COP
20, 21: ¿Cambiamos el clima o el sistema económico?
29 de
noviembre de 2014
"Si
tomamos como antecedente la intrascendente COP 19 de Varsovia 2013, donde los
países desarrollados continuaron sin reconocer sus responsabilidades y sin
asumir compromisos vinculantes para financiar la mitigación y adaptación de los
efectos del CC en los países en desarrollo, nos preguntamos por qué la COP 20 y
21 tendrían que ser sustantivamente diferentes con relación a este nuevo
Acuerdo Climático Global."
Por Walter Chamochumbi
24-11-2014
A tenor
de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC), desde 1994 a
la fecha se realizaron19 Conferencias de las Partes-COP bajo disímiles
contextos políticos y económicos y a la luz mundial de la agenda que los países
industrializados, principales responsables de la crisis ambiental y climática,
continúan imponiendo en el marco de las negociaciones sobre reducción de las
cuotas de emisiones GEI, políticas de mitigación y adaptación y acuerdos
complementarios. Es así que ante la COP 20 de Lima y la COP 21 de París, cabe preguntarse
si el nuevo Acuerdo Climático Global sería superior al Protocolo de Kyoto, ya
que este último parece quedar en el camino sin una evaluación objetiva y de
fondo por parte de los países firmantes de las razones de su fracaso como
acuerdo global.
Si tomamos
como antecedente la
intrascendente COP 19 de Varsovia 2013, donde los países
desarrollados continuaron sin reconocer sus responsabilidades y sin asumir
compromisos vinculantes para financiar la mitigación y adaptación de los
efectos del CC en los países en desarrollo, nos preguntamos por qué la COP 20 y
21 tendrían que ser sustantivamente diferentes con relación a este nuevo
Acuerdo Climático Global, cuando es evidente que pese al esclarecedor 5to
informe del IPCC, persisten de forma sistemática las posiciones negacionistas e
interesadas económicamente por parte de los países industrializados y
emergentes del G-20, principales responsables en este tema.[1] En ese contexto,
el reciente anuncio de un supuesto acuerdo climático entre Estados Unidos y China,
los dos países con mayor responsabilidad en el problema del calentamiento
global, si bien puede ser una señal positiva quedan varias dudas de cuánto
compromiso serán capaces de asumir realmente en adelante.
Pese al
poco avance de la comunidad internacional de lograr un acuerdo serio y
vinculante sobre el clima global, el discurso oficial imperante persiste en
torno a unir esfuerzos y voluntades políticas para enfrentar los desafíos de la
lucha contra el CC. Las declaraciones de Ban Ki-moon, Secretario General de las
Naciones Unidas, apuntan en ese sentido: “Creo
firmemente que cada uno de nosotros puede convertirse en un líder de la lucha
contra el cambio climático”[2], al igual que el discurso oficial
de funcionarios de organismos internacionales y gobernantes de los países, como
si el CC fuese un enemigo natural al que hay que combatir como parte de una
cruzada global. Postura que no reconoce la cuestión de fondo, que no reside en
el fenómeno del CC per se, sino en las causas estructurales que la ocasionan:
el sistema económico neoliberal y el modelo de industrialización y desarrollo
imperante de los países, a costo de los recursos de la naturaleza finita y del
ambiente donde habitan pueblos originarios y comunidades locales. Tema
fundamental en cuestión que ha sido recogido por activistas y movimiento social
y ambiental organizado de la
“Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático” bajo la
consigna: “Cambiemos el sistema, no el Clima”, en tanto una cumbre
social alternativa a la COP 20 de Lima.
Perú COP
20: Débil institucionalidad ambiental y desigualdad social
El
panorama de la COP 20 parece complicar la actuación del presidente Humala y la del Ministerio del
Ambiente (MINAM), que llega muy debilitado política e institucionalmente para
asumir de forma coherente el desafío de liderar las negociaciones de la cumbre
climática mundial, máxime si consideramos que el Perú es uno de los países más
vulnerables del mundo a los efectos del CC y que poco es lo que puede exhibir
hasta hoy en materia de estrategia nacional de avanzada sobre mecanismos de
mitigación, adaptación y prevención de riesgos. Existen iniciativas al respecto
como el proyecto de Ley Marco del CC, que propone redefinir el rol del MINAM
como ente rector de la
Estrategia Nacional de CC, así como fortalecer su
institucionalidad y posibilitar la participación efectiva de la sociedad civil
a través de una Comisión
Nacional de CC.
