I. Tenemos, abajo y a la izquierda, debates imprescindibles para fijar rumbos postcapitalistas como:

(...)BALANCE DE 12 AÑOS DE KIRCHNERISMO: 
UN PROCESO DE RECOLONIZACIÓN 
SIN PRECEDENTES.

Por Alejandro Teitelbaum  (Alainet)

1) Sólo un tercio de las 500 empresas más grandes del país son argentinas. Las empresas extranjeras mandan en la Argentina. Un informe reciente del INDEC detalla que, entre las 500 mayores compañías del país –medidas por el valor de producción que generan–, sólo 176 son de capitales nativos. El resto son extranjeras. La transnacionalización de la economía es un fenómeno que arrancó en los 90 y se profundizó en la década pasada. 
Consecuencia: descapitalización del país y aumento de la explotación de los trabajadores.

2) Argentina firmó 54 tratados de protección y promoción de las inversiones extranjeras (TPPI), en el decenio de 1990 (Gobierno de Menem) y el Parlamento ratificó todos o casi todos. los TPPI firmados por Argentina cumplen escrupulosamente con las exigencias del poder económico transnacional, entre ellas someter al arbitraje de tribunales constituidos en el CIADE (organismo del Banco Mundial) las controversias entre inversores extranjeros y el Estado Nacional, lo que le ha costado a Argentina cientos de millones de dólares.
Desde 2003, los Gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, pudieron retirarse del CIADI y denunciar los TPPI o por lo menos renegociarlos pero no lo hicieron.Los sucesivos gobiernos de los Kirchner, al no retirarse del CIADI han violado de manera permanente la Constitución Nacional. Y la han violado cada vez (más de veinte) que han aceptado la competencia de los tribunales arbitrales del CIADI. Y, por cierto, también la han violado cada vez que han aceptado la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales extranjeros, en particular yanquis. Como fue el caso en el litigio con los fondos buitres.

3) Sigue vigente, con ligeras modificaciones, la ley de inversiones extranjeras dictada por la dictadura militar (Ministro de Economía Martínez de Hoz).

4) Participación de los asalariados en el PBI:
1979 (Videla- Martínez de Hoz) : 33%
2013 (Cristina Fernández- Kiciloff) 33%

5) Ante la negativa del Gobierno de CFK a informar sobre las cláusulas secretas del acuerdo YPF-Chevron, celebrado en diciembre de 2012 en Houston, Texas, en noviembre 2015 la Corte Suprema ordenó a YPF que hiciera públicas dichas cláusulas.YPF no aceptó difundir esos documentos ni tampoco Chevron. Antes no habían aceptado entregar copias al Congreso, a pesar de las requisitorias de la justicia de primera instancia. Adujeron que ambas petroleras eran privadas, que sus documentos eran confidenciales y que, por lo tanto, no había razones para exponerlos.
El Gobierno de Macri , pese a lo ordenado por la Corte Suprema continúa negándose a revelar las cláusulas secretas del contrato YPF-Chevron celebrado por el Gobierno anterior . UNA MUESTRA DE LA CONTINUIDAD DE AMBOS GOBIERNOS EN LO ESENCIAL: ESTAR AL SERVICIO DEL GRAN CAPITAL TRANSNACIONAL. Véase de Alejandro Olmos Gaona El PRO y el desprecio al estado de derecho enhttp://www.alainet.org/de/node/179486

Lo que se sabe hasta hoy
Chevron condicionó la firma del acuerdo para invertir en Vaca Muerta a la reforma de leyes y decretos nacionales y provinciales, y a la aprobación de nuevas normas. Y esas modificaciones debían resultar de su "entera satisfacción".
Los planteos de Chevron resultaron efectivos: las "condiciones suspensivas" o "precedentes" que delineó -y que otras petroleras habían reclamado sin éxito hasta entonces- se plasmaron en el decreto 1208/13 y en la ley neuquina 2687, en el decreto presidencial 929/2013 y en la nueva ley nacional de hidrocarburos, la 27.007, que aprobó el Congreso con el declamado objetivo de alcanzar la soberanía energética.
Las condiciones de Chevron, vertidas en documentos "estrictamente confidenciales", se centran en el tiempo y las características para las concesiones, los topes máximos a las regalías que podrían cobrarle las provincias y una estabilidad tributaria absoluta para la petrolera y sus subsidiarias.
Chevron también exigió una garantía de que podrá enviar dividendos al exterior -a pesar del control de cambios imperante-, como también fijar la jurisdicción extranjera para dirimir cualquier disputa con YPF. En Nueva York o en París.
El acuerdo también estableció una serie de garantías amplias que debía asumir la petrolera argentina ante posibles reclamos de terceros, por ejemplo, los tenedores de la deuda soberana argentina.
YPF y Chevron crearon un complejo entramado societario en paraísos fiscales de Estados Unidos (Delaware) y el Atlántico Norte (islas Bermudas) para que los 1240 millones de dólares de la inversión para la formación Vaca Muerta no pudieran ser embargados por dos grandes contendientes: la petrolera española Repsol y los pueblos originarios de Ecuador.

