domingo, 26 de enero de 2014

IV. Legitimamos, mayoritariamente, al capitalismo-imperialismo por creer en la democracia que éste permite.

Se trata, entonces, de generalizar la conciencia sobre
el modelo vigente y sobre la democracia a construir desde abajo.

El modelo es violencia. Violencia de despojo, de desalojo, de avasallamiento de pueblos, grupos e individuos con sus familias. Violencia de sus consecuencias sociales: el hambre, la desnutrición, el envenenamiento, la quita del agua y la energía, las sequías e inundaciones, el desamparo, la represión. En fin, violencia de destrucción de las ecorregiones o sea de las comunidades en interrelación e interacción con la naturaleza que de este modo establecen las condiciones de vida del presente y futuro en esos lugares. Pese a este exterminio masivo y desertificación, las grandes mayorías permanecen pasivas e indiferentes. ¿Por qué? Está el enmarcamiento referencial en el mito de estar bajo el gobierno de los derechos humanos y que adquiere sustancia y dinámica en ideas fuerzas.  Intentemos averiguar cuáles son. (...)
 
Sexto: la instalación K de la Mesa de Enlace como el enemigo del pueblo, reforzada con la invocación a industrializar el agro, es funcional a la ocupación económico territorial a cargo del sistema global de agronegocios y al ocultamiento de los principales impunes de ayer y de hoy.

En "Estado, familia y propiedad: Los ricos en la Argentina reciente", Ana Castellani y Mariana Heredia explican:
(...)¿Qué rasgos sobresalen de este relato y hasta qué punto ejemplifican atributos característicos de las elites económicas argentinas de las últimas cuatro décadas?
En primer lugar, frente a la persistencia en el discurso público de la noción de “oligarquía” y a las conclusiones de estudios realizados en otros países, sobresale la importancia de descendientes de inmigrantes y, por lo tanto, la relativa insignificancia, entre los multimillonarios argentinos, de miembros de las clases altas tradicionales. De hecho, en el caso de Eurnekian, Rocca y Burgheroni se trata de familias inmigrantes de radicación relativamente reciente en el país. En el caso de Pérez Compac y Lacroze de Fortabat, la relación con las familias patricias no agota ni explica la prosperidad de sus empresas. El interrogante es entonces si este atributo relativamente “plebeyo” refiere únicamente a los ocupantes de los escalones más altos. Aunque las respuestas son provisorias, parecieran indicar que se trata más bien un rasgo generalizado del gran empresariado local. En un estudio en curso, constatamos que los apellidos tradicionales constituyen un número insignificante en el listado de los 130 dueños y dirigentes de empresa que comandaron las 90 compañías más importantes del país entre 1976 y 2001. Ambos indicadores darían cuenta de las altas posibilidades de movilidad social ascendente características del país durante la segunda posguerra.
 
¿Deberíamos concluir entonces que la que se ha consolidado en los últimos años es una elite abierta e inestable, sometida a los desafíos de una severa competencia? Sería plausible pensarlo a la luz de la singular inestabilidad económica que ha caracterizado al país desde los años setenta. No obstante, como señalaron tempranamente Azpiazu, Basualdo y Khavisse (1986), lo más notable es que estos seis multimillonarios argentinos, como muchos otros miembros de las clases más altas, han amasado, incrementado y preservado sus fortunas en el período que comienza con la dictadura y se extiende hasta la actualidad. Si las cambiantes condiciones macroeconómicas no han afectado de manera significativa estos patrimonios es porque, salvando el caso de Techint donde la capacidad innovadora es innegable a la hora de conquistar y retener nuevos mercados, el rasgo dominante de estos empresarios ha sido la relación estrecha y preferencial con el Estado. Como muestra Castellani (2009) el gran empresariado se ha visto beneficiado, en tanto contratista, comprador y deudor condonado por la autoridad pública, de las medidas adoptadas por gobiernos de distinto signo.
En este sentido, aunque se tienda a asociar a la “oligarquía” a las actividades agropecuarias, estos y otros casos revelan que los hombres de negocio más prósperos, en la Argentina reciente, son también los más diversificados. Aunque podamos en todos los casos mencionados identificar una actividad económica de partida, todos ellos han consolidado su ascenso proyectando sus negocios sobre otras actividades así como sobre el escenario local e internacional.
No es entonces sorprendente que las relaciones estrechas con los gobiernos (más que con la sociedad) sean un atributo característico de estos empresarios. En Nueva York o en Santiago, los ricos despliegan abiertamente su patrimonio, dan notas en la prensa, se sienten con derecho a participar de la vida pública y política, extrayendo de su experiencia exitosa “lecciones” para el resto de sus conciudadanos. En la Argentina, en cambio, los grandes empresarios tienden a eludir la visibilidad pública y la participación política directa. Todos ellos, no obstante, cultivan muy especialmente, en la discreción de los clubes selectos y las oficinas ministeriales, los vínculos con las autoridades políticas de turno. No sorprende: de ellas ha dependido, en un escenario cambiante, la supervivencia y la expansión de sus negocios.(...) Leer
 
