Cuestionamos que Nuestra América pueda ser región de paz y justicia mientras haya expansión extractivista ni diálogo con los poderes de un estado terrorista.

Colombia. Comando Central del ELN: Manifiesto por la Vida y por los Cambios

Resumen Latinoamericano / 30 de julio de 2018
La paz como solución política al conflicto, no tiene sino una sola vocación: estar al servicio de todas las aspiraciones de justicia, democracia y bienestar del pueblo colombiano. Por lo tanto, debe ser el resultado de los cambios en la realidad del país. Así, cuando instalamos esta Mesa de diálogos el 7 de febrero de 2017 en Quito, nos exhortamos a que todos cambiáramos: El Ejército de Liberación Nacional y El Estado; que diéramos ejemplo de que la transformación es esencial y posible, para encaminarnos progresivamente a la construcción de esa paz sólida, estable y duradera, no conocida en la historia de la nación.
Hace exactamente seis años, en agosto de 2012, iniciamos con el gobierno de Juan Manuel Santos este proceso. Primero en una ardua fase secreta de casi cuatro años, acompañados por los oficios de seis países garantes. Y cumpliremos el próximo 7 de agosto, cuando llegue a la presidencia Iván Duque, un año y medio de la fase pública de esta Mesa de conversaciones que hemos defendido, siempre que esté de cara al país y al mundo, sin secretismos, abierta a la opinión.
El ELN ha mantenido y acrecentado su disposición de escucha de todas y todos quienes han querido aportar en cualquier orden de ideas e iniciativas a esta Mesa pública en la que ya cumplimos seis ciclos, y en la que hemos llegado a una veintena de acuerdos en diferentes materias.
En las últimas semanas decenas de personalidades comprometidas con la paz en el mundo, en nuestro continente, en nuestro país, nos han expresado con su voz, que Colombia no está sola ni la fatalidad de la guerra es el destino. Nos han animado a no desfallecer, a no desistir las dos partes en este intento, para que la solución política al conflicto se pueda lograr, complementando los esfuerzos sostenidos por todos los que han valorado esta oportunidad que la historia nos brinda para superar la guerra y sus causas.
De esas voces múltiples tomamos nota, nos hacemos eco de su fe en una humanidad  mejor, hacemos de su palabra y de la nuestra un deber común. Para que conste ante todas y todas, esas tesis, clamores y propuestas las recogemos y ofrecemos como horizonte, frente al cual persistiremos caminando en la dirección de una solución, para que toda Colombia encuentre y abra caminos; para que, como decía Camilo Torres, estas y las siguientes generaciones de compatriotas no sean de esclavos, y conozcan sin exclusiones y violencias, el buen vivir, la paz, los bienes comunes, el cuidado del planeta, la verdad y el desarrollo de los pueblos.
En ese sentido, como ELN afirmamos que:
*          Seguimos comprometidos y comprometidas con la cultura y la ética de la palabra empeñada. Lo que firmamos lo cumpliremos. Y no suscribiremos algo que no estemos en condiciones de honrar con los hechos.
*          El propio Presidente Santos lo expresó rotundamente el 20 de julio pasado en el Congreso, que no cumplir los pactos asumidos, genera aún mayor ilegitimidad. El régimen sabe que faltar a los compromisos con el movimiento social y popular, que faltar a los Acuerdos de paz con las FARC, generará una frustración histórica irreparable. Estamos a tiempo de no caer en ese abismo.
*          Aun con las diferencias conocidas, por haberse desarrollado en tiempos, modalidades, y con Agendas de énfasis distintos, tanto lo pactado con las FARC como lo que está comprometido en el Acuerdo suscrito por el ELN con el Estado colombiano, hacen parte de una amplia y conjunta perspectiva de construcción de paz, inclusiva e incluyente, que implica que las dinámicas y reivindicaciones sociales y políticas sean atendidas, es decir los Cambios Básicos Urgentes, sin los cuales ninguna paz es completa ni se puede sostener por mucho tiempo.
*          Reafirmamos la convicción profunda con la humanización del conflicto, mientras avanzamos en su resolución por vías dialogadas. Acoger las reglas humanitarias que son imperativas y universales, no significa la prolongación de la guerra. Al contrario, significa reconocer su existencia, no incurrir en negacionismo alguno y ciertamente puede reducir distancias considerables entre las partes contendientes, generando confianzas y credibilidad, demostrando capacidad y voluntad de cumplir acuerdos y obligaciones de respeto a la población no combatiente.
*          Millones de colombianos se han expresado de múltiples maneras en favor de la paz, en las urnas o por fuera de ellas, y han enarbolado la bandera de esa histórica responsabilidad de emprender y exigir cambios y democratización, para que esa paz por fin tenga raíces en nuestra cultura política y en la realidad del país. Es preciso que esas manifestaciones sean respetadas, que la vida de líderes, activistas, defensores de derechos, voceros de comunidades, sean protegidas y no haya ni una sola persona asesinada por razones políticas. ¡El genocidio debe parar ya!
*          La verdadera valentía de las partes en contienda y de un pueblo, consiste en sustentar los valores y fines de la paz que se necesita para su desarrollo pleno, dejando atrás décadas no sólo de confrontación sino de miedo a los cambios. El miedo debe superarse y los cambios deben abrirse campo ya mismo, para una paz que no sea la de los cementerios. Son, por lo tanto, transformaciones urgentes y básicas, en tanto que de ellas depende la vida misma de millones de colombianas y colombianos, cuyo futuro no puede estar signado por la pobreza y el terror.
*          Como nos lo ha dicho el Papa Francisco, debemos tender puentes y no levantar muros. La solución debe partir del reconocimiento del otro y de las problemáticas sociales que nos circundan. Entre todos podemos con el lenguaje de las ideas, en el debate sin previos condicionamientos, cumpliendo la Agenda acordada, construir un Diálogo Nacional que tienda puentes entre organizaciones, escenarios y territorios castigados por las violencias. Somos capaces de vencer la apatía, la indiferencia, la banalidad y la desesperanza. La lucha de los jóvenes, de las mujeres organizadas, de los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes, son un ejemplo de que ¡sí es posible participar!
*          Colombia no puede sumarse a maquinarias globales de guerra y a hipótesis de conflicto. Debe mantenerse en alto que la paz de Colombia es la paz del continente y que toda América Latina y el Caribe, debe ser una gran región de paz y justicia. La Mesa de conversaciones refleja y apoya ese objetivo, y por ello el compromiso de diferentes países y voces de la comunidad internacional que nos acompañan en ese sueño de hacer realidad unos pueblos hermanados por la paz con justicia.
*          Ante el próximo Gobierno que presidirá Iván Duque, el ELN seguirá en la Mesa de conversaciones pactada con el Estado colombiano y espera que se continúen con todos los esfuerzos necesarios para mantener y concretar los compromisos, que desemboquen en una Colombia donde erradiquemos la violencia en la política, construyendo con Cambios Básicos Urgentes, un futuro de paz y dignidad.

Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/07/30/colombia-comando-central-del-eln-manifiesto-por-la-vida-y-por-los-cambios/

III. Analicemos cómo el modelo K estaba con problemas crecientes.

Control de precios y capitalismo “razonable”
12 de febrero de 2014

Por Rolando Astarita

Por estos días, en Argentina, circula la idea de que se puede frenar la inflación con un adecuado control de precios del Estado, ayudado por el pueblo. Con matices, la propuesta del control de precios es un común denominador de la izquierda local: partidarios del “socialismo de Estado”, nacionalistas de izquierda, sindicalistas progresistas, economistas de izquierda y toda clase de “amigos del pueblo” son entusiastas defensores de la idea. Algunos se consideran cercanos a Marx; otros, más prácticos, se inspiran en la experiencia chavista. Sin embargo, a todos los une la convicción de que es posible poner al Estado (¿y al gobierno?) al servicio del control de precios, y en un sentido beneficioso para los explotados y oprimidos. Por su parte, la presidenta Cristina Kirchner también convocó a la tarea; y en la misma vena, los integrantes de la kirchnerista Carta Abierta se ofrecieron a ir a los supermercados, planilla en mano, a combatir a la antipatria. Podemos decir entonces que estamos ante un “frente de unidad de acción”, de hecho, para imponer el manejo de los precios y torcerle la mano a los “oligopolios y especuladores” (que son cipayos, para colmo). En todo esto subyacen ideas concatenadas. Así, se piensa que:
a) los precios son manejados a voluntad por un “puñado de formadores de precios”, los grandes grupos económicos concentrados;
b) de manera que la inflación y la devaluación es obra de esos grupos (el sistema capitalista no tiene que ver en esto);
c) pero, felizmente, el Estado (incluso cuando se admite su carácter capitalista) puede ubicarse por encima de las contradicciones de clase, a condición de que el pueblo “presione”;
d) de manera que los precios pueden manejarse convenientemente, siempre que exista la presión necesaria desde el polo Estado + pueblo;
e) además, dada la concentración de la economía, basta controlar al puñado de grandes grupos para acabar de raíz la inflación.

