David Moreira: Linchamiento, discursos y después
6 de abril de 2014
El caso del linchamiento de
David Moreira y la réplica de agresiones a presuntos delincuentes en distintos
puntos del país expuso crudamente una problemática que se arrastra de largo
rato y, como suele suceder, empieza a ser interesante para algunos sectores
políticos y mediáticos cuando la morbosidad de los hechos la hacen inocultable.
Por Indymedia Rosario.
Una horda de vecinos
ataca a un pibe de 18 años en barrio Azcuénaga. Relatos periodísticos
incorporan elementos de la barbarie colectiva: quemaduras de cigarrillos,
cadenas, hasta una moto pasándole por encima, un conductor interrogándose si
aun respiraba y que, si no, se hiciera lo posible para que deje de hacerlo.
David yace desarmado, solo y bañado en su sangre en el medio de la calle, junto
a la moto que lo trasladaba. Está casi inconsciente, atina a levantar la cabeza. Una patada la
hace rebotar contra el asfalto. Queda inmóvil. Alguien llamó una ambulancia,
otro la canceló para garantizar la muerte del pibe. Las patadas le rompieron el
cráneo. El joven muere luego de tres días de agonía.
El caso del
linchamiento de David Moreira y la réplica de agresiones a presuntos
delincuentes en distintos puntos del país expuso crudamente una problemática
que se arrastra de largo rato y, como suele suceder, empieza a ser interesante
para algunos sectores políticos y mediáticos cuando la morbosidad de los hechos
la hacen inocultable.
No sólo por el hecho
en sí de que decenas de personas pateen a otra indefensa y desarmada, por ende
sin estar en riesgo la vida de los que se tornan en agresores, hasta matarla;
sino por las reacciones que aparecen tras su ejecución. Desde que se conoció la
noticia del linchamiento de David, las redes sociales mostraron cómo un
discurso y acción fascista, opuesta a toda norma, se trasluce en festejos,
pedidos de replicar la agresión en un “todos contra ellos”. Esos otros,
distintos e inaceptables, que salieron de algún lugar a alterar el cotidiano de
“la gente de bien que paga sus impuestos”.
Elemento este último rebatido por el
periodista David Narciso, quien bajo el subtítulo “Moralidades” escribió en el diario El Ciudadano: “Se dice que
hasta un centenar de personas fueron parte de la turba asesina. ¿Quiénes eran
esos hombres y mujeres? Parece que nunca robaron una cartera. ¿Pero entre ellos
no habrá alguno que roba sistemáticamente la electricidad que es patrimonio
público? Las estadísticas de la EPE dicen que sí. ¿Cuántos de ellos cometen el
delito de evasión impositiva? Para determinados grupos sociales hay delitos que
están legitimados y otros que son aberrantes. Para esos vecinos de Azcuénaga
-por supuesto no todos- ya está claro cuál es cuál. En otros grupos, ubicados
tanto arriba como abajo en la pirámide social del habitante promedio de
Azcuénaga, pasa lo mismo, sólo que varía la tolerancia a determinados delitos
de acuerdo a los intereses propios de ese sector social en ese lugar y momento
histórico”.
Posterior a la
internación y deceso del joven, no sólo se vivó el linchamiento: se propuso
replicar la acción y hasta se puntualizaron cuestiones metodológicas, tales
como controlar que a ningún “desubicado” se le cruce llamar a una ambulancia.
Vale destacar que el posteo mencionado del facebook de
los vecinos de Barrio Azcuénaga -con un logotipo de “vecinos vigilantes”, que
sería bizarro de no ser trágico- fue borrado de dicho perfil tras conocerse que
las investigaciones judiciales sobre el homicidio podían utilizar tales
declaraciones como probatorias o indicios que lleven a los asesinos.
