lunes, 9 de diciembre de 2013

II. Indaguemos qué nos oculta el gran festejo de los 30 años de democracia.

Milani, Chevron, Sbattella
16-07-2013

Por Rolando Astarita
En los últimos días hubo una serie de noticias que son de difícil digestión para los que sostienen que el gobierno K está operando una transformación revolucionaria (“liberación nacional”, “lucha contra los grupos concentrados”, y similares) del país. Noticias que se pueden sintetizar en tres nombres: Milani, Chevron y Sbattella. Dado que este blog lo lee gente que no vive en Argentina (en promedio, el 40% de las visitas diarias son del exterior), sintetizo a qué me refiero.

Milani (o acerca de la naturaleza represiva del Estado)
El general César Milani fue nombrado recientemente jefe del Ejército, por la presidente Cristina Kirchner. Milani está denunciado por haber participado en la represión durante la dictadura militar. Ex presos políticos lo vinculan a la desaparición, en Tucumán, en 1976, del soldado Alberto Ledo, que era su asistente. Milani estaba especializado en inteligencia en el batallón de Ingenieros 141, de la provincia de La Rioja, y fue enviado en comisión a la provincia de Tucumán, entre febrero de 1976 y febrero de 1977. En esa época el Ejército llevaba adelante el Operativo Independencia, contra el Ejército Revolucionario del Pueblo. Ledo, que según testimonios, habría sido simpatizante del ERP, desapareció en Tucumán, a donde había tenido que acompañar a Milani. Su madre, Marcela de Ledo, integra la asociación Madres de Plaza de Mayo de La Rioja. Milani también está mencionado por un ex detenido, Ramón Olivera, en el libro Nunca Más, de la Rioja. Olivera explicó que Milani participó de la detención de su padre, y que luego él mismo estuvo detenido en un centro clandestino. Desde allí fue llevado ante un juez por Milani, quien estuvo presente durante la declaración. Además, Milani está sospechado de haber participado en Inteligencia durante la dictadura militar. Asimismo, está denunciado por participar en el levantamiento de los carapintadas, en los años 80, contra el gobierno de Alfonsín.

Frente a estos datos, Madres de Plaza de Mayo, línea Bonafini, guarda silencio. Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas, dijo que no correspondía pedir el desplazamiento de Milani. El Centro de Estudios Legales y Sociales, a su vez, antes había dicho que no tenía información que pudiera vincular a Milani con la represión. Madres de Plaza de Mayo, Abuelas y el CELS son organismos defensores de derechos humanos oficialistas. El Nunca Máses un material muy conocido, y su legitimidad nunca fue cuestionada por alguno de estos organismos (acerca de los K-criterios para evaluar lo actuado bajo la dictadura, ver aquí).

Pero no se trata sólo de la participación de Milani durante la dictadura, o el alzamiento carapintada. Desde 2007 Milani está a cargo (y hoy retiene esta función) de la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor. Allí trabó estrecha relación, según todas las informaciones disponibles, con la ministra de Defensa Nilda Garré (quien a su vez está muy cercana al CELS). Recordemos que Nilda Garré ha sido denunciada por su participación en el llamado Proyecto X. Se trata de una unidad de la Gendarmería Nacional, que fue creada para organizar una base de datos de militantes, mediante el espionaje y la infiltración en organizaciones sociales y políticas. Estos datos fueron luego utilizados en juicios contra militantes. Las instrucciones contenidas en el proyecto, elaboradas en 2009, destacan la importancia de vigilar a todos los que pudieran crear “situaciones de alteración del orden público”. Según la abogada Myriam Bregman, defensora de derechos humanos y militante del PTS, el Proyecto X tiene como objetivo la persecución de activistas sociales y políticos. El propio comandante de Gendarmería, Héctor Schenone, reconoció ante la Justicia la existencia del Proyecto. Hoy existe una causa abierta, que está avanzando (según Bregman). A pesar de esto, la presidenta Kirchner acaba de decir que el Proyecto X “es inexistente” (discurso del 9 de julio, en Tucumán). Los organismos de derechos humanos oficialistas, y el progresismo K, no desmintieron a la presidenta. En cualquier caso, existen fuertes elementos para vincular a Milani con un enfoque global de vigilancia y recolección de datos, que luego son utilizados en la persecución judicial de la militancia. El área de Inteligencia del Ejército recibió sustanciales incrementos presupuestarios en los últimos años.

En este análisis debe incorporarse, además, la reforma, de diciembre de 2011, de la Ley Antiterrorista. Esta reforma derogó la figura de “asociación ilícita con fines terroristas”, pero elevó al doble las penas de los delitos que se hubieran cometido con “la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo” (artículo 41). De esta manera se deja abierta la puerta para que manifestaciones o huelgas sean calificadas como actos terroristas, como han manifestado muchas organizaciones sociales o políticas de izquierda. El gobierno se defiende diciendo que la ley establece que no se castigarán las protestas que se hagan en defensa de derechos humanos y sociales. Sin embargo, muchos abogados argumentan que las modificaciones introducidas abren el campo para interpretaciones, y habilitan a la criminalización de la protesta social.

Todo lo anterior debe vincularse también con la decisión del Gobierno de responder al problema de la seguridad poniendo el acento, crecientemente, en la represión y la punición. El enfoque tradicional del progresismo, que hace hincapié en las raíces sociales del problema, pasa ahora a segundo plano. El ministro de Seguridad de la Nación, de hecho, es Sergio Berni, un militar en actividad, que goza del favor de la presidenta. Cristina Kirchner, además, ha acusado a los jueces por ser demasiado suaves en la aplicación de penas. Un discurso que hasta ahora el progresismo K consideraba propio de la derecha. De manera que la designación de Milani, el ocultamiento de su accionar durante la dictadura, o el levantamiento carapintada, debe leerse en esta secuencia de hechos. No es trueno en día sereno.

Chevron (de nuevo, son sólo negocios)
En notas anteriores sostuve que la estatización de YPF no debía interpretarse en clave de “liberación nacional”, sino en términos de negocios entre capitalistas; esto es, negocios sustentados en la apropiación de plusvalía (ver aquí y aquí). En esas notas, y contra el discurso oficialista (“estatización de YPF sinónimo de Patria recuperada”) planteé que se trataba de una renegociación de los términos de la explotación del negocio.

Pues bien, en el día de ayer, 15 de julio, se conoció el decreto que crea el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos. Según el mismo, están alcanzadas por este régimen las empresas que inviertan 1000 millones de dólares, o más. Las que lo hagan, podrán comercializar libremente, luego del quinto año, en el mercado externo el 20% de la producción (resultado de esas inversiones), sin tener que pagar derechos de exportación. Además, en caso de que la producción nacional no alcance a cubrir la demanda, y las exportaciones se destinen a cubrir la demanda interna, el precio no será inferior al precio de exportación, sin retenciones. Las compañías también tendrán derecho prioritario a obtener divisas a través del Mercado Único y Libre de Cambio (aceptemos que es un eufemismo) por hasta el 100% del precio obtenido en el mercado interno.