Los más optimistas agregan que con el control de precios, y algún otro control (del comercio exterior, por ejemplo) se podrían aumentar los salarios, sin que se escaparan el dólar ni la inflación, con lo que resultaría una economía que, si bien capitalista (no todo es perfecto en la vida), sería bastante aceptable para los asalariados.

Propuesta sin bases sólidas

El principal problema del programa anterior es que está en las nubes. Es la visión característica del pequeño burgués que sueña con un capitalismo “razonable” (cuya clave de bóveda son las ganancias “razonables”), en que los trabajadores, con un poco de presión, y la colaboración del Estado, no padezcan las calamidades que derivan de las contradicciones objetivas del actual modo de producción. Son varias las razones que llevan a concluir que esta propuesta es pura ilusión ideológica.

 En primer lugar, la tesis de que los precios son decididos a voluntad por un grupo de oligopolios no tiene sustento, ni empírico ni teórico (ver, por ejemplo, notas sobre la tesis del monopolio, aquí); no sucede a nivel mundial, y Argentina no sale de la regla. En segundo término, la explicación de la inflación argentina por acción de los oligopolios tampoco se sostiene (ver aquí y aquí). En tercer lugar, el Estado no está por encima de las clases sociales; y en los conflictos fundamentales se ubica decididamente del lado del capital. Más en particular, y como he explicado en la nota anterior (aquí), el objetivo de hacer competitivo al capitalismo argentino vía devaluación y caída del salario es compartido por prácticamente todos los capitales afectados a la producción de bienes transables, sin distinción de grandes, medianos o pequeños. Todos ellos apuestan hoy a que los salarios aumenten por debajo de los precios y del dólar, de manera de consolidar una redistribución regresiva del ingreso, desde los asalariados al capital de conjunto. En esto el gobierno K no está solo, lo acompaña casi todo el arco burgués, incluida la burguesía “no monopolista, no especuladora”.

Por otra parte, están la historia y la evidencia empírica. Han habido muchas experiencias de controles de precios, y los resultados nunca fueron los que pretenden sus defensores. Al vuelo, cito algunos casos: el control de precios del franquismo, en España; el de Onganía, con su plan de estabilización; el de Nixon, en EEUU, en los años 1970; el de Perón en 1973-4. Y por estos días, en Venezuela. ¿Cuál ha dado resultado? Se puede admitir que por un lapso de tiempo los controles lograron, a veces, moderar la inflación, pero nunca torcieron la tendencia, que termina imponiéndose. Nótese también que los controles no son patrimonio exclusivo de gobiernos izquierdistas.

Pero además, los controles de precios no solucionan ningún problema que tenga que ver con la acumulación y el desarrollo de las fuerzas productivas. Si los capitales no invierten -y en tanto esté vigente el modo de producción capitalista, la inversión es decisión de los capitalistas-, el control de precios es impotente para revertir la situación. Lo sucedido en Argentina en la última década en energía o ferrocarriles, para tomar dos casos importantes, es ilustrativo. Más clara todavía es la experiencia en Venezuela, del capitalismo estatal dirigido por el chavismo (véase aquí, por ejemplo).

¿Colaboración de clases para un capitalismo “razonable”?

Sin embargo, y esto es lo más importante, la propuesta que estoy analizando sí tiene un sentido político e ideológico, y éste es negativo. Es que una vez aumentada la diferencia entre precios (y dólar) y salarios, los controles sirven para desactivar los reclamos sindicales e inducir a los explotados a “cooperar” con el Estado, el gobierno y el capitalismo “no cipayo, no monopólico, no especulador”. En las condiciones de dominio del sistema capitalista, llamar a los trabajadores a que pongan el hombro, es convocar a la colaboración de clases. Lamento que gente de izquierda, que incluso se considera marxista, esté embarcada en esta campaña.

Vinculado a lo anterior, y desde un punto de vista ideológico general, la propuesta también inculca la idea de que el sistema capitalista puede funcionar bajo una suerte de “control de los trabajadores”, provisto que estos ejerzan la conveniente presión. Estamos ante la ilusión de que los capitalistas “se van a portar bien” si están bajo la atenta vigilancia de activistas y militantes populares. Es la perspectiva de un capitalismo idílico, que nunca existió, ni puede existir. Subrayo: no puede existir porque en el sistema capitalista rige la propiedad privada. En tanto subsistan estas relaciones de producción –propiedad privada sobre los medios de producción y de cambio- será imposible manejar los precios y el mercado. Los precios, en última instancia, son regidos por los tiempos de trabajo socialmente necesarios; no son una creación artificial. Al lector interesado en profundizar, le recomiendo leer el capítulo 1 de El Capital. Este texto es para pensar política sobre bases científicas, y poder ver por detrás del fetiche mercantil.

Por otra parte, en la medida en que las economías se hacen más complejas, en que aumenta la interdependencia, se pone más en claro que el control tiene patas extremadamente cortas. Para que esto no quede como afirmación dogmática, hagamos un sencillo ejercicio. Tomemos la idea, que se repite a cada rato, de que los precios deben establecerse según una ganancia “razonable” (expresión del ministro de Economía argentino; también del presidente Maduro).

Pero… ¿cuánto es “razonable”? ¿10%, 20%, 25%? ¿Cómo se calcula esa tasa de ganancia “razonable”? ¿Por qué del 20% y no del 10% o del 30%? Además, ¿es tasa de rentabilidad sobre capital invertido, o se calculan precios teniendo en cuenta los márgenes de venta? En cuanto al capital invertido, ¿cómo se lo calcula? ¿A costos de reposición, o a precios históricos? Además, ¿se tratará de una tasa de ganancia igual para todas las ramas, o habría diferenciaciones, según las perspectivas de crecimiento de las ramas? Dentro de las ramas, ¿las tasas de ganancia deberían ser iguales para todas las empresas, sin importar su productividad? ¿Y qué se hace con las que gozan de economías de escala?

En lo que atañe a los salarios, ¿deben adecuarse de manera que todas las empresas tengan las mismas tasas de rentabilidad, o al revés, hay que partir de salarios iguales (digamos, para los trabajos simples) en todas las ramas? Pero en este último caso, las tasas de ganancia no podrían igualarse. Y si se decide por la primera opción, los salarios no pueden ser iguales. ¿Cómo se arreglan estos embrollos desde el Estado “popular capitalista”? Menudos problemas, pero hay más. Por caso, las amortizaciones; ¿las establecemos iguales para todos los capitales? ¿Y a qué tasa? ¿Hay que buscar una  “razonable”? Por otra parte, ¿cuántos son los beneficios que se permiten redistribuir a los accionistas, y cuántos los que se reinvierten? ¿Cómo se establece esa división? ¿También tiene que ser “razonable”? ¿Es igual para todas las ramas?

Advirtamos que con esto sólo estamos en los inicios del asunto, porque también hay que determinar cuál es la tasa de interés “razonable” que deberán pagar las empresas por endeudarse (¿y cómo se diferenciarán estas tasas, si las tasas de ganancia no convergen?); y las tasas de interés “razonables” para los consumidores; así como las rentas inmobiliarias “razonables” (afectadas por locaciones desiguales); como las primas “razonables” para los seguros. Sin olvidarnos, por supuesto, del tipo de cambio “razonable”. Al respecto, ¿habrá que adecuarlo por tipo de producto, para que todo esté “razonablemente” parejo para el pueblo? Y no nos olvidemos de los impuestos internos, ni de las tarifas aduaneras, que también deberían ser adecuados, para que nada se salga del cuadro “razonabilidad”. Y la lista sigue: ¿cuáles son los márgenes “razonables” de los intermediarios comerciales? ¿De las comisiones de las agencias inmobiliarias? ¿Y las tarifas “razonables” por servicios de abogados, médicos, contadores, etc., etc.? ¿Y del sector financiero?

