viernes, 19 de enero de 2018

Veamos la contradicción del Plan Estratégico Agroalimlentario 2010-2020 y la lucha por imponer la ley Monsanto de semillas con "que si los gobiernos quieren acabar con el hambre y frenar el cambio climático, deben aplicar políticas públicas para impulsar la agricultura campesina".

Un problema de distribución

18 de enero de 2018

Expertos recomiendan que los gobiernos alienten la agricultura campesina. Advierten que la agricultura campesina produce el 70 por ciento de los alimentos del mundo en el 25 por ciento de la tierra, mientras que el agronegocio, para producir el 25 por ciento de la comida, recurre al 75 por ciento de la tierra.
 
Por Darío Aranda
Los campesinos, indígenas y agricultores familiares producen el 70 por ciento de los alimentos del mundo, a pesar de contar con sólo el 25 por ciento de la tierra. En contraposición, las empresas del agronegocio cuentan con el 75 por ciento de la tierra pero sólo producen el 25 de la comida. Así lo revela una investigación de la ONG internacional Grupo ETC, que desarma los mitos de la agricultura industrial y transgénica. El estudio asegura que si los gobiernos quieren acabar con el hambre y frenar el cambio climático, deben aplicar políticas públicas para impulsar la agricultura campesina.
 
¿Quién nos alimentará? ¿La red campesina alimentaria o la cadena agroindustrial?”, es el nombre de la investigación del Grupo ETC (Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración) que, en base a 24 preguntas, aporta pruebas de las consecuencias de la agricultura industrial y de la necesidad de otro modelo.
 
“Los campesinos son los principales proveedores de alimentos para más del 70 por ciento de la población del mundo, y producen esta comida con menos del 25 por ciento de los recursos –agua, suelo, combustibles– “, afirma al inicio la investigación. Por contraposición, la cadena agroindustrial “utiliza el 75 por ciento de los recursos agropecuarios del mundo, es de las fuentes principales de emisiones de gases de efecto invernadero y provee de comida a menos del 30 por ciento de la población mundial”.
 
A lo largo del trabajo se precisan 232 citas de otras investigaciones y publicaciones científicas que son la base documental que da sustento teórico y argumental al Grupo ETC. En datos monetarios, precisa que por cada dólar que los consumidores pagan dentro de la cadena agroindustrial, la sociedad paga otros dos dólares por los daños ambientales y a la salud que la misma cadena provoca.
 
Cuando se refiere a la “cadena agroindustrial” se trata de los eslabones que van desde los insumos para la producción hasta lo que se consume en los hogares: empresas de genética vegetal y animal, compañías de agrotóxicos, medicina veterinaria, y maquinaria agrícola; transporte y almacenamiento, procesamiento, empacado, venta a granel, venta minorista y finalmente la entrega a los hogares o restaurantes.
 
La investigación del Grupo ETC aborda una crítica sistémica. “La cuestión de fondo es que al menos 3.900 millones de personas padecen hambre o mala nutrición porque la cadena agroindustrial es demasiado complicada, costosa y –después de 70 años de vigencia– ha demostrado ser incapaz de alimentar al mundo”.
 
Desde hace décadas, el trillado argumento de las empresas, científicos del modelo transgénico, periodistas y funcionarios es que la población mundial aumenta y se necesita más producción para alimentarla. La investigación cita decenas de trabajos científicos que exhiben la falacia detrás del discurso del agronegocio. Ya existen suficientes alimentos para toda la población, señala, y el problema no es la producción, sino la injusta distribución. “En un mundo lleno de comida, más de la mitad de los habitantes no puede acceder a la comida que necesita. Lo más trágico es que tanto en números duros como en porcentajes, la proporción de personas mal nutridas va en aumento”, alerta.
 
En relación al ambiente, también existen grandes diferencias entre ambos modelos. El modelo campesino utiliza sólo el 10 por ciento de la energía fósil y menos del 20 por ciento del agua que demanda la totalidad de la producción agrícola, con “prácticamente cero devastación de suelos y bosques”. En tanto, la cadena agroindustrial destruye anualmente 75.000 millones de toneladas de capa de suelo arable y desmonta 7,5 millones de hectáreas de bosque. También es responsable del consumo del 90 por ciento de los combustibles fósiles que se usan en la agricultura.
El modelo agroindustrial es el principal responsable del desperdicio de alimentos. Según el Grupo ETC, de los 4.000 millones de toneladas de alimentos que produce la cadena agroindustrial anualmente, entre 33 y el 50 por ciento se desperdicia a lo largo de las etapas de su procesamiento o transporte y almacenamiento.
 
Entre los ganadores del modelo están las empresas de insumos agrícolas, que también son grandes promotoras y aliadas de medios de comunicación, universidades y gobiernos. En el mercado de semillas, negocio de 41.000 millones de dólares, sólo tres empresas (Monsanto, DuPont y Syngenta) controlan el 55 por ciento del sector. El modelo agroindustrial es dependiente de los agrotóxicos. Tres compañías (Syngenta, Basf y Bayer) controlan el 51 por ciento de un mercado de 63.000 millones de dólares. “Desde que se introdujeron las semillas transgénicas hace 20 años han ocurrido más de 200 adquisiciones de pequeñas empresas semilleras. Y, si las megafusiones corporativas que actualmente se están negociando prosperan, solamente tres nuevas empresas monopolizarán el 60 por ciento del mercado comercial de semillas y el 71 por ciento del mercado de agrotóxicos”, advierte la investigación.
 
El estudio asegura que, con las políticas adecuadas, el modelo campesino-agroecológico podría triplicar el empleo en el campo, reducir sustancialmente la presión sobre las ciudades ejercida por la migración, mejorar la calidad nutricional de los alimentos y eliminar el hambre.


Historiemos para descubrir en qué devino CTERA después de la entrega de la Marcha Blanca, y para cuestionar el carácter de referentes de Verbitsky o de Zaffaroni

¿Excelente Zaffaroni?? ¿Es el mismo que estuvo como miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante el kirchnerismo?? ¿Y lo reivindicamos en el espacio de la UAC??

Zaffaroni sabe mucho de colonialismo y de un mundo en manos de las corporaciones. Si lo sabrá, que cuando era miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Argentina logró que ese cuerpo falle a favor de Chevron Argentina, y por su intermedio de Chevron Corporation, dejando nulos los fallos de primera y segunda instancia que la condenaban. 

Recordar que Chevron Corporation provocó una de las contaminaciones más gigantescas de la historia del capitalismo en Ecuador, perjudicando a miles de personas con su accionar biocida y genocida. Por eso fue condenada a indemnizar a las víctimas por la suma de 19 mil millones de dólares. Sólo que, como es habitual en muchas transnacionales del imperio, desconoció el fallo y se fugó con sus bienes del Ecuador. 

Los afectados interpusieron recurso contra los bienes que esa corporación tiene en otros países, en función de la legislación vigente, lo que incluyó a la Argentina, donde la justicia en primera y segunda instancia falló a favor de las víctimas. 

Como queriendo lavarse las manos ante la magnitud de un fallo cipayo y colonial, la SCJ pidió un informe previo a la kirchnerista Procuradora General, que le sirvió de pretexto junto a otros argumentos indefendibles, para dejar sin efecto los fallos de instancias inferiores y hacer lugar a la apelación de Chevron Corporation.  

El fallo vergonzoso de la SCJ de fecha 4 de junio de 2013 lleva la firma del “progresista” Zaffaroni, y tuvo un rescatable dictamen en disidencia de parte del Dr. Fayt (que dicho sea de paso, fue acosado de múltiples maneras por el gobierno kirchnerista para que renuncie a su cargo). 

