La indemnización a REPSOL: un premio por el saqueo transnacional y
continuidad de una política en perjuicio del país y el pueblo.
Por Luis ZAMORA (integrante de
Autodeterminacióny Libertad)
La decisión de
compensar a REPSOL es una confirmación de la política del gobierno nacional,
ahora con Capitanich y Kicillof, de seguir buscando dólares -donde sea y
como sea- para garantizar los pagos de deuda externa y reforzar la matriz
extranjerizada y concentrada de la economía del menemismo y mantenida y
acentuada en esta década por el kirchnerismo en esos aspectos y especialmente
en el extractivista. Es un paso en la misma dirección de congraciarse con el
capital transnacional y los organismos multilaterales de crédito como lo fueron los
acuerdos recientes con Chevron en Vaca Muerta y con las empresas
privatizadas en el CIADI. En el mismo sentido de buscar el visto bueno
del FMI en lo que hace al INDEC y tratando pagar la deuda de la dictadura al
Club de París.
Indemnizar a la empresa REPSOL por
la expropiación en su momento del 51 %de las acciones de YPF, ya es, en sí
misma, una decisión repudiable. Recordemos que fue la misma presidenta
Cristina Fernández la que había denunciado que por responsabilidad de REPSOL,su
política de vaciamiento y la caída de reservas consiguientes, Argentina se
había convertido, por primera vez, en importador neto de gas y petróleo en
montos anuales equivalentes a todo el superávit comercial del país. También
había denunciado que pese a contraer la producción la empresa no había tenido
pérdidas sino que había aumentado sus ventas y sus precios llegando a tener
utilidades de más de 16.000 millones de dólares y dividendos girados al
exterior por más de 13.000 millones de la misma moneda. En el ínterín el grupo
Eskenazi les compró el 25% por más de 3.500 millones de dólares y por
venta de acciones en la Bolsa obtuvieron 2.700 millones más. REPSOL había
invertido en su compra unos 13.000 millones de dólares por lo que el saldo
exorbitante de la inversión fue de casi 9.000 millones de dólares netos. A la
política de vaciamiento de reservas por más del 50%, reservas obtenidas por el
esfuerzo de la YPF cuando era estatal, a obligar por ello al país a importar
combustible por sumas del orden anual de 10.000 millones de dólares y del
saqueo de divisas al exterior al mandar sus ganancias afuera sin reinvertir un
solo dólar, se suman las maniobras irregulares, que también había denunciado la
presidenta, que había hecho la empresa con la nafta para aviones y con la
Premiun para obtener más ganancias todavía. A pesar de todo ese saqueo
formidable que, reitero, la presidenta misma había denunciado (1) bajo la
bandera de la “defensa de la soberanía nacional”, ahora es el propio gobierno
nacional el que anuncia indemnizaciones a REPSOL que superarían los 5.000
millones de dólares en lo que solo puede entenderse como presuntos premios por
todos esos robos anteriores o como el reconocimiento de la complicidad entre
ambos.
Reafirmamos lo que dijimos en su momento al
denunciar el anuncio de aquel entonces del gobierno como algo opuesto a los
intereses del pueblo y alejado de cualquier decisión soberana (2) y
llamamos ahora a impedir que se realice este pago. Al contrario debe llevarse
adelante una investigación plena y profunda -en manos de una comisión
independiente del gobierno y de los tres poderes- sobre la actividad de Repsol
y las demás empresas multinacionales que operan en el área, para cobrarles todo
el vaciamiento y la grave contaminación perpetrada en perjuicio del país y del
pueblo, así como sobre la responsabilidad de este gobierno nacional, sus
funcionarios y la de los anteriores que han ido impulsando y avalando, paso a
paso, la política depredatoria de las últimas décadas.
(1) Discurso
de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en el acto de
anuncio del envío al Congreso del proyecto de ley de expropiación de
YPF.(ARGENPRESS.info – 18/4/12)
(2) “Ante una economía
extranjerizada y concentrada como la Argentina la expropiación parcial de YPF -
Repsol ¿marca una ruptura o tiende a sostenerla?” Luis Zamora -
Autodeterminacióny Libertad, ARGENPRESS.info - 27/4/12)
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De Repsol a
Chevron, de Chevron a Repsol: La reprivatización petrolera, punta de lanza del
ajuste
Por: Marcelo Ramal (especial para ARGENPRESS.info)
La reestatización
kirchnerista de YPF, a expensas de Repsol, ha concluido en otro rescate
capitalista -en este caso, de la propia Repsol. Hace un año y medio atrás, al
intervenir YPF, el propio gobierno reconocía asumir el control de una petrolera
arrasada.