Sin embargo, alguien podría argumentar que, aun reconociendo las dificultades del asunto, si se establecieran los precios “razonables”  de los “grandes formadores de precios”, todo lo demás se ajustaría por obra de los “mercados populares”, controlados por militantes populares, con la colaboración de capitalistas populares, bajo la supervisión del Estado popular y sus funcionarios populares. Claro que en ese hipotético caso habría que detectar a los “formadores de precios”. Y aquí se tropieza con la interdependencia entre las ramas. Para verlo, tomemos una matriz de insumo producto, conformada por 300 ramas, donde cada una provee insumos básicos (lo que los economistas llaman una matriz no descomponible). Esto es, la industria del petróleo, por caso, recibe insumos de las ramas del acero, de la de máquinas herramientas, del pan, del vestido y otros bienes de consumo (porque el petróleo contrata obreros), del gasoil; y a su vez, la industria del petróleo provee, directa o indirectamente, insumos a todas las demás. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo individualizar las, supongamos, 10 industrias formadoras de precios? Para bajarlo a tierra: cuando YPF, bajo control del Estado “nacional y popular”, aumenta las naftas un 40% en un año, ¿lo hace porque es formadora de precios, o porque los precios de los insumos se le imponen? La realidad es que en un sistema de interdependencia, cada empresa (y cada rama, en última instancia) de la matriz básica es “formadora” porque a su vez recibe precios “formados”.

Pero además, lo anterior todavía es estático, no es más que un “corte transversal”. El sistema capitalista es dinámico; constantemente están cambiando las productividades por sectores, las tecnologías, las necesidades; la competencia externa se hace sentir, las clases sociales son dinámicas, y también los conflictos. ¿Cómo se mantiene todo esto en un equilibrio que permita la reproducción de las razones cuantitativas “razonables” establecidas? ¿De qué manera los controles populares pueden operar sobre esto, en tanto las decisiones de inversión continúan en manos de los capitalistas? Claro que en el mundo del reformismo, el capitalismo con precios bajo control popular (y comercio exterior, tipo de cambio y bancos convenientemente vigilados), habrá eliminado la anarquía de la producción (¿o la ley del valor no impone una regulación anárquica?)  y con ella, también las crisis. Es el sueño supremo. Como decía Marx, quieren eliminar los males del sistema, sin acabar con el sistema. Sobre esta tontería se construye toda la propuesta.

Superación del mercado, una cuestión social y política 

Naturalmente, con esto no estoy diciendo que el mercado no se puede superar. El mercado se puede superar, pero ésta es una tarea histórica, que solo podrán acometer sociedades altamente evolucionadas, que hayan dejado muy atrás la producción basada en la propiedad privada de los medios de producción. En tanto esto no suceda, el mercado no puede superarse. Incluso una revolución socialista, en la que los trabajadores efectivamente tengan poder, deberá avanzar muy lentamente en su ofensiva contra el mercado. No es una cuestión técnica; tampoco se trata de un obstáculo que se pueda saltar con “apoyo popular” o “movilización popular” en tanto estemos en los marcos del sistema capitalista. Ni siquiera el régimen de la URSS, con cientos de miles de empleados abocados a la planificación (burocrática), y estando la industria, el transporte, la banca, el comercio y buena parte de la producción agrícola nacionalizadas, pudo eludir los rigores de la ley del valor trabajo. ¿Cómo se puede sostener entonces que se pueden manejar los precios desde el Estado capitalista? Alguna vez Lenin dijo algo tan simple como fundamental: para controlar hay que tener poder. Si no tengo poder, no controlo. Los capitalistas controlan porque tienen poder económico, y ese poder económico se asienta en la propiedad privada. El Estado, en tanto subsista esa base, no puede no ser capitalista. Y el mercado no puede no responder a las leyes de la producción capitalista. No hay “control” popular por encima o por fuera de estas constricciones. Un análisis materialista tiene que empezar por la base. Son las contradicciones sociales las que mueven, en última instancia, a las clases sociales. Estamos en el ABC del marxismo.

Una vez más, repito lo que dije alguna vez en este blog: hay que aprender a luchar sin ilusiones (aquí).  No se gana nada prometiendo paraísos que sólo existen en la imaginación. Aunque quienes prometen sean personas bienintencionadas y deseosas de ayudar a la humanidad. No es una cuestión de voluntad, sino de relaciones sociales objetivas.

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Control de precios y capitalismo “razonable”

Fuente: https://rolandoastarita.blog/2014/02/12/control-de-precios-y-capitalismo-razonable/#more-4404

II. Analicemos cómo el modelo K estaba con problemas crecientes.

Economía argentina, coyuntura y largo plazo (II)

19 de agosto de 2012

La acumulación del capital en la tradición clásica

En la nota anterior hemos planteado que la clave del desarrollo capitalista pasa por la reinversión del excedente. Esta importante idea fue formulada por primera vez por los fisiócratas. Quesnay definía el excedente como la diferencia entre la producción y lo necesario para mantener la capacidad productiva (incluyendo en ésta el consumo del trabajador). Se equivocaba al sostener que sólo la actividad agrícola generaba ese excedente, pero lo destacable es que concibió un proceso dinámico, cuyo eje es la reinversión, decidida por la clase social que se apropia del excedente. Luego, en Smith y Ricardo, serán los trabajadores contratados por el capital los que producen el valor, y por lo tanto, las ganancias y las rentas. Se trata de un enfoque opuesto al neoclásico, con su énfasis en la asignación eficiente de recursos “dados”. En el sistema clásico, lo importante es ampliar el trabajo productivo, para generar ganancia que se invierte para generar más ganancia. Se trata de un proceso circular, o en espiral, que rige el desarrollo de las fuerzas productivas.

También en Marx se mantiene esta idea. Sintéticamente, en Marx, para que haya reproducción ampliada del capital, es necesario que el capitalista decida acumular, reinvertir la plusvalía, no sólo para acrecentar el capital variable (como sucede en Ricardo), sino también el capital constante, esto es, los medios de producción. “El empleo de plusvalor como capital, o la reconversión de plusvalor en capital, es lo que se denomina acumulación de capital” (Marx, 1999, t. 1, p. 713). Por eso, una vez dada la masa de plusvalor, “la magnitud de la acumulación depende… de cómo se divida el plusvalor entre el fondo de acumulación y el de consumo, entre el capital y el rédito” (idem, 730). La plusvalía que se gasta como rédito, esto es, para el consumo o diversos gastos del capital, no permite ampliar la capacidad productiva. De aquí la importancia de distinguir entre trabajadores productivos e improductivos. Los trabajadores improductivos son pagados con plusvalía, y no generan plusvalía. En El Capital Marx apuntaba que el gasto en empleados domésticos, en Inglaterra, era gasto improductivo. Lo mismo se aplica al trabajo estatal. Si el Estado contrata trabajadores para enterrar y desenterrar botellas, esto puede estimular el consumo, y por esa vía contribuir a sostener la demanda. Sin embargo, esos trabajadores son pagados con plusvalía que no se reinvierte productivamente (para una discusión, ver aquí). Por lo tanto, en la medida en que el nivel de empleo se sostenga por esta vía, el crecimiento encontrará dificultades crecientes. Podemos decir que en un país atrasado, esto es doblemente válido. Y esto ocurrirá aun en el caso de empresas estatales. Por ejemplo, si una empresa estatal contrata personal para que trabaje como puntero político, ese gasto es improductivo; aunque el gasto de ese puntero contribuya a mantener la demanda. Y en el mediano o largo plazo, ese tipo de gasto sólo se sostiene si crece el trabajo productivo.

En síntesis, en la teoría clásica, y más explícitamente en Marx, la clave del desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas pasa por cuánto trabajo se emplea productivamente, y por cuánto de la plusvalía se reinvierte para ampliar el trabajo productivo, o se gasta como rédito. Si consideramos el desarrollo de un país en particular, debemos agregar cuánto de la plusvalía atraviesa las fronteras para colocarse en otro país. Lo importante es que todo el valor histórico del capitalismo se relaciona con estas cuestiones: “Sólo en cuanto capital personificado el capitalista tiene un valor histórico…”. En consecuencia, los factores que influyen en la decisión de invertir -en primer lugar, la ganancia, y la seguridad de su continuidad- son decisivos en el análisis del desarrollo capitalista. La búsqueda de ganancias, y la competencia, obligan a cada capitalista “a expandir constantemente su capital para conservarlo” (ídem, 731). Por eso, “como fanático de la valorización del valor, el capitalista constriñe implacablemente a la humanidad a producir por producir, y por consiguiente a desarrollar las fuerzas productivas sociales y a crear las condiciones materiales de producción que son las únicas capaces de constituir la base real de una forma social superior…”.

