La larga crisis
terminal del modelo rentista petrolero venezolano y la profunda crisis que
actualmente enfrenta el país
1 de diciembre de 2017
Por Edgardo Lander (Rebelión)
En este texto no voy a intentar siquiera un somero balance del
proceso bolivariano con sus muy importantes logros nacionales y regionales y
las numerosas contradicciones, errores y limitaciones que han caracterizado a
este intento de una radical transformación anticapitalista. Me referiré
fundamentalmente a la intensa crisis que actualmente enfrenta el país.
Después de más de una década de profundas transformaciones políticas y
sociales, Venezuela está viviendo hoy su crisis más grave desde las guerras
civiles del siglo XIX. Los importantes logros del proceso bolivariano están en
peligro. La economía se derrumba, la pobreza, la desnutrición y las tasas de
mortalidad están aumentando. La polarización política y la violencia podrían
conducir a una guerra civil. Todo esto está agravado por el creciente
aislamiento internacional debido, entre otras cosas, al giro a la derecha de
los gobiernos de Brasil y Argentina, y acciones imperialistas como el bloqueo
financiero y las amenazas de intervención militar realizadas por Donald Trump.
La crisis venezolana no es nueva. El país ha estado experimentando una profunda
crisis económica y política estructural durante las últimas cuatro décadas. Es
la crisis terminal del modelo petrolero rentista, estatista y clientelar que ha
caracterizado a la sociedad venezolana desde hace muchas décadas. Sin embargo,
este modelo rentista extractivo tuvo un nuevo soplo de vida con el liderazgo
carismático de Chávez, la legitimidad proporcionada por la Constitución de 1999
y los altos precios del petróleo de los primeros años de este siglo. Una vez
más, parecía que los precios del petróleo sólo podían ir hacia arriba. Los
ingresos procedentes del petróleo fueron vistos en el corto y mediano plazo,
como la fuente de los recursos necesarios para la transformación de la sociedad
venezolana. Durante los años del proceso bolivariano no se tomaron medidas
significativas de transformación de la estructura productiva del país. Por el
contrario, se profundizó el rentismo petrolero hasta que el petróleo alcanzó el
96% del valor total de las exportaciones. Hoy el país es más dependiente que
nunca en su historia de las importaciones, incluso de alimentos básicos y
suministros médicos.
Las políticas sociales que mejoraron sustancialmente las condiciones de vida de
los sectores populares y las importantes iniciativas hacia otros países de
América Latina, la cooperación y la solidaridad llevada a cabo por el gobierno
venezolano, fueron posibles gracias a un extraordinario auge de la demanda y
precio de los commodities generado principalmente por la demanda china. En la
medida en que la renta petrolera se dirigió principalmente hacia los sectores
excluidos de la población, se produjeron significativas mejoras en sus
condiciones de vida. La pobreza y la desigualdad se redujeron notoriamente, el
acceso a alimentos, servicios de salud, educación y seguridad social mejoró en
términos cualitativos.
Políticamente se iniciaron profundos cambios en la cultura política popular, se
generalizó la organización social de base y se produjeron extraordinarios
niveles de participación social y política. Venezuela desempeñó un papel
central en el desplazamiento a la izquierda que ocurrió en la mayor parte de
América del Sur. Durante años, el gobierno contó con elevados niveles de
legitimidad y apoyo electoral.
Sin embargo, en 2013 y 2014, los dos principales pilares que sostuvieron el
proceso bolivariano, el extraordinario liderazgo carismático de Chávez y los
elevados precios del petróleo, dejaron de estar presentes. Chávez falleció el 5
de marzo de 2013. Un año más tarde, el precio de las exportaciones de petróleo
venezolano se había derrumbado de más de cien dólares el barril a menos de 25
dólares. Así, la profunda crisis terminal del Estado, la economía y la sociedad
rentista petrolera que había sido, en cierto sentido, aplazada durante unos
años, resurgió con mayor, incluso dramática, intensidad.
1. La
situación económica y social
Para analizar el estado actual de la economía en Venezuela no existe
información oficial actualizada disponible. El gobierno ha decidido no revelar
la información estadística que permitiría confirmar la profundidad de la actual
crisis económica.2 Los cálculos que se han difundido por parte de analistas
económicos, centros académicos, asociaciones empresariales e instituciones
internacionales presentan grandes variaciones. No todos son confiables.
En el año 2016 la economía venezolana registró su peor caída desde el paro
petrolero/lock-out empresarial de los años 2002-2003, con una contracción que
se ha estimado entre 10%3 y 18.6%. Se acumularon así tres años consecutivos de
disminución del PIB. Según algunas estimaciones, el colapso de la economía
venezolana ha sido tal que, en 2017, el PIB per cápita representa un 40% de los
niveles del año 2013.4 Los precios del petróleo se recuperaron de un promedio
de 35 dólares por barril en 2016
a 42 dólares por barril en abril de 2017,5 aún lejos de
los precios que oscilaron entre 101 y 88 dólares por barril entre 2011 y 2013.
No solo los precios han colapsado, según la OPEP, la producción de petróleo ha
caído a un millón 972 mil barriles diarios.6 Esto es casi un millón de barriles
menos de los que se producían en el año 2001. Este descenso se ha atribuido a
la ineficiencia, corrupción, falta de inversión, y al hecho de que es mucho más
complejo y costoso explotar el crudo pesado y extra pesado que hoy constituye
la mayor parte de las reservas venezolanas. Petróleo liviano o gasolina tiene
que ser importado para ser mezclado con este petróleo pesado para su transporte
y refinación, lo que reduce significativamente los beneficios. De acuerdo a
dirigentes sindicales de la industria petrolera, la refinería principal del
país, uno de los complejos de refinación más grandes del mundo, está trabajando
a menos del 50% de su capacidad instalada debido a la falta de mantenimiento
adecuado.7
Según los Estados Financieros Consolidados de la empresa petrolera estatal
(PDVSA) correspondientes al año 2016, el beneficio neto de ésta se desplomó de
más de nueve mil millones de dólares en 2014 a 828 millones de dólares en 2016.8 Esta
empresa, la fuente de la mayor parte de los ingresos del país, al igual que el
resto del Venezuela, se encuentra en una profunda crisis.
