Defienden el manejo
integrado de plagas tras muertes polémicas
Dos niños
fallecieron en 2011 y 2012 en Lavalle, lo cual generó un fuerte debate en torno
al uso “indebido” de agroquímicos. Desde Sanidad Vegetal derriban mitos en
cuanto a la utilización de pesticidas e involucran a otras instituciones en el
control de las chacras.
María
José Canteros
Redacción de época
El conocimiento, hace una semana, de la elevación a juicio oral del
caso Nicolás Arévalo, de cuatro años, quien falleció en 2011 por incidencia de
productos fosforados detectados en la autopsia; y la muerte de otro niño en
2012, José Rivero, también en Lavalle, Corrientes, con iguales síntomas aunque
sin procesamientos hasta el momento, reflotaron la necesidad de conocer qué
medidas se adoptaron desde entonces para evitar la pérdida de nuevas vidas. En
virtud de ello entrevistamos a Mariela Pletsch, directora de Sanidad Vegetal
del Ministerio de la Producción, con el objetivo de brindar una respuesta
posible al lector en torno a las políticas públicas que se ejecutan desde
entonces. En el proceso de la entrevista aparecieron nuevos interrogantes que
surgen del problema de la convivencia entre las comunidades cercanas,
caracterizadas por ser de bajos recursos, y los invernaderos. En este caso, se
puede observar la existencia de un vacío en cuanto la articulación de las
medidas que se deben adoptar en una de las comunas consideradas de mayor
producción de tomates y pimientos junto con Santa Lucía. Por lo tanto, queda un
interrogante abierto que motivará nuevos reportajes.
-A partir del conocimiento de estos casos de pérdidas de vidas,
¿qué políticas públicas se desarrollaron a través del Ministerio de la
Producción?
-El Ministerio de
Producción, a través de la Dirección de Sanidad Vegetal, es el organismo de
aplicación de la Ley provincial de agroquímicos, 4.495, que data del año ‘90.
Las acciones de la Ley hasta el 2010 fueron mínimas pero a partir de ese año se
comienza a aplicar la normativa.
La competencia de la Ley, en primera instancia, es el registro. O sea, la Ley
posee incumbencia hasta la comercialización y expendio de productos químicos.
Como autoridad de aplicación, “no tenemos injerencia en las chacras”, vale
aclarar porque se presta a confusión, si nos ponemos a analizar en profundidad
la cantidad de productores que hay en la provincia o en territorio, un
organismo público no puede actuar, estar controlando o fiscalizando lo que hace
cada productor en su chacra. Un organismo de aplicación tiene fiscalizadores o
agentes que actúan, pero hasta una instancia que es la comercialización.
Nosotros nos encargamos de que todas aquellas empresas que
comercializan agroquímicos lo hagan bajo la norma, y que los lugares donde se
expenden lo hagan bajo las condiciones adecuadas para un producto
fitosanitario. Esas normas no son solo nuestras, sino nacionales e
internacionales en las cuales hay que basarse. Son básicamente de seguridad.
Por ejemplo, supermercados y otros comercios que expenden otro tipo de
productos, que no tengan que ver con agroquímicos, tienen prohibida la
comercialización.
Fumigaciones
aéreas
Por otro lado, se
controlan acciones de aplicaciones de productos fitosanitarios con equipos
aéreos, con aviones. Las aplicaciones aéreas deben ser comunicadas al organismo
de control previo a la realización. Intervenimos en programas
fitosanitarios, como ser el control de frutos cítricos, en el cual participamos
de las aplicaciones para que se hagan de acuerdo a las condiciones climáticas
que también establece la norma, porque todo está normatizado. Por eso también
decimos, si sucede algo malo con el producto químico es porque se lo utilizó
mal, no es porque en sí sea malo. Si se lo utiliza de la forma debida es una
herramienta de control de plagas de los cultivos; no tiene por qué ocasionar
daño o perjuicio a seres humanos y animales de sangre caliente. Así, tratamos
de regular a través de las capacitaciones a los productores. A ellos llegamos
con información; con actividades de planes productivos en el buen uso de los
agroquímicos. Porque reitero, si el agroquímico es bien utilizado es una
herramienta valiosa para el control de plagas. Porque hay que producir alimentos
y si no se controlan las plagas, éstas se los llevan. En esa línea se
desarrollan las políticas públicas que se llevan a cabo en el Ministerio que es
“el manejo integrado de plagas y el control biológico”.
-¿Cuál
es el alcance de este manejo integrado?
