Atendamos: "Oriente Medio ha perdido importancia estratégica, pero continúa siendo un nudo vital para la producción y distribución de energía y uno de los principales escenarios de confrontación de las grandes potencias, y aunque Estados Unidos está redirigiendo su atención y sus recursos hacia el Pacífico no va a abandonar la región: está reevaluando sus objetivos, adaptándose a la nueva realidad y trasladando la mayor parte de sus fuerzas militares hacia las áreas donde se está configurando el nuevo equilibrio mundial, que ya no es unipolar pese a la arrogancia norteamericana. Y Estados Unidos ha decidido apostar fuerte, con la mirada puesta en Pekín y Moscú sin dejar por ello los torturados escenarios de Oriente Medio".

Viviendo sobre arenas movedizas

7 de septiembre de 2020

Por Higinio Polo

El Viejo Topo

La crisis mundial provocada por la pandemia de la Covid-19 ha añadido más dramatismo a un Oriente Medio que continúa marcado por las guerras, las intervenciones militares estadounidenses, la represión política, el fanatismo religioso y los mercenarios, las ciudades destruidas y los campamentos de refugiados.
La región sigue siendo un polvorín, y ninguno de los conflictos está en vías de solución definitiva: ni en Palestina, donde la feroz ocupación militar causa estragos; ni en Siria, donde no ha terminado la guerra; ni en Afganistán, pese al acuerdo de Washington con los talibán; tampoco en Iraq, convertido en un magma de milicias armadas, ni en el martirizado Yemen. Las protestas que se iniciaron en 2010 (la llamada primavera árabe) en Túnez, Egipto, Yemen, Iraq, Bahréin, incluso en Arabia, no estuvieron inspiradas por Estados Unidos, a diferencia de las operaciones de acoso en Siria y Libia, donde los servicios secretos norteamericanos combinaron el estímulo de protestas locales con el envío de mercenarios y armamento. Arabia intentó sostener a Mubarak, reforzó su propia policía y reprimió sin contemplaciones ejecutando a centenares de personas, y fue muy activa en la península arábiga para aplastar las protestas. Pese a la importancia de la religión, que moldea culturas, crea pautas de comportamiento y galvaniza identidades, en Oriente Medio las guerras no son religiosas: todas tienen un origen económico, y responden a enfrentamientos entre grupos de poder, aunque Estados Unidos y Arabia han utilizado a fondo el sectarismo religioso, creando divisiones artificiales para conseguir sus objetivos, a lo que se añade el interés por el dominio de los yacimientos de hidrocarburos, el tutelaje de las vías de comunicación, la venta de armamento y el control de las nuevas iniciativas económicas, además de la abierta lucha por áreas de influencia. En ese complejo depósito de Oriente Medio donde se vierten las guerras y amenazas del viejo imperialismo y se debaten entre la vida y la muerte millones de personas, Washington sigue utilizando la retórica falsaria de la defensa de los derechos humanos, la libertad y la democracia, mientras bombardea poblaciones civiles, crea grupos terroristas que utiliza a conveniencia e incluso impone gobiernos sectarios islamistas que, en una singular paradoja, a veces escapan a su control.
A la precaria situación en muchos países (sólo hay que reparar en Gaza, en los millones de sirios que tuvieron que abandonar sus hogares a causa de la guerra; en la penuria de Afganistán, en las empobrecidas ciudades iraquíes donde ni siquiera tienen agua potable; en los centenares de miles de personas que huyeron al Líbano o a Turquía; en los dispersos campos de refugiados palestinos en toda la región), se añade el embate de la crisis económica, la inestabilidad política y, para acabar, el jinete apocalíptico de la pandemia. El recurso a los mercenarios es habitual tanto por Estados Unidos como por Arabia e Israel: el propio Jordan Goudreau (el antiguo militar norteamericano responsable ahora de la empresa mercenaria Silvercorp que protagonizó el intento de invasión de Venezuela en mayo de 2020 para derribar a Maduro) se pavonea públicamente de sus operaciones en Iraq y Afganistán, y la empresa de mercenarios de Erik Prince, Academi (antes,Blackwater), trabaja en Oriente Medio con el Pentágono, la CIA y el Departamento de Estado. A los intereses y el protagonismo de los principales países de la región (Irán, Arabia, Israel y Turquía) debe añadirse la actividad de las grandes potencias, que desempeñan un relevante papel en los conflictos o en el diseño de los nuevos flujos económicos: Estados Unidos, China y Rusia. Queda lejos la ambición que llevó a Bush, Cheney, Rumsfeld y Wolfowitz a invadir Iraq en 2003, y antes Afganistán, en la búsqueda del que debía ser el nuevo siglo americano y la hegemonía incontestable. Hoy, Washington está más cerca de resignarse al multipartner world, aunque sus dirigentes prefieran ignorarlo y sigan prisioneros de la inercia imperial y del recurso a la guerra que ha marcado a fuego su historia. Si en algún momento Estados Unidos albergó la esperanza de modelar a su antojo Oriente Medio, hoy su influencia se ha reducido considerablemente: aunque mantiene tropas en Siria, y otras las ha trasladado a Arabia, ha perdido pie en esa guerra que inició, donde se resiente su anterior alianza con las fuerzas kurdas sirias y siguen abiertas las diferencias con Erdogan, aliado en la OTAN. En Iraq, durante años controlado desde los búnkers estadounidenses de la zona verde de Bagdad, el gobierno escapa a su control y el parlamento pidió la retirada de los militares norteamericanos del país, cuyo número se desconoce, aunque algunas fuentes calculan que dispone de entre seis y ocho mil, además de los numerosos grupos de mercenarios. Estados Unidos se niega a retirar sus tropas, lo que crea una peculiar situación, porque, increíblemente, Trump asegura que sus soldados no saldrán de Iraq hasta que el país pague por las bases militares que Estados Unidos ha construido allí.
La marcada improvisación de Estados Unidos en Oriente Medio, que ya se inició con el gobierno de ocupación en Iraq de Jay Garner y más tarde Paul Bremer, ha sido fruto de la arrogancia, de una ridícula convicción de superioridad y de país omnipotente, y después de los reveses políticos y militares, de los problemas presupuestarios y de la necesidad de redirigir su fuerza hacia la gran región de Asia-Pacífico para contener a China. Esa falta de planificación lleva hoy a Trump a anunciar retiradas militares que no siempre se cumplen y, al mismo tiempo, como hizo en enero de 2020, a pedir a la OTAN, por medio de Stoltenberg, que intervenga más en Oriente Medio para “asegurar la estabilidad” (inexistente, por otra parte) y “luchar contra el terrorismo internacional”: el presidente norteamericano estaba, de hecho, pidiendo a sus aliados que envíen tropas a la región para aliviar la carga norteamericana. Pero su influencia en la región declina y su presencia es cada día más discutida. Su relación con Teherán, que nunca fue buena, se ha deteriorado más tras el abandono del acuerdo nuclear 5+1, mantiene programas de acoso con grupos de intervención especial del Pentágono y sus servicios secretos utilizan a conveniencia grupos terroristas para actuar en el interior de Irán. En Afganistán, veinte años de ocupación militar se cierran con un acuerdo con los talibán que supone una derrota política para Washington, aunque simule una victoria. El propio Departamento de Defensa norteamericano calculaba a finales de 2019 que la guerra en Afganistán había costado hasta ese momento un total de 760.000 millones de dólares, aunque otras fuentes elevan la cifra a más de un billón: los costes de las aventuras imperiales empiezan a ser una pesada carga. Por eso, Trump se inclina por retirar tropas de Oriente Medio, poniendo fin a las guerras donde interviene, pero persisten diferencias con el Pentágono porque asumir el fracaso ante el mundo tiene consecuencias estratégicas, y cuesta escapar de las mentiras: en diciembre de 2019, The Washington Post revelaba documentos confidenciales del gobierno estadounidense según los cuales altos funcionarios mintieron sobre la evolución del conflicto, presentando supuestos éxitos pese a que creían que no podía ganarse la guerra: que Estados Unidos no haya podido derrotar a los talibán abre un escenario preocupante para su influencia en la región y para su crédito ante sus propios aliados. Esa situación tiene repercusiones: Moscú y Pekín ven con preocupación que grupos terroristas islamistas tomen Afganistán como plataforma para operaciones en Asia central y en el Xinjiang chino.
Por su parte, China ha logrado mantener buenas relaciones con la mayoría de los países de Oriente Medio gracias a una prudente política exterior que se abstiene de intervenir en los asuntos internos de cada país, busca la cooperación económica con acuerdos ventajosos para las partes en el marco del gran proyecto de la nueva ruta de la seda y, a diferencia de Estados Unidos, no recurre nunca a imponer sanciones económicas ni busca la expansión militar, ni mucho menos desata guerras e invade países. Pekín desarrolla una activa diplomacia para acordar proyectos en Omán, Abu Dabi y Arabia; en Kuwait, construye el puerto de Bubiyán, junto al Shatt al-Arab, que podría ser utilizado también por Irán e Iraq, y planifica el desarrollo de infraestructuras y de los puntos de apoyo para la nueva ruta de la seda. Pero China debe soportar la presión norteamericana en muchos frentes, desde la guerra comercial hasta los patrullajes del Pentagóno en sus costas, y que llevó a Trump a firmar la Taipei Act en marzo de 2020, en una deliberada violación del principio de “una sola China” que había aceptado anteriormente, actuando en esa zona gris entre la paz y la guerra que recuerda el general y estratega chino Qiao Liang, estimulando las tesis independentistas de Taiwán, algo inaceptable para Pekín, aunque el gobierno chino prefiere seguir el camino del fortalecimiento cauteloso de su país antes que forzar una reunificación que abriría una crisis de graves dimensiones. A su vez, Rusia recompone sus relaciones en la región tras haber conseguido evitar la caída de Siria; mantiene importantes lazos con Irán, intenta llegar a acuerdos sobre el mercado petrolero con Arabia, procura limitar la influencia turca marcando los límites de la acción de Ankara, y continúa apoyando la causa palestina sin dejar de lado a Tel-Aviv: un complejo rompecabezas, pero Rusia es, de nuevo, un actor relevante en Oriente Medio.
La cotización del petróleo añade incertidumbre sobre la región: primero, en marzo, los precios cayeron por el aumento de la producción de Arabia, en una disputa con Rusia; después, por la falta de demanda a causa de la pandemia. Los precios han vuelto a subir parcialmente, sin recuperar su nivel anterior. Ello también crea problemas a Estados Unidos que ha visto cómo su producción de petróleo de esquisto dejaba de ser rentable. Primero con Obama y después con Trump, Estados Unidos acarició la posibilidad de apoderarse de una buena parte del mercado petrolero (cuyos tres primeros productores son Estados Unidos, Rusia y Arabia) y gasístico, éste en manos de Rusia y de Estados Unidos, que, en 2018, se convirtió en el principal productor; tras ellos, Irán y Qatar. El actual sabotaje norteamericano a los gasoductos rusos del Báltico, acompañado de sanciones, y la oferta, que ya hizo Obama, de abastecer a Europa para sustituir el gas ruso se añade a una estrategia global que tiene muy en cuenta Oriente Medio (también, Venezuela), además de Turquía, de quien Rusia es su principal suministrador de gas. Sin embargo, la política norteamericana adolece de frecuentes improvisaciones y evaluaciones precipitadas.
Estados Unidos inició las guerras de Oriente Medio con el pretexto del 11-S, lanzando una operación de castigo en Afganistán para mostrar al mundo su determinación y su venganza, con el propósito de controlar la región, consolidar el poder de sus aliados preferentes, Israel y Arabia, asegurarse el flujo de petróleo, y aumentar su penetración en las antiguas repúblicas soviéticas de Asia central. Invadió Afganistán en octubre de 2001, pero, dos décadas después, otra fecha de ese mismo año cobra hoy relevancia: en junio, China y Rusia habían creado la Organización de Cooperación de Shanghái integrando a Kazajastán, Kirguizistán y Tayikistán, unos meses después a Uzbekistán, y en 2004 y 2005 a la India, Pakistán, Afganistán, Irán y Mongolia, que se incorporaron como observadores. Hoy, India y Pakistán son miembros de pleno derecho. Es probable que, entonces, los estrategas del Pentágono y la Casa Blanca, envueltos en el humo de la guerra y la seguridad de su inigualable poder, no fueran conscientes de que su hegemonía en el mundo empezaba a quebrarse.