Ahora, en "La Madre tierra como sujeto de la historia"1, Ana Esther Ceceña  plantea: 
(...)Las alternativas políticas de lo rural  
Los procesos en marcha en América Latina con condiciones de formular  políticas públicas se han ocupado relativamente poco de lo rural, a pesar de  que evidentemente constituye uno de los nudos centrales para pensar  cualquier tipo de transformación social, particularmente en regiones del comúnmente llamado sur. Del sector rural proviene buena parte de las fuerzas que hicieron posible la llegada a los gobiernos correspondientes pero,  curiosamente, parece persistir en todos los casos una idea de progreso que en  vez de revisar lo rural a la luz de la noción del vivir bien o buen vivir incorporados en las constituciones, más bien apuesta por su tránsito hacia  formas de vida y lógicas económicas urbanas.  De una Bolivia con experiencias vivas de economía campesina comunitaria,  reproductora de usos y costumbres ancestrales -entre los que se cuentan los  pisos ecológicos- aunque acompañados de sectores campesinos que funcionan  bajo criterios de organización y producción capitalistas, se pasa a una  Venezuela petrolera en que el problema de autoabastecimiento alimentario es  absolutamente crítico y a un Ecuador megadiverso que declara como prioridad  alcanzar la soberanía alimentaria. Las políticas públicas varían entre  modificaciones constitucionales en todos los asuntos relacionados con la tierra,  límites de propiedad, reconocimiento de los territorios indígenas, tímidos  atisbos de reforma agraria y estímulos a la producción alimentaria. En realidad  el abandono de lo rural no ha sido particularmente una preocupación y mucho  menos se ha planteado la discusión acerca de la disolución de fronteras entre campo y ciudad. En Cuba, que el problema alimentario es crucial, no hay un  replanteamiento de la ruralidad como espacio de experimentación de nuevas  formas sociales sino que se ha buscado traer los huertos a las ciudades,  tratando de resolver lo urgente pero no necesariamente lo trascendente.  Siendo el primer lugar del mundo donde explícitamente se reconocen derechos  a la naturaleza, Ecuador es también el país en el que se establece la  importancia de la soberanía alimentaria como soporte de un proceso de  recuperación soberana en general.
El punto, entonces, implicaría un amplio  debate en torno a las prácticas alimenticias, los contenidos nutricionales e  incluso el concepto mismo de alimentación, y los diferentes modos de generar  y consumir los alimentos. O sea, una discusión en términos de la civilización  material donde deberían revisarse las prácticas reales y teóricas de producción  de la vida material desde las perspectivas del capitalismo y del buen vivir.  Esto no ha ocurrido con la misma celeridad que se formulan las políticas  públicas. El Plan Nacional de Desarrollo ha sido transformado en el Plan  Nacional del Buen Vivir pero, si bien empieza a introducir todas las preocupaciones mencionadas arriba, mantiene la epistemología anterior y los criterios de progreso y eficiencia. Los cambios no son inmediatos pero no se  han construido espacios de debate suficientes como para procesar la disyuntiva  en cuestión, que no es para nada trivial y exige un esfuerzo colectivo de alta  densidad.  Los otros gobiernos que conducen procesos similares tampoco han logrado  atender de fondo el problema de la ruralidad o lo rural. Y los movimientos del  continente oscilan entre una reforma agraria complicada como en el caso de  Brasil y la construcción de condiciones para la autonomía, como en México. La  discusión sobre la ruralidad ha estado vinculada a la del extractivismo en gran  medida por la inconsecuencia de algunas políticas públicas o normas  constitucionales con los procesos realmente existentes.
Discutir la ruralidad en  el marco de diversidad epistemológica característico de estos tiempos de  inestabilidad sistémica supone una profunda revisión de las visiones de mundo,  de las concepciones en torno a la vida y de las relaciones no sólo sociales sino intersubjetivas, de unas formas de vida con otras. Es decir, es una discusión que no puede estar delimitada por el pragmatismo político circunstancial que  lleva a presentar al neodesarrollismo como una alternativa sino que tiene que  elevarse al nivel de los desafíos ecológicos de la vida en la Tierra y del cambio  o bifurcación sistémica. No obstante, las formas bajo las cuales se abre paso  en muchas ocasiones se confunden o se entreveran con los debates acerca del  extractivismo, neodesarrollismo, los procesos nacionales, las relaciones  internacionales y los juegos de fuerzas en ese campo.  Este parece ser un momento histórico a la vez con coordenadas muy rígidas y  sin coordenadas, en el que los miedos a lo incierto propician un apego a viejos conceptos y prácticas que no corresponden a la urgencia por dar respuesta a la  ya evidente insustentabilidad del capitalismo, ni a los horizontes trazados en  los procesos emancipatorios de la región. La ruralidad, que es un nudo crítico  en las definiciones de esos procesos, tendrá que navegar en estos mares. 1.Publicado en la Revista de ALASRU. Fuente: http://www.geopolitica.ws/media/uploads/alasru.pdf
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sobre la lucha por la reforma agraria en Brasil, Luiz Felipe Albuquerque (Alai) entrevista a John Paul Rodrigues, integrante de la coordinación nacional del MST
"2013 fue el peor año para la Reforma Agraria"
- ¿Cómo califica la lucha por la tierra en 2013, en un período de parálisis completo de la Reforma Agraria?
-A pesar de ser un año completamente negativo en relación a la Reforma Agraria, los campesinos siguen firmes en la lucha por la tierra.

