Asumamos que "los argentinos vivimos una serie de acontecimientos que nos dieron vuelta la vida, que nos marcaron para siempre"

Rosario, 8, 9 y 10/12: Encuentro Nacional de Familiares de las víctimas de Diciembre de 2001‏

Difundimos:

CONVOCATORIA

Hace 10 años, en diciembre del 2001, los argentinos vivimos una serie de acontecimientos que nos dieron vuelta la vida, que nos marcaron para siempre.

En Santa Fe, durante esas jornadas, hubo nueve muertos, siete de ellos a manos de la policía. Eran hermanos, esposos, padres, madres, abuelas, abuelos, hijos, hijas... Desde entonces se nos hizo necesario encontrarnos para conversar de cómo nos afectó el asesinato de nuestros seres queridos, para reclamar justicia y mantener su memoria.

Ha pasado una década, 10 años de lucha, 10 años de impunidad. En ese camino algunos compañeros ya no están con nosotros: Orlando, el papá de Pocho; Gregoria, la mamá de Walter; Rubén Naranjo; todos compañeros irremplazables.

Desde estos hechos desencadenantes que nos movilizaron hemos recibido mucho acompañamiento de compañeros y compañeras que nos sirvieron de motor para seguir luchando. Cuando el grito es colectivo resuena más, por eso mencionamos a Herminia y Keka (Madres de Plaza de Mayo), los Padres del Dolor, los familiares de los pibes de Cromañón, los compañeros ex-presos políticos, los familiares de Darío y Maxi, los compañeros de la Carpa Negra por las inundaciones en Santa Fe, con quienes nos unimos en el reclamo juicio y castigo a Carlos Reutemann por a las responsabilidades políticas y materiales de estos hechos.

Fueron muchas las experiencias que nos conmovieron y nos arrancaron la voz: el asesinato de Sandra Cabrera, de Carlos Fuentealba, de Mariano Ferreyra, los compañeros del pueblo Qom en la Comunidad La Primavera, la desaparición de Julio López, y una lista que crece... Que nos habla de que diciembre sigue latente. En todos los casos seguimos encontrando la misma impunidad.

En el camino fuimos compartiendo experiencias y recreando métodos: la Comisión Investigadora No Gubernamental, el primer Hormigazo en diciembre 2002, la marcha hasta Tribunales durante el Seminario de Formación Teológica en 2002, la permanente presencia de la revista El Ángel de Lata, el Carnaval de Ludueña todos los años, la canciones de León y de otros queridos artistas, los talleres de la memoria donde nos juntábamos a hablar de los sueños y compartir anécdotas de nuestros seres queridos, los murales, las bicicleteadas, estencileadas, la asamblea y, desde hace unos meses, el peregrinar que salió al encuentro de los familiares en todo el país.

A 10 años entonces creemos que es necesario encontrarnos para hablar de cómo nos sentimos, de cómo han sido estos 10 años para cada uno de nosotros, de reflexionar cómo continuar la lucha. Creemos que la justicia no se busca solo en donde duerme el olvido tribunalicio. La justicia se construye con la memoria de los que entregaron y trabajaron por una vida en dignidad.

Veamos para qué sirvió victoria en las primarias."El Estado apeló históricamente y apelará a distintas herramientas represivas para intentar contener, desacreditar y desactivar las luchas" de los de abajo.

Argentina. Nueva ley antiterrorista: Una norma para reprimir al pueblo y sus luchas

Por: LA COCTELERA

Un nuevo y gravísimo intento de avance represivo ha tomado cuerpo el pasado 14 de octubre de 2011, con la remisión al Congreso por parte del Poder Ejecutivo Nacional de un nuevo proyecto de ley "antiterrorista", que amplía groseramente el campo de criminalización de la protesta ya inaugurada con la ley 26.268 sancionada en el año 2007 y que tipificaba los delitos de "asociación ilícita terrorista" y "financiación del terrorismo".

Cabe recordar que en el año 2007 se sancionó la ley 26.268, incorporando al Código Penal los artículos 213 ter y 213 quater. El primero de ellos tipificaba como delito la "asociación ilícita terrorista" y el segundo sancionaba el "financiamiento del terrorismo".