Naturalmente, se sigue discutiendo si con esto será suficiente para que las empresas inviertan en extracción de petróleo y gas, y hay muchos “detalles” que deberán ser aclarados (por ejemplo, a qué tipo de cambio cotizarán los dólares que entren por inversiones). Sin embargo, lo relevante es que todo esto parece desmentir la tesis-verso de “YPF recuperada, Patria liberada”. El tema aquí no es el patriotismo, sino son los negocios y la rentabilidad. La realidad es que la falta de inversiones provocó una caída, en la última década, del 60% de las reservas de gas y del 20% del petróleo. Desde 2003 la producción de petróleo cayó 30%, y la de gas 20%. Dado que, además, faltó inversión en hidroelectricidad, aumentó el consumo de combustibles, con lo cual se agravó el déficit de la balanza energética (sería de 6000 millones de dólares en 2013). No sé qué cuento contarán ahora aquellos economistas que afirmaban que, principio del acelerador mediante, bastaba con fomentar el consumo para que hubiera inversión (ver la crítica a esta postura aquí y aquí). Lo cierto es que la acumulación de capital -esto es, la reinversión de plusvalía- se rige, como en cualquier país capitalista, por el olor de las ganancias. El acuerdo con Chevron no hace más que ratificarlo. Con respecto a este último, otro dato significativo para la tesis-verso “YPF recuperada, Patria liberada”: en los medios ha trascendido que el acuerdo se pone bajo jurisdicción de tribunales de EEUU.

Sbattella (o el intríngulis de la acumulación de capital)
José Sbattella es el titular de la Unidad Anti Lavado. Según informaciones periodísticas, no desmentidas hasta el momento, Sbattella mantuvo hace poco al menos dos reuniones con funcionarios de cumplimiento de las normas antilavado de dinero, y técnicos bancarios, para pedirles que no informaran las operaciones sospechosas que se hicieran con vistas al blanqueo de capitales que puso en marcha el Gobierno. Aparentemente, los oficiales antilavado y técnicos, así como los responsables bancarios, se negaron al pedido, dado que les podría caber responsabilidad penal por no denunciar estas operaciones.

Ubiquemos esta sed por dinero sucio por parte del Gobierno: en la última década la economía argentina recibió una gigantesca renta, que puede calcularse entre los 120.000 y 150.000 millones de dólares, por la mejora de los términos de intercambio. Pero desde 2005 se fugaron del país más de 80.000 millones de dólares. En varias notas en este blog he planteado que esto configura una gigantesca transferencia de excedente, que es la clave de la acumulación y el desarrollo capitalista. En la última década no hubo un proceso de acumulación estructuralmente sólido, o una transformación cualitativa de la economía argentina, que es tecnológicamente atrasada y dependiente. Y esto no se arregla convocando al lavado de dinero. Sólo a un irremediable lumpen burgués se le puede ocurrir semejante “solución”.

Más en general, este año el desempleo aumentó al 7,9%; otro 8% de la población económicamente activa está subocupada. En total, 2,7 millones de personas, el 15,9% de la fuerza laboral, están desempleadas o subocupadas. El 35% de los trabajadores está en la informalidad. La mitad de los asalariados gana menos de $3500 por mes. Entre un 20 y un 27% de la población (según los cálculos no INDEC), está en la pobreza. Y gracias a la no actualización del impuesto a las ganancias, ha desaparecido una parte significativa del aguinaldo (entre el 45% y 80%) para el 35% de los asalariados. Las respuestas por parte del gobierno a esta realidad se llaman Milani, Chevron, Sbattella. Tienen un sentido, y son expresiones de un contenido esencial. Por supuesto, también está el relato para construir una gesta heroica (“revolución, liberación”) con el pasado de Milani, con el Proyecto X o con el lavado de dinero. Es que nunca deberíamos olvidar que el lumpen burgués parece no tener límites.

I. Indaguemos qué nos oculta el gran festejo por los 30 años de democracia.

Milani: la “integración” del Ejército a cambio de impunidad
25 julio, 2013

Por Gabriel Solano

El derrumbe de los “derechos humanos” oficiales
A esta altura, es claro que la crisis política producida con la designación de César Milani como jefe del Ejército no puede atribuirse exclusivamente al pasado oscuro de quien fuera, durante décadas, un cuadro del servicio de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Esas acusaciones ya habían sido formuladas desde hace años -entre ellas, su participación en el Operativo Independencia en Tucumán bajo las órdenes de Bussi y su integración al nefasto Batallón 601 de Suárez Mason. Pero, a pesar de ellas, César Milani había logrado obtener la votación favorable del Senado para sus sucesivos ascensos. Es cierto que el último de ellos, en 2010, fue gracias a un ajustado quórum facilitado por Menem, el autor del indulto, que generó un escándalo. Pero esto no le movió un pelo al Cels de Verbitsky, que en aquella oportunidad desacreditó las acusaciones contra Milani.
Era natural que, con estos antecedentes, el oficialismo considerara que el nombramiento de Milani no iba a generar mayores debates. Hasta el domingo pasado, el apoyo de Verbitsky y el Cels se mantenía incólume, como así también el de los organismos de derechos humanos cooptados por el kirchnerismo. Fue necesario que el escándalo tome proporciones para que el Cels pegara un viraje y aconsejara que el pliego del ascenso de Milani sea rechazado. Ya totalmente a la defensiva, Verbitsky buscó encubrir su derrota política y la del propio gobierno argumentando la aparición de nuevas pruebas -cuando, en realidad, la mayoría de ellas eran conocidas desde hace tiempo. Ya contra las cuerdas, el gobierno decidió mandar al freezer el pliego del ascenso de Milani. En cambio, pese a las denuncias en su contra, lo confirmó como jefe del Ejército.

Quiebra del Estado
¿Por qué el mismo Senado que aprobó el ascenso de Milani en 2010 no pudo hacerlo en 2013? La respuesta debe encontrarse en el retroceso del propio kirchnerismo. Cristina Kirchner decidió encumbrar en la máxima jerarquía del Ejército al capo de la inteligencia militar con un propósito definido: armar un servicio de inteligencia paralelo a la ex Side (hoy SI), destinando para ello un fabuloso presupuesto. Motivó esta jugada la creencia de Cristina de que una parte considerable de los espías de la Side trabajan abiertamente para Massa y alimentan, además, las denuncias de corrupción formuladas por la oposición. La propia Carrió, que lleva la delantera en el trabajo de denunciante, afirmó que un sector de la Side se pasó a la oposición como consecuencia de su rechazo al memorando con Irán sobre el atentado de la Amia. O sea que no sólo se bajaron del barco oficial el intendente de Tigre y varios de sus pares del conurbano, más el ex capo de la UIA De Mendiguren y media CGT-Balcarce. También lo hizo un sector fundamental de los servicios de inteligencia. Pero en este caso, el pasaje al post kirchnerismo equivale a una quiebra del aparato del Estado.

Las Fuerzas Armadas
y el régimen político
La propagación de la crisis política al interior de los aparatos de seguridad fue confirmada por el propio César Milani, cuando en su discurso de asunción dijo que su objetivo era que el Ejército sea parte del proyecto “nacional” del kirchnerismo (en un reportaje a Página/12, le agregó el mote de “popular”). De este modo, asistimos a dos movimientos simétricos: por un lado, el pasaje a la oposición de un sector de los aparatos de seguridad y, en respuesta a ello, la pretensión del kirchnerismo de convertir al Ejército en un instrumento del gobierno y no del Estado. Se trata de dos variantes igualmente reaccionarias.

Del lado del oficialismo, la consumación de su objetivo conduce a devolverle al Ejército y a las Fuerzas Armadas el protagonismo político que tuvieron desde el golpe del ’30 en adelante, el cual perdieron como resultado de los crímenes de la dictadura y la derrota de Malvinas en 1982. En los planes oficiales figura, incluso, darle al Ejército un papel central en la “asistencia social”, lo que equivale a establecer una contención social a través de las Fuerzas Armadas cuando crecen la pobreza y la desocupación. También se conocieron planes para llevar al Ejército a ocupar posiciones en las fronteras, tarea que está cargo de la misma Gendarmería que tiene a sus efectivos cumpliendo tareas represivas y de espionaje (Proyecto X) en los centros urbanos.

