sábado, 2 de diciembre de 2017

Alertémonos ante “las diversas formas de coerción prohibidas en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y normas laborales”

Casi 200 millones de personas son 

esclavos modernos o hacen trabajo infantil

2 de diciembre de 2017
Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un brazo de la Organización de Naciones Unidas (ONU), casi 200 millones de personas son víctimas de la esclavitud moderna o del trabajo infantil en todo el mundo. En el 2016, 40,3 millones de hombres, mujeres y niños fueron víctimas de la esclavitud moderna y casi uno de cada diez niños, o 151,6 millones de ellos fueron víctimas de trabajo infantil. 
Por Trévon Austin.
El informe define la “esclavitud moderna” como “las diversas formas de coerción prohibidas en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y normas laborales”. Esta definición incluye la esclavitud, el trabajo forzado impuesto por el Estado, el matrimonio forzado y la trata de personas. Una de cada cuatro víctimas de trabajo forzoso son niños, y el 71 por ciento del total de víctimas son mujeres.
En un día determinado en 2016, aproximadamente 16 millones de personas fueron forzadas a trabajar en el sector privado. Más de la mitad fue en los sectores doméstico, manufacturero y en construcción. En promedio, las víctimas son retenidas durante 20,5 meses antes de escapar o ser liberadas.
El estudio también informa que 4,8 millones de personas son víctimas de explotación sexual forzada. En promedio, las víctimas permanecen detenidas durante 23,4 meses antes de escapar o ser liberadas. La gran mayoría son mujeres y niñas, y los niños representan más del 20 por ciento de las víctimas.
Por región, África tiene la tasa más alta de esclavitud moderna, con 7,6 por cada 1000 personas. La tasa es de 6,1 por cada 1000 personas en Asia y el Pacífico; 3,9 por 1000 en Europa y Asia Central; 3,3 por 1000 en los Estados árabes; y 1,9 por 1000 en las Américas. Los países que están siendo o han sido recientemente devastados por la guerra experimentan niveles más altos de explotación.
La OIT no incluye en su definición de trabajo infantil a quienes trabajan en formas legales de empleo. La definición utilizada en el estudio incluye trabajos peligrosos, la demanda de horas de trabajo excesivas, que a menudo privan a los niños de tiempo para juego y educación, y labores que ponen en riesgo su bienestar. A pesar del alcance limitado de la definición, el estudio aún da una idea del asombroso nivel de trabajo infantil en todo el mundo.
Según el estudio, poco menos de la mitad de los niños que realizan trabajo infantil (72,5 millones) están realizando trabajos peligrosos que ponen en riesgo su salud, seguridad o desarrollo moral. Más de 19 millones de niños entre las edades de 5 y 11; más de 16,3 millones entre 12 y 14; y 37 millones entre 15 y 17 están involucrados en trabajos peligrosos. Las horas que los niños son obligados a trabajar también son terribles. Aproximadamente el 63,3 por ciento de los niños entre 15 y 17 años que están involucrados en trabajo infantil se ven obligados a trabajar 43 horas o más por semana.
Casi un tercio de los niños involucrados en el trabajo infantil están fuera del sistema educativo. Quienes asisten a la escuela tienden a desempeñarse peor que sus compañeros que no trabajan. El tiempo y la energía empleados interfiere con la capacidad de beneficiarse plenamente de las horas de clase e impide el tiempo de estudio fuera del aula.
Al igual que con la esclavitud moderna, una proporción significativa del trabajo infantil se encuentra en países afectados por conflictos y desastres. Aproximadamente el 17 por ciento de los niños en países devastados por la guerra están involucrados en el trabajo infantil, casi el doble del promedio mundial.
Los países incluidos en el informe como afectados por conflictos armados incluyen Afganistán, la República Centroafricana, Colombia, Iraq, Mali, Nigeria, Filipinas, Sudán del Sur, Ucrania, Yemen y la República Democrática del Congo. Otros países, como Siria y Libia, no fueron incluidos ya que no hay estimaciones disponibles.
En África, uno de cada cinco niños está involucrado en el trabajo infantil, por lo que es la región donde el trabajo infantil está más concentrado, seguido de Asia y el Pacífico. Sin embargo, el trabajo infantil no se limita a las regiones de bajos ingresos. De hecho, más de la mitad de los niños afectados viven en países de ingreso medio-bajo y medio-alto, mientras que el 1,3 por ciento de los niños en países de altos ingresos son niños trabajadores.
Si bien el porcentaje de niños involucrados en el trabajo infantil ha disminuido ligeramente con respecto a 2012 en todo el mundo, en realidad ha aumentado en la África subsahariana.
La epidemia de la esclavitud y el trabajo infantil es uno de los aspectos de la explotación capitalista. La Organización Internacional del Trabajo estima que cada año se generan $150 mil millones en ganancias en el sector privado por trabajo forzoso.
El problema se agrava en los países que son víctimas de la explotación neocolonial y la conquista imperialista. Un video publicado por CNN esta semana mostró que jóvenes fueron subastados como trabajadores agrícolas en Libia, un país devastado por una guerra respaldada por Estados Unidos y lanzada por la Administración Obama.
Una investigación del 2016 de Amnistía Internacional reveló que niños de tan solo siete años trabajan en condiciones peligrosas en la República Democrática del Congo para extraer cobalto que termina en teléfonos inteligentes, automóviles y computadoras vendidos a millones en todo el mundo. Dichas minas les suministran materiales a corporaciones como Apple, Microsoft y Vodafone.
La ONU y los líderes de los países industrializados han si acaso tomado medidas modestas para abordar los problemas de la esclavitud moderna y el trabajo infantil. Esta epidemia no es una cuestión de leyes y reformas, sino una consecuencia del capitalismo.

Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article15564

"Nos confunde con su sentido de legalidad; si ese “Nosotros” no va a aceptar ninguna orden legal, entonces qué es la legalidad. Su ministerio, señora ministra, está fuera de la legalidad que impone en su discurso, solo para aquellos que considera fuera de sulegalidad. Lo que podría interpretarse como “Ustedes tienen que entrar en mi legalidad”. ¿Complejo? No. Es la razón de su Estado".

¿Quiénes son los usurpadores?: 

fragmentos de un discurso postactual

1 de diciembre de 2017

 

 Por Darío Balvidares

El artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional Argentina, reconoce “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”.
Además de los tratados y pactos internacionales con rango constitucional a los que dicen ceñirse los funcionarios gubernamentales, lo que incluye a la ministra de (in) seguridad, Patricia Bullrich, aunque el discurso oficial navegue entre la ambigüedad, la falsedad y la indocumentación. Es decir, un discurso oficial indocumentado, salido sólo de la “racionalidad” de lo que se llama Estado.
En la conferencia de prensa1 (27-11-17) se podía escuchar a la ministra diciendo: “… en el sur de nuestro país han ocurrido más de 70 acciones violentas o atentados, que nos llevan a nosotros a caracterizar que estamos en una situación frente a grupos violentos que han escalado esta situación de violencia, grupos que no respetan la ley, que no reconocen a la Argentina, que no aceptan el Estado, la constitución, los símbolos, se consideran como un poder fáctico que puede resolver con una ley distinta a todos los argentinos. El juez necesitará elementos probatorios, nosotros no…”