Washington pretendió crear un nuevo mapa político en Oriente Medio, como antes favoreció la partición de Yugoslavia y después la del Sudán, abriendo en ambos casos las puertas a la guerra y a duras crisis humanas. La invasión de Iraq en 2003 permitió la creación de un Kurdistán iraquí que tiene casi todos los atributos de un país independiente, y tuvo planes para la partición de Iraq, Siria e Irán, que no ha podido llevar a la práctica por la desfavorable evolución de los conflictos regionales para sus intereses. En ese marco, hoy, Estados Unidos suelta lastre pero no abandona Oriente Medio: pretende reducir gastos y reorientar su fuerza militar hacia China, pero continúa presente en todos los conflictos de la región al tiempo que sabotea en ella la proyección de la nueva ruta de la seda: Pekín había previsto la utilización de puertos yemeníes para el tránsito de sus mercaderías, quiere incorporar conexiones económicas en el golfo Pérsico y en los países ribereños y asegurar el flujo de hidrocarburos, pero la presencia militar norteamericana en la región es apabullante: a las bases en Iraq, Arabia, Afganistán, Jordania y Turquía, además de los acuartelamientos ilegales en Siria, se añaden bases aéreas en Kuwait, Qatar, Barhéin, Emiratos Árabes Unidos y Omán. La base norteamericana en Incirlik, Turquía, es además una pieza clave para el dispositivo de espionaje sobre Crimea, el Cáucaso ruso y Asia central, y dispone en ella de armamento atómico.
Todos los conflictos están relacionados a través de alianzas cruzadas y de la intervención y presencia de las grandes potencias; también, de los objetivos de los poderes regionales: Arabia, Turquía, Israel e Irán. Arabia y Turquía, por ejemplo, a quienes distancia el pasado otomano, son aliados tácitos en la guerra siria, pero adversarios en la guerra libia. Dentro del gran Oriente Medio, destacan tres grupos de países: por un lado, Siria, Líbano, Jordania, Israel y Palestina, con el añadido del gran vecino turco, antigua metrópoli; por otro, Arabia, Yemen, Omán y las monarquías del golfo Pérsico, algunas diminutas como Bahréin o que desempeñan un creciente protagonismo, como Emiratos Árabes Unidos; y finalmente un tercer grupo compuesto por Iraq, Irán y Afganistán. Junto a ellos, se encuentra la vecindad de Egipto y Libia, muy relevantes para las potencias regionales y que mantienen fuertes lazos con ellas.
Uno. El gobierno de Damasco ha conseguido sobrevivir a la guerra gracias a la ayuda rusa, iraní y los destacamentos del Hezbolá libanés y grupos palestinos, aunque buena parte del país ha sido destruido. Aunque la operación lanzada por Estados Unidos y sus aliados (Arabia, Turquía e Israel) para derribar al gobierno de Damasco ha fracasado, el norte del país sigue en manos de destacamentos kurdos y de islamistas ligados a Turquía, país que también cuenta con tropas en esa franja. Turcos, islamistas y kurdos sirios son enemigos entre sí y rivales del gobierno de Damasco, y al mismo tiempo aliados de Estados Unidos, aunque la evolución de la guerra y la evidencia de que Turquía es el más feroz enemigo de los kurdos ha hecho que éstos se vuelvan hacia Damasco, congelando el error de la alianza que sellaron con Washington, que les dotó de armas e información. Pese a ello, ni Washington renuncia a seguir utilizando a los destacamentos kurdos sirios para sus propósitos en Siria y en Oriente Medio, ni éstos han abandonado sus lazos con los servicios secretos norteamericanos. La invasión turca no es bien vista ni por Egipto ni por los Emiratos Árabes Unidos, y Daesh conserva una limitada presencia, y es apoyado con frecuencia por las tropas norteamericanas: a mediados de mayo de 2020, la televisión siria presentó a tres miembros de Daesh que habían sido capturados y que confesaron su relación con la base norteamericana de Al-Tanf, situada a pocos kilómetros de la confluencia de las fronteras siria, jordana e iraquí. En otras zonas siguen los enfrentamientos con destacamentos islamistas, donde el ejército sirio es apoyado por combatientes palestinos, como en el este de Homs. La situación económica es muy grave, derivada de la destrucción de la guerra, y se ha abierto un enfrentamiento de Bachar al-Asad con su primo hermano Rami Makhlouf, una de las principales fortunas del país y dueño de Syriatel, uno de los dos operadores de telefonía móvil en Siria. La guerra ha hecho que Siria pierda buena parte de su anterior influencia en la región, pero la ayuda rusa es un seguro decisivo.
En el vecino Líbano, el tiempo de los Hariri ha pasado, y el nuevo papel del maronita Michel Aoun ha hecho posible la configuración de un gobierno donde Hezbolá tiene un papel determinante. Arabia, el patrón de los Hariri, llegó a secuestrar al primer ministro Saad Hariri en Riad, obligándole a anunciar su dimisión públicamente en la televisión saudí. Las protestas sociales de 2019 no consiguieron ninguno de sus objetivos pero configuraron un nuevo gobierno dirigido por Hassan Diab, con el apoyo de la Alianza del 8 de marzo, que integra a Hezbolá, Amal y al Partido Comunista Libanés. La crisis sigue abierta, aunque la pandemia limita las manifestaciones de protesta. La inflación, el cambio del dólar, la actuación del anterior “gobierno de la banca” (como denominaban al gabinete de Hariri los comunistas libaneses), incluso la confiscación de cuentas por parte de la banca, ha envenenado la crisis: el país ha dejado de pagar su deuda, y los bancos no devuelven los depósitos a sus clientes. El deterioro de las condiciones de vida, el reparto confesional del poder y de las instituciones del país, en un momento en que la mitad de la población vive en la pobreza y ha rebrotado la violencia, junto a nuevas manifestaciones, pese a la cuarentena instaurada por el gobierno, y el acusado deterioro de la economía del país, que ha llevado a calificarlas como las protestas del hambre, han puesto al Líbano ante la quiebra. Hezbolá apoya el nuevo programa de reformas del gobierno, y combate a Daesh y Al-Qaeda, que protagonizan atentados terroristas contra sus seguidores, aunque desde la batalla de Arsal (una población del valle de la Bekaa cercana a Siria que estuvo controlada militarmente por Daesh y Al-Qaeda y que concentra a decenas de miles de refugiados sirios) donde sus milicianos y el ejército libanés derrotaron a los islamistas, éstos han perdido mucha fuerza.
En la cuestión palestina, el gobierno Trump ha ido más lejos que los anteriores: reconoció a Jerusalén como capital de Israel y presentó en febrero de 2020, con Netanyahu, el llamado Acuerdo del siglo, que supone la anexión por Tel-Aviv de los asentamientos ilegales de colonos israelíes en Cisjordania y de todo el valle del Jordán, impide en la práctica la creación de un Estado palestino y niega el retorno de los más de cinco millones de refugiados palestinos. Ese acuerdo, que Mahmud Abás rechaza de plano, como también la Liga Árabe, fue negociado con Netanyahu y también con su rival electoral Benny Gantz, y ha llevado a la Autoridad Nacional Palestina y a la OLP a abandonar todos los convenios firmados con Estados Unidos e Israel. De hecho, la decisión de Trump rompe con el derecho internacional, con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y de la propia Asamblea General, e ignora la Iniciativa de paz árabe que fue aprobada en Beirut por la Liga Árabe (a instancias de Riad, con Abdalá) que, en esencia, proponía el reconocimiento de Israel por todos los países árabes a cambio de la retirada de los territorios ocupados, la creación del Estado palestino en las fronteras de 1967, y una “solución justa” para los refugiados que no se concretaba. La situación en Gaza es desesperada, y Cisjordania vive la segregación, padece el robo de tierras y agua, la destrucción de cultivos y la constante humillación de las tropas ocupantes y la violencia de los colonos.
El nuevo gobierno de Netanyahu y Gantz quiere acelerar la anexión de territorio cisjordano a Israel, junto a la ampliación de las colonias existentes. La llegada de Pompeo a Israel, en mayo de 2020, ya configurado el nuevo gobierno, tenía el objetivo de abordar los aspectos concretos de la incorporación de partes de Cisjordania a Israel a partir de julio. Aunque Pompeo negó ese extremo, el embajador norteamericano con Obama, Daniel Shapiro, declaró que el secretario de Estado mentía al afirmar que la anexión era un asunto de Israel, y que el gobierno Trump quiere que se lleve a cabo, aunque eso pueda llevar también a Jordania a retirarse de su acuerdo de paz con Israel. Por su parte, Rusia considera que el llamado Acuerdo del siglo y la anexión de nuevos territorios palestinos pueden desembocar en una nueva ola de violencia y enfrentamientos. China mantiene buenas relaciones con Tel-Aviv pero apoya siempre la causa palestina en el Consejo de Seguridad de la ONU y rechaza la anexión de tierras que pretende Netanyahu. Estados Unidos ha pedido a Israel que reduzca su comercio con China, que ya se ha convertido en el segundo socio comercial, mientras el embajador David Friedman advertía al gobierno israelí de que China “utiliza sus inversiones para infiltrarse en otros países”. Estados Unidos quiere consolidar el monopolio atómico israelí en Oriente Medio, y comparte su agresividad hacia Irán, aunque se resiste a lanzar un ataque militar contra Teherán, como postulan los sectores más duros de Tel-Aviv, incluido Netanyahu, sin que ello afecte a la común determinación para impedir que Irán consiga armamento atómico.
El gran vecino del norte, Turquía, trata de impedir el surgimiento de una entidad kurda que pudiese poner en peligro su control sobre el Kurdistán turco, donde el PKK conserva una importante influencia. Esa es su principal preocupación. Ankara impuso el toque de queda en la región, lanzando duras operaciones militares de castigo, recibidas con entusiasmo por el nacionalismo turco, aunque ello no ha impedido que Erdogan pierda influencia en el país: en 2019 perdió la mayoría en Estambul (donde impuso la repetición de las elecciones) y Ankara, las dos mayores ciudades turcas, además de Esmirna. La organización de Erdogan (AKP, Partido de la Justicia y el Desarrollo) mantiene gran sintonía con la extrema derecha, los Hermanos Musulmanes, y la tuvo con el dictador sudanés, Omar al-Bashir, hasta que fue derrocado en 2019. Su agresivo nacionalismo se inspira en la fe islamista y en el inconfesado deseo de recuperar la influencia del pasado otomano en los países de Oriente Medio y el norte de África, abandonando la tradición kemalista de la Turquía moderna. Esa ambición nacionalista ha llevado incluso a Erdogan a disponer que la televisión pública turca, TRT, emita un canal en ruso, con el objetivo no declarado de influir en las cinco antiguas repúblicas soviéticas de Asia central, bajo el paraguas del velado sueño irredentista del viejo Turquestán, la “tierra de los turcos”.
Erdogan mantiene una difícil posición en la guerra siria. Aunque cuenta con tropas en el norte del país no ha conseguido eliminar la fuerza militar de los kurdos sirios, y su apoyo a los islamistas de Iblid se antoja difícil de mantener, debe respetar la línea roja trazada por Rusia, mientras el ejército turco combate a los kurdos de su país, bombardea a los kurdos sirios e incluso realiza operaciones especiales para atacar a grupos del PKK refugiados en el Kurdistán iraquí.