No es nuevo el
discurso de que se asiste a lo peor de la descomposición social. Lo que sucede
en estos días es que los linchamientos dejan claras una serie de valoraciones e
ideología de sectores sociales históricamente permeables a discursos y acciones
fascistas. El robo es peor delito que el homicidio. La cartera de una joven
vale más que la vida de un pibe. Decenas de “vecinos” se transforman en asesinos de un
adolescente desarmado. Hoy pueden estar caminando al lado nuestro con su
vestimenta poco sospechosa y sus impuestos al día (o aparentando tenerlos). En
la parada del bondi, en el bar de la vuelta, en el cine, puede haber un hombre
o una mujer que pateó y golpeó a un pibe hasta hacerle salir el cerebro. ¿No
genera esto sensación de inseguridad? ¿O resulta que la seguridad se mide en
función de la posibilidad de estar en lugar del agredido- víctima y
diferenciarse de un victimario debidamente tipificado? Si no soy negro, ando en
moto y uso gorrita, no hay peligro. Mis semejantes no me harían el daño que sí
le hicieron a ese otro al que considero estigma y lacra social.
Mucho circuló en medios
locales y en voz de gobernantes esto de que “la ciudad que mostró su
solidaridad con los vecinos de calle Salta” ahora muestra su peor cara. Con
todo el respeto a la solidaridad profunda y sincera que tuvo gente que ayudó y
trabajó de corazón en uno de los peores sucesos de la historia local, la
realidad es que poco después de ese 6 de agosto fallecieron personas en una
villa rosarina porque se les quemaron los ranchos y se murieron dos nenas por
fallas en los juegos mecánicos del Parque Independencia, y no generó similar
repudio social ni proporcionales muestras de solidaridad. Esto está
profundamente ligado a la identificación con las víctimas y la sensación de
posibilidad que le genera a quienes se identifican, de estar en su lugar. Todo
vecino, toda vecina, podría ser la joven madre. Ningún vecino y vecina que
tiene crédito de sobra en el teléfono para llamar a la radio y postear en los
diarios web considera que podría ser David. Lo curioso es que sí podría ser un
delincuente mayor: en Argentina y cualquier otra parte del mundo, el homicidio
doloso es peor que el robo.
Cuestión de presencias
La excusa para los
homicidas y tibios comentaristas que utilizan eufemismos para explicar lo
sucedido y no repudiarlo es que el Estado abandonó sus funciones.
Lamentamos informar
que (por lo menos) a partir de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos ningún Estado que se precie democrático tiene (o
debería tener) la función de matar a nadie. Ningún “contrato social” aun con el
Estado como monopolizador de la denominada “fuerza física legítima”, dispone
que éste defina que alguien debe morir.
Se confunde el Estado policial con el Estado
de derecho. Más allá de las discusiones en torno al “estado de derecho
burgués”, está claro que la conquista del Estado de Derecho es un avance en
materia de posibilidad de defensa, juicio justo, presunción de inocencia,
etcétera. Atravesado por una lógica de clase, claro está, pero diferenciado de
las sociedades medievales caracterizadas por un profundo autoritarismo. Porque
si a “los David hay que matarlos”, ¿qué les queda por hacer a los testigos de
causas de delitos de lesa humanidad, víctimas de policías y milicos que se
cruzan en la panadería? Esos sectores que avalan la muerte de un joven pobre,
¿verían con buenos ojos el asesinato de un violador, asesino y torturador como
el “Ciego” Lofiego o Juan Daniel Amelong? Retomando la valoración de delitos y
ubicándose en el precepto de la Ley del Talión, se justificaría entonces un
homicidio doloroso, lacerante, lento y sádico de los genocidas. Vaya sorpresa.
Esas madres y abuelas a las que les robaron los nietos y les desaparecieron los
hijos, no hicieron nada de ello. Le otorgaron a sus verdugos el juicio justo
que le negaron a sus hijos, en caso que les hubiera correspondido.
Pero acá entra otro
debate: ¿hay ausencia del Estado?
El periodista Carlos Del Frade es taxativo:
“hay presencia corrupta y represiva del Estado”. Presencia lograda mediante sus
organismos de persecución del delito, que tipifica criminales (jóvenes pobres),
y mediante sus fuerzas estatales torna en prosecución del crimen dados los
altos niveles de corrupción y vinculación de la policía, por ejemplo, con las
grandes redes delictivas que lejos están de ser dirigidas desde los barrios
marginales y los búnkers donde se queman a pibes y pibas que cobras $400 por
día por vender merca y otras yerbas.
