Examinemos la subordinación de las FFAA y la injerencia militar imperialista, así como "la creación del Fondo Nacional de la Defensa para reequipar a las Fuerzas Armadas con la posibilidad de recibir aportes nacionales o internacionales, privados o públicos". En el contexto regional de "agudización de la crisis, las protestas y, si me permiten, la lucha de clases: una tendencia a la mayor centralidad y participación de las FFAA en la política y la represión interna".

EL CÍRCULO ROJO

La soberbia armada

24 de noviembre de 2019

La cada vez mayor presencia militar en la región más allá y más acá del golpe de Estado en Bolivia. Editorial de “El Círculo Rojo”, programa de La Izquierda Diario que se emite los domingos por Radio Con Vos, 89.9.

Fernando Rosso

@RossoFer

En la era del predominio de las imágenes, la velocidad de las redes y la cultura digital, hay retratos que son todo un editorial en sí mismos. Esta semana circuló una foto de Jeanine Añez, presidenta de facto de Bolivia, sentada con una cruz y la biblia delante, y un general del Ejército atrás. Ahí estaba todo: los que siguen negando el golpe de Estado en el país hermano, simplemente son ciegos o cómplices. O una combinación de ambos.

 Pero, como escribí en un artículo publicado hoy en Tiempo Argentino, lo que sucede en Bolivia es una expresión extrema de una tendencia presente en la región ante la agudización de la crisis, las protestas y, si me permiten, la lucha de clases: una tendencia a la mayor centralidad y participación de las FFAA en la política y la represión interna.

 Lo observamos en Brasil, obviamente, con Jair Bolsonaro, el mismo un exmilitar, pero además con una presencia de militares o exmilitares en el poder Legislativo y Ejecutivo. Sin ir más lejos, Río de Janeiro está militarizada. También lo vimos en Ecuador, en medio de las protestas contra el ajuste, cuando el presidente Lenín Moreno se refugió en el blindaje militar para proteger a su gobierno. Esta semana le tocó a Colombia, ante el paro general del jueves pasado en rechazo a las contrarreformas laboral y previsional, el primer mandatario Iván Duque ordenó cerrar las fronteras, acuartelar a los militares y enviarlos a realizar “tareas de acompañamiento” junto a la Policía para controlar la calle. Finalmente, ante la continuidad de las movilizaciones, junto al alcalde de Bogotá declaró directamente el toque de queda y cedió el dominio de la ciudad a los uniformados. También ocurrió en Uruguay, donde no solamente un excomandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, obtuvo cerca del 11 % de los votos en las elecciones presidenciales de este año con su partido “Cabildo Abierto”, sino que se sumó a la coalición del candidato derechista Luis Lacalle Pou para el balotaje que tuvo lugar hoy. Pero además, y esto pasó después de la publicación de la nota de Tiempo, cuando empezaba la veda por las segunda vuelta, Manini Ríos viralizó un video político-electoral dirigido directamente a los miembros de las FFAA y el Centro Militar publicó un editorial en el mismo sentido que tiene conceptos ideológicos de ultraderecha, macartistas y cuasifascistas. Por último, en Chile,observamos la presencia castrense casi en vivo y en directo en la calle, pero esta semana también el Estado Mayor Conjunto dio un salto: emitió un comunicado firmado por las tres armas contra el informe de Amnistía Internacional por las evidentes violaciones a los derechos humanos que se producen en las represiones cotidianas que ordena Sebastián Piñera.

 En ese contexto, se aprobó esta semana en la Argentina -a propuesta de quien probablemente será el ministro de Defensa de Alberto Fernández- Agustín Rossi, la creación del Fondo Nacional de la Defensa para reequipar a las Fuerzas Armadas con la posibilidad de recibir aportes nacionales o internacionales, privados o públicos. Estuvo muy bien el alerta de Myriam Bregman (que algo conoce esto) no sólo sobre el hecho, sino también sobre la oportunidad. Alguien que lo festejó exultante en las redes sociales fue Elisa Carrió: dijo que fue “un triunfo del Congreso: aprobamos el reequipamiento de las Fuerzas Armadas!”. No hay remate.

 El año pasado, Mauricio Macri también quiso aprobar una resolución para autorizar que las FFAA participen en tareas de seguridad interna y en su discurso apuntó a “despegar” a los hombres de uniforme de cualquier relación con el genocidio. “Los hombres y mujeres de las FFAA del siglo XXI son hombres y mujeres de la democracia”, dijo. Si uno mira el continente, no parece que sea así. Y en este marco también se entienden todos los intentos negacionistas de la dictadura que quisieron instalar en los últimos años por el simple hecho de que pretenden allanar el camino para, si es necesario y tienen las condiciones, recurrir a la carta militar.

 No se trata de afirmar que se van a repetir necesariamente escenarios iguales a los del pasado, entre otras cosas, porque hay diferencias en la historia, las tradiciones y en las relaciones de fuerza de cada país. Pero sí de alertar sobre un hecho político de consecuencias estratégicas que tienen que ver con la naturaleza del Estado y de su núcleo duro, especialmente cuando las papas queman. Vale la pena recordar que Williams Kaliman, el ahora excomandante en jefe las FFAA de Bolivia y el hombre que le “sugirió” renunciar a Evo Morales fue nombrado por él; que el uruguayo Guido Manini Ríos fue comandante en jefe del Ejército bajo el gobierno de Tabaré Vázquez y propuesto por “Pepe” Mujica; así como César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani fue designado por la administración anterior.

 Son conclusiones político-estratégicas necesarias que tienen que tener en cuenta no sólo los que quieren cambiar radicalmente el régimen político y social, sino también cualquier demócrata consecuente que pretenda velar por el cumplimiento irrestricto de las mínimas libertades democráticas.

https://www.laizquierdadiario.com/La-soberbia-armada

Comprobemos que plata hay cuando se trata de financiar “juegos de guerra” al servicio del imperialismo. O a la hora de pagar la deuda al servicio de los buitres. Sin embargo, a la hora de hablar de paritarias o jubilaciones, el gobierno no tiene reparos en apelar a la solidaridad y la necesidad de “ajustarse todos un poco”.

INJERENCIA IMPERIALISTA

Lo votó Diputados: un portaaviones yanqui con 5000 marines recorrerá la costa argentina

30 de enero de 2020

Salvo el Frente de Izquierda, el conjunto de los bloques votó a favor de esta escandalosa medida que había sido impulsada por el Ministro de Defensa de Macri, Oscar "Milico" Aguad. No hubo "grieta" entre el PJ y Juntos por el Cambio.

Diego Iung

Los últimos días estuvieron marcados por la determinación de avanzar en el sometimiento de nuestro país a los mandatos imperiales.

La semana pasada estuvo la visita de Alberto Fernández al Estado terrorista de Israel. Allí el mandatario argentino no realizó ni un esbozo de condena a la política de sometimiento del pueblo palestino. Por el contrario fue elogiado por el primer ministro de este país, Benjamín Netanyahu, por mantener la calificación de la organización Hezbollá como "terrorista".

Esta semana tuvo lugar la votación del proyecto por la “Sostenibilidad" de la deuda pública externa. En el recinto de Diputados, peronistas, macristas y radicales votaron en total unidad a favor de garantizar los intereses de los grandes especuladores. Aunque esto sea sobre las espaldas del pueblo trabajador.

Mandan las Armas

Con el silencio cómplice de los grandes medios, este mismo miércoles la Cámara de Diputados votó otra resolución escandalosa: la realización de ejercicios conjuntos con las Fuerzas Armadas de distintos potencias, empezando por los Estados Unidos. A eso hay que sumar otros que se harán con Francia, Alemania, China, Rusia y países limítrofes.