En síntesis, quien nos ilustra sobre el poder de las corporaciones en el mundo y sobre el colonialismo vigente, sobre las inversiones que pueden llegar sólo para generar mayor degradación ambiental, siendo miembro de la SCJ de la Nación operó a favor de una de las petroleras más saqueadoras y depredadoras del imperio, en perjuicio de miles de víctimas del hermano país de Ecuador. La misma Chevron que luego ingresó al país de la mano del kirchnerismo, abriendo las puertas a la explotación del fracking, en un contrato secreto, repudiable y vergonzoso con la ‘nacional’ YPF.

¿Así nos “nutrimos intelectualmente” en la UAC? ¿No tendremos otros referentes menos oprobiosos? 

Cordiales saludos.
Luis Laferriere 




"Tenemos un pasado común, un futuro común y desafíos comunes. Si aquí se forma un gobierno mapuche, con seguridad tendrá un impacto al otro lado de la frontera".

Aucán Huilcaman: "El discurso del Papa fue tremendamente tibio, ambiguo e impreciso".
19 de enero de 2018

Por Julieta Nassau
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Un mensaje: “Aukiñ Wallmapu Ngulam”. Una bandera: la mapuche. Un graffiti: 20 años de la CAM (Coordinadora Arauco Malleco). Son los tres elementos que decoran el frente naranja y azul, antiguo y con cierto dejo de abandono, de la sede del Consejo de Todas las Tierras (Aukiñ Wallmapu Ngulam, en mapuche) en esta ciudad, 680 kilómetros al sur de Santiago.
Allí, el werken (vocero) de la histórica organización independentista, Aucán Huilcaman, recibió a LA NACION horas después de la misa del papa Francisco en esta ciudad, corazón de la Araucanía y del conflicto mapuche en Chile, en la que lanzó que “la violencia termina volviendo mentirosa la causa más justa”, en un tiro por elevación a la CAM, el grupo radical que perpetra ataques incendiarios en su reclamo por las tierras que considera usurpadas.

Enojado porque pese a sus reiterados pedidos no logró su reunión con el Santo Padre, Huilcaman, ex candidato a la presidencia y al Senado, cuestionó duramente las palabras del Papa en la Misa por el Progreso de los Pueblos: “El discurso del Papa fue tremendamente tibio, ambiguo e impreciso”, dijo.

-¿Qué opina del mensaje de Francisco en la misa de Temuco?
Si lo miramos desde el punto de vista de [el antecedente de 1987, con] Juan Pablo II, es incomparable. Esta declaración es verdaderamente limitada, genérica e insuficiente. Juan Pablo II planteó tres asuntos de la Araucanía: el fortalecimiento y respeto a la cultura del pueblo mapuche, el respeto a los derechos humanos y la relación de la cultura y la tierra. Desde el punto de vista de los contenidos, es muy irrelevante lo que ha manifestado el papa Francisco. Pero también es entendible, porque él sabe a la perfección qué pasó en Neuquén, Río Negro y Chubut con los despojos de tierra de Julio Argenitno Roca [por la campaña del desierto] y la acción del Ejército chileno en la Pacificación de la Araucanía hasta la actualidad.
-¿Por qué eso lo hace entendible?
Porque hay responsabilidad del Vaticano ante esa situación.
-¿No consideró como un gesto que el Papa haya invitado al altar a mapuches y almorzado con otros miembros de la comunidad?
Creo que es parte de la estrategia comunicacional, simplemente para omitir su responsabilidad como jefe del Estado del Vaticano. Eso lo hacen los gobiernos de Argentina y de Chile periódicamente: invitar a mapuches, pero con finalidades simbólicas, sin efecto alguno.
– ¿Esos mapuches que se reunieron con él no trasladaron el mensaje de la comunidad?
Los mapuches con los que Francisco se reunió es el típico mapuche producto de la dominación y el colonialismo. Todo el que viene aquí ha utilizado el asunto mapuche a su manera y la Iglesia lo ha hecho a su manera, sin entrar de fondo. Fue una visita lamentable porque debieran estar con los que sufren y los que han sufrido es el pueblo mapuche.

-Para ustedes, ¿qué le faltó al mensaje del Papa hoy?
Le faltó reconocer el derecho a la tierra, que es la causa de las tensiones y controversias. Le faltó señalar que el estado tiene una responsabilidad en lo que sucede con los mapuches.

Ustedes pidieron una reunión con el Santo Padre que finalmente no sucedió. ¿Qué querían trasladarle?

Queríamos hablar dos asuntos: el tema de la responsabilidad institucional del Estado argentino, el chileno y el vaticano en el asunto del crimen de lesa humanidad, del genocidio [en la Conquista del Desierto y la Pacificación de la Araucanía]. Queríamos hablar del genocidio y de la toma confiscación y ocupación del territorio mapuche que se hizo allí por la fuerza y que tiene un problema de legitimidad. El derecho internacional nos ha dado dos grandes herramientas: el derecho de libre determinación, que nos permite hasta conformar un gobierno y en eso estamos trabajando, y en segundo lugar llevar esos tratados celebrados entre Estado chileno y el mapuche hasta 1825 y que el derecho ha reconocido en la declaración americana de los derechos de los pueblos indígenas firmado en 2016 y en la declaración de la ONU de los pueblos indígenas.

– ¿Van a insistir para ver a Francisco?
Yo creo que al papa Francisco le vamos a hacer llegar una nota manifestando nuestras lamentaciones por su discurso tremendamente tibio, ambiguo, impreciso. Su tibieza es inexplicable cuando él es conocedor de la historia, lo cual evidentemente lo llevó a tomar precaución. Vino a actuar políticamente. Fue un discurso político, que estuvo mirando más al Estado argentino, el chileno y las corporaciones.

– Francisco dijo que “la violencia termina volviendo mentirosa la causa más justa”, en un mensaje que pareció dirigido a los mapuches radicales. ¿Está de acuerdo?
Eso es una verdad a medias. Porque él sabe que la violencia institucional comenzó hace más de un siglo y hasta el día de hoy. Si hubiese dicho “violencia institucional histórica y actual”, eso sí hubiese sido completo.

– ¿Considera que es útil la violencia como vidriera del conflicto mapuche?
Yo creo que la quema de las iglesias de la semana pasada [en Santiago, tres días antes de que llegara al Papa]. Yo tengo muchas dudas que estén participando los mapuches del todo. Si así fuera, no es mi manera de actuar.
– ¿Usted tiene vínculos con la CAM?
Claro, conocemos a la gente de la CAM. Sus dirigentes son conocidos, actúan públicamente.
– Usted dijo que están trabajando en un gobierno mapuche, ¿cómo lo imagina?
La formación de un gobierno aquí depende hoy en gran medida de la capacidad orgánica mapuche, de su voluntad de autoconvocarse y autodeterminar un gobierno. Tenemos que iniciar un proceso de orgánico y de descolonización porque hasta el momento solo tenemos la figura del estado y la idea es que un día nos reunamos y digamos “hoy formamos gobierno”, y lo haremos al amparo del derecho internacional.
– ¿Ese gobierno incluiría a los mapuches de la Argentina?
Por el momento, hemos estado hablando, preferentemente los mapuches de acá. Creo que los mapuches de Argentina tienen que tomarse su tiempo, que puede ser igual o menos. Es una situación de ellos. Pero todavía no hemos discutido si este gobierno tendría alcance reciproco, en los dos países.
– ¿Cómo están las relaciones mapuches de Chile y la Argentina?
Muy buena. Hay muy buena comunicación y relación desde los 90, cuando empezamos a renovar el reclamo. La bandera la hicimos conjuntamente. Y tiene que seguir la relación. Tenemos un pasado común, un futuro común y desafíos comunes. Si aquí se forma un gobierno mapuche, con seguridad tendrá un impacto al otro lado de la frontera.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=236764

"Nos han maltratado por muchos años, queriendo impedir nuestra vida en el territorio que hemos habitado desde antes que existieran los estados chileno y argentino y se impusieran tratando de reducirnos y eliminarnos. Frente a esto, es necesario su pronunciamiento hacia tales aberraciones, puesto que si ha de venir de visita a nuestro territorio es su deber enterarse de la realidad que vive el pueblo ancestral y la necesidades de justicia que tenemos. Si la iglesia católica proclama la paz y justicia ésta debe ser para todos los pueblos sin excepción".