Esa presencia corrupta
es parte de una política de Estado de funcionarios que, aunque salieron a
repudiar los linchamientos -y vale destacar desde el posicionamiento de claro
rechazo del Ministro de Justicia de Santa Fe, Juan Lewis, a la Presidenta de la Nación Cristina Fernández
de Kirchner y su llamado a ser buenos cristianos
en un Estado que se ha declarado laico -, hablan “como quien no dirige el
Estado”, cuya forma de hacerse presente o sus selectivas ausencias se critican.
Estuvo muy bien la Presidenta en su cadena
nacional definiendo el concepto de inclusión. Pero desatinó al negar que el
Estado que ella dirige en un proceso político que lleva ya una década tiene
amplia responsabilidad en haber dejado crecer el monstruo narco, en no haber
saneado las fuerzas policiales -pese a las tareas de inteligencia de la Policía
de Seguridad Aeroportuaria, que han dado sus frutos-, en no mejorar el sistema
carcelario para que cumpla su rol de recuperación de los presos y no sitios
concentrados de reproducción de la violencia. Con Planes
Procrear, notebooks e inclusión discursiva no se tuerce una estructura
productiva extranjerizada, expoliadora, altamente concentrada y una estructura
fiscal regresiva que sigue esquilmando a los sectores más postergados e
impidiendo la generación de empleo digno y educación universal que le dispute
terreno a las economías delictivas (que no sólo trabajan con droga, sino con
autos, granos en negro, etcétera).
La presencia corrupta y
represiva de un Estado trae generaciones de miseria como sostenedoras de las
ganancias de unos pocos. Los jóvenes pobres que nutren las estadísticas de muertos en
Rosario son esos a los que se les pide respeto por la vida y se les exige que
no delincan cuando parte de la sociedad pone el énfasis y la acción en
eliminarlos, y no en el abandono sistemático de amplios sectores en materia
social, educativa, de salud, laboral. Tiene razón Cristina Fernández al hablar
de cómo se sienten esos sectores, cómo se ven parados ante esa sociedad que los
discrimina. La pregunta es si basta con la política de parches, sin atacar los
nodos estructurales del problema.
Violencias
“Es un momento muy
especial para la
sociedad. La derecha aprovecha. Hay debates que se reabren,
porque aparentemente estaban cerrados. Lo que genera la violencia es la
desigualdad, no la
pobreza. Si esto hubiera sucedido en una villa estaría toda
la sociedad condenándolo. Lo que hay que despertar y unificar es el repudio y
el rechazo a esos sectores que por bronca, por ira, que hasta vieron con
simpatía o no reaccionaron contra. Y reconocer que hay un sector de la
población que es muy permeable a planteos fascistas. Hay vecinos que actúan
como parapoliciales, hay lugares en que las bandas narco son parapoliciales y a
veces la propia policía funciona al servicio del Estado que construyeron las
bandas narco”, consideró por su parte Gustavo
Martínez, miembro de la CTA local y
con estrecho vínculo con las organizaciones populares de la región.
“Hay un camino largo
para limpiar este debate, que sigue siendo el mismo: una juventud que no tiene
futuro y la están empujando a que tome otros caminos. Como se empuja a sectores
de las capas medias, engañándolos con el tema de la seguridad. Lo votan
a (Miguel) Del Sel para que los amigos y los jefes de Del Sel sigan robándonos
el país, sigan privatizando, y esas privatizaciones van a traer más
generaciones con pibes que la única forma que van a ser criados es en el
resentimiento”, evaluó Martínez.
Los medios de comunicación merecen párrafo aparte. Si bien el arco
político y mediático en general repudió lo acontecido hubo varios comunicadores
que, mientras decían que lo que pasó no estaba bien, justificaban el accionar
irresponsablemente, utilizaban eufemismos, se plantaban imparciales y
permitieron la proliferación de mensajes de lectores escalofriantes y
reproductores de la violencia en los portales de noticias y los micrófonos de
las radios. La sobreexposición del cuerpo yaciente, la reiteración y el
amarillismo también operaron como “prenseros de la barbarie”.
Hubo intervenciones puntuales que se apartaron
de la generalidad.
