domingo, 30 de junio de 2019

"No podemos permitir estas expulsiones ni que se implementen peligrosos cambios a la ley. Por favor, envía un email a los ministros de la India ahora mismo para instarlos a poner fin a estos ataques a los derechos de los pueblos indígenas y tribales".

Acción urgente: ataque contra los pueblos indígenas de la India

26 junio 2019

 

Por Survival
    
Los pueblos indígenas de la India se enfrentan a un doble ataque. En febrero la Corte Suprema de la India ordenó la expulsión de un vastísimo número de indígenas y habitantes de los bosques, en una decisión que supone una "catástrofe sin precedentes". A ello se suma que el Gobierno, aconsejado por el CEO de WWF India, pretende cambiar la Ley de Bosques del país.

Entre sus propuestas se incluyen la militarización de los bosques de la India, con guardaparques autorizados a disparar a personas en el acto con inmunidad frente a procesamientos, y la capacidad de despojar a los pueblos tribales de sus derechos sobre sus bosques en nombre de la conservación de la naturaleza. 
Conocemos bien este tipo de conservación militarizada: en solo tres años en el Parque Nacional de Kaziranga de la India 50 personas murieron asesinadas por disparos, y un niño de siete años quedó mutilado de por vida. 
Nada de esto ayudará a salvar a los tigres ni los bosques de la India: los pueblos indígenas son los mejores conservacionistas y guardianes de sus tierras.  
No podemos permitir estas expulsiones ni que se implementen peligrosos cambios a la ley. Por favor, envía un email a los ministros de la India ahora mismo para instarlos a poner fin a estos ataques a los derechos de los pueblos indígenas y tribales. 
ENVÍA UN MENSAJE PREPARADO
To: mefcc@gov.in, arjun.munda@gov.in
Cc: ravisingh@wwfindia.net
Bcc: difunde@survival.es (opcional, pero nos ayuda)
Asunto: Ataque a los derechos de los pueblos indígenas en India
A la atención de los Ministros Munda y Javadekar: 
Los pueblos indígenas de la India se enfrentan a una amenaza mortal para sus vidas y sus medios de vida: por la orden de expulsión de la Corte Suprema y por los planes de militarizar sus bosques y socavar sus derechos forestales a través de las enmiendas propuestas a la Indian Forest Act (IFA). 
Es de crucial importancia para el futuro de los pueblos indígenas y tribales de la India (así como para los bosques del país) que estas expulsiones masivas no se produzcan. Insto al Gobiemo a que haga todo lo posible para apelar a la Corte Suprema a que detenga las expulsiones. 
Asimismo, les pido que retiren los cambios propuestos a la IFA y reinicien el proceso, con consultas plenas a las personas indígenas que han habitado, gestionado y protegido los bosques durante generaciones. Es esencial que la IFA se enmiende en línea con la Forest Rights Act de la India. 
Atentamente, 

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Campanas-y-Acciones/Accion-urgente-ataque-contra-los-pueblos-indigenas-de-la-India

Veamos una forma de ir a la ofensiva contra los extractivismos.

[UAC] Mendoza: 

Incidente en Cerro El Mollar

Mendoza, 27 de Junio de 2019

SUBSECRTERIA DE ENERGÍA Y MINERÍA V
De la Pcia de MENDOZA

Ing. Emilio Guiñazú Fader
S_________/__________D
                                                       Me dirijo a UD, a fin de solicitar de modo urgente toda la información necesaria, en referencia al incidente dado a conocer por la Dirección general de irrigación, ocurrido en horas del mediodía del sábado, en  el cerro El Mollar, detallo a continuación la información de interés requerida:
- Descripción de lo ocurrido
- Lugar donde sucedió
- Qué tipos de fluidos y composición de los mismos
- Qué destino disponían y seguridad en disposición 
- Cuál es la dirección de la deriva de los líquidos 
- Qué cursos de aguas afectará
              Identificación de superficiarios afectados
- Qué empresa tuvo responsabilidad en el hecho
- Qué protocolo de contingencia se activó en este caso
- Qué explicación puede dar de las expresiones públicas vertidas por el Ing. Jorge Fernández, del Dpto. de Irrigación, en las que manifiesta “estos hechos se repiten con frecuencia…”
                                                           Espero una expedita respuesta a esta inquietud, que constituye  un Derecho de todos los Ciudadanos y obligación de los Funcionarios del área a suministrar en detalle actividades de su órbita.
                                                              Saludo a Usted Atentamente
                                                                                                                       Ignacio Zavaleta

                                                                                                                      350. Org Argentina

Sepamos: "En Israel se aprobaron leyes para garantizar que los refugiados nunca regresaran o pudieran regresar, comenzando con la «Ley de Propiedad de Ausentes» de 1950. Esencialmente, esto proporcionó una hoja de parra legal para el robo masivo de tierras, casas, cuentas bancarias y otras propiedades palestinas a gran escala. Los aproximadamente 800.000 refugiados palestinos, que fueron expulsados ​​por la fuerza, recuerden, fueron declarados «ausentes» bajo la ley israelí, y sus tierras y propiedades fueron confiscadas. Cientos de aldeas palestinas ya habían sido demolidas y dinamitadas, borrándolas del mapa.Así, Israel siempre ha sido, y sigue siendo, un estado de apartheid intrínsecamente racista".

