Un grito de
democratización con poco aire en el pecho
Por Suyai Lutz para ANRed
En
las últimas semanas, el Gobierno nacional puso en la agenda la reforma del
Poder Judicial y desde distintos sectores salieron a criticar y debatir el
proyecto, tanto el contenido como la forma de presentación. Ahora bien, ¿de qué
se trata la reforma impulsada por el Ejecutivo?
La iniciativa consiste
en varios proyectos de ley que se discutieron entre el martes y jueves pasados
en el Congreso. Tres de las propuestas, relacionadas con la transparencia del
Poder Judicial, consiguieron el pasado miércoles la media sanción en Diputados
–donde el kirchnerismo no cuenta con mayoría propia–, sin demasiadas polémicas.
Estos son los proyectos de publicidad y acceso directo a las declaraciones
juradas de los funcionarios (aprobado con 140 votos positivos y 101 negativos),
la creación de un registro público de causas (que obtuvo 136 votos a favor y
106 en contra) y el de acceso igualitario al Poder Judicial (aprobado por 133
votos a 109), que dispone la realización de exámenes y sorteos públicos para
ocupar los distintos puestos, y al cual se había opuesto el sindicato de
Judiciales, dirigido por Julio Piumato, con un paro de 72 horas desde el
miércoles 17 de abril.
Por otro lado, el plan
de reforma judicial también implica tres proyectos de ley que sí han
desencadenado un debate mayor. Uno de ellos es el que propone la creación de
tres cámaras de casación: una en lo Contencioso Administrativo Federal –a la
cual llegarían las causas donde el Estado nacional o sus organismos fueran
parte–, una para el Trabajo y la Seguridad Social –que entendería en los reclamos
de trabajadores y jubilados–, y una en lo Civil y Comercial. Esto implicaría
añadir una instancia de revisión más (la tercera) de las sentencias, antes de
que llegaran a la
Corte Suprema. En su defensa se sostiene que esto
descomprimiría de trabajo a la Corte, pero varios juristas afirman que esta
reforma agravaría tanto la demora en llegar a una decisión final como los
costos de los juicios. Tal es el caso del abogado constitucionalista
Roberto Gargarella, quien señalo en FM La Tribu que “Si, por un lado, no se hace nada para que litigar sea menos
oneroso, para que sea obligatorio tener un abogado para darle ayuda especial a
los pobres y garantizar su acceso a la Justicia y, al mismo tiempo, se prologan
los juicios cinco o 10 años más, ninguna persona sin recursos va a estar
dispuesta a empezar siquiera un juicio con esas perspectivas”. Otro de los
proyectos que generó polémicas con varios sectores de la oposición es el que
establece la modificación del Consejo de la Magistratura. Este
es el órgano encargado de elegir a los jueces de los tribunales inferiores y de
la administración del Poder Judicial. (…)
Los
proyectos que apuntan a la transparencia del Poder Judicial (publicidad de las
declaraciones juradas de los funcionarios, acceso igualitario al Poder Judicial
y creación del registro público de causas) son medidas progresivas; sin
embargo, lejos están de abarcar en su totalidad la cuestión de la
“democratización de la Justicia”. Por su parte, el proyecto de modificación del
Consejo de la Magistratura, si bien no apunta a un control efectivo de la
ciudadanía de las decisiones de este organismo, tiene puntos positivos, como la
elección a través del voto de quienes lo componen y la incorporación de
profesionales de otras áreas, lo cual otorgará una visión interdisciplinaria al
Consejo. El argumento de la “independencia de la Justicia”, en tanto, resulta algo
endeble: la influencia política en la Justicia se ve claramente en casos como
el de Marita Verón o el reciente fallo por la causa de Mariano Ferreyra.
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