Los K y sus
predecesores consintieron que YPF fuera sometida a una descapitalización
brutal, donde Repsol -y luego también el “amigo” Ezkenazi- retiraron el 90% de
las utilidades obtenidas durante casi una década; en el tendal, quedaron
también enormes pasivos ambientales en las regiones petroleras. El Estado se
hacía cargo de una compañía con su patrimonio destruido, y una deuda de 9.000
millones de dólares. En vez de resarcir a YPF por este desfalco gigantesco, y a
costa de sus responsables, el gobierno rescatará al vaciador con una
compensación económica de, como mínimo, 5.000 millones de dólares en “activos
líquidos”. A cambio de ello, se terminan los juicios recíprocos entre la
petrolera española, de un lado, y el estado argentino o YPF, por el otro.
Ello implica el fin
de la demanda de Repsol por la expropiación de 2012. Pero también, clausurar
cualquier reclamo por el desfalco económico y la depredación ambiental
incurridos desde 1998 por parte de Repsol. La industria petrolera que se
beneficia de estos resarcimientos sostiene un régimen salarial plagado de
importes en negro y miles de “tercerizados”, lo que ha dado lugar a las grandes
huelgas petroleras en la Patagonia.
Reprivatización
El rescate de
Repsol es la consecuencia necesaria de la seudoestatización de YPF. Desde el
vamos, la ley de “soberanía hidrocarburífera” votada en 2012 (con el apoyo de
Solanas y Lozano) auspiciaba “alianzas estratégicas con petroleras nacionales o
extranjeras”. La reestatización no fue más que el desplazamiento de la quebrada Repsol,
cuyos principales accionistas arrastraban el peso de la bancarrota capitalista
en España, en favor de otros monopolios petroleros. El gobierno se lanzó
rápidamente a negociar acuerdos con Chevron, Exxon y otras, mientras apostaba a
postergar indefinidamente el litigio con Repsol en el marco de los tribunales
del Banco Mundial (Ciadi). El kirchnerismo fantaseó que, de ese modo, podría
hacer borrón y cuenta nueva con el largo capítulo del vaciamiento petrolero.
Pero los pulpos que vinieron a reemplazar a Repsol le exigieron al gobierno un
arreglo con la
propia Repsol. Es lo mismo que reclama el capital financiero
internacional en relación a las cuentas pendientes de la bancarrota de 2001,
como condición de un nuevo endeudamiento.
Así, la “nueva” política petrolera se
vino tan abajo como la “negociación inteligente” de la deuda externa. En la
cola de la bancarrota nacional, Repsol hace fila para cobrar, junto a las
privatizadas del Ciadi, los fondos buitres y los del Club de París.
Pemex
Para el acuerdo con
Repsol, los “nacionales y populares“ contaron con la ayuda del gobierno
mexicano y de la
petrolera Pemex, que participa con el 10% del capital de
Repsol. Contra la pretensión del presidente de Repsol, Brufau, de sostener en
el tiempo las demandas contra YPF, los de Pemex se inclinaban por aceptar un
rápido arreglo económico con Argentina. La razón es clara, y nada tiene que ver
con la hermandad latinoamericana: Pemex aspira a participar de la explotación
no convencional en Vaca Muerta, algo en lo que no podría avanzar si subsisten
los juicios de su vinculada Repsol. El gobierno mexicano de Peña Nieto puso en
marcha una ‘reforma energética’ privatizadora, que impulsa asociaciones con
monopolios petroleros internacionales adentro y fuera de México. En esa línea,
Pemex presiona para que la compensación a Repsol incluya “el pago con activos
petroleros (a través de) yacimientos con recursos ya localizados y
justipreciados” (Ambito, 26/11). De este modo, los 5.000 millones de dólares
“líquidos” serían sólo el primer paso del resarcimiento a Repsol. Detrás de ese
dinero, vendrán las concesiones de áreas ya exploradas, en favor de Pemex o de la propia Repsol. Si
se tiene en cuenta que el pulpo “español” pidió, en 2012, 10.000 millones de
dólares por sus acciones expropiadas, entre los pagos con bonos ‘garantizados’
y la entrega de concesiones petroleras -también con reservas “garantizadas”- el
gobierno va camino de satisfacer integralmente el reclamo de ‘máxima’ de Repsol.
