Miércoles 6 de marzo de 2013, por Prensa Federación Judicial
Argentina | "El discurso presidencial de apertura del año legislativo da
un nuevo y mayor impulso a un antiguo reclamo popular que, desde hace años,
brega por una profunda reforma judicial que salde el déficit democrático de la
magistratura y del sistema mismo de justicia en nuestro país".
"Sin perjuicio de un análisis específico de los
proyectos de ley en los que plasmen ese ímpetu oficial, se puede coincidir con
el planteo de que se impone una mayor participación ciudadana en el diseño y
composición del Poder encargado de impartir justicia. Sin embargo no perdemos
nunca de vista que el modelo judicial no
es ajeno ni independiente del modelo de país, por el contrario se correlacionan
y retroalimentan.
"Si
esto es así, el problema del acceso y la democratización de la justicia no
pueden analizarse sólo en el marco del sistema judicial existente, sino en el contexto social,
económico, político y cultural en el que se inscriben las instituciones del
poder judicial cuanto la gente, en su conjunto, que
requiere resolución de conflictos con sentido de equidad y ajustado a la
Constitución y las leyes, y en este contexto muchas de estas últimas promueven
lo contrario como es el ejemplo del sistema impositivo en el que se exime de
pagar impuestos a multinacionales y se grava el trabajo.
"De
ahí, que las desigualdades que determinan las relaciones económicas y sociales
(la inequitativa distribución de la riqueza, los diferentes poderes
adquisitivos, etc.), las diferencias culturales, entre otras cuestiones inciden
objetiva y subjetivamente en el modo en que se resuelve la efectivización judicial de los derechos y garantías.
"Son
lamentablemente mayoritarios los juristas, doctrinarios y politólogos que
desconocen esta relación y que analizan el problema desde un punto de vista
intrínseco de la justicia que tenemos, como si los diseños ideales y las
instituciones reales exclusivamente referidos al sistema judicial,
puedan resolver la cuestión con autosuficiencia. Por el contrario, nosotros,
sostenemos que no existe posibilidad de un sistema judicialinclusivo
en una sociedad que margina, que excluye, que segmenta con sentido negativo.
"Por
tanto, en lo que se refiere al acceso a la justicia comienza con un Estado que
cumple plenamente con los derechos y garantías que establece la Constitución Nacional
y los tratados internacionales, especialmente aquellos que refieren a los
derechos humanos. Porque en tanto exista pobreza, marginación, empobrecimiento,
privilegios, nadie puede decir que hay acceso a la justicia porque existe
excelenciajudicial.
"¿Qué
decir, entonces, cuando en lugar de eso, desde el Poder Ejecutivo Nacional se
niega el cumplimiento de sentencias judiciales que,
como en el caso de los jubilados y pensionados, constituye un abierto conflicto
de poderes? ¿Qué decir de una Presidenta que habla de la industria del juicio y
sin embargo toma decisiones automáticas que generan juicios automáticos por
diferencias en las liquidaciones de los jubilados, atorando la capacidad de los
tribunales y a despecho de lo que solicitara al respecto la Corte Suprema de
Justicia de la Nación? ¿Qué decir de la mayoría de los jueces que rechazan el
restablecimiento del sistema de porcentualidad salarial derogado en su momento
por la dictadura genocida y posteriormente por Menem-Cavallo, consagrándose así
la más inequitativa relación salarial entre jueces y trabajadoresjudiciales de
todos los tiempos. ¿Qué decir de la Corte de Justicia de la Nación que
fundamentó ante la OIT que a los trabajadores judiciales no
les corresponde discutir sus derechos y remuneraciones salariales en
paritarias?".
Lejos de la excelencia judicial
"La
crisis del sistema judicial es
muy antigua. O quizás debamos decir que a ciertas crisis le sucedieron otras y
otras. O que ciertas crisis fueron resueltas en beneficio de los sectores del
privilegio y eso supone más crisis para los sectores populares.
