PRESENTACIÓN
DEL INFORME
Marzo 2012
Desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia
siempre hemos sostenido la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy, y
contra el avasallamiento de los derechos básicos y por eso venimos
realizando una intensa campaña contra la criminalización de la protesta y
la persecución y asesinatos de luchadores populares. Este primer
informe que aquí presentamos es el resultado de la sistematización de la
situación de causas abiertas en todo el país entre el 2001 y el 2012
contra los sectores populares movilizados: contra organizaciones sindicales, de
derechos humanos, partidarias, contra movimientos de trabajadores
desocupados, territoriales, estudiantiles, contra comunidades indígenas y
grupos ambientalistas, entre otros. Actualmente existen en nuestro país
más de 4000 personas criminalizadas y judicializadas, y el número de
víctimas asesinadas por luchar desde el año 2001 asciende a más de
70. En la coyuntura actual entendemos que es fundamental insistir en la
defensa y reivindicar el legítimo derecho a la protesta, ya que es la base
para la preservación de todos los demás derechos. Si este derecho nos falta,
todos los demás derechos están en riesgo.
¿Qué entendemos por criminalización de la
protesta? La criminalización de la protesta es una estrategia política que
presenta ante la sociedad a la lucha por los derechos sociales como
delitos y a los sectores que las promueven como delincuentes. La protesta
por lograr conquistas favorables a diferentes sectores populares, es un derecho
que no requiere permiso ni acepta censura. A lo largo de nuestra
historia, nuestro pueblo se ha manifestado en las calles, se ha
organizado de diversas maneras para hacer escuchar su voz y defender sus
reclamos. La criminalización de las luchas es una de las formas que
asume la represión para inmovilizar a las organizaciones populares y amedrentar
a todos aquellos que se hacen cargo del legítimo derecho de organizarse y
exigir la resolución de sus necesidades.
En
algunos casos es utilizada como paso previo a la represión abierta,
directa, y en otros, articuladamente con ésta. Son diferentes mecanismos con el
mismo fin de dominación y control social. Como exponemos en este
informe la criminalización de las luchas es un instrumento que ha sido
utilizado con diferentes intensidades por todos los gobiernos de turno y
que hoy aplica el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para
intentar disciplinar y amedrentar a todos aquellos que cuestionan la
miseria y la opresión, y para frenar la organización y las luchas desplegadas
por los trabajadores y por los diferentes movimientos populares.
Hoy se
pretende sancionar a las organizaciones populares a través de la persecución
penal de sus integrantes y dirigentes, y el encarcelamiento es utilizado
como “castigo ejemplificador”.
¿Qué
se busca con la criminalización de la protesta?
Con la
criminalización de la protesta el Estado apunta a varios objetivos al mismo
tiempo.
- Por un lado, frenar el
conflicto social, acallando, disciplinando, atomizando y domesticando las
disidencias.
- Por otro, correr el
eje de la injusticia denunciada por diferentes sectores movilizados hasta
plantear que lo que está sucediendo es un “delito”, una “amenaza
para el orden legal”, una “violación a la ley”, deslegitimando la
lucha.
Esa
operación mediática y política sobre la opinión pública es más intensa
cuanto más lejos se está de querer resolver la situación que dio origen a
la protesta.
Las
metodologías para criminalizar la protesta varían pero los objetivos se
mantienen. A partir del repudio popular a los asesinatos de Darío y Maxi en junio de 2002, y de las condiciones
políticas heredadas del 2001, el gobierno de Néstor Kirchner se vio
obligado a apelar a un abanico de metodologías: desde la cooptación hasta
la judicialización, y desde la vía libre al accionar de las patotas hasta
la represión estatal directa, para quebrar las redes y lazos de solidaridad que
se habían desarrollado entre las organizaciones movilizadas. Se acentuó
la criminalización política y mediática de las organizaciones
independientes del Estado. Innumerables manifestaciones de la protesta
popular se han desarrollado durante estos años: puebladas; movilizaciones;
cortes de ruta; huelgas; escraches a genocidas; acampes; piquetes;
ocupaciones de fábricas, de tierras y de edificios públicos, han sido
distintas expresiones de la protesta de nuestro pueblo. En las fábricas y
empresas avanza un proceso de organización independiente del Estado y las
patronales, que pone en pie las asambleas y cuerpos de delegados en oposición a
las burocracias de los sindicatos.