Destaquemos que el dinamismo técnico deriva de esta mecánica. El desarrollo de las fuerzas productivas no consiste sólo en aumento cuantitativo (más trabajadores y más medios de producción), sino en el avance tecnológico: la producción de más bienes por menos unidad de tiempo (innovaciones de proceso); y de bienes que satisfagan mejor las necesidades humanas (innovaciones de productos). Esta dinámica, a su vez, lleva a las crisis de sobreproducción. Al acumular, aumenta la masa de capital constante invertida por obrero, se eleva la productividad, se abaratan los medios de producción y de consumo, y finalmente se debilita la tasa de rentabilidad. Lo cual explica por qué la crisis típica del desarrollo capitalista no es por carencia, sino por “exceso”, por sobreproducción, por sobrecapacidad y sobreacumulación (ver aquí).

Apuntemos también que mucho de este enfoque fue mantenido por los neoricardianos (Garegnani, Pasinetti), hasta el día de hoy. También por los keynesianos de Cambridge (como Kaldor), o los autores tradicionales de desarrollo (como Lewis), aunque en estos casos, sin la tesis del trabajo productivo, ni referencia alguna a la explotación. En Kaldor, por ejemplo, el dinamismo técnico depende de la capacidad para absorber el cambio técnico, y éste depende de la tasa de acumulación. Estas ideas están en el centro de las polémicas de los autores más progresistas del pensamiento burgués, con los neoclásicos. La causa del retraso de los países subdesarrollados no es la pobreza de recursos, o la escasez de ahorro, sino al contrario, la pobreza de recursos y la escasez de ahorro es el reflejo de la debilidad de la acumulación (ver, por ejemplo, Kaldor 1963).

La salida del excedente en el pensamiento de izquierda

Aunque a primera vista parezca que nos hemos alejado del tema que nos ocupa, estamos en el meollo de la cuestión. Desde el punto de vista del desarrollo capitalista, la raíz de los problemas en la economía argentina reside en que una parte sustancial del plusvalor no se reinvierte productivamente. En parte se utiliza en gastos improductivos (incluidos gastos estatales), o construcción inmobiliaria. Y otra se coloca en el exterior, ya sea porque las multinacionales no reinvierten sus ganancias, o porque la burguesía argentina saca los capitales. Los teóricos de la dependencia, y en general los autores de izquierda, tradicionalmente explicaron el atraso de los países coloniales y semicoloniales por la extracción del excedente que realizaban las potencias y sus empresas, aliadas a las oligarquías locales. 

Pero hoy, en Argentina, la remesa de utilidades por parte de las grandes transnacionales es solo una parte del problema, porque existe una enorme masa de riqueza, propiedad de la clase capitalista criolla, que está acumulada en el exterior (algunos la ubican en 160.000 millones de dólares, pero puede ser superior); esto es, no se reinvirtió, ni se reinvierte, para ampliar las capacidades productivas. En este punto, el esquema explicativo “imperio-colonia” hace agua, ya que esa transferencia del excedente fue un acto libre de los capitalistas argentinos. Para ilustrarlo con un ejemplo, cuando los Kirchner colocaron varios cientos de millones de dólares, provenientes de la privatización de YPF, en los circuitos financieros internacionales, lo hicieron respondiendo a una lógica de clase, no por imposición del FMI, o de poderes coloniales. Lo decidieron así porque consideraban que el marco social, o el horizonte político, no era adecuado para realizar inversiones productivas en la provincia de Santa Cruz. Algo similar puede decirse acerca de la forma en que los políticos blanquean el dinero de la corrupción: lo invierten, con criterio rentístico, en propiedad inmobiliaria, urbana o rural, o en dólares y activos financieros en el exterior. Esta debilidad de la acumulación de capital explica entonces por qué el problema económico en Argentina se manifiesta como carencia, como falta (de energía, de transporte, de producción con valor agregado, etc.) y no como “exceso”. El hecho de que la intelectualidad K- izquierdista pase por alto, o disimule, la salida del excedente, demuestra la distancia que la separa de lo que ha sido la tradición del pensamiento crítico de la izquierda latinoamericana, y de las expresiones más progresistas de la tradición económica.

La inversión en Argentina

Afirmar que la salida del excedente debilitó la acumulación, y por lo tanto las bases del desarrollo capitalista, no es sinónimo de negar que hubo inversión en la última década. Es importante aclarar este punto, porque muchas veces se puede caer en una discusión falsa. Cuando sostenemos que existe un desarrollo deformado y con fundamentos débiles, y que la salida del excedente es causa y expresión de ello, no estamos diciendo que no hubo en absoluto inversión. En los 2000 los niveles de inversión se recuperaron con respecto a la gran crisis de 2001-2, e incluso fueron un poco superiores a los promedios de los años noventa. Pero la inversión no cambió cualitativamente con respecto a los 90. En el siguiente gráfico vemos la inversión (incluye construcción e inversión en equipos) en términos del PBI.

Aquí, la participación de la construcción en el PBI. La construcción residencial no aumenta la capacidad productiva del país; en términos marxistas, es gasto de renta, esto es, de bienes de consumo.

La relatividad del cambio en los 2000 con respecto a la década menemista está determinada por el hecho de que en los años 90 hubo inversión productiva. Hay que mantener una perspectiva de largo plazo para entender dónde estamos parados. La imagen de una oposición absoluta entre el “modelo parasitario financiero” de los 90 y el “productivo e inclusivo” desde el 2003, no resiste el análisis. La realidad es que entre 1990 y el primer trimestre de 1998 la inversión bruta interna fija aumentó un 190%; la inversión en construcción 117,2%; la realizada en equipo durable de producción aumentó casi el 330%. En ese período el PBI aumentó 50,4% y la relación IBIF/PBI pasó de un mínimo de 13,2% en 1990 al máximo de 25,6% en el tercer trimestre de 1998. Entre 1990 y 1998 la inversión en equipos y maquinaria (bienes de capital) importados creció en casi 14 veces, pasando de ser el 8,7% de la IBIF al 41% en el primer trimestre de 1998. Todos los datos los tomo de Kulfas y Hecker (1998), una fuente que debería ser insospechada de estar bajo las influencias del grupo Clarín y del “establishment destituyente”; Matías Kulfas actualmente es gerente general del Banco Central y preside AEDA, una institución defensora de las políticas oficiales. En la década menemista no solo se destruyeron empresas, también se modernizó el stock de capital, y aumentó la productividad. El apoyo de la burguesía argentina a las políticas de Menem-Cavallo encuentra su explicación última en estas evoluciones. Por eso también Kulfas y Hecker consideraban positivas las privatizaciones. Pero aunque en los 90 aumentó la inversión con relación a los 80 (que fueron de estancamiento), no cambió estructuralmente la economía argentina. Algo similar ocurre en los 2000: aumentó la inversión con respecto a los 90, aunque tampoco se modificaron de manera sustancial el rasgo que define a un capitalismo atrasado y dependiente: el desarrollo desigual y desarticulado, y sustentado en escasa tecnología. Precisemos todavía que la inversión de los 90 jugó un rol no desdeñable en la recuperación a partir de 2002. El gobierno de Duhalde, y luego Kirchner, heredaron un aparato productivo modernizado con relación a los 80.

Textos citados
Kaldor, N. (1963): Ensayos sobre desarrollo económico, México, CEMLA.
Kulfas, M. y E. Hecker (1998): “La inversión extranjera en la Argentina de los años ’90. Tendencias y perspectivas”, Estudios de la Economía Real, Nº 10, octubre, Centro de Estudios para la Producción.
Marx, K. (1999): El Capital, México, Siglo XXI.

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Economía argentina, coyuntura y largo plazo (II)

Fuente: https://rolandoastarita.blog/2012/08/19/economia-argentina-coyuntura-y-largo-plazo-ii/

I. Analicemos cómo el modelo K estaba con problemas crecientes

Economía argentina, coyuntura y 

largo plazo (I)

13 de agosto de 2012

Por Rolando Astarita

En esta nota vuelvo sobre la desaceleración de la economía (ver aquí), con algunos datos nuevos, pero esencialmente analizo la cuestión en el marco del largo plazo y el tipo de crecimiento que hubo desde 2002. Dada su extensión, he dividido la nota en dos partes.

La desaceleración
Los últimos datos del Indec indican que estamos en presencia de una pronunciada desaceleración de la actividad económica. En el siguiente gráfico se puede ver la variación porcentual del estimador mensual de actividad con respecto a igual mes del año anterior, entre mayo de 2011 y abril de 2012.