Tal es el caso de Hernán Lascano, quien el día del
linchamiento de David relató otro suceso en el que un muchacho, profesional, de
sector medio, casi muere apaleado por un grupo de individuos que lo acusó de un
robo que no cometió. Gracias a sus herramientas para poder explicarle a la
policía (sin cuya llegada hubiera corrido la suerte de David), pudo revertir su
detención por portación de cara: tiene la condena de ser moreno y morocho. No
pudo evitar los golpes, quedó bastante lastimado.
La publicación del
video en que se ve a los agresores golpeando hasta matar al joven en Barrio
Azcuénaga, no es sólo anti investigativa, sino que opera como un anestésico: lo
que en una primera vista genera estupor, en una segunda o tercera, transforma a
esa imagen en objeto de observación y morigera los efectos impactantes. El hecho de que se
muestre una y otra vez ese video no hace más que anestesiar ante la imagen de la barbarie.
Varios estudiosos han
escrito largo y tendido sobre esta cuestión. Llama la atención que en ese video
se ve a dos hombres, uno con el rostro cubierto, golpeando al joven. Lo que
abre el interrogante de si se trató de un grupo reducido que busca ampararse en
una multitud -que de todos modos sería cómplice por silencio e inacción-, o
realmente de una horda enfurecida. Datos que, esperemos, aclare la
investigación exhaustiva que debe materializarse en el hallazgo de los
asesinos.
Lamentablemente, y sin
ánimos de victimizar a una asaltada, madre bien de un hijo bien, casi ningún
comunicador se detuvo en que la joven a la que presuntamente habría pretendido
robar David y lo apuntó como ladrón, tiene como abogado a Paul Krupnik,
conocido defensor de narcos(fuente / fuente / fuente), proxenetas (fuente) y patronales que despiden obreros (fuente). Parece que la rueda da una vuelta
completa y se pasea por un montón de lugares de la realidad.
Más allá de que no
cambia la barbarie de lo acontecido, nadie pudo comprobar que David fuera el
ladrón de la joven representada por Krupnik. Si bien algunos medios insistieron en hablar de “presunto ladrón”,
dejando claro que se desconoce la culpabilidad del joven en el supuesto robo,
hubo otros que directamente utilizaron el término “ladrón” y hasta utilizaron
ese calificativo como atenuante del crimen.
Vale recordar que pocos días antes del asesinato de David
Moreira, un grupo de hombres vinculados a una remisería asaltada creyeron ver
en la calle a los maleantes. Les dispararon en un semáforo, les agarraron la
moto, los persiguieron y golpearon salvajemente a uno en una estación de
servicio. Lo desfiguraron. El asunto es que los dos muchachos iban a trabajar,
no eran ladrones. Sufrieron un escarmiento superlativo por un delito que no cometieron.
Gajes de pedir justicia y cagarse en las normas del debido proceso.
Trabajadores
La Intersectorial de
Trabajadores de la Niñez y la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la
Juventud vienen abordando la problemática del narcotráfico, la criminalización
de la juventud en los barrios, la represión policial, entre otros. “Esto es
consecuencia de lo que se vive en los barrios, con mucha inseguridad, disputas
entre bandas y zona liberada de la policía. Y la gente se la agarra con un pibe que
no tiene nada que ver. Nosotros lo vemos a diario en el Instituto de
Rehabilitación de Adolescente de Rosario (IRAR) cuando los pibes te cuentan los
arreglos que hay con la Policía, la implicancia de que el Estado aparece en el
barrio solo de forma represiva. Hay un descontrol en el que el Estado no tiene
políticas claras a nivel de juventud. Por eso pedimos desde la Asamblea y la
Intersectorial que se declare Estado de Emergencia, que haya más presupuesto
para mejores políticas públicas, y que los trabajadores podamos tener nuestros
derechos cubiertos para así abordar las políticas de otra manera”, aseguró
Emiliano Scopetta, trabajador del IRAR y miembro de la Intersectorial.
Aquí se suma al
análisis respecto al rol y presencia del Estado, la estructura de precarización
en las áreas de niñez y juventud. “Los que trabajamos con niños y jóvenes somos
los que estamos en peores condiciones dentro del Estado, tanto nacional,
provincial como municipal. Por eso nos juntamos y estamos en lucha”, relató el
joven.