Lamentablemente, la aprobación de ésta y otras iniciativas
desde la sociedad civil se diluyen en el
Congreso de la República debido al cálculo político, la dispersión y divergencia
de intereses de los partidos políticos junto a la falta de liderazgo y de
capacidad de diálogo en el tema de la bancada nacionalista.
Pese a
que el año 2014 el gobierno del presidente Humala lo declaró como: “Año de la Promoción de la Industria Responsable
y Compromiso Climático”, lo
cierto es que su gestión está muy rezagado en la región en materia de
políticas, leyes y normas a favor de la mitigación y adaptación al CC. Según el
Índice de Desempeño Ambiental (EPI, por sus siglas en inglés) elaborado por las
Universidades de Yale y Columbia de los Estados Unidos, en su 5to informe 2014
sobre desempeño en políticas ambientales de una nación en cuanto a impactos en
la salud, calidad del aire, agua y saneamiento, recursos hídricos, agricultura,
bosques, pesca, biodiversidad-hábitat y clima-energía, indica que el Perú ocupa
el puesto 110 de 178 países en el mundo, y que a nivel de Latinoamérica está
muy por detrás de Chile (29), Ecuador (53), Venezuela (57), Uruguay (70),
Brasil (77) y Bolivia (87).
La
institucionalidad ambiental nacional es muy débil y centralista, y el gobierno
nacionalista no logra avances consistentes en el tema al estar más preocupado
por revertir la desaceleración económica y supeditado a los poderes fácticos y
la tecnocracia neoliberal del Ministerio de Economía y Finanzas, que desde su
enfoque reduccionista de la economía viene influyendo en el ejecutivo con una
serie de medidas reactivadoras, a costo del debilitamiento y subordinación del
rol del MINAM y sus organismos competentes como la OEFA.
No
obstante que las cifras oficiales son auspiciosas en cuanto a reducción de la
pobreza país, el gobierno nacionalista sigue enfrentado con la posibilidad de
revertir los índices de desigualdad económica y exclusión social en las
diferentes regiones, como las zonas donde hay proyectos extractivos de recursos
naturales y persistentes índices de pobreza, contaminación y pasivos
ambientales. De hecho hoy existe un mayor riesgo de conflictividad, porque 20%
del territorio nacional está concesionado para proyectos extractivos de
recursos naturales. Por lo que resulta urgente avanzar en planificar y ordenar
mejor el territorio, a fin de revertir y prevenir los conflictos
socio-ambientales, aplicar políticas redistributivas y de uso sostenible de los
recursos naturales, así como medidas de mitigación y adaptación al CC y la
variabilidad climática extrema, que sobre todo afecta a las poblaciones más
pobres de las zonas rurales.
Crecimiento
económico versus calidad ambiental en la región: encrucijada constante
América
Latina sigue siendo una de las regiones más desiguales del mundo, donde la
política de priorización del crecimiento y la dispar distribución del ingreso
económico afecta el vínculo entre el nivel de ingreso per cápita y la calidad
ambiental, siendo este el principal factor negativo que incide sobre el cuidado
y la calidad del ambiente en los países de la región. Así pues, ante
la disfuncional relación comercio-crecimiento económico versus cuidado del
ambiente, es necesario deconstruir paradigmas y falacias que siguen gravitando
en el marco de un libre mercado desregulado y entrampando las negociaciones
internacionales sobre el CC.
En medio
de un mercado internacional fluctuante, con la incertidumbre de la crisis
económica que no termina, gobiernos de izquierda y derecha de Latinoamérica
continúan indistintamente impulsando el incremento de sus exportaciones en base
a recursos naturales no renovables con escaso valor agregado y alto costo ambiental.
De allí que mientras no internalicen la variable ambiental en sus políticas y
programas de gobierno y no desarrollen una estrategia sostenida de
diversificación productiva y de transformación selectiva, a la par de contar
con un marco estricto de normas y regulaciones ambientales nacionales
compatibles con estándares internacionales, seguirán siendo economías
vulnerables y dependientes. Máxime hoy con los riesgos y efectos del CC que
hacen más vulnerables sus economías.
Investigaciones
recientes vienen indagando sobre la relación que existe entre el clima y la
conflictividad social con los niveles de desarrollo económico país, encontrando
indicios que la desigualdad es la causa de diversos conflictos además de los
relativos a las cuestiones climáticas. En ese sentido requerimos de más
indagaciones, pero sobre todo asumir una nueva actitud y postura política, un
pensamiento crítico y resiliente para analizar las formas tradicionales de
relacionamiento que han existido –y que persisten- entre los sistemas naturales
y sociales versus la lógica del libre mercado y el sistema económico imperante.
