miércoles, 5 de noviembre de 2014

III.Tratemos de discernir cuál es la realidad que se está desarrollando en contra de las comunidades que habitan Vaca Muerta. Visión sobre cómo avanza el dominio de las petroleras imperialistas sobre Nuestra América.

EPN consolida la devastación ambiental y lo peor está por venir: Greenpeace
1 de septiembre de 2014

México, D.F.- En 20 meses de gobierno, Enrique Peña Nieto consolidó un modelo extractivo de los recursos naturales bajo la promesa de un crecimiento económico que no ha llegado y demostró su menosprecio al medio ambiente, denuncia Greenpeace en un análisis sobre la política ambiental del priista con motivo de la presentación del Segundo Informe de Gobierno presidencial.(...)

EPN: Tu reforma energética destruye México

Con la promulgación de las leyes secundarias de la reforma energética, Enrique Peña Nieto selló el retroceso ambiental en México y obligó al país a seguir dependiendo de los hidrocarburos para la generación de electricidad y se tiró por la borda la oportunidad de transitar hacia fuentes renovables como el Sol y el aire, pese al alto potencial con que se cuenta.

La dependencia del sector energético a los hidrocarburos vulnera a los sectores económico y social, pues cada día que se sigue quemando carbón, petróleo y gas, acentuamos el cambio climático, la sobreexplotación de los recursos naturales y la contaminación, que repercuten en la salud de la población.

El último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático reafirmó que México es una de las naciones más afectadas por los impactos del cambio climático, entre otras cosas por su ubicación geográfica y el alto índice de pobreza de sus habitantes. Se estima que el 68 por ciento de la población habita en viviendas precarias y zonas de alto riesgo ante desastres climáticos, como laderas de montañas, barrancas o zonas susceptibles de inundación.

Los argumentos científicos no importaron. El gobierno federal decidió apostar por la apertura del sector energético a la iniciativa privada para que extraiga petróleo y gas shale a través de la fractura hidráulica (fracking), una técnica altamente nociva para el medio ambiente, que vulnera el derecho humano de acceso al agua.

El capital privado no es garantía de un mejor desempeño de este sector, porque grandes empresas petroleras alrededor del mundo también han enfrentado problemas de corrupción, ineficiencia y abuso hacia las comunidades y son precisamente estas compañías las que ya preparan la chequera para invertir en México.

En 2010, British Petroleum fue la responsable de una de las más recientes catástrofes ambientales cuando una explosión en el pozo Macondo dejó 11 personas fallecidas, más de 3 mil 400 millones de litros de petróleo vertido en las aguas del Golfo de México y un sin número de especies muertas y amenazadas por los impactos del derrame.

Una década antes, Exxon Mobil derramó millones de litros de crudo en Prince William Sound, un área silvestre prístina de  Alaska. La empresa  tardó dos años en aceptar su culpabilidad. Shell, compañía que ha emprendido la locura de intentar perforar el Ártico, ha sido señalada por Amnistía Internacional como una de las responsables de la ola de pobreza que azota a los pueblos de Nigeria. Chevron tiene un negro historial de contaminación petrolera en Ecuador donde 63 mil millones de litros de agua tóxica fueron arrojados a ríos y pueblos de indígenas y campesinos.

A pesar de la gran inversión en publicidad para promover la reforma energética como un logro del actual gobierno, la ciudadanía, sin necesidad de ser experta, puede adivinar que este cambio constitucional y de leyes secundarias favorecerá solo a los dueños de las grandes empresas petroleras y no a los mexicanos, la experiencia internacional así lo demuestra.

También se legalizaron los abusos contra campesinos y comunidades con la creación de figuras legales como la “servidumbre legal, ocupación o afectación superficial de tierras”,  eufemismos con los que las autoridades podrán despojar de tierras en los lugares donde haya hidrocarburos y al término de la “ocupación temporal”, los dueños se quedarán con la responsabilidad de los contaminantes que se dejen en sus predios o también llamados “pasivos ambientales” y, por tanto, deberán compartir la responsabilidad en la remediación de la contaminación del suelo y agua.

