Carnaval de la
memoria o espacio de lucha
Desde la
Agrupación HIJOS La Plata repudiamos la afrenta a la memoria
de los 30 mil compañeros detenidos desaparecidos realizada el fin de año en la
ESMA por el elenco de intrépidos y obsecuentes funcionarios kirchneristas del
Ministerio de Justicia y la Secretaría de DDHH de la Nación, y acompañamos a la
Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos en su reclamo por un debate serio
respecto al destino de los espacios de memoria.
El actual Ministro de Justicia, impulsor de la última reforma a la Ley Antiterrorista
para ampliar su alcance represivo, y anfitrión de escandalosos asados, tiene
viejas deudas con el movimiento de Derechos Humanos que ahora presume encabezar,
y en particular con los organismos de la ciudad que gobernó por 16 años. Entre
1998 y 2002, el entonces intendente Alak se había comprometido, como miembro
integrante de la APDH, a subsidiar el pago de alquiler de la oficina que la APDH La Plata destinaba
como estudio jurídico (350 pesos mensuales durante tres años, que totalizaba
más de 12 mil pesos). Los constantes incumplimientos del intendente con el
organismo del que fue parte y al que incluye en su currículum político,
motivaron en mayo de 2002 una carta abierta del organismo donde denunciaban que
“en todos los contactos mantenidos ante funcionarios de su municipio y ante Ud.
mismo a través de entrevistas, notas, llamados telefónicos, se ha refrendado el
compromiso de pago del subsidio acordado”, y que “la APDH, se encuentra a la
fecha en una situación angustiosa dado que ha quedado totalmente sin fondos, lo
cual la pone en riesgo de no poder funcionar y no brindar a la comunidad de sus
servicios”.
En 2006 Alak intentó subsanar su falta de compromiso con el
movimiento de Derechos Humanos de La Plata prestando las instalaciones del
Salón Dorado, la repartición más lujosa del Palacio Municipal de La Plata, para
la realización del que fuera el primer juicio en nuestra ciudad desde la
reapertura de las causas contra los genocidas.
El espacio fue aceptado por el TOF1 porque las salas de la sede de
la Justicia Federal
local se desbordarían, pero no estaba preparado para la realización de las
audiencias, y ello provocó, entre otros inconvenientes, el apriete a testigos
en la sala de espera del tribunal en la misma audiencia en que dio su
testimonio Jorge Julio López. Claro que la jugada del intendente resultó
desastrosa, primero porque el genocida Etchecolatz fue debidamente escrachado
al leerse la sentencia condenatoria, pero además, porque la sede de la
municipalidad de La Plata, sus veredas sobre la calle 12 y la Plaza Moreno pasaron
a ser el lugar de concentración y lucha de todos los 18 de septiembre para
quienes desde hace más de 6 años venimos señalando la responsabilidad de los
Estados Nacional y Provincial en su silenciosa complicidad con el secuestro de
López. Desde aquel el 18 de septiembre de 2006 la puerta de la municipalidad,
donde esperábamos a López junto a los organismos de Derechos Humanos para la
lectura del Alegato de la querella del espacio Justicia Ya, se ha convertido en
un espacio de la Impunidad, porque desde hace 6 años no recibimos ninguna
respuesta ni línea investigativa firme en el caso de parte del “Gobierno de los
Derechos Humanos”.
El debate sobre las formas de uso de los sitios de memoria no está
cerrado, mucho menos ante la carnavalesca disputa que los sectores oficialistas
realizan sobre los espacios.
En la provincia de Buenos Aires los funcionarios kirchneristas
vienen injuriando la memoria de los CCD de manera repetida. Así sucedió con el
predio del Destacamento de Arana, en las afueras de La Plata, donde el EAFF
anunció el hallazgo de restos óseos calcinados en abril de 2008 en las
excavaciones realizadas en torno de un muro que divide el patio interior del
exterior del lugar. Casi instantáneamente, la entonces secretaria de Derechos
Humanos, Sara Derotier de Cobacho, adelantó que el gobierno provincial
pretendía que el lugar “se convierta en un Museo de la Memoria porque allí están
las cenizas de los militantes populares”.