Turquía mantiene una alianza con Qatar (cuyo monarca, Tamim Al Zani, mantuvo buenas relaciones con Arabia, pero hoy se ha distanciado), pero no dispone de otros aliados en Oriente Medio, e interviene en la guerra libia, apoyando al gobierno de Unidad Nacional que combate a Haftar, quien recibe el apoyo egipcio, de Arabia y de los Emiratos Árabes Unidos. El sostén de Erdogan a los Hermanos Musulmanes egipcios ha deteriorado su relación con El Cairo, que ha acompañado de insultos a Al-Sisi, el golpista que derribó a Morsi, hasta el punto de que el gobierno egipcio rompió las relaciones diplomáticas con Ankara. Su relación con Europa se ha centrado en el mercadeo sobre los inmigrantes que atraviesan Turquía para llegar a Grecia y otros países europeos, olvidado por el momento el proyecto de incorporación a la Unión Europea. También se ha distanciado de Estados Unidos desde el intento de golpe de Estado de julio de 2016, donde murieron doscientas cincuenta personas y cuyo fracaso culminó meses después con la detención de más de cien mil turcos, de las que más de la mitad fueron encarcelados, y con la expulsión y el procesamiento de más de veinte mil jueces, policías y militares, unido al despido de ciento treinta mil funcionarios. Entonces, las mezquitas desempeñaron un decisivo papel para movilizar a los partidarios de Erdogan. Tras el fracaso del golpe, Obama apoyó a Erdogan, pero éste mantiene la reserva con su aliado norteamericano por su apoyo a las milicias kurdas en Siria. Estados Unidos dispone de un contingente de varios miles de militares de la USAF en Incirlik (donde tiene armas atómicas), aunque el distanciamiento se mantiene, hasta el punto de que Erdogan criticó en Estambul el asesinato del general iraní Soleimani, la actuación norteamericana en el golfo Pérsico y calificó de ilegal el operativo militar que “busca desestabilizar la región”. Con Moscú, la relación se deterioró gravemente tras el derribo del avión ruso a finales de 2015, y se ha centrado en el acuerdo de alto el fuego de marzo de 2020, para delimitar zonas en Idlib y para evitar enfrentamientos entre tropas rusas y turcas.
Dos. Arabia es otra de las potencias regionales, donde la aparición en escena del príncipe heredero Mohamed bin Salmán ha cambiado algunas de sus prioridades. Es un personaje siniestro, sin escrúpulos, que quiere consolidar su poder a toda costa: en 2017, ordenó la detención de cuatrocientos príncipes, empresarios y altos funcionarios en el hotel Ritz-Carlton de Riad, incluidos algunos hijos de Abdalá, el anterior monarca, con objeto de forzarles a ceder parte de su patrimonio a las arcas del reino: el fiscal calculó que la forzada recaudación ascendería a casi noventa mil millones de euros. Mohamed bin Salmán decretó también el descuartizamiento de Jamal Kashogui (que, más allá del cruel asesinato, fue un grave error político que le acarreó presiones de Turquía y de Estados Unidos), y en marzo de 2020 lanzó una nueva campaña para detener a más de veinte príncipes, algunos militares y miembros de los servicios secretos. Su padre, el rey Salmán, padece demencia senil y Mohamed bin Salmán procura eliminar a cualquier rival para llegar al trono. En Arabia, la represión política ha sido siempre feroz, y es frecuente que la policía acuse a los detenidos de espionaje para Irán; centenares de personas son ejecutadas cada año. Durante las protestas de 2011, el régimen asesinó a centenares de árabes, e incluso llegó a condenar a un niño, Murtaja Quereiris, a ser crucificado por haber protestado cuando tenía diez años. Las protestas internacionales consiguieron evitar el asesinato, aunque fue condenado a doce años de prisión. En 2019, la monarquía decapitó a Abdulkareem al Hawaj, un muchacho de dieciséis años a quien previamente la policía había torturado.
Arabia necesita recursos para impulsar las reformas y los faraónicos proyectos de Mohamed bin Salmán, donde destaca el proyecto Vision 2030. Ese plan, sumado al del puente sobre el Mar Rojo para unir Arabia y la península del Sinaí, y el de la construcción de Neom (la supuesta ciudad futurista de rascacielos y coches voladores impulsada por él, situada en la costa del Mar Rojo cerca de Jordania y de Egipto, un proyecto de quinientos mil millones de dólares) están en peligro por la caída de los precios del petróleo, que asegura casi el setenta por ciento de los ingresos del país. Neom es todavía más ambiciosa que Lusail, la ciudad creada junto a Doha por Qatar, que pretende ser un gran centro turístico y de ocio. De hecho, Riad ya ha empezado a reducir las inversiones destinadas a Vision 2030 en ocho mil millones de dólares, y el ministro de Finanzas, Mohammed Al-Jadaan, ha anunciado recortes en subsidios y aumento de impuestos, sugiriendo que el país tendría que pedir un préstamo de 60.000 millones de dólares para cubrir el déficit presupuestario. Rusia y Arabia mantienen negociaciones para recortar la producción de petróleo y aumentar su precio: Riad es quien está más interesada en reducir la producción.
Hasta la llegada de Mohamed bin Salmán, la principal preocupación de la monarquía saudita era preservar su relación con Estados Unidos (miles de militares árabes se forman en los cuarteles del Pentágono), fortalecer su papel regional gracias a los ingresos del petróleo, y contener la influencia de Irán, su gran rival en Oriente Medio, a quien acusa de una creciente intervención en la zona, sobre todo en Líbano, Siria, Iraq y Yemen, mientras consolidaba su influencia en la Liga Árabe y en la Conferencia Islámica, sin renunciar por ello a intervenciones militares en su periferia: así lo hizo Bahréin en 2011, o con su apoyo a milicias islamistas en Siria. También, en el Consejo de Cooperación del Golfo, donde Riad desempeña una función protagonista. El fanatismo religioso del régimen saudita agudiza su rivalidad con Irán, la vieja disputa entre sunnitas y chiítas, y Mohamed bin Salmán ha impuesto un creciente intervencionismo militar en el exterior.
Arabia se ha convertido en el principal comprador mundial de armamento, sobre todo norteamericano y británico, y ha tomado buena nota de la amenaza de Trump tras el asesinato de Jamal Kashoggi, cuando el presidente norteamericano sugirió que el rey Salmán “podría no estar en el trono en dos semanas”. El apoyo saudita a las reclamaciones palestinas ha dejado paso al distanciamiento, que ha ido de la mano de una aproximación a Israel, con quien ha colaborado en la guerra siria. El anterior rey, Abdalá, mantuvo un mayor apoyo a los palestinos. Más ambicioso, Mohamed bin Salmán ha impulsado algunas medidas modernizadoras que no cambian las características del régimen, decidió intervenir en Yemen, y aspira a desempeñar una función central en Oriente Medio, en el Mar Rojo, en el Máshrek y en otros escenarios africanos: pretende diversificar la economía y persigue el predominio en el mundo árabe y un mayor protagonismo en la escena internacional. Sin embargo, el impacto de la pandemia está siendo duro: el petróleo supone casi la mitad de su producto interior bruto, y el recorte de producción ha disminuido los ingresos, por lo que el régimen se ha visto obligado a activar créditos sin intereses, a promulgar una moratoria temporal de impuestos y el pago de salarios en algunos sectores económicos, y la guerra en Yemen también está pasando factura: Riad no ha conseguido sus objetivos, e incluso se está replanteando su apoyo al gobierno de Abd Rabbuh Mansur al-Hadi, a causa de las dificultades financieras. Esa es una de las claves que explican que el enviado especial de la ONU para Yemen, el diplomático británico Martin Griffiths, crea posible llegar a un acuerdo de alto el fuego en la guerra.
Su enfrentamiento con Irán, político, religioso y estratégico, es una de las cuestiones clave de la región, y las disputas con Qatar, que se ha acercado a Teherán, han complicado su política exterior: Riad mantiene desde hace tres años un bloqueo total a los qataríes, pese a que Estados Unidos presiona para acabar la discordia. Al mismo tiempo, en un sorprendente giro, Mohamed bin Salman no descarta llegar a acuerdos con Irán: ha pedido al primer ministro iraquí, Mustafá al-Kazemi, que inicie una mediación entre Riad y Teherán. De hecho, Arabia teme que Estados Unidos llegue a un nuevo acomodo con Irán tras la liquidación del acuerdo 5+1, y ello limite su hasta ahora incondicional apoyo a la monarquía saudita.
La intervención militar extranjera en Yemen, dirigida por Arabia con la aprobación de Estados Unidos, de la mano de Mohamed bin Salmán, principal impulsor de la agresión, ha creado la mayor crisis humanitaria del planeta: no sólo ha arrasado las infraestructuras del país, incluidas escuelas y hospitales, sino que ha abandonado a su suerte a los yemeníes afectados por la hambruna, agravada con un mortal brote de cólera. Cinco años de guerra en Yemen y cuatro de bloqueo, con un gobierno apoyado por Arabia enfrentado a los hutíes (que controlan el norte del país con la capital, Sanáa) respaldados por Irán, han destruido el país, que se enfrenta ahora al fantasma de la fragmentación. La agresión de Arabia no es la primera: Yemen ha sufrido reiterados ataques de Riad y sus aliados que se remontan a las intervenciones militares en los años sesenta y setenta del siglo pasado contra la República Democrática Popular del Yemen (o Yemen del sur), que se proclamó socialista, y soportó también los bombardeos británicos en esos años.
Las diferencias en el bando gubernamental que apoya a Abd Rabbuh Mansur al-Hadi aumentan. Mohamed bin Salmán forzó un acuerdo en un encuentro en Riad en noviembre de 2019 que suponía en la práctica un reparto del poder de Al-Hadi con los separatistas del sur que forman parte de su facción. Pero los problemas para el gobierno de Al-Hadi (que mantiene la capitalidad provisional en Adén, y la efectiva en Riad) aumentan tras la reciente proclamación del Consejo de Transición del sur,que se reclama gobierno de la parte meridional del país y anuncia la autonomía de Adén: las milicias del Consejo de apoderaron del puerto y aeropuerto de Adén y de todos los ministerios adscritos a Al-Hadi. A mediados de mayo, los combates se sucedían en Zinjibar, la capital de Abyan, mientras el gobierno respaldado por Arabia intentaba recuperar la ciudad. Tanto los atacantes como los soldados del Consejo son aliados contra los hutíes, por lo que esos enfrentamientos abren una nueva guerra dentro de la guerra yemenita. Por su parte, los hutíes, dirigidos Adbel Malik al-Huti y por Mahdi al-Mashat, presidente del Consejo Político Supremo, forman parte de una rama del chiísmo que agrupa a la tercera parte de los yemenitas, y su principal organización, Ansarolá, es un movimiento de extrema derecha de inspiración religiosa, aunque se proclama antiimperialista y rechaza abiertamente al yihadismo islamista, el wahabismo de Arabia, así como a Israel y Estados Unidos, y mantiene lazos con Irán y el Hezbolá libanés. De hecho, los enfrentamientos religiosos actuales enmascaran las anteriores luchas contra la desmedida corrupción del régimen de Alí Abdullah Saleh, que dominó el país durante más de veinte años, hasta 2012, y ocultan las disputas entre la izquierda y los nacionalistas de inspiración nasserista con los partidarios de la monarquía y los clientes de Riad.
Al tiempo, la coalición internacional que dirige Arabia en Yemen se resquebraja: Abu Dabi optó en 2019 por desvincularse de la guerra (los hutíes consiguieron atacar su aeropuerto internacional), y los Emiratos Árabes Unidos fracturan de hecho la alianza porque se han convertido en los padrinos políticos del Consejo de Transición del Sur. Los Emiratos Árabes Unidos (dirigidos por Abu Dabi con Jalifa bin Zayed, y por el príncipe heredero, su hermano Mohamed bin Zayed, otro inquietante personaje como Mohamed bin Salmán) tienen sus propios objetivos en Yemen. A su vez, Qatar, enfrentada a Arabia y también a los Emiratos, utiliza su cadena de televisión, Al Jazeera (la más sintonizada en el mundo árabe) para denunciar la devastación yemenita, no por sentimientos humanitarios sino para comprometer a Riad.
Tres. En Iraq, la situación es desesperada, y los gobiernos dependen de las milicias de distintos partidos. La ocupación militar norteamericana (justificada desde 2014 para combatir a Daesh), la insatisfacción por las duras condiciones de vida, la corrupción, el reparto sectario del poder que ha dado lugar al enriquecimiento de los dirigentes del gobierno, una sanidad casi inexistente, la falta de trabajo, los deficientes servicios, la falta de agua potable en las casas, y el enorme retroceso de las mujeres que padecen con frecuencia asesinatos por islamistas por no llevar hijab, son la muestra de la práctica destrucción del país. Ese caos condujo a la rebelión de octubre de 2019, el hirak; aunque las protestas intermitentes se iniciaron con fuerza ya desde 2011, con la participación de los comunistas. Adel Abdul Mahdi dimitó en noviembre pero se mantuvo provisionalmente como primer ministro, sin que los candidatos a sucederle pudieran lograr apoyo parlamentario. El 5 de febrero, partidarios de Muqtada al-Sadr, el clérigo chiíta que dirige el Movimiento Sadrista y las milicias del Ejército de al-Mahdi, quemaron un campamento de manifestantes asesinando a once personas, y la dura represión desde 2019 ha causado en las calles más de ochocientos muertos y treinta mil heridos. La pandemia limitó después las protestas callejeras, aunque en algunas ciudades existen campamentos de amotinados, como en la plaza Tahrir de Bagdad. La penuria es aprovechada por partidos islamistas que desempeñan en algunas regiones del país un papel asistencial, y la influencia iraní es rechazada por muchos iraquíes, como la norteamericana. El gobierno acusó a los manifestantes de actuar a las órdenes de Estados Unidos, y llegó a pedir, en enero, que el Consejo de Seguridad de la ONU condenase la actividad de Irán y de Estados Unidos en el país.