Cómo el ‘reglamento de combate israelí’ permite que los soldados disparen a los niños en la espalda

30  de junio de 2019

Adalah, grupo de derechos humanos palestino, informa que desde que comenzaron las marchas el año pasado, Israel ha matado a 207 palestinos durante las protestas, incluidos 44 niños. El estado de apartheid de Israel debe rendir cuentas de tales crímenes contra la humanidad. 

Por Palestina Libre

El grupo de derechos humanos palestino con sede en Haifa, Adalah, ha realizado muchos trabajos importantes a lo largo de los años. Su nombre en árabe significa “justicia”. Gran parte del trabajo de Adalah se centra en los derechos de los ciudadanos palestinos de Israel, o los «palestinos de los territorios de 1948», como a menudo se describen a sí mismos.
El grupo mantiene una base de datos importante que describe más de 65 leyes en Israel que discriminan sistemáticamente al 20% de su población. Es un hecho que Israel siempre ha sido un Estado de Apartheid, no solo desde que la Knesset aprobó la abiertamente racista «Ley Estatal de la Nación Judía» el verano pasado.
Esa nueva medida no cambió mucho en términos de la letra de la ley israelí. Sin embargo, lo que sí hizo fue explicar claramente, en blanco y negro, los motivos detrás de gran parte de las leyes racistas existentes en Israel. En otras palabras, hizo que las cosas fueran más claras, enviando una señal al pueblo palestino de que la tierra histórica de Palestina (lo que la ley denomina la «Tierra de Israel») pertenece solo a los judíos, y a nadie más.
Esto con claridad explica algunos de los desacuerdos tácticos con la ley que tenían muchos liberales pro-sionistas. Los sionistas liberales no están en desacuerdo con el principio racista de que «el derecho a la autodeterminación nacional en el estado de Israel es exclusivo del pueblo judío», como afirma la nueva ley. Más bien, no están de acuerdo con explicar esto en términos tan descarados, lo que lleva a una publicidad internacional adversa y la consiguiente disminución del apoyo político a largo plazo.
Sin embargo, el racismo desnudo de la Ley del Estado de la nación judía es en realidad solo la última medida de este tipo. Como Adalah documenta en detalle en su base de datos, el rastro de estas leyes racistas se remonta a los cimientos del estado.
Tomemos, por ejemplo, la «Ley del Retorno» de Israel de 1950. Esta ley otorga a cualquier persona judía en el mundo el derecho a emigrar a la tierra de Palestina y convertirse automáticamente en ciudadano de Israel. Se aplica a los hijos y nietos de los judíos, así como a sus cónyuges, y los cónyuges de sus hijos y nietos.
No existe una ley israelí comparable que garantice los mismos derechos a los palestinos, que son, después de todo, los indígenas de la tierra. Por el contrario, los refugiados palestinos, expulsados ​​por la fuerza por milicias sionistas a lo largo de varios años a partir de 1947, todavía están excluidos, a pesar de tener el derecho de regresar bajo las leyes y convenciones internacionales.
En Israel, sin embargo, se aprobaron leyes para garantizar que los refugiados nunca regresaran o pudieran regresar, comenzando con la «Ley de Propiedad de Ausentes» de 1950. Esencialmente, esto proporcionó una hoja de parra legal para el robo masivo de tierras, casas, cuentas bancarias y otras propiedades palestinas a gran escala. Los aproximadamente 800.000 refugiados palestinos, que fueron expulsados ​​por la fuerza, recuerden, fueron declarados «ausentes» bajo la ley israelí, y sus tierras y propiedades fueron confiscadas. Cientos de aldeas palestinas ya habían sido demolidas y dinamitadas, borrándolas del mapa. Así, Israel siempre ha sido, y sigue siendo, un estado de apartheid intrínsecamente racista.
Adalah también realiza una gran cantidad de trabajos importantes para documentar los abusos de los derechos humanos cometidos por Israel en Cisjordania y en la Franja de Gaza, las partes de la Palestina histórica que Israel invadió y ocupó ilegalmente desde 1967. Parte de este trabajo se detalla en la base de datos de leyes racistas que mencioné anteriormente, que también enumera las leyes israelíes que discriminan a los palestinos que viven bajo la ocupación israelí desde la Guerra de los Seis Días de junio de 1967.
Recientemente, Adalah obtuvo documentos oficiales israelíes que revelan los «reglamentos de combate» del ejército, que utiliza para justificar su violencia contra los manifestantes palestinos, específicamente en Gaza en este caso. Las reglas muestran que el ejército israelí se ha ordenado oficialmente a sí mismo el derecho de disparar a los manifestantes palestinos desarmados en la espalda, a la gente que mancha y calumnia como «alborotadores».
Aquellos que organizan las protestas de la Gran Marcha del Retorno desde marzo del año pasado pueden ser atacados incluso cuando no representan una amenaza para los soldados israelíes; incluso al alejarse. Como señala Adalah, «los francotiradores israelíes … pueden abrir fuego con municiones reales contra ‘instigadores clave’ o ‘alborotadores clave’, incluso cuando ya no participan en la protesta o están descansando».
Muchos de los manifestantes en Gaza son niños. Adalah informa que desde que comenzaron las marchas el año pasado, Israel ha matado a 207 palestinos durante las protestas, incluidos 44 niños. Unos 16.831 palestinos también han resultado heridos, de los cuales 3.905 son niños.
Los documentos fueron presentados durante las audiencias en el tribunal superior de Israel. Asquerosamente, la corte dictaminó el año pasado que se le permitió al ejército usar disparos contra los manifestantes desarmados. Esta es una medida que nunca sancionaría contra los manifestantes judíos.
El abogado de Adalah, Suhad Bishara, explicó que la categoría ficticia de Israel de “instigadores clave” fue “creada retroactivamente para justificar los disparos de personas que no representaban un peligro real e inmediato para los soldados o civiles israelíes. «El documento del ejército intenta explicar el tiroteo indiscriminado contra manifestantes desarmados que resulta de un desprecio total por la vida humana».
El estado de apartheid de Israel debe rendir cuentas de tales crímenes contra la humanidad.
Fuente: Asa Winstanley, Middle East Monitor / Traducción: Palestinalibre.org
https://www.anred.org/?p=117735

