Rechazos a plantas
químicas en el norte argentino
Vecinos por el ambiente
Por Darío Aranda (Página/12)
En Salta, desde hace casi un año cierran el paso a una empresa de
Estados Unidos que proyecta una fábrica de nitrato de amonio. En La Rioja,
buscan impedir la extracción de uranio.
Dos preguntas resuenan
en Salta y La Rioja. ¿Quién quiere una planta química al lado de su casa?
¿Quién acepta un yacimiento de uranio a pocos kilómetros de su barrio? El
interrogante proviene de la localidad de El Galpón (Salta), donde desde hace
casi un año cierran el paso a una empresa de Estados Unidos, y de la capital
riojana, donde cortan la ruta desde hace un mes a vehículos mineros. Plantean
como trasfondo el extractivismo y quién decide sobre los territorios. El
gobierno salteño descartó cualquier irregularidad en la planta química y afirmó
que los vecinos están “desinformados”.
En la localidad
salteña de El Galpón, a 180
kilómetros de la capital provincial, se realiza desde
hace once meses “el tranquerazo a Austin”, el bloqueo a una empresa
estadounidense que pretende construir una fábrica de nitrato de amonio (insumo
básico de explosivos utilizados en minería). La tranquera cerrada a la empresa Nitratos Austin
(subsidiaria de la estadounidense Austin Powder ) está en el
kilómetro 653 de la ruta nacional 16, donde sobresale un acampe pacífico de
hombres y mujeres de todas las edades.
Desde el 14 de mayo de
2013, la consigna principal es “el agua y la vida valen más que el nitrato de
amonio” y el reclamo reúne a vecinos de El Galpón, el Tunal y Joaquín V.
González, nucleados en Vecinos Autoconvocados de la cuenca del río Juramento.
También participa la
organización Vapumas (Vecinos Autoconvocados por un Medio
Ambiente Sano). Denuncian la posible contaminación del río Juramento, el riesgo
de explosiones y la falta de consulta a la comunidad.
El secretario de
Industria de Salta, Nicolás Ramos Mejía, atribuyó la negativa de la población a
“la desinformación”. Señaló que la planta no producirá explosivos, sino “una
sal usada en explosivos” y afirmó que la fábrica “no producirá efluentes”. El
funcionario señaló que los desechos irán a piletones donde el líquido “se
evaporará” y el residuo sólido se reutilizará. El funcionario aseguró que la
fábrica “cumple todos los requisitos de seguridad” e insistió en la
“desinformación” de quienes se oponen.
La senadora salteña
(mandato cumplido) Sonia Escudero presentó en julio pasado un proyecto de
comunicación en el Congreso Nacional. Detalló un dictamen técnico municipal que
daba cuenta del “alto impacto ambiental” y citó el Estudio de Impacto Ambiental
de Austin, que reconoce riesgos en la posible explosión de alguno de los sitios
de almacenaje de nitrato de amonio, derrame de ácido nítrico y fuga de
amoníaco. Escudero recordó que una planta similar explotó en abril de 2013 en
Texas (Estados Unidos) con 25 muertos y 160 heridos.
El Colegio de Abogados
y Procuradores de Salta analizó el expediente administrativo y se expidió en
julio de 2013: “El Certificado de Aptitud Ambiental es, a los efectos legales,
inexistente (...). El documento presentado como Estudio de Impacto Ambiental no
reúne las características legales y técnicas exigidas por la ley”. Confirmó que
no se cumplió con los controles previstos en la Ley 20.429 (de armas y
explosivos) y 12.709 (fabricaciones militares). Y remarcó que la propia empresa
reconoce que “generará emisiones por encima de los parámetros legalmente
establecidos”.
Los Vecinos Autoconvocados
se aprestan a celebrar el año de bloqueo y avisan: “La tranquera sigue
cerrada”. La construcción de la planta sigue frenada.
A 680 kilómetros al
sur, en La Rioja, la Secretaría de Minería concedió, a inicios de febrero,
servidumbre de paso a la
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para que avance
con once proyectos de extracción de uranio en la zona conocida como El
Cantadero. La
Asamblea Riojana Capital emitió un comunicado los primeros
días de marzo. “La explotación de uranio es la minería mas tóxica, ya que en su
proceso se liberan sustancias radiactivas. Las minas de explotación de uranio
son letales. El gas radón emitido durante la explotación es radiactivo y viaja
hasta 1000
kilómetros ”, denunció la asamblea y remarcó que el
proyecto autorizado por el gobierno (llamado Alipan) está ubicado a sólo veinte
kilómetros de la capital riojana.
Marisa Romero afirmó
que la minería de uranio es parte de la megaminería a cielo abierto, con
explosivos, drenajes ácidos, grandes consumos de agua y entre sus mayores
peligros destacó los desechos radiactivos. Y recordó los pasivos ambientales de
los yacimientos de uranio Los Colorados (La Rioja), Los Gigantes (Córdoba) y
Sierra Pintada (Mendoza).
El 17 de marzo
comenzaron el corte de la ruta 38, bloqueando el paso a los camiones mineros
(no a vehículos particulares). La consigna es “por el agua y contra la minería
de uranio”. Exigen la suspensión del proyecto minero en base a cuatro puntos.
Los efectos en ambientes y salud, el riesgo de las fuentes de agua, la falta de
licencia social y la “ilegalidad”. La ordenanza 4930 prohíbe la exploración y
explotación de uranio en la capital riojana y declara al municipio
“departamento no tóxico, no nuclear y ambientalmente sustentable”. Acusan al
gobierno provincial y a la CNEA de violar la ordenanza.
Contra la minería
Por primera vez en la
historia de Chubut se hizo uso de la Iniciativa popular, una instancia
contemplada en la Constitución provincial y que consiste en reunir las firmas
del tres por ciento del padrón electoral, la presentación de un proyecto de ley
(en este caso de prohibición de la megaminería) y la obligación de la
Legislatura de tratar el proyecto.
Por
Con 13007 firmas, las
Asambleas Ciudadanas de Chubut y comunidades mapuche-tehuelche se movilizaron a
Rawson, donde llegaron hasta el Tribunal Electoral para presentar las firmas. “La
población tomó la iniciativa y se fue multiplicando por todos los rincones de
nuestro interior provincial, siempre teniendo presente la defensa del agua y la
tierra, porque no queremos el saqueo de las corporaciones”, explicó Angel
Cayupil, activista junto a comunidades mapuche-tehuelche y pobladores de la
meseta de Chubut.
La provincia ya cuenta
con una ley que restringe la minería, pero sólo limita la etapa de explotación
y refiere a la minería a cielo abierto con uso de cianuro. El proyecto de ley
incluye otras sustancias químicas y abarca la extracción metalífera y la de
uranio.
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