Por si fuera poco, nuevamente se disfrazó a la energía nuclear como una fuente limpia cuando en realidad es la más sucia de todas, poniendo en riesgo la vida y salud de la población. Experiencias internacionales han demostrado que se trata de una tecnología sumamente peligrosa, por su capacidad para dañar la integridad de las personas por la radioactividad, además no existe forma segura de eliminar los desechos que genera y favorece la creación de armas de destrucción masiva.

¿Y el derecho humano de acceso al agua?

De acuerdo con cifras de 2011 de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el 70 por ciento de los ríos nacionales presentan algún grado de contaminación, pero poco o nada se está haciendo para revertirlo y mucho menos para prevenir. Lamentablemente el panorama no ha cambiado. El Estado no ha sido capaz de garantizar al cien por ciento el derecho humano de acceso al agua y el saneamiento establecido en la Constitución.

Hace un año, el gobierno federal señaló que durante este sexenio la Conagua pasaría de ser “un organismo reactivo a la contingencia a uno de prevención” pero de esto nada hemos visto.

El reciente derrame de sustancias tóxicas a los ríos Sonora y Bacanuchi es solo la punta del iceberg de la contaminación tóxica de nuestros ríos, la mala gestión de las cuencas, la poca supervisión a las industrias por parte de la Conagua y la laxitud de leyes y sanciones.

La contaminación de los cuerpos de agua afecta directamente a las comunidades que viven cerca de los ríos, lagos y otros afluentes porque provoca daños a su salud y sus fuentes de alimentos. Representa un alto costo para la sociedad en su conjunto: entre más agua sea contaminada en los afluentes, más costoso será potabilizarla, llevarla a las ciudades y atender los impactos que deje en las comunidades y en el medio ambiente que fueron afectados.

Algunas sustancias vertidas por la actividad industrial en los ríos y lagos del planeta son altamente tóxicas y tienen afectaciones directas a los seres vivos y la salud, pueden causar disrupciones hormonales (alteraciones bruscas en las funciones hormonales), afectaciones al desarrollo del feto o cáncer.

En México, la descarga de aguas residuales a los ríos -tanto residenciales como industriales- sin análisis ni tratamiento previo, es un problema histórico. Esta situación se agrava debido a la permisividad gubernamental a nivel federal, estatal y municipal, así como a la falta de cumplimiento de la de por sí laxa normatividad en materia de agua.

Pese a la existencia de una  Ley de la Responsabilidad Ambiental -que entró en vigor el 7 de julio del 2013  y que establece la reparación de daños en caso de delitos cometidos contra el ambiente- hace falta una revisión a la parte de las sanciones para inhibir a las empresas a contaminar.

En el caso de Sonora, la multa para Grupo México, cuyo dueño es el tercer hombre más rico del país, es irrisoria. La Conagua estableció el pago por 1.2 millones de pesos por las afectaciones a al menos 22 mil habitantes de siete municipios. Mientras que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente aplicaría una multa por 40 millones de pesos más la “reparación del daño” de la cual no se establece una cifra. La minera seguirá operando porque de acuerdo con las autoridades no existen pruebas para su clausura y representa una de las más importantes actividades económicas de la región. Esta postura evidencia la línea gubernamental: supuesto crecimiento económico a cualquier costo ¿Quién pagará por los daños a mediano y largo plazo? Lamentablemente nuestro país es el paraíso de la contaminación desde hace décadas, porque existen muchos huecos en la legislación ambiental, y uno de ellos es el tema de la prevención.

La reforma energética ha abierto otra amenaza en el tema del agua. La utilización del fracking (fractura hidráulica) para la extracción de gas shale, que consiste en perforar la roca de lutitas mediante la inyección de una mezcla de agua, arena y sustancias químicas a presión.

Esta actividad disminuye la disponibilidad del agua para los seres humanos y ecosistemas: se requieren de 9 a 29 millones de litros para la fractura de un solo pozo. Ello supondría la disminución de cantidad de agua para otros usos, lo que pondría en peligro el cumplimiento del derecho humano a este recurso.