Viraje
Las condiciones de
fondo para este entrelazamiento con los monopolios petroleros están siendo
fogoneadas por los K desde el mismo día de la “recuperación” de YPF. En los
dieciocho meses transcurridos, el precio de las naftas subió un 80% y se
triplicó el del gas para las nuevas exploraciones. YPF logró el milagro de
duplicar sus ganancias sin aumentar la producción, gracias a este tarifazo en
regla. El primer mensaje del nuevo gabinete ha consistido, precisamente, en
otro naftazo. Los nuevos acuerdos firmados con grupos petroleros obligan a
“priorizar el abastecimiento interno” en relación a la exportación. Pero
para que esto no afecte a los monopolios petroleros, los K quieren asegurarles
precios internacionales para los combustibles. La “soberanía hidrocarburífera”,
por lo tanto, pasa por la entrega integral de la renta petrolera a los
monopolios internacionales. Los pulpos, sin embargo, exigirán otras
condiciones: un peso devaluado para sus inversiones, y la libertad para remitir
utilidades, o sea, la remoción integral de las trabas y cepos oficiales. La
reprivatización petrolera es la punta del ovillo de un viraje integral de la
política económica, en la línea exigida por el capital financiero y la gran
burguesía.
Los voceros
oficialistas afirman que la “normalización” de relaciones con Repsol permitirá
acuerdos “menos gravosos” en materia petrolera. Pero nadie aceptará menos de lo
que consiguió Chevron, a quien se admite una mínima inversión inicial y
‘aportes’ posteriores provenientes de los beneficios obtenidos. El gobierno
diseña una ‘salida’ a la crisis energética costeada integralmente sobre los
trabajadores y consumidores, y con vía libre para la depredación ambiental
(fracking). A este camino sin futuro, los campeones de la “soberanía
hidrocarburífera” le han cargado ahora otra hipoteca insostenible: el rescate
del vaciador Repsol, en moneda contante y sonante.
Conclusión
La farsa de la
reestatización ypefiana retrata, como muy pocas cuestiones, los límites
insuperables de las nacionalizaciones capitalistas, y su función de rescate del
capital. Ni qué decir que los presidenciables de la oposición, de Massa al
Unen, han aplaudido cerradamente la reconciliación con Repsol.
En contra de este
nuevo mazazo a los trabajadores y al país, planteamos la nacionalización integral
de la industria petrolera bajo control obrero y sin compensación a sus
vaciadores capitalistas; defendemos el derecho del país a ser resarcido
integralmente por el desfalco petrolero y ambiental consumado por Repsol.
Integramos este planteo a la lucha contra el ajuste que han puesto en marcha
Cristina-Capitanich-Kicillof, y que tiene en la reprivatización petrolera a su
punta de lanza.
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El Acuerdo por la expropiación de YPF y
el rumbo energético del país
Por: Gustavo Lahoud - Claudio Lozano (IPYPP)
(…)III- Propuestas desde un nuevo camino popular.
A partir de lo
expuesto, cualquier plan que se elabore a cualquier dimensión temporal, debe
ser consistente con dos grades “avenidas estratégicas” que creemos deberían ser
las autenticas políticas de Estado en la materia:
- Diversificación
de la matriz energética incrementando la participación de fuentes de energía
renovables y mejorando los grados de eficiencia energética;
- La integración
latinoamericana, tanto en la conformación de un sistema regional como en el
desarrollo científico-tecnológico del mismo.
A partir de estas
grandes líneas, planteamos escenarios a modo de propuestas iniciales de
política pública en energía en el corto, mediano y largo plazo.
a- Escenario de
corto plazo: cambiar el marco regulatorio para maximizar la apropiación estatal
de la renta petrolera del sistema hidrocarburífero.
