Los perversos versos de la minería.
Delirios a gran escala:
Correa en los laberintos de la megaminería
14 de febrero de 2012
Por Alberto Acosta
En Ecuador, de lo que
recuerdo, no ha habido nadie que haya promocionado con tanto entusiasmo y
vehemencia la minería a gran escala o megaminería, como lo hace el presidente
Rafael Correa. Ni siquiera el dictador Guillermo Rodríguez Lara, el inefable
general Bombita, en cuyo gobierno, hace casi 40 años, se inició la exportación
del petróleo amazónico, fue un paladín tan contumaz del extractivismo, como lo
es Correa. El actual presidente ecuatoriano, que compara al oro por extraerse
con el primer barril de petróleo de la Amazonía, pasará a la historia como uno
de los mayores promotores del extractivismo del siglo XXI, que hermana a los
gobiernos “progresistas” con los gobiernos neoliberales.
El presidente, “para
confirmar con (sus) propios ojos, presencialmente, quién miente, quién dice la
verdad,” sobre la minería, tuvo que “caminar casi una hora por el páramo con
media centena de periodistas”, y con varios centenares de militares y policías,
cerca de las lagunas de Quimsacocha. Luego de tan intensa y fugaz visita, el
presidente comprendió a cabalidad de qué se trataba este proyecto y, en
consecuencia, prontamente ratificó su respaldo “a la minería, pero con
responsabilidad ambiental, y eso es precisamente lo que está haciendo el gobierno”.
(1)
Con recursos públicos,
directa o indirectamente, el gobierno promociona la megaminería de igual o
mejor manera aún que los representantes de las transnacionales mineras. La
lista de argumentos esgrimidos por el presidente en pro de la megaminería es
larga. Y crece de semana a semana. Sus sabatinas recogen datos y cifras
lanzados sin orden ni concierto. Eso explicará seguramente por qué muchos de
sus argumentos resultan carentes de fundamentos, pero eso sí, no les faltan
epítetos, descalificaciones e incluso amenazas en contra de quienes se han
atrevido a destacar los riesgos de la megaminería.
El presidente no da
entrevistas donde deba contestar a preguntas formuladas por periodistas
expertos, tampoco formula tesis argumentadas ante la opinión pública que puedan
ser rebatidas o apoyadas. Da sermones sabatinos ante un público pre-preparado y
los adereza con insultos. Así no se hace democracia.
Analicemos algunas de
las perlas presidenciales, tomando como referencia sus propias declaraciones
sabatinas:
- “Saben cuál es el
segundo país más desarrollado, ¿saben cuál? Australia, que tu bien sabes que es
una potencia minera, y que la minería fue la que le ayudó a alcanzar el
desarrollo y Australia es un continente con un inmenso capital ambiental. ¿De
dónde saca los ingresos para mantener sus playas, sus praderas, etc.?, del
ingreso minero. Entonces esto de que la minería destruye los países, reduce el
nivel de vida no es sostenible”.(2)
No discutamos en qué
lugar se encuentra Australia dentro la lista de países más o menos
desarrollados. La primera constatación que debería haber hecho el presidente,
si algo de geografía conoce, es la enorme diferencia en tamaño entre Australia
y Ecuador. Por allí debió haber empezado. Como él mismo afirma, Australia es un
continente. Tiene más de 7,6 millones de kilómetros cuadrados, con una
población de 20,6 millones de habitantes. Es por lo tanto un país con un
territorio más de 25 veces superior al que tiene el Ecuador. La densidad
poblacional es de 3 habitantes por kilómetro cuadrado. En Ecuador, por el
contrario, por cada kilómetro cuadrado hay unos 57 habitantes. Esto explica por
qué en nuestro país exista ya tanta conflictividad social con la megaminería
como también sucede en otros países como los andinos, con mayores densidades
poblacionales que Australia (con la excepción tal vez del norte desértico de
Chile y de algunas zonas amazónicas).
Que la minería pueda
haber ayudado a desarrollar Australia, puede ser cierto. Pero la minería no
explica su desarrollo, ni ha sido ni es una de las fuentes principales de
financiamiento de esa economía. La estructura de su aparato productivo habla
por sí sola. El sector de los servicios representa el 60% del PIB, la industria
el 20%, mientras que la minería apenas llega al 5%. Las exportaciones de
minerales de este país no superan el 2,5 % del total.
Es interesante ampliar
el horizonte. Hay investigaciones que demuestran que en muchos países en donde
la minería representa más del 5% de las exportaciones, el crecimiento promedio
del PIB per cápita en el largo plazo fue negativo. Las tasas promedio de
crecimiento, en esos casos, están inversamente asociadas con la dependencia de
un país en las exportaciones de minerales. Basta estudiar el Índice de
Desarrollo Humano de países con alta dependencia de la minería como Zambia,
Sierra Leona, Papua Nueva Guinea, Bolivia, Ghana o la República Democrática
del Congo, para saber que minería no equivale a desarrollo.
Un dato que podría
interesar al antiguo profesor de economía, es que el desarrollo medido por el
PIB resulta engañoso. El PIB no resta los daños ambientales y el agotamiento de
recursos; problemas que en el continente australiano no son nada despreciables,
si no que lo digan los “aborígenes” australianos que sufren las consecuencias
de esa actividad megaminera.
- En sexto lugar está
Canadá, que es otra potencia minera, y es el país con más fuentes de agua dulce
del mundo y con mayor cantidad de bosques creo o uno de los que tiene mayor
cantidad de bosques.” (3)
Las anteriores
reflexiones sobre Australia sirven también para Canadá, donde la contribución
de la minería a la economía es reducida. Este país es aún más grande que el
anterior: con 9,9 millones de kilómetros cuadrados es el segundo país de mayor
extensión en el mundo. Pero tiene apenas 34 millones de habitantes. La densidad
poblacional, en consecuencia, es de 3,4 personas por kilómetro cuadrado.
