viernes, 2 de marzo de 2018

Reparemos: "Las grandes empresas eléctricas, bajo el paraguas del capitalismo verde, ven en el sector de las renovables una oportunidad para diversificar sus estrategias de acumulación de capital."

La huella de Iberdrola y Gas Natural

 en el sur de México

2 de marzo de 2018

Por Miriam García-Torres y Yago Martínez* (El Salto, 21 de febrero de 2018)
En contraposición a los combustibles fósiles, cuyos límites son cada vez más evidentes por su progresivo agotamiento, su importante contribución al cambio climático y los impactos que generan, la energía eólica se presenta como una buena alternativa a la crisis energética. Ante este escenario las grandes empresas eléctricas, bajo el paraguas del capitalismo verde, ven en el sector de las renovables una oportunidad para diversificar sus estrategias de acumulación de capital.
No cabe duda de que los impactos sociales y ecológicos asociados a los parques eólicos son notablemente menores a los de las grandes hidroeléctricas, la extracción de combustibles fósiles o las nucleares. Sin embargo, cuando la escala de los proyectos y la lógica con la que se imponen continúa sujeta a los intereses de las grandes corporaciones, la conflictividad aumenta y los impactos se multiplican. La realidad entonces es bastante menos idílica de lo que nos muestra la publicidad de las empresas. Esto es lo que ocurre en el Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, México, donde la acción de varias empresas españolas como Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Acciona y Renovalia, está generando una serie de impactos socioecológicos y vulneración de derechos humanos.
Sobre el Istmo de Tehuantepec, un área de gran diversidad biológica y cultural en la que habitan cinco pueblos indígenas, se construye el corredor eólico más grande de América Latina. 27 parques eólicos en operación y 9 más en desarrollo, que en su conjunto consideran la instalación de 5.000 aerogeneradores en 100.000 hectáreas, con una capacidad instalada de 2.360 MW que se prevé duplicar para el año 2020. El 80% de los parques están en manos de empresas transnacionales, y las compañías españolas controlan más de la mitad. A estos datos se suma el hecho de que gran parte de la energía generada no contempla su uso doméstico ni está dirigida a satisfacer las necesidades eléctricas de la población local. Al contrario, 21 de los 27 parques operan bajo la figura de autoabastecimiento, que significa que producen energía para abastecer directamente a grandes corporaciones. En otras palabras, Coca Cola, Walmart, Bimbo, Cemex, y otras compañías acaparan el 70% de la energía eólica generada en el Istmo. Todos los parques controlados por las empresas españolas operan con este modelo.
Bajo esta lógica neocolonial, donde la fabricación de la tecnología, la construcción y operación de los parques eólicos, así como el control y el uso final de la electricidad producida están en manos de los intereses de las transnacionales, los beneficios sociales y ambientales de este macroproyecto son más que discutibles. La magnitud del Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec genera importantes impactos ecológicos, que incluye la muerte por colisión de decenas de miles de aves anualmente. Por otro lado, requieren de una gran cantidad de terreno para su implantación, lo que está motivando importantes cambios en el uso del suelo y una tendencia a la privatización de tierras en una zona caracterizada por la propiedad comunal y en la que el acceso equitativo a la tierra, del que depende la mayor parte de la población, es un problema históricamente no resuelto.
Pero sin duda, la mayor conflictividad ha surgido de las tácticas desplegadas por las empresas para implantar los megaproyectos, tal y como denuncian las organizaciones locales: ausencia de consulta, presiones para establecer la firma de contratos abusivos, cooptación de dirigencias locales, generación de redes clientelares, estrategias de división y destrucción del tejido social, invasión y expropiación de terrenos, cierre de caminos comunales, etc. Muchas de las personas que se oponen a los parques eólicos han sufrido amenazas, intimidación, detenciones arbitrarias, denuncias o agresiones físicas. El caso más grave fue el asesinato de un activista de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco en 2013 en el marco de las protestas contra el complejo eólico Bii Hioxo, operado por Gas Natural-Fenosa. Aunque la empresa negó tener relación con el suceso, no se puede desvincular este hecho de un contexto de conflictividad originado por sus actividades.
La presencia de las transnacionales tiene también importantes impactos de género que contribuyen a profundizar la discriminación estructural de las mujeres. Las empresas fomentan su marginación de las tomas de decisión al imponer estrategias de negociación individuales y selectivas con ciertos actores locales, todos ellos hombres. Además, los megaproyectos han ido acompañados de un proceso de militarización de la región, que genera un clima específico de inseguridad hacia las mujeres. Las defensoras del Istmo han denunciado también el aumento de la prostitución forzada en los núcleos urbanos cercanos a los parques eólicos como consecuencia de la llegada masiva de trabajadores de las empresas.
Desde que las empresas transnacionales españolas desembarcaron en México en la década de los 90, el poder diplomático, político y económico del Estado español y la Unión Europea no ha parado de trabajar en favor de sus intereses. De hecho, en este preciso momento la UE y México negocian la actualización de su acuerdo comercial con la intención de firmarlo previsiblemente a lo largo de este año. Entre las demandas de la UE en la negociación está la mejora del acceso a licitaciones públicas y al sector energético para las empresas europeas así como una mayor protección a sus inversiones, lo que previsiblemente aumentará todavía más el poder de las transnacionales energéticas europeas en Oaxaca.
Sin lugar a dudas, la apuesta por las energías renovables es una condición necesaria para hacer frente al agotamiento de los recursos fósiles y al cambio climático. Sin embargo, para transitar hacia un modelo energético verdaderamente sostenible el cambio tecnológico deberá estar necesariamente acompañado de la transformación de las estructuras de poder vigentes y del modelo de producción y consumo global, donde residen las causas estructurales de la crisis ecológica. La necesaria transición hacia las renovables debe estar dirigida a satisfacer las necesidades energéticas de la población, favoreciendo el autoconsumo, los proyectos cooperativos y de gestión comunitaria; un modelo, por lo tanto, opuesto al que imponen las transnacionales españolas en Oaxaca.
Por otra parte, resulta urgente y necesario establecer marcos normativos jurídicamente vinculantes tanto a nivel nacional como internacional que obliguen a las empresas a garantizar los derechos humanos e impongan sanciones frente a las violaciones cometidas. También es necesario abandonar las negociaciones sobre tratados de comercio e inversión y mecanismos de arbitraje que refuerzan la arquitectura jurídica de la impunidad de la que disfrutan las empresas transnacionales. Estos cambios en el marco jurídico solo serán posibles si van acompañados de una profunda transformación de nuestro paradigma económico, político, social y cultural que, a partir de miradas ecologistas y feministas, den prioridad a los procesos de sostenibilidad de la vida y al bien colectivo de los pueblos y la naturaleza, frente a los beneficios económicos de las grandes corporaciones.
*Miriam García-Torres y Yago Martínez son miembros de Ecologistas en Acción.

