"Planteándonos que podríamos salir ganando con el proyecto del Arco Minero del Orinoco (AMO), el gobierno venezolano habría firmado un acuerdo caníbal con la transnacional canadiense Gold Reserve que, de confirmarse oficialmente, contiene algunas cláusulas que podríamos considerar hasta cínicas, donde el Estado termina asumiendo todos los costos y consecuencias del proyecto".

Arco Minero del Orinoco y 

fin de ciclo en Venezuela

19 de agosto de 2016

Por Emiliano Teran Mantovani (Rebelión)

Mientras en Venezuela los defensores de la macondiana “minería ecológica ecosocialista” escriben artículos planteándonos que podríamos salir ganando con el proyecto del Arco Minero del Orinoco (AMO), el gobierno venezolano habría firmado un acuerdo caníbal con la transnacional canadiense Gold Reserve que, de confirmarse oficialmente, contiene algunas cláusulas que podríamos considerar hasta cínicas, donde el Estado termina asumiendo todos los costos y consecuencias del proyecto (véase el reciente análisis de Edgardo Lander sobre el anuncio público realizado por esta minera el 8/08 acerca de su acuerdo con el gobierno venezolano: 

https://www.aporrea.org/contraloria/a232524.html).

Como un síntoma de estos tiempos, el presidente de la Gold Reserve, Doug Belanger, celebra la nueva política minera del gobierno nacional, ya no solo en a nombre su empresa, sino en el de todas las nuevas inversiones extranjeras directas que se beneficiarán con este cambio de rumbo.
Uno de los principales argumentos propuestos para defender el relanzamiento de este proyecto es que es una decisión soberana que nos permitiría recuperarnos y nos podría fortalecer políticamente. Parece que es todo lo contrario: no es que el Petro-estado venezolano va debilitado a negociar en el Arco Minero del Orinoco, sino que el Arco Minero del Orinoco es relanzado a raíz del debilitamiento del Petro-estado. El AMO es la clara expresión de este debilitamiento interno y geopolítico; es una expresión de poder del capital transnacional y se configura a partir del agotamiento y capitulación del progresismo gubernamental. Por tanto supone un nuevo esquema de poder en el país. A esto podríamos adjudicarle algunos claros rasgos de fin de ciclo.
No necesariamente hace falta que se produzca un cambio de gobierno para que se desarrolle un cambio de régimen. Esto parece notarlo cada vez más personas, militantes y organizaciones sociales en Venezuela y América Latina. Pero como no hay tabula rasa en estos complejos procesos históricos, importantes preguntas surgen: si estamos en un nuevo ciclo, ¿Cuándo comenzó a operar? ¿O cuándo ha terminado el anterior?
Sin pretender responder con precisión esta pregunta, y reconociendo que desde hace varios años un proceso de flexibilización económica progresiva se ha venido desarrollando en el país –desde tasas de cambio preferenciales a las transnacionales en la Faja del Orinoco, agresivos endeudamientos externos desde 2010, cesiones parciales de participación accionaria en las empresas mixtas a favor estas compañías foráneas, hasta llegar al decreto de las zonas económicas especiales–, planteamos que el AMO, más que solo un proyecto minero de grandes proporciones, representa un punto de inflexión histórico en el país.
El AMO no es solo un claro síntoma de la inviabilidad del capitalismo rentístico venezolano, inscrito en una larga crisis histórica. Es también la expresión más nítida de una completa reorganización de territorio nacional alrededor del extractivismo. Es el emblema de la expansión hacia lasnuevas fronteras de las commodities en Venezuela, a la apropiación las últimas zonas “vírgenes” del país, y refleja la nueva arquitectura geográfica del capitalismo al menos para los próximos 50 años.

El desarrollo del AMO se va conectar con el polo de desarrollo que configura con la Faja Petrolífera del Orinoco, que a su vez se vincula con el proyecto del puerto de aguas profundas en Araya por el norte y con proyectos de vialidad hacia Brasil por el sur –ambos inscritos en la estrategia COSIPLAN-IIRSA para Suramérica. La misma lógica que impulsa Puerto América en el Zulia para operativizar la expansión del extractivismo carbonífero en el norte de este estado, donde además se desarrollaría vialidad y un gaseoducto hacia Colombia. Y así podríamos hablar de la Faja Pesquera, el relanzamiento de los proyectos de gas offshore o la llamada Faja Forestal.
Toda esta red de proyectos representa una red de impactos socio-ambientales y económicos que tendrá devastadoras consecuencias. Tengo la impresión que los críticos del AMO en realidad somos también en el fondo los críticos de esta geografía del saqueo en Venezuela.
Pero hay algo más. Ante una crisis hegemónica, el AMO es probablemente una parte muy importante de la base material, del sostén económico de una nueva configuración de poder, de una nueva estructura de gobernanza. Su impacto es no sólo social, ambiental y económico, sino también político: de concretarse una alianza entre el sector militar y las corporaciones transnacionales basado en el extractivismo, como se hace evidente en los decretos y leyes promulgados en los últimos meses, pero también en los acuerdos firmados con mineras como la Gold Reserve, se terminaría de potenciar materialmente este pacto de gobernanza. Estaríamos, para interpretarlo en clave histórica, ante una especie de fase superior del Gomecismo.
Esto, a decir verdad, hay que tomárselo muy en serio. En las nuevas fronteras de las commodities se juega el futuro de la sociedad venezolana.
*Emiliano Teran Mantovani es sociólogo, investigador y ecologista político. Mención honorífica al Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015. Hace parte de la Red Oilwatch Latinoamerica.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=215708