sábado, 29 de junio de 2019

Nos "explicó que el Ser del pueblo mapuche es ser defensores, ser parte de la tierra y de la naturaleza.Esa es su concepción. No se trata de ser propietarios ni de tener. Esta concepción es del capitalismo".

Nación Mapuche. Acto de solidaridad en Buenos Aires: «No somos terroristas y vamos a morir luchando por nuestros territorios»

Por Valeria Fariña, Resumen Latinoamericano, 29 junio 2019.
Hace más de dos años que la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina está trabajando en La Patagonia con el pueblo mapuche y no es mucho lo que se conoce al respecto. Para difundir y compartir esas luchas y experiencias se han organizado un ciclo de charlas titulada: “El pueblo mapuche en la Patagonia. ¿La Conquista del Desierto del Siglo XXI?”.
El ciclo tuvo cierre en Buenos Aires, el pasado viernes 28, en el local de ATE, y contó con la presencia de María Nahuel, tía de weichafe (luchador) Rafael Nahuel, asesinado por las tropas del Gobierno y la Justicia Nacional, y por primera vez estuvo una Machi, gran autoridad ESPIRITUAL del Pueblo Mapuche, Betiana Cohuan.

“La lucha mapuche nos da mucha fuerza, son aires puros para nosotros”

Javier Milani, Secretario General de Ate Bolsón,  formó parte del panel de intervenciones. El dirigente afirmó que el Estado “busca callarnos, por eso hay que estar más en las calles». «Si somos 30 millones en las calles no van a poder judicializarnos”, como lo han hecho con él por defender la causa mapuche.
“Esta es una cuestión de todos, no se trata de ser o no mapuche”, recalcó Milani. “La tierra somos todos”. Hay un derecho que tenemos, explicó el dirigente, al que no se puede renunciar: “y es el de elegir cómo y dónde queremos vivir”.

Las comunidades vienen recuperando territorios hace décadas

En el panel también participó Carolina Alac, de la Multisectorial contra la Represión en Bariloche,también integrante de ATE Río Negro. Ella contó cómo surgió el colectivo antirrepresivo y cómo se ha ido estructurando la represión de los aparatos estatales que se ensañan particularmente con los mapuches.
Carolina explicó que las multinacionales llegaron en el mismo momento que impusieron la militarización con la excusa de los saqueos; que no eran otra cosa que la desesperación de la gente ante la pauperización y el hambre estaban sufriendo y que se ha profundizado en los últimos años.
«Los Benetton, los Lewis, socios y amigos de Macri, necesitaban afianzar sus negocios, advirt»ió Carilona. Y para eso les resultaba indispensable que hubiera tranquilidad. A partir de entonces comenzaron los megaperativos y llegaron a Bariloche más de 400 efectivos de todas las fuerzas.
Aún así, recalcó Carolina, “se han ganado muchas batallas”. “Las comunidades hace décadas que vienen recuperando territorios, aunque son pequeños” para todo lo que se les ha robado.
Carolina agradeció y enfatizó en la fuerza y convicción de lucha que han tenido las mujeres mapuches, “de las cuales aprendimos muchísimo”.

50 causas judiciales y más de 120 procesad@s

Eduardo Soares y Laura Taffettani, de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas, denunciaron la represión y encarcelamiento a mapuches, incluidos niños, y contaron las defensas que han asumido.
Una de las causas principales tiene que ver con la defensa de la recuperación de tierras. «Cuando para la justicia se trata de usurpación para nosotros se trata de recuperación», explicó Taffettani, los jueces sostiene al respecto una actitud medieval, dijo la abogada.
La Gremial dio a conocer los seguimientos y persecusión al que son expuestos las y los dirigentes mapuches, y la criminalización de las protestas. Inteligencia filma, persigue y controla a los luchadores, apuntaron los abogados. Además han encarcelado a niños y han torturado a varios mapuches.
La abogada también explicó que han obtenido algunas victorias y sobreseimientos de varias causas. Se trata de lidiar con un sistema injusto: el judicial, dijo Laura. “La justicia que no es justa corre la misma suerte que el sistema”, apuntó Laura Taffettani. Aún así, es mucho lo que puede hacerse y la Gremial lo ha demostrado desde la práctica, sin cuestionar los métodos de lucha que emplean sus defendidos. “Ellos no son clientes, son compañeros y compañeras”, ese es el concepto de la Gremial agregó Eduardo Soares.
Finalmente la Gremial recalcó que han aprendido mucho del pueblo mapuche: “Sobretodo esa decisión de lucha que tienen y que el pueblo argentino ha perdido en muchos aspectos”. “Nos da mucha fuerza, son aires puros para nosotros”, expresó Laura.

