TESTIMONIO: Nuevos colonialismos en América del
Sur y África
Radiografía de la megaminería
20-02-2012
Por Javier Rodriguez Pardo*
Una de las
características del capitalismo del siglo XXI es el auge del
extractivismo, un fenómeno que no es nuevo pero que se ha
reconfigurado al calor de las necesidades de la economía y el mundo
global. El actual boom de
los precios de las materias primas ha redibujado territorios, en
el marco de leyes benévolas para las empresas extractivas. África
y parte de Sudamérica son objetivo de firmas multinacionales
que articulan intereses políticos, económicos y a menudo militares para
llevar adelante sus negocios.
Argentina nunca fue
un país minero (no confundir con un país con minerales). Sin embargo, en la
actualidad presenta territorios subastados y ocupados por unas 80
megacorporaciones dedicadas especialmente a la extracción metalífera, la
mayoría canadienses y del «club» de las Islas Británicas (Commonwealth).
En 2011, los proyectos mineros argentinos sumaban más de 200, en diferentes
etapas de exploración, factibilidad, construcción y explotación, o
esperando luz verde. De ellos, unos 60 corresponden a las provincias norteñas
de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja, medio centenar aún pretende operar
en San Juan, San Luis, Mendoza y Neuquén, y los restantes se desarrollan
en las patagónicas provincias de Santa Cruz, Chubut y Río Negro. A
esta cantidad se suman miles de cateos mineros que examinan vastas áreas
cuantificando yacimientos y su posibilidad extractiva, con una inexplicable
laxitud legal: las cifras extractivas estremecen por el volumen de la
devastación que se practica no solo en Argentina sino en el conjunto de
América Latina.
Gas, petróleo, bosques, biodiversidad, minerales, agua y suelos
fértiles fueron siempre los objetivos recurrentes de la política colonial,
situación que hoy se magnifica con claridad en su adaptación neoliberal a
través de reflotadas «invasiones» en nueva versión. El Tratado de Integración y Complementación Minera entre
Argentina y Chile firmado por Carlos Menem y Eduardo Frei en 1997 es un
buen ejemplo de neocolonialismo. Se trata de un instrumento legal que cede
literalmente la Cordillera de los Andes a las firmas transnacionales y
transforma vastos territorios en un virtual «tercer país» con legislación
y código propios de funcionamiento: 4.441 Km. de frontera
argentino-chilena y una franja de unos 150 Km. a cada lado componen
ese nuevo territorio regido por el extractivismo. En el resto de la
geografía argentina, las corporaciones mineras obtuvieron ventajas que no
rigen para las otras actividades comerciales: un paquete de disposiciones jurídicas
y un código minero, encabezados por la Ley 24.196 de Inversiones Mineras, les
permiten pagar regalías paupérrimas, las eximen de impuestos y gravámenes,
les facilitan obtener subsidios en insumos y reintegros por exportaciones,
al mismo tiempo que tributan con declaraciones juradas -con la evidente
posibilidad de fraguar los datos- una vez que los bienes extraídos arriban
al país de destino y no al atravesar la aduana. Las
corporaciones mineras eluden, en definitiva, los controles reales que
deberían tutelar las exportaciones. Un importante matutino porteño lo destacaba
ya hace años con inocultable sorpresa: «los propios representantes de las
empresas mineras comentaron públicamente que Argentina supera en oportunidades
de negocios a Australia y a Estados Unidos merced a un marco legal
conveniente en materia económica y fiscal, y flexible en el terreno
medioambiental» (1).