Entre estos últimos hay que contar al Brasil del ultraderechista Jair Bolsonaro o el Chile del repudiado Sebastián Piñera, quien continúa en su afán represivo contra la protesta social.

Quizás el más grotesco de esta larga lista de ejercicios (que se realizarán tanto en territorio nacional como en el extranjero), es aquel denominado “GRINGO GAUCHO”, en el cual la Armada norteamericana participará nada menos que con un portaaviones, que llevará cinco mil efectivos a bordo. Lo acompañará una fragata con 330 militares más. Tan evidente es la sumisión que, por el lado argentino, participarán como máximo 134 efectivos.

Todo esto frente a las costas argentinas. Resultan insólitas las justificaciones que se desarrollan en el proyecto que se envió al Congreso. Allí se lee, por ejemplo, que "el pasaje de un portaaviones de la ARMADA de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA frente a nuestras costas es una oportunidad de adiestramiento en una actividad de alta exigencia profesional. Por otra parte, una operación combinada, de alta complejidad, que involucra distintos componentes del poder naval, implica una excelente prueba para ponderar nuestro grado de interoperabilidad y nivel de confianza mutua”.

¿Qué confianza cabe tener en el mismo Ejército imperialista que sistemáticamente cumple el papel de Policía mundial? El mismo que hace pocas semanas puso a Medio Oriente al borde de la guerra nuevamente, al asesinar de manera unilateral al general iraní Qasem Soleimani?

En otro de estos ejercicios a realizarse junto con el ejército norteamericano -y varios otros ejércitos latinoamericanos-, el UNITAS FASE ATLÁNTICO, se utilizarán armas y equipamientos tales como: un Destructor MEKO-360, un Helicóptero PH-3 SEA KING y una Corbeta MEKO-140, además de varios cientos de efectivos.

Sin grieta

A excepción del Frente de Izquierda, este plan de ejercicios conjuntos fue votado por todos los diputados del macrismo, radicales y del Frente de Todos, incluidos aquellos y aquellas que suelen reivindicarse “progresistas”.

Podemos nombrar aquí a Gabriela Cerruti, Itaí Hagman, o Andrés “Cuervo” Larroque, entre muchos otros y otras. También sumaron su voto positivo los representantes del PCR, Juan Carlos Alderete y Verónica Caliva. ¿El antiimperialismo? te la debo.

Raro ejemplo de progresismo, votando la colaboración con las mismas Fuerzas Armadas que gestionaron la tristemente célebre Escuela de las Américas en los tiempos del Plan Cóndor.

Armas, deuda y solidaridad

Cada uno de estos ejercicios tiene un presupuesto aproximado de varios millones de pesos (algunos incluso cuestan decenas). Parece que plata hay cuando se trata de financiar “juegos de guerra” al servicio del imperialismo. O a la hora de pagar la deuda al servicio de los buitres. Sin embargo, a la hora de hablar de paritarias o jubilaciones, el gobierno no tiene reparos en apelar a la solidaridad y la necesidad de “ajustarse todos un poco”.

Injerencia

Los últimos tiempos en la región estuvieron caracterizados por la recuperación de protagonismo de las Fuerzas Armadas: desde el golpe de Estado en Bolivia a la participación en el gabinete de Bolsonaro de numerosos militares, pasando por el avance represivo en aquellos lugares que protagonizaron levantamientos populares como Ecuador o Chile.

También en los últimos años recrudeció la presión del imperialismo norteamericano. Su activo apoyo al intento golpista en Venezuela y al golpe efectivo en Bolivia muestran esa creciente injerencia.

Repudiarla es una necesidad que se impone para el pueblo trabajador latinoamericano. Este miércoles por la noche, los diputados de los bloques mayoritarios votaron en un sentido completamente contrario.

Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/Lo-voto-Diputados-un-portaaviones-yanky-con-5-000-marines-recorrera-la-costa-argentina

Recordemos la Minustah en Haití y repudiemos que "las Fuerzas Armadas argentinas desplieguen militares en misiones como Unficyp (Chipre), Minurso (Sáhara Occidental), Untso (Jerusalem, Tiberias y Damasco) y Minusca (República Centroafricana)". Y "que, bajo los ropajes de capacitaciones, asesoramientos y demás operaciones de mediana envergadura, militares estadounidenses, israelíes o de potencias europeas ingresen sin ser noticia y permanezcan un buen tiempo. De hecho, el expediente que acaba de votarse en diputados tiene cierto “delay”, ya que comprende operaciones planificadas y ejecutadas por el gobierno anterior".

PELIGROSO

¿Y el antiimperialismo? El PTP y Patria Grande votan ingreso de tropas extranjeras a Argentina

30 de enero de 2020

Los maoistas Alderete y Caliva e Itaí Hagman votaron junto a peronistas, radicales y la Coalición Cívica la participación de las Fuerzas Armadas en misiones imperialistas y el ingreso al país de militares extranjeros.

En la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación de este miércoles, toda la atención se la llevó la votación del proyecto del Gobierno de Alberto Fernández, de “Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Extranjera”, que procura encarar la renegociación de la fraudulenta, ilegal e ilegítima deuda pública con los acreedores privados y los organismos internacionales.

Por eso pasó prácticamente desapercibida la votación del Expediente 0073-S-2019, cuyo breve texto dice: “Autorizar la salida del personal y medios del Estado Mayor Conjunto de la Armada, del Ejército y de la Fuerza Aérea Argentina del territorio de la Nación, y el ingreso de tropas extranjeras en él, según correspondiere, para la realización de los ejercicios combinados estipulados, a realizarse entre el 01/09/2019 Y EL 31/08/2020”.

El texto obtuvo 214 votos afirmativos y solo 2 negativos. Entre los afirmativos se cuentan votos del Frente de Todos, del PRO, de la Unión Cívica Radical, de la Coalición Cívica, del Frente Progresista Cívico y Social, del Partidos Socialista y de bloques provinciales. Los negativos fueron los de Nicolás del Caño (PTS) y Romina del Plá (PO), ambos del Frente de Izquierda Unidad.

La única posición antimperialista

Del Caño hizo una fuerte crítica al proyecto. “Parece que al igual que en el salvataje a los especuladores, en este tema no va a haber grieta en este proyecto. Reviste una gravedad enorme, porque dice que votemos a libro cerrado un decreto firmado por Macri el 8 de agosto donde se habilitan estos ejercicios comunes de las Fuerzas Armadas con otras fuerzas, como el imperialismo norteamericano. Casualidad no es, si tenemos en cuenta las polít6icas de este gobierno que son condicionadas por el acuerdo con el FMI”. También denunció que el país siga perteneciendo al Grupo de Lima, “con países que estuvieron de acuerdo con el golpe en Venezuela y en Bolivia”. Del Caño leyó un extracto del proyecto, donde habla del “mar gringo gaucho” y el anexo explica que “es un ejercicio naval de oportunidad”. “¿Qué tiene que hacer la Armada argentina con los marines norteamericanos a pocas millas de Malvinas? Nadie puede desconocer el apoyo de EE.UU. a los ingleses”. “Vamos a repudiarlo, porque creemos que hay que expulsar a EE.UU. de América Latina y a los ingleses de Malvinas".

También Del Plá criticó el proyecto. La diputada del PO-FIT denunció que "se quedaron en el Grupo Lima con los golpistas". Además se preguntó. "¿Hace falta explicar acá lo que significó la intromisión de los EE.UU en las Fuerzas Armadas de América Latina?".

