La batalla de agosto
9 de septiembre de 2015
Por Fernando López Romero (Revista ‘R’)
Entre el 2 y el 2O de agosto cientos de miles
de trabajadores: fabriles, de servicios; de desempleados; de indígenas y
campesinos; de organizaciones de mujeres; maestros; jubilados; estudiantes;
ambientalistas; artistas populares, se movilizaron y enfrentaron al gobierno de
Rafael Correa en todas las provincias del Ecuador, incluida la provincia
insular de Galápagos.
La movilización popular, que comenzó el día 2
en la sureña provincia fronteriza de Zamora, uno de los epicentros de la
actividad minera transnacional a gran escala que promueve el régimen, recorrió
durante varios días las provincias centrales del país impulsando el Paro
Nacional del 13 y conquistando la solidaridad de millares de personas que,
durante su paso, la acompañaron en las carreteras, poblaciones y ciudades. La
más importante concentración, 30.000 personas, se produjo durante el paso de la
marcha por Latacunga, capital provincial ubicada en las goteras de la capital. En varios
lugares, la marcha concitó también la hostilidad y la agresión de grupos de
partidarios del gobierno, que habían sido organizados para el efecto desde
semanas atrás por Ricardo Patiño, Ministro de Relaciones Exteriores, quien
también realizó un intenso trabajo para contenerla por medio de la división de
las organizaciones populares. La víspera del 13 de agosto, día en el que se
había convocado a un Paro Nacional, el primero que enfrentaba el gobierno de
Correa, la marcha llegó a Quito.
En el marco de las acciones del Paro Nacional
y del llamado al Levantamiento Indígena, el 13 de agosto, desafiando las
amenazas, el hostigamiento y la represión, indígenas, obreros y pobladores
cortaron carreteras y encabezaron mítines, plantones y marchas, en las
principales ciudades del país. La más importante se produjo en Quito donde, al
llamado del Colectivo Unitario de organizaciones sociales, más de 100.000
personas se movilizaron por las calles del centro de la ciudad; hay quienes
hablan de hasta 150.000.
A pesar de la hostilidad de los partidarios del gobierno,
acicateada por una intensa campaña propagandística realizada por el poderoso
aparato mediático gubernamental utilizando recursos púbicos, en la que se acusó
a los luchadores populares de golpistas y de instrumentos de la derecha, hasta
el 13 la marcha y las movilizaciones tuvieron un talante pacífico. Pero ese día
y en los posteriores el gobierno reprimió con violencia la lucha popular en
Macas, provincia de Morona Santiago, en Saraguro, en la provincia de Loja, en la El Chasqui , provincia
de Cotopaxi, en Quito y en otros lugares. Un signo del miedo, de la prepotencia
y de la intolerancia oficial fue la presencia, al frente de la policía y
desafiando a los manifestantes en El Chasqui, cerca de Quito, del propio
Ministro del Interior José Serrano, otrora abogado de Derechos Humanos. Durante
la marcha hacia Quito y en las movilizaciones de ese día fue notoria la
actividad de provocadores infiltrados por el gobierno, que como en las marchas
de noviembre del 2014 y de marzo del 2015 fueron quienes iniciaron los
enfrentamientos con la policía que resguardaba la Plaza de la Independencia y
el Palacio de Gobierno. En estos enfrentamientos Salvador Quishpe y Carlos
Pérez Guartambel, importantes dirigentes indígenas, fueron víctimas de
agresiones físicas, así como la periodista franco brasileña Manuela Picq que,
acusada de participar en actividades políticas y de propiciar la violencia y
rechazados sus argumentos jurídicos, fue prácticamente obligada a salir del
país. Más de un centenar de manifestantes fueron detenidos durante ese día y en
los posteriores.