En febrero, el régimen, controlado por partidos islamistas, se vio ante el golpe de Muqtada al-Sadr cuando éste, tras ordenar la retirada de sus seguidores del movimiento de protesta, volvió a pedirles que regresaran a las plazas para controlar así el descontento, creando el espejismo de que su candidato a primer ministro era el preferido por los manifestantes. Finalmente, en mayo, el antiguo colaborador de la emisora de la CIA Radio Free Europe/Radio Liberty y despuésjefe de los servicios secretos iraquíes, Mustafa Al-Kadhimi se convirtió en primer ministro con las mismas limitaciones que había tenido Mahdi: las leyes de la ocupación por Estados Unidos en 2003, que fuerzan a un reparto religioso y sectario del poder, el muhasasa. Y de nuevo se han iniciado las protestas, duramente reprimidas por la policía, aunque han forzado al primer ministro a poner en libertad a todos los detenidos en las protestas callejeras desde el mes de octubre de 2019, y a investigar la muerte de más de quinientos manifestantes por francotiradores de milicias y del ejército.
Al-Kadhimi busca un equilibrio internacional para consolidar a su gobierno, y ha invitado a Putin a visitar Bagdad. Rusia apoya a Iraq con el objetivo de pacificar el país y la región, y está también interesada en abrir vías de explotación para sus empresas petroleras y gasista y para limitar la influencia norteamericana. El nuevo gobierno examina incluso la posibilidad de comprar los sistemas S-400 rusos, en un momento en que Estados Unidos, junto con los militares aliados de Australia e Italia destinados allí, abandona la base aérea de Al-Taqaddum, en Habbaniyah, a ochenta kilómetros de Bagdad. Pero la tensión y el caos continúan ahogando al país: el norte kurdo está en manos del corrupto clan de los Barzani, presidida la región autónoma ahora por Nechirvan Barzani, sobrino del viejo Masud; muchas ciudades iraquíes están destruidas, en Basora fluyen aguas fecales en los grifos de las casas, y las milicias enfrentadas luchan por sus territorios y por su fe, prisioneros de la división sectaria que impulsó Estados Unidos: la sede en Bagdad de la cadena de televisión de Arabia, MBC, fue ocupada por milicianos proiraníes de Hashd Al-Shaabi, las Fuerzas de Movilización Popular, PMF, porque la emisora había calificado a Abu Mahdi Al-Muhandis (su líder, asesinado por Estados Unidos junto a Qasem Soleimani) de terrorista.
Tras Egipto y Turquía, Irán es el país más poblado de la región, y se enfrenta a un angustioso futuro, amenazado por la guerra. La operación norteamericana para asesinar al general Qasem Soleimani, las nuevas sanciones económicas impuestas por Washington, la recurrente acusación a Teherán de que financia el terrorismo, y la exigencia de que el régimen de los ayatolás retire a sus tropas de Siria y renuncie a disponer de armamento nuclear, dibujan el acoso de Estados Unidos a Irán. El abandono unilateral por Washington (que Pekín, Moscú y Bruselas consideraron innecesario y perjudicial) del acuerdo nuclear 5+1, ha llevado al gobierno de Jatamí a dejar de cumplir algunas de las obligaciones comprometidas en él. Trump, espoleado por la presión israelí, consideró que el acuerdo de 2015 con Teherán, firmado con Obama, era insatisfactorio y no contempla el programa de misiles iraní, además de limitar las obligaciones de Teherán sólo hasta 2025. Pese a que la OIEA y las propias agencias norteamericanas admitieron que Irán cumplía con las obligaciones del acuerdo, Trump decidió romperlo: busca el derrocamiento del régimen, de momento a través de la presión diplomática, de la asfixia económica y de operaciones terroristas encubiertas. Curiosamente, antes de que Trump rompiera el convenio nuclear el régimen iraní estaba dispuesto a un entendimiento con Washington que dejase atrás décadas de disputas.
Las sanciones norteamericanas han creado una difícil situación, sobre todo en las entidades financieras, en el transporte y en la producción petrolera, agravadas por la caída de los precios del crudo. A finales de 2018, Trump decretó nuevas sanciones contra la industria petrolera iraní y contra su sistema bancario, impidiendo la relación con el sistema SWIFT, y persigue prorrogar el embargo de armas a Irán que acordó el Consejo de Seguridad de la ONU y que finaliza en octubre de 2020, pese a que Rusia y China se oponen a extender el embargo. Aunque Estados Unidos intenta desestabilizar a Irán, las grandes protestas en el país de finales de 2019 no fueron inspiradas por los norteamericanos, aunque intentasen después utilizarlas: la agudización de la crisis, el aumento del precio de la gasolina, los cupos para su adquisición y la precariedad fueron el detonante de las manifestaciones, duramente reprimidas por el régimen teocrático, cuyas fuerzas de seguridad causaron varios centenares de muertos y miles de heridos, en una de las más sanguinarias represiones de los últimos años. La gravísima situación económica ha forzada al Majlis a cambiar la moneda oficial, el rial, por una nueva divisa, el tomán, suprimiendo cuatro ceros en los billetes en un intento de contener la inflación. Irán ha aumentado su influencia en Iraq, y el nuevo gobierno de Bagdad se muestra receptivo: el ministro de defensa iraquí, Yuma Anad Saadoun, ya ha iniciado conversaciones para incrementar la cooperación militar con Teherán. En el tablero, la permanente amenaza norteamericana, el temor a una nueva guerra en la región, y la imprevisible actuación de Netanyahu y de Mohamed bin Samán, rivales regionales y enemigos poderosos: Israel dispone de armamento atómico y Arabia quintuplica el presupuesto militar iraní.
En Afganistán, las elecciones de septiembre de 2019 se celebraron con la habitual compra de votos y procedimientos fraudulentos, que ha sido la tónica desde la invasión del país y el establecimiento del primer gobierno impuesto por Estados Unidos, aunque ello no ha evitado las luchas de banderías. En marzo de 2020, tanto el presidente Ashraf Ghani como el vicepresidente Abdullah Abdullah tomaron posesión en Kabul, configurando una efímera dualidad de poder que se complicó por las ambiciones de otros grupos, como el del expresidente Hamid Karzai. Las presiones norteamericanas lograron después un acuerdo entre las dos partes con la formación de un gobierno de unidad, donde Ghani retiene los principales mecanismos de poder y Abdullah pasa a presidir el Alto Consejo de Reconciliación Nacional, decisiones que los talibán contestaron con nuevos atentados. Rusia, China, Irán y Pakistán apoyan negociaciones para terminar la guerra y para la retirada de tropas extranjeras del país, que son básicamente las norteamericanas y las de sus aliados de la OTAN.
Estados Unidos, que llegó a tener en el país ciento diez mil soldados en 2011, mantiene todavía trece mil, pero el acuerdo firmado en febrero con los talibán (en Qatar, con presencia de Pompeo) estipula su retirada en un plazo de catorce meses. Washington apuesta por un acuerdo negociado entre los distintos sectores políticos del país, incluidos los talibán, para asegurar que el país se mantenga dentro del área de influencia norteamericana. El propio Donald Trump habló con el mulá Abdul Baradar Akhund, el dirigente talibán que negoció el acuerdo. En una muestra más de una disparatada estrategia, Estados Unidos aceptó la exigencia talibán de dejar fuera del acuerdo al gobierno de Ghani mientras, en nombre de éste, aceptaba la exigencia talibán de que cinco mil de sus miembros encarcelados fueran puestos en libertad. Ghani se oponía pero acabó cediendo, y ya ha empezado a liberar a centenares de presos talibán de la cárcel de Bagram. La base norteamericana de Lashkar Gah y otra en Herat están en proceso de desmantelamiento, aunque los enfrentamientos no se han detenido, incluso han aumentado en muchas regiones: los talibán siguen atacando a las fuerzas gubernamentales, aunque se abstienen de hostigar a los norteamericanos. La invasión norteamericana ha destruido el país y no ha conseguido ninguno de sus objetivos; la producción de opio ha aumentado, buena parte de la población se encuentra desnutrida, y existen centenares de miles de desplazados internos.
Cuatro. Convertida Libia en un Estado fallido tras la intervención norteamericana, francesa y británica de 2011, el enfrentamiento entre el gobierno de Acuerdo Nacional de Trípoli y las tropas del mariscal Haftar, de Tobruk, añadido a la persistencia de áreas controladas por señores de la guerra y milicias, al tráfico de seres humanos y a la existencia de mercados de esclavos, ha creado un infierno a las puertas de Europa. Los enfrentamientos entre los dos bandos principales han llevado también a suspender las exportaciones de petróleo desde puertos como Marsa Brega, Zuwetina, Ras Lanuf, Al Hariga y Sidra, y la vida de los libios se ha reducido a la subsistencia extrema, prisioneros de los grupos armados que campan por todo el país. El endiablado laberinto libio lleva a que Turquía, Italia y Qatar apoyen al gobierno de Fayez al-Sarraj, mientras Francia, Egipto y Arabia apoyan a Haftar, un hombre que colaboró con la CIA y fue utilizado por Washington en los años de su acoso a Gadafi. Hoy, Estados Unidos acusa a Rusia y Siria de ayudar a Haftar, e incluso de mandar cazas Mig y trasladar a combatientes desde Siria para apoyarlo, además de hacerles responsable de la supuesta presencia del grupo militar ruso Wagner, y su Departamento de Estado denuncia que Moscú busca conseguir “ventajas políticas” en Libia, extremos que Moscú niega. Las tropas de Haftar se encuentran cerca de Trípoli, pero el gobierno de Fayez al-Sarraj ha conseguido detenerlas gracias a la ayuda turca, que suministra drones de bombardeo y baterías antiaéreas. Por su parte, la Unión Europea, atada por las diferencias entre Francia, Italia y Alemania, apoya el llamado proceso de Berlín para una solución negociada entre las partes, como hacen Estados Unidos y la OTAN, pero al mismo tiempo financia a la corrupta y criminal guardia costera del gobierno de Al-Sarraj: Bruselas está más preocupada por la llegada incontrolada a Europa de inmigrantes desde las costas libias que por la desesperada situación de la población local, de los fugitivos que llegan de los países del Sahel, y de los mercados de esclavos.
Egipto, que ya ha superado los cien millones de habitantes, dispone de tierras cultivables en apenas un cinco por ciento de su territorio, y el agua del Nilo es su principal riqueza; sufre una gravísima crisis económica, y la dictadura militar del general Al-Sisi gobierna, desde el golpe de Estado de 2013, recurriendo a la más dura represión de las protestas sociales y aplastando a las incursiones islamistas. El Cairo, que apoya a Haftar en Libia, mantiene un duro enfrentamiento con Etiopía por la presa Al Nahda que construye Addis Abeba y que apoya Sudán; las negociaciones que se celebraron en Washington no han dado ningún resultado hasta el momento, pero Estados Unidos intenta mantener las conversaciones bajo su paraguas diplomático. El gobierno de Al-Sisi afronta además la pandemia, la actividad de los grupos islamistas, y rechaza las pretensiones etíopes sobre el volumen de agua del Nilo que puede retener en Al Nahda. El Cairo espera el apoyo de Arabia y de los Emiratos Árabes Unidos, aunque también recela de sus inversiones en el proyecto, mientras Etiopía confía en la defensa militar israelí y en Estados Unidos. En 2016, el dictador Al-Sisi cedió a Arabia dos islas sobre el Mar Rojo, Tirán y Sanafir, que cierran el golfo de Aqaba, decisión que, aunque pertenecían históricamente a Arabia, suscitó críticas en Egipto. Riad quiere utilizar esas islas para construir un puente que comunique la futurista Neom con Sharm el-Sheij: Arabia con la península del Sinaí.

