sábado, 30 de agosto de 2014

Nos acusan desde los K, a quienes adherimos al paro nacional, de atacar al gobierno CFK y no al poder económico e imperialista. Analicemos cuál es la verdad.

Un paro que también busca preservar las fuentes de trabajo
30 de agosto de 2014

El pliego de reivindicaciones del paro del 27 y 28 de agosto incluyó la defensa de las fuentes de trabajo, ya que las empresas han implementado planes de reducción de personal a través de despidos y suspensiones colectivas. La punta de lanza fue la industria automotriz, Sin embargo, en los últimos meses ha comenzado a extenderse a actividades que no necesariamente resultan interdependientes. Se trata de un intento de los empleadores para aumentar el disciplinamiento de los trabajadores, a fin de que estos acepten hacerse cargo de los costos de la crisis bajo amenaza de perder los puestos de trabajo. 

Por Observatorio del Derecho Social (ODS)
La huelga general convocada por la CGT y la CTA vuelve a poner en el centro de la escena las principales reivindicaciones del conjunto del movimiento obrero. Entre ellas se encuentran: la persistencia de altos niveles de inflación que erosiona el poder adquisitivo del salario; la precarización laboral que incluye un amplio sector de trabajadores no registrados, tercerizaciones, falsos autónomos, contrataciones temporales y por agencia, etc; la situación de una gran cantidad de trabajadores que poseen ingresos inferiores al salario mínimo, vital y móvil, y la de la mayoría de los jubilados, cuyo haber mínimo se mantiene en niveles extremadamente bajos; la continuidad de un sistema impositivo basado en los impuestos al consumo (IVA), y donde el mal llamado impuesto a las ganancias afecta, proporcionalmente, mucho más a los trabajadores alcanzados que a las empresas.

Esta huelga general es la tercera en menos de dos años que las centrales sindicales llevan adelante en forma conjunta. Sin embargo, a diferencia de las anteriores, en este caso el pliego de reivindicaciones también incluye la defensa de las fuentes de trabajo. En efecto, desde comienzos de año, y con la excusa de una situación de crisis, las empresas han implementado planes de reducción de personal a través de despidos y suspensiones colectivas. Los objetivos de estas medidas han sido variados: por un lado, avanzan en una mayor intensificación del uso de la fuerza de trabajo, obligando a los trabajadores a mantener los niveles de producción a pesar de la reducción de personal; por el otro, intentan revertir conquistas en materia de condiciones laborales y presencia sindical en los lugares de trabajo, bajo amenaza de aumentar la cantidad de despidos y suspensiones. En cualquier caso, se trata de un intento de los empleadores para aumentar el disciplinamiento de los trabajadores, a fin de que estos acepten hacerse cargo de los costos de la crisis bajo amenaza de perder los puestos de trabajo.

La punta de lanza de este proceso fue la industria automotriz, que por su propia forma de organizar la producción puede ajustar rápidamente la dotación de fuerza de trabajo a través de suspensiones y de la no renovación de los contratos temporales. En este sector las suspensiones le permiten a los empleadores conservar la disponibilidad de fuerza de trabajo calificada para volver a ponerla en marcha cuando así lo requieran. Para los trabajadores, en cambio, implica una reducción considerable del salario, y un peligro de desarticular al colectivo obrero mediante su atomización (“cada uno vuelve a su casa”), facilitando de esta manera la introducción de cambios en los procesos de trabajo y generando las condiciones para la “limpieza” de activistas.

La huelga general convocada por la CGT y la CTA vuelve a poner en el centro de la escena las principales reivindicaciones del conjunto del movimiento obrero. Entre ellas se encuentran: la persistencia de altos niveles de inflación que erosiona el poder adquisitivo del salario; la precarización laboral que incluye un amplio sector de trabajadores no registrados, tercerizaciones, falsos autónomos, contrataciones temporales y por agencia, etc; la situación de una gran cantidad de trabajadores que poseen ingresos inferiores al salario mínimo, vital y móvil, y la de la mayoría de los jubilados, cuyo haber mínimo se mantiene en niveles extremadamente bajos; la continuidad de un sistema impositivo basado en losimpuestos al consumo (IVA), y donde el mal llamado impuesto a las gananciasafecta, proporcionalmente, mucho más a los trabajadores alcanzados que a las empresas.

Esta huelga general es la tercera en menos de dos años que las centrales sindicales llevan adelante en forma conjunta. Sin embargo, a diferencia de las anteriores, en este caso el pliego de reivindicaciones también incluye la defensa de las fuentes de trabajo. En efecto, desde comienzos de año, y con la excusa de una situación de crisis, las empresas han implementado planes de reducción de personal a través de despidos y suspensiones colectivas. Los objetivos de estas medidas han sido variados: por un lado, avanzan en una mayor intensificación del uso de la fuerza de trabajo, obligando a los trabajadores a mantener los niveles de producción a pesar de la reducción de personal; por el otro, intentan revertir conquistas en materia de condiciones laborales y presencia sindical en los lugares de trabajo, bajo amenaza de aumentar la cantidad de despidos y suspensiones. En cualquier caso, se trata de un intento de los empleadores para aumentar el disciplinamiento de los trabajadores, a fin de que estos acepten hacerse cargo de los costos de la crisis bajo amenaza de perder los puestos de trabajo.


La punta de lanza de este proceso fue la industria automotriz, que por su propia forma de organizar la producción puede ajustar rápidamente la dotación de fuerza de trabajo a través de suspensiones y de la no renovación de los contratos temporales. En este sector las suspensiones le permiten a los empleadores conservar la disponibilidad de fuerza de trabajo calificada para volver a ponerla en marcha cuando así lo requieran. Para los trabajadores, en cambio, implica una reducción considerable del salario, y un peligro de desarticular al colectivo obrero mediante su atomización (“cada uno vuelve a su casa”), facilitando de esta manera la introducción de cambios en los procesos de trabajo y generando las condiciones para la “limpieza” de activistas.

El ajuste impulsado por las terminales de la industria automotriz se replicó en toda la cadena productiva, afectando también a los trabajadores dependientes de las empresas autopartistas, muchas de ellas también filiales de empresas transnacionales.


El proceso atravesado por los trabajadores de la industria automotriz constituye el ejemplo más acabado de la reacción patronal a través de despidos y suspensiones. Sin embargo, la situación de crisis está lejos de estar circunscripta a este sector. Como puede apreciarse en el siguiente cuadro, se trata de una reacción que en los últimos meses ha comenzado a extenderse transversalmente a actividades que no necesariamente resultan interdependientes.
El ajuste impulsado por las terminales de la industria automotriz se replicó en toda la cadena productiva, afectando también a los trabajadores dependientes de las empresas autopartistas, muchas de ellas también filiales de empresas transnacionales.



Esta breve síntesis permite dar cuenta de una situación de crisis que alcanza no sólo a la industria automotriz, sino que ha comenzado a hacerse extensiva a otros sectores de la producción local. La huelga general, en este contexto, posee una importancia adicional, por cuanto también constituye una reacción defensiva por parte del movimiento obrero para detener y revertir este proceso. Una vez más, aceptar los llamados gubernamentales a ser prudentes ante la actual coyuntura económica equivale a resignarse frente a la avanzada de los empleadores. El inmovilismo, en este contexto, es complicidad.
Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article8411


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