EPN consolida la devastación ambiental y lo peor
está por venir: Greenpeace
1 de septiembre de 2014
México, D.F.- En 20 meses de gobierno,
Enrique Peña Nieto consolidó un modelo extractivo de los recursos
naturales bajo la promesa de un crecimiento económico que no ha llegado y
demostró su menosprecio al medio ambiente, denuncia Greenpeace en un análisis
sobre la política ambiental del priista con motivo de la presentación del
Segundo Informe de Gobierno presidencial.(...)
EPN: Tu reforma energética destruye
México
Con la promulgación de las leyes
secundarias de la reforma energética, Enrique Peña Nieto selló el retroceso
ambiental en México y obligó al país a seguir dependiendo de los hidrocarburos
para la generación de electricidad y se tiró por la borda la oportunidad de
transitar hacia fuentes renovables como el Sol y el aire, pese al alto potencial con que se
cuenta.
La dependencia del sector energético a
los hidrocarburos vulnera a los sectores económico y social, pues cada día que
se sigue quemando carbón, petróleo y gas, acentuamos el cambio climático, la
sobreexplotación de los recursos naturales y la contaminación, que repercuten
en la salud de la población.
El último informe del Panel
Intergubernamental de Cambio Climático reafirmó que México es una de las
naciones más afectadas por los impactos del cambio climático, entre otras cosas
por su ubicación geográfica y el alto índice de pobreza de sus habitantes. Se
estima que el 68 por ciento de la población habita en viviendas
precarias y zonas de alto riesgo ante desastres climáticos, como laderas de montañas,
barrancas o zonas susceptibles de inundación.
Los argumentos científicos no
importaron. El gobierno federal decidió apostar por la apertura del sector
energético a la iniciativa privada para que extraiga petróleo y gas shale a
través de la fractura hidráulica (fracking), una técnica altamente nociva para
el medio ambiente, que vulnera el derecho humano de acceso al agua.
El capital privado no es garantía de un
mejor desempeño de este sector, porque grandes empresas petroleras alrededor
del mundo también han enfrentado problemas de corrupción, ineficiencia y abuso
hacia las comunidades y son precisamente estas compañías las que ya preparan la
chequera para invertir en México.
En 2010, British Petroleum fue la
responsable de una de las más recientes catástrofes ambientales cuando una
explosión en el pozo Macondo dejó 11 personas fallecidas, más de 3 mil 400
millones de litros de petróleo vertido en las aguas del Golfo de México y un
sin número de especies muertas y amenazadas por los impactos del derrame.
Una década antes, Exxon Mobil derramó
millones de litros de crudo en Prince William Sound, un área silvestre prístina
de Alaska. La empresa tardó dos años en aceptar su culpabilidad.
Shell, compañía que ha emprendido la locura de intentar perforar el Ártico, ha
sido señalada por Amnistía Internacional como una de las responsables de la ola
de pobreza que azota a los pueblos de Nigeria. Chevron tiene un negro historial
de contaminación petrolera en Ecuador donde 63 mil millones de litros de agua
tóxica fueron arrojados a ríos y pueblos de indígenas y campesinos.
A pesar de la gran inversión en
publicidad para promover la reforma energética como un logro del actual
gobierno, la ciudadanía, sin necesidad de ser experta, puede adivinar que este
cambio constitucional y de leyes secundarias favorecerá solo a los dueños de
las grandes empresas petroleras y no a los mexicanos, la experiencia
internacional así lo demuestra.
También se legalizaron los abusos
contra campesinos y comunidades con la creación de figuras legales como la
“servidumbre legal, ocupación o afectación superficial de tierras”,
eufemismos con los que las autoridades podrán despojar de tierras en los
lugares donde haya hidrocarburos y al término de la “ocupación temporal”, los
dueños se quedarán con la responsabilidad de los contaminantes que se dejen en
sus predios o también llamados “pasivos ambientales” y, por tanto, deberán
compartir la responsabilidad en la remediación de la contaminación del suelo y
agua.
Por si fuera poco, nuevamente se
disfrazó a la energía nuclear como una fuente limpia cuando en realidad es la
más sucia de todas, poniendo en riesgo la vida y salud de la población. Experiencias
internacionales han demostrado que se trata de una tecnología sumamente
peligrosa, por su capacidad para dañar la integridad de las personas por la
radioactividad, además no existe forma segura de eliminar los desechos que
genera y favorece la creación de armas de destrucción masiva.