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/La_huella_de_Iberdrola_y_Gas_Natural_en_el_sur_de_Mexico

Advirtamos: "La radioactividad de Fukushima está contaminando todo el planeta y no encuentran solución técnica para detenerla". Participemos en:

[UAC] Movilizacion FUKUSHIMA DAY 

en Zárate

Fukushima es el accidente más grave generado por el hombre en toda la historia del planeta. El hombre no genera terremotos y tsunamis, pero si es capaz de instalar reactores nucleares en zonas sísmicas. Los reactores de Fukushima son parte de una negociación entre EEUU y Japón, después de la segunda guerra, que incluía la isla de Okinawa a cambio del posicionamiento militar en esa región. Toda la reserva del material radioactivo de los 53 reactores Japoneses (cientos de toneladas de uranio enriquecido y plutonio) es entregada a los EEUU. 

Además, expertos rusos analizaron la nube radiactiva seis días después del accidente y encontraron trazas U 233 (el componente fisionable de las armas nucleares) en forma pura y en cantidades superiores a las acordadas en el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares en el ciclo del uranio-torio.

La radioactividad de Fukushima está contaminando todo el planeta y no encuentran solución técnica para detenerla. Por agua llego a la costa oeste del continente Americano (Canada, EEUU y Mexico) y por aire cruzo el prácticamente el globo, en dirección oeste-este, encontrándose trazas radioactivas en diferente países de Europa. 
Son tres los núcleos que están fundidos cuya reacción fuera de control, genera una masa que derrite o incendia todo a su paso. La determinación de los mismos es inexacta ya que los robots que son enviados no soportan los altos niveles de radiación.

 Además esta el problema de las 1500 barras de conmbustible usado que se fueron almacenando en el lugar, desde el inicio de operaciones (1971), por no existir una solucion a los problemas de los residuos.
En total son 14 los reactores nucleares expuestos a zonas sísmicas en la costa este de Japón. Las estadísticas indican que es más probable que sean alcanzados por un nuevo sismo o tsunami antes de que sean desmantelados y erradicados del lugar. 

En el caso de Fukushima la situación es tan endeble, que la posibilidad de un nuevo terremoto seria una catastrófe sin retorno, ya que no habría posibilidad de contener los desechos radioactivos de los reactores y los que se acumulan en los alrededores. 

De acuerdo con cifras oficiales, hay alrededor de 544 toneladas de desechos en el interior de la planta y su limpieza total tomará entre 30 y 40 años, con un costo de 35 mil millones de dólares. El desglose en categorías es el siguiente: (1) 400 toneladas de agua contaminada por día almacenadas en mas de 1,000 tanques gigantes (este volumen continúa creciendo día a día y evalúan verterlo al mar. (2) 3,519 Contenedores de barros radiactivos. (3) 64,700 metros cúbicos de ropa de protección desechada. (4) Materia orgánica (arboles y vegetación) de 220 acres de tierras deforestadas. (5) 200,400 metros cúbicos de escombros radiactivos. (6) 3.5 mil millones de galones de tierra removida. (7) 1,573 barras de combustible nuclear. 
Evento en facebook:

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UAC Unión de Asambleas Ciudadanas Contra el Saqueo y la Contaminación
www.asambleasciudadanas.org.ar
facebook.com/unionasambleasciudadanas
http://twitter.com/prensauac
 
(Cuadernillo Sistematización Encuentros de la UAC -PDF-) --> 
https://goo.gl/c6AkmJ


jueves, 1 de marzo de 2018

Sepamos: en Paraguay el extractivismo instala la "confrontación entre gigantescas corporaciones con un insaciable afán de lucro y los pueblos que buscan conquistar una vida digna y un modelo de desarrollo equitativo y sustentable".

Paraguay: Crece la resistencia a los daños socio-ambientales generados por el extractivismo

1 de marzo de 2018


El derecho a la salud y a vivir en un ambiente saludable es el punto de encuentro de varias comunidades que hoy luchan contra los nocivos efectos socio-ambientales que generan las actividades extractivistas que se desarrollan en Paraguay.
A la resistencia a la sojización -desarrollada principalmente por comunidades campesinas- se han sumado otras expresiones como la lucha contra las grandes empresas arroceras que envenenan recursos hídricos, la resistencia a la minería en el Ybytyruzú, y la reciente confrontación de la comunidad de Loma Grande contra una fabrica de minerales que había afectado a toda la comunidad con la emisión de gases contaminantes.

En el Departamento de Cordillera, entre las ciudades de Altos y Loma Grande, la empresa Archer se dedica a la obtención de Carburo de Silicio, los hornos utilizados para la obtención del mineral emitieron gases contaminantes que durante días fueron aspirados por la población local generando cefaleas, naúseas y vómitos en muchos de los pobladores. A partir de esa situación los ciudadanos empezaron a organizarse para pedir el cierre de la fábrica que además está acusada de verter residuos contaminantes a un arroyo que cruza el lugar. Tras haber logrado, mediante una importante movilización de la población, el cierre de la fábrica hoy los vecinos exigen que la misma no sea reabierta y que los responsables de la contaminación ambiental sean juzgados como indica la ley 716/95 que sanciona los delitos contra el medio ambiente.
Los pobladores de Loma Grande han recibido apoyo de otras comunidades que durante el último tiempo también padecen los efectos de acciones empresariales nocivas para el medioambiente. Así viene sucediendo desde hace algún tiempo, a medida que las actividades extractivistas avanzan en su modelo de agronegocios, minería y otros, la población se organiza y se da una mano para defender sus derechos.
La experiencia de la comunidad de Villa Oliva, contra la arrocera Villa Oliva Rice, acusada de deforestación, contaminación de cauces hídricos y fumigación con potentes agrotóxicos, entre otros delitos medioambientales, fue conocida por los vecinos de 1°de Marzo, en la zona de Cordillera, quienes se organizaron para hacer frente a prácticas similares por parte de la Agroganadera Piripuku S.A, a la que denuncian como responsable de la contaminación del Río Yhaguy que cruza varios distritos del Departamento.
A la vez, tanto los pobladores de Villa Oliva, como los defensores del Río Yhaguy, fueron apoyados por otras organizaciones, como la Unión de Organizaciones y Ciudadanos/as en Defensa de los Humedales del Ñeembucú (UOCÑ), que desde hace años dedica importantes esfuerzos a la defensa de un patrimonio natural fuertemente amenazado como son los humedales del sur del país.

A estas experiencias se suma también la lucha contra la explotación minera de la Cordillera del Ybytyruzú que llevan adelante las comunidades ubicadas en los alrededores de esta reserva natural que hoy se ve amenazada. Decenas de vecinos y vecinas se han unido, debatido y diseñado acciones para evitar que se concrete lo que consideran sería un crimen ecológico.