Disciplina

Lo ¿curioso? fue la “disciplina” que evidenciaron algunos diputados y diputadas que suelen hablar de antiimperialismo, quienes encolumnados en el bloque del Frente de Todos votaron sin chistar por una resolución alineada inocultablemente con las políticas proimperislistas. Es el caso de Juan Carlos Alderete y Verónica Caliva del PTP (PCR-CCC) y de Itaí Hagman de Patria Grande.

En el caso de los diputados del maoismo, se ausentaron de la votación del proyecto de “Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Extranjera” para no quedar tan pegados a una política deliberadamente cipaya. Pero en el caso del permiso para que ingresen tropas militares extranjeras al territorio argentino y para que militares nacionales participen de las misiones de la ONU (siempre al servicio de los intereses de las potencias imperialistas), decidieron quedarse en el recinto y votar positivamente. Si no querían votar en contra de su bloque, al menos podrían haber sido parte de los 40 ausentes, pero prefirieron disciplinarse.

Vale recordar que bajo el eufemismo de “ejercicios combinados”, “ejercicios conjuntos”, “misiones de paz” y demás formulaciones se suelen enmascarar políticas planificadas y digitadas directamente por las potencias imperialistas que conducen organismos como la ONU, la OEA y la OTAN. Políticas de intervención directa en países oprimidos para controlar sus procesos políticos, sus recursos económicos y evitar cualquier viso de autodeterminación nacional.

Actualmente, según información oficial, las Fuerzas Armadas argentinas tienen desplegados militares en misiones como Unficyp (Chipre), Minurso (Sáhara Occidental), Untso (Jerusalem, Tiberias y Damasco) y Minusca (República Centroafricana). Y como la Organización de Naciones Unidas permanentemente lanza nuevas misiones, no hay que descartar que en un futuro próximo se inauguren nuevas participaciones de cascos azules o blancos argentinos en ellas.

En el caso del ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional, lo que predomina son “ejercicios combinados” con fuerzas armadas de países latinoamericanos. Pero ya ha sucedido en el pasado reciente que, bajo los ropajes de capacitaciones, asesoramientos y demás operaciones de mediana envergadura, militares estadounidenses, israelíes o de potencias europeas ingresen sin ser noticia y permanezcan un buen tiempo. De hecho, el expediente que acaba de votarse en diputados tiene cierto “delay”, ya que comprende operaciones planificadas y ejecutadas por el gobierno anterior, cuyo ministro de defensa Oscar “El Milico” Aguad no era precisamente un antiiperialista.

Históricamente, la izquierda y los organismos de derechos humanos denunciaron tanto la participación de las Fuerzas Armadas (con los llamados “cascos azules”, por ejemplo) en el exterior, a la zaga de las tropas de Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, Israel y demás potencias opresoras (exigiendo al Estado el retiro de esas misiones); como así también el ingreso de esas mismas tropas (o agencias de seguridad y defensa de esas potencias imperialistas) en territorio argentino con la excusa de “capacitaciones” u “operativos de entrenamiento”. En muchas de esas ocasiones, el PTP-PCR-CCC y Patria Grande han sido parte de las denuncias y no faltaron en sus dirigentes grandes discursos “patriotas” y antiimperialistas.

Pero algunas cosas parecen estar cambiando. Ahora, la disciplina de bloque estaría llevando a esos agrupamientos políticos a una nueva reivindicación de Marx. No de Carlos, sino de Groucho. Una reivindicación de la memorable frase del humorista neoyorquino: “estos son mis principios, pero si no le gustan tengo otros”.

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Debemos "destacar la histórica situación de opresión de los pueblos originarios y afrodescendientes, hoy agravada por la expansión de las industrias extractivas. Ésta encuentra en la Argentina una exacerbación particular o extrema a raíz de la persistente negación de lo indígena, al cual se niega o no se reconoce otro lugar que el de la exclusión y la marginalidad. El esquema de “progreso” estimulado por las políticas de Estado, no incluye a los indígenas (históricamente los ha excluido), pero lo que une los actuales modelos de desarrollo con aquellos del pasado, es que ambos conllevan la expulsión y desplazamiento de poblaciones".

Sentencia del Tribunal del Juicio Ético a las Transnacionales

(...)

Al respecto, este Tribunal ha constatado que ninguna de las empresas representativas de los modelos extractivos aquí analizados incorpora operativamente o respeta los principios preventivo y precautorio contenidos en la Ley General del Ambiente (Ley Nro. 25.675, sancionada el 6 de noviembre de 2.002), que son la base de todo el derecho ambiental.

Éstos son:

Principio de prevención:a través del cual se establece que las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir.

Principio precautorio:a través del cual se establece que, cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente.

Principio de equidad intergeneracional:a través del cual se establece que los responsables de la protección ambiental deberán velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras.

Respecto de las violaciones de Derechos Culturales

La violación de Derechos Culturales se manifiesta en una diversidad de situaciones, en una compleja trama que incluye desde la mercantilización de la vida a la invisibilización de las culturas consideradas subalternas y la desapropiación de saberes ancestrales. Entre otras violaciones, este Tribunal ha constatado:

* Imposición de un sistema alimentario global que tiene consecuencias catastróficas en la alimentación, ya que los sistemas alimentarios locales y las prácticas culturales y culinarias tradicionales se ven erosionadas, lo cual conduce tendencialmente a su extinción.

* Desapropiación de plantas y saberes asociados a ellas. Las empresas transnacionales son responsables de biopiratería, del robo y la apropiación de los saberes de los pueblos.

* Negación, invisibilización y borramiento de la historia y la cultura de los pueblos y sustitución por un pensamiento uniforme referido a un orden global hegemónico.

* Afectación del territorio de las comunidades indígenas, que constituye la base de su cosmovisión e identidad cultural y social. Un caso testigo presentado ante este Tribunal es el del Proyecto Navidad, referido al traslado de un cementerio mapuche de la zona (en la época en que el proyecto estaba en manos de la empresa IMA – Inversiones Mineras Argentinas), palmaria demostración de que el emprendimiento está emplazado en territorio ancestral. Esta ruptura de las formas de vida tradicionales ha generado el surgimiento de refugiados ambientales que han perdido sus territorios y en muchos casos han ido a engrosar los barrios marginales de las ciudades en condiciones de pobreza, miseria y exclusión.

* Generación de escenarios propicios para el incremento del consumo de drogas, el juego y la constitución de redes de trata de mujeres para la prostitución, debido a las condiciones laborales de estas industrias, caracterizadas por la concentración de hombres solos en zonas de explotación petrolera o localidades cercanas.

* Alteración de las formas de vida de los pueblos, desconocimiento de sus usos y costumbres, y negación de sus identidades.

* Destrucción y afectación del patrimonio arqueológico de la región.

* Las políticas de legitimación, como la mal llamada “compensación ambiental”, por ejemplo, a través de los bonos verdes, significa de hecho la compra de un permiso para contaminar, y las “disculpas” por contaminar.

Respecto de las violaciones de Derechos Civiles y Políticos

El Tribunal considera que este modelo de maldesarrollo pone en jaque a la democracia y los derechos fundamentales de los pueblos, porque avanza sin consenso de las poblaciones, generando todo tipo de conflictos sociales, de divisiones en la sociedad, y una espiral de la criminalización de las resistencias que, sin dudas, abre un nuevo y peligroso capítulo de violación de los Derechos Humanos, y habilita la consumación de nuevos genocidios.

En consecuencia, este Tribunal considera que no se trata solamente de una discusión económica, técnica o ambiental, sino también de una discusión política sobre los alcances mismos de la democracia.

