El perro guardián quiere que su amo lo
alimente bien.
Por medio de un documento la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) sentó posición con respecto a los autoacuartelamientos de las fuerzas policiales en
diferentes zonas del país, como réplicas del triunfante motín
policial cordobés. "Estas
asonadas tienen un carácter eminentemente mafioso,
como lo prueban los pretendidos“saqueos” paralelos a los acuartelamientos (...) Los
policías, gendarmes, prefectos o penitenciarios no son trabajadores que se organizan y pelean por mejores
condiciones laborales (...) Junto con el reclamo salarial está presente el
reclamo de “asistencia jurídica y psicológica”, “apoyo institucional” o
formulaciones similares que apuntan a la defensa orgánica de los acusados por fusilamientos
de gatillo fácil, aplicación de tormentos y otros hechos represivos.".
Por CORREPI.
ANRed difunde documento de CORREPI ante los acuartelamientos
policiales en varias zonas del país:
Declaración
de CORREPI
frente
a las nuevas asonadas policiales.
09 de diciembre de 2013
Ni ellos son trabajadores, ni el pueblo
es su patrón.
En octubre de 2012,
cuando la crisis europea se expresaba con mayor crudeza en Grecia, la
Federación de Sindicatos de Policías de ese país amenazó al gobierno con
negarse a reprimir las frecuentes protestas de trabajadores si no se le
garantizaban mejoras en su remuneración. Sin mayor discusión, y mientras se
recortaban los salarios de los trabajadores y las prestaciones sociales, el
gobierno griego cedió a la presión de quienes tienen un rol primordial para
sostener el sistema de explotación, y lo hacen valer (Boletín Informativo de
CORREPI nº 674).
Un mes antes, en
España, el titular del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), justificó la
represión al movimiento de los indignados, la infiltración y el uso de policías
encapuchados (Europapress, 26/09/2012). En años anteriores, el SUP defendió
públicamente el tratamiento brutal a los independentistas vascos, y exigió al
gobierno español que profundizara la represión contra ETA, desconociendo los
términos del acuerdo de alto el fuego (Europapress 06/09/2010; 21/12/2011).
Estos dos ejemplos internacionales muestran
claramente cuál es el rol de las agrupaciones policiales o de otras fuerzas de
seguridad, que sus defensores insisten en llamar “sindicatos”, como si sus
integrantes fueran parte de la clase trabajadora, en lugar de desclasados que,
aunque cobren un sueldo por la tarea que cumplen, son mercenarios cuya función
es disciplinar al pueblo para conservar los privilegios de sus patrones.
No es diferente la
cuestión en Argentina. Basta ver lo sucedido días pasados en la localidad
bonaerense de Olavarría, después de que el sargento Juan Coria impidiera, con
un certero disparo en el abdomen, que el trabajador de 33 años Jorge “Tito”
Ortega se suicidara. El asesinato de Tito movilizó a vecinos y amigos de la
familia, que se manifestaron en la plaza de la ciudad. La fuerte
repercusión mediática local de la presencia de Yesica Medina, su compañera, en
el acto de CORREPI en Plaza de Mayo el pasado 29 de noviembre, allanó el camino
para que el fiscal hiciera lo que hubiera hecho el mismo día del hecho si el
asesino no llevara uniforme: imputarlo por homicidio calificado y ordenar su
detención.
De inmediato, el Sindicato
de Policías y Penitenciarios (Sin.Po.Pe.), afiliado a la CGT línea Moyano, suscribió un acta
acuerdo con los jefes de la policía de Olavarría, que, como “medida de fuerza”,
se negaron a cumplir servicios adicionales en la ciudad mientras el sargento
Coria siguiera detenido. En poco más de 72 horas, el fiscal revisó su posición,
y anunció que no iba a pedir la prisión preventiva del funcionario, por lo que
fue liberado. En la página web de APROPOBA, otro de los “sindicatos” policiales
bonaerenses, no sólo se puede leer su satisfacción por la noticia. También
dejan claro que la libertad del asesino fue fruto de un acuerdo con la fuerza. Dice su
comunicado: “Se confirman así todas las versiones que circularon
insistentemente ayer en torno de un acuerdo para permitir que Coria llegue en
libertad al juicio oral y público por el homicidio de Ortega. En ámbitos
policiales se generalizaba un estado de ánimo satisfecho a medida que corría la noticia. Los
familiares de la víctima seguramente la recibirán con desazón”.
El Sin.Po.Pe. es uno de los tantos
“sindicatos” de fuerzas de seguridad en nuestro país, y se presenta como uno de
los más “progresistas”, tanto desde su origen, de la mano del comisario Mastandrea, quien iba a ser secretario de Seguridad
bonaerense si la Alianza, con Graciela Fernández Meijide de candidata, ganaba
las elecciones a gobernador, como por su cuidado lenguaje, que intenta remedar
el de una organización de trabajadores.