Cristina Kirchner confirmó plenamente esta caracterización por cadena nacional, cuando -para confirmar a Milani en su puesto -dijo que había que evitar la división de la “sociedad con las Fuerzas Armadas” y afirmó que ese es el objetivo que persiguen “los enemigos de la patria”. En el plan de Cristina está, seguramente, que el Ejército vuelva a desfilar por las calles, como ocurría en la época de Perón. Pero oculta que este protagonismo militar derivó en sucesivos golpes de Estado que instauraron gobiernos pro-imperialistas y antiobreros.

El nacionalismo de contenido burgués, incluidas sus alas de izquierda, vio siempre al Ejército como un eje de su política, mientras simultáneamente buscaba regimentar a la clase obrera por medio del copamiento de los sindicatos por parte de una burocracia afín.

La crisis con Milani también ha sacado a relucir que el gobierno que se precia de ser el defensor de los derechos humanos ha sido el salvoconducto para proteger a los cuadros que actuaron como ejecutores del terrorismo de Estado entre 1976 y 1983. Luego de una década K, los genocidas con sentencia firme no superan los 200. Milani, por lo tanto, no es una excepción sino la regla. La propia actitud del Cels, que ha cambiado de parecer bajo la presión de una denuncia que se extendió a pesar suyo, colocó en cuestión todo el régimen de ascensos militares llevado adelante bajo el kirchnerismo. En efecto: ¿cuántos Milani han sido ascendidos sin que el Cels abriera la boca?

Como suele ocurrir en estos casos, el papel más miserable queda reservado para los progresistas que militan en el campo oficial. Los intelectuales de Carta Abierta dieron su apoyo a Milani horas antes de que el Cels cambiara de posición. Al no ser advertidos, perdieron la oportunidad de callarse la boca. Otro tanto vale para Daniel Filmus, quien, en vez de rechazar el pliego de Milani, decidió renunciar a la Comisión que debía tratarlo, eludiendo su responsabilidad. Con esta actitud, Filmus quedó invalidado como candidato y el gobierno, a la vez, quedó desairado por quien debe representarlo en las elecciones. Como se ve, una crisis completa.

De nuestra parte, exigimos la separación de Milani de su cargo y que sea juzgado por los crímenes que se le imputan. Del mismo modo, planteamos la apertura de los archivos de la dictadura para poder separar de las fuerzas de seguridad a todos aquellos que fueron parte del terrorismo de Estado. Se trata de una tarea que, por su alcance estratégico, supera a los centroizquierdistas de toda laya y reclama un protagonismo político de la izquierda revolucionaria.

sábado, 7 de diciembre de 2013

Reflexionemos sobre cómo Raúl Dellatorre, usando sus privilegios mediáticos, induce consenso amplio al acuerdo de YPF con Chevron que profundiza el neocolonialismo en avance desde los setenta.

Uno de los exegetas que hace a la intervención democrática del Estado
en la ocupación económica territorial de Argentina
por los capitales y estados imperialistas. 
El acuerdo más esperado por el titular de YPF, Miguel Galuccio, está resultando el más resistido, el más cuestionado de su todavía corta gestión. Ayer se alcanzó el acuerdo final entre YPF y Chevron Corporation para el desarrollo conjunto de la producción de hidrocarburos no convencionales en la provincia de Neuquén. El acuerdo implica una inversión de 1240 millones de dólares por parte de la firma norteamericana hasta el año 2017, requerirá la perforación de 1500 pozos y se estima que la zona a desarrollar (ubicada dentro de la prometedora superficie de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén) podrá alcanzar una producción diaria de 50 mil barriles de petróleo y tres millones de metros cúbicos de gas natural asociado. Esto equivaldría a aproximadamente el 25 por ciento del crudo y el 10 por ciento del gas natural que actualmente produce YPF. Es por ello que, de lograrse el objetivo, esta área de 395 km cuadrados (por ahora identificada como Loma La Lata Norte - Loma Campana) se convertiría en el principal activo productivo de YPF.
En varios sentidos, el convenio con Chevron es un desarrollo “piloto” de una nueva política para el sector. Así como en exploración petrolera se elige una pequeña zona para hacer un desarrollo piloto o de muestra para ir midiendo la respuesta del yacimiento, el Gobierno está ensayando un nuevo modelo de alicientes a la inversión privada para atraer capitales y tecnología. El objetivo es poder encontrar una rápida respuesta a las necesidades de inversión que permitan modificar un horizonte en el que no se perciben condiciones para asegurar el autoabastecimiento energético. Si la esperanza es la formación Vaca Muerta y la explotación por métodos no convencionales (shale y tight gas y oil), hay que pensar en operaciones por miles de millones de dólares y una tecnología que YPF no puede garantizar por sí misma.
Es por eso que este primer intento, este acuerdo de desarrollo asociado de un área en Vaca Muerta, hace las veces de una prueba piloto en varios sentidos:
- Por el lugar geográfico que ocupa: la zona afectada (395 Km2) es apenas el 1,3 por ciento de la superficie total de Vaca Muerta (30 mil Km2), de los cuales YPF tiene una participación equivalente al 40 por ciento (12 mil Km2).
- Es el primer emprendimiento exploratorio de gran magnitud que encara esta gestión de YPF, que nació en mayo de 2012 tras la expropiación de las acciones de Repsol.
- Es el primer caso en el que YPF logra atraer, para concretar un acuerdo por escrito, a una firma extranjera dispuesta a invertir en este proceso.
- Será el primer caso en que se beneficiará a una empresa extranjera con el programa de promoción de inversiones publicado este lunes en el Boletín Oficial.
 
Un desarrollo “piloto” significa poner a prueba toda una serie de mecanismos. Es un nuevo modelo de contratación y una técnica distinta a las desarrolladas hasta ahora (extracción de los hidrocarburos de una formación rocosa poco permeable, en vez de encontrarla acumulada en una especie de bolsa o lago subterráneo, como en la explotación convencional), que requiere de tecnologías no utilizadas en Argentina masivamente.
La inversión inicial total (cinco años) es de 1500 millones de dólares, 260 millones ya aportados por YPF y otros 1240 millones (como se mencionó más arriba) a cargo de Chevron. El esfuerzo de inversión de YPF en la zona ya permitió instalar 15 equipos de perforación. “Una vez otorgada la concesión por parte de la provincia de Neuquén, Chevron desembolsará los primeros 300 millones de dólares”, expresa la comunicación que difundió anoche YPF. En esta etapa, se perforarán más de 100 pozos, aseguró la petrolera local. Esta prueba piloto servirá para desarrollar una zona de apenas 20 Km2, en un área denominada General Enrique Mosconi, que es parte del área de 395 Km2 afectada al proyecto.
 
En una segunda etapa, “el desarrollo total del área requerirá la perforación de más de 1500 pozos adicionales para alcanzar, en 2017, una producción de 50 mil barriles de petróleo y tres millones de metros cúbicos de gas natural asociado por día, convirtiéndolo en el principal activo productivo de YPF y, potencialmente, de la Argentina”, señala la misma comunicación.
Las objeciones planteadas contra la asociación con Chevron, muchas originadas en responsables de la política energética de los ’90, no dan cuenta de que la actual situación es la consecuencia de una caída en las reservas probadas de YPF antes de ser adquirida por Repsol, hasta el año 2011, del orden del 70 por ciento. Que la producción de petróleo también se desplazó en una curva declinante del orden del 6 por ciento en promedio anual durante prácticamente quince años, con escasas interrupciones. La privatización petrolera y la desregulación, según muestran las cifras y muchas otras evidencias, hizo estragos: dilapidación del recurso natural no renovable, desmantelamiento de equipos y cuerpos profesionales, prácticas de saqueo que permitían mantener fuertes tasas de ganancias y giros al exterior, mientras se desmontaban los activos locales.
El planteo de un plan de recuperación de la actividad, formulado a partir de mayo de 2012, choca con un obstáculo ineludible: la magnitud de las inversiones necesarias, que se proyectan como mayores en función de la celeridad con la que se requiere dar respuesta. A partir del decreto 929 de promoción de inversiones, la apuesta elegida es a captar el interés del capital privado extranjero.