En lo inmediato, y
a partir de la recuperación por parte del Estado nacional y provinciales de un
tercio de la renta petrolera potencial que la actividad de explotación
hidrocarburífera genera en nuestro país a través de la expropiación y el
control del 51% del paquete accionario de YPF S.A., es factible proponer un
esquema de funcionamiento del sistema que permita morigerar los nocivos efectos
de la pérdida del autoabastecimiento, con la consecuente profundización de la
crisis.
Para ello, es
fundamental conocer la magnitud real de la renta petrolera total que el sistema
hidrocarburífero genera en la actual coyuntura crítica de la Argentina. En tal
sentido, se han elaborado estimaciones iniciales para el año 2011, sobre la
base de una extracción total de 33.000.000 de m3 o su equivalente de
209.000.000 millones de barriles, a un precio promedio de costo de extracción
de $12/b, lo cual arrojó un valor total aproximado de 18.000 millones de
dólares, con los siguientes coeficientes relativos de captación de la renta
generada:
- Estado Nacional:
22% de la renta total.
- Estados
provinciales: 8% de la renta total.
- Empresas
privadas: 28% de la renta total.
- Refinación y
consumo: 42% de la renta total.(*)
A partir, entonces,
de esta situación, proponemos maximizar las capacidades de intervención y
regulación del Estado sobre estas rentas extraordinarias, de modo tal de
capturar el 100% de los beneficios generados por los operadores del sistema, lo
cual implica, simultáneamente, el cambio en las reglas de funcionamiento
intersectorial entre los eslabones de la cadena hidrocarburífera. En efecto,
bajo este esquema, todas las empresas operadoras deben vender el petróleo y el
gas extraído a YPF que, de esta forma, pasaría a monopolizar todas las
operaciones del Downstream del sector hidrocarburífero, con el doble objetivo
de aumentar la oferta potencial de hidrocarburos en el mercado interno y, por
el otro, disminuir la brecha del creciente déficit energético a través de la
progresiva reducción de las importaciones.
(*) Cabe consignar
que en este último punto la refinación le viene ganando la partida al consumo
en el marco del incremento de los combustibles que en los últimos años se
acercó al 100%
De esta manera,
comenzaríamos a dar cuenta de la grave situación de insuficiencia y de
sostenibilidad del sistema energético, lo cual implica, ciertamente, seguir
operando en las difíciles circunstancias de la crisis con todas sus
consecuencias.
Simultáneamente,
desde el punto de vista normativo, es imprescindible proceder a la derogación
de los principales instrumentos legales a través de los cuales se estableció la
desregulación en el sector en los ’90:
- Decreto 1055/89:
estableció la desregulación del sector y permitió la conversión de los
contratos de locaciones por contratos de concesión permitiendo la extensión de
los plazos de concesión de 20 años (para las áreas de interés secundario) a 25
años (para las áreas de recuperación asistida).
- Decreto 1212/89:
estableció la libre disponibilidad del crudo, así como la libre importación y
exportación del recurso cual si fuera un commodditty y no un bien estratégico
de carácter no renovable; al tiempo que dispuso la liberación total de los
precios en todas las etapas de la producción, permitiendo a su vez la libre
capacidad de refinación, de instalación y titularidad de bocas de expendio.
Además suspendió la vigencia de los artículos 25 y 34 segundo párrafo de la Ley Nro 17.319
posibilitando la conversión de los contratos preexistentes y eliminando la
prohibición de la tenencia de más de 5 concesiones de explotación o más de 5
permisos de exploración a un mismo operador.
- Decreto 1589/89:
si bien se derogó parcialmente en lo referido a la libre disponibilidad de las
divisas en hasta un 70% en el exterior, aún rige para importantes aspectos del
marco regulatorio como lo son los referidos a la determinación de los contratos
de explotación, la preferencia de compra de gas, disposiciones de comercio
exterior, tipo de cambio, restricción a la importación, intercambio de petróleo
crudo y concesiones de transporte.
Por otro lado,
resulta fundamental encarar dos procesos decisivos para conocer el cuadro de
situación integral en todo el sector hidrocarburífero:
- Auditoría
integral de reservas comprobadas de petróleo y gas en todas las cuencas
productivas de la
Argentina. Ello debe complementarse con una auditoría de
pasivos ambientales y de los activos y estado patrimonial y de deudas de YPF
S.A. Todo este proceso debe ser monitoreado por la Auditoría General
de la Nación y debe garantizarse la participación de todos los sectores
políticos concernidos.