En otros países iniciativas locales similares a las que señalamos y otras que se manifiestan hoy en Paraguay han logrado articularse y dar una lucha común, como es el caso de la Unión de Asambleas Ciudadanas de Argentina que nació con el propósito de articular y potenciar las diferentes luchas contra el avance sistemático de los emprendimientos destructivos en el vecino país.

En Paraguay estas comunidades y sus expresiones de resistencia a los efectos del modelo extractivista están hoy en la primera linea de confrontación entre gigantescas corporaciones con un insaciable afán de lucro y los pueblos que buscan conquistar una vida digna y un modelo de desarrollo equitativo y sustentable.

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Paraguay_Crece_la_resistencia_a_los_danos_socio-ambientales_generados_por_el_extractivismo

“Estamos convencidos de que ésta es la agronomía de los próximos años. Habrá que ver si podemos lograr que llegue a más gente. En la medida que los productores se acercan a esto nosotros no vemos que estemos disminuyendo en productores sino que van aumentando y de hecho, no tenemos capacidad para atender toda la demanda que tenemos”.

Argentina - Cerdá: 

“Hay que cambiar el modelo,

hay que cambiar la forma de producir”

1 de marzo de 2018
El ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá expuso en la Cámara de Diputados de Entre Ríos sobre sus conocimientos y experiencias en producciones agroecológicas.

En la apertura del ciclo de Socialización de saberes de la Cámara de Diputados, el ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá expuso sobre sus conocimientos y experiencias en producciones agroecológicas, ante legisladores, ambientalistas y representantes de entidades agropecuarias. “Para nosotros es un mito que sin agroquímicos no se puede producir igual o mejor que con la agricultura de tipo industrial, en sistemas intensivos y extensivos. Se está generando un desequilibrio provocado por la forma de producir. El modelo falla, entonces no se soluciona con las buenas prácticas; hay que cambiar el modelo”, afirmó.
La media sanción de un proyecto que reduce las distancias de fumigaciones con agroquímicos y la sucesión de muertes por diversos tipos de cánceres en poblaciones cercanas a explotaciones agropecuaria no sólo calentaron el debate en la provincia sobre el uso de herbicidas y pesticidas sino que también pusieron sobre el tapete la discusión sobre el modelo productivo hegemónico y sus posibles alternativas.
En ese marco, la Cámara de Diputados Entre Ríos dio inicio este lunes al ciclo de Socialización de saberes con la exposición del ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá, con dos preguntas como disparador:
¿Es posible producir alimentos sin utilizar agroquímicos? ¿Por qué los actuales modelos de agricultura son cada vez más caros?
En un tramo de su exposición, Cerdá sostuvo que “es un mito que sin agroquímicos no se puede producir igual o mejor que con la agricultura de tipo industrial en sistemas intensivos y extrensivos. A veces nos dicen ‘eso es para la chacrita’. Nosotros no vemos el limitante de escala; al contrario. Esta mirada que tuvimos sobre por qué aumentaba tanto el consumo de agroquímicos es porque están generando un desequilibrio provocado por la forma de producir. El modelo falla, entonces no se soluciona con las buenas prácticas. Hay que cambiar el modelo, hay que cambiar la forma de producir”, sentenció el ingeniero agrónomo fundador de la Red Nacional de Municipios y comunidades que fomentan la Agroecología (Renama), que ha desarrollado experiencias en diversas localidades de la provincias de Buenos Aires y Santa Fe.
Previo a su disertación, Cerdá mantuvo un diálogo con AIM Digital respecto de los debates que atraviesan a la agricultura y la crisis permanente que genera la sobreexplotación del suelo, soslayada parcialmente con el uso de agroquímicos, como también de las conclusiones a las que arriba producto de su experiencia en la producción agroecológica, en torno a la posibilidad concreta de una transición hacia un modelo sustentable económica, social y ambientalmente.
- ¿Siempre se inclinó por la producción agroecológica o cómo se despertó su interés?
- Yo me recibí en 1986, luego me fui a Tres Arroyos así que como hasta 1997 estuve haciendo la agricultura que hoy predomina. Después, con los productores que yo asesoraba y con la facultad entendíamos que había que hacer un cambio. Todavía no conocíamos el grado de peligrosidad que tenían los productos pero sí lo veíamos desde la cuestión económica y lo escribimos en un libro que salió en 2000, que de seguir así para este momento íbamos a estar en tres o cuatro veces de costo y se dio así. No somos futuristas, pero la mirada agroecológica nos permitió ver que este modelo era muy dependiente de insumos.
- Hay quienes descartan la agroecología por una supuesta inviabilidad económica…
- Quien lo dice es porque no tomó contacto con estas experiencias, no conoce mucho del tema, está formado con el guión del otro modelo y es entendible, pero en algún momento, cuando crean que es necesario cambiar porque el modelo no ha dado respuestas o al menos no ha cumplido con todas promesas que tenía, quizá sea el momento para reflexionar y buscar en otras alternativas.
- ¿Qué pasa con la formación académica de los ingenieros agrónomos en este terreno?
- La mayoría de las facultades sigue con un gran porcentaje de formación del modelo predominante pero está cambiando muy rápidamente. Este año se hizo el segundo encuentro estudiantes universitarios en Balcarce, hubo más de 400 alumnos y la verdad que el interés es muy alto. Ahora falta que las casas de estudio hagan el cambio en los planes de estudio.
- ¿Cuál es la respuesta que encuentran ante la propuesta de producir agroecológicamente y qué expectativas hay de que pueda tener eco en las políticas públicas?
- Veo mucha repercusión desde los productores, de los municipios. Qué harán las provincias y la nación no lo sé. Mi expectativa está centrada en acompañar los procesos de producción desde los lugares de nuestro conocimiento, desde la facultad, desde otras organizaciones que van acompañando esta idea, que tiene que ver con producir, que los productores sean más viables y a lo mejor dejar de perder tantos productores como nos ha pasado en estos últimos 25 años y generar esto que tiene que ver con independencia, con una gestión distinta de la forma de producir.
Nosotros estamos convencidos de que ésta es la agronomía de los próximos años. Habrá que ver si podemos lograr que llegue a más gente. En la medida que los productores se acercan a esto nosotros no vemos que estemos disminuyendo en productores sino que van aumentando y de hecho, no tenemos capacidad para atender toda la demanda que tenemos.

- ¿Que evaluación puede hacer de la experiencia de Gualeguaychú como parte de la Renama?
- Gualeguaychú fue uno de los municipios que inició la Renama. Siempre tuvieron una muy buena predisposición. Hemos hecho como cinco reuniones pero creo que nos ha faltado una organización de acompañamiento a esos productores porque otros municipios han crecido mucho más, como Lincoln, Guaminí, Bolívar, donde ya hay muchos más productores, pero también tiene que ver con que nosotros no hemos tenido el tiempo suficiente para acompañar. Hoy Uruguay también quiere hacer lo mismo y realmente la demanda es muy alta pero nos falta formar gente y eso lleva un tiempo.