No está en discusión la pulcritud de antecedentes de Chevron, el socio circunstancial, seguramente tan condenable como cualquier otra empresa de su nivel en este negocio. Lo que importa es el contrapeso y la capacidad del Estado y la petrolera bajo gestión estatal para imponer el interés nacional y social. Sólo así se logra preservar la soberanía nacional energética. Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-224676-2013-07-17.html

martes, 3 de diciembre de 2013

Incorporémonos a la lucha contra la ocupación económico territorial por las transnacionales como Monsanto

Pedido de adhesiones - Documento en rechazo a la instalación de Monsanto en Río Cuarto, Argentina


Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos
en la Coordinadora Provincial para la Soberanía Popular por el Agua y la Tierra

La transnacional Monsanto encabeza el modelo de acumulación por desposesión. A la vez, es responsable de la producción y aplicación sistemática de algunos de los elementos más contaminantes y letales, que actualmente se utilizan como parte de la industria agroalimentaria. ¡Firma YA!
La pretensión de Monsanto de poner en funcionamiento una planta experimental de semillas en Río Cuarto representaba un paso más en la consolidación del modelo de los agronegocios en nuestra región y en el país. Las implicancias que los cultivos transgénicos y la aplicación de agrotóxicos tienen a nivel social, político, económico, ambiental y sanitario se han vuelto cada vez más evidentes: ya no quedan dudas de que la agricultura promovida por las grandes corporaciones sólo trae perjuicios para el pueblo y beneficios para unos pocos. El modelo de agro-negocios forma parte de una nueva dinámica extractiva requiere de subordinaciones y explotaciones, cuando no de la directa destrucción de los tejidos sociales.
Las comunidades afectadas llevamos años sufriendo las consecuencias de este modelo: hay severos indicios de que los casos de cáncer, malformaciones, abortos espontáneos y los daños genéticos están vinculados a la aplicación de millones de litros de agrotóxicos se suman los efectos del extractivismo a nivel socio económico. El despoblamiento del campo, la concentración de la tierra, la destrucción de los bienes comunes ha acentuado las asimetrías entre los que más tienen y los que menos tienen. A la vez, la contaminación, la pérdida de biodiversidad y los crecientes desmontes que acarrean los agronegocios imposibilita el desarrollo y el buen vivir de las generaciones futuras.
La transnacional Monsanto encabeza este modelo de acumulación por desposesión. A la vez, es responsable de la producción y aplicación sistemática de algunos de los elementos más contaminantes y letales, que actualmente se utilizan como parte de la industria agroalimentaria.
A los mismos fines busca apropiarse de la producción de alimentos, monopolizando la actividad agroalimentaria a través del registro de propiedad intelectual sobre las variedades de semillas, usurpando y concentrando el patrimonio vegetal desarrollado por las comunidades campesinas y pueblos originarios del mundo.
Todo esto se buscaba ocultar detrás de la planta que Monsanto intentó imponer a la ciudadanía de Río Cuarto, además de los impactos directos que su actividad hubiera generado en lxs vecinxs de la ciudad y la región.
Desde la llegada de Monsanto a la ciudad presenciamos irregularidades en la construcción de la planta, en el avance de obra y el traspaso de firmas. Durante todo el proceso de instalación la empresa pretendió desestimar la licencia social e ignorar y violar las leyes nacionales, provinciales y locales.
Por todo lo expuesto ratificamos el NO a Monsanto en Río Cuarto y celebramos la decisión inapelable del intendente Juan Jure de rechazar la instalación de la planta experimental, cumpliendo así con la ley y acatando la voluntad popular.
Para adherir a este documento:
Enviar un mail a rio4sinagrotoxicos@gmail.com con asunto “Adhesión” indicando el nombre completo de la organización o institución que adhiere y, en el caso de personalidades, el nombre completo, cargo y/o profesión.



lunes, 2 de diciembre de 2013

Averigüemos que hay detrás de "El despliegue de la energía política" mediante los propios relatos K.

Si queremos situarnos en cuál es la realidad del "modelo" y porqué es de saqueo y devastación, salgamos del diseño de rounds en que nos envuelve:
El despliegue de la energía política
Año 6. Edición número 289. Domingo 1 de Diciembre de 2013
Por Francisco Balázs
Aunque parezcan escenas de un pasado lejano, transcurrido menos de un mes de perder la elección legislativa del pasado 27 de octubre en los principales distritos del país, el kirchnerismo volvió, como una reiteración de su habitual praxis política, y como sucediera en el año 2009, a dominar el centro de la escena política con un notable despliegue de medidas y decisiones políticas. Recuperó iniciativa, reconstruyó su propia agenda y descolocó y desplazó al lugar del olvido a los ganadores de aquel domingo 27. El Gobierno ocupa, cómoda y nuevamente, su protagonismo en la política nacional; la prensa opositora corre, una vez más, tras sus pasos, sus movimientos y sus decisiones; la oposición, furiosa y desconcertada, sigue quedando en off side.
Atribuir este formidable cambio político, o de clima político, como dicta el diccionario en los análisis políticos de café, dando vuelta la taba y pasando de perdedor a redoblar la apuesta, es mérito propio del Gobierno. Claro que no hay que negar el inefable aporte de los referentes de las agrupaciones opositoras triunfantes en octubre, dejando en evidencia que las construcciones de marketing mediático y la estrategia de jugar todas las fichas apostando a que con seducir al establishment y a hacer la plancha llegaría el inexorable agotamiento político del kirchnerismo, los vuelve a golpear, duramente, vale reiterarlo, como en el año 2009.
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Indaguemos qué dicen notas de Miradas al Sur (1-12-2013) sobre el preacuerdo de YPF con Repsol.

♣Eduardo Anguita, en "Qué hará el poder económico", nos aclara significados de que la Presidenta reclame inteligencia a los trabajadores para hacer viable el crecimiento económico y de quiénes es este último:
El capital financiero avanzó sin miramientos sobre el poder político en varios países centrales.(...)
En realidad, la crisis es por eso y por muchas otras cosas en un mundo donde las potencias y las multinacionales van de la mano para ocupar áreas y actividades clave. Una de ellas es la energía. Seis potencias (Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, China, Rusia y Francia) ponen la lupa sobre Irán y distienden la relación con este país; por un lado, para controlar el destino de su energía atómica, pero también para retomar la compra de crudo para las refinerías europeas. Rusia volvió a ocupar un lugar clave en la diplomacia mundial porque tiene mucho petróleo y muchísimo gas. Estados Unidos retomó la delantera de extracción petrolera sobre todo con las técnicas de fracking en los yacimientos del llamado petróleo no convencional.

La Argentina frente a sí misma. Los cambios de gabinete y las decisiones de estas dos semanas sorprendieron a muchos. La negociación de YPF con Repsol contó con la participación de Pemex, accionista minoritaria de la petrolera española y octava empresa petrolera en el ranking mundial y primera en América latina. Las llamadas telefónicas de la presidenta Cristina Kirchner a los mandatarios de España y México, Mariano Rajoy y Enrique Peña Nieto, ponen en la superficie no sólo el respaldo que tiene esta operación de indemnización por las acciones que se quedó el Estado argentino en abril de 2012. Además, se cerró un capítulo más de los requerimientos de los organismos internacionales de crédito para que la Argentina sea calificada como confiable para el gran capital.(...)

