Pronunciamiento
de PLATAFORMA 2012.
Por Río Bravo.
Ante un
debate fundamental y necesario como el de la reforma del sistema judicial, este
texto aporta argumentos para comprender críticamente el proceso en marcha. Sus
formas y las cuestiones de fondo. ¿Aporta a la “democratización”? ¿Por qué sí,
por qué no?
Desde
Plataforma 2012 estamos convencidos de que existen las bases sociales
necesarias para forjar un acuerdo amplísimo en favor de una reforma judicial:
una reforma que comprenda a la justicia en sus bases, en sus estructuras, en su
sustancia y en su forma. Sin embargo, la reforma judicial que busca imponer el
gobierno presenta graves defectos tanto de fondo o sustancia, como de forma.
Entre sus defectos de fondo se destaca que dicha reforma contradice los
intereses de los sectores más desprotegidos de la sociedad. Entre
sus defectos de forma, tal como está planteada, la reforma representa un
agravio en términos de procedimiento democrático.
El
sentido común exige que una reforma significativa de las reglas que ordenan la
vida pública sea debatida y acordada por el mayor número posible de personas, y
no por una elite o un sector político, con desconocimiento o desprecio de lo
que piense el resto. Por si la invocación al sentido común no bastara, podrá
agregarse que nuestra Constitución exige exactamente lo mismo (arts. 78, 83,
100 inc. 9 o 106): en el Congreso, las leyes deben ser el resultado de la
discusión y el acuerdo de los distintos grupos, previo a cualquier votación.
Una mera parodia de debate (a la que nos tiene habituados el gobierno actual, a
través de situaciones en donde la oposición se queja y el oficialismo sólo
espera su tiempo para imponer en la votación su voluntad, sin modificaciones),
no representa sólo una falta de respeto a los que piensan diferente: representa
una violación de la Constitución, que merece ser reconocida y sancionada como
tal, esto es, con la declaración de inconstitucionalidad del acto.
Empecemos
por lo que la reforma propone respecto de las medidas cautelares. Las
cautelares nacieron para favorecer a los ciudadanos más débiles frente al poder
estatal. Por esa razón las dictaduras fueron hostiles a ellas. Por eso Domingo
Cavallo se sintió molesto con ellas. Por eso el macrismo tiene -e impulsa- un
proyecto similar en la Legislatura porteña. Por eso, durante los `90 los
sindicatos recurrieron habitualmente a ellas para frenar las políticas de
flexibilidad laboral. Por eso, en la crisis de 2001-2002 los jubilados, los
trabajadores y las clases medias en general, recurrieron también a ellas para
evitar que el Estado les arrebatara sin justificación sus ahorros. Por eso, en
la actualidad, las comunidades indígenas, las asambleas ciudadanas y las
organizaciones sociales y ambientales recurren a ellas, para lograr frenar el
despojo y destrucción de sus territorios, el peligro de la contaminación, para
demandar el acceso a la vivienda, entre tantos otros Derechos Humanos
vulnerados.
De ningún
modo los abusos que algunos jueces pueden cometer con las cautelares (abusos
como los que pueden cometer con cualquier instrumento que tienen a su alcance)
puede llevarnos a justificar la virtual anulación de las mismas, que es lo que
hoy se propone. No sólo porque ningún proceso puede resolverse en 6 meses (3
meses en los amparos) sino, además, por el hecho de imponer una caución real
previa al dictado de la medida (sólo quienes tengan dinero podrán tutelar sus
derechos) y el efecto suspensivo de la apelación por parte del Estado (es
decir, que con sólo apelar se suspenden los efectos de la medida cautelar).
Mucho peor que ello, el proyecto presentado por el gobierno alienta las
cautelares que por otro lado combate, ya que el Estado podrá utilizarlas contra
los trabajadores en huelga o contra militantes en acción de protesta. As
sucede, conforme con lo establecido por el artículo 17 del proyecto, que
ninguna lectura progresista de la reforma puede dejar de reconocer como
inaceptable.
Sigamos
entonces con otra de las reformas propuestas: la creación de más instancias.
¿Cuál es la justificación de las mismas, en términos democráticos y de justicia
social? ¿Cuál es la justificación de las mismas, cuando lo que se logra no es
lo que precisamente se invoca -combatir a la corporación judicial- sino
aumentar su poder y su número? De este modo, la reforma burocratiza aún más e
innecesariamente, en lugar de democratizar, como es debido, a la justicia.
Lo que
está en juego resulta ser mucho más grave que lo sugerido: para las clases
trabajadoras, para los jubilados, para los desprotegidos, esta medida no
conlleva ningún beneficio. Por el contrario, implica graves perjuicios: los
juicios prometen prolongarse, cuando ni los obreros ni los jubilados ni los
miembros de una comunidad indígena están en condiciones de iniciar y mantenerse
en litigio (cuando han conseguido iniciarlo) más que un breve tiempo. Cualquier
promesa de tornar el proceso más largo lo único que hace es aumentar,
proporcionalmente, el poder de extorsión de las clases dominantes que, por el
contrario, sí puede soportar -cuando no alientan directamente- la extensión de
plazos y la no finalización de juicios que puedan perjudicarlos. En esas
condiciones, las clases dominantes pueden, simplemente, forzar a los más
débiles a resolver el conflicto a través de arreglos extrajudiciales,
objetivamente inconvenientes para los más desaventajados.