En marzo, por ejemplo, establecieron un campamento permanente en Brasilia durante tres meses, llevando a cabo luchas permanentes en la capital federal, tales como marchas, ocupaciones de ministerios y actos políticos.

En el mismo mes, se desarrolló la jornada de las mujeres, cuando más de 10 000 campesinas se movilizaron para exigir el asentamiento de 150.000 familias acampadas en todo el país, ocuparon tierras, empresas de agroquímicos y edificios públicos, efectuaron marchas y bloqueo de carreteras.

Inmediatamente después, en el mes de abril, los “sin tierra” hicieron otra jornada de carácter nacional, con manifestaciones en 19 estados, además del Distrito Federal. Nuevamente bloquearon decenas de carreteras, ocuparon más tierras, edificios públicos, ayuntamientos y realizaron marchas y actos políticos en todo el país.

En junio y julio, el Movimiento se sumó a las manifestaciones que ocuparon las calles de las principales ciudades del país e interrumpieron varias carreteras. En esta onda, la “juventud sin tierra” organizó jornadas de lucha a comienzos del mes de agosto. A finales de este mes, todo el Movimiento realizó, junto a las centrales sindicales, una movilización nacional, huelgas y paralizaciones en las ciudades, mientras en el campo interrumpíamos las carreteras.

En octubre, más de 12 estados se movilizaron en torno a la Jornada Unitaria para la Soberanía Alimentaria, cuando una vez más, la población rural promovió marchas, ocupaciones de tierras y edificios públicos. Ese mismo mes, los niños sin tierra se sumaron la lucha en el campo, destacando la necesidad de la Reforma Agraria, ocupando los ministerios y departamentos estatales.

Todo esto sólo para hablar de las luchas de carácter nacional, sin contar las luchas regionales en los estados. O sea, decir que ya no hay más combates en el campo es una gran mentira.

- ¿Y dónde entra la cuestión de la reforma agraria?
-Aquí es donde está el gran problema con un saldo muy negativo. Este es el peor año de la Reforma Agraria. El gobierno de Rousseff, que siempre ha sido pésimo en esta materia, podría empeorar. Hasta ahora, sólo 159 familias fueron asentadas en todo el país. Es una vergüenza.