La apuesta energética tiene un valor en sí mismo, apunta a achicar el déficit externo y a fortalecer YPF como una sociedad anónima con mayoría estatal.
El segundo aspecto de esta operación está vinculado a los movimientos del Departamento de Estado norteamericano, al rol de México y de España. Este último país ganó un espacio notable en la región en los noventas. La crisis española llevó a que las mejores perlas de aquel collar estén hoy día en Brasil, México, Colombia o Argentina. Sucede con Telefónica, el BBVA, el Santander y otras empresas. Hoy, Peña Nieto cuenta con el aval de John Kerry y de Barack Obama. México, que el año próximo cumplirá 20 años de haber sido incluido al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá (Nafta, por sus siglas en inglés) será una puntada más en el impulso a los TLC que Estados Unidos está impulsando tanto dentro del América latina como de esta región con la Comunidad Europea. La pérdida de impulso europeo tiene ahora el movimiento inverso: capitales de la región asociados con empresas norteamericanas tendrán más participación en las multinacionales, en principio, españolas. Tal es el caso de Pemex en Repsol.

Desafío. La Argentina busca capital, a través de inversiones, de asociaciones con empresas, de créditos. Necesita divisas. El Gobierno no tiene la vaca atada. No es que primero le hicieron ofertas y le dijeron cuáles son los requisitos. Pero sí sabe la hoja de ruta de dónde conseguir socios y eventuales capitales. Y juega una carta. Los anuncios de Jorge Capitanich y Axel Kicillof van en la dirección de incrementar la inversión pública, dar estímulos a la construcción, a la energía y a la industria. Cuentan con el visto bueno de los empresarios más grandes.. En la buena aceptación del sector más concentrado del poder económico local jugó la distensión que significa modificar algunas de las políticas cuyo mentor siempre resultaba Guillermo Moreno. Los empresarios podrán mostrarse, en público, conformes. Pero, en privado, lo que persiguen es tener más garantías, más negocios respaldados por el Estado y, por sobre todo, más ganancia.
(...) Leer


♣Julián Blejmar, en "De país con petróleo a la soberanía energética", refuerza nuestra naturalización de la lógica capitalista de apreciar los negocios sin importar a quiénes benefician ni a qué costos socioculturales y socioambientales se realizan. En efecto, escribe: (...)el tipo y monto de la compensación sería en bonos por un valor de mercado actual de 5.000 millones de dólares –y ninguno lo hizo por un monto extra a 6.000 millones a valor presente–, lo cual implica la mitad de los 10.500 millones de dólares que reclamó Repsol en su demanda principal ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, así como de los 9.300 millones en los que tasó a YPF la compañía española.(...)
De confirmarse el entendimiento, se podría afirmar que el acuerdo ha significado un nuevo avance en el ambicioso proyecto gubernamental de lograr la soberanía hidrocarburífera, luego del trascendente paso que significó la recuperación del control nacional de YPF a comienzos del año pasado, así como sus consecuentes avances en materia de inversión, producción y rentabilidad. Pero también, del objetivo gubernamental de continuar cerrando frentes de conflictos con empresas extranjeras –a comienzos de octubre había acordado una indemnización de 500 millones de dólares con cinco empresas que habían demandado a la Argentina–, para ampliar los flujos de inversiones que permitan frenar o disminuir el constante drenaje de divisas que viene sufriendo el país desde hace tres años a esta parte. Asimismo, se podría sumar el beneficio adicional de que luego del acuerdo, la Unión Europea (UE) deje sin efecto las trabas a las importaciones de biodiesel desde Argentina, que provocaron que las mismas desciendan de 1.750 millones de dólares en 2011 a sólo 500 millones en todo este año.(...)
De concretarse el acuerdo, YPF tendrá liberado el camino para tomar créditos y asociarse con petroleras extranjeras (hasta el momento, sólo lo había podido hacer con Chevron), fundamentalmente para explotar los hidrocarburos no convencionales de los yacimientos de Vaca Muerta, cuyas reservas se encuentran entre las mayores del mundo.

Las negociaciones demoraron nueve meses, y la llave que destrabó el conflicto provino de México. El actual presidente de YPF, Miguel Galuccio, tiene un importante vínculo con el director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, desde los tiempos en que como director de la filial mexicana de la empresa norteamericana de servicios petroleros Schlumberger proveía a Lozoya. Tanto Galuccio como Lozoya están interesados en realizar operaciones entre YPF y Pemex, las cuales se podrían concretar luego del acuerdo, mediante el aporte de la experiencia de YPF en extracción de hidrocarburos convencionales y el ingreso de Pemex en Vaca Muerta. El escollo para estos negocios radicaba en que Pemex es también, con el 9,4% de las tenencias, uno de los tres principales accionistas de Repsol, por lo que la petrolera estatal mexicana tenía un gran interés en que se resuelva el litigio entre Repsol e YPF. Sin embargo, no sólo esta cuestión explica los buenos oficios del gobierno mexicano. Otro de los principales accionistas de Repsol, la entidad financiera La Caixa, que posee el 13% del paquete accionario de la petrolera española, tiene como uno de sus accionistas al mexicano Carlos Slim, que desde el año pasado también es accionista de YPF con alrededor de un 10% de las tenencias. Slim era otro de los interesados en llegar a un acuerdo, y se rumorea que está evaluando una asociación con Pemex para avanzar en las tenencias accionarias de Repsol.
 
Las gestiones del gobierno mexicano frente al español fueron la derivación lógica de este cuadro. Y el gobierno español de Mariano Rajoy, pese a ser un firme defensor de las corporaciones, llegó a la conclusión de que apoyar al presidente de una empresa cuya estrategia de confrontación con YPF era cuestionada por sus principales accionistas (Pemex y en menor medida La Caixa), así como sumar al enfrentamiento con la Argentina el de México, era el peor negocio. Pero además, se sostiene que también fue determinante el rol jugado por Estados Unidos en la presión hacia Rajoy. El secretario de Energía de ese país, Ernest Moniz, realizó una visita a Madrid la semana pasada, para entre otras cuestiones presionar a favor de la petrolera norteamericana Chevron, que luego de asociarse con YPF en julio último, se encuentra bajo la amenaza de Repsol de paralizar el desarrollo de sus inversiones ya efectuadas a causa del litigio que mantenía con YPF
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Tratemos de desentramparnos de los encubrimientos en que incurre Julián Blejmar, reflexionemos sobre:

Chevron, Repsol, CIADI:
Inversiones extranjeras, acuerdos económicos y condicionantes sistémicos en Argentina
Por: Javier Echaide
Introducción al acuerdo Argentina-Chevron
El accionar del capital transnacional en nuestro país no es nuevo, como tampoco son los condicionamientos que el capital impone a la clase trabajadora así como a la sociedad en general en cuanto a afectar sus derechos, sean estos laborales, humanos, sociales o ambientales. Un acuerdo entre un gobierno y una empresa multinacional permite no sólo hacer lecturas económicas sino también políticas, y en tanto tales, de clase. Lo que hace un año se presentaba como la recuperación de YPF bajo la soberanía nacional, hoy justifica -bajo los argumentos del gobierno nacional- de un acuerdo de negocios entre un simple inversionista cuya comparación con la “omnipotente Repsol” resulta aparentemente todo “un despropósito”.