Nación Mapuche. Carta de Machi Linconao a Papa Francisco

Resumen Latinoamericano / 17 de enero de 2017 / Mapuexpress

Hoy tengo la posibilidad de dirigirme a Ud. para presentar mi situación y la de nuestro Pueblo Mapuche. Mi nombre es Francisca Linconao Huircapán, Machi (autoridad tradicional Mapuche) del Lof Rahue, de la comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía.
Desde el año 2013 el Estado Chileno ha tratado de vincularme a un terrible hecho: la muerte de dos personas en un incendio, ante lo cual he sostenido siempre mi inocencia, pues en mi rol de Machi respeto profundamente la vida.
He enfrentado dos juicios de los cuales he sido absuelta, a fines del año 2017 se anuló el último juicio y nuevamente deberé enfrentar un agotador proceso judicial. Actualmente me encuentro con la medida cautelar de arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno, lo que por cierto afecta mi quehacer como Machi y la tranquilidad de mi hogar, pues la policía día a día asistirá a controlar si estoy en casa, a diferentes horas de la noche.
En las acciones que dieron origen al primer juicio se allanó mi hogar en presencia de mi sobrina nieta de tan sólo tres años, se me acusó de tener armas, y los carabineros me despojaron de mi vestimenta tradicional, lo que vulneró completamente mi dignidad como mujer Mapuche, pero por sobretodo como Machi. En ese juicio pude demostrar mi inocencia, pero el Estado no ha reparado el daño ocasionado, está pendiente una demanda civil al respecto.
Dentro del segundo juicio, desde el 31 de marzo del 2016, tuve que enfrentar 9 meses de prisión preventiva, en la cual mi salud se fue deteriorando, sumando nuevas enfermedades crónicas. También tuve que realizar una huelga de hambre, para así lograr esperar el desarrollo del juicio en mi hogar, sin tener que estar constantemente solicitando cambios en la medida cautelar.
Todo mi caso es conocido ampliamente a nivel nacional e internacional, durante todo el proceso llegaron muestras de solidaridad desde diferentes partes del mundo, lo cual me ha dado la fuerza para seguir insistiendo en demostrar mi inocencia y que finalice lo más pronto posible este nuevo juicio.
A Ud. como máxima autoridad de la Iglesia Católica, y como reconocido líder internacional de la paz, le pido que invite al Estado de Chile a revisar mi situación e intervenga en este nuevo juicio, en el cual los fiscales de este país intentan condenarme a 40 años de cárcel, sin tener pruebas en la carpeta investigativa, sin yo tener ningún vínculo en este horrible crimen, pues ya ha quedado demostrado.
Si Ud. averigua un poco, se dará cuenta que en Chile sólo a los Mapuche se nos aplica la Ley Antiterrorista, no se nos respeta la presunción de inocencia, la prisión preventiva es extremadamente larga y sin justificación. Sólo a los Mapuche se nos somete una y otra vez a juicios, existiendo una condena anticipada por los medios de comunicación.
Ya lo dije en un medio de comunicación local: Ud. y yo somos Autoridades Espirituales, y podemos dar muestra del respeto que debe existir entre las personas que habitamos esta tierra, sin embargo, debido a la persecución en mi contra, no he podido vivir mi espiritualidad.
Muchas gracias y espero lleve esta palabra a su país de origen, pues allí también está sufriendo lo mismo nuestro Pueblo Mapuche.

(Nota del editor: Alrededor del mediodía del 17 de enero y después de ofrecer una misa en el aeropuerto de Maquehue, región de La Araucanía, Francisco I pasó sobre el papa-móvil junto a la Machi Linconao, quien tenía la intención de pasarle personalmente la carta arriba reproducida. Sin embargo, el contingente descomunal de policías impidió especialmente que el Papa siquiera advirtiera la presencia de la Machi Linconao. Incluso las policías no dejaron trabajar a los medios de comunicación dominantes en la cobertura del momento. El objetivo de la Machi es que el Papa medie entre el Estado chileno y el caso en el que están imputados judicialmente (por doble ocasión y sin pruebas) 11 comuneros mapuche. Al no poder entregarle la misiva, la Machi se retiró ofuscada del lugar.)

ANTECEDENTES DE LA PERSECUCIÓN A MACHI LINCONAO
Al Papa Francisco Autoridad de la Iglesia Católica
La presente tiene por motivo exponer a usted las graves injusticias y persecución que he tenido que atravesar siendo autoridad ancestral del pueblo mapuche, dedicando toda mi vida desde los 16 años al servicio de mi comunidad y de todas las personas que buscan mi ayuda.