América Latina padece las «invasiones» mineras porque la tecnocracia globalizada de las corporaciones descubrió la
manera de extraer los minerales de baja ley, minerales críticos y
estratégicos que faltan en el Norte y que abundan en partículas
diseminadas en territorios del llamado Sur, a los que se accede
dinamitando extensos ecosistemas, pulverizando rocas, destruyendo glaciares,
expulsando a comunidades y contaminando con una sopa química las nacientes
de acuíferos y las napas en las áreas donde se ejecuta la actividad
extractiva. Todas las manifestaciones mineras registradas en
las direcciones de los organismos provinciales respectivos figuran como
polimetálicas; yacimientos de oro, plata, cobre y uranio contienen también
minerales como molibdeno, renio y las llamadas «tierras raras»,
generalmente de mayor relevancia que el mineral madre motivo de la explotación. Del
socavón de antaño se pasó a la minería a cielo abierto, y el open pit hegemonizó nuevos paisajes y
convirtió territorios en verdaderos quesos gruyer. Los estragos que produce
esta nueva minería, que desecha la linterna en el casco del obrero, son
considerables: requiere de mayores volúmenes de agua, más energía para
movilizar equipos y plantas y, cuanto más baja es la denominada ley mineral, de
mayor cantidad de compuestos químicos con cianuro y ácido sulfúrico,
más voladuras y más escoria arrumbada en los alrededores: por cada
anillo de oro la minería abandona unas 20 toneladas de escombros, cúmulos
de contaminación e impacto ambiental en todos los órdenes.
Como señalamos, las transnacionales mineras pagan en función
de lo que informan en sus declaraciones juradas, pero además, aunque
se les aumente el canon, miles de proyectos dejarán un pasivo ambiental a
perpetuidad. No se trata de unas pocas explotaciones capaces de
comprometer un ecosistema; son cientos de mineras y subsidiarias que
intentan operar en una misma provincia. «Pueblo
minero, pueblo mísero», decía un antiguo proverbio del pasado europeo que
repetían acongojadas comunidades mineras de asturianos y vascos. Sin
embargo, el actual boom latinoamericano
es presentado como un proceso razonable por medio del cual los recursos
deben ser arrancados de la tierra a cambio de trabajo y de ingresos
escasos. Se les dice «recursos» porque se puede acudir a ellos, recurrir a
ellos, pero ¿debemos hacerlo? ¿Quién lo decide, quién lo propone y por
qué? ¿Con qué derecho se justifica semejante impacto y dolo si 86% del oro
termina en las estanterías de los joyeros y la mayor parte del 14%
restante, en las bóvedas de los bancos? Sólo una minúscula porción (3%)
del 14% remanente se utiliza en la industria. ¿Se acude al recurso o,
en realidad, al bien común? La actual minería a cielo abierto extrae
arrasando, apela al ecosistema y destruye su complejidad para obtener los
bienes que son comunes a todos los habitantes. Las riquezas existentes en
el planeta no son recursos naturales, son bienes comunes, pero en el
debate nos dirán (ya lo hacen) que las viviendas, las rutas, los vehículos
y los electrodomésticos, todo proviene de la minería y, en gran parte, de
la minería metalífera. De modo que -proclaman los defensores más eufóricos-
la irracionalidad y la demencia del ecologismo fundamentalista nos quieren
hacer retornar a la Prehistoria; pero estos argumentos en realidad
ocultan, por ejemplo, que el agua vale más que el oro y que la actividad
minera la agota en regiones que solo cuentan con un par de oasis, como las
provincias cuyanas de Mendoza y San Juan.
La
lógica habitual del ingeniero minero únicamente entiende que si
hay mineral y es rentable extraerlo, se extrae, y no acepta la discusión
sobre dónde, cuándo, cómo, cuánto y para qué se extrae. Sin formularse
estas preguntas, las empresas se dedican a derribar montañas buscando
minerales que -metafóricamente- sólo existen en polvo, minimizando el
pasivo ambiental con cálculos que finalizan en las bolsas de valores
del «Primer Mundo»; es que la roca mineral -extinguida- perdió su
formato vetiforme. Es el saqueo al que se refieren quienes critican las
aberraciones de la prospección minera y de la bioprospección, el que fue
decididamente advertido en septiembre de 2002 en la ciudad de Esquel
cuando el activismo social de ese pequeño pueblo de la
cordillera chubutense proclamó «¡Vienen por el oro, vienen por
todo!» y mediante un plebiscito derribó con 82% de los votos las
intenciones mineras de la aurífera canadiense Meridian Gold.