- Propuesta de una
nueva ley de hidrocarburos: legislación integral, que regule aspectos claves
como modos y características de los contratos, régimen económico de los
hidrocarburos, control del Estado nacional compartido con las provincias en
todos los eslabones de la cadena hidrocarburífera, efectivos mecanismos de sanciones
ante incumplimientos contractuales.
b- Escenario de
mediano plazo: asociaciones estratégicas.
A partir del
esquema de intervención de corto plazo propuesto, estimamos que es fundamental
encarar un diseño de planificación de mediano plazo que permita la
consolidación de alianzas estratégicas por parte de YPF con grandes empresas
latinoamericanas del sector a los efectos de comenzar a operar sobre las
vulnerabilidades vinculadas a una política de contingencia aún vigente en el
sistema hidrocarburífero.
En tal sentido, se
abren perspectivas de cooperación sobre la base de los principios de
complementariedad y reciprocidad, de modo tal que puedan elaborarse acuerdos
que resulten mutuamente beneficiosos y que, de paso, coadyuven al
fortalecimiento de un proceso de integración energética regional en el largo
plazo.
Se sugieren, en tal
sentido, algunos caminos posibles:
1- Asociación
estratégica con Petrobras: esquema de vinculación pensado en función de las
capacidades tecnológicas de la empresa brasileña en la explotación offshore, en
la perspectiva de la planificación de la exploración del frente marítimo.
2- Asociación
estratégica con PDVSA: maximización de la oferta potencial de petróleo en el
mediano plazo y know how de la Argentina en materia nuclear.
3- Asociación
estratégica con Bolivia: maximización de la oferta potencial de gas y
construcción de infraestructura de transporte, fraccionamiento y distribución
de combustibles líquidos.
Los hidrocarburos
no convencionales y el nuevo El Dorado: Vaca Muerta en Neuquén.
Los modelos
extractivistas de cuño neoliberal y progresista, parecen haber encontrado el
camino de su supervivencia en la promesa de grandes recursos hidrocarburíferos
denominados no-convencionales.
Los hidrocarburos
NO CONVENCIONALES, son los mismos hidrocarburos (petróleo y gas)
CONVENCIONALES, la diferencia esta en que, los NO CONVENCIONALES se encuentran
en reservorios diferentes de muy baja permeabilidad y porosidad, de manera que
es imprescindible estimularlos por ejemplo, a través de fracturas hidráulicas (
fracking), para poder producirlos.
Este método,
resulta extraordinariamente perjudicial para el medio ambiente y demanda el uso
de millones de toneladas de agua y agentes químicos para poder extraer el gas y
petróleo entrampado en la roca madre. Por ende, además de la insostenibilidad
en el mediano plazo de una explotación de recursos no convencionales a gran
escala, se pone en grave riesgo la posibilidad de usos alternativos de los
bienes hídricos, con lo cual, la profundización de un nuevo tipo de ciclo
extractivista de estas características, es contrario a un proceso que debe
perseguir el objetivo de diversificar la matriz energética e identificar
fuentes complementarias de energía basadas en recursos renovables.
Por lo tanto,
estimamos que en la perspectiva del mediano plazo, podría encararse una
planificación acotada y sostenible de algunos de los recursos hidrocarburíferos
no convencionales que la Argentina posee en sus cuencas geológicas. Pensamos,
en este sentido, que podrían desarrollarse racionalmente los recursos en tight
gas- gas alojado en arenas compactas- en la cuenca neuquina, de modo tal de
financiar, con los recursos inicialmente obtenidos de su comercialización, los
complejos procesos de reconversión de todo el sistema energético nacional de
cara a diversificar y equilibrar paulatinamente la matriz energética con la
incorporación progresiva de fuentes renovables de generación.
