NUNCA MÁS BUITRES
Nuestro país ha
recibido un nuevo revés en los tribunales de los Estados Unidos. El resultado no
podía ser otro. Fue el propio Estado argentino quien se ha venido sometiendo
desde la dictadura a la fecha, atado de pies y manos, a las condiciones del
capital trasnacional, renunciando a sus derechos soberanos, aceptando ser
juzgado ante la justicia de los propios acreedores y sosteniendo que no tenía
opción al “honrar” una deuda, probadamente, ilegítima e ilegal. Alternativas hay, por lo que llamamos a las autoridades
argentinas – a la Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, al Congreso
Nacional, al Poder Judicial – a asumir sus responsabilidades para no seguir
pagando lo que no debemos.
Esta vez, fue la Corte Suprema
estadounidense la que rechazó el pedido argentino de frenar, al menos
hasta diciembre, los efectos de los fallos anteriores. El costo para el pueblo
argentino, en términos de salud, educación, empleo y otros derechos
fundamentales, será mucho más grave que el embargo de la “Libertad ” hace dos
años, ordenado en esta misma causa. El Estado argentino ha sido condenado a
pagar de inmediato el 100% de los bonos holdouts demandantes, unos U$S 1.330
millones, si quiere evitar una nueva suspensión de pagos a los bonistas que
entraron en los canjes de 2005 y 2010. Pero sin dudas, el fallo será además un
estímulo para nuevos reclamos judiciales, lo que podría implicar, según anunció
la propia Presidenta ,
unos U$S 15.000 millones adicionales.
Este panorama
confirma que la deuda es “inmanejable”.Desde 2003 a la fecha se pagaron
no menos de U$S 173.000 millones. Sin embargo, pese a ello, hoy la deuda
asciende a más de U$S 240.000 millones, cuando en 2002 era de U$S 144.212
millones – y hace apenas un año, de U$S 209.000 millones.
La única
realidad es que todas las re-negociaciones de deuda realizadas desde 1983 a la fecha han
fracasado rotundamente. Cada una de ellas se
presentó como la solución final al problema de la deuda pero la
terminaron agravando. Es que mientras no se enfrente
de raíz el problema, asumiendo las consecuencias de su
ilegalidad e ilegitimidad y anulando las leyes, tratados y acuerdos que siguen
otorgando privilegios a los capitales transnacionales, la deuda
continuará poniéndonos de rodillas.
Lamentablemente, el gobierno nacional
persiste en su estrategia de 'manejar' la deuda, tornándonos al pueblo
argentino en pagadores seriales
de una deuda imposible de saldar. Su objetivo principal es volver a los
mercados internacionales para colocar allí más deuda y traer nuevas
inversiones, intentando así resolver su crisis de pago provocada por la falta
de liquidez que el aumento de los déficit fiscal y externo le han causado
– de una manera que la historia nos ha señalado, tampoco logrará los resultados buscados.
Estos déficits
se venían tapando hasta el momento mediante un creciente
endeudamiento intra-Estado, o sea, pagando a terceros acreedores con bonos
que se cancelan con fondos provenientes de organismos públicos (ANSES, Banco
Central, Banco Nación, Lotería Nacional, etc). Pero este mecanismo de pago se
encuentra agotado, por lo que urge al gobierno retomar el camino del endeudamiento
externo.
Y es para
lograr ese fin que el gobierno nacional viene cumpliendo con pasos previos que
el capital transnacional le exige: arreglo de la
deuda con el Club de París y holdouts, cumplimiento de los laudos del CIADI y
pago de indemnización a REPSOL por la “nacionalización” de YPF (todo
con emisión de más deuda pública, renunciando a la revisión de los
reclamos, cediendo nuevamente jurisdicción y acordando cifras y condiciones
infladas y secretas).
El
re-endeudamiento externo implicará mayores compromisos de pago y más
condicionalidades externas. Esto es, más ajuste y empobrecimiento, más
liberalización, más dependencia y presión extractivista contra los bienes
naturales, lo que derivará, tarde o temprano, en una nueva crisis de pago, y así
sucesivamente en este círculo vicioso de la deuda.
