Mal de Muchos
La confusión
entre tareas policiales y militares comenzó en Colombia, siguió en México y en
Centroamérica. La
fomenta Estados Unidos , que suministra entrenamiento, en
forma directa o a través de Colombia, siempre advirtiendo que es por excepción
mientras mejora la capacitación policial. Un saldo devastador: ineficiencia
para controlar el delito y graves violaciones a los derechos humanos. Un mal
resultado electoral previo en México o una elección próxima en El Salvador,
como motivación política.
Por Horacio Verbitsky
(…)Si bien la ley Posse Comitatus
prohíbe desde 1878 el empleo de tropas militares en asuntos de seguridad dentro
de los Estados Unidos, ésta es una de las escasas doctrinas sobre la democracia
cuya exportación carece de prioridad política. Por el contrario, el Pentágono y
su Comando Sur propician tal actuación y la interoperabilidad entre policías y
militares latinoamericanos. En su trabajo “La transformación del Estado de
Seguridad: de hacer la guerra a luchar contra el delito”, los académicos Peter
Andreas y Richard Price sostienen que en la globalización esa frontera se ha
hecho borrosa y que los intereses de seguridad del Estado se definen ahora más
en términos “de disuadir evasiones de la ley que invasiones militares”. Esto va
más allá de la teoría. En
enero de 2012 el Comando Sur dio comienzo a la Operación Martillo ,
que incluye a tropas del Ejército, la Guardia Costera , y
las policías, en las costas centroamericanas del Pacífico y el Caribe, con
barcos, aviones, soldados, marineros y policías de los países participantes. La
intervención estadounidense es coordinada por la Fuerza de tarea conjunta
interinstitucional - Sur, con sede en Key West, Florida, que integran militares
y civiles, de las Fuerzas Armadas y organismos de seguridad estadounidenses,
como el FBI, la Aduana y la DEA, todos a órdenes del Comando Sur. A ellos se
agregan organismos militares y de seguridad de países de Latinoamérica, el
Caribe y Europa. En 2010 la
revista Diálogo , que edita el Comando Sur, sostuvo que “los
oficiales de enlace de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República
Dominicana, Ecuador, El Salvador, Francia, México, los Países Bajos, Perú,
España y el Reino Unido ayudan a combatir el tráfico ilícito en un complejo
proceso de cuatro etapas que consiste en detección, monitoreo, intercepción y
detención” (http://www.dialogo-americas.com
/es/articles/rmisa/features/viewpoint/2010/10/01/feature-02). Esto
fue antes del incidente por el avión militar estadounidense que intentó
ingresar a Ezeiza un cargamento no declarado de armas de guerra, equipos de
comunicación encriptada, programas informáticos y drogas narcóticas y
estupefacientes. La semana pasada se anunció que la fragata misilística USS
Rentz, en la que embarcó personal policial de la Guardia Costera ,
confiscó un cargamento de cocaína valuado en 8 millones de dólares, que era
transportado por un pesquero al norte de las Islas Galápagos, donde la 4ª Flota
realizaba “Operaciones contra el Crimen Transnacional Organizado”.
Militares para compensar
Además de su
Estrategia Nacional de Control de Drogas, el gobierno estadounidense sostiene
cuatro programas regionales en América Latina: la Iniciativa Mérida ,
en México; la Asociación de Seguridad Ciudadana en Centroamérica; la Iniciativa
de Seguridad de la Cuenca del Caribe y la Iniciativa estadounidense-colombiana
de Desarrollo Estratégico. El programa centroamericano contiene metas que no
guardan relación con las misiones militares tradicionales, como garantizar la
seguridad en las calles, interceptar delincuentes y cargas de contrabando,
establecer una efectiva presencia del Estado en comunidades en riesgo y fomentar
la coordinación y cooperación entre países contra amenazas a la seguridad. México
es el país donde más profundo fue el compromiso militar en el enfrentamiento
con los carteles de la
droga. Esa decisión fue adoptada en el primer año de su
gobierno por el ex presidente Felipe Calderón, quien buscó compensar así la
débil legitimidad política provocada por su estrecha victoria electoral en 2006
y las denuncias de fraude de la oposición. El fracaso de su estrategia se mide en
la asombrosa equivalencia numérica entre los 45.000 soldados que desplegó, los
44.000 que desertaron y las 48.000 personas asesinadas durante su sexenio
presidencial, pero también en la falta de mejoras significativas en la cantidad
