jueves, 20 de julio de 2017

Necesitamos “fuerzas políticas que tengan el coraje y la fuerza para aplicar políticas radicales, pero aún es más importante tener una población movilizada, crítica y dispuesta a rebelarse si el gobierno no cumple. Sin estas dos condiciones no habrá cambios estructurales y profundos”.


Entrevista a Eric Toussaint, cofundador y portavoz del Comité para la Abolición de la Deuda
"Para mantener cambios profundos es fundamental la autoorganización y
la presión popular sobre los gobiernos".
20 de julio de 2017
Por Víctor Lustres (CADTM)



Éric Toussaint (Namur, Bélgica, 1954) es cofundador y portavoz del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM), una red internacional con comités locales en más de treinta países, que lucha para elaborar alternativas radicales contra las deudas ilegítimas, tanto públicas como privadas. Toussaint es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Lieja y por la de París VIII, miembro del Consejo Científico de ATTAC Francia. Autor de una quincena de libros de referencia sobre la deuda y la crisis financiera y de centenares de artículos sobre estos temas. Además, ha sido asesor de los gobiernos de Ecuador, Venezuela, y de algunos ayuntamientos del Estado español. También ha sido el coordinador científico de la Comisión para la Verdad sobre la Deuda Pública griega. El 10 del mes de mayo pasado visitó nuestra ciudad para participar en una charla organizada por el colectivo Postcrash en la Universidad Pompeu Fabra.
Repasando tu trayectoria, vemos que estuviste activo en muchos movimientos políticos y sociales. ¿Cuándo decidiste que la lucha contra el pago de la deuda era tu causa principal?
Muy pronto. En el año 1983 en mi ciudad, Lieja, de más de 200.000 habitantes, nos tuvimos que enfrentar a un plan de recortes muy duro que se presentaba bajo el pretexto de que se necesitaba para poder pagar la enorme deuda pública. En aquel momento, se auditó la deuda y se consideró, por primera vez, que se podía cuestionar su legitimidad. En el año 1986, se lanzó una campaña en Lieja para pedir que parte de esa deuda ilegítima no se pagara. Además, en 1982, muchos países del llamado tercer mundo ya habían sufrido crisis de deuda y nosotros podíamos seguir el ejemplo de dos figuras de la política internacional para iniciar nuestra lucha: la del ex presidente de Cuba Fidel Castro, que en el año 1985 formó un frente de países del Sur contra el pago de la deuda, y la de un dirigente africano que, aquel mismo año, siguió el camino cubano: Thomas Sankara, de Burkina Faso. En 1989, analizando la situación, me convencí que era fundamental luchar por la abolición de la deuda también en el Norte, aunque era necesario seguir priorizando la solidaridad con el Sur. Por todo eso, participé en la fundación del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas en 1990, que se llamó, hasta hace poco más de un año: Comité para la Abolición de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM).
¿Cuándo hablas de deuda ilegítima, a qué te refieres?
Es una deuda contraída para favorecer el interés particular de una minoría privilegiada contra el interés general de la población. Es decir, puede favorecer a las elites que están en el poder o a los banqueros, responsables de la crisis financiera, que fueron rescatados —un rescate que originó una explosión de la deuda pública, como pasó en el Estado español hace algunos años—. Esta deuda también puede ser ilegal, dentro del marco de colosales contratos (con ganancias abusivas para los prestamistas o acreedores), o también puede haber tipos de interés o ciertas condiciones del contrato que hagan que éste sea nulo de acuerdo con el ordenamiento jurídico.
Últimamente, desde el CADTM, además de la deuda pública, ponéis el foco sobre otro problema. Habláis de los efectos de la deuda privada: microcréditos, deuda hipotecaria, deuda estudiantil… ¿Cómo funciona este tipo de deudas?
En los últimos diez años, hemos detectado de manera más generalizada, que hay una gran cantidad de deudas ilegítimas en el ámbito privado. En el caso de Estados Unidos ocurrió con la burbuja de las hipotecas subprime —unos préstamos hipotecarios que se concedieron a personas con un alto riesgo de morosidad—. Se identificaron al menos 500.000 contratos abusivos de deuda hipotecaria; en algunos de los cuales ni tan sólo aparecía la firma de la persona contratante porque se habían firmado por teléfono y, por lo tanto, sin la lectura del contrato. La consecuencia fue la expulsión de casi catorce millones de familias de sus viviendas entre 2007 y la actualidad. En el Estado español, ahora hay casi 300.000 familias desahuciadas. La deuda estudiantil también se añade a la explosión de la deuda privada ilegítima, sobre todo en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Japón. Y eso coincide con los países donde hubo reformas neoliberales más fuertes en el ámbito educativo, con recortes presupuestarios y eliminación de becas, hecho que obligó a muchos estudiantes a endeudarse para poder pagar sus estudios. En Estados Unidos, dos de cada tres estudiantes tiene una deuda media de 27.000 dólares y, en Japón, la cifra aumenta a 30.000 dólares para uno de cada dos. Finalmente, tenemos otro ejemplo de deuda privada e ilegítima en expansión: el microcrédito. A partir de 2005, hubo una campaña internacional para vender el microcrédito. Las Naciones Unidas declararon 2005 como el Año Internacional del Microcrédito; el economista bengalí Muhammad Yunus, impulsor del microcrédito y fundador del Banco Grameen fue galardonado con el premio Nobel de la Paz en el año 2006. Presidentes como Rodríguez Zapatero, Lula o Chirac apoyaron públicamente esta iniciativa. Ahora nos damos cuenta de que no es más que una trampa, un mecanismo de reproducción de la pobreza.
¿Cómo funciona el microcrédito?
La mayoría son préstamos que van de 100 a 300 dólares. En un principio, en el caso del Grameen Bank (el primer banco que concedió microcréditos en Bangladesh), para conseguir un microcrédito era necesario el aval de entre 5 y 25 personas. Es decir, si la persona no podía pagar la deuda, los avales deberían hacerlo. Pero ahora, la persona que pide un crédito de 100 dólares debe entregar 30 dólares como garantía al banco, así que solo obtendrá 70 dólares netos. Sin embargo, debe pagar un interés de entre el 30 al 50 % sobre los 100 dólares pedidos. Si no puede pagar, el banco se queda con los 30 dólares de garantía. Es una estafa de una magnitud brutal. Actualmente, en Bangladesh, un país con casi 160 millones de habitantes, hay 20 millones de personas que tienen microcréditos. Si lo pensamos bien, es un desafío estratégico del capital financiero para obtener un rédito económico de las cerca de 2.000 millones de personas adultas que viven sin una cuenta bancaria. En este momento, alrededor de 100 millones de personas tienen microcréditos. Para el capital, entregar 200 0 300 euros a personas pobres es un crédito muy limitado pero, finalmente, lo más importante es la rentabilidad que en el caso de los microcréditos se sitúa entre el 20 y el 25 % de la inversión realizada. Son realmente cifras muy suculentas para un capitalista.
Para que estas personas lleguen a pedir un microcrédito, antes han fallado muchas cosas…
Por descontado. Existe una degradación de los servicios públicos a escala global. En muchas zonas, la población campesina tenía acceso a bancos públicos de crédito rural. Esos bancos han desaparecido a favor de las agencias de microcrédito. Con la revolución verde, los campesinos y campesinas se endeudan para poder sembrar y comprar semillas y pesticidas a Monsanto. Cuando la cosecha es mala y no pueden devolver el dinero que deben, acaban sobreendeudándose. Además, no hay que olvidar que quién más contrata microcréditos son las mujeres (un 81 % del total según las estadísticas). Por lo tanto, finalmente, son las más afectadas por la pobreza.
En algunos de tus artículos destacas la estrategia del ajuste estructural gradual —la aplicación de recortes que afectan a un sector pero no a otros para evitar la unión de las luchas— y resulta que incluso la OCDE ha avalado esta estrategia publicando una guía para que los gobiernos la puedan aplicar. ¿El capitalismo ha perdido el miedo a mostrar sus cartas?