Diferentes fuentes, tanto nacionales como internacionales, han calculado que la
inflación en 2016 se situó entre 500% y 800%9, se esperan niveles más altos
para el año 2017. Por tercer año consecutivo se ha producido un grave déficit
fiscal. Según algunas estimaciones, el gasto público en 2016 tuvo una reducción
de alrededor del 30% en comparación con el nivel del año anterior.10
Las reservas internacionales disminuyeron de 35 mil millones de dólares en 2009 a 10.300 millones de
dólares en abril de 2017.11 La formación de capital fijo ha venido disminuyendo
desde 2013. La misma tendencia está presente en el consumo privado.
El total de la deuda consolidada del país (es decir, deudas nacionales y
externas pagaderas en dólares, préstamos y bonos emitidos por la República y
PDVSA), ascienden a 181 mil millones de dólares. Esto representa más del 80%
del PIB, y es casi 18 veces más que el total de las reservas internacionales
del país.12 Todo esto, a pesar del hecho de que durante los 18 años del proceso
bolivariano Venezuela experimentó un auge sin precedentes de los precios del
petróleo. Durante este período, el país recibió más dólares que los que habían
ingresado al país durante las anteriores ocho décadas de exportaciones
petroleras. Este enorme endeudamiento externo, como en experiencias anteriores,
se produjo precisamente en los años de bonanza, cuando los precios del petróleo
eran muy elevados. Parte de esta deuda es una deuda ilícita que sirvió de
alimento a la
corrupción. Grupos e intelectuales de izquierda han exigido
al gobierno la realización de una auditoría pública de esta deuda, como se
realizó en Ecuador, y que en el ínterin se lleve a cabo una renegociación que
permita una reducción de los pagos.
Incluso
ante la realidad de una grave crisis humanitaria, el gobierno venezolano ha
dado prioridad al pago de la deuda a tiempo sobre las necesidades urgentes de
la población venezolana. De acuerdo al Ministerio del Poder Popular de Petróleo, “En los
últimos 36 meses, Venezuela ha cancelado, por concepto de Capital Reembolsado y
de Intereses Pagados, la cantidad de 73 mil 359 millones de dólares”.13 Al
mismo tiempo la organización de caridad de la Iglesia Católica,
Cáritas Internacional, el 54% de los niños venezolanos tienen algún grado de
desnutrición.14 Esto es, principalmente, una consecuencia de la drástica
disminución de los recursos disponibles para la importación en un país que
tiene un nivel tan elevado de dependencia externa para sus alimentos y
medicinas.
Una de las más importantes distorsiones históricas de la economía petrolera
venezolana ha sido una moneda sobrevaluada que ha hecho que sea más barato
importar la mayoría de las cosas que producirlas internamente. Esto, al mismo
tiempo, ha operado como una barrera que dificulta exportar prácticamente nada
aparte del petróleo. Esta es la mal llamada enfermedad holandesa. Venezuela la
había padecido durante décadas antes del descubrimiento de de los depósitos de
gas por parte de Holanda. El país se hizo altamente dependiente de las
importaciones, incluso de alimentos básicos. Se trata, propiamente, de una
economía de puerto.
El gobierno bolivariano ni siquiera comenzó a corregir las distorsiones cambiarias.
A fin de limitar la fuga de capitales, se crearon a lo largo de estos años
varios sistemas de control cambiario que generaron distorsiones aun más severas
con la creación de varios tipos de cambio paralelos, tanto legales como
ilegales. A veces, hasta cuatro tasas cambiarias operaron en forma simultánea.
Mientras la paridad altamente subvencionada con que se importa la mayor parte
de los alimentos básicos y medicinas ha permanecido fija durante años en 10
bolívares por dólar, la paridad en el mercado paralelo ilegal, que tiene un
impacto significativo en la estructura de precios del país, que osciló entre
10.000 y 18.000 bolívares por dólar en agosto de este año, sobrepasó los 80.000
bolívares a finales de noviembre de 2017.
El deterioro general de la actividad productiva y de las finanzas públicas ha
tenido graves repercusiones en las condiciones de vida de la población,
especialmente en las áreas de salud, alimentación y la inseguridad personal.
Esto constituye una reversión de los más importantes logros sociales del
proceso bolivariano. Los niveles de pobreza en términos de ingresos monetarios,
que se habían reducido significativamente entre 1999 y 2012, hoy están peor que
los niveles que existían antes del inicio del gobierno de Chávez.
La drástica reducción de las divisas disponibles para financiar las
importaciones ha creado una escasez generalizada de medicamentos y complica
considerablemente el tratamiento de enfermedades crónicas como la hipertensión
y la diábetes. Ha
habido una pérdida en el peso promedio de la población. Son
frecuentes las muertes en hospitales, consecuencia directa de la falta de
medicamentos y equipamiento médico, así como la desnutrición infantil. Las
tasas de mortalidad de las parturientas y los recién nacidos se ha incrementado
significativamente en los últimos tres años.15 Hoy en día existe una severa
epidemia de malaria que se ha expandido en forma acelerada en los últimos años.
Entre los años 2015 y 2016, el número de casos registrados en el país se
incrementó en un 76%, pasando de 136.402 a 240.613 casos.16 Las carencias de
medicamentos y los desplazamientos poblacionales hacia las zonas de explotación
minera del Estado Bolívar, principal foco de la epidemia, agrava la situación.
