Por Marcelo García / Extremo Sur .- Vaca Muerta comienza a convertirse
otra vez en el epicentro de las miradas petroleras del país, tal como sucedió
con el kirchnerismo en 2012 y el macrismo en 2016. El gobierno de Alberto
Fernández impulsará una nueva Ley de Hidrocarburos, implementará subsidios a
las petroleras y buscará reactivar la explotación de los hidrocarburos no
convencionales neuquinos como epicentro productivo del país.
La política energética nacional basada
en subsidios estatales y el fomento a la exportación gasífera se ha demostrado
como un fracaso reiterado en el intento de resolver los grandes problemas que
tiene el país. Tres claves para entender los tropiezos constantes y las
perspectivas diferentes a transitar.
La impronta
albertista muestra otra vez que en Vaca Muerta no aflora la grieta política y
el país se encamina nuevamente a tropezar con la misma piedra imantada que
atrajo a la clase dirigente a lo largo de la última década.
A poco de
asumir la presidencia de la Nación, Alberto Fernández expresó en enero pasado
que “Argentina se enamoró de Vaca Muerta” y cuestionó que “se desincentivó el
resto de la producción convencional” de hidrocarburos.
Parecía que iba
a producirse en cambio brusco de timón con respecto a los no convencionales,
pero a poco de andar comenzaron a surgir las versiones de un proyecto de ley
para los hidrocarburos que podrían nuevamente en la escena principal a Vaca
Muerta; donde habría subsidios y amplios beneficios impositivos para las
petroleras que operan en esos yacimientos de la Cuenca Neuquina
(ver el artículo https://www.elextremosur.com/nota/22147).
En su visita a
Neuquén de principios de junio, Fernández se reunió con el gobernador Omar
Gutiérrez y manifestó que el desarrollo de Vaca Muerta “ocupa un rol central”
para el país.
La vuelta al
tapete del gran yacimiento de no convencionales disparó la reaparición del
proyecto de ley para impulsar el sector, incluyendo el pago de subsidios
atrasados a las petroleras y un nuevo Plan Gas 4, por lo que varios
funcionarios nacionales comenzaron a poner otra vez a Vaca Muerta en el
epicentro de la política energética nacional.
Debates ambientales
y sociales: 10 millones de argentinos sin gas
Si bien hay un
debate de fondo y mucho más profundo sobre los recursos hidrocarburíferos no
convencionales -que implica tener en cuenta la cuestión ambiental y sus
impactos sociales sobre las comunidades afectadas- se debe tratar de responder
una pregunta esencial que se adentra en determinar si son necesarios para el
país pagar esos altísimos costos.
En paralelo
surge como otro punto de discusión que implica definir cuál debe ser la matriz
productiva de Argentina. Si se incorporará valor agregado a las materias primas
generadas o si solamente seguirá siendo un país exportador de commodities.
Avanzando más
al fondo de la problemática social vale preguntarse si se debe pensar en una
nación exportadora de gas cuando por lo menos 10 millones de personas no tiene
acceso al gas natural por redes domiciliarias.
Según el INDEC,
hasta el segundo semestre del 2019, en los 31 aglomerados urbanos del país un
35,3% de las personas y el 29,6% de los hogares no tenían acceso a la red de
gas natural. Esos porcentajes se traducen en 9,8 millones de personas sin
acceso al gas natural por redes sobre un total de 28 millones de habitantes
localizados en dichos centros urbanos; todo en el marco general que la mitad de
la población en cuestión no tiene acceso a alguno de los servicios esenciales
como el agua, cloacas y el gas natural.
A principios de
los años ’90 solamente el 52% de los hogares nacionales tenía acceso al gas
natural por redes. Hoy en día, a más de 25 años, un tercio de los hogares del
país sigue sin poder contar con una conexión domiciliaria al vital fluido para
calefaccionarse y cocinar.
Dilucidar una
nueva estrategia petrolera y energética basada otra vez Vaca Muerta puede
llevar al país a tropezar por tercera vez consecutiva con la misma roca madre,
y de allí la importancia de comprender algunas de claves principales que ponen
en superficie la inconsistencia de un plan petrolero que busca volver a poner
en el centro del desarrollo a los yacimientos no convencionales del país.