Lo que la ministra caracteriza como “acciones violentas” o “atentados”, enmarca la posibilidad de (in) justificación para el accionar de las fuerzas represivas del Estado, a través de la orden de un juez o por decisión “fáctica” del ministerio de (in) seguridad amparado en la figura de “flagrancia”.
De hecho así actuó Gendarmería en la represión a la comunidad mapuche de la Lof Resistencia Cushamen”, que derivó en la “cacería” en la que se produjo la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. Cuando el juez sólo había ordenado “desalojar” la ruta 40.
¿Quién cometió el flagrante delito?; ¿Cuál es el grupo violento?
Agrega la ministra, “grupos que no respetan la ley”; cómo no se puede respetar la ley cuando lo que está enmarcado en lo que dice la Constitución y los pactos internacionales, son las comunidades originarias y no este Estado que con sus poderes no atina a cumplir premisas esenciales de la llamada Carta Magna y que además las transgrede de manera sistemática.
O, acaso, no hubo que volver a prorrogar la ley 26.160 de relevamiento territorial de las comunidades originarias, porque estas instituciones no cumplieron lo prescripto en esa ley. Lo que se consiguió con la movilización de la población, mientras el Estado, en realidad, esperaba la extinción de esa ley para poder continuar entregando los territorios para los negocios extractivistas, agrotóxicos y, por qué no, mega emprendimientos inmobiliarios, en este proceso sistemático de desposesión y extranjerización territorial.
Todo en manos de unos pocos, que siempre, históricamente son los mismos, aunque cambien dos o tres nombres propios, las circunstancias son las mismas de la “Historia de la crueldad argentina”2.
Vale una breve referencia a propósito de esa Historia:
“La llamada ‘conquista del desierto’ sirvió para que entre 1876 y 1903, es decir, en 27 años el Estado regalase o vendiese por moneditas 41.787.023 hectáreas a 1843 terratenientes vinculados estrechamente por lazos económicos y/o familiares a los diferentes gobiernos que se sucedieron en aquel período. Sesenta y siete propietarios pasaron a ser dueños de 6.062.000 hectáreas. Entre ellos se destacaban familias “patricias” que recibieron parcelas que oscilaban entre las 200.000 hectáreas de los Luro a las 2.500.000 obtenidas por los Martínez de Hoz. (…) En 1884, el Gobierno compra en La Pampa cuatro leguas de tierra para establecer un fuerte. Los paga 5.165 pesos con 85 centavos la legua. Dos años antes, el Gobierno las había vendido a un particular a 500 pesos la legua. ¿En dos años diez veces más su precio? .Esta práctica se va a repetir a lo largo de nuestra historia.”3
¿Esto es lo que llaman modernización? ¿El negocio espurio es la modernización? ¿Cuál es el Estado que deben aceptar las comunidades originarias? ¿El Estado con sangre entra?
Dice la ministra: “El juez necesitará elementos probatorios, nosotros no…”, de qué habla… ¿Quiénes son “nosotros”? ¿Acaso, ese “nosotros” es el plural mayestático4? A esta altura parece que sí. El “nosotros” es autorreferencial, remite a la “razón de Estado”.
Y sigue la ministra: “… nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad en el marco de una tarea emanada de una orden judicial, nosotros le damos a la versión que nos da la prefectura naval argentina, carácter de verdad, porque creemos que el Estado es el juez, el ministerio de seguridad, el gobierno nacional y la prefectura naval argentina. Nosotros no vamos a aceptar ninguna orden legal, es decir que si hay alguien que dice que no se puede entrar a una parte del territorio argentino, nosotros entramos a todas partes del territorio argentino, no tenemos ningún límite más que los límites de nuestra constitución…”
Su majestad, “L’État, c’est moi”5, no tiene que probar “lo que hacen las fuerzas de seguridad”, y desde el punto de vista (mayestático) de la ministra, está claro que no, porque “…nosotros le damos a la versión que nos da la prefectura naval argentina, carácter de verdad…”, porque “creemos que el Estado es el juez, el ministerio de seguridad, el gobierno nacional y la prefectura naval argentina.”
El Estado (de la ministra) se sostiene en ”creencias” de verdad de las fuerzas a las que debe controlar, no dirigir. ¿Acaso una confusión de roles?, pero continúa la ministra, “… Nosotros no vamos a aceptar ninguna orden legal…” Nos confunde con su sentido de legalidad; si ese “Nosotros” no va a aceptar ninguna orden legal, entonces qué es la legalidad. Su ministerio, señora ministra, está fuera de la legalidad que impone en su discurso, solo para aquellos que considera fuera de sulegalidad. Lo que podría interpretarse como “Ustedes tienen que entrar en mi legalidad”. ¿Complejo? No. Es la razón de su Estado.
Nosotros… Legalidad… Creencias… Ya estamos en un problema lingüístico, jurídico, clerical…
Pero usted va más allá, “… nosotros entramos a todas partes del territorio argentino, no tenemos ningún límite más que los límites de nuestra constitución…”
Su “Nosotros” no tiene ningún límite, será por eso que el joven mapuche, Rafael Nahuel, murió asesinado con una bala de su “Nosotros”, de su “creencia de verdad”; de su constitución, la suya.
¿Dónde estaban las armas de grueso calibre?
“… había armas de grueso calibre, en este momento las armas están ahí o ya las sacaron… eran como quince, veinte que estaban en una formación tipo militar, tampoco pudieron ver a todos porque estaban, estaban como escondidos, porque eran cuatro prefectos contra quince, veinte personas que estaban en este grupo violento. Frente a esta situación que sepan que los vamos a cuidar, que vamos a cuidar a los argentinos que viven en el sur y que se acabó el mundo del revés…”, continúa la ministra.
¿Están o ya las sacaron? Nunca encontraron armas en el alucinatorio se sus “grupos violentos”, lo mismo dijeron, señora ministra, cuando reprimieron a la PuLof Resistencia Cushamen.
“¿Estaban en formación tipo militar o estaban escondidos?” Nada se sostiene en el discurso de su “Nosotros”.
Del “grupo violento”, murió el joven mapuche, Rafael Nahuel de 21 años asesinado por otro grupo, el Albatros, el que ejerce la inocultable violencia de Estado.
Y, usted, ministra, habla de “…cuidar a los argentinos que viven en el sur…”, seguramente quiso decir, terratenientes y extranjeros como, Lewis y Benetton; porque su nosotros, no nos incluye, estamos en el mundo del revés.
Se acuerda, ministra… el de María Elena Walsh6; probablemente sí… pero usted está a la derecha de ese mundo… o en el anverso de un discurso con resonancia de 9 milímetros… 
1 Conferencia de prensa Televisión Pública Noticias 27-11-17
2 Referencia a Historia de la crueldad argentina: Julio A. Roca y el genocidio de los pueblos originarios. Osvaldo Bayer y Diana Lenton – 1° Edición – Ediciones El Tugurio. Buenos Aires 2010.
3 Bayer Osvaldo en Op. Cit.
4 En la lengua hablada, o en la escrita, el plural mayestático (del latín pluralis majestaticus, pluralis majestatis: ‘plural de majestad’) consiste en referirse a uno mismo, sea hablante o escritor, mediante uso de la primera persona del plural y usando el pronombre “Nos”, en sustitución de “yo”.
5 Francia, Luis XIV
6 María Elena Walsh, Canción “El reino del revés”