II. Constatemos cómo el extractivismo está en conflicto con intereses populares.

Veladero ocurre todos los días

El 13 de septiembre se cumple un año del derrame de más de 1.125.000 litros de solución cianurada sobre el Río Potrerillos en la localidad de Iglesia, provincia de San Juan, en la mina Veladero perteneciente a la corporación Barrick Gold, derrame que entre otros, también afectó al Río Jáchal de la vecina localidad de Jáchal. A un año del derrame los/as pobladores/as de Iglesia y Jáchal no han recibido respuesta de los gobernantes y se encuentran a su libre suerte frente al ecogenocidio sucedido.

No olvidamos que son los gobiernos cómplices de las corporaciones quienes impulsan estos modelos de exterminio y luego reprimen cuando no logran la licencia social necesaria para desarrollarlos o sostenerlos. Exigimos el cierre y prohibición de todo emprendimiento megaminero a cielo abierto, porque no responde a las reales necesidades del Pueblo y solo deja un pasivo ambiental de irreversibles consecuencias ecológicas, culturales y económicas para las regiones.

El derrame de Veladero junto con el ocurrido el 5 de noviembre de 2015 en el municipio de Mariana, en Minas Gerais, Brasil, en la mina Samarco perteneciente a Vale (brasilera) y BHP Billiton (australiana) en donde dos diques de contención se rompieron y dejaron poblados cubiertos de lodo tóxico que llegó hasta el mar, son sólo dos de los tantos incidentes que ocurren día a día en el mundo debido al modelo de producción extractivista. Se hicieron conocidos por sus magnitudes y gracias a la lucha de quienes lo padecen directamente, a la solidaridad del pueblo organizado que los/as acompaña junto a profesionales y al aporte científico de investigadores/as comprometidos/as con la comunidad y no con las corporaciones.

Las consecuencias del extractivismo, explotación de nuestros bienes comunes, de gran volumen e intensidad, altamente contaminante y con lógica depredatoria como el fracking, el agronegocio, la megaminería y la especulación inmobiliaria, nos ocurren todos los días, tanto en el campo como en la ciudad y en nuestros paisajes más preciados como las montañas, los glaciares, los bosques y los humedales. Por este motivo nos convocamos y organizamos, no tan sólo para recordar y denunciar el terrible derrame de Veladero sino también para resistir el ecogenocidio y seguir construyendo colectivamente alternativas emancipatorias.

Te esperamos el jueves 1 de septiembre a las 18.30hs en Lima 609, 1er piso para hacer de esto una realidad global y coordinada.

Multisectorial Antiextractivista

I. Constatemos cómo el extractivismo está en conflicto con intereses populares.

Protestas en Caquetá: 

En defensa del territorio
31 de agosto de 2016

Lucha popular, obrera y campesina contra la explotación petrolera. Municipios El Doncello, Valparaíso y El Paujil, ejemplos de dignidad y coraje contra transnacionales imperialistas y extractivistas.

Las movilizaciones y protestas populares se vienen adelantando casi de manera permanente desde el año 2014 en el departamento del Caquetá, en el que la mayoría de sus habitantes y sus organizaciones sociales, sindicales y populares tomaron la firme decisión de no permitir que las empresas petroleras cumplan con los propósitos de adueñarse del territorio y destruir el entorno ambiental, cultural y social construido por décadas con el trabajo honrado y el esfuerzo de sus moradores. En la región existen 43 bloques petroleros que tienen en peligro parte de la Amazonia colombiana.

La represión por parte del Esmad y del ejército nacional se ha incrementado después que durante los días lunes 15 y miércoles 17 de agosto del presente año, se realizaron manifestaciones en los municipios de Valparaíso, El Doncello y el Paujil contra la explotación petrolera y en defensa del territorio, pues sus habitantes tienen claro las nefastas consecuencias que esta actividad genera en detrimento de la biodiversidad y la proliferación de fenómenos sociales como la profundización de la pobreza, la miseria, el desplazamiento forzado, la prostitución, entre otros, tal como se ha argumentado con pruebas fehacientes en los diferentes foros, conferencias, seminarios y conversatorios que se han venido desarrollando en la región.

Se evidencia en varios videos que circulan por las redes sociales la actitud hostil de la fuerza pública que dice “seguir órdenes de la presidencia de la República” contra las comunidades que intentan impedir la concreción de los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos por parte de la transnacional Emerald Energy.

En El Doncello:

En el municipio de El Doncello se movilizaron más de cuatro mil personas, allí se viene haciendo realidad la unidad obrero-campesina y popular. Se desfiló por las principales calles de la localidad, terminando con una concentración en el polideportivo del barrio El Recreo donde hubo intervenciones de miembros del Concejo Municipal, la Asamblea Departamental, la Asociación de Trabajadores de la Educación del Caquetá, la mesa departamental en defensa del agua y el territorio, dirigentes cívicos, comunales y barriales, que al unísono condenaron la política de la locomotora minero- energética de Santos y llamaron al no contundente y rotundo contra la explotación petrolera en el Caquetá.