La respuesta de los pueblos latinoamericanos no es violenta, al
menos por el momento. Se trata de rebeliones, puebladas que intentan
defender el agua y los territorios considerados como el bien común natural más preciado del
hábitat. Curiosamente, el agua que escasea en países del Norte está
presente en Argentina con relativa abundancia; sin embargo, en el Noroeste
argentino, la escasez de agua y la desertización son alarmantes. Pese a
ello, la minera bhp Billiton mandó perforar cinco pozos para, a través de
dos acueductos de 3.000 litros por segundo cada uno, llevar agua dulce
desde la provincia argentina de Salta hasta Monturaqui, una estación
chilena que se encuentra a 25 Km.
de Socompa y a 75 Km.
de mina La Escondida. De
acuerdo con estudios realizados para bhp Billiton, los acuíferos de Atacama
están en franco retroceso y natural más preciado la producción de
cobre de La Escondida no podría continuar sin agua (2) Son varias
las explotaciones cupríferas chilenas que esperan el agua dulce que
se bombeará desde el desierto salteño para lixiviar las rocas metalíferas.
Una de ellas es mina Zaldívar, de Barrick Gold, ubicada a solo 10 Km. de La Escondida y
a distancia semejante de Chuquicamata, gigantesca mina chilena de cobre a
cielo abierto que opera Codelco, en Calama, y que consume 1.800 litros
de agua dulce por segundo durante las 24 horas.
Hace 500 años se detectaban minerales a ojo, hoy
se los detecta mediante satélites. La teledetección es un método eficaz para
que los riesgos de inversión minera y los costos de la búsqueda de
yacimientos se reduzcan sustancialmente. En 1900, eeuu obtenía cobre 5% de ley
mineral; el que obtiene hoy apenas llega a 0,4% de ley. El planeta colapsa
y la principal potencia mundial continúa con igual o mayor derroche; cada estadounidense
consume por año casi 20 toneladas de minerales. La pregunta recurrente es
qué planeta sería este si China consumiera la misma cantidad de minerales por
habitante, y la respuesta es única:
tendríamos un mundo inhabitable. Si consideramos que dentro de 40 años se
habrá duplicado la cantidad de habitantes del planeta, habría que imaginar
entonces una respuesta que evite la inmolación humana.
Para las corporaciones transnacionales como
Barrick Gold, estas cuestiones parecen ser manejables sin reparar en los
métodos. Basta recordar cómo fue creciendo la minera mayor del oro, de la
mano de George Bush (padre), Adnan Khashoggi y Peter Munk (3). Para nosotros,
se trata de un caso testigo. En su condición de ex-presidente, Bush se
convirtió en un importante accionista de Barrick y miembro honorario de la
junta de asesoría internacional de la empresa. Adnan Khashoggi
fue accionista de Barrick Gold Corporation; multimillonario traficante de
armas árabe saudita, aliado de Bush y famoso por sus ventas ilícitas de
armas a Irán (4), fue detenido luego por el tráfico de armas a
los «contras» nicaragüenses. Peter Munk fracasó en los negocios y pasó a
ser un niño mimado de la monarquía británica, socio de Khashoggi
y presidente de Barrick Gold Corporation. Brian Mulroney, ex-primer
ministro de Canadá, director y mediador de Barrick, asistió en los
comienzos mineros a Bush en la junta internacional de la empresa. En una nota
que publicamos en La
Séptima (5), revista
sanjuanina en la que denunciamos las actividades de Barrick en los
yacimientos de Veladero y Pascua Lama, reprodujimos un texto del
periodista Anton Chaitkin que afirma que «la inversión inicial mayoritaria de
Barrick fue aportada por Khashoggi y algunos socios suyos del tráfico de
armas, que por aquellas fechas organizaban el trueque de armas y
drogas entre Irán, Israel y Nicaragua, que condujo en 1986 al escándalo de
Irán y los contras» (6). La
representación legal de Barrick Gold en la provincia de San Juan respondió
duramente al artículo, amenazó con iniciar acciones legales contra mí y exigió
el derecho a réplica con el mismo espacio utilizado por las notas
publicadas. Sostuvo que «aseverar que el Sr. Munk o cualquier persona
en Barrick está involucrada con el narcotráfico o venta de armas es
totalmente irresponsable, injurioso, escandaloso e indignante» (7) Mi respuesta,
por así decirlo, fue un nuevo informe: «Barrick miente», que ratifica el
dossier cuestionado (8). La doctora Jimena del
Valle Daneri, representante legal de Minera Argentina Gold sa y
Barrick Exploraciones Argentinas sa, ambas subsidiarias de Barrick Gold
Corporation, según copia del poder que adjuntaron (en la causa legal que
sugirieron iniciarme), no niega la vinculación de Barrick con el
ex-presidente de eeuu, pero se esmera en rechazar «toda participación
de Bush en el proyecto minero de Zaire», entre otras consideraciones.