Agreguemos que la tasa de desocupación aumentó del 6,7% en el último trimestre de 2011 al 7,1% en el primero de 2012, con un descenso de la población activa, del 46,1% al 45,5% entre esos períodos; esto significa menos cantidad de gente buscando trabajo. El Ministerio de Trabajo reconoció, en agosto, que se estancó la creación de empleo. En el primer trimestre de 2012 el PBI creció el 5,2% con respecto a igual período de 2011; en términos anualizados, el crecimiento fue del 3,6%, y debe tomarse en cuenta que hay un arrastre estadístico del 1,6%. de 2011. Todo indica que el crecimiento en el segundo semestre será más débil que en el primero. Las importaciones de bienes de capital disminuyeron, en junio de 2012, un 38% con respecto a igual mes del año anterior; puede estar reflejando una caída importante de la inversión. El consumo también se debilitó; las ventas minoristas en junio cayeron 6,8% con respecto a junio de 2111 (CAME); aunque luego repuntó, como consecuencia de los aumentos de las paritarias, y también porque la compra de bienes de consumo durables se ve como un refugio frente a la inflación. Con todo esto a la vista, si bien no hay elementos como para decir que se haya entrado en recesión (dos trimestres seguidos con crecimiento negativo), se puede afirmar que es fuerte el freno del crecimiento.

Explicaciones

El Gobierno y sus defensores explican que la desaceleración no se debe a debilidades del modelo, sino a la crisis internacional, ya que “el mundo se nos vino encima”. Pero el argumento es débil. Como señalan los críticos, la economía mundial está creciendo al 3,5% (según el FMI, junio 2012). En 2009 la economía mundial se contrajo el 2,2%, y la de los principales socios comerciales de Argentina un 0,4%; pero la economía argentina creció 0,9% (según el Indec). ¿Por qué debía caer en 2012, con la economía mundial creciendo al 3,5%?
Los partidarios del Gobierno responden que Argentina se ha visto muy afectada por el freno de las importaciones de automóviles por Brasil, y por la sequía, que no permite aprovechar el aumento de la soja. Hay elementos de verdad en esto. Según la Asociación de Fábricas de Automotores, debido a la caída de la demanda en Brasil, las exportaciones de vehículos disminuyeron un 28,4% en el primer semestre de 2012 con respecto al mismo período de 2011. La fabricación de vehículos automotores bajó 14,2% en el primer semestre de 2012, con respecto al primero de 2011; y un 30,9% en junio de 2012 en relación a junio de 2011. Dado el peso de la industria automotriz en la economía, el efecto recesivo es indudable. Por otra parte, durante la campaña 2011-2 hubo una disminución en la producción de unos 15 millones de toneladas entre maíz y soja, debido a la sequía. Además, buena parte de la cosecha se vendió a precios menores que los actuales. Esto explica que las exportaciones de productos primarios tuvieran, en el primer semestre, una caída por precios del 1%. En junio, y en términos anualizados, las exportaciones de productos primarios cayeron un 15%, tanto por precios como por cantidades. En definitiva, dicen los K-partidarios, los problemas son externos, crisis mundial en primer lugar, sequía en segundo término.
Los críticos retrucan señalando que otros rubros se han desacelerado, o están disminuyendo: la industria alimenticia y tabaco creció, a junio de 2012, el 2,8% con respecto a igual acumulado del año anterior; la textil disminuyó el 1,8%; papel y cartón, y edición e impresión aumentó 2,1%; refinación de petróleo bajó 1,6%; e industrias metálicas básicas descendió 1,7% (todos los datos son del Indec). La caída de la construcción tampoco puede explicarse por la crisis mundial; ni el aumento del déficit de la balanza energética. Pero los defensores del Gobierno explican que no hay problemas de fondo, y que a partir del segundo semestre las cosas irían mejor. En Brasil habría recuperación de la demanda en el segundo semestre. Y en 2013 se harán sentir los efectos del alto precio de la soja; el precio de la oleaginosa aumentó casi un 60% desde diciembre de 2011. Si las condiciones climáticas lo permiten, la cosecha alcanzaría los 55 millones de toneladas, y podría haber un ingreso extra de 5300 millones de dólares en 2013. El Gobierno podría recaudar entonces 8600 millones de dólares por derechos de exportación (Iaraf, “Informe económico” 170, julio 2012). O sea, el mundo ya no se nos caerá encima. Si bien todo esto es real, existen de todas maneras muchos elementos para concluir que la economía se ha desacelerado de manera muy fuerte, y esto no se explica solo, ni principalmente, por los factores externos.

Crecimiento y problemas crecientes

La discusión sobre la coyuntura hay que enmarcarla en la dinámica de la economía argentina desde 2002. Los defensores del gobierno señalan repetidamente que Argentina creció a “tasas chinas”, y éste es un elemento real. Desde el primer trimestre de 2002 hasta el primero de 2012, el PBI aumentó un 103% (tomamos como punto de partida 2002 porque cuando Kirchner asumió la presidencia la economía ya estaba creciendo a una tasa muy alta, un 7,7% en el segundo trimestre de 2003 contra igual período de 2002).
Con la recuperación bajó la desocupación, desde el pico del 21% durante la crisis, al 7% actual; también la pobreza, que había alcanzado casi al 60% de la población en 2002, disminuyó al 22% que calcula hoy la UCA. 

En estos 10 años hubo importantes excedentes comerciales, de manera que se pudo evitar la tradicional restricción que tenía la economía argentina por el lado de la balanza de pagos, al tiempo que se bajaba el nivel de endeudamiento. La deuda externa disminuyó del 165% del PBI, después del estallido de la convertibilidad, al 42% en la actualidad. Aunque influyen las variaciones del tipo de cambio (hasta diciembre de 2001 representaba el 55% del PBI), es un hecho que la deuda hoy representa una carga mucho menor que en los 80 y 90 para la economía. Asimismo, crecieron las reservas internacionales. Todos estos datos están mostrando que asistimos a una fase expansiva del ciclo económico relativamente prolongada. En otra nota, hemos planteado que este ciclo se corresponde con un proceso similar que ocurrió a nivel de América Latina en la última década (ver aquí). No se puede entender el apoyo que ha recibido el gobierno de los Kirchner (o el de Lula o Bachelet) si no se parte de reconocer esta situación. En última instancia, la tesis, tan repetida en 2001 y 2002, de que la crisis argentina era “sin salida”, tiene sus raíces en una incomprensión de la dinámica del modo de producción capitalista. Sin embargo, en los últimos años se encendieron luces amarillas en el “modelo”. Veamos:

a) desde hace tres años, por lo menos, el sector privado no está generando empleo neto. El desempleo juvenil alcanza al millón, y desde 2009 se multiplicó por cuatro el número de jóvenes que reciben subsidio por desempleo;
b) en los últimos años los niveles de pobreza se han mantenido en torno al 22% (UCA, CTA y otros estudios no oficiales). Esto significa que se ha mantenido muy alta la cantidad de pobres estructurales;
c) el balance fiscal, que en 2004 fue positivo por casi el 4% del PBI, en 2011 fue negativo por el 1%, y en 2012 sería también negativo. Los subsidios al transporte público, y al consumo de gas y electricidad, representan en 4% del PBI;
d) el tipo de cambio real se apreció. Según Cepal, el tipo de cambio multilateral estaría apreciado un 30% con respecto al promedio 2003-2012. Desde hace años, las  importaciones crecen a una tasa mayor que las exportaciones, a pesar del alto precio de las materias primas. Entre 2004 y 2010, medidas en dólares, aumentaron en 229% y las exportaciones en 144%; entre 2010 y 2011 las importaciones aumentaron 30,8% y las exportaciones 23,7%. El tipo de cambio alto fue clave en el “modelo” K.

El problema que subyace a estas evoluciones reside en la acumulación, y se sintetiza en que desde inicios de 2008 hubo una fuerte salida de capitales, de unos 60.000 millones de dólares (21.000 millones en 2011). Esto explica por qué, a pesar del excedente comercial, las reservas internacionales han bajado en los últimos meses: casi un 14% entre junio de 2011 y agosto de 2012. Además, otra parte del excedente (por caso, de la renta de la tierra) se ha estado invirtiendo en construcción y propiedad inmobiliaria. Por lo tanto, una enorme masa de plusvalía no se reinvierte productivamente en el país. Pero la clave del desarrollo capitalista es la acumulación de capital, esto es, la reinversión de la plusvalía (el fruto de la explotación del trabajo) en medios de producción y fuerza de trabajo, para obtener más plusvalía. De aquí también que no se hayan superado los rasgos estructurales básicos de la dependencia.