«A Nahuel le quitaron un sueño que él tenía, que era volver al campo, aprender de donde vino, su origen, su lengua, su cultura»

No somos terroristas
Con palabras que cortaron la respiración de la sala, María Nahuel expresó: “El dolor más grande como mujer mapuche, es la perdida de mi sobrino Nahuel”.
Nahuel, amable, solidario y cariñoso, “quería ser herrero, quería vivir”, dijo su tía. Lo mataron por la espalda y hasta el momento lo único que han hecho es apresar a uno de los responsables. Todavía “no hay sentencia”, denunció María. El Estado es responsable, “los Ministros, la Jueza, Parque Nacional, todos son culpables”.
Nahuel y Santiago Maldonado fueron asesinados por la política criminal del Estado que se ampara en planificadas campañas contra los mapuches. Falsas acusaciones en las que la prensa reaccionaria juega un rol fundamental. Dicen que los mapuches son terroristas, que tienen armas: inventan campañas para difamarlos y justificar la criminalización y la represión, esa es la lógica de los montajes mediáticos que ahora también utilizan las redes, denunció María.
Actualmente hay una campaña encabezada por la fiscal y la ministra de Seguridad, Bulltich: “dos mentirosas” que dicen que los mapuches tienen armas “cuando somos un pueblo de paz”, explicó María Nahuel. “Como me gustaría tenerlas ahora bien cerca, acá, y decirles: ‘No somos terroristas’!”, exclamó María.

“Voy a morir luchando por los territorios. Y si algún día me toca morir, va a ser con mucha fuerza y dignidad”. MARÍA HANUEL


No usurpamos territorios, recuperamos lo que nos han robado
María Nahuel explicó que para la justicia es usurpación lo que para ellos es recuperación. Eso es lo que esconden los medios, los políticos y el Estado: el pasado; todo lo que le han usurpado a los pueblos originarios, lo qué han hecho con esas tierras las empresas, las mineras, y por supuesto ocultan también cómo los actuales beneficiados, los grandes capitalistas, destruyen la naturaleza y la vida de las mujeres y los hombres para enriquecerse a costa del 90% de la humanidad.
María apuntó que en los territorios hay mucha gente -niñas, niños, jóvenes y ancianos- y que la situación actual es de subsistencia. Viven de lo que producen y como en el resto de Bariloche y del país, la crisis económica afecta a todos los pobladores.
Los mapuches pertenecen a los territorios. No tiene un concepto de propiedad privada como tiene el sistema capitalista. Los mapuches pertenecen a la tierra, ese es su Ser, dijo María. Por eso, no van a desalojar los territorios, “la tierra no se negocia, no se abandona”. Quedó bien en claro: “Vivos no nos van a sacar”.
La referenta explicó que la pelea del pueblo mapuche es por la defensa de algo que es de todos, la naturaleza, que es la que el Estado está destruyendo. “En cualquier momento no vamos a poder respirar”, dijo certeramente María. ¿Cómo es posible entonces que no nos unamos?, preguntó María. “Si estuviéramos todos juntos sería más intensa la lucha y el Estado no podría vencernos”.
Betiana Cohuan: gran autoridad espirirual del Pueblo Mapuche
La participación especial de la Machi de la Comunidad Lafquen Winkul Mapu, Betiana Cohuan, profundizó el espíritu de la intervención de María e insufló de más animo a l@s participantes.
Betiana habló primeramente en lengua mapuche y le recordó a su pueblo “que no todo está perdido” y que hay que tomar conciencia y “seguir peleando por la naturaleza, por los ríos, por los lagos y las montañas”.
Explicó que el Ser del pueblo mapuche es ser defensores, ser parte de la tierra y de la naturaleza.Esa es su concepción. No se trata de ser propietarios ni de tener. Esta concepción es del capitalismo. El pueblo mapuche reivindica sus formas ancestrales de vida y la organización autónoma de su comunidad.
En ese sentido, Betiana resaltó todo lo que han alcanzado hasta el momento, cuantas tierras han recuperado y todo lo que queda por hacer, de aquí en adelante: “queda mucha tierra para recuperar, tierra a la que hay que volver”, subrayó. Así como hoy pelean por el lago Mascardi “mañana será por otros lugares”, por ello “estamos dispuestos a dar la vida”, así como “hoy es Nahuel y ayer fueron todos nuestros ancestros guerreros”.
Tanto Betiana como María Nahuel agradecieron todo el apoyo y la solidaridad que han recibido, e hicieron un llamado especial a las jóvenes y a los jóvenes, a las mujeres y a la población bonaerense para que acompañe la lucha del pueblo mapuche.
Con optimismo concluyeron: “Mañana, quizás nosotros no estaremos”, en ese caso, “seguirán nuestros hijos”.