Por su parte el Ministerio de Trabajo es una correa
de transmisión de esta política a través de conciliaciones obligatorias,
declaración de ilegalidad de las huelgas, desconocimiento de los cuerpos
de delegados y de los nuevos sindicatos a favor de la burocracia sindical
y los intereses empresariales.
A casi
nueve años de la asunción de Kirchner y ya atravesando el segundo mandato de
Cristina Fernández, afirmamos que la impunidad, la represión y la
persecución a los luchadores sigue siendo una finalidad de las políticas de
Estado, porque la criminalización de la protesta social es una
herramienta necesaria para sostener un sistema que privilegia las
ganancias de una pequeña minoría a costa de las necesidades y
sufrimientos de las mayorías populares. Denunciamos por eso que este
gobierno, que se presenta como defensor de los derechos humanos y dice
condenar los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, en
los hechos descarga el peso del aparato judicial para perseguir la
protesta social del presente.
Al día
de hoy solamente hay 850 genocidas procesados, y más de 4000 luchadores
criminalizados. Desde junio de 2010 han sido asesinados 18 luchadores
populares y estos crímenes permanecen impunes. En los últimos años
existe una tendencia a agravar las imputaciones utilizando figuras penales
gravísimas que penden como una amenaza sobre la libertad de dirigentes y
luchadores, cuestionando derechos como el derecho a la huelga y a la
movilización popular.
El
Gobierno Nacional impulsa esta política de criminalización como lo
demuestran las declaraciones de sus funcionarios: Aníbal Fernández con su
amenaza “a los que saquen los pies del plato los perseguiremos con el código
penal en la mano”, la
ministra Garré acusando de “desestabilizadores” a los
desocupados que se oponen al clientelismo, y la misma presidenta calificando de
extorsivos los reclamos y las huelgas de los trabajadores. Ha
quedado al descubierto en la
causa Kraft el espionaje de este gobierno sobre las
organizaciones populares a través del Proyecto X de Gendarmería y de
otros organismos de Inteligencia con el reconocimiento de la Ministra de
Seguridad, y ha quedado demostrado que se utiliza ese espionaje para armar
las causas judiciales con las que son perseguidos numerosos trabajadores y
luchadores. Desde diciembre de 2011, la ampliación de la Ley Antiterrorista
que había sido sancionada en 2007, representa un peligro que merece el
más enérgico repudio y torna urgente la exigencia de su derogación.
La
mayoría oficialista que ha votado en tiempo record los tratados internacionales
contra el terrorismo y dos leyes antiterroristas, se ha negado
sistemáticamente en los últimos nueve años a tratar los diferentes
proyectos de ley contra la criminalización de la protesta. La
profundización de la represión intenta frenar el proceso de organización de los
sectores populares en un año que se presenta con topes salariales,
aumento de tarifas y ajuste. Este informe pretende ser un aporte a la
plena vigencia del derecho a luchar, a la conquista de todas las
reivindicaciones populares y al juicio y castigo a todos los responsables
de los crímenes contra el pueblo.
Por
todo ello decimos:
- CIERRE DE LAS CAUSAS Y
ANULACIÓN DE LAS CONDENAS A LOS MAS DE 4000 LUCHADORES POPULARES
PROCESADOS
- DEROGACIÓN DE
- CASTIGO A TODOS LOS
RESPONSABLES POLÍTICOS Y MATERIALES DE LOS ASESINADOS POR LUCHAR BASTA
DE ESPIONAJE A LOS LUCHADORES OBREROS Y POPULARES.
Asociación
de Ex-Detenidos Desaparecidos - AEDD Asociación de Profesionales en Lucha
- APEL Centro de Abogados por los Derechos Humanos -CADHU Centro de
Profesionales por los Derechos Humanos - CEPRODH Coordinadora
Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo - CADEP Coordinadora contra la Represión Policial e
Institucional - CORREPI Liberpueblo
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