Entre las violaciones y atentados a los derechos civiles y políticos se han constatado:

*Desterritorialización del Estado y desestatización del territorio. La omnipresencia de los intereses de las corporaciones transnacionales ha implicado una significativa pérdida de la capacidad de regulación y control de los territorios, esto es una pérdida de soberanía nacional y popular. Uno de los casos emblemáticos es el de la compañía Barrick Gold, que gracias a la firma de un tratado binacional controla porciones del territorio argentino y chileno.

* Corrosión institucional y corrupción política: en tanto grupos de presión con fuerte capacidad  de lobby, las empresas transnacionales intervienen activamente en la formulación de políticas nacionales, imposición o remoción de funcionarios, derogación y/o sanción de diferentes normativas en sus diferentes niveles, cooptación de medios de comunicación en función de sus objetivos económicos y en detrimento de derechos constitucionales fundamentales.

* Pago de sobornos a funcionarios públicos con el fin de ocultar información y/o evitar la realización de serias evaluaciones de impacto ambiental y social de sus emprendimientos además de sus métodos de producción y comercialización. Asimismo, la estrategia que se conoce como “puertas giratorias” implica que altos funcionarios de la administración del estado pasan a ocupar cargos importantes en las empresas y viceversa, lo que les otorga la posibilidad de conocer y de influir en las decisiones gubernamentales.

* Control social y estigmatización de perspectivas críticas, visiones diferentes y organizaciones y sujetos que las expresan. Este Tribunal ha podido constatar la construcción de una narrativa descalificadora y estigmatizante, a través de la difusión e imposición de un discurso hegemónico en nombre del “desarrollo” y la “defensa del empleo” (a través de medios de comunicación, universidades, fundaciones, publicaciones del sector, entre otros). Entre los dispositivos de control social, las empresas transnacionales implementan la llamada Responsabilidad Social Empresaria (RSE), con proyectos “comunitarios” que les permiten realizar un “lavado verde de su imagen” y desarrollar políticas de cooptación y asistencialismo de las poblaciones afectadas por sus explotaciones, a fin de lograr la licencia social para las empresas. Un ejemplo de ello son los proyectos de forestación con especies exóticas de coníferas en zonas cordilleranas por empresas petroleras como YPF y Chevron, que incrementan los monocultivos forestales en campos de veranada de las comunidades mapuche y crianceros criollos. Estos generan conflictos territoriales por la afectación de las rutas de trashumancia y la reducción de los espacios de pastoreo, además de impactar sobre el bosque nativo expuesto al avance  colonizador de estas especies exóticas.

* Prohibición y/o no realización de Consultas Públicas a las poblaciones sobre temas relevantes, tal como lo prevé la reforma de la Constitución Nacional de 1.994, en relación a la implementación de proyectos extractivos que afectan severamente las condiciones de vida de la población. Los casos emblemáticos analizados por este Tribunal corresponden a la industria minera. A excepción de la consulta realizada en la localidad chubutense de Esquel (2.003), todas las otras consultas solicitadas por la población y/o los municipios han sido prohibidas (Calingasta, Tinogasta, Andalgalá., Iglesias, Loncopué).

*Denegación del acceso a y ocultamiento de la información pública, acerca de los diferentes proyectos extractivos, sobre todo en lo que respecta al estadio de desarrollo e informes de impacto ambiental. Se testimonió el ocultamiento de información, como ocurrió con Monsanto en relación a las consecuencias negativas sobre la salud que trae el PCB (bifenilos policlorados), aceite químico refrigerante que se utiliza en los transformadores eléctricos, que fue el producto estrella de la empresa por más de cincuenta años, aún después de haberse demostrado que es causante de hepatitis, cáncer y diabetes. Lo mismo ocurrió en relación al agente naranja, utilizado para arrasar aldeas y cultivos, despejar los bosques y facilitar los bombardeos a la población durante la guerra de Vietnam. Su utilización trajo como consecuencia la muerte de 400.000 vietnamitas y 500.000 nacimientos de niño/as con malformaciones, además de bajas en el propio ejército norteamericano.

*Cierre de los canales de expresión pública, debido al control de los medios de comunicación por parte de sectores interesados en promover dichos proyectos extractivos, y  publicidad engañosacomo en el caso del glifosato, presentado porMonsantocomo un producto biodegradable e inocuo para la salud.

-Agravamiento de la criminalización y judicialización de la protesta social, represión y amenazas sobre las poblaciones que se niegan a la implementación y/o avance de los proyectos empresariales. Este dispositivo global encuentra una potenciación en el marco de la expansión de las industrias extractivas.

Entre los casos presentados ante este tribunal están los siguientes:

-En el sector de agronegocios denuncia la fiscalía de Monsanto: “Desalojos compulsivos, abusos policiales, apremios ilegales, asesinatos, entre otras violaciones han sido moneda común desde la aceleración de la expansión agrícola producida por la irrupción de la soja transgénica y el paquete tecnológico asociado forman parte de las estrategias de criminalización y represión que sufren las comunidades que se oponen a la desaparición de las formas tradicionales de producción campesina ante el avance de una agricultura sin agricultores”. Estos hechos son realizados con el concurso de la represión institucional, responsabilidad de los Estados.

-En el caso de la industria petrolera, los conflictos desencadenados entre empresas del sector y las comunidades mapuche por concesiones, exploración o explotación en territorios ancestrales han tenido como respuesta la represión y judicialización de integrantes de las comunidades, como en el caso de la comunidad Lonko Purán en la zona centro de Neuquén.

- En provincias como Salta, Neuquén y Jujuy, la campaña de deslegitimación contra las organizaciones de trabajadores desocupados, llevada a cabo desde los sectores de poder y por el propio gobierno nacional, con fuerte presencia mediática, favoreció un contexto de rechazo a la protesta social, reforzando una política de represión policial que viene desarrollándose desde mediados de los ´90 en las provincias con mayores niveles de conflicto social.

- Militarización de los territorios en conflicto. En estas estrategias represivas participan tanto las fuerzas de seguridad públicas como privadas, provinciales como nacionales, e incluso las patotas vinculadas a la burocracia sindical han intervenido violentamente en diferentes conflictos.

En el caso de las empresas petroleras, se viene registrando un despliegue de las fuerzas de seguridad, en aras de reprimir las demandas de las comunidades indígenas, organizaciones sociales y trabajadores petroleros, que afectan la producción de los yacimientos o instalaciones de procesamiento o transporte de hidrocarburos. Los controles de población en las fronteras, la creación de fuerzas policiales especiales en las diferentes provincias, las bases y operativos militares, y leyes antiterroristas nacionales forman parte de este denso dispositivo multiescalar de militarización.

En las áreas de explotación minera, la represión apunta a tildar como fundamentalistas ecológicos a activistas defensores del medio ambiente o de los derechos de la Madre Tierra. Desde la instalación del modelo minero como ‘política de estado’, se ha judicializado a más de un centenar de pobladores que, en la defensa de sus fuentes de agua y de sus tierras, han recurrido a bloqueos informativos de los transportes de insumos tóxicos de las mineras como último recurso.

Este Tribunal quiere llamar la atención acerca de la nueva ley antiterrorista presentada por el Poder Ejecutivo nacional al Senado de la Nación (14/10/2011, presentadas por el Ministro de Justicia J.Alak y el Jefe de Gabinete A.Fernández). Dicha ley deroga las figuras actuales (ya de por sí objetables), para establecer una agravante genérica para cualquier delito. Pretende, ingenua o maliciosamente, que “quedan fuera de toda interpretación criminalizante los hechos de protesta social”, siempre que se trate del ejercicio de un derecho constitucional, cuando en realidad el proyecto de ley evidencia una clara potencialidad represora. Por otra parte, la figura de financiamiento al terrorismo es muy amplia, y apunta a hostigar a las ONGs que apoyan a las organizaciones y movimientos sociales, y a cortar las posibilidades de sostenimiento de estos movimientos.