* * *

Estados Unidos y sus aliados occidentales (Gran Bretaña, Francia) deberían abandonar Oriente Medio: es un requisito imprescindible para que la región deje de ser el escenario de la guerra, el caos y la destrucción en que la ha sumido el imperialismo en el último siglo, agravado en las dos últimas décadas por las guerras norteamericanas. Pero que esa salida norteamericana sea necesaria, vital, no quiere decir que vaya a producirse, aunque los países de Oriente Medio sigan viviendo sobre arenas movedizas. Con el mundo mirando cada vez más hacia la gran región del Asia-Pacífico, Oriente Medio ha perdido importancia estratégica, pero continúa siendo un nudo vital para la producción y distribución de energía y uno de los principales escenarios de confrontación de las grandes potencias, y aunque Estados Unidos está redirigiendo su atención y sus recursos hacia el Pacífico no va a abandonar la región: está reevaluando sus objetivos, adaptándose a la nueva realidad y trasladando la mayor parte de sus fuerzas militares hacia las áreas donde se está configurando el nuevo equilibrio mundial, que ya no es unipolar pese a la arrogancia norteamericana. Y Estados Unidos ha decidido apostar fuerte, con la mirada puesta en Pekín y Moscú sin dejar por ello los torturados escenarios de Oriente Medio. El descubrimiento de una relativa debilidad y la disminución de su peso en el mundo no llevan a Washington a la prudencia, sino a la aventura, al incremento de la presión y, tal vez, conduzca al planeta al caos y la guerra. El inquietante anuncio de Georgette Mosbacher, embajadora norteamericana en Varsovia, sobre la posible instalación de armas nucleares en Polonia; el envío de portaaviones a los mares cercanos a China, el abandono estadounidense del Tratado INF, su anunciada salida del Tratado de Cielos Abiertos y las alusiones al fin del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y del Tratado START III son malas señales para un mundo que renquea. Si Trump y otros gobernantes norteamericanos utilizan un lenguaje agresivo, bélico, y lanzan amenazas contra China y Rusia, si desenfundan revólveres y disparan sanciones, si diseñan ejercicios de guerra en el Pentágono para amedrentar al mundo, ello significa que los días de su dominio solitario del mundo han terminado: son ya un recuerdo del pasado, pero eso no asegura la paz.

Fuente: https://rebelion.org/viviendo-sobre-arenas-movedizas/

Nos urge "analizar colectivamente muchos y complejos los temas para enfrentar el capitalismo de la vigilancia. Como aporte a una de esas aristas, la coalición internacional Just Net lanzó en 2019 un llamado para que el futuro digital nos pertenezca ".

enred_sinfronteras@riseup.net

La manzana mordida

29 de agosto de 2020

Silvia Ribeiro

La trasnacional Apple alcanzó la semana pasada un valor de mercado de 2 billones de dólares, es decir, 2 millones de millones de dólares. Duplicó el valor de sus acciones de marzo a agosto de 2020 gracias a la pandemia. Se convirtió en la empresa con mayor valor de mercado en el mundo. Solamente la petrolera estatal Saudi Aramco, de Arabia Saudita, alcanzó ese monto por un breve periodo en 2019, pero volvió a bajar con la caída de los precios del crudo.
Para poner la cifra en perspectiva, pensemos que solamente una docena de países en el mundo tienen un producto interno bruto (PIB) superior a 2 billones de dólares. Ninguno latinoamericano, ni la mayoría de los europeos, llega a ese volumen. En América Latina, Brasil es el más cercano, con un PIB de 1.89 billones de dólares. Le sigue México, con cerca de 1.3 billones. Apple tiene cinco veces el valor de todo el PIB de Argentina.

