El gobierno debate la
represión a la protesta social.
La devaluación de enero, los índices de inflación,
elaumento de los precios,
el ajuste salarial, laindemnización a Repsol, el acuerdo
Chevron-YPF, laquita
de subsidiosa los servicios públicos, el pago
al Club de París, ladesignación
de Milani marcan
la agenda oficial y también la protesta
de los trabajadores como
quedó claramente manifestado en el masivo paro nacional del jueves pasado. De acuerdo al “relato”
oficial la
protesta que estaba justificada en 2001/2 perdió legitimidad porque han bajado la pobreza y la
desocupación, entonces, es necesario limitarla. Por Mario Hernández.
Recordemos que frente al reciente
paro de los maestros en
la provincia de Buenos Aires, el Estado intentó limitar
libertades democráticas básicas
como el derecho de huelga.
El vicegobernador bonaerense, Gabriel
Mariotto, propuso legislar que la educación sea considerada un
servicio público. El gobernador cordobés, José Manuel de la Sota, anunció una
propuesta similar. El juez bonaerense Terrierordenó el
cese inmediato de la huelga desconociendo la Constitución Nacional
y las convenciones internacionales.
Todos pretendían que los maestros brindaran
educación por un salario prácticamente igualado al mínimo, vital y móvil,
desconociendo que en la “década ganada” las desigualdades de ingreso no se
redujeron en la proporción en que el país se enriqueció y el dinero sigue
siendo apropiado en forma concentrada. Otra prueba de ello es que más
de un tercio de la población activa trabaja en condiciones de ilegalidad (salarios más bajos, mayor
arbitrariedad patronal, cobertura social inexistente, sin licencia por maternidad,
jubilación ni vacaciones) y esta proporción permanece estable en los últimos 10
años.
La protesta como acción comunicativa, como
ejercicio de la libertad de expresión, como derecho civil no puede pedir
permisos, sobre todo cuando están comprometidos sectores
marginales y excluidos, quienes lo hacen fundamentalmente,
porque padecen graves violaciones de derechos sociales(salud,
vivienda, educación, etc.).
Limitar la protesta social a un “corralito” solicitando formularios queconsignen días y lugares como pretenden el gobierno nacional y
la oposición política y patronal, castra su potencial de comunicar rápidamente
necesidades y reclamos de los sectores sociales más débiles ante la omisión
estatal o la pasividad del sistema político y favorece a quienes poseen recursos para comprar
libertad de expresión en las corporaciones mediáticas.
El derecho a la protesta es uno de los pilares fundamentales
del constitucionalismo y de la defensa de la democracia.
El 1º de abril José
“ Pepino” Fernández, principal referente de la UTD de General Mosconi, Salta, recobró
su libertad, tras ser detenido por una supuesta participación en la toma de un
supermercado. La detención de Fernández se realizó por portación
de apellido mediante
un informe de la
Gendarmería Nacional que lo identificó erróneamente con un
homónimo. Aquel día, 26 de febrero, “Pepino” estaba declarando por otra causa
judicial en Tartagal pero, pese a esta prueba, el Juez Federal Raúl Reynoso lo
detuvo por "averiguación de antecedentes".
Esta es una muestra más de la persecución
política y judicial que
pesa sobre "Pepino" Fernández y los demás compañeros de la UTD de
Gral. Mosconi por parte del gobierno de Salta de Juan
Manuel Urtubey y
los jueces falderos de turno que
criminalizan la protesta social y pretenden desgastar a uno de los movimientos
sociales que son ejemplo de lucha y dignidad en nuestro país.
No es casual que esta persecución contra la
UTD de Gral Mosconi ocurra mientras también se encuentran presos los referentes
de Quebracho, "Boli" Lescano y Fernando Esteche, acusados de
autoría ideológica y responsabilidad política por un escrache en el 2007 contra
un local partidario del entonces gobernador de Neuquén y candidato presidencial, Jorge
Sobisch, quien había dado la orden de reprimir una protesta docente
que tuvo como saldo la muerte del maestro Carlos Fuentealba.
Otro caso lo constituye la aberrante condena
a los trabajadores petroleros de Las Heras inventando una sentencia que no se
ajusta a los hechos acaecidos en esa localidad de Santa Cruz en 2006 como fue
probado en el juicio por la defensa de los trabajadores y denunciado por el
cura párroco del lugar.
En la CABA la Cámara Penal ,
Contravencional y de Faltas revocó el sobreseimiento al referente
de la Villa 20 de
Lugano, Diosnel Pérez y al Tano Nardulli, de la Corriente Clasista y Combativa, acusados de ser los
responsables de la toma del Parque Indoamericano, en diciembre
de 2010 y ambos serán sometidos a juicio oral, a pesar de
que la jueza penal porteña María Gabriela López Iñiguez había descartado la
responsabilidad de ambos en diciembre pasado.
También los casos del Secretario
Adjunto de ATE-Capital, Humberto Rodríguez y del Delegado
General de la Junta
Interna de Promoción Social,Mariano Skliar,
en el marco del conflicto por el aumento salarial de 1600 contratos de locación
de servicio, donde una vez más las víctimas pasan a ser victimarios,
al igual que con los episodios de la represión en el Hospital Borda por el desalojo ilegal ordenado por el
GCBA donde hay cinco trabajadores procesados, situación que también sufren
las/los artistas por la toma de la Sala Alberdi.
Todas éstas son muestras de la persecución
política que viene creciendo contra los luchadores sociales por
parte de los gobiernos provinciales y el gobierno nacional acompañados por una
legislación penal y un poder judicial que usan la vía de la criminalización como amenaza
legal para perseguir líderes, reprimir el conflicto y debilitar los movimientos
sociales.
No por casualidad, el kirchnerismo en materia
normativa deja un Código Penal hostil al garantismo luego de las presiones de Juan Carlos
Blumberg y la Ley Antiterrorista que es un instrumento legislativo
fabuloso para habilitar la represión de la protesta e inhibir a los luchadores
sociales -muchos de ellos con varios procesos anteriores abiertos- por la
posibilidad de que una detención en el marco de esta ley agrave duramente las
penas.
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