Es necesario
romper con la lógica perversa de la deuda, repudiarla por ser una estafa al
pueblo argentino y un instrumento de dominación y dependencia que nos
ata a un modelo productivo depredador de la naturaleza y violador de los derechos humanos. El sistema de la deuda y el
modelo impuesto, dirigido fundamentalmente a producir “commodities” en
beneficio de los países centrales, son los responsables de la creciente concentración de la riqueza
con su contracara de pobreza, marginación y violencia. El pueblo argentino no
ha sido beneficiario de una deuda contraída por quienes no representaron sus
intereses, viciada de fraudes e ilegitimidad y, no puede ni debe soportar sobre sus espaldas el pago de la misma. Nuestro pueblo no sólo no es deudor
sino que es acreedor de una justa y legítima deuda social que crece cada día y
que debe ser pagada cuanto antes.
Como primera
medida, es preciso suspender
los pagos hasta tanto una Auditoria Participativa e Integral determine si hay tramos de la misma
que puedan considerarse legales y legítimos. Contamos con el antecedente de
Ecuador, que en 2007 dispuso una Auditoría de la Deuda Pública que
permitió calificar de “ilegal, ilegítima y corrupta” a gran parte de la misma. Y en nuestro
propio país, con el invalorable aporte de la causa “Olmos”, donde en la
sentencia se dieron por probados centenares de ilícitos en el proceso de
endeudamiento del período 1976/82 que dio origen directo a los bonos hoy en
manos de los fondos especulativos llamados “buitres”.
Una Auditoria
supone también denunciar la
institucionalidad que subordina a la Argentina a los intereses del gran capital,
tales como la cesión de jurisdicción, los tratados y acuerdos
de inversión y comercio y la pertenencia al CIADI. Y asumir en la
práctica que los derechos humanos tienen primacía por sobre cualquier acuerdo
comercial de deuda, según señala el derecho nacional e internacional.
Además, la
Justicia argentina tiene que declarar
la nulidad absoluta de los actos delictuales investigados
en la causa “Olmos” y proseguir con las demás demandas abiertas, incluyendo las
del escandaloso Megacanje de 2001 y el Canje de 2010.
El Congreso de
la Nación debe también desempolvar la causa “Olmos” y exigirle al Poder
ejecutivo que pida nulidades y demande la reparación del daño a los que
resultaron contraparte de la Nación en los actos ilícitos.
Porque los
privilegiados deben ser los acreedores internos de la deuda social, y no los
acreedores externos de una deuda ilegítima e ilegal que condiciona a la miseria
y al atraso al pueblo argentino.
FIRMAS
INICIALES:
Adolfo Pérez
Esquivel, Premio Nobel de la Paz
Nora Cortiñas,
Madre de Plaza de Mayo – Línea Fundadora
Mirta
Baravalle, Madre de Plaza de Mayo – Línea Fundadora
Diálogo 2000 –
Jubileo Sur Argentina
Servicio Paz y
Justicia SERPAJ
ATTAC Argentina
Programa de
Deuda Ilegítima y Justicia Ecológica de la Federación Mundial
Luterana
Juan Yahdjián,
Movimiento Social Misionero
Cátedra de
Derecho y Deuda Externa Pública, Facultad de Derecho, UBA
Sume su
adhesión enviando un mensaje a:nuncamasbuitres@gmail.com
Más
información: http://dialogo2000.blogspot.com/p/nunca-mas-buitres.html
¡No debemos- No pagamos!
¡Somos nosotr@s l@s acreedores!
¡Somos nosotr@s l@s acreedores!
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[AW] Invitamos a
adherir: NUNCA MÁS BUITRES
Firman con contundencia y por
principios:
Marta Speroni,
militante internacionalista por los DDHH.
Alejandro
Cabrera Britos, delegado general ATE SENASA MARTÍNEZ
Carlos
Guanciarrosa, Agrupación Enrique Moscón, FeTERA
Carlos Loza,
AGP, junta interna Asociación General de Puertos
Eduardo
Espinosa, ATE, Ministerio de Desarrollo Humano Pvcia. Bs.As.
Carina Maloberti,
Consejo Directivo Nacional – ATE-CTA
Convocatoria
por la liberación
Nacional y Social, Frente Sindical:
Agrupación
Martín Fierro (Varela, Mar del Plata y Neuquén)
Agrupación
político sindical Tolo Arce
Centro Cultural
“Alejandro Olmos”
Convocatoria
Alte. Brown
Convocatoria
Matanza
Convocatoria
Capital Federal
Convocatoria
Comunidad campesina Tartagal-Salta
Biblioteca
Popular Fernando Jara, Cipoletti, Río Negro
Herman
Schiller, periodista y conductor de “Leña al fuego” y “Aguantando de pie”
Susana Rearte,
Coordinadora en defensa del patrimonio público y de la Soberanía
María
Rosa González, comunicadora social
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