Fuente: http://contrahegemoniaweb.com.ar/quienes-son-los-usurpadores-fragmentos-de-un-discurso-posfactual/

Solidaricémonos con el pueblo de Honduras

Honduras: La dictadura de JOH suspende garantías constitucionales y aplica toque de queda en el país /El pueblo no se amilana y lucha en las calles

Este viernes, manifestantes volvieron a enfrentarse a las fuerzas de seguridad para exigir los resultados finales de las elecciones presidenciales del domingo pasado. |

 2 diciembre 2017
La población asegura que permanecerá en las calles hasta que se esclarezca el resultado de las votaciones.
El Gobierno de Honduras anunció la noche de este viernes la suspensión de las garantías constitucionales por los próximos diez días, la que incluye un toque de queda de 18H00 a 06H00. Esto, debido a las protestas tras las elecciones presidenciales, según señaló el secretario coordinador general del Gobierno, Jorge Ramón Hernández, a través de una cadena nacional.
“En consejo de ministros se aprobó la suspensión de garantías constitucionales para que las fuerzas armadas y la policía nacional puedan contrarrestar esta ola de violencia que se ha desatado en el país”, añadió a su vez el secretario del consejo de ministros, Ebal Díaz.

El actual presidente del país y candidato oficialista, Juan Orlando Hernández, confirmó el anuncio mediante un punto de prensa en el que señaló que “varios sectores” habrían pedido la medida. Asimismo, ratificó que la resolución entra en vigencia a partir de las 23H00 (hora local) de este viernes.
Por su parte, el candidato de la Alianza de la Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, publicó en su página de Facebook un video asegurando que la suspensión de garantías será utilizada para asentar el fraude electoral.
 A cinco días de los comicios presidenciales, aún persiste el conteo de votos, generando una profunda tensión en el pueblo hondureño, quien no ha dejado de salir a las calles exigiendo transparencia en el proceso.
“A las organizaciones de derechos humanos, les pedimos que se mantengan viendo el proceso” dijo el dirigente social Christian Castillo. La población asegura que permanecerá en las calles hasta que se esclarezca el resultado de las votaciones ante el el posible fraude que denuncia la Alianza de la Oposición contra la Dictadura.
En ese sentido, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), David Matamoros, informó este viernes que el escrutinio especial de actas electorales será nuevamente aplazado para este sábado a las 09H00 (hora local), debido a la ausencia de las dos partes interesadas.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, fue uno de los primeros mandatarios de la región en manifestarse ante la grave situación que vive el país centroamericano. 

Denuncian represión en primer día de toque de queda

“El presidente de la República y el presidente del Tribunal Supremo Electoral son los principales culpables” aseguró el opositor Salvador Nasralla.

Numerosos videos de violencia represiva durante el toque de queda, circulan en las redes sociales, mientras la mayoría de los medios hondureños no cubre las denuncias.
A escasas horas de haberse decretado en Honduras el inicio de la suspensión de garantías y el toque de queda de 23H00 a 06H00 por diez días, los ciudadanos han utilizado las redes sociales para denunciar la represión militar que se vive en las calles del país.

Tras varios días de protestas en que el pueblo hondureño salió a las calles para exigir la resolución definitiva de los comicios presidenciales del pasado domingo 26, este viernes el Gobierno de Juan Orlando Hernández decretó un estado de sitio con el que pretendía dar control a las manifestaciones populares.
Sin embargo, y según han registrado los ciudadanos con videos y fotografías en Facebook y Twitter, la violencia parece recrudecer, luego que las labores policiales fuesen asumidas por el ejército.

Así también lo denunció en su cuenta de Twitter el candidato del Partido por la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla.

Durante la semana se registraron tres fallecidos y decenas de heridos por protestas. Esta primera noche de toque de queda, los ciudadanos -a través de redes sociales- denuncian que ya habría una víctima fatal.
Por su parte, Marlon Ochoa, Gerente de Campaña de la Alianza de Oposición, llamó al pueblo a movilizarse de manera pacífica este domingo 3 de diciembre a las dos de la tarde.
Ochoa afirmó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) incurre en “intransigencia”. Además, dio a conocer las exigencias de lsu conglomerado: acceso a la base de datos; conteo voto por voto en tres departamentos del país; que se cotejen las copias de las actas certificadas con las que tiene el TSE; y que el escrutinio especial se lleve a cabo frente a los tres partidos con mayor caudal electoral.

