consiente como participa del saqueo.

Tla-melaua vol.9 no.38 Puebla sep. 2015

 

ARTÍCULOS DE REFLEXIÓN: CIENCIA POLÍTICA

La "libertad de invertir" a la luz

del caso argentino: un análisis de

los Tratados Bilaterales de Inversión

Luciana Ghiotto^* 

^* Doctora en Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires, Argentina. (luciana.ghiotto@gmail.com)

RESUMEN

Este artículo se propone revisar el andamiaje legal internacional construido para garantizar la libre circulación de las inversiones, lo cual se ha vuelto central en el capitalismo contemporáneo, caracterizado por el comando del capital en su forma dineraria. Es así que en los últimos treinta años hemos asistido a una búsqueda creciente de protección del movimiento del dinero, generada a través de esquemas legales que sostienen la circulación irrestricta del capital a través de las fronteras estatales. En particular,aquí nos concentramos sobre los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI). Dentro de estos, adquiere una importancia particular la cláusula de prórroga de jurisdicción, que permite a las empresas transnacionales demandar a los Estados en instancias supra-nacionales, como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI).

1. INTRODUCCIÓN

Este artículo se propone revisar el andamiaje legal internacional construido para garantizar la libre circulación de las inversiones en el capitalismo contemporáneo. En este periodo, caracterizado por el comando del capital en su forma dineraria, la garantía para el libre flujo del dinero se ha vuelto central. Es así que en los últimos treinta años hemos asistido a una búsqueda creciente de protección del movimiento del dinero, la cual opera a través de esquemas legales que sostienen la circulación irrestricta del capital a través de las fronteras estatales. Mediante la expresión "nuevo andamiaje legal internacional" nos referimos a los diferentes tipos de tratados internacionales que incluyen cláusulas tendientes a garantizar la libertad del capital. En particular, aquí nos concentramos sobre los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI). Dentro de éstos adquiere una importancia particular la cláusula de prórroga de jurisdicción, que permite a las empresas transnacionales demandar a los Estados en una instancia supra-nacional como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI).

Sin embargo, nuestro punto de partida no son los tratados en sí mismos, ni el sistema de arbitraje internacional montado a partir de 1966 con la creación del CIADI. Más bien, nuestra argumentación invierte dicho punto de partida, convirtiendo a los tratados en el punto de llegada del análisis.¹ Es decir, vamos a entender a las protecciones de la inversión como una forma legal de las relaciones sociales antagónicas sobre las cuales tal andamiaje se construye.² Partimos del argumento de que la protección a las inversiones es expresión del antagonismo social. La garantía a la libre circulación del capital es un elemento central para el nuevo comando (inestable) del capital sobre el trabajo (el comando del capital-dinero). La nueva legalidad intenta, entonces, negar la incertidumbre producida por la naturaleza inestable de la relación social del capital,³ ya que cristaliza contractualmente el intento del capital por escapar de la lucha de clases. Pero dicha inestabilidad, manifiesta en la forma de crisis, es inherente al antagonismo social. Si el capital intenta fugarse del trabajo para sostener la acumulación, buscando a su vez certezas legales para la ganancia, no puede escaparse de la relación antagónica que le da forma.

Para comprender el modo en que opera la nueva legalidad internacional, nos centraremos en el caso argentino. Con ese fin, vamos a analizar algunos de los 55 tratados bilaterales de inversión (TBI) firmados por Argentina.⁴Revisaremos la manera en que se define la categoría de inversión en los TBI, y repasaremos sus cláusulas (en especial las de "Trato nacional", "Trato de nación más favorecida", "Protección y seguridad plenas", "Cláusula de estabilización", "Requisitos de desempeño", "Duración con efecto residual" y "Solución de controversias"). Veremos que en esas cláusulas queda plasmado el intento del capital por negar la incertidumbre: el texto de cada tratado bilateral es una expresión de la búsqueda del capital de la libertad total.

2. El comando del capital-dinero y la libre circulación del capital

En los últimos cuarenta años hemos observado un avance en la imposición de la disciplina de mercado sobre la clase trabajadora. A las luchas obreras, estudiantiles y sociales de los años sesenta y setenta,⁵ el capital respondió mediante un intento de alejarse de la insubordinación. Frente al estrangulamiento ganancial que el capital encontraba en la esfera productiva, comenzó el proceso masivo de metamorfosis en dinero líquido. Esto implicó una rápida expansión en las bolsas de comercio y la creación de fondos de inversión.

El disciplinamiento de los trabajadores se realizó especialmente mediante mecanismos monetario-financieros⁶ a partir de la política de escasez de dinero impuesta a nivel de los mercados internos. Se rompía así el círculo del período keynesiano de la segunda posguerra, marcado por el fácil acceso de los trabajadores al dinero (vía salarios). En el período neoliberal, el dinero escaso fue sostenido por políticas de liberalización de los movimientos del capital a nivel global. Esto conformó un nuevo patrón de acumulación y un nuevo comando sobre la clase trabajadora: el comando del capital-dinero.⁷ Este comando se sostiene sobre la conversión masiva del capital productivo en capital líquido y financiero. La libre circulación del capital, en su forma de inversiones, resulta central para sostener al capitalismo en su conjunto.

