La Unión de
Asambleas Ciudadanas nos comunica:
La reforma y unificación de los Códigos Civil y Comercial
que quiere aprobar el gobierno nacional en el Congreso.
Por Luis
Zamora
Algunos
antecedentes.
En el Congreso se
está por aprobar la unificación y reforma del Código Civil y del Código
Comercial. El proyecto de ley fue enviado por el gobierno de Cristina
Fernández. Los orígenes de esta reforma se encuentran en un decreto
presidencial de Menem de mediados de los 90 con el argumento de “modernizar”
esos Códigos. Recordemos que esa fue la palabra utilizada en esa década para
avanzar en el saqueo privatizador y justificar el atropello a tantos derechos
arrancados al pueblo trabajador.
Esa tarea fue
recogida luego por el gobierno actual que conformó una Comisión integrada por
el presidente y una vocal de la Corte, Lorenzetti y Highton de Nolasco,
respectivamente, más una jurista civilista Kemelmajer. Luego de las reformas
propuestas por esa Comisión y un período en el que se frenó el impulso original
por el acceso de Bergoglio al poder de Roma, el gobierno redactó un proyecto de ley y finalmente lo envió
al Congreso.
Ese es el que se
está debatiendo ahora y próximo a aprobarse ese ámbito.
Una reforma
reaccionaria aprobada con métodos antidemocráticos. El rol de la Iglesia.
Más allá de que el
Código Civil está basado en la propiedad privada capitalista y responde al país
burgués construído en el siglo XIX y por ello no es fácil hacerle reformas aun
más reaccionarias, puede afirmarse que se lo logra con este proyecto; la
propuesta original reformatoria de la Comisión nombrada, en comparación con
conquistas que fallos judiciales habían tenido que reconocer en las últimas décadas,
ya era un retroceso frente a esos avances, aunque como siempre la revestían con algunos ropajes
progresistas, por ej. el llamado “divorcio express” o agilización de ese
proceso.
Sin embargo el
proyecto del gobierno agudizó aun más ese carácter reaccionario lo que ha sido
denunciado desde varios sectores políticos, sociales y hasta de credos
distintos al católico que se sienten discriminados. Desde una mirada
democrática y de izquierda esa reforma debe cuestionarse:
- Primero porque mantiene ese andamiaje burgués,
reaccionario, liberal de dos siglos atrás.
- En segundo lugar porque una reforma tan de
fondo que hace a la organización familiar, el derecho a la vivienda, los
contratos de alquiler, el derecho a la tierra, los bienes comunes (por ej.
el derecho al agua), los pueblos originarios, y tantos más que influyen en
nuestra vida cotidiana fue hecha
por tres personas y sólo debatida en comisiones y ámbitos reducidos. Y esa
aseveración no desconoce que se hicieron lo que se llama “audiencias
públicas” pero de ellas se enteran y participan sólo una minoría de
personas y organizaciones y se deja de lado a la mayoría del pueblo. Y
encima sus conclusiones luego fueron modificadas (desconociendo incluso lo
discutido en esas “audiencias públicas) como resultado del repentino giro
ante la Iglesia que tuvo el gobierno luego que el cardenal Bergoglio fuera
elegido Papa y las presiones eclesiásticas y vaticanas fueron valoradas de
otra forma por
Las reformas en sí.
En lo que hace a las reformas son muchas las razones y las
temáticas para denunciarlas.
-Entre ellas cambia reglas referidas a la responsabilidad del
Estado ante juicios de particulares por los daños que causen sus funcionarios
en el sentido de obstaculizar más la posibilidad de enjuiciarlos civilmente y
conseguir reparaciones económicas por los desastres que causan en el pueblo.
Además pone más trabas procesales en general en juicios que inicien
particulares contra el Estado -eso incluye a los jubilados, por ej.- y como lo han denunciado ATE y
la Asociación de Abogados Laboralistas, los empleados públicos perderían, de
aprobarse el proyecto, la posibilidad de reclamar por vía civil indemnizaciones
por los accidentes de trabajo que sufran, lo que significa precarizar aun más
el trabajo estatal.
-Por otra parte el proyecto a punto de aprobarse incorpora al Código unificado “tratados en los que el país sea parte” con lo que finalmente el gobierno nacional -a pesar de todo lo
dicho en sentido contrario- propicia
aceptar nada menos que la jurisdicción de tribunales internacionales como se prevé en los
tratados, llamados cínicamente de Protección Recíproca de Inversiones (TBI),
firmados y aprobados por el menemismo y la Alianza incluyendo la competencia
del CIADI (el tribunal del Banco Mundial) por litigios entre empresas
transnacionales y el Estado Argentino y al que siempre el gobierno le había
negado discursivamente competencia, a pesar que, de hecho, viene de aceptar sus
sentencias y de comprometerse a pagar las indemnizaciones que en ellas se
fijan. Como también se estarían reconociendo las jurisdicciones
extranjeras, por ejemplo la de los Tribunales de Nueva York que, con la
complicidad gubernamental, violan toda soberanía del país, que tanto se
declama, al decidir conflictos con los fondos buitres respecto de las
refinanciaciones o canjes de la deuda externa nacional.
