Un paro que también
busca preservar las fuentes de trabajo
30 de agosto de 2014
30 de agosto de 2014
El pliego de reivindicaciones
del paro del 27 y 28 de agosto incluyó la defensa de las fuentes de trabajo, ya
que las empresas han implementado planes de reducción de personal a través de
despidos y suspensiones colectivas. La punta de lanza fue la industria
automotriz, Sin embargo, en los últimos meses ha comenzado a extenderse a
actividades que no necesariamente resultan interdependientes. Se trata de un
intento de los empleadores para aumentar el disciplinamiento de los
trabajadores, a fin de que estos acepten hacerse cargo de los costos de la crisis
bajo amenaza de perder los puestos de trabajo.
Por
Observatorio del Derecho Social (ODS)
La huelga
general convocada por la CGT y la CTA vuelve a poner en el centro de la
escena las principales reivindicaciones del conjunto del
movimiento obrero. Entre ellas se encuentran: la persistencia
de altos niveles de inflación que erosiona el poder adquisitivo del
salario; la precarización laboral que incluye un amplio sector de
trabajadores no registrados, tercerizaciones, falsos autónomos, contrataciones
temporales y por agencia, etc; la situación de una gran cantidad de
trabajadores que poseen ingresos inferiores al salario mínimo, vital y
móvil, y la de la mayoría de los jubilados,
cuyo haber mínimo se mantiene en niveles extremadamente bajos; la continuidad
de un sistema impositivo basado en los impuestos
al consumo (IVA),
y donde el mal llamado impuesto a las ganancias afecta,
proporcionalmente, mucho más a los trabajadores alcanzados que a las empresas.
Esta huelga general es
la tercera en menos de dos años que las centrales sindicales llevan adelante en
forma conjunta. Sin embargo, a diferencia de las anteriores, en este caso el
pliego de reivindicaciones también incluye la defensa de las fuentes de trabajo.
En efecto, desde comienzos de año, y con la excusa de una situación de crisis,
las empresas han implementado planes de reducción de personal a través de
despidos y suspensiones colectivas. Los objetivos de estas
medidas han sido variados: por un lado, avanzan en una mayor intensificación del uso de la
fuerza de trabajo, obligando a los trabajadores a mantener los
niveles de producción a pesar de la reducción de personal; por el otro,
intentan revertir conquistas en materia de condiciones laborales y
presencia sindical en los lugares de trabajo, bajo amenaza de aumentar la
cantidad de despidos y suspensiones. En cualquier caso, se trata de un intento
de los empleadores para aumentar el disciplinamiento de los trabajadores,
a fin de que estos acepten hacerse cargo de los costos de la crisis bajo
amenaza de perder los puestos de trabajo.
La punta
de lanza de este
proceso fue la industria automotriz, que por su
propia forma de organizar la producción puede ajustar rápidamente la dotación
de fuerza de trabajo a través de suspensiones y de la no renovación de los contratos
temporales. En este sector las suspensiones le permiten a los empleadores
conservar la disponibilidad de fuerza de trabajo calificada para volver a
ponerla en marcha cuando así lo requieran. Para los trabajadores, en cambio,
implica una reducción considerable del salario,
y un peligro de desarticular al colectivo obrero
mediante su atomización (“cada
uno vuelve a su casa”), facilitando de esta manera la introducción de cambios
en los procesos de trabajo y generando las condiciones para la “limpieza” de
activistas.
La huelga
general convocada por la CGT y la CTA vuelve a poner en el centro de la
escena las principales reivindicaciones del conjunto del
movimiento obrero. Entre ellas se encuentran: la persistencia
de altos niveles de inflación que erosiona el poder adquisitivo del
salario; la precarización laboral que incluye un amplio sector de
trabajadores no registrados, tercerizaciones, falsos autónomos, contrataciones
temporales y por agencia, etc; la situación de una gran cantidad de
trabajadores que poseen ingresos inferiores al salario mínimo, vital y
móvil, y la de la mayoría de los jubilados,
cuyo haber mínimo se mantiene en niveles extremadamente bajos; la continuidad
de un sistema impositivo basado en losimpuestos
al consumo (IVA),
y donde el mal llamado impuesto a las gananciasafecta,
proporcionalmente, mucho más a los trabajadores alcanzados que a las empresas.
Esta huelga general es
la tercera en menos de dos años que las centrales sindicales llevan adelante en
forma conjunta. Sin embargo, a diferencia de las anteriores, en este caso el
pliego de reivindicaciones también incluye la defensa de las fuentes de trabajo.
En efecto, desde comienzos de año, y con la excusa de una situación de crisis,
las empresas han implementado planes de reducción de personal a través de
despidos y suspensiones colectivas. Los objetivos de estas
medidas han sido variados: por un lado, avanzan en una mayor intensificación del uso de la
fuerza de trabajo, obligando a los trabajadores a mantener los
niveles de producción a pesar de la reducción de personal; por el otro,
intentan revertir conquistas en materia de condiciones laborales y
presencia sindical en los lugares de trabajo, bajo amenaza de aumentar la
cantidad de despidos y suspensiones. En cualquier caso, se trata de un intento
de los empleadores para aumentar el disciplinamiento de los trabajadores,
a fin de que estos acepten hacerse cargo de los costos de la crisis bajo
amenaza de perder los puestos de trabajo.
La punta
de lanza de este
proceso fue la industria automotriz, que por su
propia forma de organizar la producción puede ajustar rápidamente la dotación
de fuerza de trabajo a través de suspensiones y de la no renovación de los
contratos temporales. En este sector las suspensiones le permiten a los
empleadores conservar la disponibilidad de fuerza de trabajo calificada para
volver a ponerla en marcha cuando así lo requieran. Para los trabajadores, en
cambio, implica una reducción considerable del salario,
y un peligro de desarticular al colectivo obrero mediante
su atomización (“cada
uno vuelve a su casa”), facilitando de esta manera la introducción de cambios
en los procesos de trabajo y generando las condiciones para la “limpieza” de
activistas.
El ajuste impulsado
por las terminales de la industria automotriz se replicó en toda la cadena
productiva, afectando también a los trabajadores dependientes
de las empresas autopartistas, muchas de ellas también filiales
de empresas transnacionales.
El
proceso atravesado por los trabajadores de la industria automotriz constituye
el ejemplo más acabado de la reacción patronal a través de despidos y
suspensiones. Sin embargo, la situación de crisis está lejos de estar
circunscripta a este sector. Como puede apreciarse en el
siguiente cuadro, se trata de una reacción que en los últimos meses ha
comenzado a extenderse transversalmente a actividades que no necesariamente
resultan interdependientes.
El ajuste impulsado
por las terminales de la industria automotriz se replicó en toda la cadena
productiva, afectando también a los trabajadores dependientes
de las empresas autopartistas, muchas de ellas también filiales
de empresas transnacionales.
Esta
breve síntesis permite dar cuenta de una situación de crisis que alcanza no sólo
a la industria automotriz, sino que ha comenzado a hacerse extensiva a otros
sectores de la producción local. La huelga general, en este contexto, posee una
importancia adicional, por cuanto también constituye una reacción defensiva por parte del movimiento obrero para
detener y revertir este proceso. Una vez más, aceptar los llamados
gubernamentales a ser prudentes ante la actual coyuntura económica equivale a
resignarse frente a la avanzada de los empleadores. El inmovilismo, en este contexto, es complicidad.
Fuente:
http://www.anred.org/spip.php?article8411
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