Si, además, desde hace años, el Banco Mundial publica regularmente el informe Doing Business, que incluye una clasificación de países en la que obtienen mayor puntuación los que ofrecen condiciones más favorables para los despidos masivos, o las peores condiciones para los trabajadores. Es muy importante que los trabajadores entiendan que la ofensiva de la patronal se sustenta en los argumentos de los gobiernos fundamentados en la reducción de la deuda pública. Los portavoces del gran capital muestran una arrogancia que no habían mostrado antes de la victoria electoral de Margaret Thatcher. Ahora —y cada vez más— expresan abiertamente sus deseos.
El tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea (TTIP) se ha empantanado, pero el CETA (Canadá-Unión Europea) sigue adelante y, actualmente, está en la fase de ratificación. ¿Es un ejemplo de deseo del capitalismo?
Si, se trata de un reto muy importante. Es necesario luchar contra estos tratados porque, si llegan a ratificarse definitivamente, y se añaden a los otros tratados internos y convenciones de la Unión Europea ya existentes, perderemos todos los derechos. Son tratados que van en contra de los pueblos y de los bienes comunes.
Has formado parte de la Comisión para la Verdad sobre la Deuda Pública en Grecia durante 2015. ¿Qué conclusión sacaste de esa auditoria?
Aconsejamos al gobierno de Tsipras que suspendiera el pago de la deuda y que se enfrentara a los acreedores con un acto unilateral de suspensión de pagos. Pero, bajo la presión de los acreedores, Tsipras adoptó la capitulación, cosa que se vivió de una manera muy traumática. Yo vivía en Atenas, en un barrio popular, donde se podían palpar las expectativas de la población y su disposición a apoyar un gobierno de ruptura, cosa que ya se había manifestado en el referéndum. A pesar de ese resultado, el gobierno de Tsipras buscaba una rendición que ya había decidido… no estaba preparado para su propia victoria. Todavía se notan los efectos de aquella capitulación entre la población griega.
¿Qué le falta a la izquierda europea? ¿Por qué no acaba de conectar con la población?
Hay un sector bastante mayoritario de la población que está a favor de soluciones políticas de izquierda radicalCreo que le falta coraje para comprometerse en la aplicación de políticas radicales y desobedecer a los tratados y a las leyes injustas. Syriza ganó las elecciones con un compromiso de ruptura con la austeridad. Y, en muchos países, hay un sector bastante mayoritario de la población que está a favor de soluciones políticas de izquierda radical. Así es como interpreto los buenos resultados de Bernie Sanders en Estados Unidos, Jeremy Corbyn en el Reino Unido, Syriza, Podemos o Mélenchon. En este último caso, solo estuvo a dos puntos por debajo de Marine Le Pen, y, por lo tanto, a dos puntos de haber pasado a la segunda vuelta. Y eso lo hizo con un discurso de izquierda y radical, que puso en pie de guerra a algunos medios de comunicación. La izquierda radical tiene ahora una ventana abierta que hace diez años no existía. Si tuviéramos una izquierda más ofensiva, en el sentido de combativa y radical, se podrían ganar las elecciones.
¿Las izquierdas se autolimitan?
Sí. Muchos dirigentes y partidos de la izquierda radical, cuando ven la perspectiva de acceder al gobierno, piensan que se debe auto limitar el programa e intentan adaptar su discurso a la realpolitik. Todavía tenemos una ventana abierta para acceder a una salida de justicia social y de cambios estructurales a favor de las mayorías, pero, si las mayorías radicales no la aprovechan, la extrema derecha lo hará.
Asesoraste a los gobiernos de Correa en Ecuador, de Chávez en Venezuela… ¿Crees que estos gobiernos latinoamericanos han tenido más voluntad política para enfrentarse al poder?
Al comienzo de sus mandatos sí. En el caso venezolano, durante los diez primeros años de mandato de Chávez se tomaron decisiones muy positivas, igual que en el caso de Evo Morales en Bolivia o de Rafael Correa en Ecuador. Después, fueron adoptando medidas de realpolitik, más moderadas y decepcionantes. La lección que estoy sacando de todo eso es que, durante los primeros años, es posible resistir con políticas de ruptura, como demuestran estos tres ejemplos, pero, para mantener una línea de cambios profundos, es fundamental la autoorganización de la población y la presión sobre los gobiernos. También, tengo que aclarar que, cuando asesoré a esos gobiernos, mantuve siempre mi independencia. Nunca cobré ni un céntimo de ninguno de estos Estados ni firmé ningún contrato con ministros ni presidentes. Es una regla que me he impuesto y con la que no hago ninguna concesión, para poder mantener mi derecho a la crítica absoluta en todo momento.
En los últimos años, has estado asesorando, en el Estado español, a algunos de los llamados ayuntamientos del cambio sobre temas de deuda. Analizando sus dinámicas dos años después de las elecciones ¿qué potencial ves en ellos?
Si los ayuntamientos del cambio se limitan a hacer declaraciones simpáticas y no se enfrentan a la austeridad, decepcionaránTodo depende de la voluntad real de esos gobiernos de hacer un frente municipalista contra la deuda ilegítima y contra la austeridad. Si se hiciera ese frente sería para actuar seriamente, para desobedecer la ley Montoro, y el artículo 135 de la Constitución española, etc. Si no se actúa, aunque en este país haya mucho potencial, muchas expectativas y gente honesta que proviene de los movimientos sociales, no se acabará concretando nada. Si esos ayuntamientos se limitan a hacer declaraciones simpáticas y mejorar la transparencia de las cuentas públicas, y no se juntan para enfrentar al gobierno central y a la lógica de la austeridad y las privatizaciones, solo provocarán desilusiones y decepciones. Por ejemplo, encuentro que hay pocos casos de remunicipalizaciones de servicios públicos, uno de lo grandes compromisos que se hacían desde estas formaciones. Sé que no es fácil, pero, sin un enfrentamiento directo con el gobierno gracias a la constitución y a la actuación de un frente amplio, no se puede avanzar.
Pasemos a las herramientas para la lucha contra la deuda y las alternativas. Un mecanismo que trabajáis mucho es el de la auditoría. ¿Cuál es su potencial transformador, más allá de la voluntad de transparencia?
Tiene un potencial enorme porque implica a la ciudadanía, a personas que hasta ese momento no se habían cuestionado la legitimidad de la deuda. De esta manera, la auditoría permite que las personas cuestionen la legitimidad de los actos y políticas de los gobiernos cuando éstos son injustos. Comenzar a cuestionar la lógica del endeudamiento ya es un acto superior de conciencia. Si la ciudadanía no ejerce un control y una presión sobre los gobiernos considerados amigos, no se producirá ningún cambio real. Tiene que haber, por lo tanto, fuerzas políticas que tengan el coraje y la fuerza para aplicar políticas radicales, pero aún es más importante tener una población movilizada, crítica y dispuesta a rebelarse si el gobierno no cumple. Sin estas dos condiciones no habrá cambios estructurales y profundos.
En tus textos, señalas diversas medidas de izquierda radical que pasan por el liderazgo del Estado, como la nacionalización de la banca. Pero ¿qué opinas de la economía social y solidaria como alternativa?
Es fundamental que se desarrollen iniciativas locales y solidarias, desde monedas locales a cooperativas de consumo o de trabajo. Pero la economía social y solidaria no puede llegar a un nivel de expansión tan alto que, por contagio, provoque un cambio real en la sociedad. También es necesario un gobierno dispuesto a tomar medidas, a cambiar leyes, a cambiar la Constitución, a resistir ante los tratados internacionales… Por ejemplo, si queremos avanzar hacia una transición ecológica, sobre todo es necesario controlar la producción y la distribución de energía. Desmantelar las centrales nucleares o térmicas implica que el Estado tome el control del sector energético y lo transforme en un servicio público. En el caso de la banca, veo el proceso similar: para enfrentarse a los grandes bancos como el BBVA y el Santander te tienes que enfrentar al sector bancario dominante, más allá de que se pueda desarrollar la banca ética. Todo eso lo ha de hacer un gobierno con apoyo popular. La economía social y solidaria es muy importante y nos tenemos que involucrar, pero sin dejar de lado la lucha institucional a favor de cambios estructurales.
Traducido del catalán al castellano por Griselda Pinero