En este proceso se produjo una aparente disociación entre el dinero y el proceso de la acumulación. El capital-dinero asumió una "forma independiente", como si el interés (el "nuevo" dinero) surgiera de un lugar distinto al proceso productivo. Pero a pesar de que el capital-dinero se presenta como pura forma sin contenido, para poder sostener su comando sobre el trabajo debe lidiar con la lucha cotidiana por la extracción de plusvalor. Esto caracteriza al capital en su forma de capital-dinero. En los años setenta, la conversión masiva en capital-dinero significó una apuesta a futuro sobre la posibilidad concreta de explotar el trabajo en un momento posterior.⁸ Es decir, el capital-dinero adelantado (en forma de créditos y deuda) debería más adelante volver a convertirse en capital productivo para garantizar la efectiva explotación del trabajo. La separación implicó dejar para el futuro (el intento de) la resolución del "problema del trabajo".⁹ Mostraba así que la insubordinación del trabajo no podía ser frenada en el marco de las políticas keynesianas, pero que el monetarismo tampoco lograba sentar las bases para un nuevo y duradero patrón de acumulación de capital sin caer en crisis recurrentes.

El neoliberalismo condensa el nuevo patrón de acumulación del capital, construido sobre la liquidez del dinero y su libre flujo. Es así que el modo en que se produce esa circulación se ha vuelto central. En tanto se trata de un nuevo modo de imposición de disciplina sobre la clase trabajadora, se vuelve imperioso garantizar la libre circulación del capital. Si asumimos el carácter antagónico de las relaciones sociales capitalistas, debemos con ello comprender que el capital es una relación de crisis.¹⁰ Esto significa que la inseguridad del capital es interna a su constitución misma. Nunca podemos saber ex ante cómo se va a resolver una relación de antagonismo, de lucha, de enfrentamiento. De allí que el capital construya mecanismos que le permitan obtener ciertos niveles de certidumbre. Ese punto neurálgico del nuevo patrón de acumulación es el que abordamos en este artículo: la generación de garantías para el movimiento irrestricto de capitales a nivel global.

El capital no es aquí entendido como una cosa, sino como una relación social basada en la imposición del trabajo asalariado, es decir, de nuestro constante recrearnos como clase (trabajadora).¹¹ En tanto que se construye sobre la imposición, sobre la subordinación, la relación del capital genera una sociedad antagónica. Esta imposición ha generado un tipo de libertad e igualdad que la relación del capital requiere para sostener su valorización: que seamos libres e iguales para vender nuestra fuerza de trabajo; esto es la libertad de mercado. Se trata de una libertad real, pero también abstracta, en tanto que estamos obligados a trabajar para sobrevivir. Entonces, de la libertad que hablamos aquí es la del capital como relación social: la libertad del libre contrato. La forma política que toma la relación antagónica entre trabajo y capital, el Estado, sostiene esa libertad contractual.

El hecho de que hoy el capital se mueva libremente por todo el mundo no implica que antes no lo hiciera, al menos como tendencia. Esa es su "naturaleza": la libre movilidad. En la segunda posguerra, los Estados erigieron diversas restricciones a la circulación del capital, generando un ámbito propicio para el desarrollo de las industrias nacionales, del "compre nacional". Debido a la incertidumbre acerca de la continuidad del propio sistema, el capital se mantuvo por largos períodos en territorios determinados. Por ello es también que se asocian ciertas empresas con algunos Estados-nación en particular (como podría ser Volkswagen con Alemania). En esa etapa, el tipo de capital predominante era el productivo, y sobre él se erigía un modo de acumulación basado en la demanda efectiva y el pleno empleo. Pero esos límites al capital eran la expresión, en los ámbitos político y económico, de la lucha del trabajo contra el capital. Esa lucha dio forma a un modo de acumulación que no llegó a durar siquiera los "treinta años gloriosos" auspiciados por sus defensores. A partir de los años setenta, tanto el capital como el trabajo pusieron en crisis el inestable equilibrio de posguerra y se rompió el patrón de acumulación particular del período keynesiano. La constitución del comando del capital-dinero es, en ese sentido, la expresión más acabada (hasta ahora) de la tendencia a la liberalización del capital.

3. Acerca de las inversiones (extranjeras y nacionales)

Nos concentramos en una de las formas que adopta el capital: las inversiones, especialmente aquello que se conoce como inversión extranjera directa (IED). En el capitalismo, la búsqueda de los capitalistas por la protección de sus inversiones ha sido históricamente primordial. Estos reclaman a los Estados "seguridad jurídica" con el fin de garantizar la inviolabilidad de la inversión y, con ello, la ganancia. Pero entonces, ¿qué es lo nuevo? Explicamos que el neoliberalismo cristalizó el nuevo momento de la relación antagónica entre capital y trabajo, donde la legislación protectora de los trabajadores típica del keynesianismo fue reemplazada por una legislación más acorde con las necesidades de libre circulación del capital. Esta nueva legislación tomó cuerpo en un nuevo andamiaje legal internacional que comenzó a operar masivamente a escala global a partir de los años noventa.¹²Veamos ahora más de cerca este proceso.