Intelectuales exigen transparencia e independencia a Tribunal Electoral de Honduras

2 diciembre 2017
Los firmantes aseguran que el partido oficialista cometió “fraude de forma activa y visible”. 
Este viernes, 269 intelectuales de los Estudios Centroamericanos, Latinoamericanos y Latinos-Chicanos de Honduras, firmaron un comunicado exigiéndole al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de ese país, un informe que transparente “todas las actividades relacionadas con la elección” ocurrida el pasado domingo 26 de noviembre de este año.
Y es que a casi una semana de celebrados los comicios, con una recientemente declarada suspensión de garantías y toque de queda, aún no se dan a conocer el 100 por ciento de los escrutinios.
“Nos preocupa que las acciones del TSE, particularmente desde que las urnas se cerraron y se registraron los votos, han sido secretas, carentes de transparencia y responsabilidad, y han mantenido al pueblo hondureño en la oscuridad”.
Los académicos e investigadores aseguran que la demora es poco ortodoxa y preocupante, sobre todo -según señalan- porque “el silencio del TSE coincidió con la revelación de que un conteo completado del 57 por ciento de los votos mostraba un significativo 5 por ciento de ventaja por parte de la Alianza en Oposición a la Dictadura sobre el Partido Nacionalista del presidente saliente”. Es decir, un, 45.17 por ciento contra un 40.21 por ciento; cifra que hasta el minuto, según asegura el TSE, se habría revertido.
Los firmantes acusan al Tribunal de no ser “completamente independiente del titular”, responsabilizándolo de “exacerbar el clima de desconfianza en el tribunal, el proceso electoral y la propia democracia hondureña”. Al tiempo que le piden “aliviar las preocupaciones legítimas sobre el fraude, la desinformación y las irregularidades”, instándolos a entregar una contabilidad pública completa.
“Organizaciones como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) han expresado su consternación por la falta de transparencia y la retención de información crítica de la población”, afirma el documento, tildando de “inquietantes” los informes emanados por los observadores, que indican que las áreas de votación fueron militarizadas y que, además, hubo campañas agresivas fuera de los recintos electorales.
“Los activistas del Partido Nacionalista cometieron fraude de forma activa y visible, como peleas, cambio de resultados y posible alteración o robo de urnas”, afirman los académicos.
De esta manera, aseguran que estas prácticas, amparadas por el Tribunal, recuerdan a “los peores períodos de la dictadura militar en Honduras”.http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/12/02/honduras-la-dictadura-de-joh-suspende-garantias-constitucionales-y-aplica-toque-de-queda-en-el-pais-el-pueblo-no-se-amilana-y-lucha-en-las-calles-todas-las-fotos/

"¿Qué esperamos para hacer sentir el calor de la solidaridad pueblo a pueblo antes de que se demasiado tarde?"

El pueblo hondureño desafía en las calles a JOH y al Imperio (por Carlos Aznárez)