¿Y el derecho humano de acceso al agua?
De acuerdo con cifras de 2011 de la Comisión Nacional
del Agua (Conagua), el 70 por ciento de los ríos nacionales presentan
algún grado de contaminación, pero poco o nada se está haciendo para revertirlo
y mucho menos para prevenir. Lamentablemente el panorama no ha cambiado. El
Estado no ha sido capaz de garantizar al cien por ciento el derecho humano de
acceso al agua y el saneamiento establecido en la Constitución.
Hace un año, el gobierno federal señaló
que durante este sexenio la Conagua pasaría de ser “un organismo reactivo a la
contingencia a uno de prevención” pero de esto nada hemos visto.
El reciente derrame de sustancias
tóxicas a los ríos Sonora y Bacanuchi es solo la punta del iceberg de la
contaminación tóxica de nuestros ríos, la mala gestión de las cuencas, la poca
supervisión a las industrias por parte de la Conagua y la laxitud de leyes y
sanciones.
La contaminación de los cuerpos de agua
afecta directamente a las comunidades que viven cerca de los ríos, lagos y
otros afluentes porque provoca daños a su salud y sus fuentes de alimentos.
Representa un alto costo para la sociedad en su conjunto: entre más agua sea
contaminada en los afluentes, más costoso será potabilizarla, llevarla a las
ciudades y atender los impactos que deje en las comunidades y en el medio
ambiente que fueron afectados.
Algunas sustancias vertidas por la
actividad industrial en los ríos y lagos del planeta son altamente tóxicas y
tienen afectaciones directas a los seres vivos y la salud, pueden causar
disrupciones hormonales (alteraciones bruscas en las funciones hormonales),
afectaciones al desarrollo del feto o cáncer.
En México, la descarga de aguas
residuales a los ríos -tanto residenciales como industriales- sin análisis ni
tratamiento previo, es un problema histórico. Esta situación se agrava debido a
la permisividad gubernamental a nivel federal, estatal y municipal, así como a
la falta de cumplimiento de la de por sí laxa normatividad en materia de agua.
Pese a la existencia de una Ley
de la
Responsabilidad Ambiental -que entró en vigor el 7 de julio
del 2013 y que establece la reparación de daños en caso de delitos
cometidos contra el ambiente- hace falta una revisión a la parte de las
sanciones para inhibir a las empresas a contaminar.
En el caso de Sonora, la multa para
Grupo México, cuyo dueño es el tercer hombre más rico del país, es irrisoria.
La Conagua estableció el pago por 1.2 millones de pesos por las afectaciones a
al menos 22 mil habitantes de siete municipios. Mientras que la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente aplicaría una multa por 40 millones de pesos más la
“reparación del daño” de la cual no se establece una cifra. La minera seguirá
operando porque de acuerdo con las autoridades no existen pruebas para su
clausura y representa una de las más importantes actividades económicas de la región. Esta postura
evidencia la línea gubernamental: supuesto crecimiento económico a cualquier
costo ¿Quién pagará por los daños a mediano y largo plazo? Lamentablemente
nuestro país es el paraíso de la contaminación desde hace décadas, porque
existen muchos huecos en la legislación ambiental, y uno de ellos es el tema de
la prevención.
La reforma energética ha abierto otra
amenaza en el tema del agua. La utilización del fracking (fractura hidráulica)
para la extracción de gas shale, que consiste en perforar la roca de lutitas
mediante la inyección de una mezcla de agua, arena y sustancias químicas a
presión.
Esta actividad disminuye la
disponibilidad del agua para los seres humanos y ecosistemas: se requieren de 9 a 29 millones de litros para
la fractura de un solo pozo. Ello supondría la disminución de cantidad de agua
para otros usos, lo que pondría en peligro el cumplimiento del derecho humano a
este recurso.
El fracking contamina las fuentes de
agua. En Estados Unidos existen más de mil casos documentados de contaminación
de fuentes de agua cerca de pozos de gas de esquisto. En total, se han
identificado más de dos mil 500 productos y 750 tipos diferentes de químicos en
el fluido de perforación (6).