¿Por qué un productor debería optar por la agroecología?
Porque por un lado va a cuidar más la salud de su campo, la suya y la de su familia, se va a sentir en armonía seguramente si le interesan estas cosas y también se puede ser rentable; una cosa no quita la otra. Se puede ser rentable, se puede sostener como lo hemos demostrado en el tiempo y puede estar alegre y contento de que está haciendo lo que debe hacer.
27 de febrero de 2018

"Llamamos a todas las mujeres y hombres a la movilización, acción y lucha en este 8 de marzo de 2018, momento que viene a fortalecer la lucha feminista con nuestras formas de resistencia, denuncia y enfrentamiento al capital y al patriarcado, a lo largo de la historia de nuestro continente y donde las mujeres del campo seguimos presentes para fortalecer la lucha de clase, que nos permitan cambiar las desigualdades en el mundo."

Llamado de lucha al 8 de marzo 

de las mujeres del campo

28 de febrero de 2018
Las mujeres campesinas, indígenas y negras organizadas en la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo – CLOC/LVC, llamamos a todas las mujeres y hombres a la movilización, acción y lucha en este 8 de marzo de 2018, momento que viene a fortalecer la lucha feminista con nuestras formas de resistencia, denuncia y enfrentamiento al capital y al patriarcado, a lo largo de la historia de nuestro continente y donde las mujeres del campo seguimos presentes para fortalecer la lucha de clase, que nos permitan cambiar las desigualdades en el mundo.
América Latina vive hoy la arremetida de la derecha en sus diferentes expresiones con los gobiernos que representan los intereses de la clase dominante en cada uno de nuestros países, las cuales son subordinadas y alineadas a las políticas neoliberales impuestas por el imperialismo estadounidense; los espacios conquistado por los pueblos de nuestra América con rebeldía y lucha de las organizaciones populares, con intensa participación y protagonismo de las mujeres, ahora son amenazadas y destrozadas por nuevas formas de Golpes suaves. Las mujeres campesinas nos alzamos en defensa de la democracia real y representativa con participación popular y en contra de los golpes jurídicos parlamentarios y mediáticos.
Alzamos nuestras banderas en defensa de la tierra, el agua, de los territorios, de las semillas y de los bienes naturales, denunciando a las transnacionales del agro-hidro-mineras que usurpan, envenenan nuestras tierras, matan nuestros ríos, nuestras semillas criollas, destrozando toda la vida por donde pasan. Hacemos un llamado especial a la defensa del agua, bien natural imprescindible para la vida de los seres humanos, para la producción de alimentos y para la vida del planeta. Agua que, en los últimos años, viene poniéndose en el centro de los conflictos con los pueblos indígenas, campesinos, afro descendientes y pescadores por la apropiación por parte de las empresas multinacionales que pretenden privatizar y cercar nuestros ríos, lagos y nacientes, empresas que asesinan a las luchadoras y defensoras del derecho de los pueblos al agua, como es el caso de la lideresa hondureña Berta Cáceres. Así, nosotras mujeres del campo decimos no a la Privatización del agua, el agua es un derecho humano.
El avance del Neoliberalismo en el continente trae en sus entrañas el conservadurismo y el Patriarcado, que aumentan la opresión, explotación y discriminación hacia las mujeres, intensificando la trata de personas, así como la migración hacia otros países para trabajos forzosos, precarios y vulnerables a las violaciones sexuales y todas formas de violencia. Hay un aumento a la violencia física, doméstica, abusos sexuales practicado contra las mujeres del campo y la ciudad. Por eso las campesinas y campesinos reafirmamos nuestro compromiso permanente con la Campaña de Basta de Violencia contra las mujeres y nos comprometemos en enfrentar en el cotidiano esta violencia que aún persiste en las comunidades, en las organizaciones y en el campo. Denunciamos la violencia que sufrimos las mujeres en los conflictos sociales en el campo por la tierra, en las guerras, por la militarización de nuestros territorios, por la minería y por el agro negocio que viola y niega el derecho de las mujeres a vivir en el campo y de organizarse y luchar por este derecho.
Llamamos a las mujeres del campo a mostrar la importancia del trabajo de las mujeres campesinas, indígenas, pescadoras para la garantía de la Soberanía Alimentaria, la promoción de la agroecología, la preservación de las semillas y la biodiversidad y el significado de este trabajo para la vida en los territorios, la economía local y del país, no podemos permitir que nos pongan en programas focales asistenciales de atención a la pobreza y a la victimización de las mujeres del campo.
Somos mujeres campesinas, indígenas, y afro descendientes que hemos construido caminos de esperanza y de liberación para las mujeres, luchando por el reconocimiento de nuestro trabajo en el campo, fundamental para la sobrevivencia de la humanidad, derechos a preservar y ser reconocidos nuestros modos de vida, nuestros saberes, derecho a vivir en el campo, en nuestras tierras y territorio, derecho a vivir sin violencia, derechos a construir Soberanía alimentaria y nuestro feminismo campesino y popular.
Por eso, afirmamos y defendemos los derechos que hemos conquistado y alcanzado con nuestra lucha y abogamos por el reconocimiento y garantía de los derechos que forjamos en la resistencia y prácticas cotidianas social e históricamente.
Contra el Neoliberalismo y el Patriarcado
Mujeres campesinas se alzan en la lucha!!
Sin feminismo
No hay socialismo!!

Advirtamos: "la década correísta no tuvo nada de “revolucionaria”; más bien fue una etapa de restauración conservadora".


A modo de conclusión
Un país incierto que no cambió
1 de marzo de 2018

Por Alberto Acosta, John Cajas-Guijarro (Rebelión)

Los autores del libro Una década desperdiciada - Las sombras del correísmo, sintetizan algunos puntos de libro en este artículo.
“El secreto de la libertad radica en educar a las personas,
mientras que el secreto de la tiranía está en mantenerlas ignorantes”
Maximilien Robespierre