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=229322

Observemos "se ha abstenido en las elecciones francesas más de la mitad del electorado". "La juventud no confía ni en los partidos ni en las elecciones, sino en su propia acción"

Entrevista a Guillermo Almeyra, editorialista internacional de La Jornada (México)
"Las movilizaciones contra el G20 
preparan las protestas sociales 
contra el ajuste en Europa"
20 de julio de 2017
Por Mario Hernández (Rebelión
M.H.: Reunión del G20 en Hamburgo, bastante movida por la multitudinaria movilización anti G20 y también por el encuentro entre Donald Trump y Putin. ¿Qué nos podés comentar al respecto?
G.A.: Primero la protesta fue muy importante porque Angela Merkel en las elecciones se estaba reforzando frente a los opositores sociales, pero la movilización ha sido muy fuerte y ahora da otra impresión, es muy probable entonces que así como en el resto de Europa, la juventud, para las elecciones no confíe ni en los partidos ni en las elecciones, sino en su propia acción. Eso es importante. De ahí las abstenciones que permiten que gane desproporcionadamente la derecha, porque se ha abstenido en las elecciones francesas más de la mitad del electorado. Entonces, cuando llegue el momento de protestar contra los ajustes salvajes va a hacerlo toda esa gente junta. Y lo mismo sucederá en Alemania.
En cuanto al G20 hubo dos cosas, por un lado la oposición que manifestó prácticamente toda la Unión Europea a Trump y sus políticas en todos los terrenos y, en segundo lugar, el encuentro de Trump con Putin donde quien llevó la voz principal, la iniciativa y fue decisivo era Putin y no Trump. Ahora aparecen de nuevo en EE UU con el hijo de Trump las relaciones con Rusia, pero quien tomó la iniciativa en Hamburgo fue Rusia. Eso se va a ver reflejado en el próximo período y es evidente que la Unión Europea, entre los dos, por razones lógicas de la necesidad del petróleo y el gas rusos, entre otras cosas, va a contarlo al gobierno ruso no como aliado firme pero sí como un lugar donde apoyarse.