Las legislaciones de los años de posguerra protegían los derechos sociales en tanto cristalización legal de la lucha de clases. Esto implica que las décadas de lucha (con el hito central de la Revolución rusa) lograron reorientar una pequeña porción de las ganancias hacia los trabajadores. Se reorientó una parte del dinero (centralmente vía impuestos), pero las leyes nacionales nunca dejaron de proteger los derechos de propiedad privada. De hecho, la integración ciudadana de los trabajadores dependió centralmente de la integración productiva del trabajo, plasmada en los acuerdos de productividad.¹³

Ya en el neoliberalismo, el comando del capital-dinero se expresó en una legalidad modificada, esta vez más claramente a favor del capital. El dinero comanda la acumulación del capital a través de la flexibilidad salarial, liberando al mercado de las rigideces de la negociación colectiva y de las leyes con altos estándares laborales.¹⁴Esto llevó a un aumento espectacular en el costo de vida de los trabajadores.

A partir de los años noventa, las garantías al capital se expresaron no solamente en las leyes nacionales, sino también en una nueva legalidad internacional. El mundo neoliberal "desregulado" requiere de nuevas regulaciones que garanticen la imposición del trabajo. El ejemplo más cabal de dicha legalidad protectora de las inversiones está en los tratados bilaterales de inversión (TBI). En los años noventa se produjo una proliferación de estos tratados, ya que mientras en los años cincuenta existía sólo uno, en los noventa ya había 1857, de los cuales 1472 fueron firmados solamente en esta década.¹⁵

A su vez, en el mismo período se comenzaron a firmar tratados de libre comercio (TLC). El primero fue firmado en 1985 entre Estado Unidos e Israel. El segundo, entre Estados Unidos y Canadá en 1991; luego se amplió a México en 1994, conformando así el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Casi treinta años después, se encuentran vigentes 69 TLC, de tipo bilateral y multilateral.¹⁶ La característica común de estos acuerdos es que incluyen los llamados "nuevos temas comerciales" estipulados a partir de la Ronda Uruguay de la Organización Mundial de Comercio (OMC); es decir, amparan no sólo el comercio de bienes, sino también el comercio de servicios, inversiones, compras gubernamentales, agricultura, propiedad intelectual, telecomunicaciones, etcétera.¹⁷

La vía de los TBI es bilateral, pero también se avanzó en los noventa en un plano más amplio con el intento de cerrar un Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), que resultó fallido.¹⁸ Éste procuraba abrir los mercados mundiales que aún estaban protegidos a las inversiones financieras. Por otra parte, existe actualmente un marco de medidas multilaterales sobre inversiones relativas al comercio en el marco de la OMC (acuerdo conocido como Trims), que representa apenas un acuerdo base, un esqueleto, de aquello que más adelante podría ser un nuevo AMI global.¹⁹ De todos modos, las negociaciones en este ámbito se encuentran trabadas, al menos desde la Reunión Ministerial de la OMC en Cancún en 2003.²⁰

En los países latinoamericanos, la protección casi irrestricta a las inversiones tomó cuerpo a partir del entendimiento de que el arribo de capitales extranjeros (vía préstamos, inversiones de cartera e inversión extranjera directa) provocaría el desarrollo y el crecimiento económicos. Para fomentar su llegada, se aplicó una política de "puertas abiertas". El apoyo a la llegada de capitales extranjeros se basó en la idea de que estos jugarían dos roles. Por un lado, compensarían el déficit en el ahorro nacional, permitiendo así el financiamiento de la actividad económica, aportando divisas y generando crecimiento económico; por otro, el libre flujo de estos capitales ayudaría a modernizar las economías, concretando el uso de nuevas tecnologías y aumentando la competitividad y la eficiencia frente a los capitales locales más parasitarios. Estas dos vertientes permitirían la inserción internacional de los países como exportadores.²¹ Sin embargo, la llegada de estos capitales extranjeros no garantizó el desarrollo económico interno, sino que profundizó la dependencia de los países al comercio exterior, y sujetó las economías nacionales al vaivén del escenario internacional.

4. La protección de las inversiones vía Centro Integral de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI)

Hemos explicado que la protección a las inversiones se hace efectiva hoy principalmente en el ámbito bilateral, al estilo TBI, o multilateral de pequeña escala, como en los TLC.²² Lo que no se pudo avanzar con los grandes tratados de libre comercio en los años noventa (como con el fallido ALCA), se firmó más rápidamente vía TBI,²³ es decir, protegiendo la circulación del capital en su forma de inversión extranjera directa.²⁴ Por ejemplo, Argentina no ha firmado directamente ningún tratado de libre comercio,²⁵ pero sí tiene 55 tratados bilaterales de inversión que protegen el comercio de inversiones y a las inversiones en sí mismas. Lo importante aquí es resaltar que los TLC y los TBI no son cosas necesariamente distintas. Los tratados bilaterales tratan directamente sobre inversiones, mientras que los de libre comercio incluyen, además del capítulo sobre inversiones, los "nuevos temas comerciales". En ambos casos se expresa el comando del capital-dinero, en tanto que las inversiones son tratadas y protegidas al igual que el comercio de bienes. Esto es una novedad de los últimos treinta años. La circulación del capital ya no es entendida solamente como de productos tangibles, sino que el comercio es también del propio capital en su forma de IED.