Ecuador no cambió… Ni los discursos pronunciados sobre “transformación”, ni toda la propaganda oficial pueden ocultar la realidad de que toda una década se desperdició. Millonarios recursos, enorme apoyo popular, propuestas, elecciones ganadas, todo se perdió. Nunca dejamos de ser lo que siempre fuimos: una sociedad vulnerable, dependiente, incierta.
Así, la década correísta no tuvo nada de “revolucionaria”; más bien fue una etapa de restauración conservadora. En vez de identificar y derrumbar las estructuras sociales (económicas, políticas, culturales, etc.), que limitan la vida de nuestro pueblo, el correísmo las mantuvo intactas. Al contrario, intentó usar esas estructuras para modernizar al capitalismo ecuatoriano, mediante un proceso de acumulación de poder y de reconstrucción hegemónica.
A partir de la figura del caudillo Rafael Correa, el correísmo intentó inducir a que la población acepte, vea como normal y -a ratos- hasta apoye, el ascenso del autoritarismo en nombre de una supuesta “transformación” (ahí está el carácter hegemónico). Sin embargo, en los hechos, no se dio ningún cambio estructural, tal como indicarían las propias palabras de Correa en enero de 2012: “básicamente estamos haciendo mejor las cosas con el mismo modelo de acumulación, antes que cambiarlo, porque no es nuestro deseo perjudicar a los ricos, pero sí es nuestra intención tener una sociedad más justa y equitativa”.
En el intento de “hacer mejor las cosas con el mismo modelo”, el correísmo no dudó en vaciar de contenido y transformar en dispositivos de poder -o simples herramientas de propaganda- a varios conceptos transformadores y utopías (p.ej. izquierda, Buen Vivir, revolución). Una vez vaciados, dichos conceptos y utopías se volvieron meras “ollas encantadas” que, siendo llamativas por fuera, por dentro terminaron conteniendo una visión de sociedad acorde a las necesidades de modernización capitalista, y que el correísmo intentó imponer como “normales”. Es más, cualquier visión que se saliera de los cánones correístas terminó siendo ridiculizada, atacada y hasta criminalizada. Un ejemplo claro es la connotación “infantil” que Correa y su séquito quiso darle a la izquierda -y al ecologismo e incluso a los indígenas, que no se alinearon, oponiéndose a su proyecto “modernizador”.
Como resultado de ese vaciamiento y degradación política, la década se llenó de discursos que intentaron pasar por “revolucionarios”, pero solo formaron parte de una estéril parafernalia tecnocrática. Es ahí en donde encontramos a la rimbombante “transformación de la matriz productiva”, cuya mera definición en términos de “sectores estratégicos”, provocó el desperdició de años importantes -por las mismas razones expuestas- para, al final, proponer actividades bajo condiciones técnica, económica y hasta ambientalmente inviables. Tal desperdicio de años implicó la pérdida de una oportunidad histórica, para aprovechar los enormes recursos económicos existentes en un momento único en la vida nacional (alrededor de 247 mil millones de dólares en manos del Estado –sin contabilizar los recursos de la seguridad social– entre 2007-2016).
Pero; no solo se desperdiciaron años y recursos, sino que la “transformación de la matriz productiva” -incluso en los términos correístas- se quedó en el papel, en los discursos y en la propaganda. Un ejemplo dramático es el incumplimiento de 10 de las 13 metas propuestas en el objetivo 10 del llamado Plan Nacional del Buen Vivir, precisamente dedicado a la “matriz productiva”. Al revisar dicho incumplimiento vemos que la década desperdiciada dejó como herencia:
- Una desindustrialización relativa de la economía;
- Un comercio exterior reprimarizado, reflejado en una dependencia creciente tanto de las exportaciones como de las importaciones en productos primarios;
- Un empleo inadecuado y desempleo que siempre han afectado a más de la mitad de las personas que ofrecen su fuerza de trabajo;
- Una “productividad” y capacitación laboral estancadas;
- Una distribución en extremo desigual e intacta de la tierra y del agua;
- Una persistente dificultad en el fomento a la creación de empresas y, una persistente carga de la intermediación, especialmente sobre pequeños y medianos productores;
A más del incumplimiento del objetivo 10, hay muchos otros indicios de que en la década no hubo cambios estructurales en la economía ecuatoriana, destacándose:
- La composición del empleo y la producción entre ramas de actividad, que prácticamente no ha cambiado;
- La existencia de una tecnificación estancada reflejada, por ejemplo, en la baja inversión en maquinaria, la cual no creció al mismo ritmo que la demás inversión;
- La elevada y persistente dependencia a importar medios de producción, provocando un déficit permanente en el balance comercial no petrolero, y una salida de dólares estructural que solo es evitable con una verdadera sustitución de importaciones (que tampoco se dio);
También, la ausencia de transformaciones se hace visible en la falsa promesa correísta de profundizar el extractivismo con el objetivo de “superarlo”. En vez de superarse, el extractivismo exacerbado, condena al país cada vez más a una modalidad de acumulación primario-exportadora, dependiente de los vaivenes del mercado mundial. Y, es precisamente ese el rumbo que el correísmo trazó para la economía y la sociedad ecuatorianas: los extractivismos, como bien hemos aprendido de la historia –dentro y fuera de nuestro país–, y como bien se ha ratificado en esta década desperdiciada, se caracterizan por tener economías rentistas, sociedades plagadas de prácticas clientelares y, por cierto, regímenes autoritarios.
Un ejemplo del camino extractivista trazado por el correísmo es el sector petrolero, el cual registra tendencias graves como la ampliación de la frontera petrolera -incluyendo la explotación del ITT (cuya “rentabilidad” podría reemplazarse con una mayor carga tributaria a los grandes grupos económicos del país)-, así como la entrega de los “campos maduros” al capital transnacional. Otro ejemplo es la imposición a “sangre y fuego” del extractivismo minero, provocando no solo degradación ambiental, sino también graves costos sociales. Otros extractivismos se han exacerbado, por ejemplo, en el sector agrícola a través de los agronegocios (peor con el ingreso de semillas transgénicas al país, en contra del mandato constitucional). Y todo esto, de nuevo, en favor de grandes capitales sobre todo transnacionales.
A la par que el capitalismo extractivista se ha exacerbado, también lo han hecho varias de sus “patologías”, particularmente la corrupción, un mal recurrente en nuestra sociedad y que se enquistó en la década desperdiciada. Basta mencionar el fracaso en la supuesta “repotenciación” de la Refinería de Esmeraldas, la no-construcción de la Refinería del Pacífico, e incluso casos de corrupción protagonizados por Petrobras, así como por las llamadas “preventas petroleras” negociadas especialmente con China.
Pero la corrupción no se quedó en los extractivismos, sino que se extendió a la tan promocionada inversión en infraestructura pública: obras incumplidas, retrasos y/o sobrecostos se volvieron parte de las obras correístas. Aquí, podemos mencionar el caso de los “proyectos hidroeléctricos emblemáticos”, muchos de los cuales quedaron inconclusos al terminar el gobierno de Correa, suscitando millonarios incrementos de precio, generando una importante presión en términos de endeudamiento externo y hasta -a pesar de no haber concluidos todos- ya han provocado una sobre oferta de electricidad. Todo esto refleja la ausencia de una planificación estratégica para el sector eléctrico. Situación similar se dio en la construcción de carreteras, aeropuertos, edificios públicos, etc. En muchos de estos casos el papel de empresas “corruptas y corruptoras” -como Odebrecht- ha sido protagónico.