El fracking contamina las fuentes de agua. En Estados Unidos existen más de mil casos documentados de contaminación de fuentes de agua cerca de pozos de gas de esquisto. En total, se han identificado más de dos mil 500 productos y 750 tipos diferentes de químicos en el fluido de perforación (6).

Los expertos señalan que más del 25 por ciento de estas sustancias pueden causar cáncer y mutaciones, el 37 por ciento afectar al sistema endócrino, el 50 por ciento dañar el sistema nervioso y el 40 por ciento provocar alergias.

“Y habría que preguntarse entonces ¿Qué pasará cuando los pozos de fracking contaminen los mantos freáticos? ¿Qué harán si falla la recolección, transporte o almacenamiento de agua o sólidos residuales radiactivos? ¿Qué acciones se harán si se afecta la salud de miles de personas? ¿Qué medidas se tomarán si se atenta contra el Derecho Humano de los mexicanos al agua y a un medio ambiente sano? Todo apunta a que la respuesta sea: NADA”.

En Greenpeace defendemos la precaución como el único modo de evitar accidentes tan lamentables como los recientes derrames en Sonora, Durango, Cadereyta y Tabasco. Es imperativo tener leyes con un enfoque precautorio, como la iniciativa ciudadana Agua Para Todos Agua Para La Vida, elaborada por académicos y  organizaciones de la sociedad civil que evitarían que la voz de las poblaciones afectadas siga siendo ignorada.

Agricultura industrial absorbe a pequeños productores

Para este 2014, Enrique Peña Nieto destinó al campo más de 338 mil 600 millones de pesos, 32 mil 700 millones más que en el primer año de su gobierno, mediante todas las dependencias y del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable.

Desafortunadamente estos recursos van destinados a dar continuidad a un modelo de agricultura industrial basado en monocultivos, uso de agroquímicos y el potencial uso de semillas transgénicas que degrada la capacidad de los ecosistemas de producir alimento sano y suficiente en México y está desplazando a los pequeños productores.

Actualmente el 92 por ciento de los recursos de la federación para agricultura va a los grandes productores del norte que operan con el modelo industrial, en lugar de incentivar proyectos de agricultura ecológica. Mientras que el 8 por ciento restante de los recursos para el campo, son para el 80 por ciento de los productores del país, que producen en terrenos menores a 5 hectáreas, en lugar de incentivar la agricultura ecológica.

En los próximos meses se presentará la Reforma al Campo que por las declaraciones de los funcionarios de este sector se vislumbra como una apertura a las semillas transgénicas, beneficiando a las grandes empresas internacionales de la biotecnología, dejando en indefensión a campesinos que por años se han conservado las semillas nativas como el maíz, de la cual México es centro de origen. Sin este intercambio de semillas mejoradas en cada ciclo agrícola hubiera sido imposible que exista una gran variedad de razas de maíz que tienen diversos usos gastronómicos en el continente Americano.

Peña Nieto no ha planteado una alternativa para el campo con apoyos que permitan el desarrollo de los pequeños y medianos productores, con prácticas amigables para el medio ambiente, en su lugar ha dado continuidad a un modelo agrícola basado en el elevado uso de insumos agrícolas (herbicidas, plaguicidas, fertilizantes) que impacta a los ecosistemas, la biodiversidad y las condiciones socio-económicas de los productores mexicanos.

La mayoría de los campesinos viven en pobreza, según datos del Coneval. La pobreza nacional en promedio es de 45.5 por ciento pero en las zonas rurales aumenta a un 65 por ciento. El 80 por ciento de los productores agrícolas del país tienen menos de 5 hectáreas y producen principalmente para autoconsumo y reciben solo el 8 por ciento del financiamiento gubernamental destinado a la producción agrícola.

La agricultura debe tener como principales objetivos producir alimentos sanos, suficientes y de calidad, además de ser el sustento y modo de vida de millones de campesinos. La situación de México indica que la agricultura no está cumpliendo con ninguno de esos objetivos ya que existe una creciente presencia de pobreza y mala nutrición.