Es decir, solo como
parte de un esquema de transición se puede pensar en la explotación parcial de
este recurso, ya que apostar a una explotación intensiva del mismo aparece como
volver a cometer el mismo error de otras crisis: maximizar producción actual a
cuenta del bienestar de las generaciones futuras.
c- El largo plazo:
eficiencia y diversificación de la matriz energética
Las problemáticas
estructurales que afronta el sistema energético nacional y las profundas
limitaciones a partir de la fuerte dependencia hidrocarburífera de la matriz
energética, requieren de una planificación consistente por parte del Estado
nacional y los Estados provinciales de cara al logro del gran objetivo de todo
sistema energético en equilibrio: la diversificación de la matriz de generación
de energía, orientada fundamentalmente al logro de metas/objetivos de
crecimiento paulatino de la oferta de energía basada en recursos renovables.
Pensamos, en primer
término, en la hidroelectricidad, que constituye, per se, una fuente de base en
términos de la disponibilidad del recurso hídrico en la Argentina y en la tasa
de utilización de esta alternativa.
Por otro lado, se
abre la perspectiva de la energía eólica, solar y biomasa, entre otras,
vinculadas fuertemente al diseño de un sistema descentralizado de producción y
gestión de la energía, que puede brindar soluciones sostenibles en el mediano y
largo plazo en regiones periféricas del país. A su vez, estimular la
investigación en biocombustibles conocidos como de segunda o tercera generación.
Finalmente, la
energía nuclear, que puede ser una alternativa de disponibilidad en términos de
capacidad excedentaria de provisión de oferta energética y de reemplazo
circunstancial y acotado de otras alternativas de base como la hidráulica o la
térmica en la generación de electricidad en momentos en que el sistema deba requerir
mecanismos fiables de sustitución por paradas técnicas de equipos. Aquí es
importante tener en perspectiva el desarrollo de los reactores modulares de
baja potencia- el modelo CAREM de 25MW de potencia instalada- pensados para la
generación de energía eléctrica bajo esquemas descentralizados de producción,
transporte, distribución y consumo.
Por su parte, la
búsqueda de la eficiencia en el uso de los recursos energéticos, está
directamente relacionada con la problemática de la diversificación de la matriz. En efecto, se
trata de una de las aristas centrales de los análisis de prospectiva que desde
hace tres décadas aproximadamente han impactado en mayor o menor medida en la
planificación de las políticas energéticas en los países centrales.
Ahora, ¿cómo
definimos la eficiencia y qué dimensiones involucra? La eficiencia energética
es la capacidad que tiene el sistema para producir la misma o mayor cantidad de
energía con un uso más racional, diversificado y sostenible. Ello impacta,
directamente, en una variable crítica, que es la intensidad energética, que
puede definirse como la relación entre el uso de recursos e insumos para la
obtención de una determinada cantidad de energía. En efecto, se trata de
producir la misma o mayor cantidad de unidades de energía, pero con un uso
menos intensivo de petróleo, gas o carbón, es decir, de recursos fósiles.
Asimismo, esta
problemática implica, por lo menos, cuatro dimensiones fundamentales:
- Uso racional de
los recursos: no hay posibilidad de encarar políticas de eficiencia si no van
de la mano de la internalización de una cultura de la racionalidad en los usos
de la energía, tanto en los sectores industriales, comerciales, residenciales y
de transporte.
- Sostenibilidad
socio-ambiental: la búsqueda de la obtención eficiente de la energía implica la
minimización de riesgos y daños al medioambiente, la elaboración de adecuados
estudios de impacto ambiental y la adecuación de procesos industriales y
productivos a los requerimientos de menor contaminación y emisión de gases
contaminantes y optimización de los recursos vía procesamiento y reciclaje.
- Diversificación
de fuentes: sólo puede sostenerse en el tiempo una política de eficiencia
energética, si va acompañada de un proceso paulatino de diversificación de la
matriz de generación de energía que incorpore los recursos renovables, tal como
se comentó en el punto anterior.
- Acceso y
políticas dirigidas a la demanda: una política energética basada en la
eficiencia y el uso racional, implica asegurar el acceso igualitario a los
bienes y servicios energéticos, al tiempo que se promueve una cultura de la
demanda basada en el ahorro energético, compatible con el sostenimiento del
sistema en su conjunto.
Por otro lado,
¿cuáles son las principales políticas a encarar y a qué sectores alcanzarían?
El abordaje de la
eficiencia y el uso racional de la energía debe ser completo y consistente.