de drogas que salen de sus fronteras en dirección a los Estados Unidos. Un
balance devastador de esa experiencia puede encontrarse en el informe publicado
por Human Rights Watch, “Ni seguridad, ni derechos: ejecuciones, desapariciones
y tortura”, según el cual miembros de las fuerzas de seguridad habrían participado
en más de 170 casos de tortura, 39 desapariciones y 24 ejecuciones
extrajudiciales, por los cuales no hubo un solo condenado. Los propios
militares dicen en su descargo que no están preparados para ese tipo de lucha y
además se quejan por la ausencia de un marco jurídico que asegure la legalidad
de sus actos y los ponga a salvo de reproches penales, que, según temen, caerán
sobre ellos y no sobre los políticos que les ordenaron hacerlo. No es mejor el
record investigativo sobre los crímenes cometidos por el narcotráfico: la
justicia sólo condenó a 22 personas. En cambio, muchos funcionarios judiciales
participaron en las violaciones de derechos humanos, incluyendo jueces que dan
por válidas confesiones obtenidas bajo tortura en bases militares y peritos
médicos que omiten o minimizan las lesiones de los detenidos. La corrupción
carcomió a las Fuerzas Armadas. Media docena de generales fueron detenidos por
sus nexos con el narcotráfico, y estalló una guerra de acusaciones entre
distintos bandos militares, que se señalan unos a otros como cómplices de los
carteles. A modo de advertencia, la revista mexicana Emeequis tradujo un
informe publicado en el New York Times por el profesor de psiquiatría Richard
Friedman sobre el efecto sobre los soldados estadounidenses de las operaciones
especiales en que participan, con abuso de drogas y más muertos por suicidio
que en combate. El sucesor de Calderón, Enrique Peña Nieto, prometió revisar la
estrategia y crear una Gendarmería de 40.000 efectivos para ir reemplazando en
forma gradual a las Fuerzas Armadas. Pero una vez en el gobierno redujo la
dimensión de esa nueva fuerza a sólo 5.000 hombres, y demoró el prometido
regreso de los militares a sus tareas específicas. No obstante, arguye que las
muertes violentas se redujeron un 20 por ciento, aunque las técnicas de cuenta
de cadáveres que se aplican no garantizan la exactitud de ningún cómputo.
Tropas de elite
En la Operación Martillo ,
las fuerzas de Estados Unidos participan junto con los siete países centroamericanos,
más Canadá, Colombia, Francia, Holanda, España y Gran Bretaña. Pero en su
informe anual al Congreso, el jefe del Comando Sur, general de Infantería de
Marina John Kelly, anunció recortes presupuestarios que reducirían su
efectividad. Esta escasez de recursos ha influido para que Estados Unidos se
incline por un mecanismo de presencia e influencia a bajo costo. La DEA y el
Departamento de Estado capacitan tropas de elite de esos países, pero luego
reciben apoyo desde bases construidas por el Pentágono en Guatemala, Honduras,
Nicaragua y Panamá. El año pasado, tropas estadounidenses y fuerzas especiales
hondureñas realizaron cinco acciones conjuntas de interdicción. En tres de
ellas se produjeron tiroteos en los que fueron asesinados ciudadanos que no tenían
actividad alguna relacionada con las drogas, entre ellos un chico de 14 años y
dos mujeres, una de ellas embarazada, que navegaban en una lancha taxi cerca
del pueblo de Ahuas. En otro episodio fue abatido el piloto de un avión
derribado cuando hizo “un gesto amenazante”. En un tercer caso, la Fuerza Aérea Hondureña
derribó dos aviones que según los norteamericanos eran sospechosos de tráfico
de drogas, y todos sus ocupantes murieron. En Guatemala, un contingente de 171
marines estadounidenses tripularon el año pasado 250 vuelos de “detección y
monitoreo”, según la propia información de la Marina. Como los
militares de Estados Unidos sólo pueden usar las armas si son atacados,
identifican personas y embarcaciones sospechosas sobre el litoral y los ríos de
Guatemala y dejan a las fuerzas guatemaltecas las confiscaciones y arrestos. En
octubre del año pasado, mientras la delegación de Guatemala llegaba a Punta del
Este, donde apoyó el empleo militar en cuestiones ajenas a la Defensa, las
Fuerzas Armadas ejemplificaron qué ocurre cuando los militares con sus armas
letales se vuelcan a las tareas policiales, al matar a seis campesinos y
desaparecer a otros que protestaban contra las altas tarifas de luz(…).
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-229595-2013-09-22.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario