lunes, 27 de abril de 2015

Sepamos: "La ciudadanía chilena pide instalar un sistema político efectivamente democrático, pero esto debe ir acompañado también de transformaciones en el modelo económico, más que transformaciones en el modelo, un cambio de modelo".

Por casos de corrupción y crisis del mundo político
Sergio Grez: “El cambio estructural que se necesita 
supone el harakiri de la casta política”
27 de abril de 2015

Por Vanesa Vargas Roja (El Desconcierto)
El académico de la Universidad de Chile recalcó la única solución de fondo a la crisis política pasa por un nuevo cuadro institucional, que podría legitimarse democráticamente a través de una asamblea constituyente.  

Durante la jornada de este viernes, la presidenta Bachelet recibió las propuestas de la llamada comisión Engel, que tiene por objetivo buscar soluciones y tomar la iniciativa ante un escenario político marcado por la corrupción y la falta de representatividad. En este contexto,ElDesconcierto.cl conversó con el historiador y académico Sergio Grez. 

La comisión Engel ofreció hoy sus propuestas a la Presidenta. ¿Tiene alguna esperanza en dicho proceso?
Creo que esta comisión no va a aportar soluciones de fondo, ni al tema de la corrupción ni a la falta de legitimidad de la casta política y del sistema político vigente, puesto que sus indicaciones no van a alterar el sistema institucional que hoy está haciendo crisis. El problema es estructural, tiene que ver con el modelo económico neoliberal, pero también con el sistema político que nos rige desde los ’90. Estas son soluciones parciales que no ven que el tema de fondo es el carácter de este sistema pseudo democrático, con una democracia tutelada, restringida y de baja intensidad. No se arregla con comisiones, ni con elecciones anticipadas, ni con renovación del personal político, sino mediante una solución de fondo: un nuevo cuadro institucional, una nueva constitución y una refundación política mediante la única vía plenamente democrática: la asamblea constituyente.

¿Cree usted que la clase política realmente está enfrentando este proceso de deslegitimación institucional o simplemente tendremos que conformarnos con los procesos judiciales que se llevan a cabo en paralelo, que finalmente podrían terminar en condenas no muy contundentes ni satisfactorias para la sociedad?
No existe una estrategia única en el seno de la casta política, hay distintas propuestas. Hay quienes, como Correa Sutil, han lanzado el video de las elecciones anticipadas. Hay otros personeros que se oponen fervorosamente a esta idea, probablemente porque quieren salvar los puestos que ocupan actualmente y pareciera que hay un cierto desconcierto entre quienes han dirigido la política chilena durante el último cuarto de siglo. Eso nos habla de una profunda crisis, de la desorientación y de la ruptura de ciertos consensos, considerando el carácter profundo de la crisis política que nos aqueja y nos repercute a todos.
Hagan lo que hagan, cualquiera sea la solución, ya sea echarle tierra a los casos judiciales, mediante presiones políticas o subterráneas, o bien sacrificando algunos elementos más comprometidos, aplicando la política caiga quien caiga, eso no soluciona en el tema de fondo. El cambio de algunas cabezas, la sustitución de algunos liderazgos por personajes menos involucrados, no significa un cambio estructural, no significa un cambio en las reglas del juego y eso no es lo que necesita el país. La ciudadanía pide instalar un sistema político efectivamente democrático, pero esto debe ir acompañado también de transformaciones en el modelo económico, más que transformaciones en el modelo, un cambio de modelo. De tal manera que todo estos actos parecen manotazos de ahogado para tratar de cambiar algo para que no cambie nada sustantivo, es una política gatopardista destinada a salvar lo que la casta política considera más esencial: la permanencia del modelo, del cual obtienen jugosos beneficios, y la permanencia de ellos, en tanto personal político administrador del modelo, continuando por la senda del poder.

Bachelet justamente decía hoy que ella no supo condenar con fuerza y a tiempo estos casos. Públicamente ha mostrado una actitud autocrítica y dolida por lo que está pasando y ahora se espera que anuncie en cadena nacional las propuestas de este informe. ¿Cómo evalúa su desempeño político en el último tiempo?
Ha manifestado cierta desorientación, una que no tiene que ver con su relación personal con el caso de Dávalos, sino con el seno de su círculo de hierro, el más estrecho, que ha evidenciado una notoria desorientación respecto de qué hacer, qué postura adoptar para hacer frente a esta situación que amenaza con transformarse en naufragio. Por lo tanto, has oscilado entre una negativa y una defensa firme. Me acuerdo que, en febrero, tras el caso Caval, el ministro Gómez dijo que se trataba sólo de una cuestión entre privados. Les costó aceptar, finalmente, que lo ocurrido no correspondía, aún cuando no fuera un delito.
Oficialmente, se le ha tratado de cargar las piezas de responsabilidad sólo a la pareja Dávalos Compagnon, salvando a la Presidenta de toda responsabilidad, sosteniendo, como lo han hecho Peñailillo y Elizalde, que la honorabilidad de Bachelet está fuera de toda discusión. Este no es un tema de personas, sino de responsabilidades políticas. Claramente el entorno de la jefa de Estado no quiere soltar la presa, sacrificando a Dávalos pretendieron salvar al resto del equipo y los proyectos, sacrificando la credibilidad de la ciudadanía en esta casta política, incluso en la presidenta y su grupo más íntimo.

Han tenido que cambiar de estrategia sucesivamente y pareciera que en la actualidad eso implica sacrificar a los más impresentables, hacer que caigan dos o tres cabezas, para contentar a la ciudadanía y seguir adelante sin el cambio estructural que se necesita. Este cambio supone el harakiri de la casta política, ese es el punto en cuestión. Un cambio estructural significa que el Parlamento se tiene que hacer una harakiri y eso abriría las puertas para que la ciudadanía se exprese en una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente significa el fin del poder de todas las autoridades políticas, de la presidenta de la República, del actual Parlamento, de los municipios y de todos los órganos electivos del Estado.

Hoy hay mucha fuerza empujando en dirección hacia la asamblea constituyente y aunque el momento político vuelve a poner esta demanda sobre la mesa, Bachelet ha sido muy reacia al tema y no parece ser posible en los próximos años de gobierno.
Exactamente. Tal como tú sabes, ella siempre ha hablado de que tiene que haber un cambio constitucional y que este cambio debe ser mediante la vía institucional y de manera participativa. Eso está en el tono de la ambigüedad que siempre la ha caracterizado, con su manera de pasar de los temas, de manera tal de que unos y otros crean lo que quieren creer. A algunos partidarios de la asamblea constituyente les puede parecer que eso deja la puerta abierta a la posibilidad. Y a quienes se oponen, les suena que la Presidenta quiere hacer el cambio pero no a través de la vía constituyente.
Navegando entre dos aguas, ella y sus asesores, han creído que de esta manera pueden obtener más apoyo político, pero estas ambigüedades tienen un punto de tope, llega un momento en que son necesarias las definiciones y el riesgo de quienes navegan permanentemente entre dos aguas, es perder apoyo de un lado y otro y quedar reducidos a un mínimo de base social, que parece ser la dirección en la cual se está encaminando este gobierno.

En el plano de los movimientos sociales. ¿Qué opina de lo ocurrido durante la última marcha del movimiento estudiantil, multitudinaria y marcada por las consignas de rechazo a la corrupción? Es una de las reacciones más evidentes hasta el momento desde la ciudadanía, pero sigue estando muy acotada a los jóvenes. 
Desgraciadamente es cierto eso que tú señalas. El movimiento estudiantil, ante la ausencia de otros movimientos sociales y políticos con capacidad equivalente de convocatoria, ha tenido que asumir temas y lanzar convocatorias de tipo ciudadano general, que es bueno que las hagan. Lo que no es bueno es que sólo lo haga el movimiento estudiantil. Por ahora, el movimiento sindical, ni hablar, está muy por debajo de las necesidad actuales y las tareas que históricamente emprendió, y no se avista ningún otro movimiento con esas características.
Yo estuve en la marcha, como he estado desde la primera manifestación en 2011, y pude apreciar que, si bien la inmensa mayoría de los participantes son estudiantes, hay personas que aprovechan esas convocatorias para poder salir a manifestarse. En la marcha del 16 de abril ocurrió algo similar a lo que pasó con las marchas contra Hidroaysén, el 2011, que precedieron a las protestas estudiantiles. Muchas personas salimos no sólo porque estábamos en contra de ese proyecto hidroeléctrico tan nocivo, sino también como forma de expresar un descontento. Hasta ese entonces no existía otro canal, otra posibilidad, que esa convocatoria. Luego vinieron las convocatorias del movimiento estudiantil, que agruparon a cientos y miles, porque era el único espacio para poder manifestarse, incluso más allá de lo educacional. Me parece que ocurrió lo mismo el 16 de abril y que puede seguir ocurriendo durante los meses que vienen, si es que el movimiento estudiantil tiene la sapiencia política suficiente como para no cometer errores, como los cometió el año pasado, pasando todo el año en muchas conversaciones y diálogos infructuosos con el ministro de Educación.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=198079

Veamos, en Argentina, "el aparato del Estado en su conjunto ha sido puesto a disposición para que los grandes intereses económicos vayan allanando su camino hacia una creciente privatización y mercantilización de la Naturaleza, aún en contra de la voluntad mayoritaria de las poblaciones afectadas".

Prensa Unión de Asambleas Ciudadanas Informa
27 de Abril de 2015

Las mineras roban, contaminan y  matan,
nosotros defendemos nuestra vida, agua y cerros 
y el Estado nos criminaliza.

Declaración de la Asamblea Ciudadanos por la Vida de Chilecito, Asamblea El Retamo de Nonogasta, Vecinos por la Vida de Campanas, Asamblea Riojana Capital, Asamblea de los Llanos por la Vida

Ante la denuncia de la minera MIDAIS SH (que opera en Angulo- Dpto. Famatina) a  vecinos e integrantes de las asambleas, entendemos que es fundamental insistir en la defensa y reivindicar el legítimo derecho a la protesta y la autodeterminación de los pueblos, ya que es la base para la preservación de todos los demás derechos. Si estos derechos nos faltan, todos los demás derechos están en riesgo.

Una vez más,  denunciamos públicamente al gobierno de La Rioja por profundizar su estrategia antidemocrática de criminalizar la protesta social, presentando ante la sociedad a la lucha por nuestros derechos, como delitos. Y a los luchadores, como delincuentes.  
De esta manera el gobierno pone en marcha dispositivos institucionales que deberían estar al servicio del pueblo, como a la policía y a la justicia,  para proteger a las empresas explotadoras de las personas y la naturaleza, reprimiendo, deteniendo y judicializando a los obreros y vecinos que defienden los legítimos derechos a tener un trabajo digno y un ambiente sano. Como ocurre con los obreros de la empresa aceitera AMURAI  en Vichigasta y con pobladores de los pueblos de Famatina y Chilecito.

La criminalización de las luchas es una de las formas que asume la represión para inmovilizar y desarticular a las organizaciones populares y amedrentar a todos aquellos que se hacen cargo del legítimo derecho de organizarse y exigir la resolución de sus necesidades, cuestionando la miseria y la opresión, en un claro acto de disciplinamiento, imponiendo el poder antidemocrático de la fuerza y la dominación social.
Hoy se pretende sancionar a las organizaciones populares a través del espionaje y  la persecución penal de sus integrantes y el encarcelamiento utilizado como “castigo ejemplificador” para frenar el conflicto acallando y domesticando las disidencias. Corriendo el eje de la injusticia denunciada hasta plantear que lo que está sucediendo es un “delito”, una “amenaza para el orden legal”, una “violación a la ley”, deslegitimando la lucha.
Para conseguir sus fines se están utilizando estrategias tales como: crear causas con mentiras, falsas denuncias a partir de autoatentados, como lo hizo la minera MIDAIS, en complicidad con un aparato policial y judicial que rápidamente actúa incriminando a vecinos sin contar con las pruebas que acrediten la denuncia.

Esta operación política utiliza los medios de comunicación amigos del poder para desparramar la mentira con el claro objetivo de generar malestar social contra los luchadores.