La Batalla de Agosto no surgió de la nada. Menos aún de
contubernios con sectores de la
derecha. Es el resultado de un proceso de movilización
autónoma iniciada por los sectores sindicales desde julio del año 2014 en
contra de las reformas laborales impuestas por el gobierno, reformas que
eliminan la libertad sindical, reducen las utilidades de los trabajadores sobre
las ganancias de las empresas y eliminan el derecho de los trabajadores
públicos a organizarse sindicalmente y a realizar huelgas. En julio, septiembre
y noviembre del año pasado, y en marzo del presente, los sindicatos y otras
organizaciones sociales realizaron marchas en las principales ciudades del
país; las movilizaciones fueron creciendo en presencia social, hasta la
impresionante marcha del Primero de Mayo. El 30 de mayo, el Colectivo Unitario
anunció la realización de un Paro Nacional, al que en ese momento no se le puso
una fecha definida.
En esas semanas de junio, los sectores medios comenzaron a movilizarse para rechazar las
leyes de plusvalía y de herencia, anunciadas por Correa en su Informe a la
Nación del 24 de Mayo y enviadas a la Asamblea Nacional
para su aprobación. Durante varias semanas, dirigentes políticos de la derecha
liberal tomaron la iniciativa y realizaron concentraciones y marchas contra el
gobierno, siendo la más importante la liderada en Guayaquil por el Alcalde
Jaime Nebot.
El 18 de julio, después de la visita del Papa, el Colectivo
Unitario, integrado por el Frente Unitario de Trabajadores, La CONAIE, el
ECUARUNARI, la
Federación Médica Ecuatoriana y otras organizaciones
sociales, retomó la iniciativa a través de marchas en las principales ciudades
y con el anuncio del Paro Nacional del 13 de agosto. La CONAIE resolvió iniciar
una marcha hacia Quito el 2 de agosto, que sería el inicio de un levantamiento
indígena. En el Ecuador, “paro” no significa, como en muchos otros lugares paro
de los patronos. Entre nosotros, por tradición, el paro ha sido la acción
unitaria de las fuerzas populares en demanda de sus aspiraciones y derechos.
Esta es una aclaración importante porque la propaganda del gobierno ha
difundido internacionalmente la idea de una acción en la que los trabajadores
fueron detrás de los empresarios para derribar al gobierno de Rafael Correa.
El gobierno ha perdido la credibilidad y ha
pedido la calle. El
Paro Nacional fue la respuesta a un diálogo trucado,
promovido por el Gobierno de Rafael Correa para contener la movilización
social. Trucado porque se realiza con la agenda impuesta por el Gobierno y sólo
con aquellos que están a favor del gobierno, no con los llamados opositores y
los “violentos”.
Desde marzo de este año, la consigna que ha
unificado a todas las oposiciones es “¡Fuera Correa, fuera!”. Pero esta
consigna tiene varios sentidos. Para algunos sectores, especialmente de
empresarios y de las clases medias, significa la aspiración de la renuncia de
Correa o de su salida inmediata del Gobierno a través de cualquier medio,
incluida una intervención de los militares. El movimiento popular y el
Colectivo Unitario han sido muy claros: no se trata de echar a Correa, quien
deberá terminar su período presidencial en el año 2017. Para el Colectivo
Unitario, la dirección del movimiento popular, el grito “¡Fuera Correa,
fuera!”, significa derrotar la política antipopular y antidemocrática del
correísmo, de ninguna manera el apoyo a un posible golpe de Estado, que
favorecería a la derecha no correísta y a los empresarios. La oposición de
izquierda y el movimiento popular estamos por una salida democrática de la
crisis política creada por la prepotencia y la incapacidad del correísmo,
luchamos por el fortalecimiento de la unidad del pueblo y por un programa de
transformaciones sociales y políticas profundas.
Para consumo de sus partidarios en el país y en el extranjero y
para justificar la represión, el gobierno de Correa se ha esmerado en meter a
toda la oposición en el mismo saco, y en afirmar que son sectores minoritarios
del pueblo los que le están haciendo el juego a la derecha. El Colectivo
Unitario por su parte, ha mantenido desde el comienzo una clara autonomía
política y organizativa con respecto a la derecha. Ecuador
no es Venezuela ni tampoco Brasil, donde la derecha lidera la oposición al
colapso de los populismos de izquierda.