No pasan de 10, las propiedades expropiadas por el gobierno de Dilma. Peor que el último gobierno militar del general Figueiredo, cuando se expropiaron 152 predios.
Otro grave problema es que el gobierno federal está llamando a la "emancipación de los asentamientos", otorgando el título de los lotes a los asentados. En la práctica, eso sirve para que el Estado deje de tener responsabilidad sobre las familias. Pero lo peor es que esta política va a crear una contra reforma agraria, ya que los grandes hacendados pasarán a presionar a los asentados a que vendan sus lotes, poniendo todo cuesta abajo y aumentando aún más concentración de la tierra en el país.
- ¿Y a que se debe esta dificultad de avanzar en la Reforma Agraria?
-Podemos citar dos grandes cuestiones cruciales. La primera es el hecho de que el gobierno ha sido tomado como rehén por la Bancada Ruralista, la mayor del Congreso Nacional. Son 162 diputados y 11 senadores, sin contar la legión de adeptos de última hora.

Sólo para tener una dimensión del problema, por más absurda que sea la agenda de este sector, está logrando salir victorioso en todo, incluso en las propuestas inconstitucionales.

Podemos mencionar desde el estrangulamiento absoluto del Código Forestal, pasando por la modificación de la ley sobre el trabajo esclavo, el retroceso en la legislación relativa a la demarcación de las tierras indígenas, la creación de una comisión especial para liberar con mayor facilidad nuevos agrotóxicos - ignorando el trabajo de evaluación ANVISA e IBAMA- y la liberación de nuevos cultivos transgénicos.
Ninguna de estas propuestas es de interés de la sociedad brasileña. Todas responden exclusivamente a los intereses particulares de este sector y están saliendo victoriosos. La Bancada Ruralista es un cáncer del pueblo brasileño.

La otra cuestión es la ilusión del gobierno en relación con el agronegocio. Las principales exportaciones de productos básicos promovidos por este sector permiten al gobierno mantener la política de generación sistemática del superávit primario, lo que garantiza el destino de los recursos presupuestarios para el sector financiero, como los pagos de intereses y servicio de la deuda, lo cual es lamentable.
Pero al mismo tiempo ha creado algunas de las políticas públicas para la agricultura familiar y campesina.

En
primer lugar,
es muy importante tener en cuenta que todas las políticas públicas son conquistas de las luchas de los movimientos sociales. Luchamos para garantizar la compra de alimentos y conquistamos el Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) y el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA). Luchamos por la educación en el campo y conquistamos el Programa de Educación Nacional de la Reforma Agraria (Pronera).

Luchamos por la agro industrialización de nuestra producción, y conquistamos el Programa Terra Forte. Luchamos por otro modelo de agricultura, y conquistamos el Plan Nacional de Agroecología y Producción Orgánica – Brasil Agroecológico. Esto sólo para señalar algunos ejemplos.

Sin embargo, consideramos que si bien estas medidas son importantes, también tienen sus límites. Son muy desproporcionadas en comparación con las inversiones en el agronegocio. Para tener una idea, el Plan Cosecha 2013/2014 de la agricultura familiar representa poco más del 20 % en comparación con lo que se destina al agronegocio.

Además, contamos con esas políticas de hoy, pero nada nos garantiza que podemos contar con ellas mañana. Un simple cambio de gobierno, por ejemplo, puede acabar con todas nuestras conquistas.

-
¿Qué es necesario hacer entonces?
-Es necesario dar prioridad a la agricultura familiar y campesina, y no tratarla como algo secundario. El gobierno debe entender que la única solución a la pobreza es una extensa Reforma Agraria, creando miles de puestos de trabajo en el campo. Si esta no se lleva a cabo, habrá un crecimiento desmesurado de los principales centros urbanos y de los barrios pobres en los suburbios periféricos de las grandes ciudades.

O sea, cambiar la lógica y la estructura de la producción agrícola en Brasil. La FAO misma ha reconocido que la única salida de la crisis ambiental y la garantía de la soberanía alimentaria es la agricultura familiar. Quién dijo eso fue José Graziano, director de la FAO. Tanto es así que el 2014 ha sido declarado por la ONU como el Año Internacional de la Agricultura Familiar.