En Canadá, más de 150
años de explotación minera intensiva han causado una huella socioecológica
irreparable, así como el despojo y desplazamiento sistemático de numerosos
pueblos indígenas asentados milenariamente en ese territorio. En este país la
industria minera genera actualmente hasta 60 veces más desechos que todas las
ciudades de ese país reunidas.(4)
Además, existen más de
10.000 minas abandonadas, las que contaminan las aguas subterráneas y
superficiales con metales tóxicos a niveles intolerables, permaneciendo allí
por decenas e incluso cientos de años después de haber cesado la
explotación.(5) Su reparación exigiría una inversión de entre uno y seis mil
millones de dólares.(6) En el caso de muchas minas abandonadas en el norte del
país (algunas situadas en el corazón del frágil bosque boreal, cuyo equilibrio
se encuentra amenazado por la actividad minera, entre otras), el Auditor
General de Canadá reconoció que no será posible realizar una limpieza completa
y definitiva debido a la falta de técnicas adecuadas.(7)
Aquí cabe un dato que
debería ser motivo de atención del presidente y sus ínfulas mineras. En Canadá,
varias empresas mineras, poco antes de concluir sus operaciones, se han
declarado -oportunamente-, en bancarrota, dejando a cargo del Estado el
tratamiento de millones toneladas de desechos. Adicionalmente, al recorrer la
historia reciente de la minería industrial en este país uno se da cuenta de los
riesgos de catástrofes económicas, ecológicas y sociales que conlleva la gran
minería, entre otros problemas podemos mencionar los siguientes: son
incontables los pueblos mineros abandonados, así como las rupturas de diques,
las fugas de productos tóxicos de tratamiento e incluso radiactivos, las que
han ocasionado destrucciones ambientales a gran escala.
Concluyamos con las
palabras de Alberto Rabilota. Canadá es un “país de instituciones respetadas y
respetables, con un Parlamento vibrante por el respeto de la división de
poderes, del procedimiento legislativo y la vigencia de la oposición, con una
política exterior con una que otra arista de independencia, ese Canadá está
siendo arrasado por un gobierno que, al final de cuentas y más allá de los
taparrabos usuales, retórica populista, cuestiones morales o religiosas, está
sin vergüenza alguna al servicio directo de intereses económicos privados.
¿Cuáles?: Los principales son las compañías petroleras que explotan el sucio
petróleo bituminoso de Alberta y quieren acceder a explotar el petróleo y el
gas natural en las aguas de Ártico para abastecer el mercado estadounidense;
las compañías mineras y de transformación de metales que explotan yacimientos
de oro, plata, cobre, cinc y demás minerales en todos los continentes, y
particularmente en América latina; de los intereses de grandes bancos de
depósitos e inversiones canadienses...”(8)
Habría sido mejor que
el presidente recuerde el caso de Costa Rica, un país de tamaño y densidad de
población más parecidos a Ecuador, que no tiene una suicida política
extractivista. Allí se paró a tiempo el proyecto de mina de oro Crucitas, es
decir se prohibió la megaminería a cielo abierto. Hoy en día ese país
centroamericano sigue otro rumbo distinto al extractivismo. Y le va mejor que a
Ecuador, a lo largo de los años.
- En primer lugar
(está) Noruega. Noruega es petrolero, señores, para los que dicen no al
petróleo, que mala suerte tener petróleo… (…) Noruega, país petrolero, que con
su ingreso petrolero, además de dar salud, educación, carreteras, puede
conservar una inmensa cantidad de bosques, gran parte de territorio noruego si
no su mayoría está cubierto de bosques, ¿cómo puede mantener eso? gracias al
ingreso petrolero. (9)
Para apuntalar sus
argumentos mineros, el presidente recurre a un ejemplo especial en el mundo
petrolero. Es conocido que entre los países petroleros no hay casos de éxito en
términos de desarrollo. Noruega aparece como una excepción. Lo que no dice el presidente,
es que ese país escandinavo, con algo más de 4 millones de habitantes, que
incorporó el petróleo en su economía casi al mismo tiempo que Ecuador, en los
años setenta del siglo pasado, en ese entonces ya era un país desarrollado.
Sin negar el aporte
que representó el petróleo, tenemos que aceptar que en este caso la extracción
de petróleo empezó y se expandió cuando ya existían una economía no petrolera
desarrollada, sólidas instituciones económicas y políticas, con una sociedad
igualitaria, en concreto sin inequidades comparables a la de los países
petroleros o mineros del Sur global. Es decir, Noruega no se desarrolló por el
petróleo.
Los ingresos
petroleros noruegos, además, no provienen solamente de la explotación petrolera
en Noruega. Las compañías Statoil y PETORo AS operan en diversas partes del
mundo, obteniendo cuantiosas ganacias para dicho país.
Además, este es otro
dato que desconoce u oculta el presidente, el grueso de los ingresos
petroleros, que son muchos, no van al gasto corriente o a la inversión casa
adentro. Noruega estableció hace más de dos décadas un fondo especial(10), que
está integrado en el presupuesto del Estado, en tanto herramienta que fortalece
el proceso presupuestario. Este fondo, por lo demás, está construido sobre
instituciones sólidas y transparentes.
El fondo solo invierte
en activos financieros en el exterior, procurando la diversificación del riesgo
y la maximización de los retornos. Así se establece un marco fiscal de
financiamiento de largo plazo para el manejo de los ingresos del petróleo. En
el país invierte exclusivamente los réditos de las inversiones en el exterior.
El Ministerio de Finanzas noruego es el encargado de lograr el menor efecto
distorsionador posible del ingreso petrolero sobre el desenvolvimiento del
resto de la economía.
Por eso, el Ministerio está encargado de vigilar para que los
ingresos del petróleo se traspasen de acuerdo con los retornos esperados del
Fondo en el largo plazo.
El déficit no
petrolero debe ser igual al retorno real de largo plazo del fondo (un 4%
anual). El fondo solo puede ser utilizado para financiar el déficit no
petrolero. Por otra parte, las transferencias del fondo al presupuesto fiscal
son definidas por el Congreso, el superávit fiscal del año se envía al fondo, y
el déficit, si lo hubiera, se cubre con recursos del fondo.
Es interesante anotar
que el grueso del financiamiento del presupuesto del Estado noruego se logra
con tributos y no con ingresos petroleros. En ese país la presión fiscal
alcanzó el 43,6 %, en el año 2006. En Australia, simplemente para completar la
información, la presión fiscal fue de 30,9% y en Canadá de 33,4% (En Ecuador,
esta presión fiscal ha subido, acertadamente, y recién bordea el 13%). Esta
presión fiscal, que refleja la relación tributos versos PIB, expresa la
realidad fiscal en esos países. Allí sus presupuestos se financian sobre todo
con ingresos tributarios pagados por quienes más ganan y más tienen, no
fundamentalmente con ingresos de exportaciones mineras o petroleras.
El objetivo noruego es
claro: manejar los ingresos del petróleo para sentar las bases de un incremento
de la riqueza, asegurando las pensiones de las futuras generaciones para el
momento en que se agoten sus reservas hidrocarburíferas. En otras palabras, los
ingresos petroleros no se destinan principalmente a salud, educación,
carreteras o conservación de bosques, como afirma el presidente.