Los expertos señalan que más del 25 por
ciento de estas sustancias pueden causar cáncer y mutaciones, el 37 por ciento
afectar al sistema endócrino, el 50 por ciento dañar el sistema nervioso y el
40 por ciento provocar alergias.
“Y habría que preguntarse entonces ¿Qué
pasará cuando los pozos de fracking contaminen los mantos freáticos? ¿Qué harán
si falla la recolección, transporte o almacenamiento de agua o sólidos
residuales radiactivos? ¿Qué acciones se harán si se afecta la salud de miles
de personas? ¿Qué medidas se tomarán si se atenta contra el Derecho Humano de
los mexicanos al agua y a un medio ambiente sano? Todo apunta a que la
respuesta sea: NADA”.
En Greenpeace defendemos la precaución
como el único modo de evitar accidentes tan lamentables como los recientes
derrames en Sonora, Durango, Cadereyta y Tabasco. Es imperativo tener leyes con
un enfoque precautorio, como la iniciativa ciudadana Agua Para Todos Agua Para
La Vida, elaborada por académicos y organizaciones de la sociedad civil
que evitarían que la voz de las poblaciones afectadas siga siendo ignorada.
Agricultura industrial absorbe a
pequeños productores
Para este 2014, Enrique Peña Nieto
destinó al campo más de 338 mil 600 millones de pesos, 32 mil 700 millones más
que en el primer año de su gobierno, mediante todas las dependencias y del
Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable.
Desafortunadamente estos recursos van
destinados a dar continuidad a un modelo de agricultura industrial basado en
monocultivos, uso de agroquímicos y el potencial uso de semillas transgénicas
que degrada la capacidad de los ecosistemas de producir alimento sano y
suficiente en México y está desplazando a los pequeños productores.
Actualmente el 92 por ciento de los
recursos de la federación para agricultura va a los grandes productores del
norte que operan con el modelo industrial, en lugar de incentivar proyectos de
agricultura ecológica. Mientras que el 8 por ciento restante de los recursos
para el campo, son para el 80 por ciento de los productores del país, que
producen en terrenos menores a 5 hectáreas , en lugar de incentivar la
agricultura ecológica.
En los próximos meses se presentará la
Reforma al Campo que por las declaraciones de los funcionarios de este sector
se vislumbra como una apertura a las semillas transgénicas, beneficiando a las
grandes empresas internacionales de la biotecnología, dejando en indefensión a
campesinos que por años se han conservado las semillas nativas como el maíz, de
la cual México
es centro de origen. Sin este intercambio de semillas mejoradas en cada ciclo
agrícola hubiera sido imposible que exista una gran variedad de razas de maíz
que tienen diversos usos gastronómicos en el continente Americano.
Peña Nieto no ha planteado una alternativa
para el campo con apoyos que permitan el desarrollo de los pequeños y medianos
productores, con prácticas amigables para el medio ambiente, en su lugar ha
dado continuidad a un modelo agrícola basado en el elevado uso de insumos
agrícolas (herbicidas, plaguicidas, fertilizantes) que impacta a los
ecosistemas, la biodiversidad y las condiciones socio-económicas de los
productores mexicanos.
La mayoría de los campesinos viven en
pobreza, según datos del Coneval. La pobreza nacional en promedio es de 45.5
por ciento pero en las zonas rurales aumenta a un 65 por ciento. El 80 por
ciento de los productores agrícolas del país tienen menos de 5 hectáreas y producen
principalmente para autoconsumo y reciben solo el 8 por ciento del
financiamiento gubernamental destinado a la producción agrícola.
La agricultura debe tener como
principales objetivos producir alimentos sanos, suficientes y de calidad,
además de ser el sustento y modo de vida de millones de campesinos. La
situación de México indica que la agricultura no está cumpliendo con ninguno de
esos objetivos ya que existe una creciente presencia de pobreza y mala
nutrición.
Por un lado la Encuesta Nacional
de Salud y Nutrición de 2012 muestra que el 2.8 por ciento de los niños menores
de cinco años presentan bajo peso, mientras que el 71.2 por ciento de los
adultos, el 34.3 por ciento de los escolares y el 35 por ciento de los
adolescentes sufren sobrepeso y obesidad.