"Por
ejemplo, al ya deteriorado sistema judicial del
siglo veinte, que formó parte del Estado terrorista construido a mediados de
los setenta, le sobrevino una etapa post dictadura plagada de contradicciones,
en la que más del 90 por ciento de los jueces eran los mismos que en la época
dictatorial, y de allí se pasó a un nuevo avance del neoliberalismo que,
recetas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, terminó de
empeorar las cosas. Quizás la máxima expresión de ese desastre haya sido la
nefastamente famosa Corte Menemista, de la mayoría automática, que fue puesta
en la picota por las enormes movilizaciones de masa del 2001 y 2002.
"Ese
sistema judicial se correspondió, como anillo al dedo,
al modelo de sociedad capitalista vigente en nuestro país. Quien quiera definir
a la justicia desconociendo pues esa inscripción más general en el sistema
social, político, económico y cultural, se coloca en una tesitura absolutamente
abstracta y a la vez estéril. Porque ambas desigualdades se potencian: la
desigualdad social se potencia con la desigualdad del sistema judicial.
"Con
eso no queremos decir que primero hay que transformar toda la sociedad y,
luego, recién, pensar en el sistema judicial. Hay una dialéctica en el proceso
transformador que tiene que apuntar a desarrollar acciones en ambos niveles,
que coadyuvarán a conseguir el objetivo que perseguimos.
"Sin
ir más lejos, hoy estamos empeñados en evitar la destrucción del fuero laboral.
El concepto inicial de la creación del fuero laboral fue el de instituir un
espacio protectorio de los trabajadores, que resuelva sus conflictos de
derechos con las patronales, de manera que atienda especialmente a la desigual
relación de fuerzas que se establece entre las clases sociales que concurren a la justicia. Así se
atendía precisamente a ese derecho de acceso a la justicia para una masa enorme
de población, que hoy sigue siendo la mayoritaria desde el punto de vista
numérico, que son los trabajadores.
"Con
idas y venidas, con avances y retrocesos, durante los últimos cuarenta años,
asistimos a un progresivo deterioro del fuero que no es resultado meramente de
un abandono, de un dejar de hacer, sino de una política expresa de eliminar la
idea y el hecho de ese fuero específico.
"El
último golpe en contra del fuero laboral le ha sido asestado recientemente con
la sanción de la nueva Ley
de Riesgos del Trabajo, en virtud de la cual se le resta competencia a favor
del fuero civil. Un fuero que no tiene aquellas compensaciones a la desigual
relación que existe entre patrón y trabajador".
¿Qué se está afectando en ese caso? El acceso a la
justicia
"Porque
no se resuelve el acceso a la justicia con solo lograr que un trabajador pise
el suelo de los tribunales, sino que se resuelve cuando ingresa a un espacio en
el que sus derechos puedan ser garantizados, conforme a lo que disponen las
leyes y la Constitución.
"A
partir de la sanción de la nueva ley de riesgos, el acceso a la justicia para
los trabajadores se ha tornado difícil, mucho más que antes. Así mismo, por
citar otros temas dentro de una lista enorme de ellos, los fenómenos de
tercerización y privatización de la justicia, impulsados sobremanera durante la
embestida neoliberal de los ‘90, fueron otros agravantes de la ya devaluada
justicia argentina.
"Quizá,
el ejemplo paradigmático es el de la mediación. Instituir
instancias privadas y onerosas, previas a la llegada a los tribunales, solo
podía beneficiar a los sectores pudientes en perjuicio de aquellos que ya les
resultaba difícil llegar y pagarle a un abogado.