La mayoría de estos acuerdos, tanto los TLC como los TBI, tienen otra cuestión en común. Impulsan la apelación a un particular mecanismo de solución de controversias: el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI). Éste fue creado en 1966, y tiene su sede en Washington (aunque también funciona en París). Entró en vigor ese año con la suscripción del Convenio que dio nacimiento al CIADI por parte de veinte países. Para el año 2015, ya son 159 los que han suscrito el Convenio.²⁶ El CIADI opera dentro de la esfera del grupo del Banco Mundial, aunque se trata de una organización autónoma. Tiene como finalidad ser un centro de tribunales arbitrales para resolver cuestiones de contratos privados sobre inversiones. Esto quiere decir que constituye un ámbito donde se puede judicializar disputas contra un Estado por parte de los inversores, siempre en caso de que el Estado en cuestión haya suscrito un TLC o TBI con el Estado de donde ese capital es originario.

En el CIADI, cada caso es resuelto por un tribunal especialmente constituido para esa única cuestión. Está compuesto por tres árbitros: uno elegido por el demandante, otro por el demandado, y el tercero por ambas partes en común acuerdo. Este último será quien presida el tribunal. El hecho de que las partes elijan a quienes resolverán la cuestión pretende otorgar un halo de transparencia y de "igualdad de defensa en juicio". No obstante, estos no operan como "defensores" de la parte que los ha elegido. No es extraño encontrar casos en los cuales un tribunal arbitral decide unánimemente en contra de una de las partes, aun si uno de ellos "representa" a la parte perdedora.²⁷

Siendo que el CIADI se apoya exclusivamente en los tratados que le otorgan jurisdicción para la resolución de conflictos (TBI y TLC), y que otorga protección y privilegios a las inversiones transnacionales sobre cualquier otro derecho establecido, normalmente se lauda en contra del Estado demandado. Los laudos del CIADI son comunicados a las partes litigantes aclarando también en qué forma se llegó a dicha resolución, de manera unánime o por mayoría. Sin embargo, no se aclara cómo votaron los árbitros, y mucho menos se permiten las expresiones en disidencia de alguno de ellos, algo que sí es común en las instancias judiciales nacionales. Otra de las cuestiones destacables es la falta de instancias superiores al tribunal arbitral que tengan potestad revisora sobre las decisiones de éste. Es decir, una segunda instancia u órgano de apelación. Entonces, los laudos del CIADI son inapelables, y sus decisiones de fondo no son revisables.

La apelación al CIADI implica un cambio rotundo en los modos en que se imparte justicia al interior de los territorios nacionales. Se trata de una forma legal que ha sorteado los preceptos de las constituciones nacionales. Para algunos autores, la apelación al CIADI implica de hecho una privatización de la justicia.²⁸Anteriormente, los mecanismos de solución de controversias supranacionales eran para los Estados, es decir, Estado versus Estado, ambos con el mismo estatus jurídico internacional. A partir de la entrada en vigencia del CIADI, las empresas transnacionales se volvieron sujetos de derecho internacional;²⁹ ahora se puede demandar a los Estados en el ámbito internacional, prerrogativa anteriormente sostenida para los Estados. Asimismo, la prórroga de jurisdicción hacia el CIADI implica el abandono de la doctrina Calvo. Esta doctrina, defendida por los países latinoamericanos a fines del siglo xix, implica la obligada sujeción de los extranjeros a las leyes y jueces nacionales. También cabe decir que la apelación al CIADI es violatoria de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y de la Carta de las Naciones Unidas. El CIADI, asimismo, estaría generando una nueva deuda externa, ya que se trata de demandas multimillonarias.³⁰

En definitiva, el CIADI cristaliza jurídicamente la búsqueda de certezas por parte del capital. Efectivamente, la prórroga de jurisdicción le permite a las empresas contar con una modalidad particular de demanda frente a los Estados. Claro, no es nuevo el hecho de que una empresa (un privado) pueda demandar al poder público de un territorio determinado (un Estado). Pero, usualmente, quien garantiza la inversión (la propiedad) es la jurisdicción local nacional. Lo novedoso aquí es la instancia supranacional que se abre con la existencia de organismos como el CIADI. El CIADI aparece como el "guardián internacional" de las inversiones, amparado a partir de la firma de miles de TBI (y decenas de TLC) a lo largo y ancho del planeta.

5. Los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) argentinos: cómo se protegen las inversiones (…)

6. CONCLUSIONES

En este artículo reconstruimos teóricamente el modo en que opera la búsqueda de certezas por parte del capital, centrándonos para ello en los TBI. Intentamos mostrar cómo se entiende la libertad en el marco del nuevo momento del comando del capital-dinero, que es la libertad del capital. Los tratados internacionales firmados son expresión de esa tendencia. Efectivamente, el actual patrón de acumulación requiere de un avanzado entramado legal que proteja las inversiones.