6) Concesión del yacimiento petrolífero Cerro Dragón
El senador Mario Cimadevilla declaró ante los investigadores de los Estados Unidos que le siguen la pista a un presunto pago de sobornos que habría realizado Pan American Energy (PAE) para hasta 2047 la concesión del yacimiento petrolero de Cerro Dragón.
Cimadevilla fue recibido en Miami por tres funcionarios de la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos –conocida en inglés como Security Exchange Commission (SEC).
El senador dijo que entregó varios documentos clave en las gestiones para que la empresa obtuviera la concesión en Chubut en 2007. Aseguró que los documentos comprometerían al ministro de Planificación, Julio De Vido, quien negó haber participado de las negociaciones del contrato. El diario Perfil publicó el 1º de abril de 2016 un extracto de un borrador del primer contrato que el Ministerio de Planificación redactó para la extensión de esta concesión petrolera.
La generosa política tributaria del gobierno anterior con la megaminería transnacional la agravó el actual Gobierno decretando en febrero de 2016 la eliminación de las retenciones a la exportación que eran de una modesta tasa del 5%. Bien entendido de las exportaciones declaradas. No de las que salían del país sin control alguno. Por ejemplo desde aeropuertos privados. Véase: Megaminería: todo se repite y empeora, en Noticias sobre conflictos mineros: http://www.conflictosmineros.net/noticias/2-argentina

7) Deuda externa 
Cifras aproximadas. Cuando asumió Néstor Kirchner se debían 200 mil millones. Se pagaron 200 mil millones. Se siguen debiendo 200 mil millones.
La ley de pago “soberano”.
En setiembre de 2014 el Congreso argentino aprobó, con el voto favorable de la mayoría kirchnerista y el voto en contra de todas las otras bancadas, un proyecto de ley presentado por el Gobierno con el título “Del Pago Soberano Local de la deuda exterior de la República Argentina”. El artículo 1º dice: “En ejercicio del poder soberano de la República Argentina, declárase de interés público la Reestructuración de la Deuda Soberana realizada en los años 2005 y 2010”. El interés público es el interés común de toda la colectividad, como por ejemplo asegurar la salud, la educación, un medio ambiente sano, el derecho a la alimentación, a la vivienda, etc. Y de manera general asegurar el bienestar del conjunto de la población.
Con esta ley el Gobierno anterior elevó a la categoría de interés público el pago de una deuda en buena parte ilegítima incluso la contraída por la dictadura militar que estatizó y convirtió en deuda pública miles de millones de dólares de deuda privada.

8) Venta o arriendo indiscriminado de tierras a extranjeros. La ley de tierras de 2011 no constituye ningún obstáculo para ello. Además, no afecta las operaciones terminadas antes de su sanción.Más del 10% de las tierras (equivalente a la superficie de toda la Provincia de Buenos Aires), está en manos de extranjeros. Hay por lo menos dos aeropuertos extranjeros construidos en la Patagonia, sin que puedan ser detectados por los radares argentinos, ya que éstos o son obsoletos o no existen en la región.El plan de radarización prometido por Néstor Kirchner nunca se llevó a cabo y lleva años de retraso. Un aeropuerto construido por Lewis, desde donde puede llevar del territorio cualquier tipo de material, y hasta aviones militares de gran porte están en condiciones de ascender y descender. Un aeropuerto cuya pista es tan larga como la de Aeroparque. Está a nombre de un argentino, Van Ditmar, pero que es socio de un gran magnate inglés, Joe Lewis, que posee miles de hectáreas en Chubut, que incluye al Lago Escondido. Costó 20 millones de dólares. ¿Por qué un aeropuerto tan grande y con seguridad privada que supera a la fuerza policial local? La respuesta fue que "viajar en auto por la provincia lleva muchas horas, y es más fácil ir en avión". Otro aeropuerto perteneciente a una minera canadiense, y que fue construido cerca de una zona de recursos mineros, para explotarlos y llevárselos del país sin control alguno. (Véase: Notas e informes sobre la venta indiscriminada de tierras a extranjeros. http://www.elmalvinense.com/argentina_para_los_argentinos/venta_de_tierras.htm)
La Fuerza Aérea Argentina aprobó el funcionamiento del aeropuerto, pero es incapaz de garantizar su control, pues no posee radares en la zona y podría aterrizar o despegar cualquier tipo de aeronave sin ser registrada. Innumerable cantidad de oficios fueron enviados por la Diputada provincial Magdalena Odarda a la Ministro de Defensa Nilda Garré, a funcionarios provinciales y nacionales, pero nada sucedió. El gobierno sabe del peligro que representa tener un aeropuerto de tamañas características en el corazón de la Patagonia, pero nada hace para evitarlo, al contrario, autoriza su funcionamiento sabiendo que es incapaz de controlarlo.
Las zonas de seguridad están definidas en el decreto-ley 15385/44 dictado en 1944 por el gobierno militar Farrell-Perón, que rige aún con pocos modificaciones, donde se dice que es “de conveniencia nacional que los bienes ubicados en zonas de seguridad pertenezca a ciudadanos argentinos nativos”. Se declara de “conveniencia nacional” que pertenezcan a ciudadanos nativos, pero NO SE PROHIBEN las propiedades extranjeras en las zonas de seguridad.
Así es como actualmente hay enormes propiedades de extranjeros en el borde del Océano Atlántico, en zonas limítrofes, en zonas estratégicas por sus recursos naturales, etc.
Un país celoso de su soberanía establece la PROHIBICIÓN para los extranjeros de adquirir tierras en las zonas de seguridad. No es el caso de Argentina, ni tal prohibición figura en la ley de tierras vigente aprobada en 2011, que sólo establece como requisito para que un extranjero sea propietario en zonas de seguridad el consentimiento previo del Ministerio del Interior
Desde hace años las elites políticas y económicas dominantes han abierto de par en par las puertas del país al poder económico transnacional para que lo recolonice, lo saquee, lo contamine y acentúe la explotación de los trabajadores.
http://www.alainet.org/es/articulo/180117

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=216508

“Seguimos caminando, resistiendo y dando batalla en la calle y los papeles. Por la verdad y la justicia”.

Argentina: Suspenden explotación mega minera de Agua Rica en Andalgalá

9 de septiembre de 2016

Los vecinos de Andalgalá, luego de más de seis años de resistencia legal y un largo peregrinar judicial, celebraron que la Corte de Justicia de la Nación ha dado la razón al reclamo del pueblo, admitiendo un amparo ambiental (art. 43 CN) para discutir la ilegal instalación de este proyecto minero.