Así, deben encararse criterios de optimización en el uso de los recursos en las
siguientes áreas:
- Hábitat:
estandarización de normas de usos finales más eficientes del gas y la
electricidad, procesos de etiquetado de productos con garantía de menores
emisiones, promoción de viviendas sostenibles con códigos de edificación que
incorporen el uso de fuentes renovables para la generación de energía eléctrica
y el calentamiento de agua y la cocción de alimentos (paneles solares térmicos
y fotovoltaicos, geotermalismo, entre otros).
- Industrias y
comercios: optimización de procesos industriales con el objetivo de lograr
mayores estándares de reutilización de insumos y reciclaje de residuos
orgánicos e inorgánicos (pequeñas instalaciones para la obtención de biogás a
partir de desechos orgánicos, entre otras posibilidades), adecuación de las
estructuras de las plantas fabriles y locales comerciales a las normas de uso
racional y eficiente de la energía (uso de sistemas de iluminación y equipos
más eficientes y amigables con el medio ambiente).
- Sector público:
promoción de normas de uso racional y eficiente en los sistemas de iluminación
de alumbrado público, en las oficinas gubernamentales municipales, provinciales
y nacionales, criterios de armonización de normas y estándares de uso de
productos y equipos en todas las jurisdicciones, fortalecimiento de los
programas y fondos orientados a la eficiencia energética y al uso racional con
el involucramiento de las áreas de planificación energética, económica y
educativas de todas las jurisdicciones del país.
- Consumos
residenciales: relanzamiento de los programas de uso racional y eficiente de la
energía destinados a los hogares ( conocimiento de normas de etiquetado,
equipos de iluminación más eficientes, control del consumo, entre otros
aspectos), estudio integral de los subsidios destinados a la cobertura de los
servicios públicos de gas y electricidad, con el objetivo de concentrarlos en
los sectores de menores recursos de nuestra población, garantizando el acceso
igualitario a los servicios pero también mayor equidad, bajo el principio
progresivo de que el que más ingresos tiene, más paga.
- Transporte:
incorporación de motorizaciones que promuevan el uso más eficiente de insumos
con el doble objetivo de reducir los costos de utilización de combustibles de
origen fósil y la intensidad de las emisiones contaminantes ( vehículos híbridos,
eléctricos, entre otros), promoción de la multimodalidad en el transporte
público, garantizando mejores servicios, acceso y uso a partir de inversiones
públicas dirigidas a la racionalización del transporte de cargas y a la
optimización de los servicios de trenes urbanos de pasajeros y de cargas
ferroviarias.
III- Energía: por
un camino distinto.
A partir de todos
los aspectos analizados, creemos que es fundamental luchar por la
internalización de una fuerte cultura del uso eficiente, racional y responsable
de los recursos, sin la cual, no será posible lograr buenos resultados en el
mediano y largo plazo.
La pérdida del
horizonte de autoabastecimiento de hidrocarburos, que ya es un hecho imposible
de disimular, nos ha convertido en importadores netos de energía. El carácter
estructural de la problemática se ha agravado en los últimos años, en los que
han primado la inconsistencia y el cortoplacismo en la política energética.
Entre 2011 y 2013,
habremos pagado la friolera de 32.000 millones de dólares por la importación
creciente de gas natural, gas licuado por barcos y combustibles líquidos, que
se han destinado en estos años para tapar la brecha entre lo que producimos y
lo que consumimos en materia de energéticos. Asimismo, en estos últimos tres años,
se han destinado más recursos que los que estaban presupuestados inicialmente
para cubrir el déficit creciente, superando un 50% promedio por año. La
contracara de esto, es una madeja de transferencias en subsidios a los sectores
privados, que no han dejado de crecer en número y en inequidad, ya que hoy, en
la Argentina, todos pagamos para sostener este déficit, independientemente de
cuál sea nuestra capacidad contributiva.
Es hora de comenzar
a actuar, en todos los planos y con perspectivas de corto, mediano y largo
plazo, para recuperar nuestra soberanía energética, entendida como la capacidad
de la comunidad para asegurar el suministro, estabilidad, acceso,
sustentabilidad y aumento del margen de maniobra en un contexto de cooperación
regional ampliada y profundizada a través de la integración energética y
científico-tecnológica. Leer