El presidente de la Mesa Municipal de El Paujil por la defensa del agua y el territorio, Martín Trujillo Salas, ha expresado a diversos medios de comunicación local que “seguiremos socializando con las Juntas de Acción Comunal y demás asociaciones campesinas y cívicas –barriales las consecuencias de la extracción y explotación petrolera, sabemos que la exploración sísmica de petróleo, causa mayores daños ambientales, se fragmenta la roca donde permanece el petróleo y se contaminan las fuentes hídricas, se trata de daños irreversibles”.

La presencia del Esmad en los municipios de El Paujil y El Doncello, se da justo después de que la multinacional Petroseismic arribara maquinaria para iniciar la sísmica y es altamente sospechoso que al mismo tiempo arrecian las amenazas contra la dirigencia popular que se opone a la implementación de estos proyectos minero-energéticos.

Con respecto a la crítica situación que se vive en el municipio de El Paujil, lo que los medios de información al servicio de la oligarquía colombiana omiten, es que los campesinos que estaban concentrados a un costado de la vía que conduce a Cartagena del Chairá, fueron agredidos por la fuerza pública con el lanzamiento de gases lacrimógenos y bombas de aturdimiento y en consecuencia estos respondieron con piedras y palos ante semejante atropello. Varios manifestantes resultaron lesionados y denuncian los excesos de la fuerza pública.

“Resulta que el Esmad por cuidar a las multinacionales que realizan la sísmica en la zona, está impidiendo el paso de campesinos y ganaderos con sus productos, ganado y leche hacia los cascos urbanos de El Paujil y El Doncello, porque según el Esmad es para evitar protestas de la población civil contra las petroleras, pero esta situación está generando pérdidas económicas porque esta región es productora de leche y ganado, es muy grave el atropello de la fuerza pública con los campesinos de la región” denunció a Caracol Radio, Cindy Gutiérrez, personera de El Paujil, Caquetá.

La representante del ministerio público, advirtió que esta grave situación ya fue denunciada ante la Defensoría del Pueblo y a las organizaciones de derechos humanos”.

Según información de Rosemary Betancourth Claros, presidenta de la Federación Comunal del Caquetá, a las 2 de la tarde del 19 de agosto de 2016, se realizó una reunión de análisis con los representantes de las comunidades y los voceros de las empresa Petroseismic, para que expliquen su accionar y argumenten por qué penetran a la región en altas horas de la noche para adelantar los trabajos de exploración y sísmica. A esta reunión asistió el defensor del pueblo del Caquetá.

En Valparaíso, Caquetá, los campesinos y pobladores de la región decidieron hace más de un año bloquear el puente de la quebrada La Cacho en la vereda La Curbinata, para impedir el paso de maquinaria de la transnacional Emerald Energy. Allí fueron agredidos por el Esmad y el Ejército nacional, aun cuando estos ya se habían retirado del puente a una finca vecina, quienes para justificar su accionar esgrimían como argumento único el hecho de que la empresa tenía el permiso por la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

A partir de ese momento y con la dirección del curtido dirigente popular José Saldarriaga se han mantenido en píe de lucha, siendo un ejemplo para el Caquetá y Colombia.

Surge el interrogante del por qué las transnacionales extractivistas y de hidrocarburos han concentrado su actividad en el Caquetá, con la anuencia, permisividad y concesión del territorio por parte del gobierno nacional. El departamento de Caquetá cuenta con una riqueza hídrica que contribuye al equilibrio ambiental en una zona tropical húmeda.

Agencia Prensa Rural

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Protestas_en_Caqueta_En_defensa_del_territorio

“Nos llama a la reflexión la falta de indignación y de acción ante el negacionismo del genocidio indígena, pareciera que cuesta mirar más allá de la propia clase social”.

Repudios del pueblo mapuche a un editorial de La Nacion procampaña del desierto

Una defensa del aniquilamiento

31 de agosto de 2016

Por Darío Aranda (Página/12)

Un editorial del diario La Nación salió en defensa de la Campaña del Desierto. Y sostuvo que “ningún pueblo es originario”. Fuertes repudios del pueblo mapuche, organismos de DD.HH., y trabajadores del propio diario de los Mitre.

Primero fue un editorial que llamaba “guerra sucia” a la dictadura y pedía “terminar con las mentiras sobre los años 70”. En la misma línea, el diario La Nación apunta a los pueblos originarios, reivindica la figura de Julio A. Roca, celebra la avanzada militar sobre las comunidades indígenas y hasta relativiza a las culturas ancestrales y sus derechos. Originó repudios del pueblo mapuche, académicos y de la Asociación de Abogados de Derechos Indígena (AADI). “Nuevamente La Nación carga contra los pueblos originarios. Manipula la realidad y miente”, afirmó la Confederación Mapuche de Neuquén.

“No más venganza”, fue el título del editorial del diario La Nación en noviembre pasado. Recurrió al concepto de “guerra” (y no de terrorismo de Estado) y calificó a la cárcel común para los genocidas como “vergonzoso padecimiento de condenados”. Provocó repudios de todos los organismos de derechos humanos, múltiples sectores políticos y de los propios trabajadores del diario.