Según el Observatorio de la Violencia en Venezuela, en 2016, el país tuvo una
tasa de homicidios de 91 homicidios por cada 100.000 habitantes, en segundo
lugar después de El Salvador en todo el mundo17 Aunque no hay cifras oficiales,
se estima que unas dos millones de personas han abandonado el país en los
últimos tres años, especialmente jóvenes, tanto profesionales como trabajadores
no calificados, en busca de un futuro mejor en otros lugares.
La decisión económica más importante realizada por el gobierno de Maduro en los
últimos años ha sido el decreto de creación del Arco Minero del Orinoco. Es la
apertura de 112 mil kilómetros cuadrados, el 12% del territorio nacional, a
grandes empresas mineras transnacionales. Se trata de un área económica
especial en la cual quedan suspendidas muchas leyes fundamentales de la República. Frente
a la crisis del modelo petrolero rentista, en lugar de promover un debate
nacional sobre las alternativas al modelo extractivista depredador que ha
caracterizado la economía venezolana durante un siglo, el gobierno ha optado
por empujar al país en el camino de un nuevo patrón rentista-extractivista,
ahora basado en la minería a gran escala. Este megaproyecto, en caso de
llevarse a cabo en la dimensión que ha sido anunciada por el gobierno,
profundizaría las dinámicas etnocidas hacia los pueblos indígenas que en la
actualidad se producen como consecuencia de la minería ilegal. Tendría
devastadoras consecuencias socio-ambientales tanto inmediatas como a largo
plazo. Afectaría parte de la foresta amazónica, destruyendo vastas áreas de
extraordinaria diversidad biológica, amenazaría las principales fuentes de
agua, así como las represas hidroeléctricas que suministran el 70% de la
electricidad que se consume en el país.
2. La
pérdida de hegemonía y las tendencias autoritarias
Cuando Nicolás Maduro llegó a la presidencia, en abril de 2013, lo hizo con un
nivel de legitimidad y de apoyo electoral mucho más bajo que el que tuvo Chávez
hasta su muerte. Ganó las elecciones con una diferencia de solo 1,5% sobre
Henrique Capriles, el candidato de la oposición articulada en la Mesa de la Unidad Democrática
(MUD).
Una ruptura fundamental en el proceso bolivariano se produjo cuando, con la
victoria aplastante en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de
2015, la oposición alcanzó una mayoría cualificada de dos tercios en la Asamblea Nacional
(AN). Esto implicaba un cambio radical en la correlación de fuerzas en el seno
del Estado. Con esta mayoría, la oposición en la AN, de acuerdo a la
Constitución, podía nombrar a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ) y del Consejo Nacional Electoral (CNE). Podría aprobar leyes orgánicas
sin negociar con los representantes del gobierno. En lugar de reconocer esta
severa derrota e iniciar una profunda reflexión autocrítica sobre sus causas,
el Gobierno no vio la necesidad de cambios en sus políticas y atribuyó la
crisis y la victoria de la oposición exclusivamente a lo que ha denominado la
“guerra económica” por parte de la derecha y del imperio. Estos son asuntos
reales pero no son, en sí mismos, suficientes para explicar la profunda crisis
económica del país o los niveles de descontento en la población. Temas
claves como la corrupción generalizada, la ineficiencia de la administración
pública o las distorsiones que genera una paridad cambiaria insostenible,
fueron una vez más dejados a un lado. En lugar de dar prioridad a la
preservación de la experiencia colectiva y el espíritu combativo del mundo
popular bolivariano, que representa el más extraordinario logro de este proceso
político, optó por permanecer en el control del Estado por cualquier medio
necesario. A partir de ese momento, el Gobierno parece reconocer que no podía
permanecer en el poder si esto dependía del apoyo electoral de la población, y
de acatar la Constitución bolivariana del año 1999. Se han realizado repetidos
llamamientos al poder popular y a dicha Constitución, pero, en la práctica,
estos se convierten en obstáculos a superar. Por ello, se fueron tomando una
serie de decisiones que, en conjunto, apuntan en una forma cada vez más
sistemática y coherente en una dirección autoritaria que tiene como prioridad
la preservación del control del poder del Estado.
Las graves violaciones que se han producido a la Constitución de 1999 y a
normas legales básicas en los últimos tres años son demasiadas para ser
analizadas en detalle. Sin embargo, algunas de estas deben destacarse con el
fin de comprender cómo se llegó a la situación actual. A finales de diciembre
de 2015, cuando a la mayoría del gobierno en la AN le quedaban pocos días antes
de que la nueva mayoría opositora tomara control, dicha mayoría oficialista,
dejando de lado algunos procedimientos exigidos por la ley, designó nuevos
magistrados del TSJ. No sólo eran estos nuevos magistrados, sin excepción,
aliados incondicionales del gobierno, sino que varios de ellos ni siquiera
cumplían los requisitos formales requeridos para ocupar dichos cargos.
El papel que este tribunal iba a jugar en estas nuevas condiciones del país se
hizo evidente poco después. A principios de 2016, basado en una endeble
acusación de fraude electoral formulada por algunos miembros del partido de
gobierno, este Tribunal decidió anular los resultados de las elecciones en el
estado de Amazonas. Decidió que la elección de los cuatro representantes del
Estado, en su mayoría indígenas, y que ya habían sido proclamados por el CNE,
ya no era válida. Así, los partidos de la oposición dejaron de tener una
mayoría cualificada en la AN.
En vista del hecho de que transcurrieron meses sin que se llevase a cabo una
investigación para determinar la veracidad de estas acusaciones ni se
programaran nuevas elecciones para ese estado, el estado Amazonas quedó sin
representación parlamentaria. Finalmente, la AN decidió incorporar a los
parlamentarios cuestionados y el TSJ respondió declarando a la Asamblea en
desacato. A partir de este momento, sus atribuciones fueron asumidas por el
Poder Ejecutivo y dicho tribunal. Este fue un momento decisivo en la ruptura
del orden constitucional, produciendo la concentración de poderes que ha
permitido al Gobierno tomar cada uno de los pasos subsiguientes que han
definido su deriva autoritaria.