M.H.: ¿Qué significado tiene desde el punto de vista geopolítico en Medio Oriente, la caída de Mosul?
G.A.: La caída de Mosul es un golpe propagandístico. Mosul era la capital del llamado Estado Islámico que está muy reducido porque ha perdido la mitad de su territorio, aunque todavía se queda con una parte de Irak y otra de Siria. Pero Mosul es un problema, porque era una capital kurda y también sunita, el gobierno de Irak y las tropas iraníes, son más bien chiítas, entonces van a tener que hacer política y no solamente masacres, no solamente porque hay un sector de los kurdos que han avanzado muchísimo en una política democrática y que están luchando por el Kurdistán con una posición a la izquierda de la que tenía el Partido Comunista Kurdo de Turquía.
Esos sectores que son socialistas autogestionarios son la vanguardia en el pueblo kurdo y son sunitas también, con ellos van a tener que negociar los gobiernos de Siria, Irán e Irak, en particular las tropas de éste ultimo que son las que están a la ofensiva Mosul.
Eso les va a plantear problemas porque hasta ahora han bombardeado sin piedad todos los lugares, aunque no esté el Estado Islámico, sí hay grupos como Al Qaeda y otros que combatían contra Siria e Irak; grupos cristianos y ciudades enteras cristianas han sido masacradas. No han tenido una política sutil, resuelven todo a puro bombardeo, en cambio ahora tendrán una ciudad que tuvo más de un millón de habitantes, que va a repoblarse, muy importante, que de hecho era la capital del Kurdistán en Irak. Había resistido a Sadam Hussein, así que plantea un problema político importante.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=229351

Veamos ni denuncian al extractivismo o el modo de producción del capitalismo dependiente. Por eso les da lo mismo que sea transformación revolucionaria o reforma social progresista y procuran relanzar Unasur y Celac que se centran en infraestructuras pro imperialistas.

Unidad, antimperialismo, anticolonialismo y una plataforma política desde la izquierda
"Salimos de aquí en pie de lucha", se clausura 23° Encuentro del Foro de Sao Paulo
20 de julio de 2017
Por Giorgio Trucchi (LINyM)

Con la lectura de la  Declaración final "Nuestra América en Pie de Lucha" se clausuró este martes (18/7) el 23° Encuentro del Foro de Sao Paulo.

"Tras más de cinco siglos de dominación y lucha indígena y popular por su emancipación, por primera vez en la historia de América Latina y el Caribe sus pueblos han logrado una sustancial acumulación social y política, incluida la ocupación de espacios institucionales que los coloca ante la formidable oportunidad y el enorme desafío de desarrollar procesos de transformación revolucionaria o reforma social progresista", se lee en la parte inicial del documento aprobado por unanimidad por más de 300 delegados y delegadas.

Procesos que -explica la declaración- están sufriendo los "feroces ataques del imperialismo, la derecha y las fuerzas oligárquicas a su servicio", lo que hace necesario conformar "una plataforma política desde la izquierda" para reagrupar las fuerzas progresistas, crear un frente común continental antimperialista y relanzar los procesos de integración latinoamericana y caribeña.

El documento Consenso de Nuestra América será la herramienta principal para el debate, la concertación y la elaboración de estrategias comunes de los pueblos en lucha.

"Debemos impulsar la más amplia y sólida unidad de las fuerzas progresistas y revolucionarias dentro de cada país y a nivel continental, y dar un salto de calidad en nuestros mecanismos organizativos, que nos permita definir una estrategia y programa conjuntos de todas las fuerzas de izquierda en el continente".

La creación de un nuevo modelo político, económico y social en el que los ciudadanos decidan las políticas públicas, tomen decisiones, definan el marco de acción de las autoridades electas y controlen su desempeño, así como la implementación de un frente cultural y comunicacional anti hegemónico son otros de los objetivos plasmados en la Declaración.

También se aprobaron varias resoluciones, entre otras el rechazo a la guerra no convencional y de amplio espectro, económica y mediática, contra Venezuela -el Foro se declaró en estado de alerta y en sesión permanente-, el apoyo al proceso de paz en Colombia y el rechazo al conjunto de acciones con las que la ultraderecha pretende boicotearlo.

Asimismo se sentó posición de rechazo a la persecución judicial contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, se ratificó el apoyo incondicional a la revolución cubana y se condenó el "ignominioso e inhumano" bloqueo comercial, económico y financiero impuesto por los Estados Unidos.

El 23° Encuentro del Foro de Sao Paulo se solidarizó también con los gobiernos de El Salvador y Nicaragua, que son víctimas de amenazas y políticas desestabilizadoras.

"Este espacio de debate y concertación de la izquierda latinoamericana y caribeña sale muy fortalecido de este nuevo encuentro. Somos la prueba que es posible gobernar con otro tipo de proyecto. Un proyecto que impulsa el verdadero desarrollo, la inclusión social y el bienestar para todos, en abierta oposición al proyecto que impulsa el Consenso de Washington.

Contamos con logros importantes y un legado significativo para los pueblos y la humanidad. Estas jornadas de intenso debate y elaboración de consenso y unidad nos llenan de fuerza, determinación y alegría, para seguir luchando, resistiendo los ataques y construyendo las victorias que necesitamos. Salimos de aquí en pie de lucha", dijo Mónica Valente, secretaria ejecutiva del Foro, durante el acto de clausura.
LINyM

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=229355

“Estamos dando una oportunidad al gobierno para que analice. Queremos los territorios, no despojo; queremos moratoria al extractivismo y ahí no hay negociación. Le veo bastante complejo el diálogo, es muy difícil, porque no nos vamos a contentar con caramelitos”.

Primer acercamiento del Gobierno 
con pueblos indígenas
20 de julio de 2017
Por Luís Ángel Saavedra (Noticias Aliadas)

Reunión entre el presidente Lenín Moreno y dirigentes indígenas logra primeros frutos a pesar de ambigüedades.
El 4 de julio, dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) fueron recibidos por el presidente Lenín Moreno, rompiendo así el distanciamiento de siete años que había impuesto el régimen anterior, encabezado por el presidente Rafael Correa (2007-2017). Sin embargo, la posición del actual gobierno no está clara en relación a las propuestas indígenas, pero tampoco son claros los aportes indígenas para la construcción del Estado Plurinacional, presentados en este encuentro.