"A
espaldas de esta realidad, la mediación privada se extendió por todo el país y
no solo persiste hasta la actualidad sino que aún se pretende extenderla. El
Estado debe abandonar la búsqueda de la verdad aras de un proceso judicial económico. En el fuero penal las
reformas de los códigos procesales en el sentido de garantizar los derechos de
las víctimas y procesados en acuerdo con los tratados internacionales de los
DD.HH. fueron bienvenidas, pero detrás de esos nobles objetivos se introdujo el
pensamiento neoliberal de limitar del Estado y concebir como “antieconómica“ la
obligación de los Jueces, Fiscales y Defensores de averiguar la “verdad real“,
eximiéndolos de semejante objetivo, desnaturalizando el proceso donde el juez
se limita a ser un árbitro entre las habilidades de fiscales y
defensores-tornando ilusorio en muchos casos la posibilidad de satisfacción
alguna. También se introduce el concepto Justicia como mercancía y así se
consideran penas tasadas en dinero para quienes cometen delitos aberrantes.
"En
realidad el problema de garantizar acceso a una justicia democrática, es el
problema de los sectores más vulnerables, o diríamos mejor si dijésemos
vulnerados.
"No
es el problema de las multinacionales, ni de las grandes corporaciones, ni de
las clases sociales que concentran la mayor riqueza. Ellos no sólo tienen
garantizados sus derechos, sino que son dueños de los derechos de los demás. Y
si alguien pone en riesgo sus posesiones, tienen dónde recurrir, desde los
tribunales internacionales corporativos, como el CIADI, hasta los jueces
locales elegidos con listas escritas sobre servilletas.
"Cabe
aclarar que nuestro saber no sólo se construye y construyó desde nuestra
condición de pertenecer a la clase trabajadora, condición asociada también a
nuestra capacidad de relacionarnos con la comunidad y sus organizaciones por lo
que conocemos los padecimientos de nuestro pueblo en los tribunales, donde la
mayoría de los jueces terminan siendo el reaseguro de un sistema de dominación
que favorece a los poderosos y que en muchos casos hacen prevalecer el derecho
de propiedad a los derechos humanos.
"Los
que suscribimos este documento somos militantes de la CTA, en muchos casos,
desde su fundación en los ‘90, desde su primer Congreso en el Luna Park
encontraremos valiosas conclusiones en sus resoluciones asumidas por miles de
compañeros que en plurales debates, acompañaron a la FederaciónJudicial Argentina
y a numerosos organismos de Derechos Humanos, construyendo, propuestas para
democratizar la justicia, al mismo tiempo que se promovían iniciativas para
terminar con las desigualdades que, cómo decíamos, determinan las relaciones
económicas y sociales. Fue así que, se lograron avances en la selección de los
magistrados en Chubut, Santa Cruz y Entre Ríos y también en diciembre del 2001
junto a los Abogados Laboralistas, las Madres Línea Fundadora, la Asamblea de
vecinos de Plaza Lavalle y numerosas organizaciones sociales y personalidades,
instalamos el ’que se vayan todos’ contra la Corte menemista. Durante más de
dos años semanalmente nos movilizamos hasta que se logró la remoción, la
renuncia de los que garantizaban la mayoría automática, modificándose
sustancialmente el perfil de la Corte de la Nación.
"El
problema es la democracia en todos los sentidos. Democracia social, económica,
política. Democratización de la justicia en ese marco.
"A
partir de ese enfoque global, puede establecerse un extenso menú de
alternativas específicas que pasan tanto por desmantelar los avances del
neoliberalismo, depurar el pasado terrorista de nuestro sistema judicial, establecer formas participativas y
democráticas en la determinación del diseño del sistema judicial tanto
como de los que deben integrar sus tribunales.
"Así,
el tema de la democratización es en realidad el tema de una justicia para
todos, en el marco de una sociedad para, de y por todos".
Víctor Mendibil, Hugo Blasco, Carlos Ordoñez, Matías Fachal, José Luis
Ronconi, José Rigane, Julio Gambina, Elia Espen, Carlos Chile, Guillermo Diaz,
Gabriel Martinez, Carla Rodriguez,
Néstor Jeifetz, Manuel Gutiérrez, Julio Bertomeu, Marcos Wolman, Julio Acosta, Gustavo Teres, Beatriz Rajland, María Elena Saludas,
Eduardo Smith, Leandro del Greco, Mariano Randazzo, María Teresa Núñez, siguen
las firmas...
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