Resumen Latinoamericano, 2 diciembre 2017
Desde aquel nefasto día de junio de 2009 en que el ejército y la policía hondureña, cumpliendo órdenes de Washington, capturaron al presidente Mel Zelaya y se hicieron con el gobierno, la democracia dejó de existir en todos sus aspectos. Uno tras otro, los presidentes que sucedieron a Zelaya (Micheletti, Lobo y el actual Hernández) pueden considerarse como legítimos herederos de esa acción violenta e ilegal contra un gobierno al que el pueblo había votado. Por eso es que no puede extrañar lo que sucede por estas horas en que a través de un golpe electoral se pretende imponer la reelección del actual mandatario Juan Orlando Hernández, al que la gran mayoría de los hondureños y hondureñas nombran despectivamente como JOH.
Honduras no es un país más de Centroamérica, siempre, desde las aciagas épocas de la United Fruit Company hasta aquellos años de las bases paramilitares de la “contra” nicaragüense, el territorio siempre sirvió de sostén de las violentas políticas militaristas de Estados Unidos en la región. Palmerola y Mosquitia son nombres que significan mucho dentro de esa escena ya que en esos enclaves de la geografía hondureña se asientas dos poderosas bases militares norteamericanas, desde las que se sostiene la injerencia de ese país no solo en la política local sino que tiene influencia en todo el territorio centroamericano. La otra pata de la agresión es la propia embajada USA, que por estas horas es un hervidero de consultas entre dirigentes oficialistas y los jefes locales de la CIA. Avalando esa historia de intromisiones, el gobierno actual vuelve a mostrar su cara más impune pero también la más violenta. Todo vale para defender una reelección que es repudiada por las grandes mayorías.
Fueron muchos los que en plena campaña electoral del candidato Salvador Nasralla, de la Alianza de Oposición contra la Dictadura (nunca mejor el nombre elegido) comenzaron a vislumbrar que la tarea en la que estaban empeñados iba a ser más que difícil. Los futuros comicios olían a fraude por donde se los mirara, ya que el aparato oficialista no solo contaba con recursos económicos suficientes para imponer sus consignas mentirosas sino que muchos de los referentes de la oposición eran criminalizados, perseguidos y amenazados. Apoyado por el Partido Libre, al que seguramente no le alcanzaban los votos para ir en solitario, el periodista Nasralla debió radicalizar su discurso y ponerse a tono con la empresa en la que se había embarcado. Desde afuera de la coalición opositora, la sabiduría de los hombres y mujeres del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH), la combativa organización a la que pertenecía Berta Cáceres hasta que fuera asesinada, denunciaba que acudir a las urnas en esas circunstancias no aseguraba nada bueno para los sectores populares. Y finalmente la advertencia se cumplió a rajatabla.
Nasralla gana la elección indiscutiblemente, pero el régimen manipula soezmente al Tribunal Supremo Electoral para que el recuento de votos prácticamente se paralice y una semana después de los comicios, utilizan la falta de resultados definitivos para vocear “la victoria” del actual presidente. De esta manera consolidan el fraude a la luz del día y ante una buena cantidad de observadores internacionales, algunos de ellos cómplices del robo, como son los de la OEA encabezados por el derechista y golpista boliviano Jorge “Tuto” Quiroga, y otros, un poco más “profesionales” en la tarea para la que habían sido convocados, atinan a protestar pero son arrollados por la ola mediática hegemónica y el silencio concesivo de los gobiernos de la región.
En esas circunstancias al pueblo hondureño, la verdadera víctima de estos reiterados atropellos, no le queda otra que insurreccionarse frente a un poder criminal, no solo por los muertos que ya suma a su cuenta en estas últimas horas, sino por las decenas de asesinados y asesinadas bajo el mandato de JOH, en que dirigentes sociales, estudiantes, campesinos, periodistas cayeron todos ellos bajo las balas asesinas de cuerpos policiales militarizados como los que en la noche del viernes ejecutaron a la joven Kimberly Dayana Fonseca, mientras repudiaba el fraude con sus vecinos.
No se trata de un pueblo más cuando se habla del hondureño, es el mismo que durante casi un año -desde el derrocamiento de Zelaya- no dejó de movilizarse un solo día, bloqueando carreteras y generando protestas gigantescas que asombraron al mundo, un pueblo que supo unirse en un Frente de Resistencia y que solo comenzó a perder fuerza cuando apareció en el horizonte la tentación del camino electoral. Ahora volvió a insistir en esa trayectoria y otra vez, el imperio -el auténtico gestor de lo que piensa y hace su títere JOH- demostró que ni siquiera está dispuesto a dejar pasar una instancia moderada de oposición, que Honduras es su colonia y que si tiene que volver a masacrar como en tiempos de la United Fruit no dudará en hacerlo.
Por eso es que quienes hoy están peleando en las calles contra la prepotencia policial-militar -todo ellos, el Partido Libre, los seguidores de Nasralla, el COPINH y hasta el Partido Liberal de Luis Zelaya- saben que ya no tienen nada que perder y que se juegan otra vez la vida en la pulseada. Pero además, están mostrando al continente que no es hora de retrocesos ni titubeos frente a una embestida derechista recolonizadora que golpea a cada puerta. Estados Unidos, su Comando Sur, sus multinacionales y sus avanzadas paramilitares “disciplinadoras” vienen por todo. Tratan de imponer una matriz que busca hondureñizar al continente, como bien sostuviera en las últimas horas un referente de Derechos Humanos de ese país. Que lo logren o no, dependerá de la resistencia que encuentren en el camino. El pueblo hondureño marca, en ese sentido, un ejemplo de lo que hay que hacer. Las calles son su mejor escenario para que el fraude no pase desapercibido, para visibilizar a nivel internacional de qué se trata la “democracia” de JOH y su mafia, y también para replantearse a la luz de lo sucedido el domingo de comicios, qué tipo de proyecto de poder hacen falta para que la Patria de Morazán renazca entre sus propias manos. Como en 2009, en los barrios y en las carreteras bloqueadas por miles de manifestantes se vuelve a escuchar aquella consigna que se hizo himno: “Nos tienen miedo porque no tenemos miedo”, seguido de otra más actual: “Fuera JOH, fuera JOH”. ¿Qué esperamos para hacer sentir el calor de la solidaridad pueblo a pueblo antes de que se demasiado tarde?
http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/12/02/el-pueblo-hondureno-desafia-en-las-calles-a-joh-y-al-imperio-por-carlos-aznarez/

Señalemos: “La exclusión de los delegados registrados ante la OMC es un precedente grave y preocupante, no sólo para la propia OMC y para el G20 bajo la presidencia Argentina, sino para otras reuniones internacionales de este tipo”.