La sentencia favorable que se logró, fue gracias al esfuerzo de mucha gente el trabajo de diversos profesionales que actuaron en el proceso judicial, como así también los y las Abogad@s del Movimiento de Profesionales para los Pueblos que acompañaron con la representación legal, como así también el apoyo de muchas asambleas, organismos de Derechos Humanos como el SERPAJ, DIALOGO 2000, APDH, CEPRODH, Colectivo de Abogados y Abogadas LA CIEGA, ONGs como Conciencia Solidaria y PROECO, actores políticos, organizaciones y movimientos sociales de todo el país como CTA-ATE (Mariano Sanchez Toranzo), Red Ecosocialista, con un especial reconocimiento a la Agrupación “VISIÓN SOSTENIBLE”, a Nora Cortiña, Mirta Baravalle (Madres de Plaza de Mayo L.F), Bruno Arias y Adolfo Perez Esquivel.

Recientemente el expediente volvió al Juez de Primera Instancia Dr. Rodolfo Oscar Cecenarro (el mismo que ordenó la represión del 15 de Febrero de 2010), quien se vio en la obligación de obedecer lo que la que la Corte Suprema Justicia de la Nación le ordenó el 2 de Marzo de 2016, para que dicte una nueva sentencia bajo los parámetros allí establecidos. Fue por eso, y sólo por eso, que el Juez se vio en la obligación de adoptar por lo pronto una medida cautelar para la suspensión de la explotación del yacimiento Agua Rica.

Sin embargo, en los pueblos todos saben quién es quién (el pueblo de Andalgalá tiene memoria), y en ese sentido ahora se ha presentado la recusación (apartamiento) del Juez Rodolfo Cecenarro, porque no es un juez imparcial, dado que tiene interés en el asunto, y además ya ha emitido opinión negativa en nuestro amparo ambiental, cometiendo toda clase de arbitrariedades, negando el derecho de defensa en juicio y el acceso a la justicia.

También en la mañana del 7 de Septiembre del 2016, se presentó un escrito en el Juzgado de Control de Garantías de la ciudad de Andalgalá pidiendo que se amplíe la medida cautelar de suspensión para lograr la paralización del proyecto minero Agua Rica, así como el cese total de actividades en todas las minas concedidas para ese proyecto, así como cualquier actividad de exploración y/o explotación, trabajos de instalación, transporte, construcción de caminos, canteras, corredores de servicios y/o preparación de cualquiera de estas actividades, así como interconexiones con cualquier otro yacimiento megaminero (como Cerro Atajo y/o UTE Ymad- Alumbrera), y que se estén desarrollando dentro del predio de la concesión minera actual de más de 16 mil hectáreas, todo ello en razón de no contar con la Información de Impacto Ambiental, ni autorización legal alguna que habilite dichos trabajos y/o actividades.

Este fue siempre el espíritu de la lucha y resistencia del pueblo de Andalgalá, porque a pesar de la suspensión, la minera sigue operando en nuestra montaña los Nevados del Aconquija.

Seguimos caminando, resistiendo y dando batalla en la calle y los papeles.

Por la verdad y la justicia

FUERA AGUA RICA

CESE INMEDIATO DE ALUMBRERA

JAMAS PILCIAO 16

SI A LA VIDA.

EL AGUA VALE MAS QUE EL ORO

POR UN MUNDO MEJOR Y EN PAZ Y SIN MEGAMINERAS

Comisión Legales de la Asamblea El Algarrobo

Contactos:

Sergio Martinez (03835) 15528071

Ruth Vega (03835) 15417080

Rosa Farias (03835) 15431290

Silvina Reguera (3835) 15409073

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Argentina_Suspenden_explotacion_mega_minera_de_Agua_Rica_en_Andalgala

"Hablamos de cantidades astronómicas que son las que acaban por 'convencer' a los gobiernos, que acepten que sus territorios sean hollados de esta manera, aun a sabiendas de las perniciosas consecuencias que este método puede acarrear".

Fracking

Ocho gravísimos efectos secundarios
9 de septiembre de 2016

Por Ecoportal (Rebelión)

 “Además de la confirmación de varios científicos de todo el mundo, de que el proceso de fractura hidráulica llamada fracking provoca terremotos, existe una lista de efectos secundarios de toda índole, que se acrecienta día a día de manera preocupante.”

innegable que el proceso genera puestos de trabajo, gasnatural, petróleo e ingentes ganancias, por lo cual es defendido por las empresas y apoyados por muchos gobiernos, pero los peligros ambientales, de salud y de seguridad siguen aumentando.

Este es un resumen de los diversos “efectos colaterales” que podría tener la perforación de un agujero en la superficie de la tierra, en el que se inyectan productos químicos tóxicos a una alta presión y luego se bombea el agua residual a gran profundidad.

Contaminación del agua

Durante el proceso de fractura hidráulica, una importante cantidad degas metano y otros productos químicos tóxicos se filtran desde el pozo y contaminan las inmediaciones de las aguas subterráneas, que suelen ser la fuente hídrica para el consumo de las comunidades locales.

Un solo pozo puede producir casi cuatro millones de litros de aguas residuales, que contiene elementos radiactivos como el radio y varioshidrocarburos cancerígenos, como el benceno; las concentraciones de metano son 17 veces mayores en las napas subterráneas cercanas a los sitios de fractura, que en los pozos normales. Sólo entre un 30 y un 50% del fluido de fracturación se recupera; el resto se deja en el suelo y no es biodegradable.

Escasez de aguas

Casi el 90 % del agua utilizada en fracking nunca regresa a la superficie. Dado que el agua se retira definitivamente de su ciclo natural, esta es una mala noticia para los afectados por la sequía o la escasez.