Cercanas al absurdo valor de mercado de Apple están Amazon y Microsoft, que en corto tiempo podrían alcanzarla. Están en rápido ascenso las acciones de Facebook, Alphabet (dueña de Google) y las chinas Alibaba y Tencent.

Son las dueñas de grandes plataformas digitales, que actúan en comercio electrónico, entretenimiento, redes sociales, etcétera. Esas siete controlan 75 por ciento del mercado global de plataformas. Con la pandemia crecieron exponencialmente, debido al aumento de la dependencia y adicción digital, que hizo explotar las tendencias que ya existían de digitalización de todos los sectores industriales y sumó sectores claves como educación y salud.

El crecimiento de Apple evidencia el peso que ha adquirido el llamado capitalismo de la vigilancia, una nueva forma de organización del capitalismo que está trastocando todo, desde industrias y empleo hasta a los sistemas electorales y las formas de empujar el consumo de productos de las empresas que paguen por los datos. Se basa en la extracción masiva, interpretación, venta y manipulación de datos de todas las personas, instituciones, empresas, ciudades, vías de transporte, naturaleza y ambiente (Shoshana Zuboff, 2019).

Apple, a través de teléfonos, relojes digitales, computadoras, accesorios domésticos inteligentes, plataformas de televisión y música colecta una cantidad enorme de datos de nuestras conductas, salud, preferencias de compras, ocio, trabajo, educación, relaciones y familia, todo ello georreferenciado. En conjunto con los datos que aportamos a través de otras plataformas, conforma una red de extracción e interpretación de nuestros datos por edad, género, situación económica, ubicación y más. Eso lo vende a otras empresas y lo entrega a las agencias de vigilancia de los gobiernos.

Este volumen inmenso de datos sólo se puede manejar con sistemas de Big Data. Los servicios de nubes de computación con esa capacidad están dominados por pocas empresas: Microsoft Azure, Amazon Web Service (AWS), Google Cloud, Alibaba Cloud, IBM, Oracle. Los servicios de iCloud, donde Apple almacena nuestros datos, están en realidad en nubes de Amazon y Google, a las que contrata para ello y que, por tanto, acceden a los datos.

En volumen de ventas anuales que se registran –no en valor de acciones, que es una cifra especulativa–, la mayor empresa del mundo sigue siendo Walmart, seguida por empresas petroleras y automotrices chinas y estadunidenses. Pero aún en la lista de ingresos por ventas compilada anualmente por la revista Fortune, Amazon aparece en el noveno lugar y Apple en el decimosegundo; Alphabet y Microsoft están entre las 50 mayores del mundo (https://fortune.com/global500/).

A Apple le llevó 38 años llegar a un valor de mercado de un billón de dólares, pero lo duplicó en sólo dos. Al inicio de la pandemia su valor cayó, porque los inversionistas dudaron al depender de FoxConn en China para la fabricación de sus teléfonos. Pero se recuperó, aumentó el porcentaje de otros productos y, sobre todo, las suscripciones a sus plataformas de entretenimiento.

Adicionalmente, los analistas financieros estiman que ante la incertidumbre económica provocada por las múltiples crisis derivadas de la pandemia de Covid-19, muchos capitales dejaron otras industrias para invertir en empresas tecnológicas. Otras compañías en ascenso en capitalización de mercado son las grandes farmacéuticas, por la especulación con medicamentos y la carrera por vacunas para Covid-19.

Que los titanes tecnológicos tengan tal poder conlleva un enorme peso en la definición de políticas nacionales e internacionales, el cual han usado para no pagar impuestos, impedir regulaciones que las supervisen o responder por el uso que hacen de nuestros datos, etcétera. Todo ello, porque tienen acceso y control privilegiado, como arañas en las redes, a la información y posible predicción de nuestras conductas y elecciones, de consumo a preferencias políticas, cuya comercialización es lo que las ha enriquecido.

Son muchos y complejos los temas que urge analizar colectivamente para enfrentar el capitalismo de la vigilancia. Como aporte a una de esas aristas, la coalición internacional Just Net lanzó en 2019 un llamado para que el futuro digital nos pertenezca https://tinyurl.com/JustNet

* Investigadora del Grupo ETC

Fuente: https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2020/08/30/silvia-ribeiro-la-manzana-mordida/

Internacionalicemos lo que la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad exige: De forma inmediata se constituya un comité científico con acreditada independencia de la industria farmacéutica, que evalúe la validez, eficacia y seguridad de las vacunas disponibles, incluidas las producidas por instituciones públicas de otros países.Se tomen las medidas necesarias para fortalecer la investigación pública, asegurando su independencia del capital privado. Y que se cree una industria farmacéutica pública capaz de fabricar los medicamentos considerados como esenciales por la OMS, entre ellos, las vacunas".

Las vacunas contra el Covid-19: los gobiernos, una vez más, a los pies de las multinacionales farmacéuticas

5 de septiembre de 2020

Comunicado de CAS ante el anuncio del gobierno de compra de vacunas a laboratorio privado.

Desde hace tiempo se está evidenciando la distorsión que el capitalismo introduce en el conocimiento científico y en especial a la llamada «medicina basada en la evidencia» ¹. Poderosos intereses económicos deciden qué se investiga, qué se fabrica y qué no, privando a la humanidad de avances que su propio desarrollo podría ofrecerles. La determinación ejercida por el objetivo prioritario del lucro empresarial, que se paga con millones de muertes prematuras y enfermedades evitables, afecta decisivamente a la producción de medicamentos ². Como se viene denunciando repetidamente, incluso se inventan nuevas patologías – es decir, se etiquetan enfermedades inexistentes – para poder prescribir determinados medicamentos, especialmente en la enfermedad mental ³.

Es bien sabido que una de las consecuencias esperadas de la pandemia, es el colosal negocio para las multinacionales farmacéuticas derivado de la compra de millones de dosis de vacuna.

Ahora, gigantes empresariales que exhiben anualmente unos márgenes de beneficios que superan con creces a los de la banca, ni siquiera tendrán que arriesgar sus inversiones. El dinero público de los estados de la UE, entre ellos el español, compra por adelantado millones de dosis de vacuna. Y lo hace antes de que se haya demostrado la validez, eficacia y seguridad de la misma.
A mediados de junio el Ministro de Sanidad anunciaba la adhesión de España al Acuerdo de Compra Anticipada de Vacunas ⁴ contra la COVID 19. Mediante dicho acuerdo, la UE decidió invertir gran parte de los 2.700 millones de euros del Instrumento de Apoyo a Emergencias, para «aportar al despliegue de la vacuna». Es decir, se acordó financiar por anticipado su producción.
La carrera entre las grandes farmacéuticas la ha ganado por ahora la británica AstraZeneka que ha recibido de la UE 1.200 millones de euros por 300 millones de dosis.

Es llamativo que el acuerdo de financiación y el desembolso del dinero se haya producido cuando aún no ha culminado la fase III, mientras llovían las críticas por la presentación de la vacuna rusa exactamente en las mismas condiciones.

Por otra parte, tanto AstraZeneka como otras multinacionales han conseguido de los gobiernos de la UE a los que suministrará la vacuna, no sólo asegurarse indemnizaciones en el caso de que las empresas sean condenadas a pagar por posibles efectos secundarios de la vacuna ⁵ .También están tratando de conseguir ser eximidas por completo de responsabilidad civil.

Ante una grave situación en la que como ha sucedido en otras ocasiones, el poderoso lobby del medicamento conseguirá fabulosos beneficios (aprovechando la angustia y el miedo de la población ante la enfermedad y la muerte -inoculado desde los medios de comunicación a grandes dosis-), la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad:

Denuncia que el resultado de la investigación biomédica realizada con fondos públicos en el Estado español (que se ha reducido un 25% en los últimos diez años) se transfiere sistemáticamente a la empresa privada ⁶. De esta forma, y una vez más, el desmantelamiento o la parasitación de lo público, deja a la sanidad sin instrumentos propios y favorece el colosal negocio de la empresa privada.Afirma que el dinero público abonado a multinacionales farmacéuticas por vacunas aún sin testar y en detrimento de instituciones públicas, supondrá recortes en otros servicios, especialmente graves en momentos de una crisis sanitaria, social y económica como la que vivimos.Valora que, cuando se adoptan decisiones contra natura como la que analizamos, suele suceder que años más tarde se descubre que las empresas beneficiadas han sobornado a quienes estaban implicados en tales resoluciones.Recuerda que, como se ha sabido después, los miembros del comité de expertos de la OMS sobre la gripe A, estaban financiados por las multinacionales Roche y Glaxo, fabricantes respectivamente del Tamiflú y Relenza. De esa forma se ocultó que esos fármacos eran ineficaces contra el virus H1N1 y además producían importantes efectos secundarios no declarados. La OMS instó a los gobiernos a invertir en estos medicamentos cerca de 5.000 millones de euros en 2009, justo cuando se iniciaban los drásticos recortes en servicios públicos por el estallido de la crisis. En el Estado español, los millones de envases de ambos fármacos comprados por la ministra de sanidad Trinidad Jiménez (para el tratamiento de supuestos 12 millones de casos) caducaron en los almacenes ⁷, según informe de 2017. Además se gastaron cerca de 300 millones de euros en vacunas contra una epidemia que nunca existió. Los laboratorios implicados facturaron 700.000 millones de dólares al año.

Por todo ello, la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad exige que:

De forma inmediata se constituya un comité científico con acreditada independencia de la industria farmacéutica, que evalúe la validez, eficacia y seguridad de las vacunas disponibles, incluidas las producidas por instituciones públicas de otros países.Se tomen las medidas necesarias para fortalecer la investigación pública, asegurando su independencia del capital privado. Y que se cree una industria farmacéutica pública capaz de fabricar los medicamentos considerados como esenciales por la OMS, entre ellos, las vacunas.