Argentina: Las ONGs, 

en la lista negra de Macri

1 de diciembre de 2017
En un hecho que las organizaciones denunciaron como “sin precedentes”, el Ejecutivo revocó sin fundamentos las acreditaciones otorgadas por la Organización Mundial de Comercio a más de 43 expertos de todo el mundo que iban a participar de la reunión ministerial que comenzará el 10 de diciembre en Buenos Aires.
“El presidente Macri mostró claramente que su gobierno no respeta la democracia ni el pluralismo”, sentenció la ONG británica Global Justice Now!. El Financial Times se hizo eco de la llamativa prohibición.
En una semana en la que Mauricio Macri celebra la presidencia argentina del G20 como “la vuelta al mundo” del país y se prepara para la reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Buenos Aires, el gobierno argentino quedó expuesto globalmente al denegar de manera unilateral y sin motivos la acreditación para más de 43 representantes de ONGs de todo el mundo que iban a participar de esa cumbre entre el 10 y el 14 de diciembre.
Así lo denunció la red de organizaciones Nuestro Mundo No Está en Venta (Our World is Not For Sale – OWINFS), que envió una carta al presidente de la OMC, Roberto Azevedo, para solicitarle que interceda ante el Ejecutivo argentino. “El gobierno argentino revocó las acreditaciones de actores clave de la sociedad civil ante la Organización Mundial de Comercio, a pocos días de la Reunión Ministerial de Buenos Aires”, denunciaron las organizaciones. Plantearon que se trata de una “acción sin precedentes” contra sindicalistas, promotores del desarrollo, activistas de derechos en el entorno digital y ambientalistas, entre otros, que “no serán autorizados siquiera a ingresar al país para participar de la reunión”.
La noticia tomó rápidamente repercusión mundial y el propio Financial Times mostró su sorpresa ante lo que llamó "la prohibición" de la Argentina a las ONGs por la cumbre, en una medida que adjudica al "temor a las protestas" contra esa reunión. El medio estadounidense incluso recoge una declaración de Keith Rockwell, vocero de la OMC, quien explicó que la organización intentó contactarse con el gobierno argentino “a todos los niveles” para revertir esa decisión pero “simplemente dijeron que no”.
Los delegados de las distintas organizaciones recibieron ayer una nota de la Secretaría de la Organización Mundial de Comercio en las que se les notificaba que el Ejecutivo argentino había denegado la acreditación que ya había sido emitida por el ente del comercio mundial. “Fuimos informados por el gobierno anfitrión que, por razones no especificadas, la seguridad de la Argentina decidió rechazar su acreditación”, dice la carta firmada por el jefe de Relaciones Exteriores de la OMC. Añade que se hicieron “repetidas consultas” por el hecho, pero que no tienen esperanzas de que se encuentre una solución y recomiendan a los representantes de las ONGs que no viajen a la Argentina para evitar que se les niegue la entrada al país.
Entre las ONGs que fueron denegadas están las argentinas Fundación Grupo Efecto Positivo, Sociedad de Economía Crítica y el Instituto del Mundo del Trabajo. También fueron rechazadas, entre otras, la belga 11.11.11, la finlandesa Siemenpuu, la chilena Derechos Digitales y Global Justice Now!, del Reino Unido, además de organizaciones internacionales como como UNI Global Union (con sede en Suiza), UNI Américas (basada en Uruguay) y Friends of the Earth International.
“Es la primera vez en más de 15 años que un gobierno anfitrión toma una decisión de esta naturaleza”, afirmó Nick Dearden, director de la ONG británica Global Justice Now!. “Hemos participado de numerosas reuniones previas de la OMC sin ningún inconveniente, pero ahora las cuatro personas que designamos en nuestra delegación han sido excluidas y su acreditación revocada, a pesar del hecho de que hemos estado involucrando a nuestro gobierno en temas de la OMC desde hace años y que tenemos pasajes no reembolsables y reservas de hotel efectivizadas”, añadió. Sentenció que “el presidente Macri mostró claramente que su gobierno no respeta la democracia ni el pluralismo”.
En la nota de protesta enviada al director de la OMC, las organizaciones remarcan que el “acuerdo estándar” entre las organizaciones internacionales y el país anfitrión de este tipo de conferencias incluye la acreditación, los visados y la entrada de todos aquellos que hayan sido autorizados por la organización. ”Sólo bajo una consideración excepcional de seguridad, puede rechazar el ingreso”, remarcaron y señalaron que los más de 250 miembros de la red OWINFS que han participado en disntintos foros internacionales jamás habían recibido una masiva negativa de ingreso de este tipo. “En las previas reuniones ministeriales de la OMC en Singapur, los EEUU, Qatar, México, Hong Kong, Suiza, Indonesia y Kenia nunca sucedió algo parecido”, añadieron las organizaciones.