Una de las principales fortalezas institucionales del proceso bolivariano y un
poderoso escudo protector contra los intentos de la derecha nacional e
internacional y del gobierno de los Estados Unidos para derrocar al gobierno,
fue la legitimidad proporcionada por un sistema electoral totalmente
automatizado, transparente, altamente fiable, que contaba con muchos niveles de
controles y auditorías. Durante las múltiples elecciones celebradas hasta 2015,
este sistema electoral garantizó que los resultados anunciados por el órgano
electoral fueran, sin duda alguna, una expresión exacta de la voluntad de los
electores. Sin embargo, después de la derrota sufrida en las elecciones
legislativas de diciembre de 2015, el gobierno optó por sacrificar este escudo
protector para mantenerse en el poder. Esto ha tenido enormes consecuencias
políticas.
En octubre de 2016, el CNE canceló el referéndum revocatorio del Presidente.
Todos los requisitos establecidos por la ley estaban en proceso de cumplirse.
El referéndum revocatorio hasta ese momento había sido celebrado como uno de
los más importantes logros de la democracia participativa de la Constitución de
1999. Las elecciones para gobernadores que, según la Constitución tenían que
ser celebradas en diciembre de 2016, fueron aplazadas indefinidamente.
En marzo de 2017, el TSJ ratificó que la AN estaba en desacato y, entre otras
cosas, autorizó al Presidente a tomar medidas adicionales en la apertura del
país a las empresas transnacionales de petróleo y minería en condiciones
expresamente prohibidas por la Constitución, por la Ley Orgánica de
Hidrocarburos, la legislación ambiental, la referida a los pueblos indígenas y
las leyes laborales.
Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, declaró que estas decisiones
atentaban contra el modelo de Estado consagrado en la Constitución y que esto
representaba una "ruptura del hilo constitucional". Ante el rechazo
generalizado de estas decisiones, el TSJ modificó algunos aspectos menores sin
alterar sus contenidos fundamentales.18
Desde febrero de 2016, el presidente Maduro ha gobernado mediante decretos de
excepción y emergencia económica en condiciones que violan claramente la Constitución. Con
este estado de excepción, muchas garantías constitucionales pueden ser
suspendidas, y decisiones fundamentales para el futuro del país, como las
relativas a la minería en el Arco Minero del Orinoco, pueden ser tomadas por
decreto presidencial. El presupuesto nacional correspondiente al año 2017 no
fue presentado a la AN como lo exige la Constitución, negando así a esos
representantes elegidos el derecho a tener algo que decir sobre la gestión de los
recursos públicos y sobre la orientación de las políticas públicas. Esto añade
una nueva capa de opacidad en la gestión de los bienes colectivos.
3. La Asamblea Nacional
Constituyente
El primero de mayo de 2017, el Presidente Maduro anunció que había decidido
convocar a una nueva Asamblea Constituyente. En este mismo discurso declaró el
fin de la Constitución de 1999, situándola en la categoría de antecedente
histórico, una Constitución "pionera". Inmediatamente se generó una
gran polémica, dentro y fuera de Venezuela. En ese clima político extremamente
polarizado, este debate estuvo lleno de distorsiones y medias verdades. Según
el gobierno, el propósito de la Asamblea Constituyente
fue el de garantizar la paz en el país después de meses de violentos enfrentamientos
callejeros. Sectores de la oposición venezolana denunciaron que el verdadero
objetivo era evitar las próximas elecciones (estatales, municipales y
presidenciales) y caracterizaron esto como un golpe de Estado.
Es necesario reconocer que, en la Constitución, las condiciones para la
convocatoria de una Asamblea Constituyente no son totalmente explícitas. Según
el Artículo 348: "La iniciativa de convocar a una Asamblea Nacional
Constituyente puede ser tomada por el Presidente de la República en Consejo de
Ministros…" Sin embargo, hay una diferencia entre
"convocatoria", que la Constitución atribuye expresamente al
"pueblo de Venezuela... depositario del poder constituyente
originario" y "tomar la iniciativa de convocar". En
consecuencia, aunque el Presidente puede tomar la iniciativa, la convocatoria
como tal, debería haberla hecho la ciudadanía a través de un referéndum
consultivo, como fue el caso de la Asamblea Constituyente
de 1999.
Es evidente que las principales dificultades que enfrenta el país (escasez,
malnutrición, crisis del sistema de salud, inflación, inseguridad, recesión,
déficit fiscal y una deuda externa que no puede ser pagada, etc.) no son
problemas normativos que pueden resolverse con un nuevo orden jurídico. Los
problemas que se plantean en relación con la Constitución de 1999 están en sus
violaciones sistemáticas, no en su contenido.
Otra ruptura radical con la Constitución de 1999 y las leyes electorales se
produjo con el diseño del proceso electoral para la nueva Asamblea Nacional
Constituyente (ANC). En clara violación de los principios constitucionales de
la representación proporcional y la igualdad de los electores, las normas para
la participación electoral fueron cuidadosamente diseñadas de tal forma que el
gobierno se garantizaba el control completo de esta nueva asamblea, a pesar de
que la mayoría de la población no respaldase al gobierno y rechazase la
convocatoria de una nueva asamblea constituyente. Esto se hizo mediante la
creación de un original régimen de doble representación: territorial y
sectorial. Contrariamente a la forma en la que siempre habían sido realizadas
las elecciones en el país, antes y durante el gobierno bolivariano, a las zonas
rurales o pequeños municipios urbanos, donde el gobierno ha contado con mayor
respaldo electoral, les fue otorgada una extraordinaria sobre representación en
la asamblea. En
algunos casos, a un municipio rural con menos de 3000 habitantes se le asignó
el mismo número de representantes que a un municipio urbano con más de 700.000
habitantes: un total de uno. Se definió adicionalmente un mecanismo de
representación sectorial en el cual los estudiantes votaron por estudiantes,
los trabajadores por trabajadores, etc. Unos cinco millones de votantes fueron
excluidos de la participación en la elección de los representantes sectoriales
ya que no pertenecían a ninguno de los sectores sociales así definidos.