-Este Tribunal ha podido constatar la alarmante continuidad en las actuales empresas transnacionales, de agentes de la represión que intervinieron bajo el terrorismo de Estado. Dos de los casos más resonantes corresponden a megamineras transnacionales: Barrick Gold y Minera La Alumbrera YMAD UTE

- Respecto de las violaciones de los derechos ancestrales de los pueblos originarios y afrodescendientes.

Este Tribunal quiere destacar la histórica situación de opresión de los pueblos originarios y afrodescendientes, hoy agravada por la expansión de las industrias extractivas. Ésta encuentra en la Argentina una exacerbación particular o extrema a raíz de la persistente negación de lo indígena, al cual se niega o no se reconoce otro lugar que el de la exclusión y la marginalidad. El esquema de “progreso” estimulado por las políticas de Estado, no incluye a los indígenas (históricamente los ha excluido), pero lo que une los actuales modelos de desarrollo con aquellos del pasado, es que ambos conllevan la expulsión y desplazamiento de poblaciones.

En última instancia, el gobierno busca incluir a los pueblos originarios como “pobres” (en el sentido sociológico), a través de políticas sociales compensatorias, pero no como “sujeto político”, a partir de las demandas de posesión integral de sus tierras y territorios (derecho a la libre determinación). Así, la batalla por el reconocimiento de los derechos colectivos debe atravesar el camino arduo, y a veces interminable, de la judicialización, tal como ha podido constatar este Tribunal que sucede en muchas provincias.

En la actualidad, la dinámica de desposesión viene acompañada por políticas que, lejos de resolver los problemas ligados a las desigualdades estructurales, apuntan a la manipulación simbólica. Por ello, este Tribunal considera que el problema fundamental es la persistencia de dichas estructuras de desigualdad y las políticas etnocidas, las cuales no sólo no han retrocedido, sino que se han agravado en el actual contexto de acaparamiento de tierras y de expansión de las industrias extractivas y los agronegocios.

Entre los derechos conculcados, se ha comprobado la violación de derechos sociales, económicos, culturales, territoriales y políticos:

Un ejemplo ilustrativo es la violación del derecho al territorio. Se ha constatado el incumplimiento de los convenios y pactos internacionales que protegen a los pueblos y naciones originarias, tales como el Convenio 169 de la OIT (1.989), la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU (2.007), incorporadas con rango supraconstitucional en las constituciones provinciales, y nacional. En los últimos tiempos, se han constatado maniobras fraudulentas conjuntas entre corporaciones y gobiernos para violentar y malversar ética y políticamente el derecho al consentimiento libre, previo e informado que exige el Convenio 169 de la OIT, a través de estrategias de cooptación, clientelismo, divisionismo e intervencionismo manipulador sobre las comunidades.

Asimismo, se evidencia el incumplimiento de los artículos de las constituciones de las provincias y de la Nación, sobre el derecho de los pueblos indígenas a participar en las decisiones sobre la utilización de los bienes de sus territorios.

Por otro lado, tal como sostiene el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Indígenas: “Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho, determinan libremente su condición política, y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”. El artículo 10 de la misma declaración establece: “Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa, y siempre que sea posible, la opción del regreso”.

2. Responsabilidades

Este Tribunal ha constatado que las formas de operar de las empresas transnacionales no serían posibles sin la complicidad y garantía de los gobiernos, de los parlamentos, del sistema de justicia, de los grandes medios de comunicación, de algunas universidades públicas; por lo tanto, denuncia las siguientes responsabilidadesde esas instancias de poder:

- El peso de la normativa jurídica: las leyes y decretos oficiales elaborados por los poderes políticos han beneficiado a las empresas petroleras, permitiendo libre disponibilidad, exportación e importación de petróleo crudo, eximiéndolas del pago de cualquier tipo de arancel o retención; libertad de comercialización de petróleo crudo y derivados; desregulación de los precios intermedios y finales del mercado; libre instalación de refinerías y bocas de expendio; libre convertibilidad en divisas de los ingresos; licitación de áreas centrales y marginales de YPF, convirtiendo los contratos de exploración y explotación en concesiones o asociaciones; creación de un sistema mediante el cual las propias empresas debían declarar el nivel de reservas sin ningún control por parte del Poder Ejecutivo; venta de parte de los activos de YPF (refinerías, buques, ductos) y prórroga anticipada de áreas de explotación de hidrocarburos.

- El gobierno nacional y los gobiernos provinciales son responsables de la profundización de políticas de Estado que implementan el modelo extractivista, reprimarizador de la economía, que favorece la presencia de las transnacionales, otorgando a las mismas garantías para el despojo.

Esta alianza, que podemos definir como estructural entre estado, gobierno y empresas, se visualiza en los discursos de las autoridades políticas que presentan a las corporaciones transnacionales como portadoras de beneficios y desarrollo para las comunidades. El estado nacional y los estados provinciales se convierten en garantes de la impunidad con la que operan las empresas para mercantilizar la vida y los territorios.

- Esta connivencia también se puede observar en los proyectos relacionados con la Iniciativa IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana). Las obras de infraestructura que favorecen a las corporaciones en general son, por ejemplo, la creación de rutas bioceánicas y la generación de energía mediante mega emprendimientos hidroeléctricos, plantas nucleoeléctricas y el uso de energías de carácter contaminante como el gas no convencional. Se trata de proyectos de gran envergadura, costeados por los gobiernos a través del financiamiento de organismos internacionales, como el BID, Bandes, Fonplata, CAF (Corporación Andina de Fomento), entre otros.

- Asimismo, esta complicidad se viene expresando a través de la acción de ciertos legisladores y legisladoras nacionales y provinciales, que han operado como “lobbystas” de las empresas transnacionales, así como de algunas instancias de la justicia (nacional y provincial), que han sido funcionales a las grandes corporaciones, las cuales influyen cada vez más en la redacción de las leyes referidas a la propiedad intelectual -tanto nacionales como en acuerdos y tratados internacionales y en las leyes sobre bioseguridad-.

- Esta responsabilidad se expresa en el hecho de que las autoridades de los distintos niveles de gobierno no exigen ni realizan evaluaciones estratégicas de impacto ambiental de los emprendimientos productivos y de infraestructura de las transnacionales, aceptando los estudios y las declaraciones que al respecto hacen las propias corporaciones.

-La complicidad entre estados y empresas puede observarse en la ya citada ausencia de consultas públicas y en el ocultamiento de información respecto de los proyectos empresariales y sus impactos sociales y ambientales. El derecho a acceder a la información pública ambiental es un requisito esencial para una adecuada participación ciudadana en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental que requieren los emprendimientos de las empresas.

- La complicidad del Estado se manifiesta en los laxos controles estatales y las malas prácticas de las empresas, entre las cuales podemos mencionar, en la explotación petrolera, la avería de poliductos y oleoductos por falta de mantenimiento y/o violación de normas de seguridad, vertidos de aguas de producción, incorrecta disposición de desechos de producción que han contaminado ríos, espejos de agua, glaciares, etc.

- La complicidad del Estado con las grandes corporaciones dedicadas a los agronegocios ha quedado de manifiesto a través de las denuncias presentadas por la fiscalía de Monsanto, que ha expresado que el gobierno nacional no ha puesto en práctica mecanismos que permitan proteger a las familias campesinas e indígenas ante las fumigaciones indiscriminadas, lacontaminación de sus fuentes de agua y la afectación de sus cultivos.