NO NOS DEJAN SER MAPUCHES
Las dos mujeres mapuches rememoraron el pasado combatiente de su pueblo enfatizando en los guerreros ancestrales, de quienes aprendieron y son continuadores. “Reconocemos lo que hicieron nuestros antepasados por nosotros, sin ellos no estaríamos acá”.
En ese sentido ambas mapuches relataron que fueron a algunos museos de la ciudad y vieron que allí estaban algunas pertenencias de sus antepasados. Denunciaron que esos objetos tienen que estar con sus ancestros, no en los museos. Esa es la política cultural basada en ideas colonizadoras, occidentales; la de los conquistadores que en el siglo XXI desmerece la lengua mapuche y su cultura, y oculta y tergiversa deliberadamente el pasado”.

 Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/06/29/charla-el-pueblo-mapuche-en-la-patagonia-no-somos-terroristas-y-vamos-a-morir-luchando-por-nuestros-territorios/

Sepamos del imperialismo de Canadá. "Funcionarios canadienses lideran la campaña para extender la ocupación de 15 años de las Naciones Unidas que relevó a las tropas de EEUU, Francia y Canadá que derrocaron al gobierno de Aristide y, entre otros horrores, fueron responsables de la introducción del cólera en Haití, que ha matado a más de un millón de personas del glorioso, pero sufrido, país caribeño".

Haití. La cruz de tres puntas que pesa sobre un pueblo heroico


Por Esto!
A la cabeza de una marcha de protesta contra el presidente de Haití la pasada semana, un manifestante llevaba una gran cruz de madera con las banderas de Canadá, Francia y Estados Unidos, las tres naciones que los manifestantes identifican como puntales del apoyo al régimen del Presidente Jovenel Moise, en reconocimiento por su papel en el golpe de 2004.
Casi totalmente ignorada por los medios convencionales de prensa, la población haitiana critica constantemente al gobierno de Canadá por este posicionamiento tan poco objetivo en torno a la realidad política de su país. En repetidas ocasiones, desde que el gobierno de Jean-Bertrand Aristide fue derrocado en 2004, los manifestantes han portado carteles con reproches a la política canadiense o se han congregado frente a la Embajada de Canadá en Puerto Príncipe. Los periódicos Haiti Progrès y Haiti Liberté de la nación caribeña describen a Canadá como “fuerza de ocupación”, una “partidaria del golpe” o simplemente como nación “imperialista”.
Durante meses de protestas populares, Canadá se sigue mostrando hostil a los manifestantes, que representan a la mayoría de una población empobrecida. Recientemente una investigación del Tribunal Superior de Cuentas de Haití sobre corrupción y disputas administrativas ha reavivado el movimiento popular que lucha por el derrocamiento de su presidente “apoyado por Canadá”.
En el año que cursa ha habido numerosas protestas -incluso una huelga general de una semana, en febrero- exigiendo rendición de cuentas de funcionario públicos. Se alega que la razón principal por la que Moise se mantiene en el poder es porque tiene el apoyo que del “Grupo Central de Amigos de Haití” (Core Group of Friends of Haiti), compuesto por los embajadores de Canadá, EEUU, Francia, Brasil, y Alemania, así como por representantes de España, la Unión Europea y la desprestigiada OEA.
El “Core Group” había emitido una breve declaración de apoyo a Moise en la que pedía “un amplio debate nacional, sin condiciones previas”, que era la posición que funcionarios canadienses habían expresado reiteradamente en semanas recientes. La oposición había rechazado tal negociación con Moise argumentando que ello equivaldría a abandonar las protestas para negociar con un presidente corrupto e ilegítimo que pocos haitianos respaldaban.
Otra indicación de la orientación política del Core group, ha sido su declaración del 30 de mayo que “condenaba los actos de degradación cometidos contra el Senado”, refiriéndose a que, temprano ese día, un grupo de senadores de la oposición sacaron algunos muebles y los colocaron en el césped del Parlamento con el propósito de bloquear la ratificación del primer ministro interino.
El embajador de Canadá, André Frenette, por su parte, tuiteó que “Canadá condena los actos de vandalismo en el Senado… porque van en contra de los principios democráticos”.
Pero se hizo notar que Frenette y el Core Group no habían tuiteado ni publicado declaración alguna contra el reciente asesinato del periodista Pétion Rospide, quien había estado informando sobre la corrupción y la violencia policial. Tampoco se refirieron al resultado de la comisión que declaró al Presidente Moise responsable del robo de fondos públicos así como tampoco al reciente informe de la ONU que confirmaba la participación del gobierno del país en una terrible masacre que tuvo lugar en el barrio La Saline de Puerto Príncipe a mediados de noviembre.
Las recientes declaraciones de gobierno de Canadá y del “Core Grup” ignoran completamente los argumentos sobre la ilegitimidad electoral de Moise y minimizan la magnitud de la corrupción y de la violencia contra los manifestantes.
Peor aún, se argumenta que funcionarios canadienses promovían y muchas veces aplaudían a las fuerzas policiales responsables de muchos abusos. Para deleite de la élite clasista más concientizada del país, Ottawa había tomado la delantera en el fortalecimiento del brazo represivo del Estado haitiano luego de la expulsión del expresidente Aristide.
Un oficial de la RPMC dirige el componente policial de la Misión de las Naciones Unidas para la Justicia en Haití (MINUJUSTH), integrado por 1.200 personas.
A finales de mayo, el embajador de Canadá ante la ONU, Marc-André Blanchard, encabezó una delegación del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas en Haití. A su regreso a Nueva York propuso crear una misión “robusta” para continuar el trabajo del MINUJUSTH tras su conclusión prevista para octubre. Funcionarios canadienses lideran la campaña para extender la ocupación de 15 años de las Naciones Unidas que relevó a las tropas de EEUU, Francia y Canadá que derrocaron al gobierno de Aristide y, entre otros horrores, fueron responsables de la introducción del cólera en Haití, que ha matado a más de un millón de personas del glorioso, pero sufrido, país caribeño.