Por un lado la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2012 muestra que el 2.8 por ciento de los niños menores de cinco años presentan bajo peso, mientras que el 71.2 por ciento de los adultos, el 34.3 por ciento de los escolares y el 35 por ciento de los adolescentes sufren sobrepeso y obesidad.

El Estado tiene la obligación y la responsabilidad de cambiar esta situación mediante el diseño de políticas públicas orientadas a hacer realidad el derecho a la alimentación, incrementar la producción alimentaria, reducir la dependencia, profundizar el financiamiento, reordenar el mercado agroalimentario, promover un desarrollo regional armónico, fortalecer la pequeña y la mediana agricultura, y aumentar la capacidad del país en materia de investigación, innovación y transferencia tecnológica

Las estrategias gubernamentales están destinadas al fracaso mientras no exista una política pública agroalimentaria y nutricional integral, de manera que los esfuerzos en la Secretaría de Salud sean vinculantes con Sagarpa, y a su vez, sean integrados a una política social bajo la coordinación de Sedesol con impacto en indicadores de resultados en materia educativa, económica, laboral y de salud; todo lo anterior con base en los derechos humanos.

Este gobierno ha ignorado las advertencias de los científicos, los agricultores y los ambientalistas sobre los riesgos de permitir el cultivo de organismos genéticamente modificados y se ha convertido en abogado de la industria de la biotecnología, en lugar de velar por la protección de nuestra diversidad de maíz, la salud del campo, el medio ambiente y el bienestar de los agricultores.

Pérdida de bosques y selvas

Uno de los grandes males de la política forestal en México es que por años ha promovido falsas soluciones a la deforestación como reforestar o tener plantaciones forestales comerciales como supuestas remedios al cambio climático, que al único lugar a donde  pueden llevarnos es a perder los bosques.

Para detener la deforestación y hacer frente al cambio climático, es necesario modificar el enfoque de la política forestal en nuestro país, que debe trabajar en sinergia con otras estrategias de uso del suelo, con base en proyectos regionales y locales para el manejo sustentable de los recursos naturales y el desarrollo rural, resolviendo las necesidades sociales, económicas y ambientales.

Sin embargo, la opacidad en el destino de recursos públicos y la falta de información verificable para conocer el estado real del sector forestal han sido una constante desde administraciones pasadas, sin que hasta ahora se hayan implementado acciones concretas para revertir esta tendencia.

A México le gusta presumir a nivel global que es un país preocupado y ocupado en atender sus compromisos internacionales y frenar la pérdida de sus ecosistemas forestales. En su reciente informe de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), el gobierno de Peña Nieto señaló que para detener la deforestación se ha seguido la estrategia de hacer más rentable la conservación o el uso de sustentable de los recursos en lugar de transformar estos ecosistemas para dedicarlos a otros usos y destaca programas como el Pago por Servicios Ambientales (PSA) y programas para el aprovechamiento sustentable.

Sin embargo, estas afirmaciones evidenciaron la incongruencia del Estado mexicano, pues recientes estimaciones del INEGI señalan que la superficie de bosques y selvas en México pasó de 35.3 a 33.8 por ciento entre 1993 y 2011, lo que significa la pérdida de 1.5 por ciento de estos ecosistemas y el propio Comité Especializado de Información de los ODM en México consideró que nuestro país está “estancado” en esta materia.

Las principales causas de esta situación son la deforestación, la conversión de bosques para destinarlos a la agricultura y ganadería,  promovida por las propias políticas de gobierno que han sido inadecuadas e insuficientes.

La tasa de deforestación en México se mantiene en cerca de medio millón de hectáreas al año, de acuerdo con datos de la UNAM y el INEGI, pero México reporta ante la FAO sólo una pérdida anual de 155 mil hectáreas.

La legislación secundaria de la reforma energética y el Paquete Verde, próximo a presentarse, representan una nueva amenaza para el sector forestal, pues abren la puerta al cambio de uso de suelo de bosques y selvas, una de las principales razones de la pérdida de estos ecosistemas, cuya tenencia de la tierra se encuentra, mayormente,  en manos de comunidades indígenas y ejidos bajo la figura de propiedad social.