Una
victoria parcial muy importante
La victoria de la lucha popular de agosto
contiene varias victorias:
Es la victoria de una política de movilización y de autonomía, que
ha adquirido desde el año pasado dimensiones nacionales; es la victoria de la
unidad de los sectores populares, de sus organizaciones y dirigentes que han
resistido durante casi una década la política de represión, clientelismo y de
división que ha llevado adelante el gobierno; es una victoria de las mujeres y
de los jóvenes; de los despedidos y perseguidos, de todos quienes han sido
agraviados por un gobierno autoritario, que no ha impulsado ninguna
transformación social y económica profunda.
La victoria más significativa se ha producido
en la conciencia de importantes sectores de la población que, superando el
chantaje ideológico gubernamental de que toda movilización y expresión de lucha
es impulsada por la derecha, han plegado al llamado de las organizaciones
populares; que han perdido el miedo y comprenden la necesidad de la unidad y de
la lucha.
La victoria popular de agosto contiene la
derrota del Gobierno, y también de los líderes de la derecha anti correísta que
intentan cooptar la lucha popular para sus intereses. El gobierno ha perdido
credibilidad, se ha limitado seriamente su capacidad de iniciativa y crece su
soledad con respecto a la sociedad a la que dice representar. Lejos están ya
los primeros años, cuando pudo exhibir credenciales de izquierda y engañar a
muchos.
Pero el correísmo no ha sido derrotado
definitivamente; deriva cada vez más hacia la derecha y hacia los intereses de
los empresarios, y prepara su retirada mientras enfrenta los efectos iniciales
de una crisis económica cuyos costos intentará trasladar a los sectores
populares, como ha ocurrido con otros gobiernos en el pasado. Los indicios de
esto son claros: ajustes, despidos, leyes como la de la llamada Alianza Pública
y Privada que son el camino hacia las privatizaciones, exenciones tributarias
para las grandes empresas mineras, de telefonía y el capital financiero, mayor
endeudamiento externo e interno.
El movimiento popular en Ecuador, que se unifica aceleradamente,
defiende sus derechos, violentados por el Gobierno: los derechos sindicales, de
los pueblos indígenas, de los estudiantes, de las mujeres frente a un gobierno
profundamente patriarcal y conservador, de los campesinos, los maestros, los
trabajadores jubilados, entre las más importantes. Se trata de una plataforma
de lucha que se ha constituido en varios años de luchas y resistencias
parciales, que no ha sido escuchada por el Gobierno.
Los sectores populares también se han expresado en rechazo de las
leyes de plusvalía y de herencias, profundamente demagógicas y que en realidad
son otra estratagema de Correa para presentarse como izquierdista, pero la
oposición a estas leyes no es el núcleo de la movilización popular.
En este momento, todos los sectores, desde la
izquierda hasta la derecha, rechazan las enmiendas constitucionales que
pretende imponer el gobierno través de su mayoría en la Asamblea Nacional. Pero
mientras la derecha se concentra en el rechazo a la enmienda que permitiría la
reelección indefinida, la izquierda y el movimiento popular rechazan las 16
enmiendas, una por una y en paquete, porque atentan contra derechos
fundamentales de los trabajadores y buscan una mayor concentración del poder
del Estado frente a la sociedad, lo que permitirá a este gobierno (y a los que
vengan después) reducir los espacios democráticos y reprimir a las luchas
populares.
El pueblo sigue movilizado por la libertad de
los luchadores populares. Para el 15 de septiembre se realizará en Quito una
Asamblea Popular convocada por el Colectivo Unitario, y para el día 16 se
realizarán marchas populares en todo el país. Estas acciones son la preparación
de nuevas jornadas de lucha.