Rebelión /Blog del autor:http://manuelyepe.wordpress.com/

Fuente:  http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/06/29/haiti-la-cruz-de-tres-puntas-que-pesa-sobre-un-pueblo-heroico/

Tendríamos que aprender del pueblo hondureño que "ha puesto en primer plano la cuestión fundamental: O son los de arriba, con el respaldo del gobierno norteamericano, o es el pueblo el que manda".

Honduras
A 10 años del golpe de Estado
29  de junio de 2019


Por Colectivo Latinoamérica Socialista
El 28 de junio de 2009 los sectores conservadores nacionales, apoyados por el gobierno de Estados Unidos dieron un golpe de Estado en contra del presidente Manuel Zelaya, suceso que impondría de facto a un nuevo presidente y que mandaba un claro mensaje: aquí no cambiará nada, Honduras seguirá sometido y subordinado a los intereses de Washington, el pueblo no decide. 10 años han pasado de aquel atropello y hoy todo un pueblo se levanta, sale a las calles, resiste y lucha en contra del gobierno golpista, el cual ahora preside Juan Orlando Hernández (JOH); las movilizaciones masivas expresan un mensaje contundente: el pueblo hondureño no se ha ido, no ha sido derrotado y será él finalmente quien decidirá el rumbo de su propio camino. El pueblo manda.

¿Por qué el golpe en 2009?
El entonces presidente de Honduras, Manuel Zelaya, un político liberal, terrateniente y empresario maderero, había logrado en tres años de mandato una notable reducción de la deuda externa y el aumento del salario mínimo; con su incorporación al ALBA, Honduras había mejorado significativamente en varios índices económicos y sociales. Zelaya se había propuesto reducir como nunca antes los alarmantes índices de pobreza del país. En el último año de su mandato, impulsó la realización de un referendo constitucional para el 28 de junio de 2009. Unos 400 mil hondureños habían firmado una solicitud de realización del referendo, argumentando que con la constitución vigente desde 1982 era imposible adoptar medidas que permitieran erradicar la miseria e inequidad imperantes en Honduras, donde 7 de cada 10 personas vivían en condiciones de pobreza.
En la noche del 23 de junio, cinco días antes de la fecha propuesta, el Congreso Nacional intentó hacer ilegal el referendo aprobando una Ley Especial que prohibía la realización de referendos o plebiscitos dentro del período de 180 días antes y 180 días después de elecciones generales. El presidente Zelaya desconoció esta decisión del poder legislativo, e insistió en continuar con la preparación del referendo constitucional.
En la madrugada del 28 de junio, la fecha en que se realizaría el referendo, unos 200 militares encapuchados ingresaron por la fuerza en la residencia presidencial y secuestraron al presidente Manuel Zelaya. Fue trasladado a una base de la Fuerza Aérea, para luego ser deportado a Costa Rica. Esta deportación violaba flagrantemente la constitución de Honduras en su artículo 102, en donde se indica que “Ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado a un Estado extranjero.” La energía eléctrica fue interrumpida a nivel nacional, y todas las emisoras de radio y televisión fueron silenciadas; no hubo comunicaciones electrónicas hasta que el presidente fue deportado a Costa Rica.
Una falsa carta de renuncia de Zelaya, desmentida por este unas horas después, fue discutida en la sesión celebrada en el Palacio Legislativo de Tegucigalpa. En esta falsa misiva estaba dirigida al presidente del Congreso Nacional Roberto Micheletti, y argumentaba supuestos "problemas insuperables de salud" que forzaban a Zelaya a presentar su renuncia “junto con la del gabinete de Gobierno”.
Bajo estos argumentos, el Congreso Nacional nombró a Micheletti como nuevo jefe del Estado, quien argumentó: “Llego a la presidencia como producto de un proceso de transición absolutamente legal […] en el estricto respeto y cumplimiento de la Constitución […] y con profunda convicción democrática.” Dentro de Honduras, Micheletti obtuvo el apoyo de la mayoría de empresarios, quienes evitaban hablar de golpe de Estado señalando que hubo una “transición democrática”, y financiaron las marchas de la Unión Cívica Democrática, conjunto de organizaciones activistas hondureñas que apoyaban a las nuevas autoridades golpistas. También contó con el apoyo de la Iglesia católica, y los poderes legislativos y judicial.
Posteriormente, la Corte Suprema de Honduras asumió la responsabilidad de lo ocurrido al anunciar que había ordenado al Ejército la expulsión de Zelaya por su insistencia en realizar una consulta popular, declarada ilegal. Se decretó toque de queda en el país, suspendiendo las garantías individuales otorgadas por la constitución, con la intención de frenar la acción popular que exigía la restitución del orden legal del país y el retorno de quien denominaban “el presidente de los pobres”. Diversas ONG de derechos humanos denunciaron hasta el día 5 de julio al menos 5 muertos, 70 heridos y más de 600 detenidos como consecuencia de las medidas de excepción decretadas por Micheletti.
Zelaya anunció en una rueda de prensa que volvería a Honduras el 5 de julio, acompañado por el secretario de la OEA, la presidenta argentina Cristina Fernández, el presidente de Ecuador Rafael Correa, el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y otras personalidades. Esperaba que los militares se retractarían de su posición golpista, y a pesar de la gran concentración popular pacífica a la espera de su llegada, no le fue posible su entrada al país. Entre las primeras medidas económicas del gobierno de facto se encontraba una disminución del gasto público. También decretó el retiro de Honduras de Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA).
La desestabilización de la voluntad popular y la democracia en Honduras desde entonces ha tenido repercusiones en toda la vida pública del país. La cancelación de las medidas del gobierno de Zelaya para combatir la pobreza, han ido a la par con el aumento de la desigualdad y la corrupción generalizada. Existe un aumento sin precedentes en los índices de migración y de violencia en todo el país. En 2010 Honduras llega a ser el país sin guerra más violento del mundo.
El abogado Juan Orlando Hernández (JOH) resultó ganador en las elecciones presidenciales de 2014, con una escasa participación ciudadana; su nombramiento se ha acompañado desde entonces de masivas protestas populares contra la corrupción. En 2016, gracias a polémicos cambios realizados a la Constitución el año anterior durante su gobierno, con el fin de legalizar la figura de la reelección presidencial, JOH fue el candidato oficial del Partido Nacional de Honduras para las elecciones generales en 2017, en las que resultó ganador por un estrecho margen.
Esta vez, sin referendo constitucional, sin la aprobación popular, la oligarquía nacional y los poderes corruptos sí celebraron esa modificación espuria de la Constitución. Desde entonces se permite la reelección presidencial sin regulación mediante polémico fallo del poder judicial.
Las manifestaciones de los movimientos sociales no se hicieron esperar, y desde estudiantes, hasta obreros y campesinos han organizado masivas protestas nacionales en contra del gobierno corrupto de Juan Orlando, quien ya había aumentado la desigualdad, la inseguridad y los índices de migración del país en su primer mandato. El gobierno ha respondido a las protestas con detenciones arbitrarias y represión en todo el país. La crisis se profundizó luego de que fueran cuestionadas en su transparencia y justicia por observadores internacionales, propiciando una crisis poselectoral.
Desde el golpe de Estado de 2009 se ha venido profundizando un modelo neoliberal que ha privatizado todos los servicios públicos, los recursos naturales y en este momento pretenden privatizar también la salud pública y la educación. La pobreza abarca al 70% de la población, la cifra más alta de la región, y se ha elevado el número de homicidios a 11 por día.