El aparato del Estado en su conjunto ha sido puesto a disposición para que los grandes intereses económicos vayan allanado su camino hacia una creciente privatización y mercantilización de la Naturaleza, aún en contra de la voluntad mayoritaria de las poblaciones afectadas. En nombre del ‘desarrollo’ y la ‘generación de empleo’, el territorio provincial es entregado a grandes enclaves extractivos, cuya insustentabilidad socioambiental y económica resulta manifiesta. Las legítimas reacciones de resistencia de las poblaciones locales en defensa de la tierra y las fuentes de agua sólo han dado lugar a atropellos sistemáticos de una virulencia creciente.

Desde hace 8 años venimos denunciando la violación a los derechos de los pueblos con metodologías que van desde la cooptación hasta la judicialización, y desde la vía libre al accionar de las patotas hasta la represión estatal directa, para quebrar las redes y lazos de solidaridad que se desarrollan entre las organizaciones movilizadas en puebladas como lo es en nuestro territorio en contra de la minería.

Afirmamos que la impunidad, la represión y la persecución a los ciudadanos sigue siendo una finalidad de las políticas de Estado del gobierno de Beder Herrera, porque la criminalización de la protesta social es una herramienta necesaria para sostener un sistema que privilegia las ganancias de una pequeña minoría a costa de las necesidades y sufrimientos de las mayorías populares.

Los últimos acontecimientos ocurridos tanto en la lucha obrera que vienen manteniendo los compañeros de la empresa aceitera AMURAI como con nosotros , los vecinos de los pueblo de Famatina y Chilecito, que se suman a otras tantas luchas, ponen de manifiesto un patrón de conducta de las más altas esferas de gobierno que se viene repitiendo y consolidando como forma de resolución de los conflictos suscitados en torno a los derechos laborales y territoriales: la criminalización, represión y judicialización de la protesta social.

Denunciamos que existe una tendencia a agravar las imputaciones utilizando figuras penales gravísimas que penden como una amenaza sobre la libertad de los ciudadanos y aumentando la militarización de la zona pretendiendo generar miedo en los pobladores.

Responsabilizamos al gobierno provincial del sistemático ejercicio de la de violencia institucional que nos llevan al hartazgo popular quebrando los límites de la tolerancia y alimentando una escalada de reacciones que puede terminar en el desborde total de la situación con saldos aún más dolorosos.

No propiciamos ni acordamos el recurso de la violencia, pero tampoco nos plegamos a hipócritas condenas genéricas de la misma, que omiten sus raíces y licuan las responsabilidades de sus provocadores. Por el contrario, condenamos el uso de la violencia institucional y señalamos a las máximas autoridades del gobierno como sus principales responsables.
Condenamos en particular el uso del aparato legal-represivo del estado para ‘brindar ‘protección y seguridad jurídica’ a las empresas, aún en contra de la desprotección y la vulneración de los más elementales derechos y garantías constitucionales de nuestras propias poblaciones.

Saludamos nuestras reivindicaciones como una legítima defensa de los derechos y las condiciones básicas sobre las que se asienta una auténtica vida democrática, y que supone el respeto incondicional al principio de autodeterminación de los pueblos.
Convocamos la población en general a adherir y sumar esfuerzos en defensa de nuestro territorio y los bienes comunes del ambiente, por el respeto y la plena vigencia de los derechos humanos y por la construcción de una sociedad en justicia y paz, por la vida digna y sostenible, respetuosa de la con-vivencia social y ecológica.

Por último, renovamos nuestra decisión  de no permitir la minería de ningún tipo en nuestra provincia anteponiendo un perfil agrario y turístico a baja escala con apoyo a las economías sociales y solidarias en la región.
No aceptamos censuras ni pedimos permisos para ejercer el derecho a defender nuestro territorio
Frente al miedo que nos intentan imponer, nosotros nos fortalecemos y unimos. Seguimos defendiendo nuestra vida, nuestra agua y nuestros cerros. Seguimos defendiendo la autodeterminación de los pueblos, el derecho a la protesta y la libertad de expresión como pilares de una democracia real.

Resistimos a las injusticias y abusos de poder que impiden el desarrollo democrático de los pueblos y la participación activa en defensa de nuestros derechos fundamentales. Por ello, invitamos a todos los ciudadanos a que ejerzan sus derechos por una sociedad más justa, equitativa y sustentable.

“La mejor forma de expresión del enojo es cuando te indignas por algo que te parece indignante. Uno tiene que elegir cotidianamente de qué lado está: DEL LADO DE LOS INDIGNOS O DE LOS INDIGNADOS” –Eduardo Galeano-
  
¡Gane quien gane, aquí no habrá minería!

En el Valle del Famatina, a los 27 días del mes de Abril de 2015


Contactos:

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UAC Unión de Asambleas Ciudadanas Contra el Saqueo y la Contaminación
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Comprobemos que la democracia posibilita la gran violación de derechos por expansión del extractivismo

El peligro de ser ambientalista (y sindicalista, feminista, de izquierda, campesino, pobre...)
24 de abril de 2015

Por José Antono Gutiérrez D. (Rebelión)
Un reciente informe elaborado por Global Witness [1], otorga a Colombia un nuevo récord macabro: es el segundo país líder en el asesinato de ambientalistas en el mundo. Con 25 asesinados en el 2014, solamente es superado por Brasil, con 29 asesinados. Con la diferencia que Brasil tiene cerca de 200 millones de habitantes. Revisando las cifras per cápita, Colombia solamente es superada por Honduras, país que sufrió el 2009 un golpe de Estado, sumiéndola en el imperio de la fuerza bruta y la arbitrariedad. Es decir, que entre los 206 países que existen en el mundo, Colombia ocupa el segundo lugar en términos absolutos y relativos en el asesinato a defensores del medio ambiente. Toda una proeza. 

Esto no es casual: desde hace una década, se viene imponiendo, literalmente, a sangre y fuego, un sistema de desarrollo profundamente insostenible, consagrado en el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno de Santos, basado en dos pilares fundamentales: extractivismo y agro-negocios. Dos sectores de la economía basados en un patrón de “acumulación por despojo” y, en el marco del conflicto interno, ligados de manera inequívoca a la militarización, la paramilitarización, y la violación de derechos humanos. Es sabido el vínculo que ha habido entre el paramilitarismo y la expansión de la palma aceitera desde finales de los ’90 [2]. De la misma manera, el negocio minero-extractivista también se encuentra untado de sangre. Durante la década del 2000, el 80% de las violaciones a los derechos humanos y el 87% de los desplazamientos en Colombia han ocurrido en regiones donde se desarrollan megaproyectos de explotación minera; así mismo, el 78% de los atentados contra sindicalistas fueron contra aquellos que trabajan en el área minero-energética [3]. Un informe del CODHES, de Febrero del 2011, resumía esta situación con meridiana claridad: “La fuerza pública protege la gran inversión privada y los paramilitares evitan la protesta social y presionan el desplazamiento” [4]. 

Uno de los más grandes éxitos de este gobierno no ha sido ni en el combate a la corrupción, ni en llevar la prometida prosperidad para todos a los hogares colombianos; no, ha sido en las relaciones públicas. En vender la idea de que Colombia ya ha entrado en el post-conflicto, que las violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos son cosa del pasado, así como el asesinato de sindicalistas. Colombia es una democracia plena: ahí está la UP que ha regresado de los muertos. Con una resolución jurídica se borra lo que hizo el plomo. Colombia es un estado de derecho. Con algunos problemitas, pero ahí vamos. La prueba –nos dicen- está en que hoy se asesina menos sindicalistas que a finales de los ’90, cuando las AUC hacían y deshacían ante la mirada cómplice de las autoridades. Pero las cifras absolutas dicen poco de la realidad que hoy hay cuatro veces menos sindicalistas que matar que en esa época, por la desarticulación del sindicalismo por la fuerza del fusil y de las leyes del mercado. La realidad hoy sigue siendo igual de precaria y amenazante para los trabajadores organizados. 

En esta tarea de presentar en color de rosa lo impresentable, desde luego, son apoyados por la prensa internacional, capitaneada por PRISA y Planeta, deseosas de mostrar las enormes oportunidades que ofrece Colombia para hacer negocios, así como de demonizar a Venezuela. En medio de la histeria orquestada contra todo lo que diga o haga Caracas, los crímenes del vecino pasan de agache. De igual manera, han sido apoyados, consciente o inconscientemente, por la claudicación progresiva de las grandes ONGs desde la era de Uribe que, en el marco de su estrategia de interlocución (engagement), se sienten obligados a comenzar cada informe anual de la situación de derechos humanos en Colombia con la siguiente fórmula: “Pese a los indudables avances en materia de seguridad, persisten los problemas de derechos humanos, etc.” ¿Seguridad para quién? Para los inversionistas, claro. Porque en este mismo período el número de desplazados ha aumentado hasta la aterradora cifra promedio de 300.000 anuales. Para ellos no hay seguridad. Lo que recuerda que la seguridad de los pobres no es un problema para nadie, ni siquiera para sus auto-proclamados defensores. 

Las locomotoras santistas avanzan desenfrenadamente, arrasando a su paso con las comunidades y el medio ambiente. A medida que el modelo se profundice, se intensificarán las violaciones a gran escala –no hay que ser un matemático para darse cuenta. Para los que cuestionen este modelo económico está reservado el garrote, como lo propone metafóricamente un histérico artículo de la revista Semana -titulado “¿Dónde está la autoridad en Colombia?”, para “que una carretera se pueda construir sin interminables demoras causadas por una mala interpretación de las consultas previas o las licencias ambientales” [5]. Es decir, las consultas previas y las licencias ambientales son solamente una decoración que no debería tener ningún impacto sobre la realización de proyectos, por insostenibles y nocivos que sean para las comunidades o el ambiente. Apenas alguien se tome en serio la legislación vigente y cuestione un proyecto, entonces estará haciendo una mala interpretación de la ley, estará irrespetando la autoridad y se merece –por consiguiente- una paliza aleccionadora. Ahí está pintada la seriedad con que el establecimiento se toma su “estado de derecho” y sus “garantías democráticas”. Al menos, nos quedará por consuelo saber que el garrote fue fabricado acorde a los elevados principios de una democracia moderna, siguiendo las más exigentes recomendaciones de todos los tratados de derechos humanos internacionales. 

Notas
[1] https://www.globalwitness.org/campaigns/environmental-a...-mas/
[2] http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/palma1.html; http://www.ecologistasenaccion.org/article17394.html
[3] Colompbia, Boletín Informativo No.18 de PBI Colombia, Noviembre de 2011 
[4] CODHES, ¿Consolidación de qué? , Febrero 2011 
[5] http://www.semana.com/nacion/articulo/donde-esta-la-aut...951-3
 

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=198018

"Planteamos una propuesta política, técnica y económica que le devuelvan el poder al campo y al campesinado, para erradicar la pobreza y el hambre construyendo la Bolivia Ecológica del 2025".

Propuesta del Pacto de Unidad para 

la Cumbre Agropecuaria “Sembrando Bolivia”
23 de abril de 2015

 