Claves para
entender los constantes tropiezos con Vaca Muerta
Clave 1: Pila
de subsidios estatales a petroleras privadas
Los altos
costos de producción que insume la técnica del fracking (fractura hidráulica de
la roca madre) sólo podrían ser soportados por la industria petrolera con altos
precios del crudo internacional, algo que no está sucediendo en la actualidad y
por ende debe suponerse que el Gobierno nacional avanzará nuevamente en un
esquema subsidiado para la explotación de los yacimientos convencionales.
Ese esquema de subsidios estatales a la
industria privada no solamente se direccionó a Vaca Muerta en los últimos años
ni fue patrimonio exclusivo de los cuatro años de gobierno del macrismo, sino
que arrancó en 2008 durante el primer mandato de Cristina Kirchner.
Los incentivos
estatales fueron en un primer momento a la producción de petróleo y luego
fueron virando a la de gas focalizándose en Vaca Muerta desde 2013, para
alcanzar sus puntos más elevados en 2016 y 2017 durante la gestión de Mauricio
Macri.
Si se toman los
últimos 11 años de subsidios a las compañías petroleras, el total de los montos
transferidos para incentivar la actividad privada (para el petróleo y gas,
tanto convencional como no convencional) ronda los 24.000 millones de dólares.
Estos datos
surgen de las elaboraciones propias en base a los informes de ASAP y el
minucioso trabajo elaborado por Ejes – Enlace por la Justicia Energética
y Socioambiental (“El Estado, ¿rehén o planificador?: Transferencias económicas
al sector hidrocarburífero”, de diciembre de 2016).
Según los datos
difundidos por la
Asociación Argentina de Presupuesto, hasta el 31 de diciembre
de 2019 el Estado nacional transfirió a las petroleras subsidios para la
explotación gasífera que ascendieron a un total de 27.647 millones de pesos.
De ese total,
24.967 millones de pesos correspondieron a subsidios del Plan Gas no
convencional (Resolución 46/2017) focalizado esencialmente en Vaca Muerta y que
representaron un 295% de los entregados en el 2018. Mientas que el por el ex
Plan Gas la suma fue de 2.680 millones de pesos, un 23,6% menos que en el año
anterior.
En tanto que
hasta el 30 de abril el Estado liquidó 66,9 millones de pesos por el Plan Gas
no convencional (-98,3%).
En plena
pandemia, según publicó el portal EconoJournal, el actual gobierno de Fernández
pagó a las petroleras 18.500 millones de pesos en subsidios a la explotación de
gas no convencional adeudados de gestiones anteriores.
“El Ministerio
de Desarrollo Productivo trabaja contrarreloj: quiere presentar oficialmente el
Plan Gas 4.0 el 1 de agosto para reactivar la perforación durante el último
cuatrimestre de 2020. Para eso debe reconstruir la reputación del Estado, que
desde 2008 incumplió -al menos parcialmente- los plazos de pago de los
subsidios involucrados en los diferentes planes de incentivo que se pusieron en
marcha a partir de ese año (el primero fue el Gas Plus). Con ese antecedente,
la primera variable que el Ejecutivo debe despejar es de confianza”, dio a
conocer el sitio especializado en hidrocarburos y energía.
Desde hace más
10 años la industria petrolera que extrae crudo en yacimientos concesionados
por los Estados provinciales viene recibiendo subsidios estatales para mejorar
o desarrollar los niveles de extracción de petróleo y gas.
Esa situación
se ha profundizado en los últimos años y deja más beneficios para el capital
privado que para los verdaderos propietarios de las concesiones, en lo que debe
denominarse como un rotundo fracaso de las políticas privatistas de los años
’90 cuando se desguazó la YPF estatal y se dejó al sector en manos del mercado.
Clave 2:
Producir hidrocarburos para el mercado interno o para exportar y pagar la deuda
El gobierno
nacional de Alberto Fernández da muestras de encaminarse en la misma dirección
e inclusive profundizar lo acontecido desde 2016 con el macrismo poniendo el
epicentro nuevamente en Vaca Muerta.
“Vamos a lanzar
la Ley de Hidrocarburos a la salida de la pandemia”, afirmó el ministro de
Desarrollo Productivo Matías Kulfas a mediados de junio; con la mira puesta en
darle prioritariamente garantías y horizontes a los inversores privados
nacionales e internacionales del sector petrolero.