En ese marco, los Estados nacionales compiten entre sí para atraer los capitales, o quedan en la difícil situación de no poder controlar la lucha de clases al interior de sus territorios. Este tipo de protecciones no hubieran sido posibles en el periodo keynesiano de la segunda posguerra, donde lo central era la fortaleza del mercado interno, y los Estados operaban como reguladores de la lucha del trabajo a partir de garantizar el flujo descendente de dinero hacia los trabajadores (vía salarios). Estos tratados ahora cristalizan la libertad del capital a través de cláusulas como la de Trato Nacional, prohibiendo los requisitos de desempeño del capital y anulando la posibilidad de casi cualquier política pública de los Estados que afecte la inversión privada extranjera.

En este artículo, ejemplificamos la competencia interestatal no sólo a partir de los países más industrializados, que sin duda están muy interesados en proteger las inversiones de las empresas con cede en sus territorios (por ello son los que tienen mayor cantidad de TBI firmados a nivel global). Ningún Estado escapa de la presión por parte del capital para que otorguen certezas a las inversiones, justamente porque Estado y mercado no son cosas separadas, sino esferas unidas-en-la-separación de la acumulación capitalista, ambos con el mismo objetivo: la reducción del trabajo a fuerza de trabajo, es decir, a mercancía.

A su vez, el modo en que opera la protección de las inversiones asegura que los Estados que intentan un camino diferente, motivados por el modo en que se ha desplegado la lucha al interior de sus territorios, sufran las consecuencias de las nuevas prerrogativas del capital. Sin embargo, esta acción no ha significado que los capitales vuelen lejos del país que denuncia los TBI o el CIADI. De hecho, la mayor parte de las empresas que denunciaron a estados como Venezuela, Ecuador o Bolivia no se fueron de sus territorios. Pero sí implica que se impone una disciplina en términos de las arcas estatales, generando una nueva deuda externa de la cual el país debería hacerse cargo en algún momento. De lo contrario, se somete a sufrir consecuencias en los foros internacionales⁴⁰ o a ver dificultado el acceso al financiamiento externo, vía Fondo Monetario Internacional o Banco Mundial.

Algo queda en claro a partir de lo expresado en estas páginas: romper la tendencia librecambista implica mucho más que la aplicación de políticas "progresistas" realizadas hoy por algunos Estados. La garantía a la libre circulación del capital es la premisa para el nuevo comando (inestable) del capital sobre el trabajo (el comando del capital-dinero). La disciplina de mercado se impone sobre todos los países, sean abiertamente progresistas o neoliberales. Esto es el resultado de la reconfiguración de la lucha de clases tras la derrota de las organizaciones sindicales y sociales de los años setenta y ochenta. El modo en que pueda lograrse una nueva configuración (o la ruptura de la sociedad de clases) no depende de los Estados, sino del desenvolvimiento de la lucha entre capital y trabajo en cada territorio nacional.

REFERENCIAS (…) Leer

I. Si no hacemos balance de la autodenominada deKada ganada,, encubrimos que no tenemos soberanía y el Estado tanto consiente como participa del saqueo.

Los TBI y América Latina: expoliación

transnacional consentida

27 de noviembre de 2018 

 

Por Martín Pastor

Restringir la soberanía, limitar la capacidad de aplicar legislación y medidas administrativas, y permitir que empresas transnacionales actúen por sobre las leyes locales afectando derechos humanos y el medio ambiente. ¿Qué Estado accedería a este tipo de condiciones o qué resultado esperado podría justificarlas?

La respuesta, lejos de insertarse en lógicas neoliberales sobre inversión extranjera directa (IED) o seguridad jurídica, debe ser vista en el marco de procesos de neocolonialismo y globalización financiera. Para ello, es clave analizar los tratados bilaterales de inversión (TBI) o de protección de inversiones (TPI) como los instrumentos más contundentes y efectivos del capital financiero transnacional.

Los TBI son acuerdos internacionales entre dos Estados con el objetivo principal de brindar ‘seguridad jurídica’ a los inversores, según la definición ortodoxa. Sus patrocinadores comúnmente son países exportadores de capital cuya intención final, sin embargo, es proteger la inversión extranjera de sus nacionales en un tercer Estado de forma asimétrica.

Logran esto a través de una serie de disposiciones estándar como: dar el mismo trato a inversores extranjeros que a los nacionales, brindar beneficios especiales a través de supuestos ‘requisitos de rendimiento’ (preferencias arancelarias, impositivas, legales, etc), libre transferencia de capital y, más importante aún, el derecho a presentar demandas de arbitraje contra los gobiernos anfitriones cuando los inversores consideran que se han visto perjudicados por decisiones del Estado.

Todas estas obligaciones vinculantes aceptadas por el país receptor brinda garantías supranacionales a los inversores que no son equilibradas o equiparadas por garantías vinculantes por parte de los mismos hacía los Estados, especialmente en temas de derechos humanos o derechos ambientales. La clara pérdida de soberanía administrativa y legislativa es justificada, por sus defensores, por los supuestos efectos de promoción que los TBIs brindan en la atracción de la inversión extranjera directa.