Según mi entendimiento esta persecución se inicia desde  el año 2008 fecha en la que realicé una demanda inédita en Chile invocando el convenio 169 de OIT, para exigir protección de un lugar sagrado para la cultura mapuche, el cerro Rahue, ésta demanda se inició cuando el empresario Alejandro Taladrìz    realizaba explotación de este lugar cercano a mi comunidad, talando árboles nativos y violando menoco (fuentes de agua, vertientes naturales), lugares de   connotación sagrada para mi cultura y necesarios para mi  trabajo como mujer dedicada  a la medicina ancestral y al de otros machi que necesitamos de las hierbas medicinales y aguas limpias para hacer remedios naturales y sanar de distintas enfermedades a todos quienes buscan nuestra ayuda. Esta demanda fue ganada y el cerro Rahue hasta el dìa de hoy se encuentra con protección impidiendo su explotación, desde esa fecha he sentido que los  empresarios y latifundistas me han señalado como una mujer peligrosa para sus intereses económicos, pues fui la primera persona en este país que  invoca este convenio y gana una demanda sentando un precedente que podría ser repetido por otras autoridades del pueblo mapuche.
Es así como inexplicablemente el  4 de enero del año 2013 llega un numeroso contingente policial a allanar mi casa  ubicada  en la comunidad Pedro Linconao II, en donde solamente vivíamos  tres mujeres adultas y una menor de edad (mi hija Carmen,  mi hermana Juana Linconao y mi nieta Paulita de tres años), este procedimiento policial fue irregular y muy agresivo, pues cargaban armas de grueso calibre y sin medir dialogo  entraron a  mi casa, no mostraron ninguna orden escrita por una autoridad, sin explicar  la razón de este atropello, así entraron y registraron  las distintas habitaciones de mi casa alrededor de 30 policías de civil y uniformados, en donde  policías no identificados  pusieron dentro de  una caja  objetos que usaron para inculparme de una hecho gravísimo que afecto a una pareja de ancianos quienes murieron producto de un incendio la noche anterior. En esa ocasión estuve detenida por una noche en la comisaria de la comuna de Padre las casas, en donde me maltrataron despojándome de mi vestimenta tradicional y exponiéndome a la prensa como una delincuente, para luego ser llevada al tribunal donde recién me informaron que me estaban inculpando de participar en el incendio con resultado de muerte de la pareja Luchsinger Mackay ,hecho en donde yo nunca he tenido ninguna responsabilidad y en del cual soy absolutamente inocente. En esa ocasión quede con medidas cautelares muy con  arresto domiciliario total y arraigo nacional, lo que me impidió por muchos meses ejercer mi trabajo como machi.
En febrero del 2014 tuve que enfrentar el juicio en donde quedo en evidencia el montaje que trataron de imponerme, pues a través de un video ampliamente difundido se aprecia claramente los momentos precisos en donde los policías de civil que ingresan a mi vivienda con una mochila son encubiertos por otros para que no se observe como siembran  pruebas falsas, en este proceso quede absuelta de todo cargo y a posterior realice una demanda en contra del estado de Chile por daños morales y perjuicios en donde gane una indemnización que hasta el día de hoy no se ha hecho efectiva.
El ensañamiento y persecución hacia mi persona no se detuvo, el 30 de marzo del 2016 nuevamente fui arrestada e inculpada injustamente por el mismo caso  del cual había sido absuelta, pero en esta ocasión se utilizó al comunero mapuche Josè Peralino Huinca  quien fue presionado y manipulado  para que firmase una declaración inculpándome a mí y a diez hombres más, quienes también fueron arrestados y procesados a pesar  que Peralino en plena audiencia de formalización denuncia ante jueza de garantía ser víctima de apremios ilegítimos  señalando a los policías como culpable de extorsión para firmar dicha declaración, pese a esto se nos encarceló a todos y por mi parte tuve que permanecer nueve meses en la cárcel de Temuco, ya que también se nos aplicó el peso de la ley antiterrorista, la que impone prisión preventiva de inmediato aunque no existan pruebas, violando las garantías jurídicas como son la presunción de inocencia e impidiendo obtener beneficios como cambios de medida cautelar,  ya que se exige unanimidad para poder acceder a estos, por lo cual en este periodo de encarcelamiento me  enfermé gravemente, pues una machi  no debe estar separada de su territorio, ya que tenemos una conexión especial con la naturaleza, de donde se nos entrega la energía y el don para sanar a otras personas. Así fue como estuve prácticamente todo el año 2016 en la cárcel de mujeres, obteniendo cambio de medida cautelar por arresto domiciliario total en cuatro oportunidades, revocándose cuatro veces a pedido de los querellantes quienes me acusaron públicamente y sin pruebas  de ser un peligro para la sociedad, por lo cual  el 22 de diciembre del 2016 tome la decisión deiniciar una huelga de hambre para denunciar la injusticia y mi grave situación a nivel internacional, lo que junto al apoyo de una gran movilización social terminó por presionar al poder político y  jueces quienes a pedido de un recurso de amparo de mi defensa terminaron por dejarme con arresto domiciliario total y  arraigo nacional el 5 de enero del 2017.

Desde la fecha anterior tuve que esperar el juicio con estas medidas cautelares gravosas que impidieron mi trabajo y recuperación, el 21 de agosto del 2017 se inició el juicio oral que duro más de dos meses, terminando el 24 de octubre con una sentencia unánime absolutoria para todos los imputados, pero esta persecución no se detuvo, pese al veredicto que demostró nuestra inocencia, puesto que los querellantes solicitaron anulación del juicio, el cual en un fallo inédito por parte de la corte de apelaciones de Temuco fue anulado el viernes 29 de diciembre del 2017 , nuevamente tendré  que someterme a un juicio en el cual  veremos que no hay pruebas ni formas de vincularme al hecho del cual se me imputa y aun siendo inocente declarada por el tribunal hace menos de dos meses, el día 15 de enero del 2018 me han impuesto nuevamente medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno hasta que termine el nuevo juicio que se iniciará el 26 de febrero del 2018 extendiéndose por lo menos hasta el mes de abril. Esta situación es un acto injusto e inapropiado ya que siempre me he hecho presente en cada uno de los requerimientos judiciales, no hay justificación para limitar mi libertad, aquí queda más que demostrado la maldad judicial con la que se actúa hacia mi persona.
Ya expuesta la totalidad de las graves violaciones a mis derechos fundamentales como ser humano y más aún como autoridad del pueblo mapuche, es que solicito su intervención como autoridad política y espiritual del cristianismo para que cese la persecución hacia nuestro pueblo por parte del gobierno, fiscales y policías, quienes usando su poder nos han maltratado por muchos años, queriendo impedir nuestra vida en el territorio que hemos habitado  desde antes que existieran  los estados chileno y argentino y  se impusieran tratando de reducirnos y eliminarnos. Frente a esto,  es necesario su pronunciamiento hacia tales aberraciones, puesto que si ha de venir de visita a nuestro territorio es su deber enterarse de la realidad que vive el pueblo ancestral y la necesidades de justicia que tenemos.
Si la iglesia católica proclama la paz y justicia ésta debe ser para todos los pueblos sin excepción !!

Machi Francisca Lincoanao Huircapan Autoridad Ancestral del pueblo Mapuche
TEMUCO, 16 de enero 2018

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/01/17/nacion-mapuche-carta-de-machi-linconao-a-papa-francisco/

jueves, 18 de enero de 2018

“Compartimos este artículo de Ely Jiménez sobre IIRSA Cosiplan que da cuenta de las amenazas y avances de este Plan en los territorios ancestrales como también sobre las resistencias. El texto original se comparte a continuación y fue publicado en Revista Aukin”.

IIRSA: Resistencias desde los territorios indígenas a este nuevo ciclo de colonización

18 de enero de 2018

IIRSA-COSIPLAN: Un nuevo ciclo de colonización de los mundos indígenas
Por Ely Jiménez Cortés [1]
El plan IIRSA-COSIPLAN está avanzando, hoy son cerca de 600 proyectos y cada uno de ellos se asocia a otras iniciativas que, sin ser parte de la plataforma, la potencian. La transformación de los territorios está en marcha, pero también las resistencias. En estos 17 años, la conflictividad territorial sudamericana se ha intensificado y las reivindicaciones han abierto un nuevo ciclo, donde el control territorial se ha posicionado en el centro del debate político.

En América latina el siglo XXI se abre con la violenta expansión, material y simbólica, de las fronteras extractivas hacia espacios que sólo parcialmente habían sido ‘integrados’ al mundo capitalista, y en los cuales se despliega la vida de pueblos y naciones indígenas que han logrado resistir sucesivos procesos de conquista. Los mundos indígenas se enfrentan a un nuevo ciclo de colonización, donde las opciones para el saqueo se multiplican, como señala Guillermo Tascon de la OIA: “La fiebre del oro y la plata de la primera conquista hizo que no vieran los bosques, el agua, el conocimiento; de pronto la codicia nos salvó a muchos pueblos, porque se llevaron apenas lo más visible y lo que era valioso en ese entonces. Pero ahora todo puede convertirse en oro, en dinero. Vienen hasta por los olores de las plantas, por las palabras bonitas de los abuelos y las abuelas…Sobre nuestros territorios los empresarios y el Estado pintan mapas de recursos naturales donde nunca aparece un indio, y hablan de las tierras como si fueran baldías; otra vez no tenemos alma, no somos seres humanos…”