A más del extractivismo y la rampante corrupción (que nunca dejó de carcomer las frágiles instituciones democráticas del país), la sombra de la no-transformación también oscurece a los supuestos grandes triunfos de la “revolución ciudadana”, en educación, salud y seguridad social, los cuales no resisten un análisis serio.
Sobre educación, a pesar del incremento del gasto público en el sector, no se cumplió el mínimo constitucional. Pero eso es lo de menos comparado con la reforma educativa correísta, la cual intentó imponer un esquema colonizador, golpeando especialmente a la educación intercultural bilingüe. Dicha reforma se hizo en el marco de un disciplinamiento social acorde a una restauración conservadora, que no tuvo recelo en ahogar protestas estudiantiles con violencia y castigos desmedidos. También la reforma replicó mezquinas lógicas de competencia mercantiles, por ejemplo, en el ingreso universitario (que terminó reduciendo la tasa de matriculación); además de fomentar la elitización y el despilfarro reflejados -emblemáticamente- en “nuevas universidades” como Yachay (que no se salvó de la corrupción). En definitiva, la educación no mejoró, aun cuando existían los recursos para transformar al sistema educativo ya existente.
Si la educación no se transformó, en la salud y la seguridad social la cuestión no es mejor. El gasto público en salud tampoco cumplió el mínimo constitucional, además que en los últimos años de la década se verificó un grave estancamiento en ambientes físicos como salas de operaciones y de cuidados intensivos, camas hospitalarias, etc., así como problemas en el abastecimiento de medicinas. Eso sí, los grandes grupos farmacéuticos y hospitalarios privados, terminaron siendo grandes ganadores de la inversión y gasto público. Por su parte, la seguridad social -en particular, los fondos de salud y pensiones- estaría quebrada, incluso luego de haber beneficiado millonariamente a clínicas privadas; y, lo que es más grave, el Estado se negó a aceptar la deuda con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. A esta grave situación se suma la persistencia de problemas de salud pública como la desnutrición infantil, la cual tuvo una ínfima reducción de 25,8% a 23,9% entre 2006-2014.
Ni siquiera la tan promocionada “recuperación del Estado” como rector, ejecutor, y hasta motor de la economía, puede tomarse como ejemplo de transformación. Un caso dramático son las empresas públicas, las cuales presentan muchas costuras rotas como la quiebra luego de décadas de funcionamiento (p.ej. TAME) o el cierre a pesar de tener un gran potencial (p.ej. ENFARMA, que pudo ayudar a sustituir la importación de medicamentos, sirviendo como base potente para una política de salud más soberana). De hecho, al final del correísmo, volvió la vieja práctica neoliberal del festín privatizador: ventas de empresas como el ingenio AZTRA o cementeras en condiciones más que ventajosas para los capitales privados; entrega de los cuatro puertos más grandes del país al capital transnacional; propuestas de ventas agresivas de otras muchas empresas públicas incluyendo algunos proyectos hidroeléctricos construidos en el correísmo.
A pesar del retorno de varias prácticas neoliberales, cabe indicar que también hay algunos matices respecto a la “recuperación del Estado”. Por ejemplo, en la década se instrumentaron múltiples reformas en términos tributarios, supuestamente alegando la búsqueda de una mayor “justicia tributaria”. En dichas reformas, diferentes a la práctica neoliberal, el Estado adquirió más fuerza en la obtención de recursos vía impuestos. Sin embargo, incluso dicha práctica -que terminó siendo una de las bases de financiamiento de un Estado más grande y autoritario- no contribuyó a una redistribución de la riqueza. Es más, varias reformas terminaron siendo inofensivas y hasta beneficiosas para varios grandes grupos económicos (como la reducción del impuesto a la renta de 25 a 22%). Tales acciones -matizadas con enfrentamientos entre el gobierno y grupos económicos particulares- han terminado siendo meras formas de aumentar los ingresos estatales sin afectar los intereses de los principales dueños del poder económico del país. Estas, y otras acciones, hacen pensar que en muchos casos el correísmo instituyó un Estado útil a los intereses de capitales privados, sin siquiera afectar la reproducción del capitalismo rentista nacional.
El saldo de toda esta no-transformación, preocupante en extremo, aparece bajo la forma de un despilfarro brutal que sumaría -al menos- 12 mil millones de dólares, equivalentes al 44,7% de toda la deuda externa pública adquirida por el correísmo hasta diciembre de 2016. Pero la década desperdicia del correísmo dejó otro saldo igualmente grave: la no-transformación, ha creado las condiciones para que el país viva una de las crisis económicas más graves de sus últimos años, una crisis estructural en donde hasta el endeudamiento ha crecido agresivamente (tal como en épocas anteriores).
Los resultados económicos saltan a la vista, pues la crisis ha adquirido una innegable multidimensionalidad: estancamiento-caída del ingreso presente (PIB) y futuro (inversión); deterioro laboral, con el estancamiento-caída del empleo adecuado, de los ingresos salariales y hasta de las horas de trabajo, sobre todo en empresas pequeñas donde los trabajadores “autónomos”, jornaleros y peones -comúnmente informales- son los más afectados; un fuerte déficit fiscal a pesar de que el correísmo contó con los mayores ingresos de la historia republicana, déficit que no fomentó crecimiento; endeudamiento público externo agresivo, repitiendo las viejas taras del pasado: contratación de deuda para pagar deuda en procesos carentes de transparencia, por ejemplo, junto con el retorno al redil del Fondo Monetario Internacional; una deuda pública interna que también se acelera, sacrificando el futuro de la seguridad social de las clases trabajadoras; una “deuda oculta” entre preventas petroleras, “facilidades de liquidez”, crédito a la banca pública y demás, que incluso habría debilitado la capacidad de las reservas internacionales de cubrir las reservas de la banca privada. A estas dimensiones se agregan los inicios de un posible proceso deflacionario, así como de una potencial enfermedad holandesa (con los matices propios de una economía dolarizada).
Todo este contexto de crisis, reiteremos, ha sido causado por la falta de transformaciones estructurales y el desperdicio de toda una década. Shocks externos como la caída del precio del petróleo, la apreciación del dólar o el encarecimiento del crédito externo, solo develaron la no-transformación. Apenas fueron susurros recordándonos que nuestra sociedad no alcanzó ningún “milagro”, sino que sigue siendo lo que siempre fue, una sociedad incierta y en crisis, con una lógica de acumulación primario-exportadora típica del capitalismo periférico y dependiente.