En los días previos a su envestidura presidencial del 24 de mayo, Moreno anunció su deseo de acercarse a uno de los grupos sociales más representativos del país y el que había sido más golpeado por el gobierno de Correa: el movimiento indígena. “Con la CONAIE somos los mismos y debemos estar juntos”, dijo Moreno.

Dirigentes indígenas se mostraron recelosos en aceptar la invitación presidencial. “No podemos acudir a un diálogo mientras nuestros hermanos están presos o están siendo procesados”, afirmó a Noticias Aliadas Katy Betancourt, dirigente de la Mujer e integrante del Consejo de Gobierno de la CONAIE.
Jorge Herrera, presidente de la CONAIE, puso como condición para iniciar cualquier conversación con el gobierno de Moreno, el indulto a los indígenas condenados durante el gobierno de Correa y la amnistía para todos los que fueron procesados y criminalizados por protestar y exigir sus derechos en este mismo periodo. Para formalizar su posición, la CONAIE organizó una comisión de unos 300 integrantes que llegó a la Asamblea Nacional para entregar un listado de 177 personas que buscan la amnistía; luego fue al Palacio de Gobierno y entregó los nombres de 20 personas susceptibles de indulto. A las listas se adjuntaron más de 8,000 firmas de respaldo de ciudadanos de todo el país.
En la Asamblea Nacional, el listado fue recibido por su nuevo presidente, el oficialista José Serrano, quien se mostró muy molesto y, en una intervención de 38 segundos, sólo dijo que se conformaría una comisión para analizar caso por caso. La Asamblea Nacional tiene la potestad de dar amnistía en casos que existan personas procesadas o condenadas por cualquier delito, pero relacionados con acciones políticas como la toma de rehenes o una muerte en el marco de una protesta social, por citar los más graves.
Por su parte, una comisión del gobierno nacional inició el análisis de los pedidos de indultos, que fueron concedidos en junio a cinco a líderes sociales que recientemente habían sido condenados a seis meses por los delitos de ataque y resistencia durante el paro indígena de agosto del 2015 contra el gobierno de Correa.
La CONAIE entonces decidió asistir, el 4 de julio, a un primer encuentro con Moreno y fue con una marcha de más de 2,000 personas que llegaron a la Plaza Grande, la que había sido vetada para ellos durante los últimos siete años. Una delegación de 60 dirigentes ingresó al palacio a dialogar con el presidente.
Al inicio de la reunión, Moreno anunció un nuevo indulto, esta vez el del dirigente shuar Tomás Jimpikit, quien en setiembre pasado había sido condenado a un año de prisión también por participar en el paro nacional en agosto de 2015, y además notificó su decisión de restituir el comodato de la casa de la CONAIE —otorgado durante el gobierno del expresidente Rodrigo Borja (1988-92) como un acto de reconocimiento a su existencia política y como resarcimiento del olvido en que el Estado ecuatoriano mantenía a los pueblos indígenas— que había sido terminado en diciembre del 2014 por el gobierno de Correa. La casa de la CONAIE fue defendida por los indígenas hasta que el exmandatario decidió dejar en suspenso su decisión de expulsarlos.
Moreno también notificó su decisión de devolver a la CONAIE la administración de la educación bilingüe y la creación de una universidad indígena, aun cuando no precisó las partidas presupuestarias que se habrían creado para cumplir este ofrecimiento.

Las propuestas indígenas 
La dirigencia indígena, algo sorprendida por los anuncios presidenciales, entregó su propuesta denominada “Plan urgente para la implementación y construcción del Estado Plurinacional e Intercultural”, en el que se describen cinco puntos que deben ser considerados por el gobierno nacional:
1. Construcción del Estado Plurinacional: enfatiza la libertad de asociación, el reconocimiento de los gobiernos comunitarios, la autoridad territorial, la administración comunitaria del agua y el respeto a la justicia indígena. Exige además el cumplimiento de la Consulta previa y la prohibición de minería en fuentes de agua, áreas protegidas y zonas de alta biodiversidad.
2. Cambio del modelo económico: en general se pide la reformulación de las leyes de Agua, de Tierras, de Economía Popular y Solidaria, de Minería y de Semillas; un real cambio en la matriz productiva que permita el abandono del extractivismo.
3. Democracia y Derechos Humanos: se exige la reforma del Código Orgánico Integral Penal (COIP), para desmotar la estructura judicial que criminaliza la protesta social, y el respeto al derecho a la comunicación, llevando a la praxis el lineamiento constitucional que establece que el 33,33% de las frecuencias de radio y televisión debe estar en poder de los indígenas.
4. Planificación y descentralización: planificación acorde la diversidad regional del país y donde se respete a los sistemas comunitarios de organización y que contenga una perspectiva plurinacional e intercultural.
5. Combatir la corrupción y la impunidad: impedir que la impunidad impere y se sancione a quienes hayan cometido actos de corrupción.
La propuesta indígena es demasiado general y también fue respondida por Moreno de manera genérica, sin que se articule ningún compromiso con cambios profundos. Todo lo propuesto será direccionado a mesas de diálogo con diferentes sectores de la sociedad ecuatoriana. Carlos Pérez, presidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI), la más grande organización indígena en el interior de la CONAIE, se mostró escéptico frente a los resultados de la reunión sostenida con Moreno.
“Estamos dando una oportunidad al gobierno para que analice. Queremos los territorios, no despojo; queremos moratoria al extractivismo y ahí no hay negociación. Le veo bastante complejo el diálogo, es muy difícil, porque no nos vamos a contentar con caramelitos”, afirmó Pérez luego del diálogo sostenido con Moreno por más de tres horas.