“Seguimos
viendo el mismo potencial en Vaca Muerta, lo mismo que para todo el sector
hidrocarburífero de Argentina. Está en condiciones de ser una palanca para el
desarrollo para la próxima década”, dijo Kulfas hace tres semanas atrás ante un
grupo de empresarios reunidos vía Zoom por la Fundación Mediterránea.
“Seguramente
una de las tareas que vamos a emprender a la salida de la crisis es el envío al
Parlamento de una ley de inversiones hidrocarburíferas para estimular un salto
productivo en Vaca Muerta y en otros proyectos productivos”, insistió el
ministro Kulfas y explicó que desde el gobierno ven el recurso natural como
“una palanca para el desarrollo del entramado productivos industriales,
tecnológicos, integrado por cientos de pymes en todo el país”.
De ahí que se
instale la sanción de una nueva Ley de Hidrocarburos y que el flamante CEO de
YPF, Sergio Affronti, haya asegurado en las últimas horas que la compañía “va a
liderar la industrialización de Vaca Muerta, agregándole mayor valor al crudo y
el gas no convencional”.
Con una caída
significativa del consumo de hidrocarburos y derivados, tanto a nivel mundial
como nacional producto de la cuarentena que originó la pandemia; surgen
interrogantes sobre cuáles debieran ser los objetivos centrales del desarrollo
hidrocarburífero nacional.
Por un lado, no
es posible obviar a esos 10 millones de argentinos localizados en centros
urbanos que no tienen acceso al gas natural por redes y que por ahora no
parecen tener prioridad de conexión para el gobierno nacional. En paralelo
Argentina tendría que plantearse qué tipo de industria quiere desarrollar y en
qué tipo de condiciones sociales y económicas.
En la etapa
post pandemia, que por ahora parece lejana producto de la trepada constante de
la curva de contagios de Coronavirus especialmente en el AMBA, el país se
encontrará ante el desafío de hacer avanzar sus industrias, reconstruir el
mercado interno y ampliar el tejido social inclusivo. Todas tareas enormes y no
concluidas desde hace muchas décadas.
Conseguir la
recuperación económica y productiva no será simple, pero tampoco imposible. En
una misma dimensión debería repensarse cuál tendría que ser la estrategia
hidrocarburífera, apostando al autoabastecimiento perdido, la incorporación de
valor agregado sobre ese tipo de recursos naturales y a la vez una mejora
redistributiva de los ingresos que se traduzcan en la calidad de vida de los
argentinos.
Desechando
buena parte de estas premisas, la otra lógica que se ha impuesto en los últimos
años es la de desarrollar los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta para
así conseguir un mecanismo de producción, exportación y captación de dólares que
servirían para pagar la enorme deuda externa que padece desde hace años
Argentina.
Lo que dejó
entrever el ministro Kulfas es que la implementación del Plan Gas 4 buscará
brindar certezas en los precios del gas natural extraído esencialmente en Vaca
Muerta para así obtener dólares a través de la exportación.
Por eso que
manifestó que “la idea es poder encontrar un mecanismo para contractualizar a
largo plazo la demanda de gas a los productores a un precio razonable y que
pueda garantizar la rentabilidad del sector como el desarrollo de inversiones”.
Con las caídas
pronunciadas de la demanda mundial de hidrocarburos y los bajos precios
internacionales, a lo que se le debe sumar la contracción económica inversora
planetaria producto de la pandemia, conseguir hacer realidad ese proyecto
productivo y exportador parece poco probable o cuanto menos ilusorio en el
futuro cercano.
Clave 3: La
lógica de rentabilidad privada frente al beneficio social común
Desde 1992
cuando se privatizó YPF y durante casi 30 años Argentina ha retrocedido en
materia de hidrocarburos dejando en manos del capital privado la liberalización
del mercado, perdiendo reservas de crudo y gas, achicando hasta casi su
extinción el rol estatal y perdiendo el autoabastecimiento.
Nada bueno
sucedió a lo largo de tres décadas. Por momentos el país que abastecerse a
través de las importaciones de gas a costos elevados. Tampoco se revirtió significativamente
la problemática con los procesos de “argentinización” o expropiación parcial de
YPF.