Inmediatamente, el espacio “Justicia Ya” de La Plata comenzó a
solicitar al gobernador Scioli y al juez Corazza la necesidad del desalojo de
la policía bonaerense del destacamento policial, ya que la dependencia
continuaba funcionando regularmente, y entendiendo que la tarea principal era
conservar las excavaciones efectuadas por el EAAF y poder avanzar en la
realización de excavaciones pendientes y peritajes sobre el interior del lugar,
ello resultaba, cuando menos dificultoso en el estado de ocupación del
inmueble. Tras una larga insistencia, en 2009 el Juzgado Penal Federal Nº 3 a cargo de Corazza solicitó
al ejecutivo bonaerense el desalojo del Destacamento de Arana. Sin embargo, la
iniciativa oficial sobre el predio siguió adelante. Voceros de la secretaría
anunciaron por entonces que la obra se realizaba “con el objetivo de preservar
la prueba judicial”.
Derotier de Cobacho consideró que “Arana es memoria, es respeto
por nuestros desaparecidos, por los sobrevivientes y por sus familiares. Es la
forma que hoy tiene el estado provincial de acompañarlos y decirles esto jamás
va a volver a ocurrir”. “Justicia Ya” respondió con un comunicado titulado “No
al museo del horror” donde afirmó su repudio a cualquier proyecto de
memorialización que implique la convivencia con las fuerzas represivas y la
exhibición de restos humanos, ya que “la presencia y ocupación del lugar por la
misma fuerza que lo convirtió en un centro de tortura y exterminio (…)
significa una gravísima afrenta a la verdadera justicia y por lo tanto a la
memoria colectiva de toda la ciudadanía”.
Desoyendo toda las críticas de los organismos, el gobernador
Scioli apuró su agenda en medio de la campaña electoral, y el 6 de octubre de
2011, tras inaugurar obras de un laboratorio en teleconferencia con la presidenta Cristina
Fernández, participar de un “encuentro con la militancia 2.0”, en exclusiva comitiva
oficial y con la policía funcionando en la entrada del predio, presentó las
obras de Arana. La prensa de gobernación difundió un escueto comunicado donde
se afirmó que “la tecnología adoptada permite minimizar el impacto producido
sobre el terreno a preservar, dada la sensibilidad y las características de los
hallazgos”.
En verdad el gobierno de la provincia invirtió 758.000 pesos para
montar la iluminación y el mejorado del camino de acceso, más una estructura
flotante de hierro y vidrio sobre las fosas halladas. Para minimizar los
reclamos de los organismos, pero con el “museo del horror” ya inaugurado,
Scioli afirmó que se comprometían a trasladar la presencia policial del edificio
que funciona delante de las nuevas obras, cosa que aún no se realizó.
La medida fue una muestra más de cuál es la verdadera política de
Derechos Humanos de la
gestión Scioli, que pretende darse aires progresistas cuando
es en realidad la conducción política de la fuerza de seguridad más corrupta y
asesina de nuestro país. Medidas como esta afectan la búsqueda de los
familiares mucho más de lo que una gestión de gobierno parece contemplar.
Un desaire similar se vive alrededor del ex Destacamento policial
de Lomas del Mirador donde el 31 de enero de 2009 fue secuestrado, golpeado y
desaparecido Luciano Arruga.
Inaugurado en 2007 por el grupo vecinal VALOMI (Vecinos en Alerta de Lomas del
Mirador) con apoyo del senador provincial kirchnerista Jorge Pirozolo, el lugar
se estableció como dependencia de la comisaría 8va de La Matanza para recibir
denuncias. En el acto de apertura, y con la presencia de todas las “fuerzas
vivas” incluida la directora de Derechos Humanos del municipio, Gina Di Nardo,
el intendente kirchnerista Fernando Espinoza agradeció al gobernador Solá y al
ministro Arslanián y aseguró que “quizá cuando pasen los años y cuando se
empiece a escribir la historia reciente de los últimos 5 o 10 años, quizá
entonces podamos valorar lo que significó esta lucha en conjunto de toda la
comunidad”. Seguramente no imaginaba que la historia haría tristemente célebre
ese lugar por darle continuidad a la práctica estatal de la desaparición
forzada de personas.
Poco antes de cumplirse 3 años de impunidad del hecho, tarde, casi
por obligación y tras el insistente pedido del grupo de familiares y amigos de Luciano, que incluyó un extendido acampe frente en
la municipalidad, el intendente Espinoza se decidió a trasladar el destacamento
y entregar el inmueble para realizar un espacio cultural.