Mediante programas multinacionales como el Proyecto Mesoamericano (Ex Plan Puebla-Panamá) y la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) del COSIPLAN, la máquina extractivista responde a las demandas del capitalismo depredador con megaobras que derriban las barreras naturales que dieron resguardo a los mundos indígenas en resistencia. No se trata de obras aisladas ejecutadas por gobiernos locales o nacionales, sino de programas de planificación territorial, de largo plazo, que son promovidos por la banca multilateral (liderada por el BID) y consensuados como política de Estado. El avance de las obras se legitima con el ‘evangelio’ desarrollista, que promete ‘superar la pobreza’, ‘generar emprendimientos’ y ‘reconocer el valor agregado de la diferencia cultural’. Así, sin renunciar al uso tradicional de la violencia, este nuevo ciclo de colonización se sostiene en la materialidad de la infraestructura, que avanza lenta y silenciosamente.
En la región sudamericana, IIRSA-COSIPLAN abre los territorios con infraestructuras viales (carreteras, puentes, túneles, hidrovías, etc.) que agilizan la circulación de los bienes que se consideran ‘mercancías’ y, paralelamente, nutre los emprendimientos extractivos con megaproyectos energéticos (hidroeléctricas, centrales nucleares, termoeléctricas, redes eléctricas, etc.). Si bien estas obras no se limitan a los territorios indígenas, es ahí donde han encontrado mayor resistencia.Efectivamente, desde sus inicios el año 2000, las obras IIRSA han desencadenado intensos conflictos territoriales que, paradójicamente, evidencian la capacidad de los pueblos y naciones indígenas para enfrentar, en condiciones de extrema desigualdad, las estrategias de ocupación territorial. Pueblos que la historiografía oficial había declarado extintos, se posicionan contra la IIRSA, desarrollando discursos reivindicativos y articulando alianzas con otros sectores subalternizados.

Aunque no se puede obviar que amplios sectores indígenas han asumido la lógica desarrollista y naturalizado la necesidad de infraestructura como requisito para un mejor vivir, se debe reconocer a los sectores críticos que en defensa de su territorio denuncian el carácter genocida del plan IIRSA-COSIPLAN. En esta línea, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), ha declarado: “Las naciones y pueblos indígenas venimos sufriendo los impactos socio-ambientales y la violación de nuestros derechos humanos como efecto de la implementación de estos proyectos. Los hechos demuestran que IIRSA está provocando una acelerada destrucción de la Amazonía, del ecosistema del Pantanal, de los Andes y del Chaco, dañando territorios de los pueblos indígenas, comunidades costeras y ribereñas, desplazando miles de personas, con pérdida de biodiversidad, de medios de vida, agravando la pobreza y arriesgando la pervivencia de las futuras generaciones”.

Más allá de estos impactos ecosistémicos, la ejecución de proyectos IIRSA-COSIPLAN se asocia a un ‘régimen extractivista’ que las impone a través de complejas estrategias de control social, que consideran:
(a) La negación de la presencia indígena en los territorios que serán intervenidos. En este caso se ponen en juego dos mecanismos; por un lado, asumir que se trata de territorios no habitados, baldíos, que deben ser aprovechados; y por otro, negar el carácter de indígena a las poblaciones que lo habitan. En ambas situaciones, la negación supone que la consulta indígena, estipulada en el Convenio 169 de la OIT, no es necesaria ni pertinente.
(b) La aplicación selectiva y burocrática de la consulta indígena.En escenarios de conflicto, se aplica la consulta, pero solo a sectores afines o desinformados. Aquí suele operar una aplicación burocrática, que reduce el proceso de consulta a un taller informativo y/o la aplicación de una encuesta individual, que no reconoce las estructuras políticas internas. Generalmente, ésta se aplica cuando el proyecto ya está diseñado y puede usarse para negociar compensaciones.
(c) La implementación de campañas comunicacionales que favorecen el apoyo a las obras. Estas tienen el objetivo de neutralizar el rechazo y se sostienen en discursos de progreso y desarrollo, que dan centralidad a la generación de empleos. Las campañas suelen usar las memorias y tradiciones locales para lograr que las poblaciones se identifiquen con las obras, además de apelar constantemente al ‘bien común’ de la nación en oposición a los intereses particulares de ciertos grupos, que son estigmatizados como ‘conservadores’, ‘antidesarrollistas’ y en algunos casos ‘ignorantes’.
(d) La fragmentación de los proyectos y su desconexión del plan IIRSA. Es común que los proyectos sean divididos en tramos o etapas para tramitar los estudios de impacto e invisibilizar su impacto total. Esto también permite que se presenten como iniciativas locales, focalizadas, que responden a necesidades inmediatas, presentándose como desconectadas de IIRSA-COSIPLAN, de esta forma evaden el debate sobre la planificación territorial y el modelo de desarrollo que conlleva.
(e) Disociar los proyectos IIRSA de los emprendimientos extractivos. Discursivamente se niega o, por lo menos, invisibiliza la relación de las obras de infraestructura, como carreteras o hidroeléctricas, con megaproyectos mineros, hidrocarburíferos, agroindustriales, forestales, etc., que son rentables gracias a ellas. Así se gestiona el rechazo al extractivismo, argumentando que una carretera no explota la naturaleza y una hidroeléctrica es energía renovable.
En su conjunto estas estrategias buscan la ‘pacificación’ de las naciones y pueblos indígenas cuyos territorios serán intervenidos por una obra. En este punto es importante señalar que dichas estrategias, aunque con matices, están presentes en países que claramente asumen el multiculturalismo neoliberal, que les permite gestionar la diferencia cultural bajo las lógicas del mercado (por ejemplo, Chile [2]), y también en los Estados Plurinacionales que constitucionalmente reconocen ciertos niveles de autonomía indígena (Bolivia y Ecuador). En ambos casos, IIRSA-COSIPLAN se ha despolitizado y aceptado como un programa técnico, sin cuestionar su rol como soporte material de la expansión extractivista y, consecuentemente, del ejercicio colonizador.