Y, mientras América Latina continúa en esta senda, aquellas naciones que presionan e incluso exigen la firma de los TBI se alejan de la misma. En Estados Unidos, su ‘Trade Act’ (Ley de Comercio) del 2002 -renovado en 2015- dispone la supremacía de la ley interna en todo lo relativo a las inversiones extranjeras y garantiza que los inversores extranjeros no tendrán mayores derechos que los que gozan los inversores nacionales. Sin embargo, para la región el trato es diferente, asimétrico y colonial.

No es de sorprenderse, entonces, que fue en las décadas de 1980 y 1990 cuando la firma de TBI se convirtió en una tendencia generalizada a nivel latinoamericano. Con el ‘final de la historia’ como telón de fondo, el Consenso de Washington impuso planes de ajuste estructural en toda la región. Privatizaciones, recortes presupuestarios en áreas sociales, desregulación financiera y libre mercado con la justificación de incentivar la IED causaron que de 25 tratados bilaterales de inversiones firmados a 1989, la década siguiente termine con 304.

De los 445 tratados firmados entre 1960 y 2018, el 55% (245) se establecieron con economías desarrolladas y, al 2018, el 70% sigue activo y aplicándose. Como explica la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), los TBI serían una muestra del compromiso de los gobiernos por defender a las inversiones extranjeras y actuarían como una medida sustitutiva de una institucionalidad ‘deficiente’ en cuanto a inversión extranjera.

Entonces, lo primero que se debe analizar, luego del hegemónico y arrasador paso del neoliberalismo por América Latina, es si ¿más TBI resultaron en más inversión extranjera directa? La evidencia dice que no.

Una investigación de Hallward-Driemeier (2003) del Banco Mundial analizó las corrientes bilaterales de IED de 20 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a 31 países en vías de desarrollo entre 1980 y 2000. Hay poca evidencia de que los TBI estimularon inversión adicional. El beneficio es, incluso, más difícil de encontrar, por lo menos en los términos actuales, que son extremadamente favorables para el inversor.

“El caso de los TBI es poco alentador, encontrando un efecto negativo y muy significativo, es decir, los TBI no han cumplido con su propósito principal de aumentar los flujos de inversión entre los países de América Latina” (Dávila & Orozco, 2015).

Incluso la UNCTAD, que promueve estos mecanismos, ha aceptado que “la existencia de un TBI no es en absoluto el único determinante que influye en que la IED se produzca o no. Pueden ser mucho más importantes otros factores, como el atractivo económico del país receptor, el tamaño de su mercado, su mano de obra o sus recursos naturales” (UNCTAD, 2009)

En el caso latinoamericano, las empresas prestan muy poca importancia a la existencia de tratados de inversión al tomar la decisión de invertir. Es así que Brasil, hasta 2016 y sin haber ratificado ningún TBI, poseía la mayor cantidad de IED en América Latina (Cuadro 1).

Entonces, sí la promesa de atracción de IED no se cumplió, ¿qué implicaciones tiene la existencia de los TBI y cuál es el uso de este mecanismo en la globalización financiera internacional? Para responder a esta pregunta es importante recordar la descripción inicial y la disposición relacionada con la Solución de Diferencias entre Inversores y Estados (SDIE).

Los inversores extranjeros, a través de los TBI acceden a tribunales por sobre la justicia y soberanía administrativa de cada país. Los más conocidos y recurrentes son la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CIADI) o la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDM).

Amparados por los TBI, estos tribunales pueden dictar indemnizaciones para las empresas cuando consideran que su inversión se ve afectada por una acción tomada por el Estado. Es ahí que se utilizan las disposiciones ya mencionadas como Trato Justo y Equitativo, de Nación más Favorecida, en contra de expropiaciones directas o indirectas.

“De este modo, si el Estado decide encarar una nueva regulación de un área de la economía, y la misma afecta negativamente al inversionista extranjero, este puede entenderla como que causa un efecto expropiatorio de sus ganancias o de su inversión dentro del territorio nacional, ello podría provocar que el Estado, a fin de no afectar los negocios de los inversores extranjeros, relegue su capacidad de fijar, modificar o aplicar una regulación” (CAITISA 2017).

La operativización de este mecanismo expoliador se dio con el primer arbitraje internacional en 1994, ligado al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que incluía un capítulo sobre inversiones. En la actualidad, es una herramienta más de la globalización financiera afectando a los países en vías de desarrollo: de los 704 casos registrados en el CIADI, el 30% (208) corresponden a demandas en contra de países latinoamericanos (Ver cuadro 2), sin tomar en cuenta aquellas interpuestas ante otros tribunales internacionales.

De estas demandas más del 62% de los fallos emanados desde el CIADI han sido a favor de los intereses de las transnacionales. Y, en la mayoría de los casos, las indemnizaciones dictaminadas incluyen el lucro cesante, es decir, los beneficios que el inversor calcula que ha dejado de obtener (García-Amado y Kucharz, 2013).

Tal es el caso de la petrolera estadounidense Occidental II (OXY) en Ecuador. En 2006, a pesar de tener un contrato con el país, vendió 40% de sus acciones a otra empresa extranjera (Alberta Energy Company) sin notificárselo al Estado ecuatoriano. Debido a la ilegalidad de esta transacción ante la ley local el Estado, bajo el amparo de la misma, terminó unilateralmente el contrato.