- “¿Saben cuánto va a
utilizar el proyecto el agua del río (en Quinsacocha)? Uno por ciento, porque
se saca el agua y se la recicla, esa es la minería moderna”.(11)
El agua es un tema
crítico en las operaciones mineras, por eso es de recurrente preocupación para
el presidente. Por cierto también para los representantes de las empresas
mineras. Él y ellos coinciden en sus argumentos… Por eso dicen que la minería
no contaminará el agua.
El presidente se
apuntala en la Ley Minera ,
que, según él, obliga a las empresas a devolver el agua a sus cauces en mejores
condiciones de las que estaban antes de haberlas utilizado para procesar los
minerales. El artículo 79 de dicha Ley no exige tal cosa.
La Ley, en ese
artículo, exige lo siguiente:
“Los titulares de
derechos mineros y mineros artesanales que, previa autorización de la autoridad
única del agua, utilicen aguas para sus trabajos y procesos, deben devolverlas
al cauce original del río o a la cuenca del lago o laguna de donde fueron
tomadas, libres de contaminación o cumpliendo los límites permisibles
establecidos en la normativa ambiental y del agua vigentes, con el fin que no se
afecte a los derechos de las personas y de la naturaleza reconocidos
constitucionalmente.”
Una cosa es cumplir
con límites permisibles de contaminación y otra es devolver el agua al cauce
original en mejores condiciones que las tomadas para procesar los minerales. El
problema es cómo se establecen los límites permisibles, cómo se evalúan sus
efluentes y qué pasa si se incumplen las normas. El país tiene una amplia
experiencia de irrespetos a las normas en materia petrolera. Por lo demás,
tarde o temprano, este mismo gobierno u otros gobiernos, acosados por la
necesidad de más ingresos fiscales, pueden llevar a que esta actividad sea
permitida a costa de mayores impactos a las personas y la Naturaleza.
Si fuera verdad que la
minería no contamina el agua, el presidente debería poder presentar ejemplos de
proyectos similares de cobre u oro, en donde el agua no ha sido contaminada, se
entiende proyectos en regiones con similares condiciones climáticas,
hidrológicas, geológicas y mineralógicas.
Sin embargo, la
realidad es más cruda. Resulta imposible evitar la contaminación masiva de las
aguas de superficie y subterráneas alrededor de sitios mineros. En el mundo, no
existe una mina industrial que no haya implicado contaminaciones del agua por
productos tóxicos (por ejemplo metales pesados) o mediante el fenómeno conocido
como drenaje ácido de mina o de roca; contaminaciones que afectan duramente, y
en muchos casos de manera irreversible, a los ecosistemas circundantes a las
zonas de explotación.
El drenaje ácido de
mina -para información presidencial-, ocurre cuando las aguas de lluvia entran
en contacto con minerales sulfurosos contenidos naturalmente en las rocas
minadas (es decir las rocas que han sido desplazadas desde el subsuelo hacia la
superficie). Mientras estos minerales se encuentren en el subsuelo, no
presentan amenaza alguna, pero al sacarlas de las entrañas de la tierra y
exponerlas al agua y al aire, pueden convertirse en elementos mortales.
En efecto, existe un
alto riesgo de que las reacciones químicas producidas por el contacto entre la
lluvia y la roca excavada provoquen una acidificación inusual de las aguas que
corren sobre estas rocas. Las aguas ácidas fluyen a los ríos y corrientes
subterráneas, acidificándolas. Esta acidificación puede ser catastrófica para
la fauna y la flora acuáticas. Pero eso no es todo, este drenaje ácido de roca
acelera a su vez la disolución en las aguas de los metales pesados extraídos
del subsuelo (como el arsénico, plomo, cadmio, mercurio) en general presentes en
cantidad no desdeñables en las rocas removidas por la actividad minera. Estos
tipos de contaminación son particularmente devastadores para el agua y pueden
destruir los ecosistemas acuáticos durante cientos, e incluso miles de años.
La legislación de Wisconsin,
en Estados Unidos, ha tomado la decisión de exigir -como condición de entrega
de un permiso minero- la verificación de que una o más operaciones mineras se
hayan ejecutado en total cumplimiento con las leyes ambientales pertinentes y
que estas operaciones no causen ninguna “contaminación ambiental importante”,
de conformidad con un informe financiado por las más grandes empresas mineras
del planeta. Allí también se dice que se ha estudiado a más de 50 minas en un
esfuerzo por encontrar un recinto en el que se pueda demostrar que cumple con
estas condiciones; todas han sido rechazadas. Por ende, no se han otorgado
licencias para la explotación minera y, por cierto, no se ha acabado la
civilización, como amenaza el presidente.(12)
En síntesis, la actividad
minera, acompañada de grandes obras de infraestructura, provoca contaminación
de diversa naturaleza en el agua, los suelos y el aire, agudizando la
deforestación y marcando profundamente el paisaje. Adicionalmente, la
contaminación con metales pesados y drenaje ácido de mina ha afectado duramente
a los ecosistemas circundantes a las zonas de explotación.
Cabe señalar que los
grandes yacimientos identificados en el Ecuador están particularmente expuestos
al riesgo de drenaje ácido de roca, puesto que son en su mayoría depósitos
altamente sulfurosos. Por lo tanto, las contaminaciones del agua serán mucho
más graves en áreas geográficas caracterizadas por altas precipitaciones y
normalmente ricas en biodiversidad, como es el caso de las cordilleras del Cóndor
o la del Toísan ,
en donde se encuentran los mayores proyectos mineros del país: Mirador, Fruta
del Norte y Panantza-San Carlos y Junín. También son particularmente sensibles
las áreas de páramo, zonas de formación de las fuentes de agua del país, como
sucede en Quimsacocha. Recuérdese que el 12,5% de las zonas de páramo del país
ya está concesionado.
En cuanto al reciclaje
del agua, si bien es cierto que las instalaciones mineras modernas cuentan con
circuitos de recirculación, no dejan de consumir enormes cantidades del líquido
vital, y generan grandes cantidades de desechos que representan una fuente
permanente de contaminación del agua.
A modo de advertencia
tengamos presente que para obtener una tonelada de cobre, se genera entre 300 y
600 toneladas de desechos, muchos de ellos tóxicos y contaminantes, demandando
entre 30 y 500 mil litros de agua, dependiendo del yacimiento. En el caso del
oro, las proporciones son por igual aberrantes: para producir una onza de oro,
se genera entre 20 y 60 toneladas de desechos y se consume un promedio de 20 a 25 mil litros de agua.