A diferencia de otros
de esos grupos de presión, que, por ejemplo, reivindican de forma explícita la
última dictadura militar, el Sin.Po.Pe se esfuerza en parecer otra cosa, pero
sus acciones concretas lo dejan al descubierto. Su secretario de Accidentes de
Trabajo, por caso, tiene como tarea defender en las causas penales a los
policías acusados por fusilamientos de gatillo fácil, hechos de tortura y otras
“contingencias laborales” frecuentes. El Dr. Rubén Adrián Fernández defendió
policías torturadores en los casos Duffau y Gorosito, y hoy es el abogado del
capitán Alfredo Alberto Veysandaz, que a principios de año, en Quilmes, disparó
sobre un grupo de jóvenes, que mató a David Vivas (21) y a Javier Alarcón (15),
e hirió a otro muchacho.
Estos pocos datos permiten ubicar con claridad
desde dónde se deben analizar las asonadas policiales de los últimos días,
replicadas en casi todo el país tras el triunfo del motín cordobés. En ese
caso, además, no se puede soslayar la particular situación de exposición del
protagonismo de esa fuerza en el narcotráfico en los últimos tiempos, cosa que,
aunque no sea novedad ni mucho menos privativa de la policía cordobesa –hace
horas fue arrestado un policía santafesino con la pistola 11.25 usada para
disparar contra el domicilio de su jefe político, el gobernador Bonfatti- puso
un plus a la jugada, ya que necesitaban relegitimar su lesionada imagen.
Qué mejor para ello que poner en evidencia el
“caos social” que, lejos de ser resultado de su ausencia en las calles cordobesas,
fue deliberadamente causado para reforzar la extorsión, y fue aprovechado,
también, como “globo de ensayo” para medir la reacción de ciertos sectores
sociales con miras a la evidente profundización del conflicto social que se
avizora en el horizonte próximo.
En resumen, los policías, gendarmes, prefectos
o penitenciarios NO son trabajadores que se organizan y pelean por mejores
condiciones laborales.
Junto con el reclamo
salarial, generalmente en la letra chica de los petitorios, que no trasciende en
los medios, está presente el reclamo
de “asistencia jurídica y psicológica”, “apoyo institucional” o formulaciones
similares que apuntan a la defensa orgánica de los acusados por fusilamientos
de gatillo fácil, aplicación de tormentos y otros hechos represivos. En sus
páginas web, blogs y sitios de Facebook nunca falta la explícita defensa a los
“camaradas falsamente incriminados” por las organizaciones antirrepresivas como
CORREPI. En una de esas publicaciones, por ejemplo, apodan a una de nuestras
referentes, “la Dra. Odio”,
que “ve en cada policía un asesino de menores y miente ante las cámaras”.
La lección para los
gobiernos a partir de estas asonadas es más que transparente: a los policías
hay que aumentarles el sueldo sin discusión pública, como hizo en su momento el
gobernador de Chubut para no estimular el reclamo salarial de los empleados
estatales. Pero hay que aumentarles, porque al perro guardián hay que tenerlo
bien alimentado para que no se vuelva contra su amo.
Tampoco hay que pasarles demasiadas facturas
por los negocios comunes en los que los uniformados tienen a cargo la faz más
operativa, como lo prueban los episodios de Córdoba y el ataque a Bonfatti en
Santa Fe.
Estas asonadas tienen
un carácter eminentemente mafioso, como lo prueban los pretendidos “saqueos”
paralelos a los acuartelamientos. La presión aplicada a los gobernadores es, a
escala masiva, la misma que reciben a diario los pequeños comerciantes de los
barrios, que saben que si no pagan la “cuota” a la brigada o comisaría de la
zona van a ser prontamente asaltados.
La forma empleada es otra evidencia de lo
alejado que están estos reclamos policiales de los métodos de los trabajadores.
Por poner sólo un ejemplo, jamás un trabajador de la salud dejaría -o
promovería- la muerte de los pacientes internados para mostrar la importancia
de su tarea.
No menos
característica es la inmediata y efectiva reacción de los gobernantes, que, en
lugar de rechazar todo diálogo, como hacen habitualmente cuando el reclamo es
de trabajadores, o de delegar en algún funcionario de cuarta línea un simulacro
de negociación para desgastar el conflicto, se apresuran a atender
personalmente a sus alterados perros guardianes y buscar soluciones, incluso
si, como Scioli, deben interrumpir un viaje al exterior y suspender una reunión
con un ex presidente yanqui.
Las declaraciones del jefe de gabinete
Capitanich, que atribuyó el amotinamiento a una intención caricaturesca de
“socavar las bases de la legitimidad democrática”, es muestra de su verdadera
preocupación. La “legitimidad democrática” que Capitanich defiende, se conmueve
si se pone en evidencia que su sustento es, como lo vemos a diario, la
represión.