- La complicidad del estado en la política extractivista se manifiesta claramente en el paquete de leyes que permiten la entrega del patrimonio nacional, y mediante el Tratado Binacional Argentino Chileno de implementación minera conjunta, que cede la Cordillera de los Andes a las corporaciones transnacionales. En el caso de las mineras, la Ley de Inversiones Mineras, y las leyes, decretos y acuerdos fiscales posteriores, generaron las responsabilidades para convertir a la actividad en un saqueo económico sin precedentes.

- La complicidad del Estado con las corporaciones se manifiesta de manera especial en la criminalización de los movimientos sociales y de las comunidades que enfrentan a las transnacionales.

- La complicidad de algunas universidades públicas con las empresas transnacionales se constata en el comportamiento que desempeñan las primeras, en relación a ocultar, tergiversar o producir conocimiento científico o informes técnicos que favorecen a las empresas, manipulando, en muchas ocasiones, los resultados de los Estudios de Impacto Ambiental en sentido favorable al proceso de colonización de la producción de conocimientos científicos por parte de intereses privados, muchas veces transnacionales.

- Este Tribunal ha constatado la complicidad de una gran parte de los medios masivos de comunicación con las empresas, observable en los mensajes trasmitidos en relación a los beneficios que traerán los proyectos empresariales, entre ellos la generación de empleo y el aporte a la producción de alimentos, ocultando los impactos negativos que estos proyectos han traído en otros territorios del país y del mundo y/o en los propios territorios donde ya está en marcha el modelo de agricultura industrial.

- Este Tribunal denuncia la grave responsabilidad ética que recae sobre las jerarquías de las iglesias, por la innegable conexión de lo espiritual con las responsabilidades éticas humanas. Son especialmente responsables aquellas que pueden ejercer más influencia en los pueblos, en las personas y hasta en los poderes públicos, salvo honrosas excepciones ligadas, sin duda, a la lucha por la defensa de los derechos humanos y, en algunos casos, a la defensa de los derechos socioambientales, como es el caso de algunos obispos y pastores. En nuestro país, no sólo desde las jerarquías de las diferentes iglesias se refuerza el modelo, sino que se estigmatiza a quienes puedan cuestionarlo.

(...)Fuente: https://www.alainet.org/es/active/50792

"Nos reunimos en un grito contra las políticas de saqueo, destrucción y muerte. Es un grito y serán muchas las acciones por la vida, por la libertad, por la plena emancipación. Afirmamos que las transnacionales no pueden comprar nuestras voluntades, ni nuestra decisión de vivir con dignidad, y no podrán robar nuestra esperanza, ni nuestra capacidad de lucha. Afirmamos que las políticas de cooptación y manipulación de los gobiernos –nacionales y provinciales- pueden retrasar las luchas, pero no las detendrán, porque la vida de los pueblos en la naturaleza, no se negocia. Seguiremos creando alternativas propias de producción y de consumo, impulsando la realización de modelos sostenibles, y luchando para terminar con el capitalismo, el patriarcado y el racismo. Seguiremos en solidaridad con quienes luchan por estas mismas causas en toda América Latina y el mundo"

Sentencia del Tribunal del Juicio Ético a las Transnacionales

(...)

3. Condena

De acuerdo con los fundamentos y las denuncias recibidas, este Tribunal Ético Popular resuelve:

- Denunciar y condenar ante la opinión pública como antiético y violatorio de los derechos humanos al sistema capitalista, racista, patriarcal, y a este modelo productivo neoextractivista que impera en nuestra sociedad y que tiene en las empresas transnacionales y en los gobiernos –nacionales y provinciales- a sus principales protagonistas.

- Denunciar y condenar ante la opinión pública a las Empresas Transnacionales aquí enjuiciadas, al Estado Nacional y a los gobiernos que hicieron posible la implementación del perverso sistema neocolonial de saqueo, destrucción y contaminación de los territorios de nuestros pueblos, por violación sistemática de toda ética, de los Derechos Humanos inalienables y de los Derechos de la Naturaleza, violación a la soberanía territorial de los pueblos, violación de la Constitución Nacional, leyes y tratados internacionales.

- Denunciar y condenar a las empresas farmacéuticas y a los agentes médicos responsables de la experimentación de medicamentos en seres humanos, exigiendo que el Estado defienda la integridad y dignidad de los argentinos y argentinas, para que no sean manipulados por médicos inescrupulosos que entregan sus pacientes a la voracidad y codicia de las empresas de la Big Pharma: Bayer, Novartis, Pfeizer, Bistec, Merck, Lilly.

- Denunciar y condenar ante la opinión pública las formas de operar de las empresas transnacionales, ya que las enjuiciadas en estas audiencias se consideran una muestra representativa de la conducta de muchas otras presentes en este y otros territorios.

- Denunciar y responsabilizar por estos crímenes a aquellos funcionarios de los tres poderes del Estado que durante la dictadura y posteriormente, a partir del restablecimiento de la democracia, construyeron las condiciones históricas de posibilidad del actual modelo neocolonial.

- Denunciar y condenar a las empresas transnacionales  por los crímenes cometidos contra otros pueblos de Nuestra América, como el golpe de estado en Honduras, la militarización, el terrorismo estatal y paraestatal en Colombia, México, Paraguay, Perú, Honduras, Haití.

- Denunciar y condenar al gobierno argentino y a otros gobiernos latinoamericanos por la participación en la intervención militar en Haití, a través de la MINUSTAH, y por la legitimación del régimen golpista en Honduras, votando a favor del reingreso de este gobierno en la OEA.

Este Tribunal DECLARA:

El reconocimiento del derecho al territorio y a la libre determinación  como derecho fundamental de los Pueblos. Somos territorio, pertenecemos al territorio y ésta es la base de nuestra existencia y del derecho a la Vida.

La nulidad de todas las leyes, tratados, convenios, decretos y demás actos normativos y administrativos que posibilitaron la implementación y vigencia del actual modelo de maldesarrollo.

La necesidad urgente de detener la usurpación y emprender la restitución de las tierras y fuentes de agua usurpadas y expropiadas a sus pobladores legítimos, pueblos originarios, comunidades campesinas y pobladores de nuestros campos y localidades.

La inviabilidad e insostenibilidad del actual patrón energético, la minería a gran escala, y del modelo de mega-agricultura industrial ligada a los transgénicos y los agronegocios de exportación.

La falsedad manifiesta de la biotecnología como ‘respuesta’ a las necesidades alimentarias de los pueblos.

El rechazo al Plan Nuclear Nacional, al Plan Estratégico Alimentario y al IIRSA, como componentes inherentes a este modelo.

La legitimidad y el deber moral y social de las poblaciones que resisten los actos de violación de los derechos territoriales y humanos básicos.

La falacia del discurso del ‘desarrollo’ fundado en el modelo extractivista, como arma ideológica que produce y legitima el avasallamiento de los derechos territoriales de nuestros pueblos. El rechazo al discurso que sostiene la necesidad de entregar nuestros bienes comunes al capital concentrado, nacional o extranjero, para lograr adecuadas y dignas condiciones de vida.

El derecho fundamental de los pueblos al Buen Vivir. Como pueblos tenemos el derecho, la responsabilidad y las capacidades para decidir con autonomía sobre nuestras formas de vida y de organización, cuidado y utilización de los bienes comunes de nuestros territorios.

El cese inmediato y la expulsión de estas empresas de nuestros territorios.

El cese inmediato de la represión y la criminalización de la legítima protesta social, el esclarecimiento y justicia para los crímenes cometidos aún impunes.