La reorientación de los suministros de agua para la industria de la fractura hidráulica, no sólo hace que los precios del agua se encarezcan, sino que también reduce la disponibilidad de la misma para otros usos, como el riego de cultivos.

Graves secuelas en la salud

El fluido residual dejado por el proceso de fractura hidráulica se deposita en fosas a cielo abierto para que se evapore, lo que libera peligrosos compuestos orgánicos volátiles a la atmósfera, contaminando el aire, generando lluvia ácida y aumentando los índices de ozono a nivel del suelo.

La exposición a partículas de sulfuro de hidrógeno e hidrocarburos volátiles puede provocar problemas de salud, como asma, dolores de cabeza, presión arterial alta, anemia, ataques al corazón y cáncer y puede tener un efecto perjudicial sobre los sistemas inmunológico y reproductivo, así como en el desarrollo embrionario.

Un gas asesino

Un estudio reciente de la Universidad Johns Hopkins, encontró que los hogares ubicados en zonas suburbanas y rurales cercanos a los sitios de fractura hidráulica, en general tienen una concentración de radón un 39 % más alta, que aquellos ubicados en áreas urbanas sin fracking.

El radón (la segunda causa mundial de cáncer de pulmón después del tabaquismo) es un gas radiactivo natural, inodoro, insípido, invisible y soluble, por lo que algunos restos disueltos pueden aparecer en los pozos de agua y en las napas subterráneas y otros dispersarse por el aire.

Partículas mortales

Además de agua y productos químicos tóxicos, el fracking requiere el uso de arena fina o frac, que ha impulsado el auge de la extracción y molienda de la misma, en muchos puntos del planeta.

Estas pequeñas partículas de sílice pueden dificultar la respiración y causar irritación respiratoria, tos, obstrucción de las vías y una mala función pulmonar, pero la exposición crónica o a largo plazo puede provocar inflamación pulmonar, bronquitis, enfisemas y una enfermedad grave conocida como silicosis, una forma de fibrosis pulmonar.

Terremotos

Se ha confirmado que el proceso de fractura hidráulica provoca terremotos. En concreto, durante los últimos siete años, ciertas regiones geológicamente estables han experimentado movimientos en las fallas que no se habían movido en millones de años, a causa del fracking. Además, es difícil o imposible predecir dónde ocurrirán los sismos ocasionados por esta práctica.

Está fehacientemente comprobado que el aumento de dicha actividad coincide con la inyección de aguas residuales en pozos diseñados y aprobados para este fin. Tras años de incertidumbres, muchos gobiernos han acabado por darle la razón a los científicos, el de Francia fue uno de los primeros.

¿Más “efecto invernadero”?

El gas natural es principalmente metano, un gas de efecto invernadero tan potente, que atrapa 85 veces más calor que el CO2. Debido a las fugas de metano durante el proceso de fractura hidráulica, el fracking puede ser peor que la quema de carbón.

Está comprobado que incluso pequeños escapes en el sistema de producción y distribución del gas natural puede tener un gran impacto a nivel climático, el suficiente como para echar por tierra todo el beneficio de la conmutación de la producción de energía térmica por carbón a gas.

¿Quid pro quo?

Por último y no menos importante, detrás del fracking hay muchísimo dinero en juego. Hablamos de cantidades astronómicas que son las que acaban por “convencer” a los gobiernos, que acepten que sus territorios sean hollados de esta manera, aun a sabiendas de las perniciosas consecuencias que este método puede acarrear.

A cambio de unos cuantos puestos de trabajo reales, pero no siempre estables, de tener una fuente de gas natural “en casa” y de apoyos económicos subrepticios, en muchos lugares del mundo, en este instante se está practicando fracking, sin ninguna consideración por la salud de los pobladores cercanos, las terribles consecuencias climáticas y los daños irreparables al medio ambiente.

http://www.ecoportal.net/Temas-Especiales/Contaminacion/Fracking-8-gravisimos-efectos-secundarios
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=216482

"Seguiremos avanzando, seguiremos desplazando los dañinos intereses afuerinos y seguiremos levantando con más fuerza aún, nuestras propuestas de vida, fortaleciendo nuestras articulaciones interculturales".

Chile y Argentina - De Mar a Mar:

A defender colectivamente el Wallmapu del saqueo y explotación extractivista

7 de septiembre de 2016

"Anunciamos que intensificaremos nuestro accionar por la defensa de los territorios y que rechazamos categóricamente toda imposición de proyectos de inversión bajo criterios centralistas, patriarcales, neo coloniales y racistas."

Encuentro Extractivismo, Soberanías Locales y Crisis

En Valdivia, región de Los Ríos, en el marco del Encuentro Extractivismo, Soberanías Locales y Crisis, realizado en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile, los días 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre de 2016, las organizaciones y comunidades que suscriben la presente declaración, señalan lo siguiente:

Los territorios donde habitamos, continúan siendo invadidos y saqueados por depredadoras actividades que son parte del modelo extractivista neoliberal. Las denominadas regiones del Bio Bio, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos - Chiloé, que son parte del territorio ancestral del Wallmapu, han sido gravemente afectadas por industrias como las forestales, las celulosas, las salmoneras, agroalimentarias; también con los proyectos de energía como las hidroeléctricas, las termoeléctricas, los mega parques eólicos, y también por múltiples pedimentos mineros, las que se pretenden seguir intensificando, emplazándose de manera abusiva y descontrolada sobre las últimas reservas naturales indispensables para nuestra existencia, afectando y atropellando diversas formas de vida.

Ante esto, como movimiento social que promueve el respeto entre personas y con la naturaleza, que exige al Estado y los órganos públicos y privados el cumplimiento y respeto de los derechos colectivos, anunciamos que intensificaremos nuestro accionar por la defensa de los territorios y que rechazamos categóricamente toda imposición de proyectos de inversión bajo criterios centralistas, patriarcales, neo coloniales y racistas.