-
Pero ¿por qué los dos modelos de agricultura no pueden conciliarse?
-Son modelos que contrastan en su lógica y esencia. La codicia del agronegocio, con sus gigantescos recursos económicos, impide otro tipo de agricultura, pues siempre buscará incorporar la tierra de los campesinos y los recursos naturales a su modelo de producción de “commodities”.

Para tener una idea, en las dos últimas décadas más de 6 millones de personas fueron expulsadas del campo brasileño por el agronegocio. ¿Y donde se fueron? A los barrios pobres de los centros urbanos. El agronegocio no genera empleo, ya que más del 70 % de la mano de obra en el campo pertenece a la agricultura familiar, y se apropia de las pequeñas y medianas propiedades agrícolas, ya que la concentración de la tierra en Brasil sigue aumentando año tras año.

En el ámbito de la producción de alimentos básicos de la población brasileña, la situación también es muy grave. De 1990 a 2011, las superficies plantadas de alimentos básicos como el arroz, los frijoles, la yuca y el trigo disminuyeron entre un 20 a un 35%, mientras que los productos nobles del agronegocio, tales como la caña de azúcar y la soja, se han incrementado en un 122% y 107 %. Y todo orientado a la exportación. Vamos a tener que importar arroz y frijoles a China. Esto es alarmante.


-En febrero de 2014, el MST realizará su 6 º Congreso Nacional. ¿Qué pretende el Movimiento con esta actividad?
-En el evento vamos a consolidar nuestra propuesta en torno a la Reforma Agraria Popular. Ahora más que nunca, la Reforma Agraria es urgente y necesaria. Sin embargo, es una Reforma Agraria de nuevo tipo, a la que denominamos popular.
Entendemos que la reforma agraria ya no es sólo una política nacional para la población rural. Ella es urgente y necesaria para toda la sociedad en su conjunto.
Si queremos comer un alimento lleno de veneno que nos va a dar cáncer, si queremos cultivar una producción que destruye el medio ambiente y contribuye a la crisis climática, expulsa a los campesinos del campo aumentando la población pobre de las grandes ciudades, entonces, de hecho, la Reforma Agraria, no es necesaria.

Pero si, por el contrario, queremos un modelo productivo que concilie la producción con la preservación del medio ambiente, que el pueblo brasileño tenga alimentos sanos y sin pesticidas , que la miseria y la pobreza dejen de existir en nuestro país , entonces la reforma es ahora más necesaria que nunca.

Por lo tanto, tenemos que demostrar su importancia para la sociedad, para que el conjunto de la clase obrera ayude a la realización de la Reforma Agraria Popular, que sólo será posible con una amplia reforma en el sistema político.


- ¿Y cuáles son las perspectivas de la lucha para el próximo período?
-En este último período, construimos y ampliamos la unidad de todos los movimientos sociales del campo, con los ojos puestos en un programa agrario que realmente interese al pueblo brasileño. Y eso tiende a fortalecerse cada vez más.

Junto a esto, aumentan las evidencias de las contradicciones del modelo del agronegocio, como la destrucción del medio ambiente, el uso masivo de pesticidas y la inseguridad de los precios de alimentos.

Además de eso, como resultado de las grandes luchas del año 2013, las organizaciones sociales construyeron el Plebiscito Popular por una profunda reforma política en 2014, lo que permitirá cambiar radicalmente el panorama actual. (Traducción: ALAI)

- Luiz Felipe Albuquerque, De la página del MST - http://www.mst.org.br/node/15571
URL de este artículo:
 
http://www.alainet.org/active/70217 
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En Argentina:
Declaración del Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria Argentina
2/12/2013.
En el marco de la lucha que viene llevando adelante el pueblo de Malvinas Argentinas en la provincia de Córdoba, y de la confluencia que estamos llevando a cabo organizaciones de diverso tipo en el Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria Argentina, convocamos a marchar hacia el Ministerio de Agricultura el lunes 2 de diciembre .
La empresa Monsanto, una transnacional vinculada a crímenes de guerra, que nació como empresa química, siendo parte del grupo de empresas que produjo el agente naranja utilizado por Estados Unidos para la guerra de Vietnam, busca abrir nuevas plantas en Argentina. En 2012 anunció la instalación en la localidad de Malvinas Argentinas, a 12 Km de la capital cordobesa, de una de las plantas más grandes de América Latina de experimentación con semillas transgénicas.
 