Por otra parte, la biografía
autorizada de Munk, Peter
Munk: fabricación de un magnate moderno (9), describe
vínculos, acciones y negocios del presidente de Barrick Gold y permite
rastrear socios y orígenes empresarios, asociaciones investigadas judicialmente
y, sobre todo, el método para sortear dificultades financieras y políticas.
Traficante de armas y amante del lujo hasta la
excentricidad -su yate favorito apareció en una película de James Bond-,
Khashoggi merodeó todos los grandes escándalos de los años 70 y 80. Entre
otros, el Irán-contras, el bcci, el banco de Gaith Pharaon, del megalavado
y hasta la desaparición del patrimonio (mal habido, claro) de los
filipinos Ferdinand e Imelda Marcos, por cientos de millones de dólares.(10)
Además, Khashoggi fue socio de Munk en
emprendimientos hoteleros. El empresario saudí fue arrestado en 1989 por
fraudes relacionados con propiedades inmobiliarias adquiridas por el
matrimonio Marcos en Manhattan y cuadros que desaparecieron del Museo de
Arte Contemporáneo de Manila (11)
Respecto de la mina Goldstrike en
Nevada, la defensoría legal de Barrick que contraatacó mi escrito en la
provincia de San Juan insistió en que «el Sr. Bush no tuvo desempeño
alguno en la adquisición de esa mina para Barrick»; contesté recomendando
repasar los numerosos artículos periodísticos sobre el tema, en particular
uno escrito por Mark Sonnenblick que describe cómo «George Bush le regaló
10.000 millones de dólares a Barrick Gold» (12),
o mejor aún, la denuncia del 11 de marzo de 1993 en la subcomisión
respectiva del Congreso Nacional de eeuu, efectuada por Philip M. Hocker,
presidente del grupo ambientalista Mineral Policy Center.
Por razones de espacio, en mi artículo «La macabra Barrick de
Bush» omití mencionar a un singular número de ejecutivos y accionistas
privilegiados de Barrick. Se destacaba Andrónico Luksic, asesor de la
firma minera y acaudalado empresario chileno. Luksic maneja los destinos de
mina Pelambres, sobre la cordillera, en el límite con la provincia de San Juan,
donde se asientan del lado argentino los yacimientos de cobre y
polimetálicos Pachón, segunda explotación binacional en ciernes, como la de Pascua Lama. El
empresario fue construyendo un imperio bancario en sociedad con el Hong
Kong and
Shanghai Bank, conocido también como el «banco
del tráfico de opio». En la actualidad, un proyecto conjunto entre
Antofagasta Minerals -empresa perteneciente al grupo Luksic- y Barrick Gold los
fuerza a litigar juntos contra el gobierno de Pakistán, que les impide
explotar la concesión minera de Reko Diq por violar reglas locales (13)
Lo que seguramente causó mayor espanto en los
lectores sanjuaninos de «La macabra Barrick de Bush» fue la descripción
del genocidio en Zaire, que comenzó en septiembre de 1996, poco antes de
la entrada de Barrick y Anglo American en esa zona minera. Los testimonios
recogidos por Jeffrey Steinberg prueban que la invasión del este de Zaire coincidió
con la entrada de Barrick y Anglo American para adueñarse exactamente de
esa zona, y narran el espantoso genocidio llevado a cabo por fuerzas
financiadas por franceses y británicos. En ninguna guerra -dice Steinberg-
está ausente el botín. Este moderno mundo empresario incluye mafias
sostenidas en estrategias globales para la apropiación de yacimientos, que
enlazan a ex-oficiales de inteligencia, ejércitos y escuadrones de la muerte,
