Los niños condenados de Bouwer
Por Raúl
A. Montenegro (La Voz del Interior)
Duele e indigna que la Municipalidad de
Córdoba, Cormecor y hasta el propio gobernador José Manuel de la Sota
designaran el terreno a expropiar para el nuevo vertedero de basura, sin tener
en cuenta la gente que vive en Potrero del Estado y los 71 niños que asisten a
la escuela primaria Cornelio Saavedra. Reprodujeron así la misma torpeza del
equipo técnico del Instituto Superior de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional
de Córdoba, ISEA, que consideró a esa zona –incluida la escuela- como
"óptima" para el nuevo vertedero tras omitir que también seguían
actuando allí, negativamente, el antiguo vertedero y otras fuentes de
contaminación.
La escuela provincial Cornelio Saavedra está junto a la Ruta 36,
poco antes del cruce con el camino vecinal a Bouwer. No es invisible ni
pequeña. Allí más de 70 niños con guardapolvos blancos asisten a clase y juegan
en los recreos. Sus gritos de alegría se renuevan de lunes a viernes ante la
mirada atenta de las maestras, quienes reciben un plus en sus sueldos por zona
desfavorable (código 8460). A solo 230 metros de la escuela empiezan las fosas sin
membrana del vertedero que operó la Municipalidad de Córdoba, donde se
enterraron más de 12 millones de toneladas de basura hasta su cierre el 1 de
abril de 2010. En un acto de absoluta irresponsabilidad ya pasaron casi tres
años sin que la municipalidad capitalina remedie el predio. Los niños de la
escuela están expuestos todos los días a los gases que emanan de las nueve
fosas, y de la montaña de basura ubicada encima de la fosa 9. Esos gases
totales contienen una fracción de Compuestos Orgánicos No Metánicos (CONM) que
incluyen sustancias tóxicas y cancerígenas. Tales gases siguen escapando sin
tratamiento mientras los líquidos contaminados del vertedero (lixiviados)
también degradan libremente el suelo y las aguas subterráneas.
La Municipalidad de Córdoba y Cormecor no reconocen públicamente
que estudios realizados en los vertederos de muchos países confirmaron
estadísticamente que el número de personas enfermas crece a medida que viven
más cerca de los enterramientos sanitarios.
Los funcionarios también callan que en Bouwer la mortalidad
infantil duplica la media provincial, y que la mortalidad perinatal es 2,5
veces más alta que el promedio de la provincia (2000-2012). Su silencio va sin
embargo más allá. En un radio de 50 kilómetros alrededor del centro de la ciudad
de Córdoba existen 3 localidades, Bouwer, Malvinas Argentinas y Estación Juárez
Celman, que tienen los peores indicadores socioeconómicos y el peor acceso a
los sistemas de salud. La Municipalidad de Córdoba recién recordó que debía
hacer remediación cuando le sobró tierra en el actual vertedero de Piedra
Blanca y necesito deshacerse de ella, llevándola a Bouwer. Pero esto no es
remediación. La remediación "en serio" requiere estudio de impacto
ambiental y audiencia pública previos. Nada de esto se hizo.
También existen cerca de la escuela los restos de un incinerador
de residuos patógenos que funcionó hasta diciembre de 2008, y una fosa con
residuos industriales de una empresa automotriz, ninguno de los cuales fue
remediado.
¿Cómo pudieron el gobernador, la Municipalidad de Córdoba y
Cormecor designar como nuevo lugar para el vertedero regional un terreno que
está a solamente 800
metros de la escuela Cornelio Saavedra
y a menos de 200 metros
de los hogares de muchos de sus alumnos? ¿Por qué decidieron transformar a los
habitantes de Potrero del Estado-Bouwer en zona de sacrificio ambiental y de
sacrificio sanitario, violando además la normativa vigente sobre Evaluación de
Impacto Ambiental?
Está claro que no les importó. Los niños con sus guardapolvos
blancos no protestan ni votan, ni saben que para los gobiernos de las grandes
ciudades la basura debe enterrarse lejos, y si se hace en otra jurisdicción,
mejor.
Ahora un nuevo elemento, esta vez judicial, torna aun más
incomprensible la calificación de óptima decidida por investigadores del ISEA.
La justicia provincial de Alta Gracia emplazo a la Municipalidad de Córdoba y a
la provincia para que remedien el predio de Potrero del Estado, y se capten y
traten los gases y los lixiviados que allí se producen. La Jueza María Graciela
Vigilanti tomo esta decisión tras recorrer la zona, y observar personalmente
que la actual situación ambiental es insostenible. La causa fue iniciada por
los vecinos de Bouwer, FUNAM y el Club de Derecho.
¿Por qué la jueza en una sola visita pudo detectar lo que allí
sucedía, y el equipo de investigación del ISEA no lo vio? Porque la jueza
estuvo en la zona y habló con los vecinos, mientras que los investigadores, en
cambio, no estuvieron allí ni escucharon a los afectados. Aunque su estudio
involucraba a personas, optaron por hacer mero trabajo de escritorio con datos
provistos por el propio Estado que los contrató.
¿Es justo que los funcionarios municipales y algunos
investigadores del ISEA les digan "técnicamente" a los habitantes de
Bouwer que pese a sus enfermedades, alta mortalidad infantil y fuentes
contaminantes sin remediar, su lugar de vida es óptimo para recibir la futura
basura de un millón y medio de personas? Sin tener suficientes elementos
técnicos, con escasa buena ciencia y nada de sensibilidad social volvieron a
condenar a las actuales y futuras generaciones de pobladores de Bouwer.
Pretenden que además de soportar el vertedero cerrado y todavía sin remediar,
convivan en los próximos 30 años con
otras 24 millones de toneladas de basura. Todo parece indicar que la salud de
los niños que asisten a la escuela Cornelio Saavedra vale menos que la
decisión municipal de sacarse de encima la basura y que la firma de un contrato
de consultor í a por medio millón de pesos.
* Publicado en La Voz
del Interior (Córdoba, Argentina).
Raúl A. Montenegro es Biólogo, profesor de la UNC y de la
Universidad de Franche-Comte en Francia. Premio Nóbel Alternativo 2004.
Fuente original: http://www.lavoz.com.ar/opinion/los-ninos-condenados-de-bouwer
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