CAS, septiembre de 2020

Referencias

1 https://rebelion.org/la-distorsion-de-la-medicina-basada-en-la-evidencia/
2 Gotzsche, Peter.C, (2014)Medicamentos que matan y crimen organizado. https://www.researchgate.net/publication/260251698_Medicamentos_que_matan_y_crimen_organizado
3 https://www.eldiario.es/consumoclaro/cuidarse/medicamentos-psiquiatria-psicofarmacos-peligros_128_3990459.html
4 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-9132
5 https://www.publico.es/internacional/vacuna-coronavirus-ue-protege-economicamente-farmaceuticas-frente-posible-fallo-vacuna-covid-19.html
6 https://saludporderecho.org/wp-content/uploads/2019/01/Interes_Publico_Inovacion_Biomedica.pdf
7 Informe oficial publicado en 2017 https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/2017-muh/ni-muh_13-2017-stock-oseltamivir/
Fuente: https://www.lahaine.org/est_espanol.php/vacunas-contra-el-covid19-los

Advirtamos:durante nuestro confinamiento obligatorio y el agravamiento de la precariedad de vida de casi la mitad de la pob, se privilegió la economía gran capitalista que originó pandemia. En el presente están Plan 2020-2030 y acuerdo a favor de China y socios locales. Así como se castiga no cumplir con el aislamiento obligatorio hasta con la muerte, el Plan 2020-2030 se impondrá con el Plan Centinela.

“Plan Centinela: 

Inseguridad asegurada”

Por Correpi/ 
En momentos en que se desarrollan instancias decisivas en relación a la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro a manos de la policía bonaerense, la misma fuerza que, comandada por el ministro de Seguridad Sergio Berni, viene protagonizando la mayoría de los hechos represivos ocurridos en el país -detenciones arbitrarias, aplicación de tormentos, fusilamientos de gatillo fácil y muertes en lugares de detención- la gran noticia es el anuncio de un plan para poner más policía en las calles.
El presidente Alberto Fernández se reunió en Olivos con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof e intendentes de distritos como La Matanza, Avellaneda, Lomas de Zamora y Hurlingham, con la presencia del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro; el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner y los ministros Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y Mario Meoni (Transporte). El motivo de la reunión -una verdadera cumbre con las principales autoridades nacionales y provinciales- fue avanzar en la puesta en marcha del “Plan Centinela”, nombre bien explícito para lo que inevitablemente tendrá como resultados más hechos de violencia policial.
Se anticipó que el plan -que sería anunciado mañana- prevé un extraordinario aporte del gobierno nacional al provincial y los municipios de entre 10 y 12 mil millones de pesos, según la fuente, dinero que será destinado al reclutamiento de 10.000 nuevos efectivos policiales, compra de 2.000 patrulleros, refacciones y ampliación de unas 200 a 300 comisarías, construcción de cárceles y adquisición de todo tipo de insumos y pertrechos, desde armas a cámaras de vigilancia. Y todo ello, además, con el aporte de otros 3.000 efectivos de fuerzas federales desplegados en las mismas zonas.
Así, la policía de la provincia de Buenos Aires, que hoy cuenta con 92.000 efectivos, llegaría a unos 102.000, particularmente desplegados en los partidos del conurbano, lo que, según las estimaciones de su población, llegaría a superar los 900 policías cada 100.000 habitantes. Si a eso agregamos los al menos 2.000 efectivos de fuerzas federales ya desplegados en los barrios bonaerenses, más el incremento de 500 por turno dispuesto con el acuerdo de “coordinación” entre la Nación y la provincia de Buenos Aires celebrado a fines de julio, más los 3.000 prometidos en el marco de este Plan Centinela, estamos frente a una tropa combinada de tal envergadura que superará con creces más de 1.000 uniformados armados cada 100.000 habitantes.
Casi cuatro veces los 300 por 100.000 recomendados como “óptimo” por la ONU, y sin duda el mayor índice de presencia de policial y de otras fuerzas de seguridad por cantidad de habitantes en el mundo.

Pero a esa cifra hay que agregar el aumento de poder de fuego, con la compra de armas y otros pertrechos, y la previsión del aumento de personas detenidas, a partir de la ampliación o construcción de comisarías y cárceles. En suma, un verdadero despliegue con movilización de tropas al “territorio enemigo”: los distritos más pobres de los pobres, en el conurbano bonaerense.
Con una transferencia de 12.000 millones de pesos de Nación a las arcas provinciales se podrían encarar soluciones de asistencia material concreta a muchos de los problemas que se discutieron en la propia reunión como “preocupantes” en materia de generadoras de “inseguridad”, como las tomas de tierras por familias sin techo. ¿Cuántas viviendas sociales se podrían construir con ese dinero, en lugar de destinarlo a reprimir a quienes ocupan un terreno fiscal ante la falta de respuesta estatal a su situación de calle, como lo vimos ayer mismo en Florencio Varela, como sucede casi a diario en el norte, el sur o el oeste del GBA?
No se puede pasar por alto que es Sergio Massa quien aparece como el “padre de la criatura”, haciendo marcar el paso en materia represiva a sus socios en la coalición de gobierno. El hoy presidente de la Cámara de Diputados amasó su referencia política y su caudal electoral de la mano de la creación del COT – Centro de Operaciones Tigre-, antecedente e inspiración directa de las Policías Locales creadas por el gobernador Daniel Scioli, combinado con la conversión de Tigre en el municipio con mayor cantidad de cámaras en la vía pública -curiosamente, nunca disponibles cuando las imágenes que buscábamos eran las de un policía fusilando alguien por la espalda-.
Recientemente, el presidente Alberto Fernández respondió declaraciones de su antecesor, Mauricio Macri, con la frase “No mentir en política es muy importante”. Bien podrían hacer caso de su propio consejo, y no justificar este nuevo despliegue de fuerzas represivas, que traerá como resultado más detenciones arbitrarias, más torturas, más fusilamientos de gatillo fácil y más muertes de personas detenidas, todo ya en franco ascenso desde el inicio de la cuarentena.
Si lo que les preocupa es la inseguridad, usen los recursos estatales para que las personas sin vivienda, sin trabajo, precarizadas o híper explotadas se sientan más seguras. Dispongan de los fondos que tienen para garantizar la salud, el alimento, la educación, la vivienda de manera universal. La represión no puede seguir siendo la respuesta a la crisis que afrontamos.
Por eso, desde CORREPI decimos: Inseguridad es más policía en la calle – No al Plan Centinela.
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https://finlandiaestacion.com/2020/08/29/plan-centinela-inseguridad-asegurada-por-correpi/

Pensemos la ofensiva del sistema mundo capitalista contra los pueblos mediante, en el Abya Yala, los extractivismos a toda marcha pese a la pandemia. En vez de:"hay un contexto de ofensiva global de las derechas en el mundo, que promueve un asalto feroz a los derechos de las mayorías populares. Esa ofensiva se expresa en el país con las manifestaciones anticuarentena, pero con mucha más eficacia mediante los medios masivos de desinformación pública y las redes sociales sometidas a verdaderas operaciones de guerra comunicacion".

Facundo. Cuando no hay mas opciones que exigir "castigo a los culpables"

5 de septiembre de 2020

Por Guillermo Cieza

La aparición de restos humanos en un cangrejal en la zona de Villarino Viejo, en el canal Cola de Ballena, muy cercana a Bahía Blanca, pareció confirmar lo que desde hace semanas la mamá de Facundo Castro Astudillo y sus abogados, venían diciendo a quien quería escucharlos: Que el joven era una nueva víctima de la policía bonaerense.
La identificación positiva de los restos cerró el circulo que confirma las peores hipótesis: el joven fue asesinado y por la comisión del delito y por las redes de encubrimiento, se trata de un episodio que compromete a distintos organismos del Estado y al propio gobierno.
Para quienes alguna vez hemos estado cerca de familiares de víctimas asesinadas por el gatillo fácil, el caso de Facundo parecía presentar todos los indicios que caracterizan al protocolo de la bonaerense para ocultar casos de violencia institucional que afectan la vida de personas. Aparición de testigos falsos, evidencias que desaparecen, formulación de hipótesis descabelladas con apoyo periodístico, complicidad judicial que desoye las sugerencias de investigación que propone la familia, campaña de demonización contra el afectado, sus familiares y asesores legales.
Como ha ocurrido en otras oportunidades las campañas de demonización se encontraron con obstáculos: La obstinada lucha por el esclarecimiento de los hechos encabezada por su mamá Cristina Castro, su entorno de amistades y los abogados querellantes. También la propia vida de Facundo. Porque quienes se metieron en su vida tratando de buscar basura encontraron a un joven, con sensibilidad social y con una militancia en "Jóvenes por la memoria", una iniciativa promovida por el gobierno de Cristina Kirchner.
Intentando encontrar a un delincuente, se encontraron con un joven solidario y muy bien referenciado en su comunidad. Finalmente, que el reclamo de los familiares y amigos de Facundo contó desde el principio con un soporte social, como fue el papel que jugó la CTA de Bahía Blanca, organismos de DDHH como la Comisión Provincial por la Memoria, los vecinos de Pedro Luro, La Comisión de Memoria, Verdad y Justicia y la militancia popular y de izquierda que se movilizó en distintas convocatorias.
La Policía Bonaerense, a la que se denominó " la maldita policía", y no ha hecho méritos para dejar de serlo, es un problema grueso para cualquier fuerza política que asuma la responsabilidad de gobernar la Provincia de Buenos Aires. Por vocación o imposición el gobernador Axel Kicilloff designó como Secretario de Seguridad a Sergio Berni. Quienes lo propusieron seguramente fundamentaron que el perfil adecuado para afrontar el tremendo desafío de poner en caja a la Bonaerense, era poner un hombre de origen militar y fama de autoritario.
Los antecedentes de este teniente coronel del ejército en situación de retiro, que ingresó a la política de la mano de Néstor Kirchner, no eran los mejores. Como señala el informe de la Correpi cuando asumió su actual cargo:
"En 1994 se ofreció como 'voluntario' para supervisar la salud de los mineros de Río Turbio durante la huelga de ese año, a poco de darse la concesión de la mina al empresario Sergio Tasselli. Berni se internó en el socavón junto a los obreros y durante 15 días pasó información al gobierno provincial sobre los debates en las asambleas, las acciones a realizarse y las filiaciones políticas de los huelguistas. A partir de las sospechas que levantó, los trabajadores consultaron a organismos de DDHH, que les confirmaron que era un militar en actividad y funcionario del gobierno provincial, por lo que lo expusieron en una asamblea, y lo expulsaron de la mina"...
"En diciembre de 2010, cuando se produjo la ocupación del Parque Indoamericano por parte de unas 1.500 familias. Berni fue el interlocutor del gobierno nacional con la gente, a la vez que dirigió el plan de acción de Gendarmería en coordinación con la Policía Federal y la Policía Metropolitana -entonces a cargo del ex fiscal Guillermo Montenegro-, con el resultado de una brutal represión y tres muertos, Rossemary Chura Puña, Bernardo Salgueiro y Emiliano Canaviri Álvarez"...
"Durante la gestión del coronel Berni al frente de la Secretaría de Seguridad de la Nación los integrantes del aparato represivo estatal mataron 2.664 personas. Esta cifra incluye todas las modalidades, mayoritariamente fusilamientos por gatillo fácil y muertes en lugares de detención, además de otras como desapariciones, asesinatos en represión a manifestaciones, femicidios de uniforme, y abarca todas las fuerzas".
"En enero 2019, el teniente coronel, ya retirado, manifestó su apoyo a la decisión del macrismo de comprar 300 pistolas Taser y autorizarlas para su uso en lugares públicos, como estaciones de tren o subte...".
En el momento de producirse la desaparición de Facundo Castro una evaluación amable de la gestión del Secretario de Seguridad no podía obviar que el gobierno provincial no había avanzado en controlar a la Bonaerense, que seguía acumulando casos de gatillo fácil, desapariciones y casos de ahorcamientos en comisarías. Pero la actitud asumida en este caso por Sergio Berni confirma las presunciones más pesimistas sobre su perspectiva.
Es el tipo de "duro" que se regodea maltratando a los más humildes, haciéndoles sentir el rigor a los jóvenes del conurbano, o a los Sin Techo que buscan un lugar para vivir. Y también el tipo de "duro" que se arrodilla frente a la corporación policial y se niega a confrontar con los padrinos de las mafias de las fuerzas de seguridad. Como diría el tango, un verdadero "As de cartón".
El asesinato de Facundo Castro, remueve además recuerdos inquietantes. Otra vez un gobierno peronista aparece como responsable de la muerte de un joven peronista. Esta claro que la ministra Sabina Frederic, que ha dado marcha atrás con distintas medidas de su antecesora Patricia Bullrich, no tiene ninguna cercanía ideológica con López Rega, o con Carlos Corach, el ministro del Interior de Carlos Menem. Pero también es cierto que existen en el gobierno posturas como las que ha expresado Sergio Massa, que no parecen tener límites a la hora de defender la propiedad privada y la "seguridad jurídica" de los poderosos.
Y que, además, hay un contexto de ofensiva global de las derechas en el mundo, que promueve un asalto feroz a los derechos de las mayorías populares. Esa ofensiva se expresa en el país con las manifestaciones anticuarentena, pero con mucha más eficacia mediante los medios masivos de desinformación pública y las redes sociales sometidas a verdaderas operaciones de guerra comunicacional.
La aparición del cadáver de Facundo Castro no deja espacio para las piruetas políticas. O se está del lado de la Justicia exigiendo "castigo a los culpables", o se abona el camino para que la derecha siga recuperando poder.