sicarios de las mineras. Según Steinberg, la destrucción de África tiene
un ideólogo: «Barrick Gold, junto con la Corporación Anglo
American, con sede en Sudáfrica, está involucrada en las
operaciones para arrebatarles los metales estratégicos a las naciones de
África Central, mediante el mayor genocidio per cápita que se haya visto en
los tiempos modernos» (14)
El auge del teléfono móvil desató la guerra del
coltan, un mineral que extiende la vida de las baterías y combina dos metales:
colombita y tantalita, de los que se extraen el tántalo y el niobio. Según
parece, el continente guarda 80% de las reservas mundiales. Con el coltan
se fabrican potentes teléfonos celulares y misiles balísticos
intercontinentales, y su precio supera varias veces los del tungsteno y el
oro; el mundo de la electrónica, la ciencia del espacio y las centrales
nucleares dependen del desarrollo de este mineral (15). En 1997, al
caer en Zaire el presidente Mobutu (apoyado por capitales franceses),
irrumpe
Laurent Kabila, apoyado por Ruanda y Uganda (y
sostenido por eeuu y Gran Bretaña), a costa de millones de caídos en
enfrentamientos tribales sangrientos. En menos de un año, el conglomerado de
intereses antimobutistas conquistó Kinshasa y cambió el nombre del país, que
pasó a llamarse República Democrática del Congo. Las grandes empresas
mineras anglosajonas obtuvieron concesiones en Katanga, al sur, área rica en
cobre y otros minerales. Entre los beneficiados por el nuevo reparto
destacan tres: Barrick Gold, de Canadá; American Mineral Fields, en la que Bush padre también
tenía intereses, y la sudafricana Anglo-American. Las empresas francesas,
aliadas de Mobutu,
quedaron fuera. Pero Kabila muy pronto cayó
también en desgracia al proyectarse como un nuevo Lumumba, cuando comenzó a
exigir a las transnacionales el pago de impuestos por la explotación de
las riquezas mineras...
La Organización de las Naciones
Unidas (onu) no duda en afirmar que el estratégico coltan financia estos
genocidios y es una de sus causas, pero el resto de los minerales
también siembran muertes que benefician a las corporaciones transnacionales:
el antiguo Congo quedó convertido en el escenario de una guerra en la que
han participado directamente los ejércitos de siete países. Madeleine Albright
lo llamó la «Primera Guerra
Mundial africana»: las fuerzas de Kabila, Angola, Zimbabwe, Sudán y Chad
en un bando; tres guerrillas congoleñas, Ruanda, Burundi y Uganda, en el
otro. El expolio de diamantes, oro y coltan del este del Congo llevó a
los ejércitos de Ruanda y Uganda a enfrentarse a tiros tres veces (dos en
1999 y una en 2000) por el control de Kisangani (16).
Los propios ingleses divulgaron los sucesos de
manera impactante. El influyente diarioThe Times, de Londres, publicó una opinión
concluyente:
En noviembre de 1996, Washington acordó su apoyo
diplomático a la rebelión en el este de Zaire, formada esencialmente por
los tutsi (etnia fundadora del fpr de Kigali, entonces en el poder), que se
saldó con la caída de Mobutu. En consecuencia, los medios
franceses ven una conspiración anglófila con Kabila, en la que Inglaterra pone
su experiencia de la era imperial, y los americanos, el dinero y el
entrenamiento militar que los tutsi han necesitado para invadir el Zaire
en solo siete meses. Puede que la teoría de la conspiración oculte una verdad.