El domingo 21 de agosto fue en el mismo sentido. “En aquella mañana fría del 25 de mayo de 1879, cuando se celebraba la misa de campaña en Choele Choel, frente al río Negro, el joven general Julio A. Roca no hubiese podido imaginar que ese emocionante tedeum, muchos años después, iba a ser interpretado como la culminación de una campaña genocida para exterminar a los pueblos originarios de la Patagonia”, comienza el editorial titulado “la utilización populista de los pueblos originarios”.

Define a la Campaña del Desierto como “un conflicto de culturas” y la defiende: “Es perverso intentar una condena moral”. También señala que “ningún pueblo es realmente originario”. Afirma que El Calafate, YPF, Vaca Muerta y las Malvinas “son todos íconos de la argentinidad gracias al general Roca”. Y reivindica a los ejecutores de la campaña militar: “Quienes expandieron la cultura occidental por el territorio de la patria sembraron las semillas de un valor esencial que no existía en América y que difícilmente hubiera florecido si aquella misa matutina: el respeto por la dignidad individual, plasmado en la concepción moderna de los derechos humanos”.

Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, respondió: “No resulta llamativo que el diario de los Mitre reivindique a Roca. Es el mismo medio que intenta disimular el genocidio de Videla y de la misma manera intenta ocultar ese primer terrorismo de estado, donde Roca instituyó campos de concentración, mató poblaciones enteras, saqueó, realizó traslados forzados de población, entre ella numerosos niños. Es un posicionamiento político sin ningún fundamento histórico”.

El vocero indígena recordó que el pueblo mapuche es preexistente a la conformación de los estados de Chile y Argentina, y siempre habitaron de ambos lados de la Cordillera, con centenares de trabajos académicos que derriban la falacia de que “los mapuches son chilenos”. Nahuel atribuyó “la profusa ignorancia” del editorial a un hecho no casual: “Intenta ocultar la movilización de un pueblo-nación mapuche, cultura milenaria que ya no está pasiva, sino que exige el cumplimiento de sus derechos”. Diana Lenton es doctora en antropología, docente de la misma carrera en la UBA y coordinadora de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena. Definió el accionar del diario La Nación con una palabra: “Negacionismo”. Y lo vinculó al editorial sobre la dictadura cívico-militar de noviembre y también a lo actuado por Darío Lopérfido al negar los 30.000 desaparecidos.

“Son acciones deliberadas que buscan retrotraer lo avanzado. Existe un consenso social de que fueron 30.000 los desaparecidos, pero igual lo niegan. Existe un consenso de que los pueblos indígenas sufrieron un genocidio, pero también lo niegan”, cuestionó Lenton, y atribuyó un objetivo a ese negacionismo: “Buscan restaurar privilegios de una clase social, de ahí la nostalgia por la generación del ‘80, donde la exhiben como la época de oro del país cuando en realidad lo fue solo de una clase social determinada”.

Lenton afirmó que el negacionismo del genocidio indígena tiene profundas vinculaciones políticas y económicas actuales: “Los pueblos indígenas lideran resistencias a proyectos extractivos, donde están presenten grandes empresas mineras, petroleras, agropecuarias e inmobiliarias, y donde medios como La Nación son parte de ese entramado. Desconocer el genocidio pasado es también negar derechos del presente”.

Recordó que la academia ya se expidió sobre el mito de que los mapuches son de Chile. “Es una falacia construida por intereses políticos y económicos de ocupación territorial. Quien mantiene ese postulado desconoce de historia”, afirmó la investigadora del Conicet y recordó que el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA (donde se dictan las carrera de historia y antropología) se expidió en 2009 sobre la preexistencia mapuche en ambos lados de la Cordillera.

Lenton llamó la atención sobre la falta de reacción de organismos de derechos humanos, sectores políticos e intelectuales frente a este editorial (en comparación a la que sí hubo ante la referida a la dictadura cívico-militar). “Nos llama a la reflexión la falta de indignación y de acción ante el negacionismo del genocidio indígena, pareciera que cuesta mirar más allá de la propia clase social”, señaló Lenton.

Teorías de superioridad racial

La Asociación de Abogados/as de Derechos Indígenas (AADI) repudió el editorial del diario La Nación y la calificó como “histórica, política y jurídicamente errónea y contradictoria con lo contemplado en la Constitución Nacional”. Recordó que “los hombres que gobernaron (durante la Campaña del Desierto) no dudaron en atacar militarmente a los pueblos originarios, basándose en teorías de superioridad racial, moral o religiosa que sabemos eran científicamente falsas y éticamente condenables”. Precisó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que las acciones “para reclamar su investigación y reparación integral son imprescriptibles” y afirmaron que la avanzada militar es “encuadrable en los supuestos de genocidio o crímenes contra la humanidad”. “Resulte jurídicamente falsa la afirmación de que ‘ningún pueblo es realmente originario’”, cuestionaron los abogados y resaltaron que la propia Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17) reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-308072-2016-08-30.html

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=216112

Plantearnos "cómo levantamos en conjunto espacios donde las personas puedan desarrollar de manera colectiva las formas y maneras de crear, apoyar y fomentar procesos amplios de reflexión permanente sobre nuestra realidad, de manera tal de dotarse las comunidades y el pueblo de las armas ideológicas y materiales para re-construir nuestras vidas según las propias necesidades, anhelos y esperanzas".