Alianza PAIS en crisis 
A pesar de no haberse hecho concesiones significativas al movimiento indígena, la reunión provocó el rechazo de Correa, quien publicó en su cuenta de Twitter: “Entrega sede por 100 años a CONAIE, otro innecesario desaire a mi gobierno. Estrategia de ‘diferenciarse’ no sólo es desleal, es mediocre”.
La expresión de Correa muestra lo que está pasando dentro del movimiento oficialista, en donde se han detectado tres grupos en pugna para direccionar el nuevo gobierno. Por una parte, los seguidores de Correa desean mantener su modelo hiperpresidencialista y evitar cualquier cuestionamiento a él o a sus funcionarios, en especial a aquellos que están siendo salpicados por los escándalos de corrupción. Están dispuestos a frenar cualquier iniciativa de acercamiento de Moreno con otros sectores políticos, en especial con el movimiento indígena.
En contraposición están los denominados “leninistas”, que apoyan las iniciativas de Moreno y anuncian cambios de estilo, privilegiando el diálogo y recuperando la paz del país. En este grupo se encuentran incluso exmilitantes de Alianza PAIS que fueron expulsados por Correa y que ahora han vuelto al gobierno con cargos importantes, como el caso de Gustavo Larrea, fundador del movimiento oficialista que fue defenestrado por el exmandatario y que ha retornado como asesor presidencial.
Aparte se mantiene un buen grupo liderado por Serrano que, desde la presidencia de la Asamblea Nacional, se consolida como una tercera vía y mira de lejos el desarrollo de la confrontación Correa-Moreno. Serrano ha propuesto una ley de diálogo, pero direccionado desde la Asamblea Nacional y bajo su control, la que podría imponerse por sobre la propuesta de diálogo promulgada por Moreno.
En conclusión, los primeros 50 días del gobierno de Moreno han estado marcados por los llamados al diálogo, las denuncias de corrupción y las confrontaciones con Correa, que el 10 de julio abandonó el país para radicarse en Bélgica, lugar de nacimiento de su esposa. No ha habido tiempo para esbozar las directrices económicas, o no se las ha querido esbozar debido a la complejidad de este escenario. Moreno sólo ha afirmado que “se podía haber sido un poquito más mesurado al momento de dejar cuentas en mejores condiciones”, durante la presentación de la “Estrategia Nacional por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción” el 11de julio. Esta es la primera referencia de lo que le espera al país en materia económica.
http://www.noticiasaliadas.org/articles.asp?art=7440#

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=229332 

Afirmamos:“Ha llegado el momento de pinchar esta burbuja de autoengaño y recordar a Israel que él es el opresor, no los palestinos”.

Es hora de acabar con la permisividad de Occidente hacia Israel
Israel: Su imagen de víctima y el doble rasero
20 de julio de 2017
Por Jonathan Cook (The National)
Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo
Cuando Israel aprobó el año pasado una nueva ley antiterrorista, Ayman Odeh, un dirigente de la gran minoría de ciudadanos palestinos del país, describió sus medidas draconianas como “el último suspiro” del colonialismo.
El pánico y la crueldad superaron nuevas cotas la semana pasada, cuando las autoridades israelíes presentaron una demanda de 2,3 millones de dólares contra la familia de Fadi Qanbar, el conductor que estrelló un camión contra un grupo de soldados en enero en Jerusalén matando a cuatro de ellos. Él fue muerto a tiros en el mismo lugar.
La querella solicita que su viuda, Tahani, y sus cuatro hijos pequeños reembolsen la compensación que el Estado entregó a las familias de los soldados.
Como las otras familias de palestinos que cometen atentados, los Qanbar carecen de hogar desde que Israel selló con cemento su vivienda en Jerusalén Este. Otros doce familiares han sido despojados de sus papeles de residencia como anticipo de su expulsión a Cisjordania.
Ninguno de ellos ha hecho nada malo; su único crimen es estar emparentados con alguien a quien Israel define como “terrorista”.
Esta tendencia se está acentuando. Israel ha exigido a la Autoridad Palestina que deje de pagar la pequeña ayuda mensual que reciben familias como los Qanbar, cuyo principal proveedor del sustento está en la cárcel o muerto. Las sentencias condenatorias a palestinos de la legislación militar israelí es superior al 99 por ciento.
La legislación israelí pretende incautar 280 millones de dólares de los impuestos que Israel recolecta en nombre de la Autoridad de Palestina, provocando potencialmente su bancarrota.
El próximo miércoles, los conservadores israelíes presentarán en el Senado estadounidense una proposición de ley para denegar igualmente la asistencia que EE.UU. presta a la Autoridad Palestina, a menos que ésta deje de “financiar el terrorismo”. Issa Karaba, funcionario de la Autoridad Palestina declaró que esta no tiene manera de cumplir dicho requisito: “Prácticamente la mitad de los hogares palestinos… están emparentados con un recluso o un mártir”.
Israel ha llevado el castigo colectivo a nuevos extremos. Según sus razonamientos, la única manera de disuadir a los potenciales autores de atentados es haciéndoles saber que sus seres queridos sufrirán duras represalias. Dicho de otra manera, Israel está dispuesto a utilizar cualquier medio para aplastar las motivaciones de los palestinos por resistir su cruel ocupación.

Sin embargo, todos los indicios apuntan a que cuando las personas alcanzan un punto de inflexión en el que están dispuestas a morir luchando contra sus opresores, piensan poco en las consecuencias que esto pueda tener para sus familias. Esa fue la conclusión a la que llegó un estudio del ejército israelí hace ya más de diez años.
En realidad, Israel sabe que dicha política no tiene sentido: no sirve para detener los atentados, pero contribuye a llevar a cabo un complejo programa de desplazamientos. Formas cada vez más sádicas de venganza refuerzan la sensación colectiva e histórica de víctimas que tienen los judíos, al tiempo que desvían la atención de los israelíes de la realidad: su país es un Estado colonial brutal.