No se trata aquí de participación de gananciales ni medidas “compensatorias”, se trata, de que quienes habitamos los territorios, los que cuidamos nuestro ambiente de vida, los que velamos por los derechos humanos, que obedecemos al interés colectivo, seamos quienes decidamos sobre las verdaderas necesidades y prioridades para nuestros espacios que habitamos, bajo principios y valores del buen vivir.

Para ello, haremos uso de todos los mecanismos necesarios desde el campo de la acción social, desde lo judicial, desde lo político y administrativo, como también desde lo cultural y espiritual, para frenar los atropellos, expulsando y erradicando las violentas prácticas de grupos empresariales que promueven el lucro a costa de la destrucción, como también, el desmantelamiento de su horda política de corrupción y colusión y la de sus agentes sicarios y mercenarios, a quienes emplazamos a terminar con su invasión y a retirarse con un mínimo de dignidad y decencia, asumiendo la crisis, colapso y decadencia del modelo de desarrollo que representan, medida que sin lugar a dudas contribuiría a la paz y justicia social.

Manifestamos nuestro activo apoyo a los defensores y defensoras del territorio de Tranguil, comuna de Panguipulli, objeto de la invasión de la transnacional RP Global, quien está generando gravísimos conflictos con la imposición de centrales hidroeléctricas. Extendemos nuestro irrestricto apoyo a la familia Collio Valdés ante la muerte de Macarena Valdés quien deja a 4 hijos y un esposo, el werken de la Coordinación Newen de Tranguil, Rubén Collio.

De la misma forma, seguimos levantando por nuestra parte las exigencias de libertad para los presos políticos Mapuche y particularmente, sobre la situación humanitaria de la Machi Francisca Linconao, quien se encuentra encarcelada, objeto de un montaje y persecución por parte de ciertos agentes operadores de justicia en conjunto con intereses del latifundio colonial racista.

Con mayor convicción, seguiremos avanzando, seguiremos desplazando los dañinos intereses afuerinos y seguiremos levantando con más fuerza aún, nuestras propuestas de vida, fortaleciendo nuestras articulaciones interculturales, como también, nuestros procesos de reconstrucción de autonomías y formas tradicionales bajo criterios del derecho propio y del Az Mapu.

Comunidad Maiquillahue, Mehuin Alto.
Comunidad Villa Nahuel, Mehuin.
Comunidad Roble Carimallín, Río Bueno.
Lof Külche Mapu, Lanco.
Coordinadora de Defensa Río San Pedro, Los Lagos.
Futa Koyagtun Koz Koz Mapu, Panguipulli.
Coordinación Newen Mapu de Tranguil, Panguipulli.
Red de Organizaciones Sociales y Ambientales de Panguipulli.
Coordinación de Defensa Territorios del Bío Bío.
Territorio Pewenche de Cañicu, Alto Bío Bío.
Red por la Defensa de los Territorios, Araucanía
Comunidad Weketrumao, Chiloé.
Consejo Comunidades Williche de Chiloé
Chiloé está Privao, Chiloé.
Espacio de Articulación Mapuche, Bariloche.

Adhieren:

Movimiento Plurinacional por la Defensa y Recuperación del Agua y los Territorios.
Editorial Quimantú.
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales.
Puelche Comunicaciones
Colectivo Informativo Mapuexpress
Coordinadora apoyo Pueblo Mapuche – Valdivia
Defensa Territorio – Valdivia

Pukem, Valdivia (Ainilleufu), 2 de septiembre de 2016

Fuente: OLCA, 3 de septiembre, 2016

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Advirtamos:"El AMO no es sólo un claro síntoma de la inviabilidad del capitalismo rentístico venezolano, inscrito en una larga crisis histórica. Es también la expresión más nítida de una completa reorganización de territorio nacional alrededor del extractivismo".

Arco Minero del Orinoco y 

fin de ciclo en Venezuela

19 de agosto de 2016

Por Emiliano Teran Mantovani (Rebelión)

Mientras en Venezuela los defensores de la macondiana “minería ecológica ecosocialista” escriben artículos planteándonos que podríamos salir ganando con el proyecto del Arco Minero del Orinoco (AMO), el gobierno venezolano habría firmado un acuerdo caníbal con la transnacional canadiense Gold Reserve que, de confirmarse oficialmente, contiene algunas cláusulas que podríamos considerar hasta cínicas, donde el Estado termina asumiendo todos los costos y consecuencias del proyecto (véase el reciente análisis de Edgardo Lander sobre el anunci o público realizado por esta minera el 8/08 acerca de su acuerdo con el gobierno venezolano: https://www.aporrea.org/contraloria/a232524.html).

Como un síntoma de estos tiempos, el presidente de la Gold Reserve, Doug Belanger, celebra la nueva política minera del gobierno nacional, ya no solo en a nombre su empresa, sino en el de todas las nuevas inversiones extranjeras directas que se beneficiarán con este cambio de rumbo.
Uno de los principales argumentos propuestos para defender el relanzamiento de este proyecto es que es una decisión soberana que nos permitiría recuperarnos y nos podría fortalecer políticamente. Parece que es todo lo contrario: no es que el Petro-estado venezolano va debilitado a negociar en el Arco Minero del Orinoco, sino que el Arco Minero del Orinoco es relanzado a raíz del debilitamiento del Petro-estado. El AMO es la clara expresión de este debilitamiento interno y geopolítico; es una expresión de poder del capital transnacional y se configura a partir del agotamiento y capitulación del progresismo gubernamental. Por tanto supone un nuevo esquema de poder en el país. A esto podríamos adjudicarle algunos claros rasgos de fin de ciclo.
No necesariamente hace falta que se produzca un cambio de gobierno para que se desarrolle un cambio de régimen. Esto parece notarlo cada vez más personas, militantes y organizaciones sociales en Venezuela y América Latina. Pero como no hay tabula rasa en estos complejos procesos históricos, importantes preguntas surgen: si estamos en un nuevo ciclo, ¿Cuándo comenzó a operar? ¿O cuándo ha terminado el anterior?