El 51.4 por ciento del territorio nacional es propiedad de comunidades indígenas y ejidos, en infinidad de estos terrenos hay bosques y selvas que son la fuente de ingresos de miles de personas que gracias a su trabajo se han logrado conservar y están en riesgo de ser “ocupados temporalmente” para actividades relacionadas con el sector de hidrocarburos.

Este riesgo se repite en las 176 Áreas Naturales Protegidas (ANP) del país, que representan el 12.93 por ciento del territorio nacional, lo que equivale a 25 millones 394 mil 779 hectáreas de la superficie del país, de las cuales solo 77 cuentan con un plan de manejo, es decir el 65 por ciento de la superficie total de  ANP. A pesar del enorme avance registrado en el país sobre el inventario de la biota en las últimas dos décadas aún no se conoce el estado de conservación de muchas de las poblaciones de las especies de flora y fauna en México.

Si bien las Áreas Naturales Protegidas quedaron excluidas para la realización de actividades extractivas  de hidrocarburos, aún es posible  que dentro de ellas se puedan construir ductos para la transportación de éstos e infraestructura para la red eléctrica.

México tiene una gran  responsabilidad para la protección y manejo sostenible de sus ecosistemas y recursos naturales, por ser el 5° lugar de los 12 países megadiversos del planeta y hasta ahora la política de Peña Nieto ha estado basada en un modelo de extracción de recursos naturales, alejada de la conservación.
Fuente: http://ferriz.com.mx/vivir-verde/epn-consolida-la-devastacion-ambiental-y-lo-peor-esta-por-venir-greenpeace/
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México: La pareja de la minería y el crimen organizado en Guerrero
4 de noviembre de 2014

 