El Estado tiene la obligación y la
responsabilidad de cambiar esta situación mediante el diseño de políticas
públicas orientadas a hacer realidad el derecho a la alimentación, incrementar
la producción alimentaria, reducir la dependencia, profundizar el
financiamiento, reordenar el mercado agroalimentario, promover un desarrollo
regional armónico, fortalecer la pequeña y la mediana agricultura, y aumentar
la capacidad del país en materia de investigación, innovación y transferencia
tecnológica
Las estrategias gubernamentales están
destinadas al fracaso mientras no exista una política pública agroalimentaria y
nutricional integral, de manera que los esfuerzos en la Secretaría de Salud
sean vinculantes con Sagarpa, y a su vez, sean integrados a una política social
bajo la coordinación de Sedesol con impacto en indicadores de resultados en materia
educativa, económica, laboral y de salud; todo lo anterior con base en los
derechos humanos.
Este gobierno ha ignorado las
advertencias de los científicos, los agricultores y los ambientalistas sobre
los riesgos de permitir el cultivo de organismos genéticamente modificados y se
ha convertido en abogado de la industria de la biotecnología, en lugar de velar
por la protección de nuestra diversidad de maíz, la salud del campo, el medio
ambiente y el bienestar de los agricultores.
Pérdida de bosques y selvas
Uno de los grandes males de la política
forestal en México es que por años ha promovido falsas soluciones a la
deforestación como reforestar o tener plantaciones forestales comerciales como
supuestas remedios al cambio
climático, que al único lugar a donde pueden llevarnos es a perder los
bosques.
Para detener la deforestación y hacer
frente al cambio climático, es necesario modificar el enfoque de la política
forestal en nuestro país, que debe trabajar en sinergia con otras estrategias
de uso del suelo, con base en proyectos regionales y locales para el manejo
sustentable de los recursos naturales y el desarrollo rural, resolviendo las
necesidades sociales, económicas y ambientales.
Sin embargo, la opacidad en el destino
de recursos públicos y la falta de información verificable para conocer el
estado real del sector forestal han sido una constante desde administraciones
pasadas, sin que hasta ahora se hayan implementado acciones concretas para
revertir esta tendencia.
A México le gusta presumir a nivel
global que es un país preocupado y ocupado en atender sus compromisos
internacionales y frenar la pérdida de sus ecosistemas forestales. En su
reciente informe de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM), el gobierno de Peña Nieto señaló que para detener la deforestación se ha
seguido la estrategia de hacer más rentable la conservación o el uso de
sustentable de los recursos en lugar de transformar estos ecosistemas para
dedicarlos a otros usos y destaca programas como el Pago por Servicios
Ambientales (PSA) y programas para el aprovechamiento sustentable.
Sin embargo, estas afirmaciones
evidenciaron la incongruencia del Estado mexicano, pues recientes estimaciones
del INEGI señalan que la superficie de bosques y selvas en México pasó de 35.3 a 33.8 por ciento entre
1993 y 2011, lo que significa la pérdida de 1.5 por ciento de estos
ecosistemas y el propio Comité Especializado de Información de los ODM en
México consideró que nuestro país está “estancado” en esta materia.
Las principales causas de esta
situación son la deforestación, la conversión de bosques para destinarlos a la
agricultura y ganadería, promovida por las propias políticas de gobierno
que han sido inadecuadas e insuficientes.
La tasa de deforestación en México se
mantiene en cerca de medio millón de hectáreas al año, de acuerdo con datos de
la UNAM y el INEGI, pero México reporta ante la FAO sólo una pérdida anual de
155 mil hectáreas.
La legislación secundaria de la reforma
energética y el Paquete Verde, próximo a presentarse, representan una nueva
amenaza para el sector forestal, pues abren la puerta al cambio de uso de suelo
de bosques y selvas, una de las principales razones de la pérdida de estos
ecosistemas, cuya tenencia de la tierra se encuentra, mayormente, en
manos de comunidades indígenas y ejidos bajo la figura de propiedad social.