Algunos conflictos emblemáticos:
El plan IIRSA-COSIPLAN está avanzando, hoy son cerca de 600 proyectos y cada uno de ellos se asocia a otras iniciativas que, sin ser parte de la plataforma, la potencian. La transformación de los territorios está en marcha, pero también las resistencias. En estos 17 años, la conflictividad territorial sudamericana se ha intensificado y las reivindicaciones han abierto un nuevo ciclo, donde el control territorial se ha posicionado en el centro del debate político. En los primeros años, la conflictividad derivada de obras IIRSA, se focalizó en tierras amazónicas, la máquina se abría paso desde el Atlántico, hoy está emerge, aun lentamente, en los territorios que miran al Pacífico. En este contexto, destacamos los siguientes conflictos:
(a) Conflicto por la variante San Francisco-Mocoa en el Putumayo (Colombia). Este proyecto es parte del EID Amazonas, que conecta los puertos de Belem do Pará (Brasil) y Tumaco (Colombia) y, por ende, los océanos Atlántico y Pacífico. Este corredor atravesaría la ruta ancestral Zachamates transitada por los sanadores tradicionales y caminantes de los pueblos Kamentsa e Inga. El gobierno colombiano negó la presencia de estos pueblos, argumentando que no había población habitando estos terrenos. La respuesta indígena es que son sus lugares sagrados, no se habitan porque están en resguardo, es el lugar donde nace el agua que los alimenta a ellos y otros pueblos. Los Kamentsa e Inga denuncian que el tramo abrirá el camino a las mineras y petroleras, que los desplazarán de sus territorios y destruirán la vida en el Putumayo. Los Kamentsa y los Inga se han movilizado con marchas y bloqueos, haciéndose parte, junto a otros 14 pueblos del Putumayo, de la Minga por la Vida, movilización indígena de carácter nacional.
(b) Conflicto por la hidroeléctrica Cachuela Esperanza (Bolivia).Este proyecto forma parte del Complejo hidroeléctrico del Río Madera, que incluye también las hidroeléctricas San Antonio y Jirau en Brasil; este complejo forma parte del EID Perú-Brasil-Bolivia. Es un proyecto muy polémico, ubicado en el oriente boliviano. Ha sido rechazado fuertemente por la CIDOB orgánica, institución que agrupa a los pueblos indígenas de tierras bajas (Amazonía y Chaco). Su retractores argumentan que no es una obra necesaria para el pueblo boliviano, pues su función es exportar energía a Brasil a un altísimo costo ambiental, principalmente por el riesgo de grandes inundaciones que afectarían a pueblos indígenas como los Chacobo, uno de los 14 pueblos que habitan la zona. La construcción de esta obra alteraría las dinámicas ecosistémicas de su entorno inmediato y tendría repercusiones en toda la zona del Beni. Si bien el descontento se ha instalado en la escena pública y ha convocado el apoyo urbano, aún se mantiene como un conflicto latente.
c) Conflicto por el tramo II de la carretera Villa Tunari- San Ignacio de Moxos (Bolivia). Más conocido como el conflicto del TIPNIS, se trata del conflicto más intenso que ha vivido la Bolivia postconstituyente. Si bien el tramo no está en la cartera de IIRSA-COSIPLAN, éste se articula con el corredor Bioceánico Norte que conecta el eje sojero de Rondonia (Brasil) con las costas peruanas y desde ahí con los mercados asiáticos. Desde el 2011, que la construcción del tramo, atravesando un parque nacional y el territorio de los pueblos yuracaré, mojeño y chiman, ha convocado un radical rechazo por parte de indígenas y no indígenas. Las movilizaciones, especialmente las marchas de más de 60 días (de la Amazonía a La Paz) generaron una fuerte crisis política que desestabilizó al gobierno de Evo Morales quien el 2012 debió suspender la obra. Hoy el conflicto nuevamente se hace público tras el anuncio presidencial que ha dado el ‘vamos’ al proyecto, desconociendo los acuerdos previos.
(d) Conflicto por la carretera Interoceánica Sur (Perú). Esta obra forma parte el EID Perú-Brasil-Bolivia; y su objetivo es unir el Acre y el Sur del Perú, pasando por las regiones de Madre de Dios, Cuzco y Puno. Esta obra pondría en riesgo a los indígenas en aislamiento voluntario, además de incrementar la migración andina hacía la región amazónica y la invasión de tierras indígenas en general. En este caso la resistencia indígena fue mucho más focalizada y no concitó solidaridades masivas a nivel nacional. Sin embargo, es importante mencionar el caso por su rol en el escándalo de corrupción protagonizado por la empresa Odebrecht, que aun remece la política peruana [3] y brasilera.
Estos casos ejemplifican claramente la intensidad y el impacto de los conflictos territoriales derivados de la implementación de obras IIRSA-COSIPLAN. Como ya se ha señalado, estas obras no se concentran en territorios indígenas, pero es ahí donde la defensa territorial es más intensa, pues lo que está en juego es la reproducción de territorialidades y sistemas de vida que se despliegan fuera, o en los márgenes, del sistema capitalista. Los proyectos de IIRSA-COSIPLAN ejercen sobre estos territorios un violento proceso de colonización, en que los territorios son domesticados bajo lógicas capitalistas y las identidades gestionadas en función de las nuevas dinámicas de acumulación. Las obras avanzan, pero los pueblos y naciones indígenas se resisten, no han sido derrotados.
Notas:
[1] Investigadora Colectivo El Kintral www.colectivoelkintral.cl
[2] En este país aún no existe un procedimiento consensuado para la consulta indígena y tampoco acuerdo sobre su rol vinculante. La situación no es muy diferente en los casos boliviano y ecuatoriano, donde este instrumento a pesar de haber sido constitucionalizado, su aplicación no logra cumplir los estándares mínimos.
[3] Las investigaciones del caso conllevan el actual arresto preventivo del ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia.

“Seguiremos protegiendo nuestros recursos naturales, como he dicho ya, todo lo que atente contra la naturaleza, contra la tierra, tendrá conflicto. Vamos a continuar trabajando en esta lucha, defendiéndonos, porque como mapuche, como kimche, como autoridad, debemos pelear por nuestro territorio”.