Este nuevo desembarco de Monsanto se da en el marco de una política agropecuaria que tiene su núcleo principal en los agronegocios con la soja transgénica como su principal exponente, como queda reflejado en el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2020 (PEA2) que impulsa el Gobierno Nacional. Este plan requiere, para alcanzar sus objetivos en cuanto a volumen y superficie, profundizar los violentos desalojos de comunidades campesinas e indígenas, seguir desmontando, destruyendo  ecosistemas, acrecentando así el saqueo de bienes comunes. Consecuentemente nos preguntamos si la riqueza de nuestros suelos debe ser destinada para la alimentación animal, los agrocombustibles y para la generación de divisas para continuar pagando una Deuda Externa ilegitima y fraudulenta, o debería ser para garantizar la alimentación adecuada de nuestro pueblo y de las futuras generaciones.
 
Pese a todo, Monsanto se encuentra hoy con la férrea resistencia de un pueblo que busca ejercer su soberanía, que quiere decidir quién tiene el poder para determinar qué se hace en su territorio. Así es que en Malvinas Argentinas se bloquea la entrada de camiones a la planta de esta empresa desde mediados de septiembre de este año. Frente a esta resistencia los gobiernos no han hecho otra cosa que reprimir, por medio de las fuerzas de seguridad o utilizando patotas al servicio del poder empresarial. Así fue que luego de varios hechos de represión a la asamblea y al acampe, han amenazado y luego agredido físicamente a Sofía Gatica, de las Madres de Ituzaingó Anexo, referentes en la lucha contra los agrotóxicos que han logrado el primer fallo donde se declara como un delito la fumigación en las zonas periurbanas. Y finalmente, el jueves 28 de noviembre una patota de la UOCRA atacó el bloqueo rompiendo parte del campamento y golpeando a varios de los participantes del acampe. Esto se realizó con la presencia cómplice de la policía de la provincia que solo actúo dispersando con balas de goma no a las patotas, sino a quienes se encontraban en el acampe.
 
Con el fin de profundizar este modelo agrario se requiere reformar la Ley de Semillas, garantizándole a las semilleras transnacionales la posibilidad de cobrar regalías indefinidas por el uso de la misma, prohibiendo de este modo el uso propio de las semillas para futuras cosechas y el intercambio de las mismas entre agricultores, lo cual generará mayor dependencia para los productores agropecuarios, y se constituirá en un nuevo impedimento para la soberanía alimentaria.
 
Es por ello que también se quiere elaborar una legislación nacional que regule la aplicación de productos fitosanitarios (agrotóxicos) que marque un piso menor al que ya establecen  varias ordenanzas municipales, proponiendo metrajes irrisorios (100 a 200 metros); desoyendo los reclamos de las poblaciones del interior y los resultados de múltiples informes científicos y  asegurando una mayor superficie para el agronegocio, incluso en los bordes de nuestros pueblos.
 
Esto se agrava si tenemos en cuenta que el Ministro recientemente designado para Agricultura, Ganadería y Pesca es Carlos Casamiquela, del INTA, quien públicamente ha manifestado su apoyo a la iniciativa en Malvinas argentinas diciendo: “Tratar de parar el avance tecnológico es complicado; el avance tecnológico trae una serie de beneficios impresionantes al conjunto de la sociedad. Yo escucho las críticas a algunos modelos de producción, pero la Argentina produce hoy alimentos para 400 millones de personas”.  Se olvida de que tenemos cerca de 14 millones de personas, entre pobres e indigentes, que difícilmente están bien alimentadas o que ni siquiera comen gracias al actual modelo productivo. Y por otro lado de que los forrajes no alimentan personas sino que se utilizan para alimentar ganado o hacer agrocombustibles en el exterior.
 