Democracia, liberación, autogobierno: 

Apuntes para el renacer político de los pueblos
3 de septiembre de 2016

Por Sebastián Henríquez (Rebelión)

El we tripantu, en la cosmovisión mapuche, es la renovación de las energías vivas en la naturaleza, lo cual significa, para nosotros y nosotras, un nuevo comienzo en el andar incesante de las comunidades, quienes están en constante relación con las otras fuerzas que existen en el mundo, vinculados como entes únicos, independientes, pero también fuertemente ligados en su actuar y destino con otras expresiones de vida en el tiempo. Es un momento de transformación, de renacimiento, de revolución. Luego de la noche más larga, habrá una nueva salida del sol.

El actual momento que vive la sociedad chilena en este punto de su historia invita a la reflexión profunda y sincera respecto a qué somos y, por tanto, qué queremos. En ese proceso, intentamos responder a la necesidad de crear un imaginario del cual sentirnos parte y por el cual poder luchar día a día, enfrentándonos a esta realidad que nos es tan ajena y parece asfixiarnos si es que no aceptamos el individualismo, la ansiedad y la angustia social a la que nos ata con la dependencia a la tecnología y el culto al dinero como verdades absolutas que justifican, rentabilizando cada una de nuestras acciones (desde amar o sentir hasta trabajar o educarnos), la violencia y la explotación.

Indiferentes aún a lo señalado, las culturas ancestrales desarrollaron un concepto de vida reflexionando de manera concreta sobre la realidad en la cual existían, es decir, fue su retroalimentación con el medio natural y social lo que les permitió construir su organización social y una cosmovisión que la sustentara en el plano de las ideas. No es, como pretenden muchos científicos y filósofos, un plano anterior en el desarrollo y evolución del intelecto humano, y no existe, por tanto, una relación temporal entre su cultura y la nuestra, por lo que, en definitiva, no es posible establecer una relación de superioridad entre una y otra. Lo que sí existe es una diferencia clara en el proceso de construcción del individuo enmarcado en la realidad de la que forma parte, lo que tiene su expresión política, religiosa, económica, ecológica y social, lo que va desde la conformación de familias y comunidades hasta la extracción de recursos o las formas de gobierno, educación y salud, por poner ejemplos.
La dominación, en su actual etapa capitalista, interrumpe los nexos entre el sujeto, la colectividad y el medio en el cual desenvuelve su vida, impidiendo de esa manera la reflexión y resolución consciente de las personas y los pueblos, estableciendo con ello, de manera violenta, una forma de existencia en base a patrones e ideas que resulten más convenientes a quienes detentan el poder en sus manos para su privilegio. Esto explica, por ejemplo, los programas educativos con parámetros uniformes y mercantilizados en las escuelas o universidades, la elección de métodos de salud y prevención occidentales por sobre los conocimientos ancestrales, la extracción indiscriminada de recursos naturales y la consecuente destrucción del medio ambiente, o la comercialización del arte como producto y no como expresión espontánea y sincera de un sentir.

En este contexto de imposición, la democracia debe plantearse como el prisma sobre el que construir una alternativa. Ello se refiere a cómo levantamos en conjunto espacios donde las personas puedan desarrollar de manera colectiva las formas y maneras de crear, apoyar y fomentar procesos amplios de reflexión permanente sobre nuestra realidad, de manera tal de dotarse las comunidades y el pueblo de las armas ideológicas y materiales para re-construir nuestras vidas según las propias necesidades, anhelos y esperanzas, abandonando el mercado como espacio válido de decisión política, permitiendo la apertura de los espacios a todas y todos, independiente de cuan lleno de dinero esté sus bolsillos o sus manos. La democratización de nuestras comunidades implica verdaderas oportunidades para cada una de las personas, un modo de vida en que nadie quede excluido y en el que todas y todos podamos empoderar nuestra existencia, permitiendo un desarrollo colectivo igualitario, solidario y consciente, tanto entre nosotros y nosotras, como con la naturaleza, sea en nuestras familias, sea en un sindicato, una junta de vecinos, una comunidad indígena o un centro de estudiantes, todos los espacios deben re-estructurarse sobre la base de la democracia real para los pueblos.

Para ello, la liberación debe ser el mayor anhelo que nos guíe. De manera individual o colectiva, es necesario romper tajantemente con las ideas dominantes que hoy propugnan la explotación y la violencia como eje sobre el cual realizar nuestras vidas. Sin esto, la democracia carece de sentido y no sería más que otra forma de organización política de los espacios comunes.

Por ello, es importante re-conocernos como individuos, valorizar la pequeña existencia que significa nuestro actuar o sentir y entender la existencia de la misma complejidad en quienes nos relacionamos, quebrando de forma concreta el individualismo que se expresa en incluso quienes creen, a partir de su propia reflexión, tener las respuestas correctas. Urge ser sobre todo empáticos y solidarios, caminar en conjunto y nunca pretender imponer nuestras ideas, por más justas y necesarias que las creamos. Avanzamos todas y todos, no hay forma más correcta de hacerlo. Nuestra construcción es desde la sinceridad del sentimiento por una mejor existencia para todas y todos, jamás deberá haber espacio para la disputa y la intransigencia, salvo contra quienes oprimen y reprimen nuestra libertad. En esto, la liberación de la mujer y el fin del patriarcado deben ser objetivos primeros.