Entre los beneficiarios del cambio de régimen se encuentra
George Bush, que con el ex-primer ministro
canadiense Brian Mulroney es consejero de la Barrick Gold de
Toronto y ha obtenido de los rebeldes una concesión minera de oro
de 80.000 km2, en el noreste de Zaire. Pero la conspiración es más profunda
y más sutil.(17)
Este análisis no recibió objeciones de los
involucrados. En cambio, los sucesos de Tanzania preocuparon mucho más a
los magnates de Barrick y a sus vinculados políticos. Los abogados de Barrick
que contestaron mi artículo «La macabra Barrick de Bush» también se preocuparon
por desmentir mi nota referida a esos hechos: 400.000 personas, mineros
artesanales, granjeros, campesinos, comerciantes pequeños, fueron
desalojados por la fuerza de Bulyanhulu, en la región de Shinyanga, Tanzania
central occidental, después de dos años de lucha en los que gobierno y
mineras reclamaban el enclave de los depósitos del oro. Según varias
denuncias, más de medio centenar de trabajadores fueron muertos (al
parecer enterrados vivos) cuando en 1996 las autoridades y la compañía minera
canadiense decidieron rellenar los pozos de extracción (18). El trabajo sucio
quedó hecho, y en marzo de 1999, Barrick Gold Corporation adquirió los
depósitos de Bulyanhulu al comprar la Sutton Resources
y su subsidiaria de Tanzania, responsables directas del genocidio. En el
Foro Económico Mundial de 2007, Munk respondió las acusaciones afirmando
que «cuando vamos a Tanzania o a Argentina o a la punta de Paquistán,
aplicamos los mismos estándares ambientales y antipolución que en la Columbia
británica». Las evidencias parecen refutarlo.
En secuencia semejante, Barrick opera mina
Porgera, en Papúa Nueva Guinea. La misión Human Rights
Watch investigó denuncias sobre expulsión de poblaciones y violaciones a
mujeres de la comunidad local por parte de fuerzas de seguridad de Barrick
Gold. Fui testigo presencial de las acusaciones en el Parlamento de
Ottawa, llevadas a cabo por los indígenas a los que Barrick les incendió
las viviendas. Los congresistas canadienses, preocupados por los métodos
extractivos de sus empresas en el extranjero, trataban entonces
un proyecto de ley (C-300) con ánimo de regularlas y controlarlas, motivo
por el cual fui invitado a exponer en el Congreso. Pero en definitiva el
proyecto no prosperó, precisamente debido al poder del lobby minero.
En los cinco
continentes, Barrick se ha teñido de sangre (como en mina Pierina, en
Perú) y ha ejecutado fraudes (la mina El Indio jamás tributó al fisco
chileno al no declarar ganancias). Barrick fue noticia por contaminación,
destrucción territorial y saqueo, con derrumbes (Lake Cowal, Australia),
derrames de gasoil y multas (Veladero,
Argentina) e informes de impacto ambiental adulterados, en los que se
mencionaban inexistentes cuerpos de hielo de diez años de antigüedad, cuando en
realidad se trataba de glaciares que la empresa intentó trasladar
con palas mecánicas. En 2008, el Fondo Soberano Noruego se deshizo de
las acciones de la
Barrick Gold por razones de ética ambiental; concretamente,
condenó los «daños irreparables» en Papúa Nueva Guinea (19).
A
medida que los pueblos resistan, la respuesta de las potencias industrializadas
también se endurecerá; necesitan perpetuarse, consolidar su dominio en un
futuro que se presenta incierto para todos, en un planeta colapsado por una
devastación consumista que ofrece cada vez menos insumos. Gran parte del
Norte insiste con un modelo económico tan agotado como errátil e igualmente
defiende su estatus de derroche y de poder, sabe que los recursos
se acaban y los acopia, transfiere sus industrias contaminantes a regiones
ignotas del Sur, mitiga su hacinamiento poblacional, la escasez de agua,
el espacio territorial que perdió, y ejecuta para ello una irrupción masiva.
