Nos "invita a revisar críticamente el discurso legitimador de los procesos socio-económicos en curso, los criterios que guían la intervención estatal y el esquema real de ganadores y perdedores de la última década...".

A 30 años de democracia.

‘Proyecto nacional’ y extranjerización: 

discurso y procesos estructurales en la Argentina actual

Por: Martín Schorr (ACTA)

Martín Schorr aborda las diferencias entre los discursos y los hechos en materia de extranjerización económica.

La apertura que sufrió la economía argentina durante el decenio de 1990 (con sus antecedentes desde 1976) supuso transformaciones decisivas en la estructura económica y en la dinámica social. Si durante el modelo de sustitución de importaciones el eje del proceso económico pasaba por la defensa del mercado interno a través de una alianza entre el capital nacional y la clase obrera, bajo el predominio del neoliberalismo se potenció una inserción en el mercado mundial a partir de rubros altamente concentrados y asociados a la explotación de recursos naturales. Sectores en los que, en su mayoría, los salarios significan mucho más un costo de producción que un factor dinamizador del consumo. Más recientemente, el abandono del régimen convertible implicó cambios a nivel macroeconómico que tuvieron un impacto positivo en el desempeño de los sectores ligados al mercado interno, pero durante la posconvertibilidad también se profundizaron las modalidades de inserción del país en una economía mundial crecientemente internacionalizada.

Entre las principales apuestas del gobierno de Néstor Kirchner figuró la recreación de una “burguesía nacional” que pudiese constituirse en el sujeto impulsor de un proceso de desarrollo económico con inclusión social. Para lograrlo se apeló al recuerdo del empresariado mercado-internista que durante la etapa de la industrialización sustitutiva conformó, junto con la clase trabajadora, la alianza social sobre la cual se erigió el peronismo clásico.

El proyecto parece haber quedado trunco, como se desprende de algunas acciones del gobierno de Cristina Fernández que involucraron la intervención directa del Estado en empresas de sectores estratégicos (como YPF y Aerolíneas Argentinas). No obstante, la esperanza en una clase empresaria vernácula no ha desaparecido totalmente; así lo demuestran las diversas regulaciones que, sobre todo a partir de 2008, se han adoptado en materia comercial con la supuesta intención de favorecer la actividad de los capitalistas nativos.

La continuidad del proceso de extranjerización
En la primera mitad de la década de 1990 el grueso de la inversión extranjera directa se dirigió al sector no transable, especialmente hacia los servicios públicos privatizados. Mientras que en el segundo lustro la extranjerización alcanzó también al sector productivo, en particular a aquellas actividades que contaban con ventajas absolutas como la producción agroindustrial, minera, petrolera y de otros commodities. Así las cosas, en el año 2001 del panel de las 200 corporaciones más grandes de nuestro país un total de 92 empresas eran extranjeras y, en conjunto, daban cuenta del 55% de las ventas globales de dicha cúpula (en 1990 eran 56 firmas que explicaban “apenas” el 23% de la facturación total).

Ahora bien, ni el resurgimiento en los elencos gubernamentales de discursos favorables a un “capitalismo nacional”, ni el renovado protagonismo de firmas de capital local supuestamente interesadas en desarrollar el mercado interno, han logrado revertir durante la posconvertibilidad el proceso de extranjerización. Muy por el contrario, este último se afianzó: en 2010 las compañías de origen foráneo dentro de la elite empresaria eran 115 y su ponderación en las ventas totales orillaba ya el 60%. Semejante nivel de extranjerización se dio, además, en un cuadro de creciente concentración a favor de estos segmentos del poder económico, pues a fines de la década pasada las 200 empresas más grandes del medio doméstico explicaron cerca del 30% de toda la producción generada en el país, porcentual holgadamente superior a los registros de la convertibilidad.

Una aproximación alternativa permite corroborar que en la actualidad el peso relativo del stock de inversión extranjera directa en el PBI (algo más del 20%) se encuentra en valores similares a los existentes al final de la convertibilidad, pero con un nivel de actividad que es el 75% más elevado.