A la vez que aumentan las ganancias de las empresas extractivistas en los territorios indígenas, afros y mestizos, la coincidente presencia de los cárteles presiona a la empobrecida población a desplazarse.
Por Florencia Mercado
México. Guerreros Unidos, los Ardillos, los Rojos, los Granados, la Barredora y Cartel independiente de Acapulco, son algunas de las bandas con más fama que operan en los mismos lugares donde se encuentran Gold Corp, Minaurum Gold, Zhong Ning Mining Investment de China, Vedome Resources, Hoschild Mining, en territorios originarios de los pueblos nahuas, me’ phaa, ñu savi, comunidades campesinas mestizas y afros. Esta combinación trae un aumento en el empobrecimiento de la población, una producción de riquezas fiscalizadas de los sectores primarios y secundarios que no se traducen en beneficios y, de manera muy importante, una enorme economía informal, que pone en juego múltiples fuerzas que afectan a los indígenas por múltiples flancos.
El nombre de Cocula, después de las ejecuciones y desapariciones forzadas del 26 de septiembre de 2014 en contra de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, será recordado como el “lugar de las fosas”. “Lugar de las discordias o riñas”, es la denominación que se deriva del vocablo náhuatlcocolian, metáfora que guarda en su interior una pugna entre impunidad y deseo de justicia, entre riqueza externa y pobreza, entre oro y muerte.
Conocida como “El Cinturón de Oro” o “Media Luna”, la región minera ubicada entre el Río Balsas y Tierra Caliente es una de las más prometedoras para la explotación minera, pero no es la única. Tan sólo durante el periodo enero-diciembre 2010, el valor de la producción minera del estado de Guerrero ascendió a 7 mil 819 millones 264 mil 054.50 pesos, según datos publicados en el portal del Panorama Minero del estado.[1] Tan sólo en ese año se extrajeron 10 mil 219.80 toneladas de oro y 61 mil 743.00 de plata, además de otros minerales y materiales pétreos.
Hasta 2011, la cobertura estatal de las concesiones mineras registradas en la Subdelegación de la Secretaría de Economía (localizada en la Ciudad de Chilpancingo) era de 11.04 por ciento, ubicadas en 12 regiones: La Unión, Coyuca-Zirándaro, Cutamala, Arcelia-Teleoloapan, Buena Vista de Cuellar, Papanoa, Tlapehuala, San Miguel Totoloapan, Mezcala, La Dicha, Mochitlán-Quechultenango y La Montaña. Para 2013, se calcula que el territorio concesionado llegó al 21 por ciento, es decir, el doble de 2011. Frente a las dimensiones del territorio concesionado, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Guerrero, en el periodo 2011-2013, fue de apenas 0.5 por ciento en promedio, en contraste con el 3 por ciento de la media nacional. De esta cifra, el sector primario (agricultura, minería, etcétera) aporta sólo el 5 por ciento [2].
Siguiendo con las cifras, “en 2013, la entidad recibió 110.3 millones de dólares por concepto de Inversión Extranjera Directa, principalmente por el sector minero, representado por compañías como Minera Gold Corp, Minaurum Gold, Zhong Ning Mining Investment de China, Vedome Resources, Hoschild Mining, entre otras; todo ello en contraste con el porcentaje de población guerrerense en situación de pobreza, que fue de 69.7 por ciento, es decir 2.44 millones de personas al cierre de 2012, lo que representa un incremento frente al 67.6 por ciento de 2010”. [3]
Cocula es un municipio que cuenta con 26 localidades, que suman una superficie de 33 mil 920 hectáreas, de las cuales 92 por ciento pertenecen al régimen ejidal y 8 por ciento son de propiedad privada [4]. De esta superficie, el Proyecto Media Luna cuenta con una concesión de mil 012.24 hectáreas, ubicadas a 20 kilómetros de Mezcala [5] y a 70 kilómetros en dirección este del municipio de Iguala, sobre el margen del Río Balsas y la Presa El Caracol.[6]
Otro de los proyectos extractivos está ubicado a menos de 50 kilómetros de Iguala, en el distrito áureo denominado Filos de Goldcorp y Érika de Torex, cuyas ganancias han redituado alrededor de 32 millones de onzas de oro y más de 200 millones de onzas de plata, de acuerdo a un reportaje realizado por Bárbara Anderson para el periódico Milenio [7], titulado El oro “orgánico” de Guerrero, haciendo alusión a una entrevista con uno de los operadores de la mina, que manifestó que “el oro está muy a la mano. (…) Apenas hay que escarbar (…). La piedra casi no se tiene que moler y no hay que usar muchos químicos para limpiar el material”… Casi como los cuerpos.
En este mismo artículo Anderson sostiene que, “según un cálculo de Merrill McHenry, analista de Industrial Alliance Securities y uno de los gurús del análisis extractivo global, el costo de producción por onza en la región está por debajo del promedio de 325 dólares que ofrece México, contra un promedio de 600 dólares a nivel global”. Esto es uno de los costos de producción de oro más bajos de todo el mundo.
Otros inversionistas que han puesto la mira El Cinturón de Oro son Grupo Peñoles y Torex Gold Resources [8], quienes proyectan invertir mil 200 millones de dólares en la explotación de dos minas de oro ubicadas en los municipios de Cocula y Teloloapan, según informó el Secretario de Desarrollo Económico local, José Enrique Castro, quien sostuvo que los proyectos se concretarán en 2015. [9]
Desplazamientos y reubicaciones