La respuesta de OXY, a su vez amparada bajo el TBI, fue demandar al país ante al CIADI. En 2012, dos de los tres árbitros de este tribunal internacional condenaron que se pague una multimillonaria indemnización –el laudo más alto en la historia-. Fallo que el tercer árbitro, Brigitte Stern, calificó como “escandaloso en términos jurídicos y hasta contradictorio”.

Y esta no es la única demanda perdida que posee el Ecuador. Hasta abril del 2017, el Estado ecuatoriano ha desembolsado 1.498 millones de dólares para el pago de laudos. De estos, 1.342 millones han ido a OXY, Chevron, Duke Energy, Noble Energy, entre otras, y 156 millones a árbitros y bufetes de abogados.

En 2013, México tuvo que pagar 45 millones de dólares a la española Befesa-Abengoa por el cierre de una planta de residuos peligrosos en el estado de Hidalgo. La minera canadiense Infinito Gold reclama aproximadamente 400 millones de dólares a Costa Rica por la no aprobación del permiso de la mina de oro de Crucitas.

Uno de los casos más sonados fue la de la transnacional Philip Morris, que demandó a Uruguay por sus leyes antitabaco argumentando que las etiquetas de advertencia en los paquetes afectaban sus ventas. El caso de Argentina, al ser el país de la región con más demandas, se caracteriza de igual manera por varias causas impuestas por transnacionales en los sectores de petróleos, agua, gas natural, y aerolíneas que demandaban indemnizaciones por cientos y miles de millones de dólares.

De los más recientes, es el caso de Honduras que recibió una demanda en 2018 por 1.000 millones de dólares por parte del holding Inversiones Continental Panamá (ICP), representado por el bufete español B. Cremades y Asociados (que ya tiene experiencia en litigios internacionales contra este país ya que logró que, en 2014, que el CIADI resuelva a favor de la compañía española Elsamex por la suma 18 millones de dólares.

La lista sigue y todos los laudos están relacionadas con la aplicación directa de los TBI. A su vez, se ha generado un efecto paralelo, si los inversionistas creen que existe la posibilidad de un litigio exitoso contra el Gobierno anfitrión, pueden trabajar menos para hacer que su inversión inicial sea exitosa o incluso sea más rentable la posibilidad planificada de llevar su caso al ámbito legal.

Es así que los TBI se han convertido en mecanismos, con consentimiento del Estado, para despojar a los países en vías de desarrollo. Es por esto que su práctica conforma una nueva estrategia de neocolonialismo, en la que los países más poderosos subyugan las soberanías nacionales. Es por ello necesario repensar nuevos formatos para atraer inversión y tratados justos que impliquen una verdadera igualdad jurídica con sistemas de arbitraje transparentes y representativos, en los cuales la soberanía nacional y el respeto a las leyes nacionales se levante por sobre los intereses de las transnacionales.

Fuente:  https://www.celag.org/tbi-america-latina-expoliacion-transnacional-consentida/

Verificamos que el crecimiento económico a tasas chinas no erradicó la pobreza, al contrario la profundizó. Es que el sistema de soja transgénica concentró y transnacionalizó económico-territorialmente y ahora...

Podría no ser intolerante al gluten, sino al herbicida más utilizado en agricultura

21 de diciembre de 2018

“Este estudio ponía en evidencia que la intolerancia al gluten y la enfermedad celíaca muestran síntomas sorprendentemente similares a los de animales de laboratorio expuestos al glifosato, afectando el sistema digestivo de los peces, al disminuir las enzimas y bacterias intestinales, dañando los pliegues y las microvellosidades intestinales”. 

Por Biodiversidad

Dentro de nuestra dieta, el 95% de los alimentos que consumimos proviene del suelo, que implica acciones variadas para impedir la destrucción y enfermedades de los cultivos, como por ejemplo, controlar malezas, plagas e insectos, con lo que el agricultor recurre a algunos herbicidas, como el Roundap, que entre sus compuestos, contienen un activo llamado glifosato.

El glifosato consiste en una molécula pequeña y que se combina con otras sustancias -como los tensioactivos- para mejorar su eficiencia, ya que disuelta en agua y otros componentes aumentan su solubilidad y se puede emplear para rociar los cultivos.

Pero tras largos e intensivos años de uso, el glifosato aparece como el gran sospechoso de un espectro de patologías y cuadros muy variados, que afectan a la población mundial, gracias  a su masificación e ingestión en la alimentación diaria.

OMS, glifosato y enfermedades

La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) es una entidad especializada dependiente de la OMS, que tras trabajar varios años en su investigación, emitió un documento que reconoce que existen pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos -evidencia obtenida a partir de agricultores- como el linfoma no Hodgkin, donde las estadísticas de la American Cancer Society muestran un aumento del 80% desde principios de la década de 1970, época en hizo su aparición el glifosato en el mercado.

Ahora el glifosato está recibiendo la atención que merece, tras varios años de estudio sobre sus implicaciones en algunas afecciones intestinales.

