Crónica de la
abogada María del Carmen Verdú, de Correpi, sobre el inicio
del juicio publicada en el boletín 694 de esa agrupación.
La farsa del juicio a los petroleros de Las
Heras.
A principios de 2006, una
serie de luchas obreras sacudieron el norte de la provincia de Santa Cruz,
continuidad de una larga lucha protagonizada por los trabajadores hiper
explotados por las multinacionales dedicadas al negocio de la extracción de
petróleo. Los reclamos de ese inicio de año no eran nuevos: mejoras salariales,
encuadramiento laboral, rechazo a la retención del impuesto a las ganancias
sobre los sueldos, pase a planta de los tercerizados.
Entre las últimas semanas de
enero y la primera de febrero, hubo piquetes en las rutas y frente a las
empresas en Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras y Cañadón Seco. La
madrugada del 7 de febrero, con el conflicto al rojo, una nueva injusticia, la
detención de un referente de los trabajadores, desató la reacción masiva de un
millar de obreros, que asumieron su autodefensa, y con la fuerza de su
movilización liberaron a su preso y frenaron otras seis órdenes de captura.
En la pueblada murió un
policía, Jorge Sayago, que quedó solo frente a la comisaría cuando sus
camaradas retrocedieron ante la decisión de los trabajadores que la rodeaban.
El gobierno provincial
rápidamente recibió el apoyo del nacional, y a los pocos días, con el aporte de
servicios de inteligencia, la policía santacruceña y la gendarmería nacional,
un mega operativo desplegó centenares de fuerzas represivas en la ciudad de
menos de 10.000 habitantes. Se allanaron casas, vecinos y trabajadores fueron
apaleados y torturados, y se detuvo a más de 20 personas acusadas de
haber participado en la pueblada.
Sobrevino entonces una parodia
de "investigación judicial" cuyo único fin fue desactivar y condenar
la lucha obrera y popular. Con la lucha popular y la solidaridad activa, luego
de casi tres años se logró que los últimos detenidos fueras liberados, pero la
causa siguió su inexorable avance, con las acusaciones fundadas en testimonios
arrancados a golpe limpio.
El lunes 17 de junio comenzó el
juicio a los 12 trabajadores que quedaron acusados por delitos que van desde el
homicidio calificado del policía, ascendido a comisario post mortem, hasta la
coacción agravada por la que se agravia el gobierno provincial, constituido en
querellante a la par de la familia del policía. Al fiscal de cámara que debía
intervenir en el debate no le dio la cara para sostener las imprecisas y
genéricas acusaciones, y, después de pedir tres veces la anulación del
requerimiento de elevación a juicio, se apartó, y convocó al fiscal de primera
instancia para que lo reemplazara.
La primera jornada del juicio
mostró sin fisuras de qué se trata esta causa. Se leyeron las acusaciones, que
dejaron a la vista la forma absurda en que se seleccionó arbitrariamente a
estos 12 trabajadores, entre más de setecientos, para aleccionar al conjunto.
Un aleccionamiento que rindió sus frutos, con aquellos gendarmes llegados de
apuro instalados en forma permanente en la zona, imponiendo un régimen de
vigilancia que cercena el activismo obrero y secciona los lazos solidarios.
Con la presencia de
trabajadores petroleros y de militantes de ADOSAC, ATECH, ATE, PO, DO, PTS, el
cuerpo de delegados de la línea 60 y otras organizaciones nucleadas en el
Comité de apoyo por la absolución de los compañeros petroleros de Las Heras,
las rejas custodiadas por prefectos de la Cámara de Caleta Olivia se poblaron
de afiches y banderas. Los jueces resolvieron que el juicio sea oral, pero no
público, ya que sólo permitieron el ingreso a la sala de las partes y sus
abogados, y un par de periodistas acreditados. Apenas si colocaron un parlante
en el hall del edificio, desde donde medio centenar de compañeros pudimos
seguir las alternativas de esa primera audiencia, que terminó abruptamente
cuando varias defensas plantearon las muchas nulidades de la amañada
instrucción. Fueron cuestionadas la presencia del fisco provincial como
querellante; se reiteró la nulidad de los requerimientos de elevación a juicio
que violan el principio de congruencia; se denunció la nulidad de las
indagatorias realizadas bajo tormentos y se confrontó el intento del fiscal de
desistir de varias decenas de testigos e incorporar a libro cerrado las actas
de las declaraciones fabricadas en la instrucción.
CORREPI estuvo presente en
representación del Encuentro Nacional Antirrepresivo, junto a los compañeros de
AGARRE (Acción Grupal Antirrepresiva Estatal) de Comodoro Rivadavia. Por la
mañana, realizamos una conferencia de prensa en la sede de la CTA comodorense,
convocada por AGARRE, en la que intervinieron el compañero Carlos Platkowski,
delegado de LAN y militante del PTS, y María del Carmen Verdú de CORREPI.
Luego, viajamos a Caleta Olivia, donde asistimos al juicio y denunciamos en los
medios que cubrieron la audiencia su
naturaleza persecutoria. Al mismo tiempo, en la ciudad de Buenos Aires, las
organizaciones del Comité de defensa nos movilizábamos del Obelisco a la Casa
de la Provincia de Santa Cruz.
La presidenta del tribunal oral
decidió postergar una semana el debate, para resolver los planteos sólidos y
contundentes de las defensas, de manera que el juicio se reanudará el lunes
próximo.
Es necesario redoblar los
esfuerzos para dar visibilidad a este juicio que pretende ser una instancia de
disciplinamiento para el conjunto de la clase trabajadora, y que amenaza
concretamente a los trabajadores acusados con prisión perpetua. Leer
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