Justicia ambiental, debate negado
Por Leonardo Rossi, desde Córdoba.
Los investigadores Cecilia Carrizo y Mauricio Berger analizan la “democratización de la justicia”, a partir de la cual el poder popular que defiende los bienes comunes avizora un “horizonte crítico”.
Los investigadores Cecilia Carrizo y Mauricio Berger analizan la “democratización de la justicia”, a partir de la cual el poder popular que defiende los bienes comunes avizora un “horizonte crítico”.
Los
procesos de participación popular en torno a la resolución de conflictos por
desmontes, fumigaciones, contaminación de ríos o pérdida de glaciares por el
avance del modelo extractivo y el complejo vínculo de esa ciudadanía activa con
el Poder Judicial han quedado fuera de debate en la llamada “democratización de
la Justicia” que propuso el Gobierno. Cecilia Carrizo, magister en
Administración Pública de la Universidad Nacional de Córdoba, y Mauricio
Berger, doctor en Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires) analizan este
“debate pobre” y el “horizonte crítico” de la cuestiones ambientales, en
función del accionar estatal. Los compiladores del recomendable libro Justicia
Ambiental y Creatividad Democrática (2012) entienden que esta reforma “refuerza
la estructura partidocrática que ha dado sobradas muestras de su desinterés por
los bienes comunes”.
-¿Cómo han
caracterizado el debate sobre el Poder Judicial que propuso el Gobierno?
Carrizo (C): El debate
fue muy corto, no se dio la posibilidad que realmente se necesita viendo cuál
es la situación de acceso a la justicia en el país, de los resultados del Poder
Judicial. Se podrían revisar cuestiones de estructura y procedimientos, muchas
situaciones que hay que repensar. Fue lamentable que sólo el CELS participara,
porque es sólo una organización, pero no es la más reconocida por ejemplo en el
tema ambiental.
Berger (B): Se viene
discutiendo hace mucho la necesidad de que el Poder Judicial se especialice en
las resoluciones de cuestiones ambientales, o en la creación de tribunales
ambientales. Esta necesidad se refleja en casos concretos: por ejemplo, desde
las primeras denuncias en Ituzaingó hasta la resolución del juicio pasaron diez
años. Pasa la vida de las personas, que han enfermado o han muerto, y esto no
ha tenido lugar en el debate.
-Al anunciar que
enviaría el paquete de reformas para el Poder Judicial al Congreso, la
Presidenta reclamó “una justicia democrática, no corporativa ni dependiente de
los factores económicos". ¿Cómo ha actuado el Ejecutivo en los reclamos de
justicia ante la violación de derechos por parte de grandes empresas mineras,
petroleras o sectores del agronegocio?
C: Uno ve al Ejecutivo
trabajando conjuntamente con las empresas vinculadas a la explotación de los
recursos naturales dentro de las coordenadas del nuevo capitalismo
transnacionalizado. Con ese modelo no hay un avance en lo que significa una
institucionalidad reguladora. Desde ahí partimos. Cuando el Estado es
responsable de ciertas violaciones de derechos por ser socio formal o informal
de las empresas es muy grave que no haya una posibilidad de control real. Si el
poder político que surge de las urnas, decide una política desarrollista de
desposesión de recursos y derechos de las comunidades criollas y aborígenes, no
hay nadie que lo pare. Todas las medidas que se toman, por ejemplo esta reforma
y la propuesta de cambio en el Código Civil, tienden a disminuir las
responsabilidades de los funcionarios públicos. Desde la parte ambiental, el
horizonte es crítico. La complicidad va a ser cada vez más legalizada.
B: Cuando el Ejecutivo
tiene políticas tan proactivas hacia las multinacionales de los agronegocios,
de la minería, los grandes emprendimientos energéticos, vemos que el Poder
Judicial puede sentar precedentes, y abrir nuevos horizontes en materia de
derecho ambiental. Fallos como el de Ituzaingó Anexo en torno al tema de las
fumigaciones o el del Tribunal Superior de Justicia de Río Negro que frenó el
desembarco de una provincia China para plantar soja en un extenso territorio
patagónico son buenos ejemplos que quedaron fuera de debate.
-En torno a la reforma
que impulsa la elección directa del cuerpo del Consejo de la Magistratura, el
oficialismo argumentó: "Los sectores populares quieren un cambio sin
retroceso para consolidar la década ganada" (senador Marcelo Fuentes).
¿Qué lectura hacen de este planteo?
C: Hay una diferencia
entre lo que es el poder popular en función de lo político partidario, y lo que
es el poder popular en defensa de los bienes comunes. Este último no ha tenido
el apoyo de ningún Ejecutivo ni Legislativo ni Judicial en el país. Estamos con
procesos de mayor criminalización, represión legal y paramilitar de las
protestas de ese poder popular. Lo que se hace para que ese poder popular
construya una defensa de esos derechos es crear instancias de control
ciudadano, amplificadoras de la participación ciudadana, y no es lo que aquí se
propone. Con esta reforma judicial lo que se hace es lo contrario, se refuerza
la estructura partidocrática que ha dado sobradas muestras de que no le
interesa nada que tenga que ver con los bienes comunes. En vez de cambiar un
concepto elitista, restringido de democracia que es el partidario, se sigue
reforzando la vía electoral-presidencialista.
B: Para nosotros la
democratización tiene que ver con respetar y garantizar el cumplimiento de
derechos vigentes. Llegar a la judicialización de la cuestión ambiental es
justamente que se agotaron todas las instancias de intermediar con los
Ejecutivos, de dialogar con las áreas de Ambiente o Salud, por ejemplo, o de
trabajar con los legislativos, que están más preocupados por el lobby
empresario. Es decir, la participación popular pasa por otro lado.
-En el marco de estas
reformas, se ha hablado insistentemente de los frenos del Grupo Clarín a la Ley
de Medios, cautelar mediante. Poco o nada se ha dicho del freno a la Ley de
Glaciares, ¿cómo han tomado ese silencio?
C: El silencio de la
Ley de Glaciares o de la Ley de Bosques, son silencios intencionales debido a
que esa no es la agenda del Gobierno. En ese sentido me parece que fue muy
pobre el debate, porque podría haber sido una discusión muy rica, por el
momento histórico. Nunca vi en mis años de trabajo un interés tan fuerte de la
ciudadanía activa, de asambleas, de vecinos organizados, por las leyes, por
usar mecanismos institucionales, por entender el funcionamiento de la justicia. Me
sorprende que la academia ligada al gobierno nacional haya hecho una defensa de
este proceso, donde el lenguaje judicial sigue secuestrado por los sectores de
poder. Las discusiones de la ciudadanía, su lenguaje, no se han llevado a la
discusión de la ley, y eso creo que atrasa muchos años.
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