La ley antiterrorista vigente

En este sentido, no es menor que sea una ley para combatir el "terrorismo", ya que hasta hoy no se ha podido definir jurídicamente qué se entiende por "terrorismo" y esto no es casual si tenemos en cuenta que siempre se ha utilizado este calificativo para demonizar al opositor político, para justificar su persecución y su eliminación. Además, actualmente existen claros intereses políticos por parte del imperialismo norteamericano y sus socios en utilizar el calificativo de "terrorista" para perseguir a quienes se oponen, de diferentes formas y en diferentes lugares, a su política. "Terroristas" son los iraquíes que resisten una invasión genocida e ilegal, "terroristas" son los docentes que reclaman en Perú por mejores condiciones de trabajo y aumentos salariales, "terroristas" son los mapuches que exigen el derecho a vivir en las tierras que habitaron sus ancestros desde tiempos remotos.

La "Ley Antiterrorista" sancionada en el 2007 por el Congreso Nacional vino a servir a los mismos fines y faculta a los gobiernos de turno para detener y acusar de "terrorismo" a cualquiera, sin que sea requisito que se cometan actos que tengan como objetivo provocar la muerte o lesiones graves a un grupo indeterminado de civiles que no intervengan activamente en un conflicto armado (lo que en algún momento ha sido al menos un eje para la definición de actos terroristas). Como se puede apreciar de la lectura de la ley 26.268, se sanciona con penas altísimas conductas aplicables a cualquier organización social, política, estudiantil o sindical que simplemente intente reclamar activamente ante el Estado o algún organismo internacional.

En primer lugar, ley sancionada en el 2007 agregó al Código Penal el art. 213 ter, mediante el cual se tipifica las "asociaciones ilícitas terroristas", definiéndolas como aquellas cuyo propósito sea "aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo". Es decir que la característica distintiva del perseguido por esta norma es la del que reclama al Estado o a un organismo internacional que haga o deje de hacer algo. Esta es la única definición específica que se hace respecto de alguna conducta, ya que todos los demás requisitos para configurar esta "asociación ilícita terrorista" resultan muy difusos y quedan a interpretación libre de los jueces. Esta norma requiere además que dicha organización tenga un plan de acción destinado al odio étnico, político o religioso, estar organizado en redes internacionales y contar con cualquier medio idóneo para poner en riesgo la vida o integridad de un número indeterminado de personas. Estos requisitos son fácilmente interpretables para involucrar dentro del delito de terrorismo a cualquier organización social, política, estudiantil o sindical que reclame firmemente por sus derechos frente al Estado o un organismo internacional y la ley establece penas que van de los 5 a los 20 años de prisión.

El nuevo proyecto de ley enviado por Cristina Fernández de Kirchner

El nuevo proyecto de ley enviado por la presidenta postula la derogación de la ley 26.268, pero al mismo tiempo requiere la aprobación de una legislación "antiterrorista" cuyos alcances son mucho mayores y que permite la aplicación lisa y llana de penas altísimas a cualquier tipo de organización o individuos que cuestione y se oponga a las políticas estatales, de gobiernos extranjeros o de organismos internacionales, abriendo la puerta de una potestad represiva del Estado mucho mayor que la conocida hasta ahora desde el año 1983.

Específicamente se promueve la incorporación al Código Penal del art. 41 quinquies, que establecería lo siguiente: "Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población, la escala penal se incrementará en el doble del mínimo y del máximo. Si la finalidad fuese la de obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo,se aplicará la misma escala."

Es decir, que se tipifica como terrorista cualquier delito que tenga como finalidad la de aterrorizar a la población; este requisito permite a jueces y fiscales aplicar el doble de las penas de los delitos de los que se acuse a los involucrados, en el marco de cualquier acción reivindicativa, movilización, huelga, ocupación de tierras, ocupación de la vía pública u otras acciones enmarcadas en la lucha social y política, si entendieran que esto "aterroriza a la población."  No es difícil imaginar la facilidad con la que se puede aplicar esta figura si tenemos en cuenta los miles de compañeros judicializados y procesados por luchar, y las campañas mediáticas que muchas veces quieren asimilar la protesta con acciones que atemorizan al resto de la población.

Por otro lado, se coloca en la misma situación a acciones que impliquen la comisión de delitos (teniendo en cuenta que para el Estado cortar una ruta, ocupar el espacio público, ocupar una tierra, llevar adelante medidas de fuerza sindicales y reclamar por fuera del ámbito tolerable constituyen delito) y que tengan como objetivo exigir a las autoridades nacionales, gobiernos extranjeros o agentes de organismos internacionales que hagan o se abstengan de hacer algo. En todos los casos se duplican los mínimos y los máximos de las escalas penales.