El 28 de diciembre de 2011, día de los inocentes en el calendario cristiano, Espinoza realizó el acto oficial de
apertura del “Espacio Para la
Memoria Social y Cultural Luciano
Arruga”, que según informó el municipio, integraría el área de gestión de la Dirección Municipal
de Derechos Humanos y albergaría las actividades de un archivo de la memoria,
así como también actividades organizadas por los familiares y amigos de Luciano Arruga. Volviendo atrás las palabras que
pronunció en el discurso de apertura de la sede policial, Espinoza pidió
simbólicas disculpas por lo sucedido en el lugar y aseguró que “cuando
inauguramos este destacamento, fue pensando en darle una mejor calidad de vida
a los vecinos de la zona.
Hoy, lo cerramos y transformamos un lugar de violencia y
malos tratos en un lugar de vida, esperanza y dignidad para los jóvenes del
barrio. No hice más que hacer lo que siento”.
Presente en el acto, Vanesa Orieta, hermana de Luciano, puso las cosas en su lugar y afirmó que
“esta es una parte de lo que familiares y amigos propusimos hacer cuando
desapareció. Logramos que este lugar se cierre gracias al esfuerzo de todos los
que nos apoyaron desde un primer momento, pero Luciano
ya no está, y eso nos sigue motorizando para no abandonar esta lucha. Hasta que
los ocho policías no estén detenidos, esto no termina. Porque por un lado,
estamos cerrando este centro clandestino de detención, pero, por el otro,
tenemos a los mismos ocho policías que tuvieron a mi hermano colgado y
golpeándolo en otras comisarías, con el riesgo de que otros jóvenes puedan
padecer lo mismo”.
Claro que la construcción de un espacio cultural en un sitio
cargado simbólicamente con la tortura y la muerte llevaría tiempo para procesar
el dolor y apropiarse plenamente del lugar. Pero el proceso que allí se estaba
dando molestaba a las intenciones oficiales porque además de la apertura
cuidada del edificio a toda la comunidad, el grupo de Familiares y Amigos
emprendió una redefinición del espacio colectiva e independiente, y que
pretendía transformarlo en referencia de lucha contra la impunidad en toda la
zona oeste del gran Buenos Aires.
Sin mediar negociaciones, dos meses después de haber otorgado el
espacio, que el municipio alquilaba, el intendente Espinoza retiró la llave del
lugar al grupo de familiares con la triste frase de que “nunca más” la iban a
obtener. Ello redobló la apuesta del grupo de familiares, que desde hace 30
semanas viene realizando una radio abierta en la vereda del espacio pidiendo el
esclarecimiento del caso y la apertura definitiva del lugar para actividades de
lucha antirrepresiva.
En la
“Propuesta para el predio de la ESMA y el campo de deportes”
que la Asociación de Ex Detenidos hizo hace varios años, se aportaban criterios
para los distintos usos del predio. Los compañeros decían claramente que para
revertir tantos años de políticas de impunidad implantadas desde el Estado era
clave el reconocimiento pleno de la existencia de centros clandestinos de
desaparición y exterminio “sin desvirtuar su significación como tales a través
de su utilización para otras actividades” y que “no puede ni debe diluirse lo
que allí ocurrió detrás de otras actividades, aunque se trate de prácticas que
estén vinculadas a los DDHH en su concepción más general”. Desde entonces, la
Asociación se oponía a lo que se venía perfilando como “la instalación de
instituciones educativas u oficinas públicas”, porque “se establecería un
movimiento rutinario y cotidiano de alumnos, profesores, funcionarios,
empleados, público y proveedores e implicaría la instalación de la
infraestructura necesaria (bares, kioscos, comedores, guarderías infantiles,
playas de estacionamiento) que vaciarían de contenido los lugares donde se
planificó, se puso en marcha y se concretó un genocidio”. Y se sugería que “no
se produzca ningún cambio al tejido histórico de valor cultural”, y que en caso
de darse “los cambios que se realicen sean esencialmente reversibles” y “tengan
un impacto mínimo”.
Nada de esto fue tenido en cuenta al calor de la almoneda que la
cooptación kirchnerista realizó sobre amplios sectores del movimiento de
Derechos Humanos, y que puede observarse hoy mismo con la instalación en el
predio del “Espacio Cultural Nuestros Hijos” regenteado por la Fundación Madres
de Plaza de Mayo, la “Casa
de la Militancia” arriendo del sector oficialista de hijos de desaparecidos
cedido por la
ministra Alicia Kirchner, en el “Centro Cultural Haroldo
Conti” que tutela la presidenta y gobierna Eduardo Jozami, en el “Archivo
Nacional de la Memoria” asignado a Ramón Torres Molina, el Canal Encuentro de
Tristán Bauer, el “Instituto Espacio Para la Memoria” integrado por
representantes del ejecutivo y legislativo a la par de algunos organismos
kirchneristas, y otros kioscos que todas las organizaciones oficialistas
recibieron como medida de prenda por su incondicional apoyo al gobierno.
