"La masacre de Pergamino es
responsabilidad
del estado provincial"
3 de marzo de 2017
3 de marzo de 2017
ANRed difunde:
Por CORREPI
Masacre de Pergamino: Una noticia que no es
novedad, una lucha que no cesa
Los diarios titularon "Siete presos murieron durante
un incendio en Pergamino". Ninguno usó la palabra "personas"
para referirse a los muertos, dejando así la puerta abierta a comentarios de
lectores atravesados por el discurso de la "inseguridad", que
postearon barbaridades como "me alegro, siete lacras menos".
Aunque no se han difundido con exactitud las edades de las
víctimas, sabemos que promediaban los 25 a 30 años. Eran siete muchachos encerrados
por delitos menores, todos excarcelables. El más comprometido estaba acusado
por tentativa de robo, los demás no pasaban de lesiones culposas, encubrimiento
o quebrantamiento de arresto domiciliario. Ninguno estaba siquiera cerca de ser
condenado. Uno de ellos iba a ser liberado al día siguiente y otro tenía
concedida una morigeración con domiciliaria. Sus familiares cuentan que desde
temprano empezaron a recibir mensajes pidiendo ayuda, avisando que algo iba a
pasar en la comisaría. "No se murieron, los mataron" denuncian con
razón.
Cualquier similitud con las grandes masacres en cárceles,
como la de Magdalena ,
con 33 muertos menores de 30 años y ninguno condenado, no es simple
coincidencia. Cárceles y comisarías son dos de los más eficaces engranajes del
aparato represivo a la hora de exterminar indeseables para el sistema. Tiene,
sobre el gatillo fácil, la ventaja de ahorrar el costo de la bala. Estar preso es
la segunda causa de muerte a manos del estado. Las muertes en cárceles y
comisarías representan el 39% del total de personas asesinadas por el aparato
represivo estatal, porcentaje sólo superado por el gatillo fácil contra los
pibes y pibas de los barrios (46%).
En Pergamino, ayer, había 19 detenidos en las celdas con
lugar para menos de la
mitad. Quedaron 12 vivos. En octubre de 2003, en la misma
comisaría, había 20. Entre el 4 y el 7 de ese mes, murieron cuatro: dos
quemados, uno ahorcado y otro por ingestión de vidrio molido.
El 8 de enero de 2006, Guillermo Defeis, de 23 años, fue
detenido por un incidente con un familiar en la calle. Apenas un
rato después, "fue encontrado muerto en un pasillo", según la
peculiar redacción, sin señal de sujeto activo, del parte policial, aceptado a
libro cerrado por jueces y fiscales, y reproducido por la prensa del sistema.
Así como silencian quién mata, despersonalizan y
deshumanizan a la víctima.
No es un chico, un hombre, un joven, una piba, una mujer, es
apenas si un "preso", un caco, un malviviente, un marginal, un
delincuente. Disponible. Nada para lamentar demasiado. Uno (o siete) menos para
mantener, dicen después los comentarios de la "gente bien".
Sergio Filiberto, Federico Perrotta, Alan Córdoba, Franco
Pizarro, Jon Mario Claros, Juan Carlos Cabrera y Fernando Emanuel Latorre eran
siete vidas jóvenes que la represión estatal sumó a la lista que ya tiene 5.019
nombres de asesinados y asesinadas desde diciembre de 1983. Siete que suman 55
desde diciembre pasado.
Ahora dicen que "investigarán hasta las últimas
consecuencias", y que desafectaron al jefe de servicio y al imaginaria de
calabozos. Lo mismo dijeron al día siguiente de cada masacre en una cárcel
(Magdalena, Coronda, Santiago del Estero, etc.) o en una comisaría (Lomas del
Mirador, Carapachay, Quilmes, Canning). En ninguno de esos casos hay un solo
detenido. La impunidad es la otra cara de la represión.
Más que nunca, en esta etapa de nuestra historia en la que
se devalúa a diario la vida del pueblo pobre y trabajador, estamos obligados a
profundizar el camino de la unidad, la organización y la lucha contra todas las
formas que asume la represión.
Por CPM
SOBRENCARCELAMIENTO Y HACINAMIENTO
La masacre de Pergamino es responsabilidad del
estado provincial
La CPM responsabiliza al gobierno provincial por las
muertes de 7 jóvenes privados de su libertad sucedidas esta tarde en la
comisaría primera de Pergamino. Las únicas causas de este lamentable hecho son
el sobrencarcelamiento y el hacinamiento en el que se encuentran los lugares de
encierro en la Provincia, producto de una política criminal largamente
denunciada desde la CPM. El
colapso del sistema penal que vulnera sistemáticamente los derechos de las
personas es evidente y exige un contundente cambio de rumbo. Hacen falta
reformas institucionales urgentes: democratización de las fuerzas de seguridad,
implementación de la policía judicial, creación del mecanismo provincial de
prevención de la tortura, autonomía de la defensa pública y una reforma legal
profunda que adecue la normativa procesal penal a los estándares de derechos
humanos.