El predominio extranjero se manifiesta en casi todos los sectores, siendo particularmente intenso en aquellas actividades que han tenido un rol protagónico en el crecimiento económico en la posconvertibilidad: agroindustrias, armaduría automotriz, industrias químicas y de refinación, minería y petróleo, comercio minorista y de productos agropecuarios. Además, los capitales transnacionales tienen una presencia destacada en diversos servicios, como la telefonía celular y el sector financiero a comienzos de la década en curso los bancos extranjeros controlaban aproximadamente la mitad de los depósitos y los préstamos concedidos por la banca privada con operatoria en el medio local).

El peso estructural de los oligopolios foráneos se vuelve aún más gravitante cuando se evalúa su importancia sobre el comercio exterior: la participación de este tipo de firmas sobre el total de las exportaciones argentinas pasó de alrededor del 40% a fines de la convertibilidad a casi el 50% en la actualidad. Este hecho es sumamente significativo ya que se trata de un número acotado de corporaciones extranjeras que detenta el control sobre una parte de las divisas generadas en el país, lo cual les confiere objetivamente un importante poder de veto sobre la orientación del funcionamiento estatal en distintos aspectos.

Otra cuestión a mencionar son los “cambios de mano” a favor del capital transnacional (con una participación activa de inversores brasileros) que involucraron a varias compañías en cuya propiedad participaban accionistas locales y que, por su generalizada condición de oligopolios en un mercado interno reactivado y/o por contar con bajos costos absolutos en dólares (lo cual favorece su inserción exportadora en un contexto de creciente demanda mundial de commodities), operaron con amplios márgenes de rentabilidad. Entre otras empresas líderes que pasaron a manos de capitales extranjeros en estos años se destacan: la bodega Peñaflor, Trigaglia (molino harinero), Molfino Hermanos (industria láctea), Pecom Energía (holding petro-energético y petroquímico del grupo Pérez Companc), Cervecería Quilmes, Acindar (siderurgia), Loma Negra (cemento) y numerosos frigoríficos.

En conclusión, bajo el esquema de acumulación que se ha venido configurando tras la implosión de la convertibilidad, se han afianzado las tendencias hacia una fuerte extranjerización del núcleo duro del poder económico local y, en consecuencia, del conjunto de la economía argentina. Naturalmente, el correlato de esta situación es una ostensible pérdida de “decisión nacional” en lo que atañe a la definición de ciertas temáticas relevantes para el devenir económico, político y social del país. Tal es el resultado de una economía dependiente en tiempos de globalización, pero también del andamiaje normativo-institucional vigente. Por ejemplo, en la actualidad sigue rigiendo la Ley de Inversiones Extranjeras Nº 21.382 sancionada durante la última dictadura militar y otras normas complementarias que habilitan múltiples prebendas al capital extranjero. Además, vale apuntar que en la posconvertibilidad fueron ratificados 55 de los 58 tratados bilaterales de inversión que la Argentina suscribió en la década de 1990 en pleno auge del neoliberalismo.

¿Menor o mayor dependencia?
La extranjerización del gran capital en la economía argentina es un dato estructural que no responde a factores meramente coyunturales del tipo “etapa de crisis” o “etapa de crecimiento”. Si bien tras el default de la deuda, el abandono de la paridad cambiaria fija y la cancelación de los pasivos con el FMI el país logró mayor autonomía respecto del capital financiero internacional, el rol central que juegan las grandes empresas extranjeras en variables clave como el nivel de la inflación y el tipo de cambio, la inversión, el mercado de trabajo, la distribución del ingreso y las cuentas externas y fiscales, ha reforzado ciertos aspectos nodales de la dependencia económica. La concentración de poder económico en una fracción del capital cuyo centro de decisión escapa, en lo sustancial, a los límites territoriales de la nación, impone condicionamientos importantes al Estado argentino en su intento por definir los parámetros centrales del proceso de acumulación.