https://www.lahaine.org/mundo.php/facundo-cuando-no-hay-mas

"Estamos aquí, en nuestro histórico lugar de encuentro, nuestra plaza, pisando ya los 18 años de lucha. Estamos erguidos, estamos decididos, estamos convencidos de salir a recorrer las calles de la ciudad, exclamando nuevamente que «No queremos megaminería en Chubut»; siendo este quizás, el momento más dramático de esta devastada provincia".

Chubut: nueva marcha en Esquel por el no a la megaminería

Como cada 4 de todos los meses desde hace 18 años, se volvió a marchar en varias ciudades de la provincia de Chubut, entre ellas Esquel. Compartimos aquí el documento escrito por los vecinos autoconvocados por el no a la mina, donde vuelven a decir: No la megaminería y denuncian la situación de la provincia: “ Estamos en manos de soberbios y prepotentes que intentan digitar nuestras vidas sin ningún respeto a nuestros derechos, que gobiernan desconociendo el sentido de la democracia y carecen de cualquier tipo de empatía con quienes con su esfuerzo de hoy y de siempre han sostenido las instituciones del Estado” dicen en parte de su documento.

Hoy, 4 de septiembre de 2020, estamos aquí, en nuestro histórico lugar de encuentro, nuestra plaza, pisando ya los 18 años de lucha. Estamos erguidos, estamos decididos, estamos convencidos de salir a recorrer las calles de la ciudad, exclamando nuevamente que «No queremos megaminería en Chubut»; siendo este quizás, el momento más dramático de esta devastada provincia.

Chubut, tierra colmada de riquezas y de bellezas, ha sido arrasada por la inoperancia, la corrupción y la ausencia sucesiva de proyectos (a mediano y largo plazo) de desarrollo verdaderamente sustentable. La codicia de los gobernantes y la complicidad cobarde de los que no hicieron nada para impedirlo nos llevaron a esta crisis económica, política, institucional y social, que está siendo financiada con los salarios de los trabajadores y el dolor del pueblo. Estamos en manos de soberbios y prepotentes que intentan digitar nuestras vidas sin ningún respeto a nuestros derechos, que gobiernan desconociendo el sentido de la democracia y carecen de cualquier tipo de empatía con quienes con su esfuerzo de hoy y de siempre han sostenido las instituciones del Estado. El accionar del peor gobierno provincial democrático, que tiene como cabeza a Mariano Arcioni, parece administrar sin rumbo a Chubut como si fuera una empresa de novatos, pero sabemos muy bien que todo el proceso tiene una finalidad muy clara: habilitar la megaminería en la provincia.¿Dónde y de qué lado están nuestros representantes cordilleranos: Santiago Igon, Rafael Williams, Carlos Mantegna, Zulema Anden y Pablo Nouveaux? Desde aquí, este pueblo movilizado exige el compromiso de los demás poderes del Estado, el legislativo y el judicial: que cumplan con los deberes para los cuales fueron designados, inspirados en nuestra Constitución Provincial, a la que juraron respetar. Observamos indignados que tampoco bregan por el cumplimiento de lo acordado en la reforma del 94 de la Constitución Nacional, el hecho histórico de reconocer la preexistencia de los pueblos originarios y la decisión de cumplir el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Los vemos que observan impávidos que no se realiza ninguna consulta previa e informada al mundo indígena, ante proyectos que se quieren realizar en su territorio. Muchos de los 27 diputados en sus campañas políticas, independientemente de la bandera partidaria que representan, se llenaban la boca hablando de justicia social, de los derechos de los trabajadores, de los derechos humanos y terminan siendo partícipes necesarios con la actitud de mirar hacia otro lado, mientras el pueblo es conducido al abismo. El Poder Ejecutivo habla de los altos salarios y jubilaciones provinciales, pero nos preguntamos: ¿que saben de lo que puso cada trabajador para ganarlo? Es éste el modo que eligieron para desprestigiar al sistema público del que son responsables y así justificar el ajuste. El gobernador, a través de su alfil Federico Massoni, que realiza intervenciones cinematográficas dice tratar de protegernos del Covid-19 y de la inseguridad con actos intimidatorios, pero poco menciona o se hace cargo de las otras muertes de las que ambos son responsables. Nos quitaron la vida de Cristina y Jorgelina, pero también de otros compañeros en los que la bronca y la impotencia les ganó la partida. Además, nos quitaron la ilusión, la esperanza de una educación y salud de calidad, la tranquilidad de transitar por rutas seguras, la protección de nuestros bosques; y de la mano del poder económico local y las empresas trasnacionales nos quieren quitar el agua y el territorio.Y ahora nos quitan la paz, como relata una vecina, Massoni y miembros de la policía provincial recorrieron 600 km en plena cuarentena para encabezar fuertes controles en lo que llamaron “puntos calientes” de la inseguridad de Esquel. Curiosamente los barrios más humildes: el Barrio Ceferino, el Barrio Estación y el barrio Badén. Sin mayores justificaciones, su operativo consistió en entrar pomposamente, escoltado por la policía montada y de a pie, por las calles principales de cada barrio, cual dictador usurpando vidas”.“Esa repetición en la historia de la imagen del totalitarismo pisando los barrios, amparados por las fuerzas del Estado, que deberían cuidar a los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables, me hizo pensar en Foucault que aseguraba en sus textos que ya no estábamos en una sociedad de castigo sino en una sociedad de control. La pandemia, claramente nos volvió a llevar a esa sensación de un estado de vigilancia de siglos pasados, a esa sensación del nacimiento de la prisión, del castigo, de la tortura pública y disciplinadora”.… En una provincia en donde un ministro de Seguridad piensa que el pobre es delincuente, y lo dice sin mayores pretextos en los medios, en donde la policía entra con armas, asustando a las infancias, no hace más que incitar a la bronca popular ante el Estado represor, ni hace menos que provocar más miedo a las fuerzas policiales”.“Miedo que pase lo que pasó con Miguel, en La Plata, que nunca salió de la comisaría. Miedo que nos pase lo que le pasó a Facundo, que apareció 108 días después, mutilado y muerto luego de un control policial. Y en esta zona, mucho, mucho, miedo de aparecer flotando en el río que alimenta a ésta provincia como Santiago, muerto de frío, muerto de miedo, corriendo para zafar de una bala. Curiosamente, muerto en el río que peligra ante el avance de la minería…”¿Por qué llegamos hasta aquí?, ¿por qué no se difunde esta crítica situación a nivel nacional? Estamos convencidos que nos quieren llevar a un “estado de shock” para que doblegados aceptemos más extractivismo, como es el fracking y la megaminería y de este modo obtener los dólares que necesitan para pagar una deuda que no es nuestra. ¡Cuanto provecho le han sacado a la pandemia! Este accionar coincide con lo que Naomi Klein describe en “La doctrina del shock” llamando «capitalismo del desastre» a los ataques “contra instituciones y bienes públicos, siempre después de acontecimientos de carácter catastrófico”. La idea es aprovechar el shock de un desastre y crear “atractivas oportunidades de mercado” que, con ciertos cambios económicos, beneficien a unos pocos. Se aprovecha a tomar medidas que suelen ser impopulares, pero ante ciertas condiciones de shock, la población suele aceptarlas. Pero, señores, no se ilusionen porque no lo lograrán, somos absolutamente conscientes de que “de la crisis no se sale con megaminería”. Por todo lo expuesto, vamos por más y presentaremos por Iniciativa Popular un proyecto de ley que definitivamente nos proteja, acompañado por firmas de vecinos de toda la provincia; incluso, más allá de las presiones que ejercen los jefes comunales, las de los vecinos de la Meseta.Escuchen bien:

¡NOS DEBEN UNA LEY!¡NO PASARÁN!¡NO PASARÁN!¡NO PASARÁN!

Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de Esquel
Documento de la movilización del 4 de Septiembre de 2020

Fuente: https://www.anred.org/2020/09/05/chubut-nueva-marcha-en-esquel-por-el-no-a-la-megamineria/