La
respuesta del gobierno
En este agosto, el Gobierno de Correa y sus
partidarios fueron arrinconados políticamente por el pueblo ecuatoriano en el
Palacio Nacional, en la
Asamblea Nacional y en las gobernaciones de provincias detrás
de dobles y triples cercos policiales y militares.
Frente al avance de la lucha popular el
gobierno ha desplegado la represión contra el movimiento popular. Entre el 13 y
el 26 de agosto fueron apresadas 132 personas en todo el país, 111 fueron
puestas a órdenes de jueces y 21 fueron liberadas a las pocas horas. De los 111
detenidos, a 98 se les ha iniciado una instrucción fiscal y seis dirigentes
nacionales y regionales del Colectivo Unitario tienen abiertas investigaciones
judiciales. Los presuntos delitos de los luchadores populares son: obstrucción
de servicios públicos, penado con prisión de 1 a 3 años; ataques o
resistencias a la autoridad, con penas de 6 meses hasta 2 años; y el delito de
sabotaje, con penas de 5 a
7 años de prisión. No hay que olvidar que estas penalizaciones tan fuertes ya
han llevado a la cárcel a otros combatientes populares, y que son el fruto de
un endurecimiento de la legislación penal, otra vieja aspiración de la derecha
realizada por el gobierno de Rafael Correa.
El gobierno de Correa está reeditando formas
de violencia política que parecían haber sido superadas en el Ecuador:
agresiones físicas a los dirigentes, acoso judicial y utilización de grupos de
choque en los que se ha denunciado la presencia de extranjeros y de antiguos
pandilleros que ahora militan en las filas de las juventudes de Alianza País.
La escalada represiva del correísmo contra el
movimiento popular y la izquierda comenzó en los primeros meses del 2007, y se
expresó con fuerza en la brutal represión al pueblo de Dayuma en diciembre de
ese mismo año. La violencia verbal y física se origina desde el más alto nivel
del gobierno, y junto con la persecución judicial ha sido una constante durante
todos estos años para reprimir como saboteadores, terroristas, violentos,
conspiradores y subversivos a todos los que resisten a la modernización
capitalista, que es la esencia del proyecto llamado Revolución Ciudadana. En la
batalla de agosto pasado no solo se ha detenido a los luchadores populares,
como dice el gobierno “en delito flagrante” en las calles, carreteras y plazas;
también, como en Saraguro, se han allanado sus viviendas, y se han producido
agresiones físicas y amenazas contra dirigentes sindicales y populares, antes y
después de la marcha indígena y del Paro Nacional.
La
indispensable solidaridad internacional
Las luchas que llevan adelante los
trabajadores y los pueblos del Ecuador y las acciones futuras, requieren de la
más amplia y militante solidaridad internacional. Un obstáculo para ello es la
posición de una parte importante de la izquierda latinoamericana y europea,
cuyos dirigentes e intelectuales cambiaron hace rato las banderas rojas por las
alfombras rojas.
Lo que digan las Eva Golinger o los Ignacio
Ramonet de cada comarca, no es motivo de mayor preocupación: hacen propaganda,
ese es su trabajo, quizá su vocación, y es posible que hasta crean en lo que
dicen, lo que no les exculpa de ninguna manera. Preocupa mucho más lo que
sostienen muchos intelectuales de izquierda que conservan credenciales de haber
estado durante mucho tiempo junto a las luchas populares. Un caso
representativo es el comentario escrito hace poco por Emir Sader para www.alainet sobre la situación política
de los llamados gobiernos progresistas de América Latina, en el que entre otros
casos, en un párrafo, se refiere al Ecuador. Cito textualmente:
En Ecuador, dos medidas tributarias que el
gobierno envió al Congreso que recaen sobre el 2% más rico de la población,
llevó a que la oposición –juntándose, una vez más, sectores de la
ultraizquierda con la derecha-, desatara una reacción amplia y violenta,
hablando de un “levantamiento” en contra del gobierno. Apoyado en sectores
minoritarios del movimiento indígena y sindical, la oposición se topó con
grandes movilizaciones populares en apoyo al gobierno de Rafael Correa.