Sepamos sobre la nueva ley antiterrorista del PEN (14-10-11) imprescindible a evitar la resistencia a la violencia e injusticia de las expropiaciones del 'modelo' que es de superexplotación de los trabajadores y la naturaleza

Cadep: "Nueva Ley Antiterrorista Una norma para reprimir al pueblo y sus luchas"

Comunicado de prensa de

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011

Nueva ley antiterrorista. una norma para reprimir al pueblo y sus luchas

Un nuevo y gravísimo intento de avance represivo ha tomado cuerpo el pasado 14 de octubre de 2011, con la remisión al Congreso por parte del Poder Ejecutivo Nacional de un nuevo proyecto de ley “antiterrorista”, que amplía groseramente el campo de criminalización de la protesta ya inaugurada con la ley 26.268 sancionada en el año 2007 y que tipificaba los delitos de “asociación ilícita terrorista” y “financiación del terrorismo”.

Cabe recordar que en el año 2007 se sancionó la ley 26.268, incorporando al Código Penal los artículos 213 ter y 213 quater. El primero de ellos tipificaba como delito la “asociación ilícita terrorista” y el segundo sancionaba el “financiamiento del terrorismo”.

La ley antiterrorista vigente

En este sentido, no es menor que sea una ley para combatir el “terrorismo”, ya que hasta hoy no se ha podido definir jurídicamente qué se entiende por “terrorismo” y esto no es casual si tenemos en cuenta que siempre se ha utilizado este calificativo para demonizar al opositor político, para justificar su persecución y su eliminación. Además, actualmente existen claros intereses políticos por parte del imperialismo norteamericano y sus socios en utilizar el calificativo de “terrorista” para perseguir a quienes se oponen, de diferentes formas y en diferentes lugares, a su política. “Terroristas” son los iraquíes que resisten una invasión genocida e ilegal, “terroristas” son los docentes que reclaman en Perú por mejores condiciones de trabajo y aumentos salariales, “terroristas” son los mapuches que exigen el derecho a vivir en las tierras que habitaron sus ancestros desde tiempos remotos.

La “Ley Antiterrorista” sancionada en el 2007 por el Congreso Nacional vino a servir a los mismos fines y faculta a los gobiernos de turno para detener y acusar de “terrorismo” a cualquiera, sin que sea requisito que se cometan actos que tengan como objetivo provocar la muerte o lesiones graves a un grupo indeterminado de civiles que no intervengan activamente en un conflicto armado (lo que en algún momento ha sido al menos un eje para la definición de actos terroristas). Como se puede apreciar de la lectura de la ley 26.268, se sanciona con penas altísimas conductas aplicables a cualquier organización social, política, estudiantil o sindical que simplemente intente reclamar activamente ante el Estado o algún organismo internacional.

Podemos conocer y dialogar con quienes sufren la expropiación de la mega minería, los agronegocios, las petroleras, las represas, etc.

Prensa Unión de Asambleas Ciudadanas Informa
11 de noviembre de 2011

17º Encuentro de la
Unión de Asambleas Ciudadanas
 

La Unión de Asambleas Ciudadanas es un espacio de encuentro y organización de asambleas socio-ambientales y organizaciones autónomas que luchan y resisten frente al avance de las megamineras, las pasteras, las represas, las petroleras, los monocultivos, los agrotóxicos, la deforestación de bosques, la contaminación urbano industrial, la destrucción de los humedales, los megaemprendimientos inmobiliarios, los planes de integración para el saqueo, la privatización y extranjerización de la tierra, la expropiación de territorios a comunidades originarias, la criminalización y judicialización de la protesta social y la militarización de los territorios en conflicto. Se construye como un espacio de aprendizaje, intercambio de experiencias de lucha, articulación y construcción de estrategias colectivas y de acciones conjuntas contra las políticas de recolonización y en defensa de los bienes comunes naturales, los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos. 

¿Qué es la UAC?