Como organizaciones sociales y productivas planteamos una propuesta política, técnica y económica que le devuelvan el poder al campo y al campesinado, para erradicar la pobreza y el hambre construyendo la Bolivia Ecológica del 2025, en base a una agricultura familiar comunitaria ecológica, frente a la agricultura industrial que continua promoviendo practicas equivocadas y obsoletas de la “Revolución Verde”, no obstante de conocerse que la utilización de Agrotóxicos, a nivel nacional es uno de los principales contaminantes del medio ambiente."
La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia – CSUTCB, la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas Originaras Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa” CNMCIOB “BS”, Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia – CSCIOB, Confederación Indígena del Oriente Boliviano CIDOB, Confederación Nacional de Ayllus y Markas del Quollasuyo CONAMAQ, Confederación Sindical de Mujeres de las Comunidades Interculturales de Bolivia – CSMCIB, Movimiento Sin Tierra de Bolivia – MST-Bolivia, Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas Indígenas Originarias CIOEC Bolivia, Asociación de Organizaciones Productores Ecológicos de Bolivia AOPEB, Asociación Nacional de Productores de Camélidos ANAPCA, Asociación Nacional de Productores de Quinua ANAPQUI, Federación de Caficultores Exportadores de Bolivia FECAFEB, Asociación Nacional de Productores del Café ANPROCA, Asociación Nacional de Productores Apícolas de Bolivia ANPROABOL, Confederación de Productores y Recolectores Agroecológicos de Cacao de Bolivia COPRACAO Bolivia, Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente CAPPO, nos reunimos el 19 de Marzo del 2015, en la sede de la CSUTCB ciudad de La Paz, para establecer un posicionamiento claro y contundente hacia la Cumbre Agro productiva “Sembrando Bolivia”. La misma se realizará a convocatoria de nuestro presidente Evo Morales Ayma a objeto de reactivar el sector agropecuario.
Como organizaciones sociales y productivas planteamos una propuesta política, técnica y económica que le devuelvan el poder al campo y al campesinado, para erradicar la pobreza y el hambre construyendo la Bolivia Ecológica del 2025, en base a una agricultura familiar comunitaria ecológica, frente a la agricultura industrial que continua promoviendo practicas equivocadas y obsoletas de la “Revolución Verde”, no obstante de conocerse que la utilización de Agrotóxicos, a nivel nacional es uno de los principales contaminantes del medio ambiente.
Los precursores de la “revolución verde” pretenden mantenernos, en una situación de colonizados y dependientes permanentes, de los intereses del lucro y poder, de las multinacionales de semillas, agroquímicos y transgénicos, ya que en los últimos años en Bolivia se incremento en un 500% la importación de los mismos, provocando la erosión de la Agricultura Andina Amazónica y en consecuencia de nuestra Madre Tierra, por lo que exigimos la reversión inmediata de esta tecnología y el desarrollo y difusión de alternativas agroecológicas para contrarrestar los pasivos ambientales de los monocultivos.
Las organizaciones de la Agricultura familiar comunitaria y ecológica, EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES, RESUELVE:
ARTICULO Nº1. Consolidar el cambio del modelo extractivista primario exportador, por el modelo de diversificación de la economía y la soberanía alimentaria.
ARTICULO Nº2. Consolidar el modelo social y comunitario inscrito en nuestra Constitución Política del Estado, potenciando la economía social comunitaria y la agricultura indígena originaria campesina, como el corazón de la soberanía alimentaria y pilar de la Agenda patriótica 2025 para eliminar la pobreza y el hambre, sin la dictadura del mercado capitalista.
ARTICULO Nº3. Cambiar el modelo del agro negocio exportador por el modelo de soberanía alimentaria, con diversificación de la producción, basado en tecnologías agroecológicas de baja utilización de insumos externos y el dialogo de saberes que nos liberen de la dependencia de los paquetes químicos, transgénicos, promovidos por las empresas transnacionales.
ARTICULO N°4. Rechazar en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia la introducción, producción, uso, liberación al medio y comercialización de semillas genéticamente modificadas (transgénicos), en estricto cumplimiento a la Constitución Política del Estado (CPE) Art. 381 numeral II y la Ley 300 Art.24, numeral 7.
ARTICULO N°5. Exigir el cumplimiento de la Constitución Política del Estado y la implementación inmediata de las siguientes leyes: Ley de Regulación y Promoción de la Producción Agropecuaria y Forestal No Maderable (Ley 3525); Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria ( Ley 144); Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral Para Vivir Bien (Ley 300); Ley de Organizaciones Económicas Campesinas, Indígena Originaria- OECAS y de Organizaciones Económicas Comunitarias – OECOM para la Integración de la Agricultora Familiar Sustentable y la soberanía Alimentaria (Ley 338); Ley de Alimentación Escolar en el Marco de la Soberanía Alimentaria y la Economía Plural (Ley 622); así como otras leyes y normativas aprobadas a favor de los pequeños productores, las cuales son fruto de innumerables espacios participativos de discusión y acuerdos y compromisos que aún no fueron cumplidos.
ARTICULO N° 6. Exigir la formulación participativa, tratamiento, aprobación e implementación de las siguientes leyes: Ley de aguas para la soberanía alimentaria, ley de suelos, ley antilatifundio, ley antitransgénicos, Ley de Bosques, Ley del desarrollo integral de la Amazonía, entre otras.
ARTICULO N°7. Revisar la ley 1715 y 3545 por favorecer a las grandes empresas y medianas propiedades, por fomentar el tráfico, la especulación y la mercantilización de las tierras. Así mismo el Decreto Supremo de Barracas.
ARTICULO Nº8. Desarrollar los TERRITORIOS DEL VIVIR BIEN sobre la base orgánica de nuestras organizaciones matrices indígena originario campesino, intercultural (nacional, departamental, regional, centrales, sub centrales, comunidades y sindicatos), protegiendo los sistemas y zonas de vida, cuidando a nuestra Madre Tierra para que en cada TERRITORIO DEL VIVIR BIEN existan todos los servicios públicos, que potencien la producción diversificada agroecológica como estrategia principal de adaptación y mitigación del cambio climático.
ARTICULO Nº9. Consolidar en cada Territorio del Vivir Bien, el brazo económico, técnico y político de nuestras comunidades y organizaciones para la agricultura campesina y comunitaria articulada orgánicamente a los niveles nacionales.