Si bien es
cierto que con la expropiación del 51% de las acciones de Repsol en YPF la
compañía cambió su postura frente al esquema productivo en los yacimientos
convencionales, eso no fue suficiente para modificar sustancialmente el rol de
la empresa insignia que supo tener el Estado nacional. Desde la expropiación en
2012, la nueva YPF
no le ha dado grandes beneficios al país y se manejó como una empresa privada
más en el mercado.
Además de haber
en este nuevo siglo 10 millones de argentinos sin gas natural, los precios de
los combustibles son elevados y se rigen en el país por la ley de la oferta y la demanda. Siguen
respondiendo a variables el como valor internacional del crudo o la cotización
del dólar, sin retroceder cuando alguno de los ítems decrecen.
Nada diferente
ha sido ese mecanismo trasladado a los servicios públicos de gas y luz, primero
subsidiados por el Estado y ahora dolarizados en favor de las ganancias de las
distribuidoras y generadoras energéticas.
A ese panorama se
suma el uso de los fondos estatales subsidiando al capital privado
hidrocarburífero o inclusive llevando a cabo las mayores inversiones en
infraestructura o desarrollos productivos y exploratorios en yacimientos
convencionales o no convencionales.
El rol de la actual YPF está lejos
de la comandada por Repsol desde las oficinas corporativas en Madrid, pero más
distante se encuentra aún de la visión estratégica y social que desempeñaba la
YPF estatal antes del desguace menemista.
Embarcar, como
ha sucedido hasta ahora, a YPF como punta de lanza en Vaca Muerta no ha
demostrado ser la estrategia más fructífera para la compañía ni tampoco para el
país. Hasta el momento la hipótesis de que con el desarrollo de los no
convencionales se posibilitaría fomentar la industria nacional o conseguir los
dólares para el pago de la deuda no está demostrada en lo más mínimo.
El propio
Claudio Lozano, actual director del Banco Nación, remarcó que es inviable la
idea de avanzar con “el fenómeno Vaca Muerta asociado a una salida en donde la
Argentina fuera exportadora de gas no convencional y que esto permitiera un
salto importante en el ingreso de dólares”.
Se debe
considerar que en Vaca Muerta se viene llevando a cabo el máximo experimento
empresario privado para la obtención de ganancias y maximización de la
rentabilidad.
Es allí donde se
modificaron los convenios colectivos de trabajo para flexibilizar a los obreros
petroleros y reducir los costos laborales, con la consiguiente derivación
altísimos costos en vidas de trabajadores que en menos de un año y medio se
tradujeron en 8 obreros fallecidos en los yacimientos neuquinos (ver el artículo https://www.elextremosur.com/nota/20198). En los
últimos 20 años murieron trabajando nada más y nada menos que 100 petroleros en
todo el país.
Una cuota importante de responsabilidad
tiene frente a este panorama la dirigencia sindical del sector, que permite que
estos “accidentes” cuesten vidas humanas y en muchas oportunidades luchan solo
por conquistas salariales -para nada menores o despreciables- pero que en
tiempos de crisis funcionan con la lógica empresarial y con la excusa de
defender los puestos de trabajo terminan reduciendo salarios o entregando
conquistas laborales históricas.
Estas
problemáticas no parecen ser tenidas en cuenta por la administración de Alberto
Fernández, ni estarían incluidas en el proyecto de nueva ley o de desarrollo
productivo de los hidrocarburos en el país.
Por ahora no
aparecen explicitados como objetivos del gobierno nacional -es cierto, ahogado
por la pandemia y la deuda externa- lograr un país autoabastecido con
hidrocarburos, sin muertes por súper explotación laboral en los yacimientos,
con tarifas y combustibles accesibles para el conjunto de la población, con gas
por redes para todos los habitantes del país. Aparece lejano un nuevo Estado
que no solamente intervenga en el mercado como un jugador más entre privados
sino como un organizador, generador del empleo y desarrollador de PyMES
locales, además de definir las políticas energéticas estratégicas.
Fuente: https://opsur.org.ar/2020/06/23/el-gobierno-reflota-la-ilusion-de-vaca-muerta-claves-para-entender-el-tropiezo-que-viene/