Sin pretender responder con precisión esta pregunta, y reconociendo que desde hace varios años un proceso de flexibilización económica progresiva se ha venido desarrollando en el país –desde tasas de cambio preferenciales a las transnacionales en la Faja del Orinoco, agresivos endeudamientos externos desde 2010, cesiones parciales de participación accionaria en las empresas mixtas a favor estas compañías foráneas, hasta llegar al decreto de las zonas económicas especiales–, planteamos que el AMO, más que sólo un proyecto minero de grandes proporciones, representa un punto de inflexión histórico en el país.

El AMO no es sólo un claro síntoma de la inviabilidad del capitalismo rentístico venezolano, inscrito en una larga crisis histórica. Es también la expresión más nítida de una completa reorganización de territorio nacional alrededor del extractivismo. Es el emblema de la expansión hacia las nuevas fronteras de las commodities en Venezuela, a la apropiación las últimas zonas “vírgenes” del país, y refleja la nueva arquitectura geográfica del capitalismo al menos para los próximos 50 años.
El desarrollo del AMO se va conectar con el polo de desarrollo que configura con la Faja Petrolífera del Orinoco, que a su vez se vincula con el proyecto del puerto de aguas profundas en Araya por el norte y con proyectos de vialidad hacia Brasil por el sur –ambos inscritos en la estrategia COSIPLAN-IIRSA para Suramérica. La misma lógica que impulsa Puerto América en el Zulia para operativizar la expansión del extractivismo carbonífero en el norte de este estado, donde además se desarrollaría vialidad y un gaseoducto hacia Colombia. Y así podríamos hablar de la Faja Pesquera, el relanzamiento de los proyectos de gas offshore o la llamada Faja Forestal.
Toda esta red de proyectos representa una red de impactos socio-ambientales y económicos que tendrá devastadoras consecuencias. Tengo la impresión que los críticos del AMO en realidad somos también en el fondo los críticos de esta geografía del saqueo en Venezuela.

Pero hay algo más. Ante una crisis hegemónica, el AMO es probablemente una parte muy importante de la base material, del sostén económico de una nueva configuración de poder, de una nueva estructura de gobernanza. Su impacto es no sólo social, ambiental y económico, sino también político: de concretarse una alianza entre el sector militar y las corporaciones transnacionales basado en el extractivismo, como se hace evidente en los decretos y leyes promulgados en los últimos meses, pero también en los acuerdos firmados con mineras como la Gold Reserve, se terminaría de potenciar materialmente este pacto de gobernanza. Estaríamos, para interpretarlo en clave histórica, ante una especie de fase superior del Gomecismo.

Esto, a decir verdad, hay que tomárselo muy en serio. En las nuevas fronteras de las commodities se juega el futuro de la sociedad venezolana.

*Emiliano Teran Mantovani es sociólogo, investigador y ecologista político. Mención honorífica al Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015. Hace parte de la Red Oilwatch Latinoamerica.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=215708

Percibamos hacia dónde tiende la legalidad capitalista: " facilidades para las inversiones del gran capital, recibiendo aún más beneficios fiscales, aduanales y financieros, así como facilidades administrativas e infraestructura competitiva".

Zonas Económicas Especiales del gran capital

 8 de septiembre de 2016

Por David Luna Hernández (Rebelión)

El Sur-Sureste Mexicano sufre desde hace 16 años del proceso acelerador de los planes de “integración Económica” con el ya antagónico Plan Puebla Panamá, que por cuestiones estratégicas del Imperialismo Norteamericano fue cambiado su nombre a un esquema micro, según el Estado Mexicano “Planes de Desarrollo Regional”.

Este Desarrollo Regional tienen como objetivo lo macroeconómico de la “Integración Imperialista”, el Plan Puebla Panamá sigue vivo, pero llamado de diferente forma; ahora en su tercera etapa es llamado por el Estado Mexicano como Zonas Económicas Especiales y debemos observar su consistencia para defender lo que aún es nuestro.

El pasado 1 de junio fue publicado en el diario oficial de la federación la Ley Federal de Zonas Económicas Especialesⁱ donde Enrique Peña Nieto pretende generar el desarrollo para la Zona Sur-Sureste del país principalmente; con el fundamento de abatir la desigualdad y permitir cerrar la creciente brecha de desarrollo regional, a partir del crecimiento económico equilibrado entre regiones de mayor rezago social. Dicha Ley presentada por el Ejecutivo Federal y aprobada por el congreso de la Unión.ⁱⁱ

En el discurso el Estado Mexicano plantea impulsar “el crecimiento económico, reducir la pobreza, permitir la provisión de servicios básicos, y expandir las oportunidades para vidas saludables”. En realidad, el objetivo final, es otro.

La Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (LFZEE) regulará toda acción que realice en la zona la iniciativa privada y social, pero no social de las organizaciones sociales sino de “Empresas Socialmente Responsables” como un ejemplo la Coca Cola, Shell, kellogg´s, Bimbo, McDonald´s etc.ⁱⁱⁱ. Para el gran capital estos tipos de empresas trasnacionales son de carácter social, por sus programas “supuestos” de responsabilidad social. En realidad su objetivo es el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales y humanos, sin traer un verdadero beneficio social. La iniciativa privada es representada por las grandes multinacionales Mineras y aquellas empresas que son financiadas por el BM, FMI, OCDE, BID.