Si ese calificativo parece severo, veamos los resultados de un estudio recién publicado sobre los efectos que tienen las operaciones con drones en el personal que las realiza, operaciones que llevan a cabo ejecuciones extrajudiciales cuyos “daños colaterales” suelen ser las muertes de civiles.
Un sondeo realizado en Estados Unidos averiguó que los pilotos que dirigen el vuelo remoto de drones desarrollan al poco tiempo síntomas de estrés postraumático a causa de la cantidad de muerte y destrucción que infligen. El ejército israelí realizó el mismo estudio después de que sus pilotos operaran drones sobre Gaza durante el ataque israelí de 2014, en el que murieron alrededor de 500 niños palestinos cuando el pequeño enclave fue bombardeado durante casi dos meses.
Sin embargo, los médicos se asombraron de que los pilotos no mostraron signos de depresión o de ansiedad. Los investigadores especulan con la hipótesis de que los pilotos israelíes pueden sentir que sus acciones están más justificadas porque se encuentran más cerca de Gaza que los pilotos estadounidenses de Afganistán, Irak o Yemen. Están más seguros de que son ellos los que se encuentran amenazados.
La firmeza por mantener esta imagen que les muestra como las únicas víctimas conduce a practicar un escandaloso doble rasero.
La semana pasada, el tribunal supremo israelí respaldó la negativa de algunos funcionarios a sellar las casas de los tres judíos que secuestraron a Mohamed Abu Khdeir en 2014 y lo quemaron vivo.
En mayo, el gobierno israelí reveló que había rechazado indemnizar al niño de seis años Ahmed Dawabsheh, único superviviente de un incendio provocado por extremistas judíos hace dos años, del que resultó con graves cicatrices.
Esta interminable complacencia consistente en echar sal sobre la herida de los palestinos sólo es posible gracias a que Occidente ha consentido que Israel se regodee en su papel de víctima desde hace demasiado tiempo. Ha llegado el momento de pinchar esta burbuja de autoengaño y recordar a Israel que él es el opresor, no los palestinos.
Jonathan Cook es un periodista británico residente en Nazaret especialista en Oriente Próximo y el conflicto israelí-palestino

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=229312

miércoles, 19 de julio de 2017

Necesitamos, abajo y a la izquierda, plantearnos "que los pueblos cordilleranos no son sacrificables, que el saqueo de los bienes Comunes y Naturales a manos de empresas multinacionales no pueden formar parte de las políticas de Estado porque van en contra de los Derechos Humanos y por sobre todo, que Andalgalá es un pueblo que valientemente defiende el Agua y la Vida".

400 Caminatas, Andalgalá un pueblo de pie

19 de julio de 2017

Este 22 de julio, Día Mundial contra la Megaminería, se cumple en Andalgalá, la caminata número 400 (todos los sábados de manera ininterrumpida) de un pueblo que resiste y lucha contra la explotación de minerales a cielo abierto.

Por Silvina Reguera (Asamblea El Algarrobo-Andalgalá) para ANRed
Más de siete años frenando lo que sería “El Peor Ecocidio” de la historia de Catamarca: Agua Rica, un proyecto tres veces más grande que Alumbrera, denunciado legalmente, con un fallo de la SCJN a favor del pueblo y por lo tanto ILEGAL. Además con una ordenanza municipal que prohíbe la explotación en las altas cuencas del río, de donde proviene el abastecimiento de agua para el pueblo.
Las actividades para ese día son las siguientes:
# A partir de las 15h se realizará el taller sobre el IIRSA, es para todo público.
# A las 18h se comienza en la plaza 9 de Julio.
#Taller:"La fotografía cómo herramienta de denuncia social.”

Coordinado por colectivo fotográfico ViAjes.
#A partir de las 20h se comienza con el Acto Formal.
#Palabras de Rosario, Chela y nuestro invitado Salvador Zuñiga (hijo de la activista asesinada en Honduras Berta Cáceres).
# Al terminar: Caminata N° 400 –Artistas cantores.
En Capital Federal se realizarán acciones de difusión y concientización sobre el extractivismo, a partir de hs. 16 en el Obelisco, para dar un mensaje a los gobiernos que los pueblos cordilleranos no son sacrificables, que el saqueo de los bienes Comunes y Naturales a manos de empresas multinacionales no pueden formar parte de las políticas de Estado porque van en contra de los Derechos Humanos y por sobre todo, que Andalgalá es un pueblo que valientemente defiende el Agua y la Vida.


Es hora de empezar a replantear lo que significa la defensa de los pocos recursos naturales que nos quedan y enfrentar cualquier imposición que desde el abuso de poder de los gobiernos, y sin consulta previa, se pretende instalar por la fuerza en pueblos donde existe el valor de lo natural por encima de los intereses personales que forman un circuito vicioso en donde sólo unos pocos se ven beneficiados a costa del perjuicio de muchos.

Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article14611

"Consideramos que ante la crisis, este espacio de discusión debe generar alternativas viables al rentismo extractivista, como el desarrollo de nuestros potenciales agroecológicos, turísticos, industriales y culturales así como el desarrollo de una política minera seria".

Convocan Asamblea Pública por el Día Mundial contra 

la Megaminería para este sábado 22 de julio

Por: | 


18/07.- El espacio de articulación para la lucha Plataforma Contra el Arco Minero hace un llamado amplio a los diferentes sectores del movimiento ambientalista y a la ciudadanía en general para participar el próximo sábado 22 de julio en la Asamblea Pública por el Día Mundial contra la Megamineria a realizarse en el Boulevard de Sábana Grande, a la altura de Plaza Venezuela.
Desde el año 2009, por iniciativa de activistas mexicanos y canadienses se celebran jornadas de lucha contra la minería a cielo abierto en varios países, principalmente de América Latina, como Perú, Ecuador, Argentina y México. A continuación reproducimos el comunicado con la convocatoria, la cual puede ser suscrito por organizaciones e individualidades para la convocatoria a través del correo plataformacontraelamo@gmail.com.