¿Cuánto cambió la economía?

Mucha gente está convencida de que a partir de 2003 Argentina pasó de un modelo agrícola y financiero, a un modelo productivo sustentado en la industria. Las cifras de algunas ramas industriales parecen avalar esa creencia: Entre 2003 y 2011 la producción de heladeras creció 451%, la de lavarropas 239% y cocinas 248%. La industria textil aumentó su producción un 150%. La fabricación de productos manufacturados de marroquinería y cueros se incrementó 60% en dólares. La de juguetes un 140%. La producción de la industria farmacéutica creció un 153%, y un 191% sus exportaciones. La metalmecánica aumentó su producto el 180% y el empleo 109%. La producción de vehículos automotores, la estrella de la industria, se incrementó un 488%; y el empleo un 213%. La industrialización de la soja creció 54% desde 2003 a 2012; la capacidad instalada del polo aceitero aumentó 100% en el mismo período. (datos Ministerio de Industria). En biocombustibles hubo una inversión de unos 1000 millones de dólares en los últimos años. En términos generales, se puede decir que a partir de la devaluación del peso en 2001, los sectores productores de bienes transables industriales se han visto beneficiados por el aumento de sus exportaciones, y sobre todo, por la sustitución de importaciones. Éste es el elemento de verdad que tiene el discurso K sobre el “modelo industrialista”.

Es indudable, además, que este crecimiento constituye una fuente importante de legitimidad y consenso para el Gobierno. Sin embargo, no implicó un cambio cualitativo de la estructura productiva global del país. Para verlo, tomamos como puntos de comparación 1998 (el año previo al inicio de la crisis) y 2011. En ese lapso, la participación de la industria en el PBI aumentó un punto porcentual: en 1998 era del 17,8%, en 2011 fue del 18,8%. No es un cambio significativo. En algunos medios académicos “progre-izquierdistas” circula la idea de que los 90 fueron años de “acumulación financiera” por oposición a los 2000. Sin embargo, la participación en el PBI del sector bancario y financiero fue un poco superior en 2011 con respecto a 1998. En 1998 la suma de la participación de la intermediación financiera y de los servicios de intermediación financiera era 5,1%, en tanto que en 2011 fue 6%. Ya hemos visto, por otra parte, que la participación de la industria no fue significativamente superior.

Sí aumentó la participación de los sectores productores de bienes y servicios en el PBI: en 1998 fue del 32,1%, y en 2011 del 37,9%. Es una suba importante, de casi 6 puntos porcentuales. Sin embargo, se debe principalmente al aumento de la participación de sectores productores de bienes con bajo valor agregado: minas y canteras incrementó su participación en el PBI del 1,4% al 3,1%; y agricultura, ganadería y sivicultura pasó del 5% al 9,5%. Agreguemos que la participación de la construcción se mantiene en poco más del 5%, en tanto disminuye la participación de electricidad, gas y agua del 1,9% al 1% (pero en este último ítem, a precios constantes de 1993, la participación se mantiene estable en torno al 2,3%).

El peso de actividades de bajo valor agregado también se refleja en la estructura de las exportaciones. En 2010 el 23,6% de las exportaciones estuvo compuesta por productos primarios, el 33,2% por manufacturas de origen agropecuario (MOA), el 34,1% por manufacturas de origen industrial (MOI) y el 9,6% fueron combustibles y energía. En 1998 eran, respectivamente, el 25%, 33,1%, 32,6% y 9,2%. O sea, hubo un aumento de la participación de las MOI, pero no se modificó sustancialmente el alto peso de productos primarios, y de las MOA de poco valor agregado.

Para verlo de otra manera, digamos que el complejo oleaginoso representó, en 2011, el 26,2% de las exportaciones totales (el sojero el 24,5%); y el cerealero el 11,2%. El 75% del valor exportado por el complejo agroindustrial (31 cadenas agroalimentarias) está compuesto por commodities. Esto explica por qué la economía argentina es tan dependiente de factores climáticos (las lluvias en Argentina y EEUU). Por otra parte, las exportaciones de vehículos automotores representan el 39% de las MOI (el complejo automotriz representó, en 2011, el 12,7% de las exportaciones totales). Además, están muy concentradas en el Mercosur, esto es, en Brasil. En 2011 las exportaciones de vehículos y chasis al Mercosur representaron el 76% del total. Es que la apreciación del real (a pesar de su depreciación reciente, todavía está apreciado con relación al dólar un 20%, aproximadamente) contribuyó a mantener competitiva a la industria automotriz argentina, a pesar de la apreciación del peso contra el dólar y el euro. De aquí la “Brasil-dependencia” de las exportaciones argentinas de MOI. Esto también explica el peso de la industria automotriz en la economía argentina.

Es de destacar entonces que la industrialización (y la “argentinización”) de la economía, proclamada por el “Proyecto Nacional y productivo”, se realiza a partir del imbricamiento de grandes empresas agrarias, mineras y automotrices (Grobo, Cresud, Molinos, Monsanto, Barrick Gold, Vale, Ford, John Deere, Fiat) con el mercado mundial. Por encima de los discursos, se impone la lógica de la internacionalización del capital. Queda claro, por lo tanto, lo que se está demandando cuando se levanta la consigna de “profundizar el modelo”.

Por otra parte, durante años el Gobierno negó que hubiera problemas en la producción de gas y petróleo. En 2012 tuvo que admitirlos. Según datos oficiales, entre 1998 y 2011 la producción de petróleo se redujo en 15,9 millones de metros cúbicos y entre 2004 y 2001 la producción de gas disminuyó en 6,6 miles de millones de metros cúbicos. Las reservas de petróleo cayeron 11% y las de gas 43% entre 2003 y 2010. Como resultado, en 2011 Argentina tuvo un saldo negativo en la balanza comercial de hidrocarburos de 3.029 millones de dólares. El déficit se agrava este año. En el primer semestre de 2012 se importaron combustibles y lubricantes por 4983 millones de dólares; es un aumento del 16% con respecto al primer semestre de 2011. De la misma manera, las dificultades que están experimentando empresas eléctricas, y los cortes frecuentes de suministro, están evidenciando también problemas estructurales graves. Lo mismo podemos decir del transporte; por ejemplo, los ferrocarriles (ver aquí). El déficit comercial de la industria y energético, las falencias del transporte, el peso que continúan teniendo los productos primarios o de poco valor agregado en el PBI y en las exportaciones, no pueden atribuirse a la crisis mundial. Tampoco la salida de capitales: en 2011 Argentina tuvo un movimiento neto de capitales de -17.600 millones de dólares, en tanto Brasil experimentó un ingreso neto de 282.900 millones de dólares (dato de Cepal). Los problemas tienen sus raíces en cuestiones vinculadas con la acumulación de capital, que trataremos en la segunda parte.

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Economía argentina, coyuntura y largo plazo (I)

Fuente: https://rolandoastarita.blog/2012/08/13/economia-argentina-coyuntura-y-largo-plazo-i/

Veamos que no están solos Scioli, Granados, Berni (hoy senador por Unidad Ciudadana) en optimizar el Estado represor.

PROYECTO X: INFILTRACIÓN Y ESPIONAJE

CONTRA LOS LUCHADORES

10 de mayo de 2012

Una metodología dirigida desde la Presidencia

Según documentos de la propia Gendarmería, el espionaje y la infiltración son prácticas habituales contra delegados y luchadores, organizaciones gremiales y estudiantiles combativas, organismos de derechos humanos y partidos de izquierda.

A seis meses de iniciada la causa contra Gendarmería por parte de los obreros de Kraft (acompañados por el PTS y varios organismos de derechos humanos) cada vez son más evidentes las mentiras del gobierno. Sobre todo de Nilda Garré, ministra de Seguridad, quien el 24 de febrero dijo en conferencia de prensa que podía “decir en condiciones absolutamente seguras que [el Proyecto X] no se utilizó nunca en intervenciones de Gendarmería en manifestaciones sociales”. Dos meses después, su propio ministerio presentó documentación que desmiente aquellas palabras.

El Protocolo de la Gendarmería Nacional Para Normar la Actuación del Personal en el Control de Manifestaciones Públicas fue entregado al juez Oyarbide el 17 de abril, luego de que éste le pidiera al Ministerio de Seguridad información sobre cómo actúa esta fuerza frente a la protesta social. Este documento (11 páginas y 4 anexos) no hace más que confirmar que Gendarmería viola la Ley de Inteligencia Interna.