Este Tribunal Ético Popular condena la vigencia, continuidad y profundización del colonialismo histórico, ahora bajo las armas y los modos de la globalización neoliberal hegemónica en curso.

4. Recomendaciones y propuestas

Las corporaciones transnacionales actúan a nivel global y, por lo tanto, requieren una respuesta global. La respuesta a nivel de cada Estado es indispensable, pero no suficiente. Es necesario garantizar la soberanía y la dignidad de los pueblos, impidiendo la privatización de los bienes fundamentales para la vida como el agua, el aire, las semillas, el patrimonio genético, y asegurando el acceso universal a los servicios públicos.

Por estas razones, este Tribunal Ético Popular recomienda y propone:

-Trabajar en la creación de una instancia judicial popular ante la cual las víctimas de las formas de operar de las corporaciones transnacionales puedan presentar sus denuncias y demandas de justicia, que actúe como lazo entre los movimientos populares y el poder judicial.

-Demandar a los gobiernos que garanticen la soberanía y dignidad de los pueblos, antes que los intereses económicos de los sectores privados; que aseguren la aplicación prioritaria de las normas internacionales que protegen los derechos humanos, incluidos los derechos laborales, los derechos ancestrales y los de protección del medio ambiente; que no ratifiquen ningún nuevo tratado comercial o de inversiones sin considerar las normas de protección de los Derechos Humanos y de los Derechos de la Naturaleza, y que rectifiquen los tratados existentes, violatorios todos ellos de las más elementales normas de esos derechos.

-Exigir la suspensión de los megaproyectos de desarrollo de monocultivos, de agronegocios, de grandes represas, de hidrovías, caminos y puertos de la Iniciativa IIRSA, hasta que se sometan a un proceso de evaluación de su impacto social y ambiental con una real participación de las comunidades y poblaciones que serán afectadas.

-Exigir la suspensión de proyectos previstos en territorio de pueblos originarios que no respetan las normas internacionales que defienden sus derechos, y que fueron ratificadas en nuestro país.

- Exigir a los poderes legislativos que impulsen leyes que obliguen al sistema judicial a llevar a cabo procesos de investigación y sanción de los delitos que violan los derechos de los pueblos y comunidades.

- Prohibir la explotación en los territorios indígenas, en las zonas productoras de agua, en las zonas forestales protegidas.

-Reconocer el derecho para recurrir directamente ante los tribunales de justicia y demandar las responsabilidades por las eventuales violaciones de derechos causados por las corporaciones transnacionales.

-Este Tribunal hace un llamamiento a la sociedad entera para que frente a las prácticas de las corporaciones transnacionales, opte por una posición ética y de rechazo al hambre, a la falta de vivienda, educación, salud, empleo, de seguridad alimentaria y, en general, de las situaciones de pobreza y de carencias absolutas que impiden el desarrollo de las personas y de los pueblos en condiciones de dignidad.

5. Compromiso del Tribunal Ético Popular

Al concluir la audiencia de este Juicio Ético Popular a las Transnacionales, las y los participantes, integrantes de movimientos populares, de organizaciones de derechos humanos, investigadores/as, nos declaramos en estado de movilización, de unidad, de encuentro, de solidaridad, para borrar las fronteras entre nuestras resistencias a las políticas de recolonización del continente, para levantar una voz unánime en Nuestra América en defensa de la soberanía alimentaria, la agricultura familiar, el respeto a nuestras identidades y formas de organización y de vida, de nuestros derechos como hombres y mujeres, los derechos de las generaciones venideras, los derechos de la naturaleza.

Desde Buenos Aires, Argentina, nos reunimos en un grito contra las políticas de saqueo, destrucción y muerte. Es un grito y serán muchas las acciones por la vida, por la libertad, por la plena emancipación.

Afirmamos que las transnacionales no pueden comprar nuestras voluntades, ni nuestra decisión de vivir con dignidad, y no podrán robar nuestra esperanza, ni nuestra capacidad de lucha.

Afirmamos que las políticas de cooptación y manipulación de los gobiernos –nacionales y provinciales- pueden retrasar las luchas, pero no las detendrán, porque la vida de los pueblos en la naturaleza, no se negocia.

Seguiremos creando alternativas propias de producción y de consumo, impulsando la realización de modelos sostenibles, y luchando para terminar con el capitalismo, el patriarcado y el racismo.

Seguiremos en solidaridad con quienes luchan por estas mismas causas en toda América Latina y el mundo, unificando fuerzas en la acción común, manteniendo nuestros sueños y nuestras convicciones, nuestra capacidad de crear en la resistencia, y de creer en los pueblos.

Buenos Aires, 29 de octubre, 2.011

Juicio Ético Popular a las Transnacionales

Tribunal Ético Popular:

Adolfo Pérez Esquivel – SERPAJ – Premio Nobel de la Paz

Nora Cortiñas – Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Mirta Baravalle – Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Alcira Daroqui - Profesora de la Carrera de sociología Facultad de Ciencias Sociales UBA

Alejandra Ciriza - Investigadora del CONICET, integrante de la colectiva feminista las juanas y las otras (Mendoza), que forma parte de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito

Andrés Carrasco – Investigador Principal CONICET - Profesor Regular Universidad de Buenos Aires - Voces de Alerta

Carlos María Pagano Fernández – Prof. Dr. phil. Carlos María Pagano de la Universidad Nacional de Salta y de la Universidad Católica de Salta

Celina Rodríguez – Frente Popular Darío Santillán

Gonzalo Basile – Médicos del Mundo-Argentina – Cono Sur

Ignacio Kostzer – Presidente FUBA (Federación Universitaria de Buenos Aires)

Javier Rodríguez Pardo – (MACH – RENACE – UAC)

José Seoane -profesor-investigador UBA e integrante del GEAL (Grupo de Estudios sobre América Latina y el Caribe)

Liliana Daunes – Comunicadora feminista

Luz Díaz -  Médicos del Mundo – Argentina – Cono Sur

Maristella Svampa – Voces de Alerta

Medardo Avila Vazquez – Coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados (Fiscalía Popular de Monsanto y Cargill)

Mirta Antonelli -  Profesora Facultad de Filosofía y Humanidades - Docente Investigadora de Universidad Nacional de Córdoba - Voces de Alerta

Norma Giarracca – Voces de Alerta

Vicente Zito Lema – Poeta, periodista, docente. Director de la Universidad de los Trabajadores

Bernardino Camilo Da Silva -Movimiento Sin Tierra (MST) - Brasil

Berta Cáceres - Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. (COPINH)

Cristina Castro - Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia (RedHer)

Edgar Mujica - Unión Sindical Obrera (USO) - Colombia
Oscar Gonzalez – Irene Ragazzini - Acción Comunitaria-Global por la Justicia y la Dignidad: Es el tiempo de Nosotros los Pueblos - México

Robson Formica – Movimiento de Afectados por las Represas – (MAB) - Brasil

Tomás Palau – Sociólogo y profesor universitario - Investigador Base Is – Paraguay

Paraguay

Ada Gonzalez – Serpaj Paraguay

Guillermo Ortega – Base Is Paraguay

Participaron de la Fiscalía Popular:

Carlos A. Vicente - GRAIN y Acción por la Biodiversidad (Fiscalía Popular de Cargill)
Fernando Frank – Movimiento Nacional Campesino e Indígena – MNCI – Argentina (Fiscalía Popular de Monsanto)

Juan Camilo Herrera - Movimiento Nacional Campesino e Indígena – MNCI – Argentina (Fiscalía Popular de Monsanto)

Ximena López – Base Is – Paraguay (Fiscalía Popular de Monsanto)