Chile: Las centrales hidroeléctricas que

amenazan los ríos del Valle de Elicura

29 de diciembre de 2017


“Elicura, territorio mapuche marcado por décadas de intervención de empresas forestales y latifundistas. El evangelio y el paternalismo estatal. Ubicado en la comuna de Contulmo, en el sur de la provincia de Arauco, desde el año 2006 ha resistido a empresas saqueadoras de recursos naturales como la extracción de áridos”.
“Entonces cuando se llegaba la fecha de esa reunión se iba allá arriba, a Provoque, y se tocaba el küll küll, escuchaban todos esos pa allá pa Lebu, y llegaban todos y se reunían, jugaban el palin, nguillatun, todo, formaban todos los kawines ahí ellos, y eso lo dirigía Eli, el cacique Eli que era el lonko principal del Valle de Elicura. Él era muy práctico para hacer la honda, para tirar la piedra, entonces por eso la piedra era de Eli, todo era de él, él lo mandaba, él lo dirigía todo, y cuando se fue, quedó la piedra, se fue, Eli Ñicura, Ñi, dejó su piedra, Eli se fue, dejó su piedra…” (Lonko José Leviqueo)
Por Natascha Olivera
Elicura, territorio mapuche marcado por décadas de intervención de empresas forestales y latifundistas. El evangelio y el paternalismo estatal. Ubicado en la comuna de Contulmo, en el sur de la provincia de Arauco, desde el año 2006 ha resistido a empresas saqueadoras de recursos naturales como la extracción de áridos, las que intervinieron irremediablemente los ríos Elicura y Calebu, afluentes directos del lago Lanalhue, hoy en peligro de empantanarse a raíz del luchecillo que ocasionaron los cisnes de cuello negro que hoy habitan sus aguas luego de emigrar del río Cruces, en Valdivia, como respuesta a la contaminación provocada por Celco.
Sumado a las forestales y al triste recuerdo dejado por las empresas extractoras de áridos, hoy se suma una nueva amenaza: Las centrales hidroeléctricas. Fue en julio de 2016, por una casualidad, que habitantes del Valle de Elicura descubren la existencia del proyecto energético impulsado por la empresa española, Hidrowatt, perteneciente al grupo empresarial Impulso, cuyo director ejecutivo es el empresario hispano José María Grugues.
Hidrowatt pretende construir tres centrales hidroeléctricas de paso en el territorio. Éstas son: Central Gustavito de 2,1 Mega Watts (MW) de potencia; Provoque de 1,6 MW y Calebu de 2,3 MW. Conocido el proyecto, los habitantes del Valle de Elicura acudieron a las instituciones pertinentes para exigir explicaciones respecto del proyecto. Sin embargo, el entonces alcalde de Contulmo, Diego Ibáñez; el gobernador de Arauco, Humberto Toro, ambos socialistas, sumado al seremi de Medio Ambiente del Biobío, Richard Vargas y el director regional de la Dirección General de Aguas (DGA) César Saavedra señalaron desconocer el proyecto argumentando que “no existía ninguna presentación formal” en las instituciones antes mencionadas.
Si bien las autoridades negaron el proyecto, los elicurache sabían de su existencia y se dio paso a las movilizaciones. Es así como el 29 de julio de 2016, más de 100 habitantes del valle toman la carretera P-60R que une Contulmo con Cañete, en oposición al proyecto hidroeléctrico.
Marcado el punto de inflexión los habitantes del valle se organizan, formando el Movimiento en Defensa de los Ríos del Valle de Elicura, compuesto por personas mapuche y no mapuche que buscan generar debate y concientizar a los habitantes del valle sobre esta nueva amenaza. En este tránsito, se organizan jornadas de propaganda, colmando las casas del valle de lienzos en contra de Hidrowatt, y se trabaja para instalar el conflicto en medios de comunicación, para así generar el apoyo de otras redes que comparten esta problemática en diferentes territorios.
A pesar de que las autoridades seguían negando existencia del proyecto, en octubre de 2016 la empresa Hidrowatt ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) la solicitud de pertinencia del proyecto “Gustavito”, la que fue autorizada por el director regional del SEA, Nemesio Rivas Martínez. La resolución reza que Hidrowatt no requería pasar su proyecto “Pequeña central hidroeléctrica Gustavito (2,1 MW)” por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), dándole a través de la pertinencia luz verde para comenzar a ejecutar el proyecto hidroeléctrico vulnerando de paso la realización de la respectiva consulta indígena.
Si bien las autoridades negaron el proyecto, los elicurache sabían de su existencia y se dio paso a las movilizaciones. Es así como el 29 de julio de 2016, más de 100 habitantes del valle se toman la carretera P-60R que une Contulmo con Cañete, en oposición al proyecto hidroeléctrico.
“Gustavito” intervendría el curso del río Provoque construyendo una estructura que generaría un caudal de pasada de 2 m3/s considerando la altura de 500 metros de caída del caudal y así poder elevar la potencia máxima a 2,1 MW. Para esto se necesita, desde su bocatoma, entubar el río por 12 kilómetros hasta llegar a una cámara de carga que embalsará hasta cincuenta mil metros cúbicos de agua, construyendo una estructura de cemento que tendrá muros de hasta 5 metros de alto. La energía generada, sería transportada por una línea eléctrica de 3,8 kilómetros por la ruta P-670R, ruta interior que une al valle con Purén, en la Región de La Araucanía, siendo la ruta lógica de la conectividad con los otros dos proyectos que tiene Hidrowatt en mente.
Los personajes clave de esta historia son varios. Uno de ellos es Jhon Araneda Peña. Su rol ha sido realizar el lobby entre la empresa, las instituciones públicas y los gobiernos locales. Además de dedicarse a “vender” el proyecto a las comunidades, es el “dueño” de los derechos de agua del río Provoque. También ha sido el encargado de hacer el lobby con forestal Mininco, empresa que es la propietaria “legal” de las tierras en las que Hidrowatt quiere construir la central de paso, dejando claro con esto, que el proyecto que se vende como un supuesto puente para el desarrollo energético de un territorio, no es más que un negocio entre particulares y el estado chileno para consolidar el modelo extractivista en la zona. Así lo demuestra la información pública que se puede obtener de la página del Servicio Nacional de Geología y Minería –Sernageomin- donde se observa que Hidrowatt posee derechos de exploración minera en este sector de la cordillera de Nahuelbuta.
El otro personaje es Patricio Sandoval, lobista y socio de la consultora C&S Limitada, que presta servicio a Hidrowatt. En octubre de 2016, Sandoval llegó hasta la sede de la junta de vecinos de San Ernesto, sector emplazado al oriente del valle, con la intención de explicar el proyecto hidroeléctrico. En dicha ocasión comuneros mapuche y vecinos del sector lo emplazaron a retirarse del territorio. Sandoval, acorralado, debió suspender su exposición y retirarse del valle: no sin antes firmar un documento en el que señalaba que “Hidrowatt no construiría ninguna central de pasada en el valle de Elicura”.
 “Fue una cuestión simbólica. Firmó ese papel para poder irse del valle, porque la gente no lo dejó hablar y le dejó en claro que no queríamos ninguna central en nuestro territorio y mucho menos hablar con la empresa”, recuerda Pamela Rayman, werken del Lov Elicura.
Es en este contexto que los Elicurache deciden comenzar la pelea jurídica en contra de la empresa de José María Grugues y las instituciones públicas involucradas, decidiendo en conjunto presentar un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Concepción y así frenar la resolución del SEA.
Fue en marzo de 2017, cuando se presentan cuatro recursos de protección en favor de las comunidades del Valle y su territorio y en contra de la empresa española y el Servicio de Evaluación Ambiental del BIOBIO (SEA), emplazando a las entidades correspondientes a generar las garantías de protección del estero Provoque y los ríos Elicura y Calebu. Tres de estos recursos fueron declarados inadmisibles. Así explicó la Corte el fallo: “el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando este ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que amenazan, perturban o privan del ejercicio legítimo de alguna de las garantías taxativamente numeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, dejando a salvo las demás acciones legales. Que, en consideración a lo anterior, la pretensión de los reclamantes, por sus características, debe ser resuelta en sede de la nueva institucionalidad en materia ambiental, esto es, por los Tribunales Ambientales, tanto más si no se vislumbra en el presente caso un quebrantamiento de un derecho que haya de restablecerse mediante la acción de protección intentada(…)”.
El cuarto recurso de protección, patrocinado por el alcalde UDI Mauricio Lebrecht fue rechazado por haberse presentado fuera del plazo legal.
“Lo resuelto por la Corte de Apelaciones en una actitud bastante descuidada y negligente. Ha dicho que no se declara competente para conocer este tipo de temáticas, lo que nosotros consideramos inaceptable ya que someter ciertos proyectos a estudios de impacto ambiental es obligatorio, y a las comunidades mapuche de la zona se les debe efectuar una consulta indígena acorde a los estándares que señala en convenio 169 de la OIT que es una norma obligatoria para el estado chileno”, explicó el abogado Pablo Rivas, asesor del Lov Elicura Mapu.
Luego de la indolente respuesta de la Corte, el Lov Elicura Mapu junto con el lonko Miguel Leviqueo, interpusieron un recurso de reposición que también fue rechazado y posteriormente, el 31 de mayo, una denuncia en la Superintendencia de Medio Ambiente en la ciudad de Concepción que busca, según el abogado Pablo Rivas:
“Denunciar el fraccionamiento ilegal de un proyecto de 6 MW, que necesita ser revisado en cuanto a su impacto ambiental y sociocultural en el valle de Elicura, cosa que no se ha hecho porque Hidrowatt tiene permiso para ejecutar sólo una parte de este gran proyecto, que es la central Gustavito, escondiendo detrás de este fraccionamiento la real magnitud de la intervención y bypasseando las instancias de evaluación e impacto ambiental de nuestra legislación que dicta que todo proyecto de más de 3MW debe pasar por los filtros de impacto y evaluación. Además queremos entregar a la superintendencia, los antecedentes que muestran de hecho, los efectos nocivos de estas represas en el ecosistema del territorio, en la cultura mapuche y en las personas que viven en el valle”.
Palabras similares tuvo el lonko del Valle de Elicura y lonko mayor del Consejo de Lonkos de la Provincia de Arauco, Miguel Leviqueo.
“Este un paso más que estamos haciendo los originarios del valle de Elicura, yo como autoridad mapuche, acompañaré a los jóvenes en esta pelea que están dando contra esta empresa Hidrowatt, proyecto que no nos beneficia en nada, sólo nos trae destrucción. Seguiremos protegiendo nuestros recursos naturales, como he dicho ya, todo lo que atente contra la naturaleza, contra la tierra, tendrá conflicto. Vamos a continuar trabajando en esta lucha, defendiéndonos, porque como mapuche, como kimche, como autoridad, debemos pelear por nuestro territorio”.
En la actualidad, esta denuncia está en plena investigación, sin embargo los denunciantes creen que en esta instancia también obtendrán resultados negativos, proyectando como último paso en este frente, la judicialización del conflicto en el Tribunal Ambiental de Valdivia.
“Este es un camino más donde podemos dar la pelea contra las empresas que insisten con saquear a nuestro pueblo y sus recursos naturales. El camino legal no será la única vía para luchar contra Hidrowatt, porque como ya hemos visto, el estado y la justicia winka no se hacen presentes en la defensa de nuestros territorios porque les permite a estas empresas entrar a nuestros Lov para que se sigan haciendo ricos a costa de nuestro empobrecimiento. El valle de Elicura va a seguir dando la pelea. Ya estamos plagados de forestales, con Hidrowatt no será lo mismo”, afirma Pamela Rayman.
A la espera de la acción judicial en el Tribunal Ambiental de Valdivia, Hidrowatt no cesa en sus gestiones por intentar convencer a la comunidad del valle de que apruebe el proyecto. En septiembre de este año la empresa sostuvo una reunión en la Municipalidad de Contulmo con el alcalde Mauricio Lebrech, donde también participó la Seremía de Energía del Bíobio, según logró saber Aukin.
La información se puede verificar en la página de Info Lobby en la que participaron el español José María Grugues, el lobbysta y empresario de la consultora C&S Limitada Patricio Sandoval y Karina Meneses. Sin embargo en este registro no se menciona a los funcionarios de la Seremía de Energía.
En el mes de octubre, en una conversación con algunos dirigentes y jóvenes mapuche, el administrador municipal de Contulmo Óscar Muñoz, mencionó que en la reunión antes descrita, Hidrowatt intentaría convencer a las comunidades y vecinos del valle de aceptar la construcción de las represas a cambio de un porcentaje de las utilidades que genere el proyecto.
“Ahora intentarán sobornarnos, pero como jóvenes mapuche nos opondremos de todas formas a este proyecto. Tal vez podrán comprar a algunos dirigentes, pero esperamos que nuestra gente sea norchey no se deje engatusar por el dinero de estas empresas que sólo traerá destrucción a nuestro territorio”, cierra Rayman.
Pero eso no es todo. El pasado 22 de noviembre, el alcalde de Contulmo Mauricio Lebrecht, sin acusar recibo de las reiteradas veces que los Elicurache manifestaron la negativa de sentase a conversar con la empresa española, convocó a los dirigentes de las comunidades y a los lonko del valle a una reunión que resultó ser la presentación del proyecto de Hidrowatt. Incluso se hizo presente el español José María Grugues y el lobista Patricio Sandoval. Esta presentación no se logró llevar a cabo ya que, al enterarse que Hidrowatt pretendía conversar con los habitantes del valle, pu lamuen ka pu peñi se enfrentaron a Grugues, Sandoval y a las autoridades municipales. Llenos de rabia e indignación les dejaron en claro que no había nada que hablar con ellos, que el proyecto que quiere atentar contra pu leubu lo conocían perfectamente y que harían lo que fuese necesario para que éste no se ejecutara en el territorio. Grugues y Sandoval fueron verbalmente expulsados del territorio por jóvenes del Lov Elicura Mapu, dirigentes de comunidades y por los lonko Miguel y José Leviqueo.
La piedra de Eli sigue resistiendo.