Pero este escándalo nos remite a otra discusión más profunda, que
tiene que ver con el rol de los organismos de DDHH en una coyuntura como la
actual.
Ya en el tratamiento ideológico del tema de la represión estatal
se puede reconocer el suelo común burgués de todos los gobiernos del período
iniciado en 1983, dado que sin excepción adoptan la perspectiva de los derechos
humanos, pero siempre se opera conservando las instituciones represivas,
procurando sanearlas de sus “elementos corruptos”. El discurso de los DD.HH.,
que ha calado profundo en la población, ha sido muy útil para lograr esa
conciliación de la sociedad con el Estado, produciendo un relato en el que no
se cuestionan las instituciones sino algunos de sus miembros. Esta manera de
pensar torna caótica e ininteligible la razón de ser de la inédita violencia
desatada antes y durante la última dictadura militar. Violencia
indisolublemente ligada a una necesidad del capital: disciplinar a quienes
trabajan.
El discurso de los derechos humanos esconde la extensión y la
profundidad de los fines que busca concretar la violencia desatada como medio.
Los centros clandestinos de detención, la desaparición de personas, las
torturas de todo tipo, permanecen (gracias al discurso de los derechos humanos)
en el plano de lo moral individual, evadiendo y ocultando la dimensión social y
política de la cuestión: el sometimiento de la producción social a la
explotación capitalista, la acumulación incesante del capital a expensas del
trabajo. Queda en evidencia la profunda maleabilidad de la memoria. El pasado es
pasible de ser leído en claves políticamente no sólo diversas, sino también
antagonistas. Lo que permanece constante es el carácter limitadamente
reformista de las políticas que giran al compás del discurso de los DD. HH.
Por debajo de esta apariencia engañosamente universal, se agazapa
la dimensión fundamental de los DD. HH.: la operación de abstracción que
encubre bajo el velo liberal la explotación capitalista. Por eso puede
entenderse por qué asistimos simultáneamente a la reactivación de los procesos
judiciales contra los genocidas mientras se promueven políticas de impunidad.
También vimos cómo se fue construyendo un relato que oscurece el carácter de
clase del conflicto en beneficio de un reforzamiento del ideal de ciudadanía:
un discurso que pide perdón en nombre del Estado, repara económicamente a los
individuos afectados por los alcances de la represión y, sobre todo, preserva
las instituciones mientras descuelga retratos, organiza sendos brindis para
festejar supuestos logros o presenta más y más programas estatales en la
materia.
Si podemos leer en la magnitud de la represión estatal, acentuada
a partir de 1976, la necesidad de terminar con un ciclo de ascenso de luchas
que desafiaba el monopolio de la violencia legítima en manos del Estado, de
este modo también se explica el recurso permanente del actual gobierno a la
manipulación: se entregan algunas compensaciones que aseguren la legitimidad
política del sistema, pero cuando las concesiones comienzan a agotarse dejan
paso a una faz represiva, cuando las que se ven amenazadas son las ganancias
del capital.
Por todo esto, el debate sobre los espacios de memoria y las tareas del
movimiento de DDHH no escapa a su planteamiento en términos antagónicos: o se
legitima a la clase dominante, que retribuye generosamente con cargos y
prebendas, o se sostiene una crítica del orden establecido. Pero la crítica no
se hace desde los despachos ministeriales, o los espacios físicos recuperados
al Estado de ayer para legitimar al de hoy, sino que emerge desde la
exploración teórica y práctica, en la formación y en las calles, sobre cómo
inscribirse en el campo de la liberación humana. Aquella liberación que no
puede ser contenida en los estrechos marcos de la caricatura de la realidad en
que la obsecuencia pretende encerrar a los luchadores sociales.
HIJOS LA PLATA
Llamado
a la Cumbre de los Pueblos de América Latina, el Caribe y Europa por la
Justicia Social, la Solidaridad Internacional y la Defensa de los Bienes
Comunes y convocantes