Esto creó dos tipos de ciudadanos, unos de primera clase, que podían votar dos
veces (un voto territorial y uno sectorial), y otros de segunda clase que sólo
podían votar una vez (voto territorial). Como consecuencia del carácter
arbitrario e inconstitucional de este proceso, sólo organizaciones que
respaldan al gobierno presentaron candidatos y participaron en las elecciones,
convirtiéndolas prácticamente en unas elecciones internas del PSUV.
Las elecciones para esta ANC constituyeron un fraude. Antes de las elecciones,
portavoces del gobierno y del PSUV afirmaron en forma pública y reiterada que
se llevaría un control estricto de los votantes y que quienes no participasen
en estas elecciones perderían su empleo público, o la posibilidad de tener
acceso a programas sociales tales como el de alimentación subsidiada (CLAP) y
vivienda. Estos anuncios públicos fueron complementados por amenazas personales
en los lugares de trabajo y centros de distribución de alimentos. La democracia
participativa de los primeros años del proceso bolivariano se había desplazado
hacia una relación de control crecientemente autoritaria desde el Estado,
basado en chantajes y amenazas.
Las elecciones se realizaron sin testigos independientes o de la oposición y a
los medios de comunicación se los
mantuvo a unos 500 metros
de los centros de votación. Varios de los más importantes mecanismos de control
y auditoría que habían hecho que el sistema electoral venezolano fuese
altamente confiable fueron eliminados. Incluso con los niveles de participación
muy inflados anunciados por el CNE, casi el 60% de la población no votó.
Un nuevo giro del tornillo, que alejó al
gobierno de Maduro aun más de la democracia y de la Constitución de 1999, se
produjo cuando la nueva ANC
fue instalada. Como en los viejos tiempos del socialismo realmente existente,
se trata de una asamblea unipartidista, cada uno de sus 545 integrantes es
oficialista. El que la Asamblea Nacional
Constituyente encargada de redactar una nueva constitución en
un país tan profundamente dividido como Venezuela sea absolutamente
monocromática no es un buen augurio para el futuro de la democracia o la paz en
el país. El proceso constituyente ha revivido parte del apoyo popular menguante
al gobierno, ya que fue presentado como una radicalización del proceso, como un
enfrentamiento con el imperialismo, y como una solución a los problemas que
enfrenta la población.
Esto, sin embargo, es probable que tenga poca duración ya que
el gobierno carece de la capacidad o los recursos para hacer frente a estos
problemas.
La ANC se ha declarado como un poder absoluto, supra constitucional, que puede
no sólo redactar una nueva constitución, sino tomar decisiones sobre cualquier
asunto legislativo, ejecutivo o judicial que considere conveniente. Su período
de vigencia no ha sido fijado. Declaró que las cinco ramas de Estado existentes
deberán subordinarse a sus decisiones. En sus primeras semanas de actividad,
sus decisiones fueron tomadas por unanimidad o por aclamación, sin debate
alguno. Leyes extraordinariamente autoritarias y represivas han sido
anunciadas. En el mes de noviembre se aprobó una ley que establece penas de 10 a 20 años de prisión por
"incitación al odio" en los periódicos, la radio, la televisión y las
redes sociales, la denominada Ley Constitucional Contra el Odio, por
la Convivencia
Pacífica y la Tolerancia. Igualmente
amenazantes han sido los anuncios de que dirigentes de la oposición serían
acusados de traición a la patria por su apelación a instituciones
internacionales como la OEA y la
ONU. Estas amenazas están dirigidas no solo hacia la
oposición de derecha, sino contra toda oposición al gobierno. Los espacios para
el ejercicio de la democracia continúan reduciéndose…
4. La
escalada de la violencia
En los
años del gobierno bolivariano la oposición agrupada en la MUD ha sido muy
heterogénea. Incluye desde grupos de extrema derecha que han tenido el apoyo
político y financiero externo (básicamente del gobierno de los Estados Unidos y
el uribismo en Colombia), hasta sectores más moderados que han buscado
alternativas electorales, constitucionales. En la actualidad estas diferencias
subsisten a pesar de la apariencia de unidad que se dio entre abril y julio en
las masivas movilizaciones de calle en todo el país y el acuerdo casi unánime
para participar en las elecciones para gobernadores del mes de octubre de 2017.
Esto a pesar del hecho de que el CNE ha abandonado toda pretensión de ser un
árbitro neutral y confiable.
Se produjeron niveles extremos de violencia durante los meses de abril y julio.
Al menos 150 personas murieron en enfrentamientos callejeros. Esto fue el
resultado tanto de la represión policial/militar, como de la acción de grupos
paramilitares armados que operaron en ambos lados de estas confrontaciones. En
algunos casos particularmente grotescos, algunos chavistas fueron quemados por
turbas de la extrema derecha. Como era de esperarse en una situación tan
polarizada, la cobertura de estos acontecimientos por parte de los medios internacionales fue muy distorsionada. El
conflicto venezolano ha sido interpretado a través de los lentes de la Guerra Fría. Las
narrativas sesgadas según las cuales las más de un centenar de muertes fueron
el producto exclusivo de la represión gubernamental, o la narrativa contraria
de acuerdo a la cual estas muertes fueron principalmente el resultado de grupos
armados fascistas, simplemente no corresponden a lo ocurrido. La situación es
más compleja. Ha habido acciones violentas en ambos lados en estas
confrontaciones.