También en la reforma del Código Civil que impulsó el Gobierno Nacional se pueden ver algunos hechos que ponen más trabas para lograr la Soberanía Alimentaria. Con esta reforma no se garantizará “el acceso al agua potable” (un derecho que sí contemplaba en el anteproyecto y fue suprimido), ya que los agronegocios afectan a diario los cursos de agua (ríos-humedales-acuíferos), al igual que la mega minería. Además esto ocurre a días de haberse firmado el acuerdo con Chevron para extraer  gas y petróleo no convencional  mediante fractura hidráulica.
 
El intento de poner en discusión la función social de la propiedad, fue desoído, la habilitación de formas contractuales que afectan directamente al trabajo digno en el campo, la restricción al acceso de la propiedad comunitaria por parte de las comunidades indígenas sin personería jurídica, y otros temas por demás preocupantes.
 
Por último sostenemos que estamos frente a un modelo impuesto en todo nuestro continente tanto a consumidores como a productores. La avanzada de las empresas como Monsanto, Syngenta y otras semilleras transancionales no es algo que solamente sucede en Argentina, sino que viene sucediendo en toda Latinoamérica. En Colombia por ejemplo, mediante la resolución 970 de 2010, se controló el uso de las semillas, criminalizando las semillas criollas, y privatizándolas mediante patentes o derechos de obtentores vegetales la propiedad intelectual. Esta fue una de las prioridades de EEUU al firmar el TLC con nuestro hermano país, obligando a garantizar la seguridad jurídica para dichas empresas. En Paraguay,  la intensa presión empresarial tuvo como resultado el golpe de estado institucional al presidente Lugo ante el temor de las clases dominantes de una posible reforma agraria y la recuperación de tierras que pertenecían a las comunidades indígenas, y que habían sido adquiridas ilegalmente por empresarios y Chile sufre la intensa presión para reformar su ley de Propiedad de semillas al haber firmado un TLC con EEUU.
 
Por estos motivos es que convocamos a concentrarnos el lunes 2 de diciembre a las 17 hs en el Acampe frente al Congreso y marchar hacia las 18 hs. al Ministerio de Agricultura.
- No más agresiones y criminalización de la protesta social.
- Fuera Monsanto, su ley de semillas y sus agrotóxicos, de Argentina y de Latinoamérica.

Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria Argentina
Articulamos en el FLSAA:  Agrupación Visión Sostenible; Amigos de la Tierra Argentina; Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA); Barricada TV; Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (CALISA UNLP); Centro de Educación Agroecológico ASHPA; Colectivo Documental Semillas;  Corriente de Organizaciones de Base (COB) La Brecha; Corriente Nacional Emancipación Sur (Proyecto Sur Pcia. de Bs.As); Corriente Unidad Sur (CUS); Central de Trabajadores Argentinos (CTA);  Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía; Espacio Chico Mendes; Frente Popular Darío Santillán-Corriente Nacional; Fundación Che Pibe; Grupo de Reflexión Rural (GRR); Marea Popular; Mishkila Alimentos; Movimiento Estudiantil Liberación UNLP; Movimiento Popular La Dignidad (MPLD); MPR Quebracho; Programa de Extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable” de la Carrera de Comunicación Social (UNER); Proyecto Squatters; Red Tacurú;  Buenos Aires para Todos en Unidad Popular; Usina Cultural del Sur Almagro y Pompeya.


En Argentina, el carácter genocida del PEA2 nos interpela a actuar ya

RENACE INFORMA
RED NACIONAL DE ACCION ECOLOGISTA de la Argentina
13 enero 2014
 
ACCIÓN URGENTE:
 
Argentina a punto de aprobar nuevo transgénico resistente al 2,4D uno de los componentes de Agente Naranja. Si desea ayudar a detener esta aprobación, dirija una carta al Gobierno Argentino solicitando el rechazo al permiso para el cultivo comercial de este evento, o cualquier cultivo transgénico resistente al 2,4 D.
 
Necesitamos urgentemente su apoyo

Argentina está a punto de aprobar la soja transgénica GM 444Ø6 - DAS - 6 desarrollada por Dow AgroSciences Argentina SA, que confiere tolerancia al herbicida 2,4 - D, al glifosato y al glufosinato de amonio, a partir del dictamen positivo que ha dado la CONABIA (Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria) en diciembre del 2013.

El 2,4 D es uno de los componentes del Agente Naranja, un defoliante utilizado durante la guerra estadounidense contra Vietnam.

Actúe ya desde
 


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