El 51.4 por ciento del
territorio nacional es propiedad de comunidades indígenas y ejidos, en
infinidad de estos terrenos hay bosques y selvas que son la fuente de
ingresos de miles de personas que gracias a su trabajo se han logrado conservar
y están en riesgo de ser “ocupados temporalmente” para actividades relacionadas
con el sector de hidrocarburos.
Este riesgo se repite en las 176 Áreas
Naturales Protegidas (ANP) del país, que representan el 12.93 por
ciento del territorio nacional, lo que equivale a 25 millones 394 mil 779 hectáreas de la
superficie del país, de las cuales solo 77 cuentan con un plan de manejo, es
decir el 65 por ciento de la superficie total de ANP. A pesar
del enorme avance registrado en el país sobre el inventario de la biota en las
últimas dos décadas aún no se conoce el estado de conservación de muchas de las
poblaciones de las especies de flora y fauna en México.
Si bien las Áreas Naturales Protegidas
quedaron excluidas para la realización de actividades extractivas de
hidrocarburos, aún es posible que dentro de ellas se puedan construir
ductos para la transportación de éstos e infraestructura para la red eléctrica.
México tiene una gran
responsabilidad para la protección y manejo sostenible de sus ecosistemas y
recursos naturales, por ser el 5° lugar de los 12 países megadiversos del
planeta y hasta ahora la política de Peña Nieto ha estado basada en un modelo
de extracción de recursos naturales, alejada de la conservación.
Fuente: http://ferriz.com.mx/vivir-verde/epn-consolida-la-devastacion-ambiental-y-lo-peor-esta-por-venir-greenpeace/----
México: La pareja de la minería y el crimen organizado en Guerrero
4 de noviembre de 2014
4 de noviembre de 2014
A la vez
que aumentan las ganancias de las empresas extractivistas en los territorios
indígenas, afros y mestizos, la coincidente presencia de los cárteles presiona
a la empobrecida población a desplazarse.
Por Florencia Mercado
México. Guerreros Unidos, los
Ardillos, los Rojos, los Granados, la Barredora y Cartel independiente de
Acapulco, son algunas de las bandas con más fama que operan en los mismos
lugares donde se encuentran Gold Corp, Minaurum Gold, Zhong Ning Mining
Investment de China, Vedome Resources, Hoschild Mining, en territorios
originarios de los pueblos nahuas, me’ phaa, ñu savi, comunidades campesinas
mestizas y afros. Esta combinación trae un aumento en el empobrecimiento de la
población, una producción de riquezas fiscalizadas de los sectores primarios y
secundarios que no se traducen en beneficios y, de manera muy importante, una
enorme economía informal, que pone en juego múltiples fuerzas que afectan a los
indígenas por múltiples flancos.
El nombre de Cocula, después de las
ejecuciones y desapariciones forzadas del 26 de septiembre de 2014 en contra de
los estudiantes de la
Normal Rural de Ayotzinapa, será recordado como el “lugar de
las fosas”. “Lugar de las discordias o riñas”, es la denominación que se deriva
del vocablo náhuatlcocolian, metáfora que guarda en su interior una
pugna entre impunidad y deseo de justicia, entre riqueza externa y pobreza, entre
oro y muerte.
Conocida como “El Cinturón de Oro” o
“Media Luna”, la región minera ubicada entre el Río Balsas y Tierra Caliente es
una de las más prometedoras para la explotación minera, pero no es la única. Tan sólo durante
el periodo enero-diciembre 2010, el valor de la producción minera del estado de
Guerrero ascendió a 7 mil 819 millones 264 mil 054.50 pesos, según datos
publicados en el portal del Panorama Minero del estado.[1] Tan sólo en ese año
se extrajeron 10 mil 219.80 toneladas de oro y 61 mil 743.00 de plata, además
de otros minerales y materiales pétreos.
Hasta 2011, la cobertura estatal de las
concesiones mineras registradas en la Subdelegación de la Secretaría de
Economía (localizada en la Ciudad de Chilpancingo) era de 11.04 por ciento, ubicadas
en 12 regiones: La Unión, Coyuca-Zirándaro, Cutamala, Arcelia-Teleoloapan,
Buena Vista de Cuellar, Papanoa, Tlapehuala, San Miguel Totoloapan, Mezcala, La
Dicha, Mochitlán-Quechultenango y La Montaña. Para 2013, se calcula que el territorio
concesionado llegó al 21 por ciento, es decir, el doble de 2011. Frente a las
dimensiones del territorio concesionado, el crecimiento del Producto Interno
Bruto (PIB) de Guerrero, en el periodo 2011-2013, fue de apenas 0.5 por ciento
en promedio, en contraste con el 3 por ciento de la media nacional. De esta
cifra, el sector primario (agricultura, minería, etcétera) aporta sólo el 5 por
ciento [2].