Por otro
lado, tomemos el caso de la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura. En
primer lugar, existe un acuerdo muy extendido dentro de la comunidad jurídica
(abarcando, notablemente, a sectores afines al oficialismo) en que la elección
propuesta entra en conflicto con el texto de la Constitución y la intención de
sus creadores. En segundo lugar, debe decirse que, en el mejor de los casos, la
reforma de la Magistratura se propone emparchar una institución que funciona
mal, y a través de modos que no atacan la raíz de sus males. Pocos años atrás,
el oficialismo nos quiso convencer de que el Consejo de la Magistratura deba
reducirse, porque el alto número de sus miembros impedía su buen
funcionamiento. Hoy, la reforma propuesta casi duplica en número a sus
integrantes, invocando los mismos argumentos de eficiencia que antes se
invocaban para reducirlo. En realidad, la reforma del Consejo requeriría ir en
dirección opuesta a la señalada: hay que facilitar el funcionamiento del
organismo, en lugar de aumentar su burocracia, y se debe apuntar, en todo caso,
al control popular del organismo, en lugar del control partidario. La
democratización de la justicia requiere mayor discusión pública colectiva,
sobre los asuntos públicos, y no mayor control de la mayora en el gobierno,
sobre el órgano que debe controlarlo.
¿Finalmente,
en qué sentido la reforma propuesta se muestra hostil con los intereses de los
más pobres, de los desprotegidos, de los marginados del modelo actual? Como es
habitual en el oficialismo, la reforma se monta sobre un discurso pico que se
contradice con sus resultados timoratos, antipopulares y favorables a las
mismas corporaciones que dice atacar.
Desde
Plataforma 2012 consideramos que cualquier proyecto sensato de democratización
de la justicia deberá empezar por favorecer la llegada de las clases populares,
esto es, de los sectores desprotegidos de la sociedad, a los tribunales. Ello,
sobre todo, a la luz de tres cuestiones:
I) La actual
situación de desigualdad que, virtualmente, imposibilita el acceso de los
sectores populares a la justicia;
II) Los
formalismos y barreras jurídicas que hoy existen y que bloquean dicho acceso;
III) La
cantidad de soluciones existentes, sencillas y conocidas en toda América
latina, capaces de ayudar a remediar el drama de la falta de acceso de los
sectores populares a los tribunales.
Existen
decenas de cambios al alcance y poco costosos, aplicados ya exitosamente en
América Latina: por ejemplo, bajar los costos del litigio; hacer no-obligatoria
la participación o contratación de abogados; eliminar formalismos; ampliar la
legitimación para litigar (facilitando que cualquiera llegue a tribunales
rápidamente y sin complejidades innecesarias); establecer el juicio por
jurados, proponer la creación de tribunales ambientales, favorecer el litigio
colectivo; priorizar la atención de los más pobres, los más postergados. Pero,
pudiendo hacerlo y existiendo cantidad de caminos posibles para lograrlo (tómense
los ejemplos de Colombia, Costa Rica, India, Sudáfrica, entre otros, y
mecanismos como los de la tutela; las acciones de clase; la ampliación del
standing; la jurisdicción epistolar impulsada en la India), el gobierno se ha
resistido a democratizar la justicia en su sentido más obvio y elemental.
Ocurre en
realidad que el oficialismo no quiere hacer estos cambios. Y no se trata de que
la reforma es buena aunque no hace todo lo posible, todo lo que nos gustara que
haga. No. Se trata de que lo que hace, lo hace mal y, en buena medida, en
dirección contraria a la que debió haber adoptado, si lo que le interesaba era
servir a los más necesitados. Y para ello, como ha sucedido en muchos otros
casos, el oficialismo manipula y bastardea los ideales que más nos movilizan o
emocionan, los que más sentimos como propios.
Una vez
más estamos perdiendo una oportunidad importante para realizar un cambio en
favor de la democracia y la justicia social.
Primeras
firmas:
Osvaldo
Acerbo, Mirta Antonelli, Jonatan Baldiviezo, Héctor Bidonde, Jorge Brega, José
Emilio Buruca, Diana Dowek, Lucila Edelman, Roberto Gargarella, Adriana Genta,
Mónica Galán, Analía González, Diana Kordon, Darío Lagos, Alicia Lissidini,
Rubén Lo Vuolo, María Inés Luchetti, Gabriela Massuh, Elba Pérez, Alberto
Pinus, Marcelo Plana, Alfredo Saavedra, Pablo Stefanoni, Maristella Svampa,
Nicolás Tauber Sanz, Osvaldo Tcherkaski, Jaco Tieffenberg, Enrique Viale,
Patricia Zangaro, Mariano Rosa.
Para
adhesiones: plataforma.2012 @ yahoo.com.ar
www.riobravo.com.arFuente: http://vozentrerriana.blogspot.com.ar/2013/04/una-reforma-judicial-antipopular-y.html
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