Juan Carlos Fernández – Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi (Fiscalía Popular de Repsol)

Hernán Scandizzo - Observatorio Petrolero Sur (Fiscalía Popular de Repsol y Pan American Energy)

Diego Pérez Roig - Observatorio Petrolero Sur (Fiscalía Popular de Repsol y Pan American Energy)

Horacio Machado Aráoz - Be.Pe. - Colectivo Sumaj Kawsay – Asanoa – UAC – investigador de la Universidad Nacional de Catamarca (Fiscalía Popular de Minera La Alumbrera)

Marcos Pastrana – Comunidad Diaguita Calchaquí – Tafí del Valle - Tucumán (Fiscalía Popular de Minera La Alumbrera)

Sergio Onofrio –Asamblea Popular por el Agua de Mendoza  (Fiscalía Popular de Rio Tinto / Vale)

Silvia Leanza – Foperma y Fundación Ecosur (Fiscalía Popular de Rio Tinto / Vale)

Myrian Genisans - Pro Eco grupo ecologista - ASANOA - Asamblea Socio Ambiental del Noroeste Argentino - (Fiscalía Popular de Minera La Alumbrera)

Oscar Delgado – CAPOMA – Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredez – Salta – (Fiscalía Popular de Ledesma)

Martina Montoya – CAPOMA – Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredez – Libertador General San Martín – Departamento de Ledesma - Jujuy (Fiscalía Popular de Ledesma)

Eduardo Martínez - Coordinadora de Ex Trabajadores del Ingenio Ledesma (Fiscalía Popular de Ledesma)

Coordinadora de Ex Presos Políticos de Ledesma (Fiscalía Popular de Ledesma)

Patricia Alvarez – Mujeres del Silencio –  Autoconvocados de Andalgalá – Catamarca (Fiscalía Popular de Agua Rica)

Asamblea del Algarrobo (Fiscalía Popular de Agua Rica)

Asambleas Ciudadanas Riojanas (Fiscalía Popular de Barrick Gold)

Sebastián Korol – Periodista. Co-director de Revista Superficie (Fiscalía Popular de Alto Paraná)

Colectivo FM La Tribu (Fiscalía Popular de Transnacionales de la Comunicación)

Patricia Agosto – Centro de Investigación y Formación de los Movimientos Sociales Latinoamericanos – CIFMSL – Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía

Roxana Longo - Centro de Investigación y Formación de los Movimientos Sociales Latinoamericanos – CIFMSL – Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía

Organizaciones convocantes del Juicio Ético Popular a las Transnacionales

Acción por la Biodiversidad

Agrupación Estudiantil La Darío Santillán - Tucumán

Articulación Continental de Movimientos Sociales hacia el ALBA - Capítulo Argentina (Central de trabajadores de la Argentina (CTA) - Movimiento Nacional Campesino e Indígena (MNCI). Vía Campesina - Frente Popular Darío Santillán (FPDS). Juventud Rebelde 20 de Diciembre. Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social (MULCS).MPR-Quebracho. Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía. Grupo de estudios sobre América Latina y el Caribe (GEAL). RedHer Argentina)

Asambleas Riojanas

Asociación Docentes Universitarios – UNPSJB

Asamblea El Algarrobo- Andalgalá - Catamarca

Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de Esquel

Asamblea Popular por el Agua (del Gran Mendoza- Provincia de Mendoza)

Asociación Civil PRO-ECO Grupo Ecologista – Tucumán

Asociación de Amigos del Río Chubut

Asociación Trabajadores de la Educación del Chubut – Atech

Autoconvocados de Andalgalá - Catamarca

BePe  - Catamarca

Caja Roja, comunicación popular - Neuquén

CAPOMA (Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredez)

Cátedra Abierta de Pueblos Originarios - Universidad Nacional de la Patagonia, SJB, Trelew

Centro Cultural La Estrella, Neuquén

Centro de Investigación y Formación de Movimientos Sociales Latinoamericanos (CIFMSL)

Colectivo Cultural El Arbolito

Colectivo de Comunicación Comunitaria “Palabra Abierta”, Trelew

Colectivo Sumaj Kawsay

Comunidad Diaguita Calchaquí Tafí  del Valle - Tucumán

Consejo Social de la UNPSJB

Consejo Zonal Centro de la Confederación Mapuce de Neuquén

Cooperativa Cabure-í. Misiones

Coordinadora de ex presos políticos de Ledesma - Jujuy

Coordinadora de ex trabajadores del Ingenio Ledesma - Jujuy

Coordinadora de Organizaciones Barriales Autónomas. Frente Popular Darío Santillán FPDS (COBA). Tucumán

Coordinadora de Organizaciones Barriales - COB La Brecha

CTD Anibal Veron

Coordinadora de Trabajadores Rurales de Misiones - COTRuM

Equipo de Pastoral Aborigen- Dioc. de Comodoro Rivadavia

Espacio Docente - Trelew

Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA)

Feministas Inconvenientes

Foro Ambiental y Social de la Patagonia

Foro Permanente por el Medio Ambiente de Neuquén -FOPERMA

Foro Social Mundial - Tucumán

FM Alas de El Bolsón

FM La Tribu

Foro Patriótico y Popular- Tucumán 

Frente de Organizaciones en Lucha (FOL)

Frente Territorial 26 de Junio

Fundación Ecosur - Ecología, Cultura y Educación desde los Pueblos del Sur  - Sede Patagonia Norte

GRAIN

Grupo de Estudios sobre América Latina (GEAL)

Instituto de Investigaciones sobre Cultura Popular, Facultad de Artes, UNT Proyecto CIUNT 414

Juventud Rebelde (Corriente Universitaria Julio Antonio Mella- Frente cultural y territorial La Trifulca- Organización estudiantil Lobo Suelto- Corriente Sindical Agustín Tosco).

Marcha Mundial de Mujeres – Argentina

Médicos del Mundo

Movida Ambiental - Santiago del Estero

Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH)

Movimiento de Izquierda Revolucionario

Movimiento Estudiantil Liberación

Observatorio de Conflictos Mineros

Observatorio Itinerante de los pueblos y las mujeres indígenas (CONAMI)

Observatorio Petrolero Sur

OR.MA.CHE (Organización Mapuche Warriache)

Productores Independientes de Piray – Misiones (PIP)

Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE)

Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC)

Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi - Salta

Universidad Nacional de la Patagonia SJB - Sede Trelew

Vecinos Autoconvocados de Andalgalá – Catamarca

Adhieren a esta sentencia:

Martha Linares – Presidenta CECSo (Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales – UBA)
Damian Finucci - Presidente CEFyL (Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras - UBA)
Julian Liparelli – Presidente CECEN (Centro de Estudiantes de Ciencias Exactas y Naturales – UBA)
Igal Kejsefman – Consejero Superior UBA
Leandro Altman – Consejero Superior UBA
Jazmín Rodriguez – Consejera Directiva Facultad de Ciencias Sociales UBA
Ramiro Sorondo – Consejero Directivo Facultad de Ciencias Sociales UBA
Ariel Fuxman – Consejero Directivo Facultad de Filosofia y Letras UBA
Pablo Vensentini – Consejero Directivo Facultad de Filosofia y Letras UBA
Laura Fraile – Consejera Directivo Facultad de Ciencias Exactas y Naturales UBA
Nicolas Nieto Moreno – Consejero Directiva Facultad de Ciencias Exactas y Naturales UBA
Marcelo Luda – Consejero Directivo Facultad de Ciencias Exactas y Naturales UBA

(quienes quieran sumarse, escribir a  centroinvestigacionformacionms@yahoo.com.ar )

Fuente: https://www.alainet.org/es/active/50792