La sociedad venezolana se enfrenta al grave peligro de que la violencia armada
y el terrorismo puedan instalarse como la forma normal de procesar las
diferencias. El peligro no es sólo que la violencia se desborde a niveles no
deseados por los líderes del gobierno y la oposición. En ambos
polos de la confrontación actual hay sectores que ven la violencia como única
forma de derrotar al enemigo e imponer su agenda.
Algunos de los más altos funcionarios corruptos del gobierno se dan cuenta de
que si fueran obligados a abandonar sus cargos, no sólo perderían sus
privilegios, sino que también les resultaría difícil encontrar un lugar en el
mundo donde disfrutar de sus fortunas mal habidas y que incluso podrían
terminar en la cárcel.
Lo que algunos sectores de extrema derecha buscan no es simplemente una
victoria electoral para sustituir a Maduro, si esto dejase intacta la
Constitución de 1999, y se mantuviese vida por lo menos parte de los
imaginarios transformadores de los sectores populares chavistas de base. Lo que
quieren es un completo aplastamiento de la experiencia chavista, de todos los
sueños emancipatorios de la primera década del proceso bolivariano, a fin de
imponer una derrota política de larga duración que sirva como una lección y
liquide, de una vez por todas, las aspiraciones y el espíritu rebelde
subalterno de estos años. Se considera que esto es un requisito básico para que
la sociedad regrese a la "normalidad", donde todo el mundo asuma su
lugar. Las consecuencias de esto van mucho más allá de Venezuela. Para ello han
contado siempre con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos.
5. La corrupción
Una adecuada caracterización de los mecanismos y la dimensión de la corrupción
durante el proceso bolivariano es una tarea pendiente. En agosto de 2013, Edmée
Betancourt fue removida de su cargo como presidenta del Banco Central de
Venezuela (BCV) por denunciar que en ese año más de 20 mil millones de dólares
altamente subsidiados fueron entregados por la Comisión de Administración de
Divisas (Cadivi) a “empresas de maletín" para importaciones y actividades
productivas que nunca tuvieron lugar.19 Casi un año más tarde, después de su
separación del Ministerio de Planificación, Jorge Giordani, un conocido bastión
de los gobiernos del presidente Chávez, divulgó su carta de Testimonio y
responsabilidad ante la historia en la cual confirmó y profundizó las denuncias
que había formulado Edmée Betancourt.20
La grave falta de transparencia en las finanzas públicas hace extremadamente
difícil determinar la magnitud de la corrupción. Según
diversas estimaciones, el monto global de la corrupción durante la última
década supera los 300 mil millones de dólares. Esto cubre una amplia gama de
actividades, entre ellas el acceso ilícito a divisas subvencionadas, la
especulación con bonos venezolanos (comprados en bolívares, luego vendidos en
dólares), sobre-facturación de las importaciones, sobornos y comisiones en
contratos de PDVSA y en grandes obras de infraestructura, como fue el caso en
las relaciones con la constructora brasileña Odebrecht.
6.
Movimientos y organizaciones populares ante la crisis
Las
reacciones subalternas ante el profundo deterioro de las condiciones de vida
que se han producido como consecuencia del aumento de la inseguridad, (debido
tanto a la delincuencia como a la represión policial), una inflación
desbordada, la escasez de alimentos básicos y medicamentos y el deterioro de
los servicios públicos, no ha sido, en términos generales lo que podría haberse
esperado. Muchas de las organizaciones de base populares que han involucrado a
millones de personas en estos años se habían vuelto tan dependientes de los
recursos públicos transferidos por instituciones del Estado que se debilitan
cuando estos recursos ya no están disponibles. La crisis ha llevado a un
creciente desencanto con el gobierno y la pérdida de expectativas en relación
con el futuro del país. Después de años de procesos de movilización y
organización popular, guiados por los valores de la cooperación y la
solidaridad, la reacción a la crisis actual se ha caracterizado en buena medida
por la competencia y el individualismo. El bachaqueo se ha convertido en un
componente importante de la economía venezolana.21 Se han producido saqueos
masivos en varias ciudades de todo el país con diversas combinaciones de
activismo militante de grupos de extrema derecha, organizaciones delictivas y
protesta popular espontánea debido a la falta de acceso a alimentos y gas para
cocinar. El tejido social y moral del país están gravemente desgarrados. Esto
tardará muchos años en cicatrizar.
7. La "comunidad internacional " y Venezuela
Los intentos imperiales de debilitar o derrocar el gobierno bolivariano han
tomado muchas formas, tales como el apoyo político y financiero a los sectores
más radicales de la oposición, el respaldo al golpe de Estado de abril de 2002
y los intentos de aislar al país internacionalmente. Más recientemente, Barack
Obama, justo antes de terminar su mandato renovó una orden ejecutiva que
declaraba que Venezuela era "una inusual y extraordinaria amenaza a la
seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos".22
En un informe presentado al Comité de las Fuerzas Armadas del Senado de los
Estados Unidos en abril de este año, Kurt W. Tidd, Jefe del Comando Sur, afirmó
que:
Venezuela se enfrenta a una significativa inestabilidad en este próximo año
debido a la generalizada escasez de alimentos y medicinas, la incertidumbre
política y el deterioro de las condiciones económicas. La creciente crisis
humanitaria en Venezuela podría eventualmente obligar a una respuesta
regional.23
En agosto de 2017, Donald Trump amenazó a Venezuela con una intervención militar
de los Estados Unidos en los siguientes términos:
Tenemos muchas opciones para Venezuela y por cierto, no voy a descartar una
opción militar.