Dichas ideas de democracia y liberación nos llevan, especialmente en lo colectivo, a reivindicar el autogobierno como forma de organizar nuestras comunidades. Son los pueblos, conformados por personas libres, iguales y con sentido democrático, los llamados a responder las decisiones que como sociedad debamos tomar en nuestro presente y para nuestro futuro. Cómo crecen las localidades, cómo se educa a los niños y niñas, cómo se provee económicamente para la subsistencia, son algunas de las cuestiones en que es urgente plantear una alternativa real al actual sistema injusto, desigual y violento que nos gobierna. Las luchas estudiantiles, las problemáticas territoriales en el sur, la lucha de los pueblos originarios, las organizaciones de trabajadores, son ejemplo de apuestas de conflicto parcial que se hace necesario retroalimentar con otras fuerzas vivas y con los pueblos que aún despiertan del yugo bajo el que se les ha dormido. Unir esfuerzos, solidarizar, emprender la larga tarea de educar y organizar para sacar a puño y fuego a ladrones, avaros y corruptos.

Sebastián Henríquez, Movimiento Capucha de Lana - Quellón, Chiloé, Chile

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=216198

Vemos que "la principal diferencia entre los colores que gobiernan es de velocidades en la aplicación de un modelo que no deja otra alternativa que la resistencia". Reflexionemos sobre la inconveniencia de seguir confiando en los mal llamados representantes, que están allí para devolver favores al capital, y apostemos con mayor energía a la organización".

El escenario regional después de Dilma
3 de septiembre de 2016

Por Raúl Zibechi (La Jornada)

La destitución de Dilma Rousseff por el Senado más conservador desde 1964 (año del golpe de Estado contra João Goulart) cierra el ciclo progresista que se inició con la asunción de Luiz Inacio Lula da Silva el primero de enero de 2003. Siendo Brasil el país más importante de la región y el que marca tendencias, estamos ante una inflexión irreversible en el corto plazo, donde las derechas conservadores imponen su agenda.
El panorama regional sudamericano aparece claramente dominado por la alianza entre el capital financiero, Estados Unidos y las derechas locales, que muestran un dinamismo difícil de acotar a corto plazo. Hay que remontarse a principios de la década de 1990 para encontrar un momento similar, pautado por el triunfo del Consenso de Washington, el auge del neoliberalismo y el derrumbe del bloque socialista.

Sin embargo, sería equivocado pensar que estamos volviendo al pasado, por más que algunos analistas crean que se están perdiendo conquistas. La realidad indica que la región camina hacia adelante pero, en lo inmediato, lo que tenemos enfrente no es la sociedad igualitaria y justa con la que soñamos, sino un inminente choque de trenes entre los de arriba y los de abajo, y luchas entre clases, razas, géneros y generaciones. Hacia ese desenlace va la humanidad, y ese es el futuro a mediano plazo que se avizora en la región.

En rigor, este panorama ya se venía perfilando desde hace varios años, cuando aún gobernaban los progresistas, por la creciente alianza de hecho entre las clases medias (viejas y nuevas) y los más ricos, en gran medida por el triunfo de la cultura consumista, despolitizadora y conservadora que impulsaron esos mismos gobiernos. Pero lo que importa, mirando hacia adelante, es el mentado choque de trenes.

Una nueva derecha se ha impuesto en la región. Una derecha que no tiene escrúpulos legalistas, que no está dispuesta a respetar los modos de las democracias, que pretende arrasar los sistemas educativo y de salud tal como los conocimos. En Brasil la nueva derecha ha puesto en pie el movimiento Escola Sem Partido, que ataca la educación pública, vapulea el legado de Paulo Freire y pretende controlar estrictamente a los docentes.
Habrá que volver con más detalle sobre este movimiento, que promueve la disociación entre educar (responsabilidad de la familia y la Iglesia) e instruir (transmisión de conocimiento, que es la tarea de los profesores). Si los proyectos de ley que ingresaron al parlamento fueran aprobados, una porción de los docentes podría ser sancionada por adoctrinamiento ideológico, por hablar de la realidad del país, ya que en las aulas, pregonan, no debe existir la libertad de expresión. En esa realidad no sólo entra lo político, sino incluso la violencia contra las mujeres. Apenas una muestra de lo que viene.

Para comprender por dónde va la nueva derecha no hay que mirar atrás, o sea, el periodo de las dictaduras, sino a personajes como la primera ministra británica, Theresa May, quien asegura estar dispuesta a usar armas nucleares aunque le cuesten la vida a inocentes (The Guardian,18/7/16). O como Hillary Clinton, que considera a Vladimir Putin el nuevo Hitler. No son declaraciones aisladas o fuera de contexto, es el estado de ánimo de las nuevas derechas, guerreristas, dispuestas a arrasar naciones enteras, como ya hicieron con media docena de países en Asia y Medio Oriente.

Para que haya choque de trenes tiene haber dos fuerzas antagónicas en disputa. Eso es lo que se viene perfilando en la región. Hemos recorrido las nuevas luchas estudiantiles y populares en Brasil (goo.gl/Bz9OBD), los movimientos que ganan protagonismo en Colombia (goo.gl/DfboIk) y las nuevas resistencias negras (goo.gl/GTQPzQ), entre otras.