Frente a la muerte de siete jóvenes en la comisaría
primera de la localidad bonaerense de Pergamino, la CPM exige a la autoridades
provinciales asumir su responsabilidad, ordenar una investigación profunda de
los hechos y clausurar, de forma inmediata, todos los calabozos de las
comisarías de la
Provincia. Estas muertes son muertes anunciadas. No son las
primeras y se repetirán si no se adoptan medidas urgentes.
Todas las personas detenidas están bajo custodia del
estado. Esto quiere decir que la muerte de cualquiera de ellas es
responsabilidad directa de las instituciones que las tienen a su cargo. Esto es
lo que ha sucedido aquí, agravado aún más porque lo que condujo a este
lamentable hecho es una situación de deterioro generalizado ya conocido por las
autoridades.
Desde hace años la CPM viene denunciando esta situación
ante la justicia argentina y en los organismos internacionales. A principios de
2015, la CPM presentó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) por el estado de hacinamiento y superpoblación y la
práctica sistemática de la tortura en las comisarías bonaerenses. Esta
presentación fue avalada por el organismo que ordenó al estado provincial una
inmediata respuesta. En diciembre de ese mismo año, la Suprema Corte de
Justicia de la Provincia avaló estas denuncias en un informe contundente sobre
la situación.
Según las cifras presentadas en el X informe Anual de la
CPM, El sistema de la crueldad, durante el año 2015, la superpoblación en
comisarías alcanzó, en algunos casos, un 500%. La situación general hoy para
toda la provincia indica que sobre un total de 1060 camastros hay más de 3.000
detenidos.
Cuando en diciembre de 2015 el nuevo gobierno provincial,
a pocos días de asumir, declaró la emergencia penitenciaria y en materia de
seguridad, una vez más la CPM volvió a advertir que lo que estaba realmente en
emergencia en la provincia eran los derechos humanos. Algo similar había hecho
el gobierno de Daniel Scioli un año antes y también los gobiernos que lo
precedieron.
De emergencia en emergencia, la cuestión de fondo sigue
sin ser considerada seriamente en la Provincia. Es necesario reconocer las causas
reales que han llevado a este estado calamitoso a todos los lugares de
encierro, sean cárceles, comisarías o centros para menores. Es este estado de
cosas el que habilita la violación sistemática y cotidiana de los derechos
humanos y no produce ningún aporte serio al mejoramiento de la seguridad para
nadie.
No es posible hablar de motín intentando de este modo
responsabilizar a quienes clara y evidentemente son víctimas. Por eso, estas
muertes son responsabilidad del estado y las causas no pueden buscarse en otro
lado que no sea una política criminal que durante años ha insistido, y lo sigue
haciendo, en políticas regresivas que vulneran los derechos de las personas y
no han aportado ninguna solución a las demandas de mayor seguridad.
Estos hechos son responsabilidad del Poder Ejecutivo
provincial que no pone en marcha las políticas institucionales que hacen falta:
hay que democratizar las fuerzas de seguridad que violan sistemáticamente los
derechos humanos; implementar la policía judicial para que la policía deje de
detener arbitrariamente, armando causas judiciales en su accionar de regulación
del delito en los territorios; darle verdadera autonomía a la defensa pública
para que pueda intervenir en igualdad de condiciones con las fiscalías y crear,
de una vez por todas, el mecanismo provincial de prevención de la tortura, a
fin de controlar externamente a las fuerzas. A esto debe agregarse que deben
modificarse las leyes penales regresivas que constituyen herramientas para esta
inflación del sistema penal. También los jueces, con el uso indiscriminado de
la prisión preventiva, contribuyen a este cuadro grave de violencia
institucional.
La CPM exige una urgente y profunda investigación de lo
sucedido y advierte, una vez más, a las autoridades provinciales, a los
funcionarios judiciales y a todos los sectores políticos que avalan estas
políticas regresivas, que es indispensable repensar seriamente el rumbo que han
tomado para revertir de manera urgente sus efectos. Nuestra sociedad se merece
políticas de seguridad que respeten los derechos humanos de todas y todos.
Fuente: http://www.anred.org/spip.php?breve12333