Líquido vital que, luego de ser empleado en la minería, queda contaminado, por
más que diga lo contrario el presidente.
Recordemos que la gran
mayoría del territorio ecuatoriano no cuenta con series de datos
hidrometeorológicos suficientemente extensas y confiables para diseñar
adecuadamente las minas (es decir con la garantía que los riesgos de
contaminación del agua y de perturbación de los ecosistemas sean mínimos y
controlados). Por ejemplo, para sustentar de manera aceptable la afirmación
según la cual solamente el 1% de las fuentes de agua será usado por la minera Iamgold en
Quimsacocha, el presidente tendría que presentar aforos de caudales, datos
pluviográficos y de niveles de acuíferos confiables del sitio, medidos durante
al menos tres décadas. Hasta la fecha, no se han visto dichos datos, por lo que
no se puede hacer, técnicamente, estos tipos de afirmaciones, y tampoco se
puede llevar a cabo estudios de impactos ambientales con el rigor científica
deseado.
- “En Azuay hay un
importante proyecto minero (…) empezaron a correr el rumor de que iba a afectar
el agua de Cuenca, primero eso es inconstitucional, segundo creo que hasta
nuestros enemigos reconocen que no somos tan tontos. No, ustedes creen que un
político va a arriesgar todo un proyecto político contaminando las aguas de una
ciudad como Cuenca, puro cuento (…) no hay absolutamente nada ahí, tal vez el
error es que se le llamó al proyecto minero Quimsacocha.” (13)
En el páramo de
Quimsacocha, en donde la
empresa Iamgold prevé construir una mina subterránea, se
estima que cada día se moverán 3.000 toneladas de material; un volumen
equivalente a 15 veces el de la recolección diaria de basura de la Ciudad de
Cuenca; cerca de 9 millones de toneladas en 8 años (3.000x365x8 = 8.760.000
millones), para extraer un volumen estimado de 1,5 millones de onzas de oro. Si
bien es cierto que la minería subterránea no implica una desfiguración tan
grande del paisaje como la minería a cielo abierto, al remover grandes
cantidades de roca desde el subsuelo y tratarlas para separar el oro de otros
minerales presentes en la roca, provocará inevitablemente impactos nocivos
sobre el ambiente y, por supuesto, sobre el agua.
Se puede concluir que es
altamente probable que ríos y acuíferos sean contaminados si se explota el
yacimiento de oro en Quimsacocha. El agua no viene exclusivamente de las
lagunas, como afirma el presidente. Lo que cuenta es el acuífero que abarca las
lagunas y todo el páramo. La zona del proyecto minero se encuentra precisamente
en una de las principales fuentes de agua de la ciudad de Cuenca y de muchas
otras poblaciones aledañas, cuyos habitantes, con justa razón, protestan en
contra de esta actividad.
Basta leer el Informe
UAIE 0036-2009 de la
Contraloría General del Estado, para darles la razón. Allí se
estableció que estas “concesiones mineras afectarían la calidad y cantidad del
agua en la cuenca del Río Yanuncay”, que abastece a la Planta de Tratamiento de
Agua Potable SUSTAG de ETAPA, líquido vital que va a Cuenca. La zona de
explotación determinada por la empresa Iamgold como D1, se sitúa justo en el
nacimiento de la quebrada de Quinahuaico que recoge las aguas y filtraciones
que fluyen de las laderas y el subsuelo. Esta quebrada forma el río Irquis y
sus aguas dan origen a una microcuenca que abastece a la población de Victoria
del Portete y alimenta como afluente al río Tarqui, uno de los cuatro ríos que
cruza la ciudad de Cuenca.
Sin embargo, en su
visita a Quimsacocha el 25 de octubre, el presidente, para cuestionar la
consulta comunitaria sobre la minería, afirmó que “hay estudios de las
universidades que confirman que no hay afectación”. El estudio al que se
refirió el presidente, es el realizado por el Programa para el Manejo del Agua
y del Suelo (PROMAS), de la Universidad de Cuenca, financiado por la propia
minera IAMGOLD. Este estudio, a contrapelo de la declaración presidencial, no
es de factibilidad. Felipe Cisneros, director del PROMAS, reconoce que realizaron
un simple monitoreo de la cantidad y calidad del agua disponible en la cuenca
hidrográfica, y no un estudio de factibilidad. Tampoco estudiaron la calidad
del aire o del suelo o la formación del páramo. Fabián Carrasco, rector de la
Universidad de Cuenca, en un comunicado público y en declaraciones a la prensa,
señaló “que se mal interpretan los datos porque IAMGOLD sólo pidió el monitoreo
de la calidad y cantidad de agua”, y que “en las investigaciones y estudios
realizados por PROMAS no se emiten juicios de valor respecto a la conveniencia”
del proyecto minero.(14)
Es obvio suponer que
en estas zonas de formación de fuentes de agua, como en Quimsacocha, los
impactos sobre el agua pueden ser nocivos.
Por supuesto, las
empresas mineras y los gobiernos cómplices de sus intereses, aupados por los
medios que lucran de la publicidad de la minería, siempre dirán que el agua
contaminada se puede tratar, que el “agua terminará más limpia” después de
haber servido a la extracción de los metales, y que los otros problemas
ambientales también podrán ser manejados con las nuevas tecnologías. Sería muy
oportuno que el presidente y los miembros de su gobierno, así como los
ingenieros y técnicos de las transnacionales mineras se comprometieran de por
vida a consumir agua proveniente de las minas como lo tendrán que hacer las
comunidades cercanas a la zona de influencia de dichos proyectos…
Lo cierto es que los
pro-mineros, en su prepotencia (y en algunos casos por falta de conocimiento),
nunca reconocerán que es imposible controlar totalmente el impacto y el camino
que tomarán los desechos mineros. Tampoco aceptarán, como ya se dijo antes, que
los efectos de la contaminación provocada por metales pesados y el drenaje
ácido de roca perduran durante años de años, y a veces siglos, ¿qué empresa
puede garantizar el tratamiento del agua durante siglos?
La reflexión electoral
del presidente se desbarata por su propia obcecación… será que él solo se
preocupa de Cuenca en tanto significativo potencial de votos y no del resto de
comunidades en las provincias del Azuay o El Oro porque no representan muchos
votos…
- “Que si no se hace
el proyecto minero ya todos saben que ahí hay oro y vamos a tener otro Nambija
y ahí si se va a destruir el medio ambiente.” (15)
Este argumento da
pena. Demuestra por un lado la incapacidad para resolver los graves problemas
mineros existentes en el país(16) y deja en nada aquella aseveración
presidencial de que se trabajará con “responsabilidad ambiental, y eso es
precisamente lo que está haciendo el gobierno”.