-Son varios tipos de controles que se manejan: el control químico, el físico;
el mecánico; el control biológico; entonces ahí viene lo que te decía: el
control químico es una herramienta. El productor, si es bueno, debería utilizar
todas las herramientas y eso se llama manejo integrado, dentro de ese abanico;
el Ministerio viene desarrollando las políticas públicas en conjunto con el
INTA y con el sector privado; porque hay empresas y hay productores que
intervienen en esta acción de control biológico.
-¿Qué
es el control biológico?
-Son insectos o parásitos, algún organismo vivo, que controlan las plagas.
Siempre un insecto posee un control natural, que no lo conocíamos porque no
estaba presente, justamente por la presión de agroquímicos. Hoy, con el trabajo
de disminuir su uso, se interviene para que los controladores naturales tengan
mayor presencia. Con el organismo natural, se usa muchos menos agroquímicos: lo
justo y necesario.
-¿Cuáles
son las prohibiciones en vigencia?
-Desde el organismo de
aplicación hemos prohibido el uso en la provincia, no está prohibido en
territorio nacional, de los productos de banda toxicológica roja, que es la más
tóxica. Justamente por el trabajo en territorio que se hace y que se detecta
que esos productos son utilizados.
-¿Cuál
es la situación del endosulfán que se detectó en Arévalo?
-El endosulfán está
prohibido, desde junio de 2014, no tiene que comercializarse. Si vamos a
inspeccionar un comercio de agroquímicos y encontramos este producto, es sujeto
de una sanción, porque el producto está prohibido en territorio nacional. Lo
mismo pasa con esos dos productos que hemos prohibido en territorio provincial,
de banda roja.
Es más, el organismo nacional que es encargado de controlar todo lo que sea
agroquímicos, que es el SENASA, no actúa en función de esa prohibición porque
es nuestra.
-¿Cómo
controlan el problema de las cercanías de las comunidades a las plantaciones?
-Está establecida por
norma la aplicación aérea a distancia, a un centro poblado son mil metros. Si
se realiza como dice la norma, en condiciones climáticas establecidas con el
equipo bien calibrado, no debería existir problema en los centros poblados.
-¿Qué
pasa con las aplicaciones terrestres?
-No está normado. Por
ello, lo que hay que hacer es siempre aplicar en condiciones correctas. Con un
día de viento ni una mochila de productos hay que hacer, porque seguro habrá
inconvenientes hasta para el mismo aplicador, para alguna vivienda o lo que sea
que esté cerca. Allí volvemos a lo mismo, si se utiliza bien y en condiciones
adecuadas, no tiene que haber daño.
-Al
recorrer Lavalle se puede advertir la cercanía de las viviendas con los
invernaderos…
-En esa zona, “la urbanización avanzó sobre la producción”. Entonces existe una
cuestión que tiene que ver con la falta de planificación urbana; el productor
estaba. Vino la población, y después tuvieron problemas. ¿Me explico? Esa es
una apreciación que vimos y que hemos planteado.
Es una cuestión que va más allá de un organismo de control como el nuestro.
Porque como organismo controlamos la comercialización (de agroquímicos), pero
no podemos estar al mismo tiempo en las chacras de 15.000 productores
controlando la
aplicación. Apelamos al buen criterio, al asesoramiento
técnico privado con el cual deberían contar.
Hay productores con los cuales trabajamos en el asesoramiento de programas
productivos y no solo enseñamos a producir sino a cumplir con la aplicación de
productos cuando tienen que hacer un tratamiento específico. Pero, ¿qué pasa
con los productores que no cuentan con asistencia técnica y están en esa
situación? Es muy complejo y va mucho más allá de lo que un organismo pueda
actuar. O sea hemos recorrido la
zona. La conocemos perfectamente y es donde hubo problemas
puntuales. Allí tenemos mayor desarrollo de políticas públicas en el manejo de
control de plagas y biológico. Entendemos que de no tomarse decisiones de
políticas claras respecto de la organización del avance de lo rural, los
problemas van a seguir existiendo y no solamente por cuestiones de agroquímicos
porque vuelvo al principio: “Es una herramienta más de control de plagas y en
la producción de alimentos”.
-¿Trabajan
en coordinación con Salud Pública para revisar los registros en cuanto a la
proliferación de enfermedades que puedan surgir de esta problemática de
convivencia de lo rural y lo urbano? Acorde a la demanda que surge de las
organizaciones, como Pueblos Fumigados y Salvemos al Iberá, que tuvieron fuerte
presencia cuando se conocieron los sucesos.
-Sí las conozco (a las organizaciones), incluso las citamos para hablar,
organizamos una reunión en la cual estuvimos todos y no se presentaron. Las
hemos convocado, porque vimos escritos o acusaciones respecto de lo que es la producción. Nos
ofrecimos para escuchar las propuestas productivas, porque en realidad nos
importa mucho, en primer lugar la salud de la gente y en segundo, producir
alimentos saludables, para nuestra población y para todo lo que tenga que salir
de la provincia.