El portal oficial del estado de Guerrero[10] publicó que el 24 de julio de 2014, la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Beatriz Mojica Morga [11], visitó el lugar donde se reubicarán 170 familias de las comunidades Real de Limón y La Fundición del municipio de Cocula, que serán afectadas por la operación de la empresa minera Media Luna, establecida en la comunidad de Nuevo Balsas. Los habitantes serán “reubicados” en el predio denominado El Potrerito, donde se construyeron 170 viviendas que
albergarán a más de mil personas de las comunidades que tendrán afectación directa por la empresa minera Media Luna, S.A. de C.V. [12]
Cerca de esta región se encuentra la comunidad de La Laguna, de la que fueron desplazadas 45 familias custodiadas por el ejército mexicano a raíz de la inseguridad. Al respecto, organizaciones de derechos humanos han denunciado que este desplazamiento tiene como trasfondo la industria extractiva, ya que se trata de territorios concesionados para tal efecto con el ingrediente de la presencia de cacicazgos tan famosos como el de Rogaciano Alba Álvarez, ex dirigente de la Unión Ganadera Regional de Guerrero y acusado del asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa.
La población, desde luego, no ha permanecido inerme ante la instalación de las empresas extractivas. El 4 de septiembre, trabajadores de Media Luna iniciaron un paro de labores, bloqueando el acceso a la minera para demandar mejores prestaciones y mayor capacitación[13]. Este día también denunciaron que a las cinco de la mañana del jueves 3 de septiembre, 15 camionetas pickups con personas vestidos de negros, sin placas, con alrededor de siete u ocho elementos por camioneta, detuvieron a los hermanos Rebolledo Salinas y se los llevaron. A este ataque antecede el que sufrió el día 22 de agosto Eligio Rebolledo Salinas, hermano de los tres secuestrados, quien fue herido gravemente por otro comando.[14]
En otras latitudes de Guerrero
La organización social que hizo público su rechazo a la minería en Guerrero fue la Policía Comunitaria, que en 2010 inició la campaña “A corazón abierto, defendamos la madre tierra”, cuyo el objetivo fue informar a las comunidades sobre los efectos de la megaminería tóxica, la importancia del derecho a la consulta contenido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la violación que implica la concesión de sus territorios sin su consentimiento y, sobre todo, la necesidad de defender el territorio legal y legítimamente.
La respuesta de las autoridades estatales nunca fue explícita, ya que más allá de una campaña de “minería verde” emprendida por la Secretaría de Economía de Guerrero, y de señalar a la región Costa-Montaña como el ejemplo de resistencia a la minería, no hubo acciones para emprender una consulta, ni tampoco señalamientos directos a los líderes de la organización por las acciones de defensa. El Estado más bien actuó en base a usos y costumbres, a sabiendas que los pueblos contaban con los derechos establecidos en la Constitución de Guerrero, la Federal y en la legislación internacional. Fue así que comenzó una campaña de cooptación, consistente en otorgar recursos a algunos líderes, como fue el caso de Eliseo Villar, mientras reprimía a cualquiera que representara algún tipo de disidencia.
Ante esta campaña basada en usos y costumbres que emprendió el estado, la campaña contra la minería se fue diluyendo y, salvo valiosas excepciones, como es el juicio de amparo que tramitaron los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, ante la falta de consulta en la concesión del subsuelo de la comunidad de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec[15], ninguna organización indígena o ciudadana ha vuelto a mencionar la situación de la minería en el estado de Guerrero.
El intento de Tlachinollan por hacer nuevamente visible al extractivismo en la agenda nacional, en los últimos dos años, se ha visto opacado por las múltiples detenciones de dirigentes sociales de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC). Destacan los casos de Nestora Salgado García, coordinadora regional de autoridades comunitarias de Olinalá[16], Arturo Campos Herrera, consejero de la CRAC de El Paraíso[17], Gonzalo Molina González [18], Bernardino García Francisco, coordinador regional de la Casa de Justicia del El Paraíso y sobreviviente de la masacre del El Charco, todos acusados de secuestro agravado, delincuencia organizada y, en dos de los casos, se amplía la denuncia a terrorismo y sedición. Esto se suma a las más de 40 detenciones arbitrarias y nueve procesos abiertos en contra de policías comunitarios en ejercicio de sus funciones, entre los que destaca la detención de Marco Antonio Suástegui, en la última región incorporada a la CRAC: La Parota.
Las cifras oficiales mantienen un margen gigantesco entre una las enormes ganancias que obtienen las empresas extractivas y la creciente pobreza de la población, que se agudiza con las reubicaciones, los conflictos y, en casos más graves, los desplazamientos forzados. Todo ello, sin considerar la economía “negra” que se mueve a lo largo y ancho del estado[19], cuyas ganancias no sólo obedecen a la producción y el tráfico de estupefacientes; sino también al secuestro y la extorsión.

Notas Fuente original: Desinformemonos  Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Mexico_La_pareja_de_la_mineria_y_el_crimen_organizado_en_Guerrero

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