Siguiendo con las cifras, “en 2013, la
entidad recibió 110.3 millones de dólares por concepto de Inversión Extranjera
Directa, principalmente por el sector minero, representado por compañías como
Minera Gold Corp, Minaurum Gold, Zhong Ning Mining Investment de China, Vedome
Resources, Hoschild Mining, entre otras; todo ello en contraste con el
porcentaje de población guerrerense en situación de pobreza, que fue de 69.7
por ciento, es decir 2.44 millones de personas al cierre de 2012, lo que
representa un incremento frente al 67.6 por ciento de 2010” . [3]
Cocula es un municipio que cuenta con 26
localidades, que suman una superficie de 33 mil 920 hectáreas , de las
cuales 92 por ciento pertenecen al régimen ejidal y 8 por ciento son de
propiedad privada [4].
De esta superficie, el Proyecto Media Luna cuenta con una concesión de mil 012.24 hectáreas ,
ubicadas a 20
kilómetros de Mezcala [5] y a 70 kilómetros en
dirección este del municipio de Iguala, sobre el margen del Río Balsas y la Presa El Caracol.[ 6]
Otro de los proyectos extractivos está
ubicado a menos de 50
kilómetros de Iguala, en el distrito áureo denominado
Filos de Goldcorp y Érika de Torex, cuyas ganancias han redituado alrededor de
32 millones de onzas de oro y más de 200 millones de onzas de plata, de acuerdo
a un reportaje realizado por Bárbara Anderson para el periódico Milenio [7], titulado El oro
“orgánico” de Guerrero, haciendo alusión a una entrevista con uno de los
operadores de la mina, que manifestó que “el oro está muy a la mano. (…) Apenas
hay que escarbar (…). La piedra casi no se tiene que moler y no hay que usar
muchos químicos para limpiar el material”… Casi como los cuerpos.
En este mismo artículo Anderson sostiene
que, “según un cálculo de
Merrill McHenry, analista de Industrial Alliance Securities y uno de los gurús
del análisis extractivo global, el costo de producción por onza en la región
está por debajo del promedio de 325 dólares que ofrece México, contra un
promedio de 600 dólares a nivel global”. Esto es uno de los costos de
producción de oro más bajos de todo el mundo.
Otros inversionistas que han puesto la mira El Cinturón
de Oro son Grupo Peñoles y Torex Gold Resources [8], quienes proyectan
invertir mil 200 millones de dólares en la explotación de dos minas de oro
ubicadas en los municipios de Cocula y Teloloapan, según informó el Secretario
de Desarrollo Económico local, José Enrique Castro, quien sostuvo que los
proyectos se concretarán en 2015. [9]
Desplazamientos y reubicaciones
El portal oficial del estado de Guerrero[10] publicó que el 24 de julio de 2014, la
Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Beatriz Mojica Morga [11], visitó el lugar donde
se reubicarán 170 familias de las comunidades Real de Limón y La Fundición del
municipio de Cocula, que serán afectadas por la operación de la empresa minera
Media Luna, establecida en la comunidad de Nuevo Balsas. Los habitantes serán “reubicados”
en el predio denominado El Potrerito, donde se construyeron 170 viviendas que
albergarán a más de mil personas de las
comunidades que tendrán afectación directa por la empresa minera Media Luna,
S.A. de C.V. [12]
Cerca de esta región se encuentra la
comunidad de La Laguna, de la que fueron desplazadas 45 familias custodiadas
por el ejército mexicano a raíz de la inseguridad. Al
respecto, organizaciones de derechos humanos han denunciado que este
desplazamiento tiene como trasfondo la industria extractiva, ya que se trata de
territorios concesionados para tal efecto con el ingrediente de la presencia de
cacicazgos tan famosos como el de Rogaciano Alba Álvarez, ex dirigente de la Unión Ganadera Regional
de Guerrero y acusado del asesinato de la defensora de derechos humanos Digna
Ochoa.