Somos los primeros interesados y sabemos que hay un camino
largo por recorrer y paradigmas que romper. Respecto de la producción de
alimentos, existen tecnologías disponibles para producir mejor, hay normas
establecidas para hacer las cosas bien. Entonces, cuando acusan directamente,
nos interesa escuchar las otras propuestas para sumar. Porque pueden aportar
mucho a lo que hacemos. Hay muchas denuncias, pero muy pocas propuestas.
Siempre trabajamos coordinadamente con (los ministerios de) Salud Pública y
Educación en capacitaciones a docentes rurales de toda la zona de Lavalle,
Santa Lucía, que es de mayor producción, para que esos maestros puedan enseñar
a sus alumnos. Son los chicos quienes llevan una información importante al
hogar, o sea es una manera de sumar y atacar en todos los frentes. Porque el
problema puntual a nuestro entender y también lo ven así desde los otros
ministerios, es que el productor y la familia rural necesitan más información
para así modificar paradigmas de cómo usar el agroquímico para que no los
perjudique.
-¿Cómo
se comparten las responsabilidades?
-El productor muchas veces desconoce lo que implica respetar el tiempo del
alimento hasta que lo pueda consumir o comercializar. Tenemos que entender que
hay una población vulnerable y con falta de información, y que es
responsabilidad del Estado y de las instituciones llevar esos conocimientos, no
solo del Ministerio de Producción, también de Agricultura de la Nación, primer
responsable, con todos los organismos que están por debajo: el SENASA; INTA.
Somos muchas instituciones que trabajamos en el campo. Somos autoridad de
aplicación de una Ley hasta el expendio, pero todas las otras instituciones
deben y tienen la responsabilidad de trabajar e informar al productor, en dar a
conocer las tecnologías disponibles, enseñar qué está bien y qué está mal.
Somos muchas pero sucede que a veces falta coordinación.
-¿Cómo
impactó la muerte de los niños?
-Acá o en cualquier parte es algo que nos ocupa y preocupa. Puntualmente, en la
causa no tenemos intervención. Lo único que hicimos fue proveer toda la
documentación; los informes que nos han solicitado desde el Juzgado; desde la
Legislatura; desde la Defensoría del Pueblo de Corrientes y de la Nación, todos
los informes que nos han requerido.
—
La aceptación del control biológico
EN LAVALLE. CELESTE, PRIMA DE NICOLÁS, QUIEN SE INTOXICÓ PERO PUDO
SOBREVIVIR.
Respecto
de la incorporación de estas nuevas prácticas de control de plagas para la
producción de alimentos, Pletsch detalló: “Los más grandes, que entienden y que
lo han podido ver en otros países, saben que ése es el camino. Los productos
que Argentina exporta no van de cualquier manera; sino bajo un protocolo de
normas y calidad de inocuidad y seguridad alimentaria. Si mandamos cítricos a
España, ellos hacen un control de residuos agroquímicos, y si encuentran un
residuo de un producto por fuera de lo tolerado, o un producto que no se debe
utilizar, va un castigo: te pueden cerrar el mercado. Entonces, lo que va
afuera o lo que va a mercados puntuales tiene una diferenciación de calidad y a
lo que tendemos es a eliminar ese doble estándar, para que aquello que se vende
en la verdulería de la esquina sea tan bueno como lo que se comercializa en el
mercado europeo. El productor grande sabe que debe hacer bien los
procedimientos y lo sabe porque posee un negocio”, dijo.
A su vez agregó: “En el caso del mediano, hay muchos que están entrando, pero
lo que más cuesta son los chicos. Por ejemplo, en el programa de control de
polillas al tomate lo estamos haciendo con productores pequeños que poseen un
invernadero y que han bajado de un determinado número de aplicaciones a dos en
el ciclo del cultivo para controlar la plaga, porque el control no químico
tiene un resultado excelente. Todo tiene que ver con un contexto. Es un sistema
que tiene que funcionar y que posee un camino y si somos un país que está en
desarrollo deberíamos tender a esas cuestiones”. Detalló a su vez que, en la
zona de Lavalle y Santa Lucía, existen aproximadamente 1.300 hectáreas de
cultivos bajo invernadero. En los cuales el 60%corresponde al tomate; el 30% a
pimientos y en el resto otros cultivos como berenjenas, chauchas, pepinos.
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Emilio Spataro
Organización Ecologista Guardianes del Iberá
--
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UAC Unión
de Asambleas Ciudadanas Contra el Saqueo y la Contaminación
www.asambleasciudadanas.org.ar
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