Tenemos muchas opciones para Venezuela, este es nuestro vecino… Estamos en todo
el mundo y tenemos tropas en todo el mundo, en lugares que están muy lejos,
Venezuela no está muy lejos y la gente está sufriendo y muriendo. Tenemos
muchas opciones para Venezuela, incluida una posible opción militar si es
necesario.24
Se dio un paso más el 24 de agosto de 2017, cuando Donald Trump ordenó un
bloqueo financiero de Venezuela. Esta amplia gama de prohibiciones incluye la
negociación de nuevas deudas públicas y bonos emitidos por el gobierno
venezolano, el pago de dividendo u otra distribución de utilidades al Gobierno
de Venezuela o a cualquier entidad que sea propiedad o esté controlada, directa
o indirectamente, por el Gobierno de Venezuela, así como la compra, directa o
indirectamente, por Estados Unidos o una persona dentro de los Estados Unidos,
de títulos o valores emitidos por el gobierno venezolano.25
En contraste con las anteriores sanciones aplicadas directamente a altos
funcionarios de gobierno, este bloqueo financiero puede tener un severo impacto
sobre el conjunto de la
población. En las condiciones actuales de grave crisis que
está atravesando el país, incluyendo un considerable déficit del sector
externo, el gobierno ha enfrentado enormes dificultades en el acceso a los
mercados financieros internacionales. Como consecuencia del mayor "riesgo
país" en las Américas, solo puede obtener nuevos préstamos a tasas de
interés muy elevadas. Como se señaló arriba, hoy carece de los recursos para
importar los alimentos y medicamentos básicos requeridos por la población. Este
bloqueo financiero podría conducir al país a un default y con seguridad haría
que el acceso al financiamiento externo sea más restringido y costoso. La
coalición de derechas organizada en la MUD emitió un comunicado dando la
bienvenida a estas sanciones.26 La guerra económica que venía denunciando el
gobierno venezolano en los últimos años ha llegado con fuerza.
La respuesta del gobierno venezolano a este aumento del aislamiento
internacional y regional no ha sido la de tratar de recuperar su legitimidad y
aumentar la participación democrática. Por el contrario, ha optado por más
control estatal y partidista y por la profundización de sus tendencias
autoritarias.
Los partidos de la derecha internacional, los
principales medios globales de
derecha (The Miami Herald, El Tiempo de Bogotá, El País de Madrid, CNN, Fox
News, incluso periódicos supuestamente liberales como The New York Times y el
Washington Post, o medios de
comunicación “responsables”, como la BBC, así como muchos gobiernos en todo el
continente americano y la
Unión Europea, han definido al gobierno venezolano
prácticamente como enemigo público número uno, a veces compitiendo con Corea
del Norte. Todos ellos pretenden hablar y actuar en nombre de la defensa de la
democracia en Venezuela amenazada por un gobierno autoritario. Es indudable que
el gobierno venezolano ha tomado un camino que lo aleja sustancialmente de la
Constitución democrática de 1999 y de aspectos fundamentales del proyecto
político original de Chávez, pero esto de modo alguno explica la histeria de la
llamada comunidad internacional en torno a Venezuela. ¿Dónde estaban todos esos
defensores de la democracia cuando la derecha brasileña derrocó al gobierno
democráticamente elegido de Dilma Ruosseff? ¿Por qué no hay protestas en esta
llamada "comunidad internacional" sobre el hecho de que en los
últimos decenios, según la ONU, más de 30 mil personas han desaparecido en
México.27 ¿Cuántos titulares periodísticos y sanciones se han producido como
respuesta a la sistemática guerra asesina contra los usuarios de drogas por parte
del gobierno de Rodrigo Duterte en Filipinas?28 ¿Por qué los gobiernos de los
Estados Unidos, el Reino Unido y España, tan preocupados por la democracia,
tienen relaciones tan cordiales con el régimen saudita a pesar de su carácter
totalitario y sus continuados ataques genocidas contra la población de Yemen?
¿Serán los enormes y lucrativos negocios de armas parte de la explicación? ¿La
geopolítica del petróleo? ¿Por qué estas preocupaciones por la democracia no
parecen aplicarse a las autocracias del mundo árabe? ¿Se considera que el
apartheid israelí es compatible con la democracia?
Venezuela
ha sido construida como parte de un nuevo eje del mal (junto con Irán y Corea
del Norte) por otras razones. El proceso bolivariano fue el más radical intento de trascender el
capitalismo en el siglo XXI. Esta experiencia no sólo tuvo gran impacto en el
llamado giro a la izquierda que se produjo en la mayoría de los países de
América del Sur. La experiencia venezolana se convirtió en una referencia, un
rayo de esperanza, para gente tan lejos como Palestina, Filipinas y la India. Aunque el
actual gobierno venezolano se ha alejado de estos imaginarios de una profunda
transformación de la sociedad, a pesar de su corrupción y sus tendencias
autoritarias, todavía es visto por muchos en la izquierda y movimientos
sociales en todo el mundo como un símbolo o referencia subversiva. Desde la
perspectiva de algunas elites globales estos imaginarios deben ser
exterminados. Esto obviamente tiene poco que ver con preocupaciones en torno a la democracia. Esta
auto-proclamada comunidad internacional está promoviendo un “cambio de régimen”
en Venezuela, incluso si esto implica el riesgo de una guerra civil. Esto ha
contribuido activamente a que una negociación interna para procesar las
profundas divisiones existentes en la sociedad venezolana sea tan difícil.
La “amenaza autoritaria" representada por el gobierno de Maduro se ha
convertido en un instrumento útil en las manos del gobierno conservador de
Mariano Rajoy en España para atacar a Podemos, por parte de los conservadores
en el Reino Unido para poner en duda las credenciales democráticas de Jeremy
Corbin, por Donald Trump, para mostrar a sus seguidores lo macho que es, y por
la derecha mexicana en su intento de describir a Andrés Manuel López Obrador,
quien encabeza las encuestas de opinión para las elecciones presidenciales del
año próximo, como una radical amenaza chavista.