Con esta ley se adecuan las facilidades para las inversiones del gran capital, recibiendo aún más beneficios fiscales, aduanales y financieros, así como facilidades administrativas e infraestructura competitiva. Es claro que el gran capital podrá adquirir hectáreas de tierras, caudales de ríos, mares y pozos de yacimientos de agua, gas, petróleo, y de explotación de minerales a cambio de generar “fuentes de empleos” en los lugares donde se establezcan aprovechando al máximo los recursos de vital importancia.

Recordemos que en esta zona el desarrollo en vías de comunicación en estos últimos tres sexenios ha sido acelerado con mega autopistas para el mayor y rápido desplazo de las mercancías de un lugar a otro, destruyendo a su paso las reservas nacionales en biodiversidad y el tejido social. Otro caso son los parques eólicos que se encuentran en la zona de istmo de Tehuantepec y Puebla sin traer algún beneficio. Refieren autoridades municipales que han estado realizando encuentros con otros municipios que se ven afectados por estos parques eólicos puesto que son un engaño, porque se les habían prometido pagar impuestos y realizar obras sociales en sus municipios.^iv Ninguno de los beneficios llegó.

Con la LFZEE, las administraciones privadas de estas zonas estarán coordinadas permanentemente con los tres niveles de gobierno y sin consensar a los ciudadanos. Se realizaran reordenamientos territoriales así como ejecutar acciones de seguridad pública, esto para tener control Y buen funcionamiento de las “Zonas Económicas”. No se podrá evaluar el funcionamiento a corto, mediano y largo plazo, sino será hasta cada 5 años que se evalué y realicen los ajustes necesarios para incrementar la productividad de las zonas. Con esto las empresas aprovecharan al máximo los mantos acuíferos, el aire, la tierra, el petróleo, el gas, los minerales, la fuerza de trabajo hasta saciar su sed de explotación e irse a otra zona estratégica o permanecer en ella.

Como nos damos cuenta esta Ley otorga todas las facilidades a las trasnacionales y al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para generar obras de infraestructuras de transporte, de comunicaciones, de logística, energética, hidráulica, ambiental entre otras que requieran ejecutar en el exterior de la zona para operación de la misma.

El PPP en su Primera Etapa con Vicente Fox Quezada fue la apropiación de la biodiversidad y de las tierras originarias a costos bajos como consecuencia de políticas públicas que generaron pobreza e hizo que millones de mexicanos del sur sureste vendieran sus tierras a trasnacionales o al CCE y emigraran a Estados Unidos de Norteamérica con la esperanza del sueño americano; La Segunda Etapa con Felipe Calderón Hinojosa fue el rompimiento del tejido social de los pueblos con la supuesta lucha contra en narcotráfico, el acelerado desarrollo de las vías de comunicación, la creación de parques eólicos y la acelerada explotación minera, por consecuente desapariciones forzadas, familias divididas, sin tierras, sin agua, sin trabajo digno.

Y la tercera etapa, con Enrique Peña Nieto La Ley Federal de Zonas Económicas Especiales plantea que estas zonas industriales atenderán los principios de sostenibilidad, progresividad y respeto de los derechos humanos de las personas y pueblos de las áreas de influencia. Recordemos y no es difícil para el lector que estos han sido siempre los principios del Estado Mexicano, por lo cual, nunca de estos principios se cumplirán en la realidad, puesto que la explotación de los recursos naturales y humanos son los que siempre salen perdiendo; para esto es de suma importancia mencionar que en este sexenio se agudiza la superexplotación del trabajo, recomiendo le puedan echar un vistazo a un reporte de investigación del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM^v donde se analiza la pérdida del poder adquisitivo del trabajador en el Neoliberalismo y el abaratamiento de la ganancia de la fuerza del trabajo en nuestro país. Sin duda nos dice este reporte que a pesar de que existan programas donde se inviertan fuertes cantidades millonarias de pesos, la pobreza de nuestro país crece. En 42 años, creció 58% la pobreza^vi y en la actual administración federal no hay mejoras. Hoy el déficit de empleo asciende a 34 millones de plazas, por ello 26 millones de mexicanos de la Población Económica Activa PEA se ven obligados a emplearse en la economía “informal” y 8 millones de personas buscan trabajo que nunca encuentran.^vii

Es un claro ejemplo que la pobreza está asociada a la Política Económica Neoliberal que durante los últimos cinco sexenios se han implementado, beneficiando por encima de la población al gran capital. Empobreciendo con los planes de desarrollo a cerca de 102 millones de mexicanos.

Con esta Tercera Etapa del PPP, la ley plantea generar fuentes de empleo; no se dice que tipo de empleos, lo más seguro es de outsourcing,^viiidonde se tiene salarios bajos, condiciones de trabajo deplorables y sin prestación de ley alguna; lo más preocupante es que no se tiene certeza el tiempo que pueda durar una persona trabajando en esas zonas industriales, quedando al vil desamparo. Por otro lado la ley especifica que los permisos que se podrán otorgar a las sociedades mercantiles serán hasta por 40 años. Se desarrollará el flujo del capital trasnacional otorgando permisos a empresas como Wal-Mart, Aurrera, soriana para que los trabajadores compren sus productos y en esa circulación del capital el trabajador sea el que más pierda. (Su fuerza de trabajo-su salario-sus recursos naturales-su vida) las trasnacionales se apropian de la vida y fuente de la riqueza de los mexicanos.

El Estado Mexicano con esta ley garantiza para las trasnacionales la paz social y privada de las zonas industriales, prestando la vigilancia de la Policía estatal, gendarmería, fuerzas armadas, etc. Si pensábamos que ya lo habíamos visto todo, creo que nos equivocamos, los inversionistas ahora tendrán a su favor los fundamentos legales para construir edificaciones, instalar maquinarias y equipos para realizar actividades económicas productivas, obtener autorizaciones, licencias y permisos, obtener financiamiento tanto nacional como del extranjero para continuar con sus actividades de explotación.