-También le da una preponderancia a la Iglesia Católica
mayor de la que ya tiene en la actualidad y por encima de las demás religiones
a las que claramente discrimina. Diversos credos han cuestionado esta
discriminación y esta decisión de seguir insistiendo en no separar al Estado
con la Iglesia
Católica. Y como ya dijimos la voltereta súbita pegada por el
gobierno respecto de Bergoglio a partir de que se lo designó Papa trajo como
consecuencia congelar primero la reforma a los Códigos y su unificación para
luego negociar y modificar varios aspectos que irritaban al autoritarismo
eclesiástico.
Y relacionado con
esto -quizás uno de los temas más repudiables- se vuelve a aceptar los reclamos
clericales al establecer la
formulación sobre “la
existencia de la persona humana a partir de la concepción en el seno materno”. Esta definición, como se sabe, es
la utilizada recurrentemente para tratar de impedir
jurídicamente la legalización del aborto e incluso puede usarse y se usa esa
concepción para mostrar contradicciones y
poner trabas a la aplicación del llamado “aborto no punible” que surge del
Código Penal.
Para que se vea el
carácter más reaccionario del proyecto del gobierno -aun sobre el de la
Corte- hay que señalar que
el que propone ahora el gobierno sacó del artículo mencionado sobre el comienzo
de la existencia de la persona humana redactado por la Corte el agregado final
que se refería a que, en los casos de reproducción
asistida, la existencia de una persona comienza desde “la implantación del
embrión”. Y la eliminación de la “implantación” -que fue resultado también
de la presión católica vaticana- es para que no queden dudas del origen
“natural - divino” de la concepción, de forma de impedir decisiones
humanas al respecto (es decir, casualmente, las de la mujer sobre su
cuerpo).
Así se discrimina especialmente, aunque no
solamente, a las mujeres que quieren tener hijos sin parejas varones o mediante
la fertilización asistida. Suprimiendo, además, con la promesa de alguna vez
regularlo por separado en el futuro, todo lo referido a recurrir a vientres
alquilados y a la fecundación “pos morten”.
-Insólitamente el
gobierno nacional eliminó del anteproyecto original (recuerdo que fue
redactado, entre otros, por Lorenzetti y Highton de Nolasco) el artículo 241
del Anteproyecto que rezaba: “Derecho
fundamental de acceso al agua potable: Todos los habitantes tienen garantizado
el acceso al agua potable para fines vitales”. Esa enunciación garantizaba
poco y nada ya que no iba
acompañada de regulación complementaria alguna como sería exigible respecto a
la propiedad pública (del pueblo) de
lagos y humedales como a último momento se incluyeron glaciares y lagunas. Pero más allá de su carácter meramente
enunciativo la eliminación es demostrativa del objetivo de desprotección y
privatista de los bienes comunes como de priorizar el lucro capitalista por
sobre las necesidades populares y el cuidado ambiental.
-También el
gobierno propicia reducir el llamado “camino de sirga”, es decir el terreno que
debe dejarse entre las propiedades inmobiliarias y el agua fluvial o marítima
que en la actualidad es de 35
metros y que el proyecto baja a 15 metros . Y esto se hace
cuando desde hace años poderosos propietarios, grandes empresarios o empresas
no sólo no dejan ningún terreno libre entre sus propiedades y el agua sino que
encima impiden el acceso público al agua, por ejemplo de lagos, con el uso de
la violencia policial o de patotas armadas contratadas como seguridad privada
llegando a asesinar personas que intentaron arribar a esas aguas que son
públicas invocando que son intrusos que se introducen en predios privados. Y en
vez de exigir que se respeten caminos de acceso al agua en todos los casos, se
propicia reducir el llamado camino “de sirga”.
-Asimismo se
perjudican notoriamente los derechos de los pueblos originarios. En primer
lugar varios de ellos han denunciado no haber sido consultados como lo exige la propia Constitución
Nacional (art.75) y el Convenio 169 de la OIT que exigen un
proceso especial de consulta lo que no se puede suplir con audiencias públicas
como las ya aludidas. Además se les requiere para el ejercicio de los derechos
de posesión y propiedad que se establecen en el Código un registro y una
inscripción estatal que supone el otorgamiento de personería jurídica.
Precisamente ese requerimiento contraviene el carácter preexistente que tuvo
que reconocer la
Constitución Nacional en el art. 75º, inciso 17. Es
importante la diferencia: no es el Estado Nacional (el mismo que llevó adelante
las últimas matanzas sufridas por esos pueblos) el que otorga la condición de
existencia de un pueblo originario, este preexiste al Estado Nacional. No se puede condicionar derechos
a esos pueblos a otorgamientos de registro alguno que solo pueden ser declarativos.
Encima al no reconocer las posesiones actuales ni diferenciarlas de otras no
ancestrales por el vínculo distinto con la tierra y la naturaleza sigue negando
derechos y posibilitando los violentos desalojos que hoy suceden. Tampoco
establece procedimientos para titular esas tierras ocupadas por las comunidades
en forma rápida e inmediata como es exigible. Claro que ante un carácter tan
reaccionario fueron muchas las comunidades que terminaron reclamando que no se
incorporara regulación alguna con el objetivo de poder impedir más
desconocimientos a sus derechos.
En conclusión una
reforma antidemocrática, clerical y privatista, propiciada por el gobierno,
está por aprobarse en el Congreso en estos días.
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