El 11 de julio de 2013 el gobierno nacional firmó el Decreto 929/2013 (publicado en el Boletín oficial dos días más tarde) por el cual se instrumenta un “Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos” en el marco de la Ley 26741 de Soberanía Hidrocarburífera, la misma que expropió el 51% de las acciones de Repsol en YPF.(...)

El Decreto 929/2013 firmado por el Poder Ejecutivo como plan de incentivo para inversiones por más de U$S 1.000 millones (suma que permite a Chevron participar y a la vez dejar afuera del plan a posibles competidoras como Repsol), permite la posibilidad de exportar petróleo y gas luego de 5 años de iniciada la inversión, y no liquidar en el país el 20% de la producción -siempre y cuando haya abastecimiento, y en cuyo caso contrario se compensaría a la empresa con referencia al precio internacional, que nadie imagina con tendencia a la baja-. (44) Luego del primer año, las inversiones para la explotación de Vaca Muerta se realizarán por partes iguales en un plan para cubrir U$S 16.000 millones en 5 años, y de ese modo permitir la exportación de hidrocarburos en las condiciones y beneficios del Decreto 929/2013. Ello significa que tanto Chevron como YPF deberán invertir cada una U$S 1.812 millones por año, luego del primer año. Para YPF dicho plan supone multiplicar por siete la inversión inicial. Si hoy sólo está en condiciones de aportar U$S 260 millones, ¿¿de dónde se espera que YPF pueda obtener U$S 1.812 millones para 2014?? A menos que la capacidad de reinvertir utilidades crezca mágicamente en manos del CEO Miguel Galuccio, la lógica del endeudamiento externo nuevamente parece instalarse en YPF…

Además de ello, el Decreto 929/2013 permite la libre disponibilidad de divisas para las petroleras que inviertan en este nuevo régimen de promoción. Ello impediría restringir los flujos de capitales hacia el exterior pertenecientes a las petroleras beneficiadas por el nuevo régimen en un momento realmente delicado para nuestro país en lo que a fuga de capitales respecta. Pero, si las inversoras han de ser empresas extranjeras -como no cabe otra posibilidad-, la libre disponibilidad de divisas ya se encontraba asegurada en la plétora de tratados de protección de inversiones (TBI) ratificados por la Argentina con decenas de países, la mayoría de ellos países desarrollados, por lo que el Poder Ejecutivo Nacional podría haberse ahorrado en aclaraciones.

Precisamente en el presente trabajo haremos un análisis sobre las cuestiones legales atadas al acuerdo Argentina-Chevron, argumentos por los cuales se desconoció el embargo reclamado por la República del Ecuador sobre los bienes de Chevron en Argentina, y los condicionantes sistémicos que sirven de cobertura para las empresas transnacionales a fin de poder celebrar acuerdos como este, para finalizar con algunos planteos alternativos para salir de este laberinto.(...)

Conclusión: Reflexiones sobre la experiencia reciente
(...)De este modo, Argentina no sólo ratificaba ser el país más demandado en el mundo ante el CIADI, sino que además contaba ahora con una de las demandas más cuantiosas: la demanda de Repsol es de nada menos que de U$S 10.500 millones, equivalente al 36,8% del presupuesto nacional en educación o al 23,3% del presupuesto en salud. Esta demanda se suma al monto total de U$S 65.000 millones que a Argentina tiene comprometido en el CIADI: el 13,7% de PIB nacional en demandas que son nada menos que una transferencia de recursos públicos a manos privadas transnacionales.
Así es como debe observarse este régimen de protección de inversiones a nivel global: como un mecanismo de transferencias de recursos públicos a manos del capital transnacional que debe ser desarmado ya que protege los intereses del capital transnacional como marco general para garantizar sus inversiones bajo argumentos como la “seguridad jurídica” o el mantenimiento del “orden público” como si solamente las multinacionales fueran merecedoras de ello. La sociedad en general, y en especial la clase trabajadora como productora de las riquezas socialmente generadas, también merece que se respete el orden público existente a su favor de modo de poder hablar de una seguridad jurídica aplicable para todos y todas.
Como marco general, resulta por ende imprescindible desmantelar el régimen de protección de inversiones dado por el CIADI y los TBI, que en el caso argentino es viable mediante su nulidad y no sólo la denuncia del mismo,(9) para retomar la soberanía jurisdiccional en materia de regular las inversiones extranjeras en nuestro país. Existen alternativas regionales que se vienen pensando en el ámbito de la UNASUR para intentar crear mecanismos regionales que eviten las demandas inversor-Estado, aplicables a todos los países de la región, que benefician al capital transnacional sobre el derecho de los pueblos. En lo particular del acuerdo analizado, pueden explorarse otras vías de cooperación más equitativas, como el afianzamiento de Petro Sur o bien explorar otras fuentes de explotación que no impliquen los probados riesgos ambientales del fracking (10) como primera medida para iniciar un camino de autonomización del capital transnacional. Pero en el mediano/largo plazo implica también discutir cuáles son las alternativas al modelo de producción y de consumo existentes en el capitalismo de estos tiempos y que no hace más que llevarnos a la depredación ambiental, profundizar la dependencia y poner en juego la existencia misma de la civilización. (...) Leer

Hace un poco más de un año se esclarece sobre la declinación de soberanía en favor del poder económico imperialista que rige al Estado a consecuencia del neoliberalismo.

Argentina: Recuperación (parcial) de YPF
20 de abril de 2012

Por: Alejandro Teitelbaum (especial para ARGENPRESS.info)
 (...)4) En el decenio de 1990 (Gobierno de Menem) Argentina firmó casi 60 Tratados bilaterales de Promoción y Protección de las Inversiones (TPPI) y su Parlamento ratificó casi todos (54). Los TPPI cumplen escrupulosamente con las exigencias del poder económico transnacional.
Veamos cuáles son los principales contenidos de los TPPI en vigor.
  • 1. Las inversiones extranjeras gozan siempre del trato más favorable, aunque éste no esté previsto en el mismo tratado, pero sí en otros tratados o normas. El incumplimiento del trato más favorable genera la responsabilidad del Estado receptor, exigible por los procedimientos (en general un tribunal arbitral) que el mismo tratado prevé.
  • 2. Trato nacional: toda ventaja concedida a los inversores nacionales debe ser extendida a los inversores extranjeros. Los inversores nacionales no pueden recibir ayuda alguna del Estado, pues ello implicaría violar la igualdad de trato entre inversores nacionales y extranjeros.
  • 3. Cláusula de “nación más favorecida”: los inversores extranjeros con domicilio en los Estados Parte en el Tratado deben gozar, por lo menos, de las mismas ventajas concedidas a los inversores extranjeros domiciliados en cualquier otro Estado.
  • 4. Los “requisitos de desempeño” no figuran en los TPPI y en algunos casos están expresamente prohibidos, como en el tratado argentino-estadounidense. Los “requisitos de desempeño” consisten en exigir al inversor, para autorizar la inversión, determinadas conductas destinadas a proteger la economía nacional: utilizar, en lo posible, materia prima nacional, exportar parte de la producción para incrementar el ingreso de divisas, etc.
  •  5. Algunos TPPI incluyen cláusulas previendo la indemnización en caso de expropiación u “otras medidas de efecto equivalente”. Esta última frase, ambigua, permite exigir la indemnización en caso de medidas adoptadas por el Estado receptor que “privan al inversor de los beneficios que podría razonablemente esperar”, como dijo el tribunal arbitral en el caso “Metalclad c/México”, en el marco del TLCAN-NAFTA.
  • 6. Los TPPI prevén la compensación por pérdidas que se produzcan por una variedad de causas, entre ellas la pérdida de ganancias futuras o esperadas, como se viene de señalar en 5.
  • 7. Los TPPI prevén las transferencias al exterior del capital, los beneficios, las remuneraciones, las regalías, los honorarios por consultorías, etc., de manera irrestricta, en divisas libremente convertibles.
  •  8. Los Tratados prevén la ultraactividad de sus cláusulas a favor del inversor durante 10 años después de la denuncia. (…)
(...)5) Argentina adhirió al CIADI en 1994.El Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones (CIADI, ICSID en inglés), miembro del Grupo del Banco Mundial y cuyo presidente es, ex oficio, el Presidente del mismo Banco Mundial, tal como establece el Reglamento del CIADI. El CIADI, con la falta de objetividad y de imparcialidad que es inherente al Banco Mundial, ayuda a constituir tribunales arbitrales internacionales que dirimen las controversias entre las sociedades transnacionales y los Estados (148 de éstos forman parte actualmente del CIADI), que aceptan someterse a ese procedimiento. Los Estados, al aceptar esta jurisdicción para dirimir conflictos con empresas privadas, renuncian, a una prerrogativa fundamental de la soberanía como es la competencia territorial de sus tribunales nacionales.
Además los Estados, ante los tribunales arbitrales, están, por regla general, en inferioridad de condiciones frente a las empresas, pues no pueden demandarlas y siempre les toca el papel de demandados.(...)
El TPPI Argentina-España, suscripto en Buenos Aires el 3 de octubre de 1991 y aprobado por Ley 24118, promulgada el 3 de septiembre de 1992, en cuyo marco se dirimirá el eventual conflicto con REPSOL, felizmente no es el peor tratado bilateral ratificado por Argentina.(...)
De modo que REPSOL puede invocar cualquier otro TPPI firmado por Argentina que autorice al inversor a recurrir directamente al tribunal arbitral del CIADI, sin pasar por la búsqueda de una solución amigable ni por los tribunales argentinos.(...) Leer