Video 1 - videos 2

La UAC es un espacio que quienes la integran y participan se han dado a sí mismos, con la simple y básica convicción de que la unión hace la fuerza, pero la UAC no tiene una existencia autónoma por afuera de las y los que la componen. No tiene ni comité directivo, ni de gestión, ni autoridades, ni voceros. Se construye a sí misma en su encuentro, en su accionar, en su producción dinámica y colectiva de un mensaje que propone detener la destrucción de seres y ambiente vistos como un todo, revisar el modo hegemónico actual de producción y consumo y pensar nuevas formas de existencia y relaciones en y con el planeta.
La UAC también se convirtió en proceso de fortalecimiento de lazos humanos, en  espacio de intercambio y construcción de saberes e ideas. Generó movimiento en el ámbito de los medios de comunicación, nuevas atenciones e interés en sectores militantes y académicos. Posibilitó un re-conocimiento de las regiones de estas tierras de la mano de los pueblos y no de las agencias de turismo. Comenzó a tejer una nueva forma de relación entre los que vivimos en las ciudades y en el campo, también "energizó" de esperanza a quienes se sentían solo/as en la lucha.

Plaza Congreso CABA, 25 y 26 de noviembre

Para conocer lo que sucede en nuestro país
Para dialogar con los afectados y afectadas por la contaminación
Para conocer de qué manera contaminan, saquean y destruyen nuestro país

Traé a tu familia, tus amigos/as, tu compañeros/as de trabajo…

Cronograma de actividades en Congreso

Nos informa de un proyecto de ley que el Gobierno CFK presentó al Congreso para agravar la criminalización de la resistencia al extractivismo

[difusion-​uac] REDAJ Red de Asistencia Jurídica contra la mega minería

www.redaj.org

redaj@ceppas.org

(011) 4373 6304

Hola a todos,

Enviamos este mail porque estamos buscando adhesiones de organizaciones que se opongan al proyecto de ley antiterrorista que se presentó el 14 de Octubre en la Cámara de Diputados. El texto para adherir está en el cuerpo de este mail y también en el adjuntamos: "comunicado ley antiterrorista". También adjuntamos el texto del proyecto de ley.

Quienes adhieran enviar mail a redaj@ceppas.org o contestar simplemente este mail, suscribiendo el nombre completo de su organización. Por favor adherir sólo por organizaciones.

Por favor difundir a demás organizaciones.

Carta Pública

Una reforma penal que legitimaría la criminalización de la protesta

Proyecto de Legislación Antiterrorista e Inversiones: modificación del Código Penal sobre Prevención, Investigación y Sanción de Actividades Delictivas con Finalidad Terrorista

Los abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación frente al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo Nacional el pasado 14 de octubre ante el Congreso de la Nación que tiene por finalidad reforzar la capacidad estatal de reprimir pretendidos actos de terrorismo o a quienes los financien. El proyecto incorporaría al Código Penal una nueva agravante para cualquier delito que fuera cometido con la finalidad de generar terror en la población o de obligar a un gobierno a adoptar o abstenerse de tomar determinada decisión. En estos casos se elevaría la pena aplicable al doble de la pena mínima y de la máxima.

El hecho de utilizar conceptos tan abiertos e imprecisos hacen posible la aplicación de estos agravantes a la gama de figuras penales típicamente utilizadas para la criminalización de la protesta social: en la persecución de resistencias a desalojos, cortes de vías de circulación o simples actos de protesta en el espacio público. Una normativa similar ha tenido graves consecuencias en su aplicación en Chile, lo que ha permitido la persecución penal de dirigentes del pueblo Mapuche en el marco de la ley antiterrorista, por cargos asociados al incendio de bosques.

Por ejemplo, actualmente la pena prevista por una usurpación es de 6 meses a 3 años, pero según este proyecto pasaría a ser de 1 a 6 años si se considera que tiene finalidad terrorista, introduciendo así el riesgo de la prisión efectiva. Además, este proyecto implicaría nuevas desproporciones en la escala penal: por ejemplo, quien cometiera un hurto en el contexto de una conmoción pública podría recibir una condena mayor que la que corresponde a un policía que ocasionara torturas.

La reforma propuesta agravaría la amenaza de persecución penal para las personas que luchan por la reivindicación de sus derechos y generaría las condiciones para una mayor criminalización de la protesta social a través de la ampliación de las figuras penales, el  aumento de las penas y el estigma social de los luchadores populares, por su eventual asociación simbólica al terrorismo.

Si bien el proyecto establece que el agravante no se aplicaría en los casos en que se trate del ejercicio de un derecho constitucional, este criterio no garantiza que líderes sociales no sean perseguidos y sometidos a proceso bajo estas nuevas figuras ligadas al terrorismo, lo que de por sí implicaría someterlos a una fuerte presión para abandonar su reclamo. Dada la amplitud e imprecisión de los términos, se invierte la carga de la prueba y serán ellos los que deberán probar, en el marco de los procesos penales, que no son terroristas.  