A este se le añade una serie de elementos críticos que no han tenido la debida atención de los “hacedores de política” y de diversos ámbitos académicos e incluso sindicales, al menos hasta que últimamente “reapareció” con crudeza la problemática de la restricción externa y se empezaron a realizar esfuerzos denodados, no siempre exitosos, priorizando el corto (y muy corto) plazo. Entre otros nudos críticos cabe resaltar: las compañías transnacionales que se desenvuelven en el nivel local son relativamente poco generadoras de empleo por unidad producida y en su interior se manifiesta una distribución funcional del ingreso sumamente regresiva, lo cual torna poco plausible que el poder económico realmente existente pueda oficiar de vector conductor de un “modelo de acumulación con inclusión social”; las presiones sobre las cuentas externas generadas por los actores que controlan una proporción muy considerable y creciente del ingreso, por el hecho de ser fuertes demandantes de divisas (aunque sean importantes exportadores): altos coeficientes de importación (con su correlato en el plano interno en débiles grados de articulación e integración productiva y tecnológica, y el afianzamiento del carácter trunco de la estructura manufacturera), remisión al extranjero de utilidades y dividendos, pago de honorarios y de regalías por la compra y/o la utilización de tecnologías y/o patentes, intereses devengados por el endeudamiento con el exterior, etc.. Por eso, difícilmente se pueda afirmar que la inversión extranjera directa contribuya en el largo plazo a superar el problema del estrangulamiento externo crónico de la Argentina; y la inversión insuficiente por parte de las grandes empresas extranjeras y nacionales, así como la persistencia de buena parte del excedente en estado “líquido”, en su mayor parte bajo la forma de fuga de capitales al exterior.

¿“Burguesía nacional” versus capital extranjero?
La notable extranjerización de la economía argentina en las últimas décadas no hace más que expresar la ostensible debilidad del capital nacional vis-à-vis el capital extranjero. Incapaz de competir en igualdad de condiciones, esta fracción del empresariado local ha venido resignando porciones importantes de la estructura económica y se ha replegado hacia el procesamiento de recursos básicos relacionados con la “vieja” (pero sumamente actual) inserción del país en la división internacional del trabajo, actividades que, vale recalcar, tienen en los salarios bajos un dato estructural. Entre los “miembros ilustres” de esta fracción del poder económico se destacan los grupos Arcor, Grobocopatel, Ledesma, Madanes, Pérez Companc, Techint, Urquía y Vicentín, quienes en la posconvertibilidad se vieron ampliamente beneficiados.

A ellos debería agregarse un conjunto de actores que experimentaron un crecimiento notable bajo los gobiernos kirchneristas y que antes ocupaban lugares marginales (o inexistentes) en la dinámica de acumulación general y en el interior de los sectores dominantes. Dicha expansión económica y patrimonial fue posible merced a la muy activa participación de estos actores en muchas de las “áreas de negocios” que se habilitaron desde el sector público en diferentes frentes: obras de infraestructura, energía, medios de comunicación, juegos de azar, etc. (Electroingeniería, Cristobal López, Lázaro Báez, Grupo Petersen y Pampa Holding).

La notable expansión de estos “nuevos” grupos económicos fue posible por tratarse en general de actividades no transables y reguladas por el Estado y, por lo tanto, no sujetas directamente a la competencia capitalista. Lo más interesante a destacar al respecto, más allá de posibles hechos de corrupción, es que no se trata de un nuevo conjunto de “campeones nacionales” fomentados desde el aparato estatal, a la manera de los chaebols coreanos, para disputar una porción del mercado mundial en sectores dinámicos e intensivos en conocimiento, sino que deriva del aprovechamiento de ciertos espacios de acumulación que operan a resguardo de la competencia externa.

Es por ello que, más allá de las diferencias que puedan establecerse entre estos capitales vernáculos y los anteriores (historia empresaria, procedencia social de los propietarios, inserción sectorial de las firmas, grados de articulación con el capital extranjero, etc.), es claro que ninguno de ellos está interesado en encarar un proyecto susceptible de impulsar la reindustrialización del país sobre la base del desarrollo y el control de nuevas capacidades productivas que puedan recrear y/o potenciar las ventajas dinámicas de la economía, como mecanismo para hacer viable una sociedad más inclusiva e igualitaria y reducir el nivel de dependencia. De allí que se encuentren en las antípodas de lo que constituiría una genuina burguesía nacional.