A ellas deben sumarse la renovada fuerza del movimiento campesino en Paraguay; la resistencia al modelo soyero-minero en Argentina, y, en los últimos meses, al ajuste del gobierno de Macri; las importantes movilizaciones de las mujeres contra la violencia machista, como la realizada en Perú en agosto; la persistencia de los movimientos indígenas en Ecuador y Bolivia.

Se abren nuevas e imprevistas resistencias. En agosto hubo enormes movilizaciones en Chile, dos grandes marchas de más de un millón de personas contra el sistema privado de pensiones (Afp), y un cacerolazo, que anuncian el comienzo del fin de un sistema que fue la clave de la acumulación de capital en el régimen pospinochetista. Nueve de cada 10 jubilaciones son menores de 220 dólares, o sea, menos de 60 por ciento del salario mínimo, por lo que la población reclama el fin del sistema privado.

Lentamente se va abriendo paso entre los sectores populares la convicción de que la corrupción es sistémica, como el narco y los feminicidios, y que no importa si gobierna la derecha o la izquierda, porque las cosas seguirán más o menos igual. La prometida reforma educativa en Chile, que el Partido Comunista utilizó como argumento para abandonar la calle e ingresar al gobierno de Michelle Bachelet, se diluyó en las negociaciones con el empresariado y se sigue priorizando la enseñanza privada, como denuncia la nueva ofensiva estudiantil.
En esta etapa, el sistema no puede realizar reformas en favor de los pueblos, porque no tiene margen económico ni político. La economía funciona como una máquina que extrae, expropia y concentra los bienes comunes. La política se reduce a fuegos de artificio y deja paso, cada día con mayor evidencia, a la policía para dirimir los conflictos. La principal diferencia entre los colores que gobiernan es de velocidades en la aplicación de un modelo que no deja otra alternativa que la resistencia.

La destitución de Rousseff por un Senado infestado de corruptos podría ser la ocasión para reflexionar sobre la inconveniencia de seguir confiando en los mal llamados representantes, que están allí para devolver favores al capital, y apostar con mayor energía a la organización. Nadie lo hará por nosotros.

http://www.jornada.unam.mx/2016/09/02/opinion/020a2pol

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=216265

Preguntémonos porqué no hacemos como los mexicanos y comenzamos a terminar con la impunidad del gran empresariado local e imperialista.

La beligerancia de la clase empresarial
3 de septiembre de 2016

Por Eduardo Nava Hernández (Cambio de Michoacán)

No a muchos les habrá pasado inadvertido el protagonismo que en los últimos meses —en algunos casos, de varios años atrás— han venido asumiendo los empresarios mexicanos en diversos temas de la vida pública del país. No es ya que se manifiesten en torno a los temas que les eran propios tradicionalmente, como la política económica y monetaria, inversión pública y privada, liberalización, tasas impositivas, etcétera. Mucho más allá de ello, ahora diversos líderes de ese sector se manifiestan políticamente de manera pública sobre temas que atañen a toda la sociedad de diversas maneras.

No es ilegítimo que lo hagan; el problema está en que los gobiernos, solícitos, escuchan prioritariamente esas opiniones mientras ignoran o menosprecian las de otros grupos de la sociedad, incluso más calificados e interesados en determinadas políticas públicas.