ARTICULO Nº10. Devolver el PODER AL CAMPO Y AL CAMPESINADO, desarrollando los siguientes pilares:
PILAR 1. REVITALIZACIÓN DE LA MADRE TIERRA FORTALECIENDO LA BASE PRODUCTIVA DESDE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO AGROECOLOGICO
1.1. Seguridad jurídica y acceso a la tierra
Para proteger la integridad de las comunidades se realizará la titulación colectiva y familiar del 100% de las tierras de la Agricultura familiar comunitaria ecológica.
A objeto de culminar el 100% del proceso de saneamiento y titulación de tierras el nivel central de gobierno y las entidades territoriales autónomas garantizarán suficientes recursos económicos, para la agricultura familiar comunitaria ecológica, en coordinación con las organizaciones sociales.
En cumplimiento con el artículo 396 parágrafo II de la Constitución Política del Estado se Identificará y eliminará toda forma de apropiación de las tierras por extranjeros, estableciéndose sanciones penales drásticas a palos blancos, anulando privilegios para migraciones extranjeras, iniciándose la reversión inmediata de tierras, bajo un estricto control social y comunal.
Según lo establecido en los artículos 398 y 399 de la Constitución Política del Estado (CPE), se encuentra prohibido el latifundio y la doble titulación, por ser contraria al bien colectivo y al desarrollo del país, siendo responsabilidad del gobierno central luchar contra el latifundio y hacer cumplir la Función Económica y Social por lo que deberá establecer e implementar en el corto plazo la ley contra el latifundio.
En el corto plazo se distribuirá y redistribuirá las tierras fiscales y aquellas que no se encuentren cumpliendo la Función Económica y Social a las comunidades campesinas indígenas originarias.
Toda habilitación de terrenos de más de 3Has, deberá realizarse bajo el enfoque de manejo de sistemas agroforestales o agrosilvo pastoriles.
Regular y controlar el mercado de tierras para evitar el acaparamiento, mercantilización y la usurpación de tierras de las comunidades indígenas originarias campesinas.
Ante el avasallamiento del que son objeto las comunidades campesinas indígenas originarias, la Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional de Bolivia conjuntamente con las organizaciones sociales, deberán iniciar en el corto plazo un proceso de revisión de la ley 477, del 30 diciembre 2013.
Implementar la Función Ambiental para proteger los recursos agua y suelo.
Garantizar el respeto a la propiedad colectiva de las comunidades indígenas originario campesinos (TCOs, propiedad comunitaria) y promover y apoyar con recursos la gestión integral de los territorios según Art. 30 Inc. 6 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Mantener las áreas de cultivo frente al avance de la marcha urbana.
1.2 Agua para la vida CSUTCB - Clemente Miranda
Promover la gestión integral del agua para consumo humano, la producción agrícola y pecuaria de alimentos dirigidos prioritariamente al mercado interno, priorizando los mismos sobre cualquier otra actividad económica.
Hasta el 2014 solo el 11% de la superficie actualmente cultivada (3.8 MM Ha) está siendo regada por lo que el Estado debe priorizar para el corto plazo, asignar inversiones para la ampliación de la superficie productiva bajo riego, el uso eficiente del agua y el desarrollo del riego tecnificado para alcanzar al menos 1.000.000 ha, priorizando las parcelas de la agricultura familiar comunitaria ecológica de la soberanía alimentaria.
Revitalizar las fuentes de agua de los sistemas de riego para la producción agropecuaria, la vida intercultural, su medio ambiente, mediante la protección sostenible de las cuencas hidrográficas, manejo Integrado de cuencas y la Gestión Integral de los Recursos Hídricos. Para este propósito el Gobierno Central y los Gobiernos Departamentales y Municipales deben disponer recursos económicos para la pre inversión e inversión que permitan en el corto y mediano plazo incrementar los rendimientos.
Establecer una política y legislación adecuada y responsable para el manejo integral de los recursos hídricos, aguas residuales y aguas contaminadas (por lixiviaciones y diques de cola)
Establecer mecanismos de Asistencia Técnica para el manejo sostenible de los recursos hídricos con enfoque de manejo de cuencas.
1.3. Suelo vivo.
En cada territorio del Vivir Bien, impulsar la producción sustentable de abonos naturales, bio-insumos y enmiendas minerales para uso local y la difusión de sus beneficios en la producción agropecuaria y agroecológica.
Prevenir la contaminación de suelos por el uso indiscriminado de agroquímicos, restos de plásticos y otros.
El Estado a través de políticas y normas deberá asegurar la gestión integral del suelo en el corto, mediano y largo plazo que incluya: la zonificación y caracterización biofísica de las tierras de acuerdo a su vocación agro-productiva, restauración, protección y conservación de los suelos degradados para recuperar su fertilidad de manera ecológica, recuperación de praderas nativas con fines de pastoreo, recuperación de suelos salinos para el mejoramiento de su fertilidad natural, construcción y reconstrucción de infraestructuras productivas para la protección de suelos a partir de terrazas y otras técnicas, siembra de abonos verdes asociados a cultivos de protección del suelo; rotación de cultivos y parcelas; implementación de sistemas agroforestales y agrosilvopatoriles.
Establecer de forma inmediata un marco normativo de manejo de bosques que obligue la restitución inmediata de los mismos, a los grandes y medianos empresarios, para la protección del suelo y las fuentes de agua.
Implementación de laboratorios (con equipamiento y personal) para el estudio y análisis de suelos en cada región agroecológica, en coordinación con las instancias correspondientes.
Los responsables de la contaminación en todos los rubros (agroindustriales, empresas madereras, mineras, petroleras, entre otros), deben reponer los daños al medio ambiente y sistemas de vida de la Madre Tierra, de manera inmediata.
1.4. Semillas patrimonio del Bien común
Recuperación, conservación, protección, reproducción y difusión de semillas nativas y criollas de cada piso ecológico, para preservar la diversidad nativa y el código genético, para la reproducción de la vida, de nuestras diversas culturas y construyendo relaciones de reciprocidad.
Establecer un sistema de REGISTRO DE DENOMINACION DE ORIGEN de nuestros recursos genéticos nativos de la diversidad, con acompañamiento de los entes estatales en coordinación con las organizaciones sociales.
Rescate y difusión de los conocimientos, técnicas y saberes ancestrales en el manejo, reproducción y conservación de semillas.
Implementar un fondo de fomento de transferencia directa, para incentivar la conservación local en las comunidades, así como para la reposición de semillas en situación de emergencia y desastres.
Implementar infraestructura productiva para el almacenamiento de semillas (pirwas, silos, otros) a nivel familiar y comunal.
Establecer Bancos de Germoplasma y Semillas Comunitarios y Locales por ecosistemas que sirvan de base para la obtención de materiales promisorios para su multiplicación.
Establecer centros de producción comunal y asociativo de semilla, a través de viveros, unidades de producción a cielo abierto y laboratorios de cultivo de tejidos para suministrar semilla suficiente y de buena calidad de hortalizas, frutales, raíces, tubérculos, granos andinos, café, quinua, cacao, entre otros.
(Ley 300. Art. 23.Numeral 3, Ley 144. Atr.13 Numeral 3).
1.5. Protección del patrimonio genético y de la biodiversidad
Implementar acciones de protección del patrimonio genético de la diversidad en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.
Promulgar e implementar una ley especial de protección del maíz, papa, papaliza, quinua, izaño, amaranto, oca, tarwi, cañahua, abejas meliponas, asaí, majo, cacao silvestre, castaña y otros de los que Bolivia es centro de origen y/o biodiversidad para garantizar la soberanía alimentaria.
Iniciar de forma inmediata el proceso de reversión hacia una agricultura tecnológicamente soberana, con participación de organizaciones sociales y productivas de la agricultura familiar comunitaria ecológica. (Ley 300 Art. 24, numeral 7).
Garantizar la producción, regeneración, conservación, distribución, libre circulación, uso sostenible y consumo de la diversidad y semillas nativas y criollas, de los conocimientos, saberes, prácticas y tecnologías Agroecológicas asociadas a ellas para alcanzar la soberanía alimentaria y contribuir el Vivir Bien.