Está claro que el caso Moreira evidenció con
estrepitosa dureza una realidad que en dosis similares se vive a diario en las
barriadas populares rosarinas. “Es la punta del iceberg. Tiene forma de
limpieza étnica. Acá estaba aceitado el mecanismo de un grupo que va unificando
el testimonio de los vecinos. Yo prendería una luz de alerta, para que no nos
sorprenda que el titular de un diario sea ’pasa una camioneta y asesina a 7
pibes por estar en una esquina’, ya que Latinoamérica fue desgarrada por los
escuadrones de la muerte y las bandas fascistas”, advirtió Martínez.
Abordando la
problemática de manera integral y saliendo del caso puntual de David, el Padre
Montaldo, que lleva 40 años de tarea social en Ludueña, se preguntaba: “Queremos quitarles la droga, ¿pero qué les
ofrecemos a cambio?”. Sencilla y precisa pregunta del sacerdote que sigue
peleando por los derechos de los pibes. "A esos chicos hay que abrirles
las puertas y darles el cariño y el amor que no pueden encontrar en otras
partes. Y que lo necesitan", continuó el Padre. Palabras que adquieren
también magnitud ante el caso de un joven de 17 años también agredido, a quien
ningún adulto recogió en el hospital, dado que vivía solo en condición de
calle.
El ministro de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni, pidió en declaraciones recientes no
“estigmatizar” a los jóvenes con menos recursos. Además, consideró que el
linchamiento es “el resultado natural de una campaña de medios que lo que están haciendo
es estigmatizar terriblemente a los adolescentes de barrios precarios”.
“Esta estigmatización
los convierte en chivo expiatorio y el resultado natural es que los
matan”, por lo que sentenció: “Si me dicen que el problema es fulanito, que es
el culpable de todos los males, entonces hay que matarlos”, afirmó el
Ministro.
El linchamiento de David y sus réplicas en
otros lugares del país expuso morbosamente una problemática compleja que merece de un
gabinete de especialistas y de voluntad política para torcer las deficiencias
del Estado actual -que más que deficiencias son garantías de continuidad al
tipo de negocios que se dice combatir-. “Ningún pibe nace chorro”, dicen los
integrantes del Movimiento Nacional Chicos del Pueblo. Una frase que recorrió
las redes, tras ser plasmada nada más ni nada menos que el 24 de marzo por el
grupo de artistas Arte por Libertad.
Por su parte, desde la
Asamblea de la Niñez hicieron un spot audiovisual en el que plantean diferentes tipos de
violencia, ante las que la sociedad no “salta”, a diferencia de la violencia
que los incluye como víctimas de robos.
En tanto la alternativa ante el esquema de
identidad territorial que supieron generar los narcos - el mural de Ariel
Cantero y la protección cerrada de la banda de los Monos así lo muestran-, sea
laburar en negro de 8 a
12 horas por 4 mil o 5 mil pesos, será difícil sortear el asunto. Ya se dijo mucho,
pero por dicho no pierde vigencia: el funcionariado azorado por el linchamiento
tiene responsabilidad política de llegar a esta instancia. Una responsabilidad
imposible de demostrar en un juzgado, pero que quedará en la historia. Los
famosos “lazos sociales” no se recrean con un helicóptero que hace temblar las
ventanas o los techos de chapa por las noches, ni garantizándole el negocio a
Julio Humberto Grondona, y las barras que como se sabe manejan muchos otros
negocios que la hegemonía de la popular. Mucho menos pidiendo mano dura o
reprimiendo laburantes en psiquiátricos, desocupados y pueblos originarios en
autopistas, o militantes frente a multinacionales. Los lazos sociales se
fortalecen dando espacio y cancha a sus hilos, que son las organizaciones que
están en los barrios, en la calle, en la cancha social, y no permitiendo que se
las intente amedrentar, como a los militantes de la FOB, que se los mate como a
Mercedes Delgado y los pibes de Villa Moreno, o que los crímenes cometidos por
el Estado y sus fuerzas represivas queden impunes.
Fuente:
http://www.anred.org/spip.php?article7512