El caso más conocido, y quizás el más grave, es el del grupúsculo pernicioso autodenominado Mexicanos Primero, conformado por varios de los oligarcas más importantes del país y más allá: Azcárraga, Servitje, González Guajardo, Ramírez Villalón y Ramírez Magaña, etc. Ninguno de ellos es o ha sido educador; mucho menos pedagogo. Sería increíble que alguno de ellos haya pasado por la escuela pública para su formación; menos aún que envíen a sus hijos a instituciones educativas estatales. Sin embargo, pretenden dictar en todo el país la política educativa, y en gran medida lo han logrado a través de la reforma de 2013 contra el magisterio nacional. Como se sabe, esa supuesta reforma —sin contenido educativo o filosofía pedagógica alguna— ha llevado al ya muy prolongado conflicto entre el gobierno peñista y grandes sectores de profesores de casi todos las entidades del país. Lograron también imponer a una de los suyos, Sylvia Schmelkes Del Valle (quien antes fue miembro del Consejo Académico de esa agrupación empresarial) como presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, y desarrollan a través de los medios una campaña de odio contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, criminalizando constantemente la protesta social.
Recientemente los grandes empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) lograron también echar abajo en el poder Legislativo la iniciativa de ley para que se les aplicara también la norma 3 de 3 , que hubiera obligado a los contratistas del gobierno a hacer públicas sus declaraciones de bienes, fiscal y de conflictos de interés. Bastó con que se “manifestaran” brevemente (todos trajeaditos y muy monos) en la Columna de la Independencia para que esa misma noche los recibiera el presidente de la República en la residencia oficial y la iniciativa surgida del Senado para enriquecer el Sistema Nacional Anticorrupción quedara sepultada y en el olvido.
En realidad, más allá de defender sus propios intereses económicos, el sector empresarial presenta demandas incluso inconstitucionales y anticonstitucionales, como limitar el derecho de manifestación de todos los ciudadanos mediante reglamentaciones de dudosa legalidad. Así ocurre en la Ciudad de México, Jalisco, Michoacán y otras entidades donde los órganos legislativos intentan imponer restricciones, algunas de ellas absurdas, a ese derecho. Desde luego, el propósito no es otro que hacer intervenir a la fuerza pública en cada movilización social para vigilar el desarrollo de la misma y, en su caso, reprimir a los manifestantes.
En Michoacán, el vocero de tales demandas ha sido nada menos que el líder de los hoteleros del Estado, Agustín Arriaga Díez, heredero de un célebre —por represivo— gobernador, y cuyos negocios no sólo están en el sector turístico sino en una cadena de distribución de automóviles en el mismo Michoacán y otras entidades. Alega, sin embargo, que las manifestaciones (marchas y en ocasiones plantones o cierres de avenidas) les producen a los comerciantes y hoteleros del Centro Histórico de Morelia millonarias pérdidas, lo cual sólo podría confirmarse si, en efecto, transparentaran éstos sus declaraciones fiscales. Pero, con su sola palabra, ha sido uno de los instigadores para que diputados del Partido Verde y del PAN presenten sendas iniciativas contra el libre derecho de manifestación pública.
Otro ejemplo: La mencionada Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial han promovido amparos “por omisión” contra las autoridades del gobierno mexicano por no actuar más decididamente y con la fuerza, contra los maestros movilizados en oposición a la Reforma Educativa en Oaxaca (donde ha habido muertos, presos y lesionados del lado magisterial), Chiapas y otras entidades. Y han llegado a sugerir una huelga en el pago de impuestos si sus belicosas demandas no son atendidas por los gobernantes. Se oponen radicalmente, incluso, al establecimiento de mesas de negociación entre la Secretaría de Gobernación y el magisterio disidente y a cualquier posibilidad de que el Ejecutivo o el Legislativo cedan terreno a los disidentes. En esas posiciones, por supuesto, son generalmente secundados por Acción Nacional.
Y para coronar con una extravagante cereza el pastel, hace unos días también el señor Vicente Tapia Verduzco, dirigente de la Fundación para la Calidad y la Competitividad en Michoacán , lanzó públicamente y sin prueba alguna la acusación de que la CNTE no busca simplemente la abrogación de la Reforma Educativa “sino que tienen un trasfondo político de cara a los comicios de 2018” y que hay “puntos de encuentro entre el crimen organizado, la guerrilla y la CNTE [ya que] hay miembros que pertenecen a las tres”. Lo asombroso no es una declaración de ese calibre en labios del empresario, sino que el mismo gobernador Silvano Aureoles se haya hecho eco de la misma e, igualmente sin presentar prueba alguna, haya prácticamente ratificado lo señalado por el empresario.
Los empresarios mexicanos paga salarios de miseria, reconocidos por la OCDE entre los más bajos del mundo, a la altura de Honduras, Haití y el África Subsahariana; contratan a sus empleados por honorarios y tiempo determinado para eludir el pago de las prestaciones más básicas como la seguridad social y el fondo para la vivienda; pactan contratos de protección con sindicatos inexistentes o totalmente blanqueados, que no representan a los trabajadores; eluden también el pago de impuestos —sobre todo los más grandes capitalistas— a través del régimen de créditos fiscales totalmente deducibles, creado en su momento por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Negocian con el Sistema de Administración Tributaria —o lo ganan en juicios conducidos por sus equipos de abogados— jugosas devoluciones de impuestos, como los tres mil millones de pesos reembolsados a Emilio Azcárraga Jean, de Televisa, durante el gobierno de Felipe Calderón (que dista de ser un caso aislado, aunque no conozcamos otros múltiples nombres, amparados por el secreto fiscal). Han sacado del país sumas estimadas en alrededor de 50 mil millones de dólares para depositarlas en bancos de los Estados Unidos, Europa o paraísos fiscales.

En suma, la burguesía mexicana es una de las más rapaces y depredadoras del mundo contra la clase trabajadora y el Estado mismo; pero además, rezongona y quejumbrosa cuando siente amenazados sus intereses más inmediatos. Aun así, no cumplen con el argumento con el que siempre justifican sus correrías mediáticas y políticas: la creación de empleos. Casi el 60 por ciento —y creciendo— de la población económicamente activa se encuentra en la informalidad, sin seguridad social, sindicalización ni acceso a un mínimo de bienestar, por no hablar de las vergonzosas pensiones jubilatorias que obligan a nuestros ancianos a llenar bolsas en los autoservicios o, de plano, pedir caridad en los cruceros. Son los que han propiciado que siete millones de jóvenes sean clasificados como ninis , sin acceso al mercado laboral ni al sistema educativo.

Ésa es la clase de capitalistas que pretenden dar clases de moralidad y representar los intereses más amplios de la sociedad, a nombre de la cual hablan, siendo ellos una minoría. Son el uno por ciento, si acaso, cuyas fortunas equivalen casi al 50 por ciento del producto interno bruto del país, es decir, de todos los bienes y servicios que producen los mexicanos. Por ello tienen en sus manos al sistema político, al cual manejan a su voluntad, sin importar el partido que se encuentre en el gobierno.
Pero muchas veces juegan con fuego, atizan el odio social y muestran su desesperación frente a cualquier expresión social que no se amolde a sus deseos. ¿Cuánta responsabilidad les cabe a estos señores cuando, en efecto, la lumbre incendia la pradera?

Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc10012

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=216271