PILAR 2. PRODUCCION PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA
2.1. Fomento a la agricultura familiar comunitaria y ecológica
Basados en la política de soberanía en el marco CPE, Artículos 307 y 407, numeral I:
Identificar, proteger e incentivar la diversidad productiva de cada territorio del Vivir Bien desde la producción primaria a la generación de valor agregado.
Promover la investigación aplicada y participativa, mediante la recuperación y el dialogo de saberes locales, para incrementar la agrobiodiversidad.
Desarrollar formas de producción y patrones de consumo equilibrados para la satisfacción de las necesidades del pueblo boliviano para el vivir bien, salvaguardando las capacidades regenerativas y la integridad de los ciclos, procesos y equilibrios vitales de la Madre Tierra (Ley 071. Art.8, numeral 2).
2.2. Tecnología y mecanización sostenible
Toda tecnología y mecanización a implementarse debe ser ecológicamente sustentable y adaptada a cada piso ecológico de los Territorios del Vivir Bien, para la producción primaria y los procesos de generación de valor agregado (transformación artesanal y semi industria), de los productos que provienen de la agricultura familiar comunitaria ecológica, para esto se debe:
Promover el mejoramiento de tracción animal y el empleo de tecnología intermedia para sistemas agro productivos ecológicos y de ladera, que permitirá el ahorro energético, mejorará la fertilidad del suelo y reducir los costos de producción.
Implementar mecanismos accesibles para la mecanización del agro, con tecnología local y adecuada (maquinaria, equipos, implementos agrícolas, silos de almacenamiento, invernaderos para hortalizas, riego tecnificado y vehículos de transporte), para pequeños y medianos productores, considerando el manejo sustentable de los recursos naturales, a través de los gobiernos municipales y departamentales que implementen centros de mecanización agropecuaria en coordinación con el Gobierno central.
Impulsar la transformación y procesamiento de la producción local generando valor agregado y Desarrollo económico local.
En el marco de le Economía Plural la propiedad y la gestión de las plantas procesadoras serán de carácter comunitario, asociativo o mixtas (público – privado - asociativo – comunitario) de acuerdo a las condiciones locales.
2.3.Investigación participativa y aplicada
Promover la investigación aplicada y participativa, mediante la recuperación y el dialogo de saberes locales que incrementen los insumos y garanticen la soberanía alimentaria.
Crear y consolidar los Centros Integrales de Investigación, Servicios de Asistencia Técnica y Entrenamiento Técnico en cada piso ecológico y territorio del Vivir Bien, para generar alternativas tecnológicas que den respuestas a las necesidades en la producción, transformación y comercialización, priorizando el dialogo de saberes e intercambio de experiencia.
2.4. Formación de técnicos y asistencia técnica permanente y continua
Constituir un Sistema Nacional de formación Agroecológica, reconocida por el Ministerio de educación, para la formación de recursos humanos orientados a la producción agropecuaria, forestal y recolección silvestre, considerando el bioconocimiento, el dialogo de saberes y los diferentes pisos ecológicos, incluyendo procesos de formación alternativos.
Estructurar e implementar un sistema de Acompañamiento y Asistencia Técnica Permanente y Continuo, integrando promotores locales y equipos multidisciplinarios que apoyen a las comunidades y organizaciones de la agricultura familiar comunitaria ecológica desde el Gobierno Central, gobernaciones y municipios para garantizar la soberanía alimentaria.
2.5. Seguro agrícola y pecuario
Garantizar las condiciones de operación, para la continuidad del seguro agrario en su modalidad catastrófica para la atención de municipios en condiciones de extrema pobreza (141 municipios 2014-2015) cubriendo eventos climáticos y biológicos (granizo, helada, sequia, inundación y ataque de plagas y enfermedades) y asegurando cultivos básicos de la producción de la agricultura familiar comunitaria y ecológica.
Implementar otras modalidades de seguro comercial en sus diferentes modalidades (ecológico, ganadero, semillero y otras) de acuerdo a las necesidades de los productores de la agricultura familiar comunitaria y ecológica.