Es sin duda analizar desde la geografía correspondiente, todo aquel intento; es cierto que el Sistema Político Mexicano está desgastado, podrido en la corrupción y no sirve, pero es ahí donde se está ejecutando todas las leyes que permiten este saqueo; sin embargo debemos de ser muy audaces en presionar con la lucha social y organizativa a los Cabildos Municipales, Congresos Locales y al Congreso de la Unión para rechazar estos planes Geopolíticos Económicos que benefician al Gran Capital. Debemos de exigir la derogación de esta ley y su rechazo nacional conjuntamente o nos estaremos lamentando. Necesitamos profundizar más prospectiva social para estar listos en esta colisión, los escenarios son muchos, pero hay una única necesidad; transformar esta realidad a través de la acción directa y organizada contra el poder político y económico del sistema.

“Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor”^ix

Notas:

i http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5439557&fecha=01/06/2016

ii El 14 de diciembre de 2015 la H. Cámara de Diputados aprobó el Dictamen relativo a la Iniciativa de la Ley de Zonas Económicas Especiales con 366 votos en pro, 1 en contra y 54 abstenciones; El 14 de abril del 2016 la H. Cámara de Senadores aprobó dicho dictamen con 89 votos en pro, 8 en contra y 0 abstenciones. El 19 de abril del 2016 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la minuta con Proyecto de Decreto por lo que se expide esta Ley de Zonas Económicas Especiales.

iii http://www.cemefi.org/esr/pdf/2015/Lista%20empresas%20ESR%202015%20OK%202110.pdf

iv http://www.jornada.unam.mx/2016/07/19/estados/026n1est

v http://cam.economia.unam.mx/reporte-de-investigacion-122

vi[1] Ídem

vii http://cam.economia.unam.mx/mexico-fabrica-de-pobres

viii http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/07/13/el-outsourcing-sucio-negocio-del-gobierno/

ix[1] Palabras del último discurso de Salvador Allende ante golpe de estado en chile, 11 de septiembre 1973.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=216478

“Estamos muy preocupados, porque nos perjudica a todos este cultivo, a nuestros animales y nuestras abejas; el 95 por ciento de los agricultores cheneros somos apicultores”.

México_Yucatán: 

Exigen mayas detener uso 

de glifosato en sus tierras

5 de septiembre de 2016

Además de dar a conocer la presencia del herbicida glifosato en la orina de habitantes de comunidades de Hopelchén, Campeche, en la Península de Yucantán, en México, y en los pozos que se usan para riego y consumo humano, el Colectivo Apícola de Los Chenes denunció la falta de diligencia de las autoridades ambientales para realizar su trabajo al no atender las demandas legales.

El colectivo emplazó a las autoridades para que antes del 10 de septiembre den una respuesta sobre el tema y sobre la siembra ilegal de soya transgénica en su territorio; de lo contrario, frenarán la consulta ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como condición para que se otorguen los permisos de siembra de la planta genéticamente modificada.

Estudios realizados por el doctor Jaime Rendón Von Osten, del Instituto Epomex de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), comprobaron la presencia del glifosato -usado mayormente en las plantaciones transgénicas- en humanos y el subsuelo. El científico precisó que el tóxico no es biodegradable al 100 por ciento y contamina mantos de agua.

El apicultor y activista maya Gustavo  Huchín Cahuich indicó que “estamos muy preocupados, porque nos perjudica a todos este cultivo, a nuestros animales y nuestras abejas; el 95 por ciento de los agricultores cheneros somos apicultores”.

El abogado del Equipo Indignación, Orbelín Montiel Cortés, señaló que ni la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ni la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) han atendido de manera adecuada las demandas que han presentado las comunidades mayas, e incluso se han deslindado, lo que confirma el desinterés de las autoridades ambientales y se viola el derecho a un medio ambiente sano.

Montiel Cortés detalló que el 25 de enero de 2014 se presentó una denuncia ante la Profepa por deforestación en la zona maya, donde se está sembrando soya transgénica; el 24 de agosto de 2015 se presentaron dos denuncias ante Conagua debido a la construcción de pozos sin permisos, y el 21 y 24 de agosto de 2015 se presentaron denuncias ante la Profepa nuevamente. Sin embargo, hasta el momento solo se tuvo respuesta de Conagua y fue en el sentido de deslindarse.

El defensor advirtió que aunque las autoridades locales han intentado desacreditar el trabajo del doctor Von Osten, sus estudios sí tienen validez siempre y cuando las comunidades se lo pidan, además de que fueron requeridos  por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y fungen como un medio de prueba jurídicamente válido para las comunidades.

En 2012, Monsanto pidió autorizaciones para la siembra de soya transgénica resistente al herbicida glifosato en los municipios campechanos de Champotón, Hecelchakán, Hopelchén, Tenabo, Calkiní, Escárcega, Carmen y Palizada, que actualmente se encuentran suspendidas por orden de la SCJN. El 4 de noviembre de 2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de comunidades mayas de Yucatán y Campeche al suspender el permiso otorgado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación (SAGARPA) a la empresa para la siembra comercial de 253 500 hectáreas de soya genéticamente modificada en siete entidades del país, incluyendo a las tres que integran la Península de Yucatán.

De acuerdo con la sentencia de la SCJN, las autoridades federales violaron el derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada a las comunidades mayas de Yucatán y Campeche, por lo que el permiso de siembra de soya genéticamente modificada fue suspendido hasta que se realice la consulta.

Organizaciones civiles han denunciado irregularidades en la realización de la consulta, mientras que las comunidades han reclamado por la siembra ilegal del cultivo.

Texto publicado originalmente en www.somoselmedio.org

difusión solidaria desde  https://www.facebook.com/groups/ecoanarquismoenpdf

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Fuente: https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2016/09/05/mexico_yucatan-exigen-mayas-detener-uso-de-glifosato-en-sus-tierras/