Otra cuestión soslayada consiste en:

El costo de la extranjerización de la economía
13-11-2011
Un factor muy importante de demanda de divisas es el giro de ganancias que realizan multinacionales a sus países de origen, que están en crisis. Bancos, telefónicas y petroleras, sectores extranjerizados y privatizados en los noventa, explican gran parte de las remesas.
Por Javier Lewkowicz
Las empresas multinacionales del sector bancario junto a las telefónicas y petroleras giraron al exterior en concepto de utilidades y dividendos más de 900 millones de dólares en el primer semestre del año, casi la mitad de la remisión total en el período. Frente a esta situación, en un contexto de presión sobre el mercado cambiario, el Gobierno busca que compañías extranjeras dilaten el giro de utilidades. En el caso de las terminales automotrices, se llegó a un acuerdo para no enviar ganancias en todo 2012. En YPF, el Gobierno intentó frenar la distribución de dividendos, que en su mayoría tiene como destino el exterior. A la vez, reuniones con industriales siderúrgicos, farmacéuticos, de la alimentación, y empresarios del sector de servicios, como supermercados y telefónicas, por ejemplo, encabezó el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. La magnitud de los giros al exterior y la intención oficial de que los sectores más concentrados contribuyan a relajar el mercado cambiario dan cuenta del problema estructural de la extranjerización de la economía.
La presión coyuntural sobre el tipo de cambio, producto de la compra de dólares por parte de inversores mayoristas y minoristas y el giro de utilidades y dividendos que incrementaron las empresas multinacionales por la crisis en sus países de origen ha provocado que el Gobierno implementara una variada serie de medidas. Desde el lado de la oferta, obligó a las empresas de hidrocarburos y minerales a liquidar en el mercado local todas las divisas generadas de la exportación, lo que permitiría que ingresen por lo menos unos 3000 millones de dólares adicionales por año.
También en el afán por incrementar los dólares en la plaza, aumentó la presión a las exportadores de granos para que liquiden más divisas que tienen pendientes por sus operaciones. “Moreno se reunió con más de 70 exportadores, les pidió que liquiden las exportaciones pendientes y que repartan dividendos en pesos”, confirmó a este diario un alto dirigente de la UIA de buena llegada con ese funcionario. Por el lado de la demanda de dólares, el Gobierno reforzó los controles en la city sobre “coleros” e implementó el nuevo sistema de compra de divisas.
Un factor muy importante de demanda de divisas es el giro de utilidades que realizan las multinacionales. Según el último dato del balance cambiario del Banco Central, en el primer semestre la remisión ascendió a casi 2000 millones de dólares, el 35 por ciento del saldo comercial en el período, y en todo 2010 superó los 4200 millones. En el balance de pagos, donde se utiliza el criterio “devengado” (se contabiliza la aprobación por parte de las firmas de la remisión de utilidades y dividendos, instancia previa a la operación de compra efectiva de los dólares), el monto de 2010 es de casi 7200 millones de dólares y en los primeros meses del año, de casi 3500 millones. Si la política de presión a las firmas para que posterguen la remisión tuviera un éxito visible, la diferencia debería verificarse en el balance cambiario. Muchas empresas aumentaron este año el flujo de divisas remitido, para mejorar los balances de las casas matrices en Estados Unidos y Europa, epicentro de la crisis internacional.
Los bancos giraron en los primeros seis meses del año 403 millones de dólares, el 20 por ciento del total, mientras que el año pasado su participación fue del 9 por ciento. Ese sensible incremento se explica por la fragilidad de las casas matrices europeas, golpeadas por la crisis. Alfredo García, jefe de la Asesoría Económica del Banco Credicoop, explicó a este diario que “en los últimos años las ganancias de las empresas extranjeras se incrementó mucho, tanto por el crecimiento de la economía local como por la suba de sus márgenes de rentabilidad. Desde 2007 tienen la presión de enviar la mayor cantidad de utilidades posibles al exterior. Se trata de un canal por el cual se filtra la crisis europea en la economía doméstica”. “Es un reflejo del problema estructural del alto nivel de extranjerización de la banca a partir de los años ’90, situación que no se ha arreglado en estos años. Durante la convertibilidad se decía que el ingreso de los bancos extranjeros generaría mayor eficiencia, que esas empresas tenían espaldas anchas por poseer recursos en dólares. Con la crisis de 2001 se demostró que la banca extranjera reaccionó igual que la nacional, que no trajo capitales del exterior para respaldar los depósitos en dólares”, agregó García. Los bancos extranjeros más importantes son el Santander, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), HSBC y Citibank.
La industria química, de caucho y plástico giró un 11 por ciento del total (221 millones), al igual que las empresas del sector de las comunicaciones, es decir, las telefónicas, que fueron parte esencial del proceso de privatización en los ‘90. El sector de petróleo disminuyó su participación en las utilidades giradas respecto de 2010, aunque representó en el primer semestre un 15 por ciento del total remitido. En 2008, esa proporción fue de 26 por ciento, y llegó al 34 por ciento en 2009. También en este caso, la privatización de YPF es una explicación central de ese comportamiento. En tanto, la industria alimentaria representó el 9 por ciento. “Buena parte de la remisión de utilidades es renta de los recursos naturales, como agro, petróleo y minería. Existe el riesgo de que la rentabilidad extraordinaria en determinados sectores cuya estructura está altamente extranjerizada se transforme en un problema de restricción externa por el giro de esas ganancias al exterior. En este contexto, la discusión por aumentar el gravamen a la renta se mezcla con la de la remisión”, indicó a Página/12 Andrés Tavosnanska, economista de AEDA.