Ante semejante realidad, una pregunta parece inevitable: ¿por qué no se dio la tan ansiada e indispensable “transformación”? Esto nos remite necesariamente al tema del poder. Al cabo de diez años de correísmo, siguen vigentes grandes grupos económicos capaces de impedir cualquier “transformación” y que, en la década correísta, lucraron millonariamente a la par que se beneficiaron de una mínima carga tributaria. Tales grupos mantuvieron -y mantienen- una influencia y hasta una representación directa en el poder político; mantienen un excesivo poder en las diferentes actividades económicas, sobre todo en la manufactura: poder sustentado en la elevada -e intacta- concentración que mantienen tanto en el control de los mercados como del capital (con casos que superan el 70% de participación), así con elevados márgenes de utilidad (con casos de utilidades que llegan a bordear el 90% en relación al patrimonio); algunos grupos consolidaron su poder al aumentar su influencia tanto en el ámbito del capital productivo, como del comercial y del bancario (p.ej. grupo Eljuri). Y quizá lo más cuestionable: han sido capaces de lucrar incluso en años de crisis, gracias a la permisividad y hasta complicidad del gobierno.
Junto con el poder, la incertidumbre propia de la economía ecuatoriana, también asoma como otra posible razón para explicar la no-transformación, frente a lo cual, al parecer, el correísmo careció de propuestas estrategias reales, que se plasmen en políticas y propuestas de “transformación”, por una ignorancia de la real dinámica estructural de la economía del país, ignorancia que muy posiblemente se combinó con una enorme prepotencia de ciertas tecnocracias que -embriagadas de poder- desconocían y no hicieron esfuerzos por comprender las ricas experiencias regionales en este campo. Así, es obvio que no hubo condiciones para desarrollar propuestas y acciones orientadas a superar la modalidad de acumulación primario-exportadora, a desmontar la heterogeneidad estructural de la economía ecuatoriana, a reducir -al menos- las estructuras y los controles oligopólicos en los mercados, a superar la fuerte informalidad existente en nuestro país, fortaleciendo efectivamente la economía popular y solidaria.
Dentro de esa incertidumbre, un aspecto clave es la dolarización. Tal esquema monetario se mantuvo por inercia, mientras el correísmo fortalecía sus rasgos caudillescos, desperdiciando un tiempo valioso para introducir cambios y herramientas que nos habrían permitido recuperar espacios de soberanía monetaria y cambiaria, como el dinero electrónico. Espacios que habrían sido en extremo útiles para aplicar políticas contra-cíclicas frente a la crisis, aunque también vulnerables más aún con el manejo económico irresponsable, propio del correísmo (vulnerabilidad inherente a toda sociedad con soberanía monetaria, y que se resuelve no desde la tecnocracia sino desde la política y la distribución del poder monetario).
De hecho, el mantenimiento de la dolarización, a toda costa y más aún en medio de un contexto de crisis, de una potencial deflación y de una posible enfermedad holandesa, puede tener un gravísimo costo social. En definitiva, la incertidumbre -incluso monetaria-, junto con la no-transformación, son grandes -y graves- herencias económicas de la década desperdiciada…
Es triste mirarnos en el espejo del tiempo, luego de toda una década, y casi reconocer al viejo país de siempre, o incluso a un país más incierto. Mientras el correísmo cantaba y festejaba a la “revolución”, lo que realmente hizo fue usar su nombre como pretexto para saciar su hambre de dinero y poder, siempre subalterno y dependiente del poder de grandes grupos que prácticamente son dueños de la vida económica -y política- del país, subalterno también de las demandas de los grandes capitales transnacionales a través de una inserción sumisa en el mercado mundial. No solo se perdieron millones de dólares entre el derroche, la corrupción y la falsa “transformación”, se perdió un tiempo valioso y único, en el que el pueblo ecuatoriano soñó con el cambio.
Pero quizá más penoso que la nostalgia e indignación por el pasado, es el futuro inmediato que deja como herencia la década desperdiciada. Por si la crisis, la incertidumbre y la no-transformación no fueran suficientes, nuestro país podría sufrir el resultante ciclo político de la economía, el cual: el “efecto monumento”, que impulsó el correísmo con su derroche, podría terminar siendo “funerario” para su sucesor, tal como en otras etapas de nuestra historia.
Semejante situación crea el escenario perfecto para que tecnócratas, como aquellos del Fondo Monetario Internacional, regresen al país con sus recetas y programas de “ajuste estructural”. Se han creado las condiciones para que el neoliberalismo emerja de entre los muertos, siempre recordando que fue el propio correísmo el que le dejó las puertas abiertas y dio los primeros pasos en ese camino de retorno. Se ha traicionado la confianza de un pueblo, traición que deja un espacio político enorme para que economistas -o más bien oportunistas, como diría Carlos Portela- convenzan, a ese mismo pueblo, de la necesidad de aplicar “programas anticrisis”, en contra de sí mismo. Es una situación en donde una vieja derecha resucita, mientras que la izquierda, capaz de enfrentar los embates neoliberales, ha quedado terriblemente golpeada y hasta deslegitimada. Todo resultado de una década desperdiciada en donde la política falló, y los “monstruos” ya han dado sus primeras pisadas.
Aunque el escenario no es alentador, recodemos que la historia la escribimos los propios seres humanos, siempre limitados, pero jamás condenados por el pasado. Como dijo Marcel Proust, es hora de ir en busca del tiempo perdido. No podemos tolerar más que un grupo de farsantes, sumidos en la falsedad y la falta de un análisis profundo, se roben la esperanza. No podemos aceptar más que nuestra sociedad viva en la incertidumbre, lo cual para muchos implica el desconocer si mañana o después, tendrán un pan en su boca o en la boca de sus seres queridos.
Por ello, una vez que hemos comprendido que el correísmo desperdició una década, nos surge una tarea urgente e histórica: reconstruir nuestro propio destino, un destino que ya no dependa de los vaivenes de la acumulación capitalista. Es hora de develar todas aquellas estructuras que nos limitan, y que debemos derrumbar si queremos ser verdaderamente libres en lo político, en lo económico y en todas las demás dimensiones humanas. Dicha libertad no es la libertad del mercado, no es la libertad de los dueños del poder, es la libertad de una vida en plenitud para todos y todas.
Es crucial una reflexión estructural de nuestro país, una reflexión que reconozca la degradación política que nos dejó la década desperdiciada, que acepte que la crisis en estas condiciones la pagan los más débiles, que devele la podredumbre en la que se cimienta la deuda externa, que se atreva a cuestionar los extractivismos, que no le tenga miedo a confrontar la corrupción tanto del poder político como del capital, que devele los nombres de los dueños de ese poder y los cuestione. Una reflexión estructural que aporte luz, a las sombras que nos dejó la década correísta.
Pero esa es, apenas, una tarea auxiliar hacia el verdadero objetivo: la gran transformación. Una transformación que, en épocas de crisis, es aún más urgente. Una transformación hacia una nueva sociedad realmente democrática, realmente equitativa, realmente justa. Una transformación en donde no sean las clases populares -y la Naturaleza- las que sacien la sed del capital en crisis, sino que sea el capital el sacrificado por el bienestar popular. Esa gran transformación necesita iluminarse de una reflexión profunda, desde la cual podamos volver a dar sentido a la palabra revolución.-