Situación actual
Por lo tanto, 10 años después del golpe de Estado, se han profundizado las desigualdades económicas y sociales, dando origen a un cúmulo de fenómenos de gran envergadura como es el aumento de la violencia, no sólo en su estilo clásico de agresión física, sino como un sector económico que conforma la trata de personas, el secuestro, el rapto de menores y demás actividades que fortalecen a pandillas y grupos criminales. Esto representa el fracaso del modelo, la putrefacción de la sociedad y lo precario de la vida en ese país para la gran mayoría de la población. Uno de los caminos que les ha quedado tomar a los sectores marginados del país hondureño ha sido la migración, pero en este punto hay que aclarar que no es migración a secas, sino que se trata de una migración forzada.
Desempleo, pobreza, precariedad y violencia creciente son pan de cada día de la gran mayoría de los hondureños, la vida para ellos y, lo más importante, para sus hijos no está asegurada si se quedan en su lugar de origen. "No tenemos miedo a las amenazas de Trump, pero a nuestro país sí que le tenemos miedo", aseguran varios migrantes pertenecientes a una de las caravanas recientes; “No nos vamos porque queremos, nos expulsa la violencia y la pobreza”, dicen otros.
No es casual que en las recientes caravanas migrantes la mayoría sean hondureños, existe una conexión directa entre el golpe de Estado de 2009 y el éxodo de migrantes actual. 
Cuando el gobierno de Estados Unidos, en su mayoría por boca de Trump, rechaza a los migrantes, es necesario recordar que fue debido al golpe de Estado que promovió y patrocinó el propio gobierno de EUA, que la situación de Honduras es tal como la conocemos hoy. Además, tanto el gobierno de Porfirio Lobo como de JOH han tenido el respaldo, apoyo y aval del gobierno norteamericano; por lo tanto, el principal culpable del éxodo de migrantes tiene que ver directamente con el gobierno de Estados Unidos y con su política intervencionista en el resto de Centroamérica, con la imposición de gobiernos lacayos y títeres al servicio de Washington.
Si Trump realmente no quiere más olas de migrantes, si quiere que su política de negar a las personas su derecho de migrar tenga éxito, si le aterra la “invasión” de migrantes, entonces debería ir al corazón del problema y no respaldar a un gobierno de facto, respetar la democracia en Centroamérica, restablecer en el poder al gobierno electo de Manuel Zelaya y dejar de someter económica y políticamente a los pueblos de la región. Es decir, la crisis migratoria es producto de la crisis económica-social profundizada a partir del golpe de Estado del 2009.
Hoy, a 10 años, el pueblo hondureño se ha levantado dignamente en contra del gobierno de su país, el cual está respaldado por EUA, y ha puesto en primer plano la cuestión fundamental: O son los de arriba, con el respaldo del gobierno norteamericano, o es el pueblo el que manda.