Allí se afirma que, según el reglamento “contra disturbios”, se hace inteligencia previa para identificar a los dirigentes sociales. En el punto Interrupción de calles, avenidas y rutas, según la directiva 01/2009 escrita por el jefe de Gendarmería, Héctor Schenone, se afirma que se reúne información “a fin de identificar a los dirigentes o delegados y/o representantes ‘líderes’ del grupo de manifestantes tratando de documentar todo mediante tomas fotográficas, filmaciones, grabaciones, etc.” Desde ya, ese “etcétera” abarca todo tipo de operaciones, como pinchaduras de teléfonos y mails e infiltración en las organizaciones.

El documento también demuestra que Garré mintió cuando dijo que Gendarmería solo actúa a pedido de la Justicia. El texto dice que “se establece la conformación de un equipo de registro fílmico y fotográfico, cuya misión es la de captar imágenes de lo que sucede dentro de una manifestación para, eventualmente ser utilizadas, de ser necesario, ante un proceso judicial”. Es decir que Gendarmería actúa por propia iniciativa, espía y almacena datos, y después, si ve que se puede imputar de algún delito a los espiados, avisa al juez de turno y le entrega información que luego será ‘prueba’ acusatoria en procesos judiciales. La criminalización de los que luchan por sus derechos es evidente. Se pone bajo la lupa cada lucha, cada paro, huelga de hambre, estado de alerta y movilización, “delitos” que van más allá de lo estipulado por el archireaccionario Código Penal. Así se invierte el propio principio burgués de presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Pertenecer a una organización obrera, piquetera, una interna combativa, un partido de izquierda o un centro de estudiantes justifica la sospecha, la persecución y el espionaje (lo que se ve agravado hoy con la sancionada Ley Antiterrorista).

Los hechos escandalosos alrededor del Proyecto X no se detienen. El juez Oyarbide ordenó el peritaje a la base de datos seis meses después de recibir la denuncia judicial. Para ello se designó un perito de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE), con lo cual el Poder Ejecutivo se peritará a sí mismo, ya que la SI depende de Presidencia y Gendarmería (fuerza predilecta de Cristina y Garré) también. Y por si fuera poco, la querella no puede observar ni determinar la calidad del perito ya que éste tiene “identidad reservada”.
Mientras tanto avanzan las causas penales armadas con el espionaje ilegal. En el caso de los luchadores de Kraft, ya se pidió la elevación a juicio contra “Poke” Hermosilla y Ramón Bogado.

En el programa de TN A Dos Voces del último miércoles, Christian Castillo compartió la mesa con Néstor Pitrola (PO), María del Carmen Verdú (CORREPI) y Vilma Ripoll (MST), representantes de organizaciones de izquierda que, junto a otras organizaciones obreras y populares, engrosan la lista de 5.000 procesados por luchar. Pitrola y Ripoll fueron procesados por apoyar la lucha de Kraft (finalmente recibieron “falta de mérito”, aunque la causa sigue contra los obreros de Kraft y PepsiCo). En la mesa los dirigentes coincidieron en la necesidad de movilizarnos en las calles para lograr la destrucción del Proyecto X y otras bases de datos en manos de fuerzas estatales o paraestatales, así como la anulación de la Ley Antiterrorista y de las causas o condenas contra los luchadores (en especial las causas armadas por Gendarmería en la histórica lucha de Kraft). Exigieron también la inmediata realización del juicio oral y público contra Pedraza y su patota por el asesinato de Mariano Ferreyra.

Temas Relacionados: Libertades Democráticas , Nacional

Fuente: http://www.pts.org.ar/Una-metodologia-dirigida-desde-la-Presidencia

II. Pensemos que, después de doce años de gobierno, el Kirchnerismo se representa en Scioli y lo presenta alternativa a Macri.

¿VICTORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS?

Con Scioli aumentaron 

el gatillo fácil y las torturas.

28 de julio de 2015

Un balance sobre lo hecho por el gobernador bonaerense durante los últimos ocho años confirma que las violaciones a los derechos humanos y la impunidad son norma en el sistema de “seguridad” y penitenciario provincial. Lo denuncia la Comisión Provincial por 

la Memoria.

Daniel Satur

@saturnetroc

Los datos de la realidad enrojecen los ojos de cualquiera que se asuma “progresista”. Mientras Página/12 abandona las denuncias documentadas contra la Policía y el Servicio Penitenciario bonaerenses, al tiempo que el mismo medio presenta a Daniel Scioli como “nuestro hombre en La Habana”, en la provincia que gobierna hace ocho años el “hijo político de Menem” reinan todo tipo de violaciones a los derechos humanos.

En el territorio provincial, son marca registrada la falta de vivienda para cientos de miles de familias, el trabajo precario para la juventud y la salud y la educación de décima categoría para la población trabajadora y pobre.

Pero la cosa es más oscura si se analizan los datos sobre torturas en comisarías y cárceles, desapariciones forzadas de personas que quedan impunes y muertes por supuestos “suicidios” o “enfrentamientos” entre uniformados armados hasta los dientes y víctimas que mueren sin haber disparado ningún tiro.

Un "sistema de la crueldad" para la victoria

Aún no se sabe si Daniel Scioli será el próximo presidente de la Nación. Pero sí está claro que el 10 de diciembre concluirán sus ocho años al frente de la gobernación bonaerense. Y un balance necesario es aquel que muestra el rostro quizás más perverso de la gestión de quien hoy habla de “victorias” por doquier como continuador del proyecto kirchnerista.

“La gestión actual finaliza demostrando que (…) [se ha] agravado la violación de derechos”. “La política criminal impulsada por el gobierno de la Provincia ha desencadenado una situación de grave crisis en materia de derechos humanos”. “La mayor tasa de encarcelamiento de la historia de la Provincia, que ha implicado una agudización del hacinamiento en cárceles y comisarías, y un agravamiento en la situación estructural, ya existente, de vulneración masiva y sistemática de los derechos de las personas detenidas”. “También ha aumentado considerablemente el ejercicio de la violencia policial no sólo en prácticas sistemáticas de tortura y detenciones arbitrarias sino también en el uso letal de la fuerza”. “Esta violencia cotidiana (…) crea condiciones de posibilidad de hechos aun más graves como torturas o ejecuciones sumarias, más conocidas como ’gatillo fácil’.”

Mientras ese cuadro se reproduce, “no ha habido ninguna propuesta consistente ni efectiva para los mercados ilegales de drogas, autopartes, arma, trata de personas, que son los que organizan el delito en toda su complejidad”. A su vez es regla “la impunidad de los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad, que constituyen graves violaciones a los derechos humanos”, existiendo “escasísimas condenas por torturas o apremios ilegales, a pesar de los miles de casos que acontecen cotidianamente”. Así se sigue dando vía libre a represores de uniforme para que utilicen “la tortura y la muerte como herramienta de control”.

De forma complementaria, “el gobierno es incapaz de mostrar información certera y confiable que dé cuenta de forma fehaciente de que estamos ante una grave crisis en materia de seguridad. Se basa en percepciones sociales, construcciones mediáticas que se afianzan en el discurso belicista que el propio Estado despliega”. Lo que demuestra que hay “una estrategia de gobierno del conflicto social que se despliega en el territorio militarizándolo, aumentando los dispositivos de vigilancia, captando más personas para el sistema penal y desplegando distintas violencias tanto afuera como adentro del encierro. A esta modalidad de gobierno la hemos llamado el ’sistema de la crueldad’.”

La única verdad es la realidad

Esas afirmaciones entrecomilladas no pertenecen a Nicolás del Caño, ni a Myriam Bregman, ni a Christian Castillo ni a ningún otro candidato del Frente de Izquierda. Y aunque esos dirigentes puedan suscribir cada palabra, esas frases textuales son parte de las conclusiones a las que arribó la Comisión Provincial por la Memoria y que fueron vertidas en su Informe Anual 2015 publicado a finales de junio.

Quienes están al frente de la CPM, como Adolfo Pérez Esquivel, la monja Martha Pelloni o Víctor De Gennaro, no podrían ser tildados de “trotskistas”. Será por eso que sus informes y denuncias son ninguneados por la militancia kirchnerista, que al no hallar chicanas ni latiguillos de ocación para desvalorizados (como lo hacen macartistamente con los “zurdos que le hacen el juego a la derecha”) prefiere mirar para otro lado y hacerle la campaña a Scioli. Es que resulta imposible refutar la realidad que la CPM documenta.