La versión de E. Sader, no sólo que es
impresentable sino que constituye un agravio para los luchadores sociales y
para todos quienes en el Ecuador resisten a la modernización capitalista
autoritaria. Palabra por palabra, está cocinada, refrita y recalentada del
relato que han producido las agencias de propaganda oficiales, y que repiten los
voceros gubernamentales, con Rafael Correa a la cabeza y que son coreadas desde
por personajes descalificados como Daniel Ortega, o despistados como Evo
Morales que ha dado la espalda a sus hermanos indígenas ecuatorianos, hasta por
Maduro y la señora Fernández
de Kirchner. Es la misma versión que difunde TELESUR y todo el entramado
mediático de los llamados gobiernos progresistas de América Latina.
Tienen nuestra mano extendida para un diálogo y debate sobre lo
que realmente está ocurriendo en Ecuador, todos los que sientan que la primera
responsabilidad de los intelectuales comprometidos con los sectores populares y
con los trabajadores es informarse adecuadamente. Las fuentes oficiales, que parecen
constituir el único alimento de muchos antiguos compañeros, deben ser
contrastadas con las innumerables fuentes alternativas a las que aún es posible
acceder y que difunden información calificada. Está también la voz de nuestras
organizaciones políticas y sociales, que no han sido creadas en las oficinas de
ninguna dependencia gubernamental sino en décadas de intensas luchas populares.
Fernando López Romero (de la Dirección Nacional
del Movimiento Revolucionario de los Trabajadores)
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=203072
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=203072
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A propósito del derecho
a la resistencia
9 de septiembre de 2015
9 de septiembre de 2015
Por Kintto Lucas (Rebelión)
Hace unos días mientras terminaba mi libro “Ecuador Cara y Cruz
–Del Levantamiento del 90 a
la Revolución
Ciudadana-“ , que saldrá próximamente, encontré un correo
electrónico escrito durante la Constituyente en el que le decía a Alberto
Acosta que sería importante establecer el derecho a la resistencia, como se
establece en algunas constituciones de países que realizaron revoluciones.
Me refería a Cuba después de la Revolución y a Portugal después de la Revolución de los Claveles. Pero también hay otros países que establecen ese derecho, algunos incluso el derecho a la rebelión y aceptan el levantamiento armado en determinadas condiciones.
Tengo la respuesta de Alberto diciendo que le parecía interesante y que le pasara los artículos de esas constituciones donde se establecía un derecho a la resistencia o similar. Lo que hice también mediante correo. Paralelamente en una de las mesas, creo que erala de Virgilio Hernández
se estaba mencionando el tema. Yo no tenía mucha confianza de que finalmente
saliera porque la izquierda no tenía capacidad de pelear la correlación de
fuerzas ni pelear por ningún tema realmente trascendente más allá de los
enunciativos. También dudaba que el derecho a la resistencia pasara por la
comisión de redacción dónde quedaron algunos temas por el camino. Pero
finalmente fue parte de la Constitución.
Me refería a Cuba después de la Revolución y a Portugal después de la Revolución de los Claveles. Pero también hay otros países que establecen ese derecho, algunos incluso el derecho a la rebelión y aceptan el levantamiento armado en determinadas condiciones.
Tengo la respuesta de Alberto diciendo que le parecía interesante y que le pasara los artículos de esas constituciones donde se establecía un derecho a la resistencia o similar. Lo que hice también mediante correo. Paralelamente en una de las mesas, creo que era
El derecho a la resistencia como el derecho a
la rebelión se lo ganaron los pueblos con sus luchas, sea en Ecuador, Cuba,
Portugal, Argentina, Uruguay… Pero ese derecho de los pueblos, no es un derecho
de las oligarquías a defender sus herencias o su plusvalía, o de los medios de comunicación a defender sus intereses, o
de los empresarios a defender sus bolsillos.
Lo que quieren los
Blog del autor: http://kintto.blogspot.com/
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=203065