“Diez años después del golpe, Honduras está hundida en la miseria y un grupito de empresarios sigue arrasando con los servicios públicos, la tierra y los bienes comunes. Además -continúa Reyes- vivimos un proceso acelerado de pérdida de derechos y violación de derechos humanos. La impunidad es absoluta y la militarización del país es financiada a través de deuda pública”.


Honduras a 10 años del golpe de Estado
Entre pesadillas y resistencia popular
29  de junio de 2019
Por Giorgio Trucchi
Rel-UITA


La madrugada del 28 de junio de 2009, Honduras despertó con la esperanza de poder ejercer el derecho legítimo de decidir su propio futuro, algo que ni la oligarquía nacional, ni los militares, ambos coludidos con los sectores más conservadores y recalcitrantes de la política estadounidense, podían permitir.

El presidente Manuel Zelaya se “había atrevido” a organizar una consulta popular no vinculante, para que la población decidiera si se iba a colocar una cuarta urna en la siguiente elección para promover reformas constitucionales.

Esto fue suficiente para que la madrugada del 28 de junio un fuerte contingente militar asaltara su casa a balazos, lo sacara en pijama y, luego de una parada en la base militar estadounidense de Palmerola, lo deportara a Costa Rica.
La ruptura del orden constitucional no sólo fue el inicio de una profunda crisis institucional que aún no se ha podido superar, sino también de una restauración conservadora que profundizó las políticas neoliberales, avanzó con el saqueo de bienes comunes, aniquiló cualquier alianza internacional que oliera a progresismo y arremetió contra el movimiento sindical y popular. 

La década perdida

Honduras se convirtió en laboratorio de futuros “golpes institucionales” y volvió a ser cabeza de puente de los intereses geopolíticos y militares de los Estados Unidos en la región centroamericana.

El proceso de militarización del territorio y la seguridad pública, impulsado por los gobiernos herederos del golpe, va de la mano con el control absoluto de los poderes del estado, la represión y la profundización de la criminalización de la protesta.

La crisis de derechos humanos y el recrudecimiento de la corrupción, la violencia y la impunidad ha dejado un saldo sin precedentes de muertos, heridos, capturados y exiliados.
No es de extrañarse si, ante esta situación, cientos de personas abandonan el país a diario, huyendo de la violencia, la miseria y la falta de oportunidades. 

Resistencia popular

Pese a tanta represión, el pueblo hondureño tuvo la firmeza y la obstinación de seguir luchando contra la imposición de un modelo que concentra poder y riqueza en pocas manos y empobrece a la inmensa mayoría de la población.

Diez años después de aquellos trágicos eventos, el pueblo hondureño sigue en las calles y lucha contra las privatizaciones, la precarización laboral, el saqueo de los territorios y los bienes comunes.

Exige la renuncia de un gobierno ilegal, que es el resultado de un fraude electoral, resistiendo las embestidas de una maquina represora a sueldo de la política corrupta, coludida con la oligarquía nacional y el capital transnacional.

“La dictadura sigue diciendo que todo está muy bien, que todo es paz y tranquilidad, pero la realidad es muy diferente”, dijo a La Rel el dirigente obrero, Carlos H. Reyes.

“Diez años después del golpe, Honduras está hundida en la miseria y un grupito de empresarios sigue arrasando con los servicios públicos, la tierra y los bienes comunes.

Además -continúa Reyes- vivimos un proceso acelerado de pérdida de derechos y violación de derechos humanos. La impunidad es absoluta y la militarización del país es financiada a través de deuda pública”.
El también miembro del Comité Ejecutivo Latinoamericano de la UITA explicó que el régimen dictatorial goza del apoyo político y militar del gobierno estadounidense. 

El Norte amigo de la dictadura

“Estamos viviendo un proceso histórico donde Estados Unidos han venido reposicionando a Honduras como su gendarme en el área centroamericana. Da vergüenza ver cómo avalaron el fraude electoral del 2017 y como siguen respaldando a esta dictadura corrupta”, apuntó Reyes.

Ante la brutal represión de estos últimos días y la criminalización del movimiento en defensa de la salud y educación pública, el reconocido sindicalista considera que el futuro de Honduras sigue siendo incierto.

“Quizás las cosas se van a poner peor. Detrás de tanta corrupción y violencia están los intereses de grupos económicos y políticos que controlan el país.

Afortunadamente, a diez años del golpe, el pueblo hondureño ha venido tomando conciencia de lo que está pasando y sigue desafiando la represión del régimen, resistiendo y luchando en las calles de toda Honduras.
En todos estos años la presencia constante y la solidaridad de la Rel UITA ha sido muy importante”, concluyó. 


Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=257751