Venezuela, con las mayores reservas de hidrocarburos en el planeta y sus
extraordinarios bienes minerales e hídricos, se ha convertido en un campo de
batalla central de luchas inter-imperiales contemporáneas, tanto entre países,
como entre corporaciones globales. Con el giro a la derecha y la geopolítica de
re-alineamiento con los Estados Unidos de los gobiernos de Argentina y Brasil,
Venezuela quedó aislada políticamente. Se mantiene como el principal territorio
latinoamericano de las confrontaciones geopolíticas globales entre los Estados
Unidos en defensa de su tradicional patio trasero, y la búsqueda por parte de
China y Rusia por convertir al país en una cabeza de playa para sus proyectos
globales en este continente.
Hoy, para las empresas transnacionales, el
problema no es que un gobierno izquierdista o nacionalista limite su acceso a
las abundantes fuentes de energía del país o sus riquezas minerales. El
gobierno ha abierto el país a las inversiones extranjeras en petróleo y minería
en condiciones sumamente favorables para estas empresas. Es el caso de la Faja Petrolífera
y el Arco Minero del Orinoco. Dado que este tipo de inversión no es rentable en
el corto plazo, muchas empresas transnacionales están esperando a tener más
seguridad jurídica a fin de proceder con sus anunciadas inversiones. A pesar de
que en el mega proyecto del arco Minero del Orinoco se han establecido
condiciones extraordinariamente favorables para los inversores extranjeros,
estas normas fueron aprobadas por decreto presidencial y constituyen una clara
violación de la Constitución y normas jurídicas referidas al ambiente, a los pueblos
indígenas y en el ámbito laboral. Estas normas y los nuevos contratos con
empresas transnacionales no han sido aprobados por la Asamblea Nacional
como lo exige la
Constitución. No hay garantía de que vayan a ser reconocidos
en el caso de un cambio de gobierno. Según muchos críticos de izquierda, esta
es una de las principales razones por las que el gobierno de Maduro decidió
convocar a una nueva Asamblea Constituyente: proporcionar el sólido marco
jurídico y constitucional necesario para atraer estas inversiones. Una
propuesta de ley con este propósito ha sido introducida por Maduro a la ANC. Es poco probable que
estos esfuerzos tengan éxito, ya que en las condiciones actuales, la ANC no es
vista como legítima ni por la mayoría de la población venezolana ni por la
llamada "comunidad internacional".
Muchos
Intelectuales internacionalmente reconocidos, partidos y movimientos sociales
identificados con la izquierda no están contribuyendo a la creación de las
condiciones de una salida no violenta de la crisis actual. En el mismo marco de
Guerra Fría que caracteriza la perspectiva dominante de la derecha, gran parte de la
izquierda internacional continúa identificando al gobierno de Maduro como un
gobierno democrático, popular y anti-imperialista y tienden a proporcionarle
una solidaridad incondicional. Esto a pesar de las políticas ultra liberales de zonas
económicas especiales para atraer las inversiones extranjeras; a pesar de la
profundización del modelo extractivista depredador que ha dado origen a los mayores
problemas que enfrenta el país; a pesar de su negativa a tratar con
responsabilidad el cambio climático en su papel como importante productor de
petróleo; a pesar de que durante el proceso bolivariano ha habido una
consolidación de la inserción histórica del país en la división internacional
colonial del trabajo y la naturaleza; a pesar del hecho de que los pueblos
indígenas siguen siendo severamente impactados por las políticas
neo-desarrollista en sus territorios ancestrales; a pesar de las tendencias
anti-democráticas, autoritarias y represivas que caracterizan hoy al gobierno
de Maduro. Esta
solidaridad incondicional, acrítica, contribuye a bloquear la posibilidad de
análisis críticos de los problemas del proceso bolivariano y contribuye
activamente a reforzar y legitimar sus rasgos más negativos. Las opiniones
tienen consecuencias. Con independencia de las decisiones que tome el gobierno de
Maduro, éstas han sido celebradas por parte de sectores de la izquierda
internacional como brillantes tácticas anti-imperialistas. Como por arte de
magia, las mismas políticas que se denuncian si son llevadas a cabo por
gobiernos neoliberales o derechistas, de alguna manera se convierten en
aceptables si son llevadas a cabo por gobiernos "progresistas" o de
"izquierda". El extractivismo de la derecha es considerado como una
política pro-imperial que tiene graves consecuencias ecológicas y
socioeconómicas, como amenazas a las comunidades indígenas y campesinas y como
una renuncia a la soberanía nacional en favor de las empresas transnacionales.
Los movimientos de resistencia en estas condiciones son celebrados. Por otro
lado, cuando esas mismas políticas son llevadas a cabo por gobiernos “amigos”
de alguna manera pasan a tener un significado radicalmente diferente y los
movimientos de resistencia son acusados de formar parte de una agenda imperial
antinacional y antipopular. Con esta construcción maniquea de la realidad, no
hay manera de aprender de la experiencia. Las razones para cada problema o
error siempre se encuentran en otra parte.
Todo esto le hace un daño enorme a los
movimientos anti-capitalistas y proyectos transformadores alrededor del mundo.
Alimenta la propaganda derechista que define toda alternativa anti-capitalista,
por su propia naturaleza, como necesariamente estatista, autoritaria y
corrupta. Parece que amplios sectores de la izquierda continúan teniendo
grandes dificultades para extraer lecciones de las consecuencias a largo plazo
que tuvo la incapacidad para criticar a la Unión Soviética, a
pesar de su carácter autoritario y represivo, porque se enfrentaba al
imperialismo estadounidense.
Venezuela es hoy un campo de batalla decisivo, no sólo en el ámbito geopolítico
del las competencias inter-imperiales. Es también un terreno privilegiado de la
confrontación de ideas, en debates críticos sobre cómo avanzar en la dirección
de una sociedad democrática post-capitalista que supere el patriarcado, el
antropocentrismo y el racismo, así como el estado de guerra permanente que
caracterizan al sistema mundo contemporáneo. Un debate reflexivo, crítico, del
proceso político venezolano es indispensable si esta experiencia ha de
contribuir a la construcción de otro mundo posible.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=234789