Por otro lado, decir
que podría darse un nuevo Nambija equivale a afirmar que antes de que los
mercaderes ocupen el templo, debemos hacer de él un mercado. Además, con ese
pretexto se tendría que permitir la minería en cualquier sitio- incluyendo el
centro histórico de Quito-, si en su subsuelo se encontrará algún yacimiento de
oro o cobre.
Federico Auquilla
Terán, viceministro de Minas, en la sabatina del 12 de noviembre del 2011,
enriqueció la afirmación presidencial en lo que al ejemplo de Nambija se
refiere, afirmando que Quimsacocha, “es una zona que no tiene ningún otro tipo
de actividad”.
Este funcionario,
ex-gerente de la empresa minera estadounidense IMC, debería informarse sobre lo
que representan los páramos. Estos son unos ecosistemas estratégicos debido a
su gran potencial de almacenamiento y regulación hídrica. Abastecen los ríos y
las lagunas. Los suelos de este ecosistema de montaña almacenan y distribuyen
agua formando reservorios naturales, lagunas, ojos de agua y vertientes que dan
origen a los ríos. Son como una gran esponja natural de elevada fragilidad que
guarda humedad y permite filtraciones y que al ser compactada desde la
superficie u horadada en su interior mediante perforaciones no recobra sus
propiedades.
Desde el punto de
vista sociocultural, estas áreas han jugado un papel clave respecto de la
relación del ser humano con las montañas, como lugares sagrados y de gran valor
en mitos y leyendas; tema que sin lugar a dudas poco interesará a estos
picapiedras del siglo XXI.
“Si queremos cero de
contaminación tenemos que volver a la edad de las cavernas, y vamos a tener un
aire más limpio pero los niños se nos van a morir a los 6 años, la esperanza de
vida va a volver a los 18 años. Si me explico, son costos que implica el
progreso, el futuro y lo que hay que tratar de minimizar esos ineludibles
costos, elevemos el nivel de debate. No nos dejemos engañar por los demagogos,
por los charlatanes, por la gente que por las fijaciones no quiere minería.
Vamos a sus casas, entremos a ver si no tienen tenedores, cuchillos si no usan
lentes, si no tienen relojes, si no hay ascensor, si no cogen bus, taxi, y si
lo hacen son unos inconsecuentes”. (17)
Estas aseveraciones,
provenientes de quien fuera profesor universitario, son insostenibles. Solo por
mala fe o por desconocimiento se puede llegar a la peregrina idea de que
quienes, con argumentos, cuestionan la megaminería, están en contra de toda
actividad minera. La lógica presidencial equivaldría a aceptar que si la
economía primario-exportadora genera y perenniza el subdesarrollo, la solución
consistiría en dejar de explotar los recursos naturales. Obviamente, esa es una
falacia.
Las críticas no se
dirigen a toda la minería.
El eje del debate no tiene nada que ver con la roca caliza
para hacer cal, el cemento, la arena y el ripio para la construcción, o las
arcillas para las cerámicas, así como otros muchos minerales no metalíferos.
Reconocemos que dicha minería puede ocasionar y de hecho ocasiona graves
impactos sociales y ambientales igual que otras actividades económicas. En esos
casos, por supuesto, estas contaminaciones deben ser cuestionadas. Eso es lo
que sucede con demasiada frecuencia en la minería realmente existente en
Ecuador, sea en el caso de la minera de subsistencia, la minería artesanal o la
minería a pequeña escala, tanto en el ámbito de los metales, como en el de los
áridos.
De todas maneras,
diferenciemos la megaminería de la minería tradicional. Cada vez menos los
minerales, que son recursos no renovables, se encuentran en forma de vetas. Los
minerales están cada vez más diseminados, por lo que es necesario extraerlos de
grandes extensiones con impactos más lesivos al ambiente. Hay más utilización
de sustancias químicas como el cianuro en la minería de oro, de enormes
cantidades de agua, de más y más energía, de enormes extensiones para almacenar
las escorias. La megaminería provoca megaimpactos ambientales y también
sociales. Nunca había existido en América Latina minería de oro de dimensiones
como Yanacocha en Cajamarca en Perú o la que se propone en Tolima en Colombia
(La Colosa). En ambos casos hay oposición local y nacional.
Además, bastaría
recordar que hay países que se han desarrollado sin contar con recursos
minerales importantes. Japón, por ejemplo, no tuvo que adentrarse por la senda
de los picapiedras buscando financiar su economía con minerales, que no los
tenía en abundancia. Más aún, en los inicios de la minería de cobre en Japón,
en 1900, en la mina de Ashio cerca de Tokio de la compañía Furukawa
hubo graves problemas por la contaminación del agua. Entonces, un líder
proto-ecologista campesino (un ecologista infantil de antaño, en la jerga
presidencial), Tanaka Shozo se enfrentó a la compañía y hasta al emperador.
Pero que ha hecho el Japón desde entonces, importar más que extraer minerales.
Si en Ecuador no se
abre la puerta a la megaminería, con seguridad no se afectará gravemente el
suministro de materiales a nivel mundial. Las cotizaciones de los mismos no
registrarían variación alguna, aunque quizá si se daría una vigorosa señal al
mundo sobre la necesidad de proteger la Madre Tierra , como lo está haciendo Costa Rica.
Un dato más. No todos
los minerales extraídos tienen un uso productivo. En el caso del oro, por
ejemplo, su extracción del subsuelo, con elevados costos sociales y
ambientales, no está orientada a los fines industriales, que tanto preocupan al
presidente. Menos del 10% del oro que se extrae va a dichos usos. Una parte se
transforma en joyería y grandes cantidades vuelven al subsuelo, a bóvedas de
Estados Unidos, Europa y otros países enriquecidos, pues este metal,
incorporado en la lógica especulativa del capitalismo, es el mejor refugio ante
la incertidumbre financiera mundial. Lo preocupante es que en la medida que el
precio de la onza rompa récords se seguirá buscando oro cueste lo cueste en
términos sociales y ambientales, con la complicidad de presidentes como el
ecuatoriano.
En suma, el
aprovechamiento de los recursos minerales o petroleros no puede ser visto desde
la simplona y repetida figura de “un pobre sentado en un saco de oro”, señor
presidente; eso sería asumir el tema como una fatalidad del destino.