Relativizar el falaz pensamiento economicista de que el comercio es un fin en
sí mismo a partir del cual se dinamiza consecuentemente el crecimiento y luego
las mejoras ambientales.
Frente a
la crisis ambiental y climática derivada del modelo económico imperante, será
menester trascender la inercia de la tecnocracia neoliberal que mantiene un
sesgado análisis sobre la evolución de los ciclos de la economía global y el
modelo primario exportador de recursos naturales. En ese sentido, debemos
proyectarnos más allá del cálculo político y las medidas populistas de corto
plazo, porque ni la incertidumbre por la crisis ni el conflicto ambiental ni la
insatisfacción social desaparecerán por sí solos.
Cambiar
la racionalidad del lucro fácil en la explotación de recursos naturales no será
fácil sobre todo para cierto sector corporativo empresarial, sector público y
de políticos que siguen un comportamiento compulsivo tras objetivos perversos
de la economía global. En ese sentido la COP 20 en Lima, es el escenario
propicio para cambiar el enfoque y analizar autocríticamente que las
negociaciones sobre el CC implican las discusiones sobre el modelo de
desarrollo económico y social a seguir frente al problema.
Movimiento
social y ambiental convergen en torno a justicia climática y cambio del sistema
El
escenario COP 20 representa una oportunidad única para que el germinal
movimiento social ambiental peruano (ecologistas, indígenas, sindicalistas, OSB
y otras expresiones de democracia participativa del interior del país) supere
su fragmentación local, se articule y trascienda sus reivindicaciones y
demandas dando un salto convergente con la lucha de los pueblos y la sociedad
civil mundial, que demanda justicia climática y cambiar el sistema económico
hegemónico. De ello dependerá el rol que como sociedad civil se logre incidir
en torno a los puntos de la agenda climática a discutir por los países
participantes.
En el
Perú, en los últimos años diferentes organizaciones sociales y entidades de
desarrollo, académicos, políticos y actores de la sociedad civil han venido
planteando una serie de demandas y propuestas sobre la necesidad de impulsar un
conjunto de reformas importantes del estado peruano. Redireccionar su rol y
relación como estado-sociedad, reevaluando los alcances e impactos del modelo
económico neoliberal, sus implicaciones sociales y ambientales relacionados con
el crecimiento económico país, así como el contexto nacional y local del
problema de la desigualdad, pobreza y desarrollo con inclusión.
El
permanente conflicto entre economía y ambiente no se resolverá en el marco de
la COP 20 y 21, si los principales responsables de esta crisis climática global
insisten con el discurso retórico del desarrollo sostenible, de la economía
verde, de la ecoeficiencia sin asumir ninguna autocrítica y responsabilidad. De
hecho se requiere cambiar el paradigma de desarrollo y sentar las bases del
cambio social y ambiental, implicando su armonización efectiva con una política
económica humanizada. Una nueva postura política y principista que cuestione y
enfrente la mayor brecha social y ambiental que existe entre los sectores
minoritarios privilegiados de la economía neoliberal y los grandes sectores
sociales mayoritarios que siguen siendo excluidos de los procesos de
modernización, desarrollo e inclusión en el Perú y el mundo.
- Walter Chamochumbi, Consultor en Gestión
Ambiental y Desarrollo
Notas:
[1] La
divulgación del 5to informe del IPCC sobre los graves riesgos del CC no parece
haber modificado el comportamiento de los países industrializados y emergentes
del G-20 reunidos en la cumbre anual de Australia, porque sus gobiernos
continúan subsidiando proyectos de exploración en busca de combustibles fósiles
(petróleo, gas y carbón) mediante inversiones de empresas estatales y finanzas
públicas. Son subsidios al margen de la opinión pública, pese a reiterados
compromisos para erradicar los subsidios a los combustibles fósiles, abordar el
CC y apoyar la transición hacia el uso de energía limpia (Londres, 11 nov 2014
(IPS), ¿Por qué los gobiernos del G-20 subsidian el cambio climático? Análisis
de Shelagh Whitley).
[2] La
ONU y la COP 20 Boletín del Sistema de Naciones Unidas en el Perú, 1º Edición -
Abril 2014.
Fuente original: ALAI Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/COP_20_21_Cambiamos_el_clima_o_el_sistema_economico
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