De modo que en la actualidad, pese a ciertas construcciones discursivas, hay confluencia de intereses en el proyecto de país del capital extranjero y de los diferentes segmentos del gran capital nacional. En un caso, el de los “miembros ilustres”, por su inserción en el mercado mundial a partir del aprovechamiento de las ventajas comparativas domésticas. En el otro, el de los “nuevos burgueses”, porque allí no se busca modificar las modalidades de inserción de la Argentina en la economía global, en la medida en que el objetivo casi excluyente pasa por garantizarse ciertos “nichos de privilegio” al amparo de múltiples acciones y omisiones estatales. El problema es que, en ambos casos, el resultado es el mismo: la profundización de un perfil de especialización sumamente regresivo y una inserción pasiva y subordinada en el mercado mundial.

Esto marca una diferencia sustancial entre el papel de la burguesía argentina y otras periféricas como las del sudeste asiático, cuyas empresas nacieron mayormente como proveedoras o clientes de compañías foráneas pero luego se desarrollaron hasta terminar compitiendo con ellas. Países como Corea del Sur, Taiwán o China también procuraron insertarse en la economía globalizada a través de sus exportaciones, pero a diferencia del grueso de América Latina, estos países carecen de ventajas comparativas naturales y sus respectivos Estados buscaron crear o fortalecer burguesías nacionales asentadas sobre la producción industrial (con una creciente densidad tecnológica). Ello, a partir de burocracias estatales con grados más o menos relevantes de autonomía relativa respecto de la sociedad civil.

En cambio, en América Latina en general, y en la Argentina en particular, la mayor parte de los sectores dominantes sigue asentándose en buena medida sobre la explotación de las ventajas comparativas que ofrecen sus recursos naturales o en “nichos” de negocios regulados por el sector público; consecuentemente, los Estados nacionales no han llevado adelante una verdadera política industrial. De allí que las distintas regiones de la periferia (Este de Asia y América Latina) ocupen hoy en día lugares tan disímiles en la división internacional del trabajo.

En ese marco, difícilmente se encuentre entre las prioridades de las empresas trasnacionales el modificar sustancialmente el rol de la economía argentina en el mercado mundial, mucho menos cuando la misma no ofrece ventajas comparativas más allá de su abundante dotación de recursos naturales y ciertos ámbitos de acumulación privilegiados por las políticas públicas. Pero tampoco parece existir una burguesía nacional dispuesta a llevar adelante un proyecto de país distinto al que surge “naturalmente” de la tradicional división del trabajo a escala mundial. En definitiva, en este esquema no parece haber ninguna fracción de la gran burguesía que tenga interés genuino en impulsar la reconstrucción de un sistema industrial fuerte y moderno que le permita a la Argentina salir de su situación de dependencia.

Se trata de cuestiones de suma relevancia, máxime cuando en nuestro país existe un discurso bastante difundido que plantea que a partir de la salida de la convertibilidad, puntualmente desde 2003, se estaría atravesando una reindustrialización pujante que tiene entre sus principales correlatos un control nacional cada vez más acentuado. Sin embargo, ello entra en contradicción con dos factores estructurales, estrechamente relacionados, que se fueron configurando en los años de vigencia del neoliberalismo y que en la posconvertibilidad se profundizaron en sus aspectos esenciales: un perfil de especialización e inserción internacional que pivotea sobre producciones con un bajo o nulo grado de industrialización y una creciente extranjerización de la economía local. Todo esto invita a revisar críticamente el discurso legitimador de los procesos socio-económicos en curso, los criterios que guían la intervención estatal y el esquema real de ganadores y perdedores de la última década en términos de clases y fracciones de clase.

Martín Schorr es Licenciado en Sociología (UBA), Magíster en Sociología Económica , Doctor en Ciencias Sociales (FLACSO), docente e investigador de CONICET y coordinador, entre otros, del libro recientemente publicado “Argentina en la posconvertibilidad: ¿desarrollo o crecimiento industrial? Estudios de economía política”.
Fuente: http://www.argenpress.info/2014/01/a-30-anos-de-democracia-proyecto.html