V. Analicemos la violencia sistémica que el Papa Francisco encubrió estigmatizando la de organizaciones mapuche

La autopsia descarta la tesis del suicidio de la activista ambiental mapuche Macarena Valdés
18 de enero de 2018
Por F. Velásquez y M.Alarcón

Diario U de Chile
Durante esta jornada se confirmó que el peritaje encargado al médico forense Luis Ravanal desestimó la tesis de suicidio levantada por el SML, cuando Macarena Valdés fue encontrada colgada a una de las vigas de su casa el 22 de agosto de 2016.
El 22 de agosto de 2016 Macarena Valdés fue hallada muerta en su casa ubicada en la comunidad mapuche Newen de Tranguil en la comuna de Panguipulli, hecho que fue catalogado como un suicidio por Carabineros y el Servicio Médico Legal.
Sin embargo, su familia no creyó esta tesis y advirtió que se trataba de un asesinato generado en el marco de una lucha que estaba llevando a cabo la comunidad contra el proyecto hidroeléctrico de la compañía austríaca RP Global y la empresa chilena de distribución eléctrica Saesa.
En conversación con nuestro medio, Luis Ravanal manifestó que los resultados fueron entregados durante la semana pasada, que estaba pendiente el estudio de autopsia puesto que se requería complementarlo con el estudio histológico.
“No habían signos que demostrasen que se tratase de un ahorcamiento en vida, es decir, en el área más importante que es el cuello, que es donde una persona cuando está con vida se lesiona producto del ahorcamiento. En estas circunstancias siempre va a tener signos de vitalidad, signos de hemorragia, lesiones en los tejidos, en los órganos, lo que no ocurre en un cadáver, donde estos signos están ausentes, cuando se suspende o cuando se trata de simular un ahorcamiento. Concretamente, a través de la autopsia y reitero a través de la confirmación del estudio histológico se demuestra que no hay signos de vitalidad, es decir, no hay signos que demuestren que el cuerpo se haya suspendido a través del ahorcamiento estando con vida, eso evidentemente genera una evidencia que se contrapone a la información oficial respecto a que se trataría de un ahorcamiento de tipo suicida, como lo ha señalado el Servicio Médico Legal”, dijo.
El especialista además señaló que tampoco existen indicios de suicidio mediante otra vía, algo que tampoco había indicado el análisis toxicológico anterior realizado por el Servicio Médico Legal, por lo tanto no existe ningún antecedente que demuestre que Macarena Valdés haya estado con vida al momento de que su cuerpo fuera suspendido en el aire. Según el perito, esto obliga a investigar con mayor detalle cuál ha sido la causa de muerte, no excluyendo otros mecanismos de muerte asociado a asfixia, por lo tanto no se puede descartar en este caso la participación de terceros.
Luis Ravanal, además, indicó a nuestro medio que la investigación del Servicio Médico Legal fue incompleta.
“Se han dado opiniones y se han dado diagnósticos sin comprobación de pruebas, en este caso microscópicas histológicas, por lo tanto esa es la gran debilidad de la investigación, específicamente la realizada por el Servicio Medico Legal. Es una situación que se viene ya reiterando en otros casos similares en donde se dan por sentado diagnósticos en base a supuestos, pero que a la larga desde el punto de vista científico no tienen la confirmación objetiva y, por lo tanto, genera esta serie de dudas respecto a no solo la calidad técnica, sino que también respecto a las verdaderas causas de muerte en una investigación criminal”, señaló.
Finalmente, el médico explicó que con el actual informe se confirma que la tesis anterior no tiene respaldo científico, algo que es necesario como elemento de prueba para que la investigación sobre la causa de muerte siga su curso.
Desde el Ministerio Público informaron a nuestro medio que el informe ya se encuentra en poder de la Fiscalía de Panguipulli, pero que no pueden entregar detalles puesto que la investigación se encuentra abierta.
En tanto, familiares y cercanos a Macarena Valdés se referirán durante este viernes en Tribunales de Panguipulli sobre la situación, momento en el que entregarán completos antecedentes.

 Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=236714