Ante esa decisión arbitraria del gobierno argentino, las ONGs reclamaron a las autoridades de la Organización Mundial de Comercio que se suspenda la cumbre prevista en Buenos Aires “a menos que el gobierno anfitrión revierta esta decisión y restablezca las acreditaciones a los grupos excluidos”. Además, advirtieron que es “irónico” que el hecho ocurra casi en simultáneo con la transferencia de la presidencia del G20 de Alemania a la Argentina y concluyeron: “La exclusión de los delegados registrados ante la OMC es un precedente grave y preocupante, no sólo para la propia OMC y para el G20 bajo la presidencia Argentina, sino para otras reuniones internacionales de este tipo”.
Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Argentina_Las_ONGs_en_la_lista_negra_de_Macri

Podemos interpretar "claramente como una tentativa de impedir la participación de voces críticas de las políticas que su gobierno y otros más, buscan avanzar en el marco de esta Ministerial."


Buenos Aires, 30/11/17 - En rueda de prensa esta tarde, convocada para invitar ampliamente a participar en las actividades de la Semana de Acción #Fuera OMC, del 7 al 13 de diciembre en Buenos Aires, la multitud de organizaciones locales e internacionales que conforman la Confluencia Fuera OMC denunció la inaudita decisión del gobierno argentino de denegar acreditación a varias decenas de delegados y delegadas de organizaciones sociales del mundo entero, cuya acreditación a participar en la Ministerial de la OMC ya había sido aprobada por ese organismo multilateral.La coordinadora de Diálogo 2000, Beverly Keene, informó además de la Carta abierta enviada por la Confluencia al presidente Macri, para rechazar estas medidas "unilaterales y autoritarias que violan derechos fundamentales de las personas y organizaciones involucradas", e instar al gobierno argentino a dar marcha atrás.

Protestas están siendo realizadas ante embajadas argentinas alrededor del mundo, y Diálogo 2000 y Serpaj enviaron una carta similar al presidente argentino con las firmas de Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas y Mirta Baravalle, entre otras, alertando que este cercenamiento de la presencia y participación de la sociedad civil, así como la situación de conflicto social y represión que las políticas del gobierno van generando, cuestiona seriamente la capacidad de la Argentina de asumir además con la presidencia del G20.

"A los hechos informados por la OMC y organizaciones sociales de todo el mundo, se suman el asesinato de Rafael Nahuel días atrás, la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, la persecución a las comunidades originarias y la militarización de los territorios donde se realizarán las próximas actividades del G20 como de la OMC," señalan.

"No hacen más que mostrar al mundo que el suyo es un gobierno con alto desprecio por el estado de derecho, los derechos humanos y la convivencia democrática," alertan las cartas. "De acuerdo con la información recibida, su gobierno ha alegado razones de "seguridad" sin mayores explicaciones, en lo que puede interpretarse claramente como una tentativa de impedir la participación de voces críticas de las políticas que su gobierno y otros más, buscan avanzar en el marco de esta Ministerial."

Entre ellas, citan cuestiones que se vienen negociando en secreto, como la posible firma de un acuerdo mal llamado de "libre comercio" entre la Unión Europea y el Mercosur, o la cesión de soberanía y control sobre áreas de importancia estratégica como las compras gubernamentales, la agricultura ecológicas, las finanzas y el comercio electrónico.

Las organizaciones de la Confluencia, incluyendo a Diálogo 2000 y Jubileo Sur/Américas, solicitan además al Director General de la OMC que cancele y traslade a otro país la Conferencia Ministerial si esta grave situación de denegación de acreditaciones, de visas y de ingreso al país no tiene pronta resolución.

Leer aquí el texto completo de la Carta enviada al Presidente Macri por Diálogo 2000 y SERPAJ Argentina

Leer aquí el texto completo de la Carta enviada al Presidente Macri por la Confluencia Fuera OMC

Leer aquí el texto de los mensajes recibidos de parte de la OMC, por las y los delegados cuya acreditación el gobierno argentino ha rescindida.

Marchamos en solidaridad con el pueblo nación Mapuche y para exigir