Cobre y estaño, oro y diamantes dejaron de ser el botín preferido de las
corporaciones mineras monopólicas que explotan las montañas orientales del
Congo al aparecer el coltan, también frecuente en el continente sudamericano;
estos minerales se convirtieron en la vedette de la minería, y muy pronto serían
vitales para una variedad de artefactos electrónicos de la modernidad
aeroespacial y médica (implantes) y para la industria bélica. De pronto
los diarios europeos se tiñeron de sangre; eeuu decidió orquestar una guerra
civil que desplazaría a gobierno y fuerzas congoleñas que no controlaba,
como ya vimos, provocando dos millones y medio de muertos y más de medio
millar aniquilados por los tutsi y otras etnias al cruzar en fuga y en
éxodo la frontera. ¿Acaso eso no es genocidio?
El advenimiento de un sinfín de denuncias sobre
violación de derechos humanos no se hizo esperar, al tiempo que Nokia,
Motorola, Compaq, Sony y otras fábricas pertenecientes a japoneses,
chinos, alemanes y norteamericanos comenzaban a dominar el mercado
mediante firmas de la talla de Cabot Corporation, om Group de EE.UU., la hc Starck de Alemania y
Nigncxia de China, responsables de un genocidio escandaloso -si es que
acaso hay algún tipo de genocidio que no lo sea-.
Los minerales críticos y estratégicos hoy son
las «tierras raras», unos 15 elementos de la tabla periódica que a principios
del siglo xx no tenían aplicación y cuya utilidad se desconocía, de ahí su
nombre. Hoy la demanda mundial obliga a China, principal productora, a
limitar las exportaciones de estos productos, reviendo el mercado de automóviles eléctricos
que irrumpe de manera sostenida y que requiere de aleaciones con el «raro»
neodimio. Otro componente de estas «tierras» es el lantano, crucial para
las baterías de los automóviles, en la electrónica y en comunicaciones
digitalizadas, la biotecnología, la balística intercontinental, el dominio
de las patentes, el territorio, el poder del conocimiento, la hegemonía del
poder; el Norte viene por todo y, para entonces, estos pueblos del
hemisferio sur habrán transitado de la resistencia a la rebelión, aunque
amen desesperadamente la paz.
En este plano, juega un papel crucial la Ley Antiterrorista,
patrocinada en su momento por EE.UU., por orden y presión del Grupo de
Acción Financiera Internacional (GAFI), y secundada por gobiernos como el de
Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, que lleva adelante una suerte
de progresismo liberal desarrollista y una política pendular entre el
revisionismo defensor de los derechos humanos y el apoyo a las
corporaciones transnacionales extractoras de commodities. Esta ley permitiría juzgar acciones
promovidas por militantes de movimientos sociales que ejercen el derecho a
la protesta, que se oponen al uso licencioso del agua de la megaminería
hidroquímica a cielo abierto, a la biodiversidad diezmada por el saqueo,
rigurosamente defendida por campesinos y pueblos originarios. La
criminalización de la protesta social es el resorte que les faltaba a
las corporaciones transnacionales que condicionan sus inversiones al
otorgamiento de licencias sociales para operar en paz su extracción
utilizando trabajadores cautivos por necesidades básicas insatisfechas.
Para el mundo globalizado de las corporaciones, un país con ley
antiterrorista es un país confiable.
*Javier Rodríguez Pardo: Docente, periodista de investigación y militante de
asambleas socioambientales. Fue fundador del Movimiento Antinuclear del Chubut
(mach), que frenó el establecimiento de un repositorio de desechos
radiactivos en Gastre (Patagonia argentina). Es cofundador de Renace Argentina
y autor de los libros En la Patagonia n o (Lemú, El Bolsón, 2006) y
Vienen por el oro, vienen por todo (Ciccus, Buenos Aires, 2009). Integra
la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC, Argentina).
Fuente: http://rodriguezpardo.blogspot.com.ar/2012/02/testimonio-nuevos-colonialismos-en.html