La tensión en el mercado cambiario local, fenómeno que responde a múltiples causas, provocó que el Gobierno solicitara a las empresas transnacionales que posterguen la remisión de utilidades y dividendos. “Moreno le pasó el peine a todo el sector”, dijo a este diario un empresario de una cadena de comercialización. El pedido fue que suspendan la remisión por 60 días o a veces menos, según las necesidades y urgencias de los privados. Giorgi se reunió con las automotrices, que se comprometieron a no girar utilidades en 2011/2012, y también con empresas fabricantes de neumáticos y siderúrgicas, según fuentes del sector privado. Un miembro de la mesa empresaria del G-6 consideró que “postergar los giros es razonable. Pero una cosa es sugerir y otra es prohibir. Si hubiera alguna medida específica y formal no tranquilizaría a la plaza”.
Más allá de la inquietud del empresario consultado, las posibilidades concretas de avanzar sobre la legislación son, en el mejor de los casos, muy acotadas. “Los tratados bilaterales de inversión (TBI) y la vigente ley de inversiones extranjera dan total libertad en forma explícita a las multinacionales para remitir utilidades cuando quieran, como quieran, cuanto quieran. El Gobierno está atado de manos, por eso no puede apelar a la ley sino actuar con una lógica de intercambio de favores. Incluso las multinacionales podrían acudir al Ciadi”, señaló a Página/12 Andrés Asiaín, investigador del Cemop. Argentina firmó más de 50 TBI, cantidad muy alta comparada con otros países. “Restringen la soberanía del Estado. Es un tema que hay que analizar, son concesiones extremas”, analizó García.
La legislación del tercer peronismo en la primera parte de la década del ’70 establecía, en cambio, un plazo mínimo para la remisión desde que la empresa se radicó y que el giro esté en función del desempeño. Incluso incorporaba una cláusula que explicitaba que, en caso de problemas en el sector externo, el Gobierno podía actuar discrecionalmente sobre la remisión. De todas formas, existe en la actualidad una arquitectura legal internacional en beneficio de las multinacionales. El propio FMI impide a sus miembros poner restricciones sobre las transacciones de la cuenta corriente, salvo en casos de crisis. Además, las multinacionales utilizan un variado menú de herramientas para transferir ganancias de forma opaca, como la toma de deuda ficticia con la casa matriz o los precios de transferencia. También se han detectado casos de sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones, que reducen la ganancia local y con ello el pago de impuestos, y de triangulación con paraísos fiscales.Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-181135-2011-11-13.html
En fin, se menosprecia la función central del sistema de endeudamiento-desendeudamiento en el desmantelamiento del Estado social y en la recolonización del país.

Héctor GIULIANO advierte:

(...)El cuadro de situación del Banco Central se ha venido agravando considerablemente desde entonces en materia financiera y patrimonial.
Este problema viene siendo advertido por diversos analistas y hoy el tema está en la palestra porque la institución ya no tendría mucho margen de maniobra para poder solucionar per se la encrucijada en que está metida.
Este nuevo artículo vuelve sobre la cuestión del BCRA analizando con cifras actualizadas tres aspectos clave de su verdadera situación como Banco: la posición de Reservas, los Títulos Públicos en cartera y la Deuda cuasi-fiscal por Lebac/Nobac.

RESERVAS INTERNACIONALES.
Con fecha de corte 31.8.2013 el stock de Reservas Internacionales (RI) del BCRA era de unos 36.700 MDi (equivalentes a 208.000 M$ al Tipo de Cambio – TC – de referencia 5.671 $/US$).
Al momento de escribir esta nota estas reservas han bajado un poco más todavía: a 34.800 MD (al 1.10).
El BCRA ha tenido una caída de reservas de 6.600 MD en lo que va del año 2013: el saldo era de 43.300 MD a fin de 2012 contra 36.700 MD hoy.
Al ritmo actual de pérdida de reservas se estima que el stock a fin de año sería del orden de 33.000 MD.
La Base Monetaria (BM) al 31.8 pasado era de 321.200 M$, equivalente a 56.600 MD, lo que implica que la cobertura teórica de esa BM con Reservas es de 0.65 dólares por peso (36.700/56.600).
El stock real de reservas tiene una fuerte tendencia declinante, el respaldo de las mismas a la BM no existe – ni de hecho ni de derecho – y el valor contable en pesos incrementa artificialmente el estado patrimonial del BCRA y las utilidades en moneda local, que se giran al Tesoro.
Desde el punto de vista de la solvencia del BCRA su posición neta de reservas agrava este panorama.
El stock actual de Reservas Brutas del BCRA es de 36.700 MD pero si a este total se le restan los 8.300 MD de Cuentas Corrientes en Moneda Extranjera y los 4.600 MD de Otros Pasivos (correspondientes en su casi totalidad a préstamos externos de otros bancos centrales y operaciones especiales) – casi 13.000 MD (12.900) – la posición de Reservas Netas queda reducida a 23.800 MD.
El Presupuesto 2014 contempla seguir usando reservas internacionales del BCRA para pagar Deuda Externa por unos 10.000 MD (9.855) con lo que, en principio, las RI bajarían a 13.800 MD durante el próximo ejercicio.
El BCRA tiene que compensar esa salida de divisas, además de reponer los niveles mínimos de seguridad de las RI, pero carece de las fuentes de fondos necesarias para ello porque no tiene recursos propios como banco y tampoco puede disponerlos del Tesoro ya que el Gobierno Nacional no tiene superávit fiscal sino, por el contrario, un fuerte déficit financiero, déficit que compensa precisamente con los préstamos de cobertura del BCRA y de otras Agencias del Estado.
Por ende, el BCRA – sin fondos propios – está forzado a imprimir dinero para poder comprar las divisas del balance comercial y con ello reponer las reservas prestadas al Tesoro para pagar Deuda Externa.
Pero el dinero emitido, en su mayor parte, vuelve al BCRA rescatado a través de Lebac/Nobac, que son instrumentos de Política Monetaria por los que el Banco paga altos intereses en pesos.
De modo que, en la medida que emita sin respaldo para comprar dólares, el circuito perverso de re-endeudamiento del BCRA se potencia porque las reservas se compran con deuda; y esta deuda produce mayores costos financieros, por alza de tasas. Con el agravante que las tasas de interés de Lebac/Nobac que constituyen el costo de esta deuda son las que fijan en la práctica el piso de las tasas de interés del mercado. (...)

EN CONCLUSIÓN:
De lo visto a lo largo de este trabajo y considerando la grave situación financiera del BCRA y sus implicancias en materia monetaria, cambiaria y bancaria, pueden bajarse algunas conclusiones básicas:
Los problemas de caída de Reservas Brutas y bajísima disponibilidad de Reservas Netas, de baja calidad de los Activos por Títulos Públicos en cartera y fortísima emisión de dinero para compra de Reservas y para dar AT al Gobierno Nacional combinado esto con el aumento de la Deuda cuasi-fiscal por Lebac/Nobac y préstamos externos agrupados en Otros Pasivos, exponen muy seriamente al BCRA y generan utilidades contables no genuinas en el giro de su operatoria.
El rol del BCRA como prestamista institucional del Tesoro y su empapelamiento con títulos públicos sin capacidad demostrada de repago, en el marco de una altísima Deuda intra-Estado, ha derivado en una descapitalización del Banco que está en línea con la nueva Política de Endeudamiento Público del Gobierno Nacional.
La grave posición financiera y patrimonial del BCRA derivada de esta situación pone hoy en juego no sólo la coyuntura sino la razón de ser de su existencia como Banco.
El arrastre de esta malformación estructural producida en el funcionamiento del BCRA – un problema derivado del uso en gran escala de la Deuda intra-Estado – y sus graves consecuencias para las finanzas públicas configura no sólo una descapitalización del Banco sino que, además, se ha convertido en el Talón de Aquiles del llamado Modelo K.