La explotación de
minerales a gran escala no es una fatalidad, es una elección. Por lo tanto,
esta elección debe ser asumida en forma democrática y responsable. En caso de
que la decisión de la sociedad sea favorable a la megaminería, a través de un
debate con una amplia participación ciudadana, ratificada con una consulta
popular, la misma sociedad debería ser la que establezca las bases para su
cristalización sin poner en riesgo la vida, en ninguna circunstancia; bases
que, por lo demás, ya están plasmadas en sus líneas matrices en la Constitución
de Montecristi.
Por lo tanto, lo
mínimo que se podría hacer es prohibir la megaminería y la minería en general
en las fuentes de agua -ríos, lagunas, paramos, aguas freáticas y humedales-,
en las zonas de alta biodiversidad, en regiones en donde la vida de las
comunidades esté en riesgo, en parajes con vestigios patrimoniales arqueológicos.
Sobre este tema ya se
están pronunciando las comunidades locales que, con conocimiento de causa,
rechazan la minería.
Como se ve, no estamos
exclusivamente frente a una discusión técnica y económica, como pretende el
lobby minero-gubernamental. Siendo muy importante, tampoco se agota la
discusión en lo ambiental. Esta es una discusión política de fondo. Necesitamos
definir si queremos o no debatir lo que entendemos por “desarrollo”, más aún
cómo vamos a construir el Buen Vivir que no es una alternativa de desarrollo,
sino una alternativa al desarrollo. La disyuntiva es clara: creamos las
condiciones para que esta discusión sea informada, participativa y democrática,
o aceptamos la imposición que quieren endosarnos el presidente y las transnacionales
mineras, en nombre de supuestas oportunidades económicas.
- “…les voy a dar una
noticia extraordinaria, Morona, entiendan porque esto es muy importante -el
proyecto más grande del Ecuador, Panantza- y esto puede sacar de la pobreza a
Morona que sea la provincia más rica del país, por supuesto si hay buena
minería, con mala minería se puede contaminar los ríos, pero nosotros vamos
hacer buena minería.” (18)
Para la Naturaleza y
la gran mayoría de pueblos originarios de todo el mundo -y de modo especial
para las nacionalidades y pueblos en el nororiente de la Amazonía- el petróleo
ha sido una maldición que solo será igualada o quién sabe si superada por la
maldición del oro.
Sería bueno que el
presidente identifique los pueblos indígenas que realmente se han beneficiado
de la presencia de oro en sus territorios. Más bien, la historia está repleta
de ejemplos donde el oro ha sido la principal causa de enfermedades
devastadoras, violencia, masiva violación de derechos humanos, de contaminación
de su ambiente cultural y ambiental, y de genocidio. Afirmar lo contrario es no
conocer la historia.
Basta ver lo que
sucede con el petróleo en el nororiente de la Amazonía ecuatoriana. Para los
pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana, las actividades petroleras han
significado un cambio radical en su vida. No sólo dichos pueblos, también los
colonos de la Amazonía norte han sufrido un sinnúmero de atropellos a sus
derechos elementales. Vale anotar que los niveles de pobreza en la Amazonía,
sobre todo en las provincias petroleras de Sucumbíos y Orellana, son más
elevados que en el resto del país.
Esta es la gran
paradoja: hay países que son muy ricos en recursos naturales, que incluso
pueden tener importantes ingresos financieros, como los provenientes de exportaciones
petroleras o mineras, pero que no han logrado establecer las bases para su
desarrollo y siguen siendo pobres. Y parecería que son pobres porque son ricos
en recursos naturales(19), en tanto han apostado prioritariamente por la
extracción de esa riqueza natural para el mercado mundial, marginando otras
formas de creación de valor, sustentadas más en el esfuerzo humano que en la
generosidad de la
Naturaleza. Por cierto estas actividades extractivistas
vienen atadas a diversas formas de violencia.
Así, en Perú, según
las estadísticas de la Defensoría del Pueblo, más del 60% de los conflictos
socio-ambientales se deben a la minería. En Colombia , el 80% de las violaciones
de Derechos Humanos que han ocurrido en los últimos diez años se cometieron en
regiones mineras (o por las plantaciones de palma de aceite destinado a
fabricar biocombustibles). En el Ecuador, la mayoría de los criminalizados
socialmente por el gobierno actual, han sido por ejercer su derecho a la
resistencia a la megaminería.
Finalmente, en
respuesta al ofrecimiento formulado por el presidente en Macas para llevar a
una delegación shuar a Esmeraldas, con el fin de conocer de primera mano cómo
se está trabajando con la pequeña minería, sería mejor que él les pregunte a
los mismos shuar sobre los daños que el extractivismo ha provocado en Perú,
justo al otro lado de la frontera. Recuérdese que allí la Oxy dejó un
reguero de metales pesados. Y que en Bagua, en la vertiente peruana de la
Cordillera del Cóndor, en junio del 2009, hubo enfrentamientos mortales entre
las fuerzas armadas y policía con las organizaciones indígenas que se oponen a
la minería y a otros expolios. También sería recomendable llevarlos a ver la minera Yanacocha
a tajo abierto en Cajamarca (cerca de donde Pizarro se encontró con Atahualpa,
cuando empezaba la maldición del oro para Nuestra América) y explicarles los
recientes conflictos con el proyecto de la mina Conga y en tantos
otros casos de conflictividad minera que Ecuador se ha ahorrado.
“Aquí está la gran
oportunidad que Dios nos ha dado para salir de la miseria compatriotas y
sobretodo se lo ha dado a Morona Santiago, una de las provincias con mayor
potencial minero del país que puede tener, que puede tener la mina de oro, la
segunda, perdón mina de cobre, la segunda mina de cobre más grande del mundo…
con eso Morona elimina la pobreza, compatriotas.” (20)
Hay varios problemas
con esta afirmación grandilocuente, la segunda mina del mundo… Declaración que
nos recuerda a aquella repetida y cursi afirmación de que nuestro himno
nacional es el segundo mejor después de la Marsellesa...
Dejando de lado tanta
fatuidad, es preciso establecer el real potencial minero del Ecuador. Asumamos
la realidad, hasta la fecha, no se pudo comprobar que el Ecuador sea una
potencia minera. El país ni siquiera aparece en la lista de países con reservas
de cobre, anualmente publicado por la Servicio Geológico
de los Estados Unidos (USGS), la entidad más representativa en este tema. Este
Servicio Geológico hace una clasificación de los depósitos minerales en
pequeños, medianos, grandes y gigantes, a éstos denomina “de escala mundial”.
Los “megaproyectos” del Ecuador, de conformidad con la información
proporcionada por el geólogo Pablo Duque, no clasifican como gigantes ni como
grandes, serían apenas medianos. Como se ve, en el mundo minero, de acuerdo a
los expertos, todo depende de la escala con que se lo mire… y también de la
vanidad o ambición de sus promotores.