Las prácticas represivas que derivan en torturas, desapariciones y muertes a manos de policías o penitenciarios, con la consiguiente impunidad garantizada por funcionarios judiciales y políticos, se extienden de norte a sur y de este a oeste de la Provincia de Buenos Aires. La provincia que Daniel Scioli, Gabriel Mariotto, Alejandro Granados, Ricardo Casal y las decenas de los Barones de las intendencias gobiernan desde hace años. En algunas ciudades podrá haber menos casos, en otras el odio popular a los asesinos decantará en mayor desprestigio institucional, pero la lógica es una sola y así queda demostrado pese al discurso edulcorado de las autoridades.

La muerte como regla

A través de inspecciones en barrios, comisarías y cárceles, encuestas a centenares de jóvenes pobres y testimonios directos de las víctimas, la comisión arriba a conclusiones lapidarias. En el informe, como muestras contundentes, se presentan algunos casos que estremecen y a la vez dan por tierra con cualquier justificación oficial.

Algunos datos configuran el mapa de terror. Hoy la población encerrada en cárceles y comisarías de la Provincia es de casi 35.000 personas, un récord histórico (cuando Scioli asumió en 2008 eran 27.840). De ese total, casi 2.200 personas están alojadas en comisarías, ocupando unos 1060 camastros inhumanos. La sobrepoblación carcelaria tiene picos alarmantes, como en la Departamental La Matanza donde supera el 600 % o como en Lomas de Zamora, con un porcentaje incluso mayor.

En ese marco, morir encerrado o bajo control de uniformados no sólo es posible, sino que es más que probable. Entre 2013 y 2014 murieron al menos 286 personas bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense y al menos 18 en comisarías. A su vez la policía bonaerense informó que al menos 111 personas fueron “abatidas en enfrentamientos” entre abril y octubre de 2014.

Esa misma lógica de desprecio por la vida se reproduce en los neuropsiquiátricos: sólo en el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero murieron 133 internos entre febrero del 2012 y febrero de 2014.

Esas muertes (que son un subregistro) se produjeron por acción u omisión del Estado. Algunas ejecusiones las realizaron agentes estatales cumpliendo funciones, otras las sufrieron personas bajo custodia o “protección” del Estado. Entre 2013 y 2014 el Registro Nacional de Casos de Torturas o Malos Tratos contabilizó 4.987 hechos de torturas padecidas por 1.136 personas en la Provincia de Buenos Aires.

Un dato político ayuda a entender estos números. “La declaración de la emergencia en seguridad, vía decreto en abril de 2014, fue la herramienta normativa que activó una aceleración profunda en el deterioro de la situación de los derechos humanos en la Provincia, producida por las fuerzas de seguridad, penitenciarias y policiales”, afirma la CPM.

A estos datos se puede agregar que la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), que registra desde hace décadas los casos de gatillo fácil y asesinatos en lugares de encierro, al presentar su informe 2014 contabilizaba 185 muertes en todo el país durante los primeros diez meses del año, lo que proyectado daría un registro anual de más de 200 casos. El 45% de esas muertes fue en la Provincia de Buenos Aires. Es decir que el año pasado al menos un centenar de muertes por gatillo fácil o en lugares de encierro se produjeron bajo la tutela política de Daniel Scioli y Alejandro Granados.

Por su parte el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que preside Horacio Verbitsky, constató que a nivel nacional “2014 fue el año con más muertes ocasionadas por las fuerzas federales desde el año 2003”, es decir desde que asumió la presidencia Néstor Kirchner. Y que, justamente, esa evolución histórica se evidencia sobre todo en la Región Metropolitana de Buenos Aires, gobernada en gran parte de su extensión por Daniel Scioli y por los Barones del conurbano. El CELS afirma que entre 2003 y 2014 hubo en la región 1223 muertes de civiles a manos de uniformados (policías, gendarmes, prefectos, penitenciarios o militares), y que las 154 muertes del año pasado representan un crecimiento importante respecto a los años anteriores. Vale aclarar que muchos de estos números son registrados por organismos de derechos humanos no estatales, ya que las cifras oficiales brillan por su ausencia.

Herencia menemista

La Comisión por la Memoria concluye en que “hoy tenemos indicadores que miden la acción punitiva del Estado similares a los niveles de los años 2001-2002, cuando la crisis social campeaba las calles y los indicadores sociales de pobreza y desocupación alcanzaban los récords históricos”. Los años, ni más ni menos, de gobernación de Carlos “meta bala” Ruckauf y de Felipe Solá.

Todo lo anterior es parte de políticas reproducidas a nivel nacional. Según las mismas definiciones de la CPM, esas políticas “comienzan a corroer al menos en términos simbólicos la clara demarcación entre seguridad interior y seguridad exterior que constituyó uno de los grandes consensos construidos en los años iniciales de la transición democrática por un amplio espectro político y social”. Casi como respondiéndole a la maniobra de Cristina Fernández para “reconciliar” a la sociedad con las Fuerzas Armadas (plagadas aún de genocidas y represores), la comisión plantea que “preocupa la habilitación de tareas, fronteras adentro, del Ejército nacional”.

En este artículo se optó por no presentar los casos emblemáticos que cita el informe de la CPM. No sólo porque son muchos sino porque pueden verse en extenso en el informe que linkeamos más arriba. Lo que sí se debe remarcar es que cuando se habla de torturas, desapariciones y muertes se encuentran porcentajes altísimos de víctimas jóvenes y pobres. Desde niños en situación de calle hasta activistas ecologistas, desde jóvenes que se niegan a robar para la policía hasta presos sin condena que mueren supuestamente “ahorcados” en sus celdas. Desde chicas robadas para ser prostituidas por empresarios y comisarios hasta familias enteras desalojadas con gases y balas de predios ocupados para exigir vivienda.

La provincia que Scioli quiere mostrar como ejemplo de su gestión, buscando convencer al país de que ese “modelo” puede reproducirlo a nivel nacional, tiene este costado atroz de criminalización, represión e impunidad. Es una provincia en la que los magnates del gran delito organizado pueden actuar sin preocupaciones, asociados con los estamentos más variados de un Estado preocupado centralmente en llenar las cárceles de pobres y las calles de patrulleros.

Es el “modelo” en el que 9 de cada 10 presos fueron encarcelados sin orden judicial previa (agarrados por la policía en la calle); en el que más de la mitad de esos detenidos esperan durante años un juicio que diga si son culpables o inocentes; en el que esas personas viven hacinadas en celdas con agua contaminada, sin condiciones mínimas de salud e higiene y hasta encerradas en habitáculos de dos por dos durante días; en el que la policía y el servicio penitenciario garantizan y gerencian el narcotráfico, la trata de personas, el juego clandestino, los desarmaderos de autos y la prostitución.

Contra ese modelo peleó durante el último año y medio Christian Castillo en la Legislatura Bonaerense. El diputado del PTS y el Frente de Izquierda se opuso tenazmente a cuanto proyecto de ley presentó el sciolismo en pos de aumentar la criminalización y la represión. Y a su vez presentó decenas de proyectos que buscaron poner un freno a la avanzada reaccionaria. Fue él quien se opuso a la formación de las policías locales (el "chiche nuevo" de Scioli y Granados) y el único diputado de toda la Cámara que votó en contra del presupuesto 2015. Presupuesto, vale recordar, que mientras aumentó un 28% la partida de educación y un 31% las de salud y desarrollo social, lo hizo en un 66% para “seguridad”, es decir para más poder de fuego y personal de la Bonaerense. Pero esa pelea fue dada en soledad, sin contar siquiera con el apoyo de quienes desde el kirchnerismo se presentan como defensores de los derechos humanos.

Queda demostrado que cuando las candidatas y los candidatos del Frente de Izquierda como Myriam Bregman, Alejandrina Barry, María Victoria Moyano, Carla Lacorte,Edgardo Moyano y demás integrantes del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos levantan la voz para denunciar al Estado represor del pueblo trabajador, no se equivocan.

Tanto Daniel Scioli como Mauricio Macri y Sergio Massa comparten un proyecto criminalizador y disciplinador hacia las masas populares. Control y domesticación, sería el plan de consenso. Mal que les pese a muchos kirchneristas que intentan ver en Carlos Zanini y algunos candidatos a diputados el contrapeso “progre” al conservador y derechoso gobernador bonaerense, lo que no se puede desonocer es que si Scioli llega a la Casa Rosada lo hará con su “balance de gestión” de ocho años gobernando desde La Plata. Y eso, más que un sapo a tragar, puede convertirse en un factor determinante de complicidades y acompañamiento a un giro aún más conservador y represivo protagonizado por el PJ.

Fuente: http://www.laizquierdadiario.com/Con-Scioli-aumentaron-el-gatillo-facil-y-las-torturas