PILAR 3. ACOPIO Y MERCADOS PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR COMUNITARIA ECOLÓGICA VINCULADOS AL SABER ALIMENTARSE
3.1. Ferias, centros de acopio e integración vial
Implementar “Mercados modelo” indígenas, originarios, campesinos, interculturales en espacios estratégicos (urbanos y rurales) que cuenten con una infraestructura para recepcionar almacenar, conservar (cadenas frio, cámaras y otros) y comercializar productos agroalimentarios de las organizaciones sociales y asociaciones productivas, así mismo garantizar los servicios básicos, hospedaje y guarderías administrados por las organizaciones.
Establecer un balance entre la producción y el consumo local para equilibrarlo, basados en canastas locales de la agrobiodiversidad, planificando en cada territorio la producción integral y diversificada.
Establecer y/o organizar un sistema de transporte público, desde lo local para el acopio desde el centro de producción hasta los mercados modelos.
Priorizar la apertura, mejoramiento y mantenimiento de caminos comunales, provinciales, departamentales para garantizar el abastecimiento con productos campesinos indígena originario y ecológico.
Establecer ferias permanentes que vinculen la producción y el consumo bajo un enfoque de comercio justo y de circuitos cortos (reducir la intermediación) para la agricultura familiar comunitaria y ecológica.
Promover que productores de la agricultura familiar comunitaria y ecológica desarrollen y consoliden mercados internos con la implementación de un sistema participativo de garantía - SPG.
3.2. Protección de mercados de la producción de la agricultura familiar comunitaria y ecológica.
Frenar el ingreso de alimentos vía contrabando e implementar medidas arancelarias y de control estricto a los alimentos de importación, a través de normas, políticas y programas de protección a productos de la Agricultura familiar comunitaria ecología.
Revisar los convenios que establecen parámetros de mínima cuantía, por los que productos de los países vecinos, no pagan aranceles.
Cerrar las fronteras y regular las exportaciones de alimentos
Transferir el subsidio e incentivo de las exportaciones de los grandes empresarios hacia la agricultura familiar comunitaria ecológica que alimenta el país.
Establecer franjas de precios como mecanismo de protección a la producción de la agricultura familiar comunitaria y ecológica
Inscribir a Bolivia como “país tercero” con la constitución de una certificadora pública para productos orgánicos.
3.3. Compras estatales: consumo responsable y consciente
El nivel central de Estado y los diferentes niveles subnacionales realizarán el 30% de sus compras estatales programadas anualmente, de los brazos económicos de las organizaciones de la agricultura familiar comunitaria ecológica.
Adecuar normas y herramientas para que los actores de la economía social comunitaria sean los principales proveedores de las compras estatales, a nivel nacional departamental y municipal.
El Estado debe dar preferencia a los productos de la agricultura familiar comunitaria y ecológica, antes de importar alimentos que vulneran la Soberanía Alimentaria y desincentivan la producción nacional.
Incorporar en la normativa y reglamentación de las empresas estatales de alimentos: no competir deslealmente con los productos provenientes de la agricultura familiar comunitaria ecológica.
3.4. Saber alimentarse bien para vivir bien consumo responsable y consiente
Establecer mejores condiciones y capacidades integrales para el acceso y consumo de alimentos más sanos, inocuos, nutritivos, agroecológicos y culturalmente adecuados para los seres humanos, con énfasis en las áreas urbanas.
Desarrollar acciones informativas y educativas para reforzar los valores, toma de decisiones y comportamiento del pueblo boliviano hacia un consumo informado y responsable que valore los alimentos como un bien común y no como una mercancía.
Recuperar los hábitos de consumo alimentarios sanos y basados en nuestras diversas culturas para construir relaciones de reciprocidad campo ciudad.
Descolonizar nuestros hábitos alimentarios y el impacto que estos generan en la salud, el entorno y las condiciones de vida de las personas, para el ejercicio pleno del Derecho a una Alimentación sana, diversificada y culturalmente adecuada.
Generar mecanismos de control social y ciudadano a partir de grupos de consumidoras y consumidores organizados, aliados de la Soberanía Alimentaria.
Establecer una paleta de sabores en base a alimentos andino-amazónicos de alto valor nutricional.
Establecer una política de alimentación y nutrición a nivel nacional que garantice el derecho a la alimentación.
Conformar comunidades de consumo para realizar compras directas del productor ecológico, hacer compras colectivas, recuperar trueque o promover el intercambio y cuestionar el sistema económico en el que vivimos.
Facilitar espacios de diálogo y encuentro entre productores y consumidores, que promuevan el consumo sano y consciente.
Cumplimiento de la CPE y la ley 144 que obliga al etiquetado de alimentos de origen transgénico.

PILAR 4. FORTALECIMIENTO ORGANICO POLITICO Y TECNICO DE NUESTRAS ORGANIZACIONES TERRITORIALES
4.1. Regionalización de políticas públicas a nuestros territorios
Regionalizar y territorializar las políticas públicas en nuestra estructura orgánica y por regiones en cada departamento definiendo territorios del vivir bien que articulen nuestra estructura territorial, nuestras mancomunidades, las zonas y sistemas de vida.
4.2. Fortalecimiento orgánico, político y técnico de las organizaciones
Fortalecimiento orgánico, político y técnico de nuestras comunidades y sus organizaciones territoriales matrices para fortalecer el brazo económico productivo de los pueblos indígena
PILAR 5. FINANCIAMIENTO PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR COMUNITARIA ECOLÓGICA
5.1. Apoyo financiero en base a fondos productivos.
Desarrollar e implementar el Fondo Concurrente a nivel Nacional, Departamental y Municipal para transferencias condicionadas con control social efectivo a los productores agropecuarios en cada territorio del Vivir Bien.
Desarrollar el Fondo Crediticio Social Comunitario con la instancia actual competente, que acepte garantías accesibles, con intereses solidarios y periodos de gracia acorde a las actividades agrícolas, pecuarias, transformación y comercialización de alimentos de la agricultura familiar comunitaria ecológica.
Exigir que al menos el 50% de la inversión pública del nivel central del Estado y de todas las Entidades Territoriales Autónomas (ETA’s) de los POAS 2015 al 2025, priorice a potenciar el sector agropecuario familiar comunitario ecológico.
Garantizar la transferencia de recursos económicos de las gobernaciones y municipios para el Acompañamiento y Asistencia Técnica que apoyen las propuestas productivas de cada organización social indígena originario campesino intercultural.
5.2. Apoyo financiero en base a bonos productivos
Crear UN BONO PRODUCTIVO para la promoción e incentivo de la agricultura campesina indígena originaria, con transferencia de recursos a la agricultura familiar comunitaria ecológica.
Los hijos y las hijas de Túpac Katari y Bartolina Sisa
Defendemos nuestras semillas y los territorios del Vivir bien
¡¡JALLALLA Bolivia!

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Propuesta_del_Pacto_de_Unidad_para_la_Cumbre_Agropecuaria_Sembrando_Bolivia