Otro gran problema
surge porque se desconoce el potencial real del yacimiento cuprífero de
Panantza-San Carlos, que supuestamente sacará a la provincia de Morona-Santiago
de la pobreza. Las
cifras que se manejan -proporcionadas por la empresa de capitales chinos
Ecuacorriente- son altamente especulativas. Y son especulativas porque el
yacimiento apenas ha sido explorado y por ende, es de carácter posible, es
decir está en el nivel menos confiable en el mundo de la minería. Y son
especulativas porque esos altos volúmenes presentados, ratificados por el
presidente de la República, permiten que las empresas mineras obtengan elevadas
cotizaciones en la bolsa de valores.
Afirmar públicamente
que son enormes las rentas que dicho yacimiento generaría, a partir de reservas
inferidas, no de reservas comprobadas, puede resultar un acto irresponsable.(21)
Como mecanismo para proteger a los inversionistas de posible fraude por
empresas mineras (algo históricamente muy común), los valores basados en
recursos inferidos de las empresas -al igual, incluso, que categorías más
confiables, como medidas y probadas- no son reconocidos por el U.S. Security
and Exchange Commission (Comisión de Valores de los Estados Unidos). En ese
país se limita estrictamente el uso de dicha información. (22)
Esto no es el caso en
Canadá, donde los reguladores libremente permiten a las empresas que cotizan en
las bolsas de valores, dar uso de este tipo de información. Esto ya ha
provocado escandalosos casos de fraude, donde muchos agentes económicos han
perdido millones de dólares en inversiones basadas en recursos minerales
inventados, o exagerados por los dueños de empresas mineras. No es por nada que
aproximadamente el 60% de las empresas mineras, que cotizan en las bolsas de
valores, se concentran en Canadá.
Hasta que se explore
en serio y se elabore un estudio de factibilidad confiable, nadie sabrá lo que
realmente existe en las concesiones en Zamora-Chinchipe. Entonces no se puede
conocer aún si es económicamente factible extraer el cobre. Podría haber
muchísimo menos cobre de lo afirmado, podría estar muy contaminado con otras
sustancias tóxicas o podría estar en medio de un sitio muy rico en agua
freática, para mencionar solo tres de los factores que influyen sobre la
factibilidad de un proyecto minero.
El presidente obvió
mencionar unos pequeños detalles sobre este mismo proyecto minero Panatza-San
Carlos. Por ejemplo, que el cobre está mezclado con plomo, arsénico y otras
sustancias altamente tóxicas. Y, que en caso de comprobarse que, como se afirma
en el estudio de factibilidad de Ecuacorriente, existen las 14 mil millones de
libra de cobre, el proyecto “podría” generar 1.400 millones de toneladas de
desechos sólidos, la mayoría contaminados con metales pesados (equivalente a
2.600.000.000.000 libras). Ese volumen enorme de desechos, para tener un punto
de referencia, equivaldrían al menos a 12 Panecillos, aquel montículo que está
en la mitad de la ciudad de Quito.
También le faltó
mencionar al presidente que el proyecto será muy probablemente un gran
generador de drenaje ácido de roca y que no existe tecnología para
neutralizarlo completamente. Ese drenaje acidifica las aguas de superficie y
subterráneas y favorece su contaminación con metales pesados en forma
permanente. También debería conocer el presidente que en la práctica las
empresas mineras no pueden reciclar toda el agua que utilizan -otra de sus
afirmaciones recurrentes-, lo que obliga a las empresas a tomar agua de los
ríos en forma permanente.
En Ecuador, en
síntesis, los grandes proyectos mineros amenazan con contaminar regiones de
alta biodiversidad, de las más densas del planeta, y valiosas fuentes de agua.
Para completar el cuadro, el agua transporta muy bien los contaminantes y los
impactos se esparcirían hacia otras zonas. Y todo esto sin considerar los
graves impactos sociales que conlleva esta mega actividad extractivista.
Hablemos de las
supuestas ventajas en términos económicos que justificarían tanta destrucción,
presentada como un costo indispensable para alcanzar el desarrollo. En efecto,
una vez extraídos los metales del subsuelo, habría que preguntarse cuánto
realmente le quedará al Estado. En lo que se refiere a las regalías y los
impuestos, aun si el gobierno tiene toda la voluntad de recaudarlos, las
grandes empresas mineras harán lo imposible por evitarlo, son campeonas en
eludir o evadir el pago de tributos, a través de los llamados paraísos
fiscales, por ejemplo. Es sin duda con este objetivo que varias empresas
transnacionales presentes en el Ecuador usan subsidiarias registradas en
paraísos fiscales notorios como las Islas Caimán o las Islas Vírgenes. Es
precisamente el caso de la empresa canadiense Iamgold, que pretende explotar
oro en Quimsacocha. La empresa matriz de Toronto es propietaria de Iamgold
Ecuador S.A. a través de una subsidiaria intermediaria, la Iamgold South American
Corporation, una empresa registrada en otro paraíso fiscal: Barbados.
Además, las minas
ecuatorianas parecen estar condenadas a producir los metales en forma gruesa,
es decir con impurezas. Por ejemplo, el concentrado de cobre producido en
Mirador tendrá aproximadamente 30% de cobre, 60% de otros minerales y 10% de
agua. Debido a que el Ecuador no tiene refinerías de metales, el proceso de
refinamiento se hará en el exterior, en donde quedará la mayor parte de las
ganancias.
A lo anterior habría
que incorporar los llamados costos ocultos -ambientales y sociales-, empezando
por el valor económico de la contaminación. Existen estudios de los Estados
Unidos y Canadá, que estiman que la remediación de los desechos mineros de
minas abandonadas costaría entre 5 y 67 dólares por tonelada de mena. Hagamos
el cálculo para el proyecto de cobre Mirador, de la empresa Ecuacorriente ,
en la Cordillera del Cóndor. Allí se prevé procesar al menos 180 millones de
toneladas de material, lo que significaría un costo de remediación de entre 900
millones y 12.000 millones de dólares. Cabe recordar que los ingresos que
obtendría el Estado por concepto de regalías en Mirador el gobierno los calcula
en aproximadamente 700 millones de dólares, una cantidad que sería entonces menor
al costo de remediación. De esto se desprende por qué las empresas no quieren
hacerse cargo de esta etapa de remediación.
Estas deudas
ecológicas o pasivos ambientales normalmente no aparecen en las contabilidades
de las empresas ni en los proyectos. Las empresas los transfieren
invariablemente a la sociedad; recuérdese la devastación petrolera en el
nororiente de la Amazonía, provocada por la compañía Chevron-Texaco
y otros daños producidos por otras compañías.