Este tipo de  reformas legislativas son  exigidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como condición para considerar a nuestro país como un destino seguro de Inversiones Externas Directas. Observamos con profunda preocupación que, a fin de cumplir con las exigencias de organismos internacionales, se dispongan medidas de carácter penal que puedan vulnerar derechos fundamentales. Es necesario ubicar esta iniciativa en el marco de concepciones fuertemente instaladas en torno de las llamadas “nuevas amenazas” en discursos y propuestas sobre seguridad hemisférica. Perspectivas que, en ocasiones, bajo el pretexto de luchar contra los “nuevos” enemigos de la seguridad (que abarcan prioritariamente al narcotráfico y al terrorismo), incluyen respuestas fuertemente punitivas a problemáticas políticas, económicas, sociales, de salud pública o medioambiental. El diagnóstico de “las nuevas amenazas” suele extenderse sin matices sobre la región, a través de propuestas que desconocen particularidades de la situación del delito de cada país, así como el marco normativo interno.   

La reforma implicaría, además, graves riesgos para las organizaciones que presten apoyo a los movimientos sociales, ya que podrían ser consideradas como autoras del delito de financiamiento al terrorismo, en caso de que reciban, recolecten o entreguen dinero para solventar actividades de organizaciones sociales cuyas protestas sean consideradas acciones terroristas. 

Manifestamos nuestra oposición al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo Nacional y llamamos a las autoridades políticas a abstenerse de aprobar esta reforma en tanto constituye una nueva ampliación de la respuesta punitiva estatal mediante la incorporación de figuras inconstitucionales, el aumento de penas y la legitimación de la persecución penal a la protesta social.

Fuente: Comisión Prensa y Comunicación

UAC Unión de Asambleas Ciudadanas

(...)Primeras firmas:

ACIJ (asociación Civil Por la Igualdad y la Justicia)

CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales)

CEPPAS (Centro de Estudios de Políticas Publicas para el Socialismo) Fuente: http://www.argenpress.info/2011/11/argentina-una-reforma-penal-que.html

Conozcamos sobre el Juicio Ético Popular a las Transnacionales

Prensa Unión de Asambleas Ciudadanas Informa

18 de noviembre de 2011

Proceso de Justicia Popular contra las Estrategias Neocoloniales en Nuestra América

El Juicio Ético Popular a las Transnacionales es un proceso político pedagógico de comunidades en lucha promovido por el proyecto “Resistencias Populares a la Recolonización del Continente” que comprende, junto al Centro de Investigación y Formación de los Movimientos Sociales Latinoamericanos (CIFMSL) y al Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, diversos colectivos y organizaciones populares, organismos de derechos humanos e intelectuales de Nuestra América.

El Juicio Ético Popular enjuicia a las corporaciones transnacionales, por ser operadoras centrales del extractivismo, del despojo de los bienes de la naturaleza y de los derechos de las poblaciones, y al sistema capitalista patriarcal, neocolonial, del que son eslabones claves.

Para ver el video de la lectura de la Sentencia final
http://www.youtube.com/watch?v=VLS8gCFZTEQ&feature=player_detailpage

Para leer la sentencia completa del Juicio Ético http://argentina.indymedia.org/news/2011/11/799466.php

Saludamos al debate sobre la posibilidad de liberación del capitalismo e imperialismo

Se realiza en Buenos Aires, el Foro por un proyecto emancipador
Por COMPA
Hoy, los movimientos populares no sólo seguimos en pie, sino que escapamos al conformismo, al posibilismo y asumimos la enorme tarea de construirnos en alternativa de país. Nuestro recorrido nos ha servido para madurar y crecer en organización, buscando fortalecer una propuesta emancipadora desde los debates que nos atraviesan y nos proponemos dar”.

El Primer Foro por un Proyecto Emancipador se propone llevar adelante estos debates, desde la reflexión y la participación, como así también desde la experiencia de diversos movimientos y organizaciones populares muchas de las cuales integramos la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina (COMPA).
“Hoy, los movimientos populares no sólo seguimos en pie, sino que escampamos al conformismo, al posibilismo y asumimos la enorme tarea que de construirnos en alternativa de país. Nuestro recorrido nos ha servido para madurar y crecer en organización, buscando fortalecer una propuesta emancipadora desde los debates que nos atraviesan y nos proponemos dar”.

18 y 19 de Noviembre de 2011 | Plaza Houssay, Capital Federal
// http://www.10propuestascompa.com.ar/ //