La población, desde luego, no ha
permanecido inerme ante la instalación de las empresas extractivas. El 4 de
septiembre, trabajadores de Media Luna iniciaron un paro de labores, bloqueando
el acceso a la minera para demandar mejores prestaciones y mayor capacitación[13].
Este día también denunciaron que a las cinco de la mañana del jueves 3 de
septiembre, 15 camionetas pickups con personas vestidos de negros, sin
placas, con alrededor de siete u ocho elementos por camioneta, detuvieron a los
hermanos Rebolledo Salinas y se los llevaron. A este ataque antecede el que
sufrió el día 22 de agosto Eligio Rebolledo Salinas, hermano de los tres
secuestrados, quien fue herido gravemente por otro comando.[14]
En otras latitudes de Guerrero
La organización social que hizo público
su rechazo a la minería en Guerrero fue la Policía Comunitaria ,
que en 2010 inició la campaña “A corazón abierto, defendamos la madre tierra”,
cuyo el objetivo fue informar a las comunidades sobre los efectos de la
megaminería tóxica, la importancia del derecho a la consulta contenido en el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la
violación que implica la concesión de sus territorios sin su consentimiento y,
sobre todo, la necesidad de defender el territorio legal y legítimamente.
La respuesta de las autoridades
estatales nunca fue explícita, ya que más allá de una campaña de “minería
verde” emprendida por la Secretaría de Economía de Guerrero, y de señalar a la región Costa-Montaña
como el ejemplo de resistencia a la minería, no hubo acciones para emprender
una consulta, ni tampoco señalamientos directos a los líderes de la
organización por las acciones de defensa. El Estado más bien actuó en base a usos y costumbres, a sabiendas
que los pueblos contaban con los derechos establecidos en la Constitución de
Guerrero, la Federal y en la legislación internacional. Fue así que comenzó una
campaña de cooptación, consistente en otorgar recursos a algunos líderes, como
fue el caso de Eliseo Villar, mientras reprimía a cualquiera que representara
algún tipo de disidencia.
Ante esta campaña basada en usos y costumbres que emprendió el estado, la
campaña contra la minería se fue diluyendo y, salvo valiosas excepciones, como
es el juicio de amparo que tramitaron los abogados del Centro de Derechos
Humanos de la
Montaña Tlachinollan , ante la falta de consulta en la
concesión del subsuelo de la comunidad de San Miguel del Progreso, municipio de
Malinaltepec[15], ninguna organización indígena o ciudadana ha
vuelto a mencionar la situación de la minería en el estado de Guerrero.
El intento de Tlachinollan por hacer
nuevamente visible al extractivismo en la agenda nacional, en los últimos dos
años, se ha visto opacado por las múltiples detenciones de dirigentes sociales
de la
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía
Comunitaria (CRAC-PC). Destacan los casos de Nestora Salgado García,
coordinadora regional de autoridades comunitarias de Olinalá[16],
Arturo Campos Herrera, consejero de la CRAC de El Paraíso[17],
Gonzalo Molina González [18],
Bernardino García Francisco, coordinador regional de la Casa de Justicia del El
Paraíso y sobreviviente de la masacre del El Charco, todos acusados de
secuestro agravado, delincuencia organizada y, en dos de los casos, se amplía
la denuncia a terrorismo y sedición. Esto se suma a las más de 40 detenciones
arbitrarias y nueve procesos abiertos en contra de policías comunitarios en
ejercicio de sus funciones, entre los que destaca la detención de Marco Antonio
Suástegui, en la última región incorporada a la CRAC: La Parota.
Las cifras oficiales mantienen un margen
gigantesco entre una las enormes ganancias que obtienen las empresas
extractivas y la creciente pobreza de la población, que se agudiza con las reubicaciones,
los conflictos y, en casos más graves, los desplazamientos forzados. Todo ello,
sin considerar la economía “negra” que se mueve a lo largo y ancho del estado[19],
cuyas ganancias no sólo obedecen a la producción y el tráfico de estupefacientes;
sino también al secuestro y la extorsión.
Notas
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