También deberían
entrar en la lista de costos las pérdidas de ingresos de actividades
desplazadas, especialmente agropecuarias, turísticas o artesanales. Aquí no
solo hay que considerar el área de explotación minera directa, sino el área de
influencia de la contaminación minera a través del agua, o del ruido y del
polvo de las carreteras, por ejemplo.
No hay como descuidar
tampoco los denominados “subsidios perversos” existentes en este tipo de
actividades mineras, que se expresan a través de posibles renuncias fiscales o
la entrega de energía a precios menores, agua sin costo o con costo reducido.
En Brasil se afirma que antes que exportar hierro o aluminio, ese país vende
agua y energía baratas… Y lo mismo se dice por la misma razón en Sudáfrica y en
Perú. Agua gratuita o muy barata para las mineras y electricidad subsidiada.
Habría que considerar, para completar el cuadro, el costo de la infraestructura
de transporte que requieren estos proyectos mineros. Y, por último, hay que
integrar en los cálculos las transferencias sociales que directa o indirectamente
se puedan derivar de la megaminería.
¿Se han presentado
estas evaluaciones en las sabatinas presidenciales? No. Probablemente porque el
asumir estos costos disminuiría notablemente la rentabilidad de las empresas y
se pondría en evidencia los magros beneficios para el Estado.
Por lo tanto sería
recomendable que se realicen estos cálculos con visión de país y no desde el
cortoplacismo empresarial. La Secretaría de Planificación Nacional (SENPLADES)
debería realizar este estudio de costo-beneficio con criterio nacional,
estableciendo varios escenarios y con amplias escalas de tiempo, que deberían
fluctuar entre 50 y 100 años (y posiblemente más) para este tipo de actividades
extractivistas. En consecuencias, son indispensables también estudios de
impacto ambiental más amplios y rigurosos. Por supuesto, la tarea de
transparentar la información se completaría cuando se publiquen dichos
resultados, así como los contratos con sus anexos, que se firman con las
empresas mineras.
Igualmente importante
será la información que proporcione el gobierno para cumplir con el mandato
constitucional de cómo se distribuirá la renta minera. Allí, en el artículo
408, se establece que “El Estado participará en los beneficios del
aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la
empresa que los explota”.
Una cuestión de yapa:
¿Puede ser sustentable la minería?, y de no ser así, ¿cuán responsable puede
ser la minería?
Esa es una pregunta
crucial. Recordemos que el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero
2011-2015 se ofrece generar “condiciones de desarrollo sustentable” en la
actividad minera a gran escala. Se dice solemnemente, entre otras muchas
promesas incumplibles, que esta actividad contribuiría a “la distribución
equitativa de sus beneficios, generando nuevas zonas de desarrollo y
contribuyendo al modelo del Buen Vivir.”
Así, el viceministro
Auquilla, haciéndose eco de la intervención presidencial en la sabatina del
sábado 12 de noviembre, fue ingenuamente categórico, seguramente para recibir
una gratificante sonrisa de su jefe, afirmó que “no vamos a desmayar y nadie
nos va a quitar la posibilidad de buscar el desarrollo minero del país pero de
manera sustentable y de manera técnica. La minería sustentable en todo el mundo
se ha dado, Ecuador no puede ser ajeno a eso, Perú, Chile, Argentina,
Colombia.”
¿Realmente es posible
que la minería sea sustentable? La respuesta es fácil. Definitivamente no. En
ninguna parte del planeta hay una minería “sustentable”. Esto no debe sorprender.
Por definición la explotación de recursos no renovables no es sustentable. Un
proceso extractivista es sustentable cuando puede mantenerse en el tiempo, sin
ayuda externa y sin que se produzca la escasez de los recursos existentes.(23)
Sostener lo contrario es practicar un discurso distorsionador o simplemente no
conocer de la materia.
Es justamente ese
discurso, que promete una “minería sustentable”, diseñado por las grandes
transnacionales mineras, en el marco de la Iniciativa Minera Global
(Global Mining Initiative), desde hace más de 10 años, el que despliega el
gobierno del presidente Correa.
Las empresas basan sus
afirmaciones sobre la premisa que la técnica moderna y la ciencia actual son
capaces de diagnosticar, prever y controlar todos los impactos que la minería a
gran escala puede provocar. La creencia ciega en la capacidad de la ciencia y
la tecnología están muy arraigadas en el imaginario moderno. A esta creencia
ingenua, basta oponer la historia de la megaminería en el mundo, que demuestra
hasta la saciedad cuáles son sus enormes y nocivos impactos sobre la Naturaleza
y la vida de los seres humanos. Bastaría con visitar la zona minera de
Cajamarca para saber de qué realmente se está hablando y cuáles son las
verdaderas amenazas. Basta conocer aunque sea un poco de Argentina para saber
que existe una gran conflictividad minera en el país, que ha habido referéndums
prohibiendo localmente la minería de oro con cianuro, que la empresa Xtrata
(suiza, muy moderna) está por ser llevada a los tribunales por los dañas en la mina La Alumbrera. (24)
Viaje un poco más, señor viceministro.
Entonces, ¿es posible
creer en una megaminería bien hecha que no ocasione severos impactos
ambientales y sociales y que, además, se constituya en la senda para el Buen
Vivir? Por supuesto que no. La realidad contradice esta afirmación, que no pasa
de ser una burda manipulación.
Lo que sí debe quedar
claramente establecido es que una economía extractivista, es decir
prioritariamente primario-exportadora, no tiene posibilidades de conducirnos al
desarrollo. Se puede vivir épocas de bonanza económica, pero no se conseguirá
el Buen Vivir. En conclusión es imperiosa la necesidad de superar esta
dependencia de los recursos primarios. Para lograrlo, habrá que elaborar y poner
en marcha una estrategia precisa y suficientemente flexible para enfrentar los
retos que implica la transición hacia una economía postextractivista. De lo
contrario el Ecuador pasará de ser país bananero, cacaotero y petrolero a ser
un país minero, es decir un país de mega-picapiedras del siglo XXI. En concreto
seguirá en la senda del desarrollo del subdesarrollo.
Alberto Acosta es
economista ecuatoriano. Profesor e investigador de la FLACSO-Ecuador.
Ex-ministro de Energía y Minas. Ex-presidente de la Asamblea Constituyente.
Notas:
Fuente: http://www.argenpress.info/2012/02/los-perversos-versos-de-la-mineria.html#.TzxBN3DLrPo.facebook