Nota: los autores agradecemos a Jürgen Schuldt y Francisco Rhon por sus valiosos comentarios, sugerencias y aportes para la realización de este libro. 

Reflexionemos sobre la libertad y democracia de EE.UU. pero hay luchas desde abajo y :

Control de armas
Los estudiantes sobrevivientes de la masacre de Florida muestran el camino a seguir
1 de marzo de 2018

Por Amy Goodman y Denis Moynihan
Democracy Now!

Nikolas Cruz sabía cómo manejar un arma gracias a la Asociación Nacional del Rifle y al Ejército de Estados Unidos. El acusado de perpetrar la masacre del Día de San Valentín, que tuvo lugar en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas ubicada en Parkland, Florida, ultimó a 17 personas en tres minutos, todo con un rifle semiautomático AR-15. Cruz cursó parte de sus estudios en esa escuela secundaria, pero se tuvo que cambiar a otras por su conducta violenta. Cuando fue arrestado llevaba puesta la camiseta oficial de la división junior del Cuerpo de Entrenamiento para Oficiales de la Reserva ( JROTC , por su sigla en inglés), un programa de las Fuerzas Armadas de EE.UU. en escuelas y universidades del que fue miembro mientras cursaba la secundaria. Cruz también había formado parte del club escolar de tiro, que cuenta con el apoyo económico de la Fundación de la Asociación Nacional del Rifle ( NRA , por sus siglas en inglés), y había llegado a ser uno de los cuatro miembros del equipo de tiro de la escuela. El Pentágono está presente en las escuelas públicas, reclutando estudiantes para el ejército. A su lado se encuentra la NRA , que coloca armas en manos de los niños.
En Florida, la edad mínima legal para comprar un rifle semiautomático es de 18 años. Nikolas Cruz tenía 19, y adquirió legalmente el arma con la cual se lo acusa de cometer esta terrible masacre. A través de sus publicaciones en redes sociales y relatos de personas que lo conocen, trascendió que tenía un profundo amor por las armas de fuego y por otros tipos de armas. “Tenía muy buena puntería”, declaró a la agencia Associated Press un excompañero del equipo de tiradores, Aaron Diener.
Pat Elder es el director de la Coalición nacional para proteger la privacidad de los y las estudiantes, una organización que rechaza el militarismo en las escuelas. También es autor del libro “Reclutamiento militar en Estados Unidos” (“Military Recruiting in the United States”). En una entrevista para Democracy Now!, el activista expresó: “Tenemos al ejército de Estados Unidos y a las otras tres ramas de las Fuerzas Armadas metidas en las escuelas secundarias, colocando armas letales en manos de jóvenes de 13 y 14 años de edad. Es hora de que esto se termine. Más de 575.000 niños y niñas participan del programa en todo el país”.
Pat Elder se opone al militarismo estadounidense desde que era adolescente. A principios de la década del 70 participó de las protestas contra el bombardeo de Estados Unidos a Camboya. Considera invasiva e insidiosa la presencia del ejército estadounidense en el sistema escolar público, que comienza con las competencias de construcción con piezas de Lego en tercer grado. En las escuelas secundarias reemplazan el Lego con armas de fuego.
Elder continuó: “El programa junior del Cuerpo de Entrenamiento para Oficiales de la Reserva es un programa de reclutamiento militar del que participan más de 3.000 escuelas. De estas, más de 1.600 escuelas participan en programas de tiro en todo el país. Así que tenemos campos de tiro en escuelas secundarias de todos los estados. Disparan rifles de calibre 177, que funcionan mediante dióxido de carbono. El proyectil principal se desplaza a 180 metros por segundo. En comparación, las municiones de un rifle de calibre 22 tienen una velocidad de entre 240 y 270 metros por segundo… [El rifle calibre 177] es un arma letal, clasificada así por el ejército”.
La Asociación Nacional del Rifle, mediante su fundación presuntamente caritativa, dona fondos a las escuelas destinados a colocar armas en manos de los niños, de lo cual alardea en su sitio web: “Desde nuestra creación en 1990, hemos otorgado casi 335 millones de dólares en subvenciones”. La NRA admite, y Pat Elder confirma, que la mayoría de sus subvenciones son en forma de “suministros o equipos para el programa”; es decir, armas y municiones. El programa de tiro de la secundaria Marjory Stoneman Douglas tuiteó hace 17 meses: “El equipo de tiro de la división junior del Cuerpo de Entrenamiento para Oficiales de la Reserva agradece a la NRA por su generosa donación de casi 10.000 dólares para actualizar y reponer equipos”.
La escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland toma su nombre de la reconocida escritora y activista estadounidense que murió en 1998 a la edad de 108 años. Stoneman Douglas fue una de las principales sufragistas del país. Luchó por el voto femenino y los derechos civiles y también era ecologista. Conocida como la “gran dama de los Everglades” por su liderazgo en la protección de los vastos humedales de Florida, combatió los intereses empresariales y de desarrollo inmobiliario. Es profundamente conmovedor que, entre los adolescentes que sufrieron el espantoso tiroteo en masa, estén surgiendo algunos de los activistas más apasionados, elocuentes y efectivos del momento. Ellos y ellas se están enfrentando a uno de los grupos de interés más arraigados del país: el lobby de las armas de fuego.
Días después de la masacre, en una manifestación a favor del control de armas en Fort Lauderdale, Emma González, estudiante del último año de la secundaria Stoneman Douglas, se dirigió a la multitud. Sus palabras se volvieron virales: “Si todo lo que pueden hacer el gobierno y el presidente es dedicar pensamientos y oraciones, entonces es momento de que las víctimas seamos el cambio que necesitamos ver… Si el presidente quiere venir a decirme en persona que fue una tragedia terrible, que nunca debería haber sucedido, al mismo tiempo que nos sigue diciendo que no se hará nada al respecto, con gusto le voy a preguntar cuánto dinero recibió de la Asociación Nacional del Rifle. Pero, ¿saben qué? No es necesario, porque ya sé la respuesta: ¡30 millones de dólares!”.
El martes, más de cien estudiantes de la secundaria Stoneman Douglas viajaron al Capitolio estatal de Florida, en Tallahassee, para exigir la prohibición de armas automáticas a nivel estatal. Mientras los jóvenes hacían su arribo al Capitolio, los legisladores votaron, por abrumadora mayoría, en contra de realizar un debate sobre la prohibición. Sin desalentarse, los estudiantes siguen luchando. Van a organizar una marcha en la capital de Estados Unidos y en ciudades de todo el país el próximo 24 de marzo. Han decidido llamarla “Marcha por nuestras vidas”

© 2018 Amy Goodman
Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español,spanish@democracynow.org
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es coautora del libro Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=238413