En el 2009, un grupo de investigadores buscaron anticuerpos contra el gluten en el suero congelado obtenido entre los años 1948-1954 y los compararon con muestras de personas de la época actual. Encontraron que la incidencia de la enfermedad celíaca en la generación más joven se había cuadruplicado.

Además, el número de personas que han sido diagnosticadas con intolerancia al gluten y enfermedad celíaca ha ido incrementando, coincidiendo con el aumento del uso de glifosato en la agricultura, especialmente durante la década de los ochentas, donde se incorporó como rutina la práctica de empapar granos en el herbicida justo previo a la cosecha.

Si vamos a la epidemiología, no se considera casualidad que en los pueblos agrícolas se hayan disparado los casos de hipotiroidismo, el asma bronquial, los trastornos reproductivos y las patologías oncológicas, produciendo una transformación en las tasas de morbilidad y mortalidad en el mundo.

Explicación fisiopatológica

La explicación se basa en observar como este difundido herbicida sea capaz de inhibir las enzimas de la cadena del citocromo P450, un sistema involucrado en el catabolismo de la vitamina A, la activación  de la vitamina D3, la síntesis de ácido biliar y el suministro adecuado de sulfato al intestino.

Además, se ha demostrado que provoca déficit de minerales como el hierro, además de oligoelementos como cobalto, molibdeno, cobre y otros, ya que puede eliminarlos  del organismo debido a su capacidad quelante. También puede eliminar aminoácidos como el triptófano, tirosina, metionina y selenometionina.

Estas y otras conclusiones fueron elaboradas fruto de un metaanálisis que incluyó a casi 300 estudios, publicado en la revista  Journal of Interdisciplinary, en el 2013, pero que en su momento casi no recibió atención de los medios ni la comunidad científica (ver aquí).

Este estudio ponía en evidencia que la intolerancia al gluten y la enfermedad celíaca muestran síntomas sorprendentemente similares a los de animales de laboratorio expuestos al glifosato, afectando el sistema digestivo de los peces, al disminuir las enzimas y bacterias intestinales, dañando los pliegues y las microvellosidades intestinales.

Aún, pese a que la enfermedad celíaca, y, en general, la intolerancia al gluten, se han transformado en un problema de proporciones a nivel mundial, pero especialmente en países de América del Norte y Europa, donde se estima que un 5% de personas están afectadas por estos cuadros.

Los defensores del glifosato

Mientras algunos sugieren que el reciente incremento en la enfermedad celíaca se debe a la mejoría en las herramientas diagnósticas de laboratorio, que se dio alrededor del año 2000.

Por su parte Monsanto asegura que por su baja toxicidad, el glifosato sería un herbicida empleado exitosamente en más de 140 países desde hace 30-40 años. Esta seguridad -argumenta- ha sido ratificada por organismos internacionales como la EPA (Environmental Protection Agency de los Estados Unidos) y por su inclusión en la Directiva 91/414/CE (Comunidad Europea), que controla, dentro de otras actividades, los productos fitosanitarios de esa región.

Afirman por medio de diferentes análisis que el glifosato no presenta efectos nocivos sobre la fauna (mamíferos, aves), microfauna, ni sobre la salud humana, ni tiene efectos adversos para el ambiente, cuando es empleado correctamente para los fines previstos en su etiqueta. No existen al momento, en Argentina o en el mundo, estudios científicos serios que cuestionen o invaliden ninguno de los múltiples estudios realizados sobre el glifosato, y que avalan sus características y propiedades.

En el Informe publicado hace algunos años por la Reunión Conjunta FAO/OMS  sobre Residuos de Plaguicidas (JMPR) se concluyó que:

“Es poco probable que haya riesgo de que el glifosato sea carcinógeno para los seres humanos, en una exposición a través de la dieta”.

Además, según muchos aducen el hecho que el glifosato ha venido a reemplazar a muchos herbicidas altamente tóxicos.

Pero estas afirmaciones se basan en gran medida en estudios que han quedado obsoletos y que ni siquiera han sido publicados, pues han sido pedidos y financiados por las empresas de plaguicidas para apoyar el registro del producto. Además, estas investigaciones han sido realizadas solamente empleando el glifosato como ingrediente activo, y no con las fórmulas del herbicida en los comercios, puesto que algunos hallazgos de laboratorios independientes sobre mamíferos y células humanas han encontrado que los adyuvantes químicos contenidos en ellas -como el  Polioxietil amina (POEA)- son aún más tóxicos que el herbicida en cuestión.

Existen además conflictos económicos de gran envergadura en la agroindustria, particularmente a raíz del cultivo de soja, que ha visto un aumento considerable en los países del cono sur -entre ellos la Argentina- donde actualmente representa más del 50% del total de su producción agraria. Este cultivo proviene casi exclusivamente de semillas transgénicas, las cuales están adaptadas y resiste la aplicación del glifosato.

Las sospechas ante este químico tan difundido no están aún confirmadas ni descartadas, pero la posibilidad y cada vez más difundida discusión han hecho que los gobiernos entren en dudas, enfrentamientos y conflictos con los actores que conforman el agro, la industria y la sociedad en su conjunto.

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Fuente: http://www.anred.org/?p=108404