 22-J: ASAMBLEA PÚBLICA CONTRA EL ARCO MINERO Y
EN DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES

El 24 de febrero de 2016 el gobierno nacional firmó el decreto N° 2248 para el desarrollo del proyecto "Arco Minero del Orinoco" (A.M.O), que contempla el seccionamiento del 12% del territorio nacional para la explotación minera por parte de 150 empresas transnacionales y nacionales. El gobierno argumenta que, ante la caída de los precios del petróleo, y la consecuente disminución de ingresos para el país, el proyecto antes mencionado se justifica como vía para la búsqueda inmediata de divisas y de mantener negocios y acuerdos con los organismos financieros internacionales. En este sentido Venezuela se suma a la dinámica de endeudamiento y entrega de territorio que suponen los proyectos mega-mineros llevados a cabo en países latinoamericanos durante los últimos 20 años. Se ignora además el efecto del pago de una deuda pública con componentes ilegítimos.
El decreto contempla todo un marco de violación de la Constitución y las Leyes Orgánicas de la República Bolivariana de Venezuela, así como de tratados internacionales a los que está adherido el país. El proyecto se empezó a ejecutar sin desarrollar los correspondientes estudios de impacto ambiental y socio-cultural, y progresivamente se han firmado concesiones en zonas determinadas del Arco Minero sin llevar a cabo el proceso de consulta previa a las comunidades indígenas de la zona, y sin respeto al derecho a la demarcación de tierras indígenas contemplado en la Carta Magna. Lo anterior se puede corroborar directamente en el contenido de los siguientes artículos constitucionales:
Art.119.- "… Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y en la ley."
Art. 120.- "El aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas"
Art. 127.- "Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado... Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley."
Art.128.- "El estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable que incluya la información, consulta y participación ciudadana..."
Art.129.- " Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impactos ambiental y sociocultural...."
Aunque el ejecutivo lo plantea como un plan para "diversificar la economía" y darle "salida" a la crisis actual, el proyecto supone en la práctica en una profundización del rentismo en el país. La actividad minera que realizan las empresas transnacionales en países suramericanos es sumamente expansiva y desastrosa. Se construyen minas gigantescas, que pueden llegar a tener una extensión de más de 1,5km de diámetro y más de 300m de profundidad, para procesar millones de toneladas de mineral sin ningún tipo de límites. Estas compañías se enriquecen aceleradamente y los pueblos quedan padeciendo la miseria, la degeneración social y la destrucción ambiental que deja dicha actividad. De fondo se plantea una diversificación del extractivismo en Venezuela que pone en total riesgo la reserva hídrica más importante del país y más del 70% de la electricidad generada en el país, generada por las represas hidroeléctricas ubicadas en la región de Guayana.
A poco más de 16 meses de haberse hecho el anuncio, se han firmado cartas de intención y acuerdos con transnacionales, muchas de las cuales tienen denuncias de violación de soberanía y derechos humanos, así como de responsabilidad en la ocurrencia de desastres ambientales. Entre esas corporaciones vale destacar a manera de ejemplo el caso de la Barrick Gold Corp. que actualmente afronta una demanda internacional por la contaminación de 7 ríos en San Juan, Argentina. Por otro lado, el proyecto del Arco Minero contempla todo un entramado de negocios ocultos en las que el estado está constituyendo empresas mixtas con transnacionales cuyos números de la bolsa estaban en estado crítico hace más de un año, como la Gold Reserve. Y tenemos el caso de las empresas "fantasmas" o de "maletín", como Faoz Corp. de la cual no se tiene registro de su actividad, su página web oficial es un cascarón vacío y su sede oficial en Caracas, que no posee ningún tipo de aviso o anuncio, no corresponde a una compañía que realice trabajos de minería.
De facto la zona A.M.O comprende un Estado dentro de otro Estado, al formar un entramado legal contrario al marco constitucional. En el proyecto se generan una serie de beneficios arancelarios y tributarios para las compañías mineras, llegando a disminuir o eliminar el cobro de impuestos como el IVA o el ISLR. Además, se cercenan derechos democráticos, políticos y sociales, como el derecho a la protesta y a la organización sindical (de acuerdo a lo establecido en el art. 25 del decreto), derecho a vivir en entornos saludables, entre otros; y el alto mando militar designado para la zona pasa a ser la máxima autoridad de la región, teniendo potestades ejecutivas a través del decreto, así como económicas a través de CAMINPEG, empresa militar constituida en 2016. De igual manera, las condiciones en las que se desenvuelve el AMO conforman unas instancias asociadas a la burocracia ambiental del país que tienen como mandato cubrir la formalidad del resguardo ambiental de la zona, y encubrir el inmenso daño ambiental con base en una supuesta "minería ecológica".
Al analizar las condiciones y consecuencias del AMO en el marco de una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente hecha por el Presidente de la República, con unas bases comiciales plagadas de vicios anti-democráticos y en el contexto de una serie de sucesos irregulares relacionados con el proceso de inscripción de candidaturas, resulta alarmante la intención de modificar la Carta Magna habida cuenta de las presiones ejercidas por las corporaciones transnacionales para desregular la actividad minera, la manera inconsulta e inconstitucional como fue aprobado el proyecto del Arco Minero del Orinoco y la creación de las denominadas Zonas Económicas Especiales, mediante la "Ley de regionalización integral para el desarrollo socio productivo de la patria", entra en plena contradicción con los artículos 119, 120, 127, 128, y 129 de la CRBV.
Es preocupante que las dirigencias políticas de los polos PSUV-MUD relegan del debate nacional el proyecto A.M.O como una cuestión secundaria, cuando debería tener prioridad en la búsqueda de alternativas al modelo rentista extractivista, y no su profundización. En el último año, ha quedado en evidencia discursos contradictorios de ambos. Los dirigentes del PSUV, que constantemente hablan de "Paz", "Respeto a la Constitución" y "Eco Socialismo" defienden un mega-proyecto capitalista, inconstitucional, entreguista, etnocida, ecocida y que se contrapone al quinto objetivo del Plan de la Patria, el cual es ley de la república desde el 2013 y que estos mismos aseguran defender. Por otro lado la MUD, cuya mayoría en la Asamblea Nacional rechazó unánimemente el plan megaminero en junio de 2016, queda en contradicción cuando Julio Borges, presidente del poder legislativo, aclara en una carta del 17 de Mayo de 2017 dirigida a los organizadores del "Latin America Down Under", que los contratos y acuerdos firmados con el actual gobierno quedan invalidados, pero que una vez cambie la situación nacional y "se restablezca la democracia en nuestro país, nuestras puertas estarán abiertas para recibir las inversiones, con la debida seguridad jurídica, que el país necesita para re-direccionarse a lo largo de un camino de progreso y desarrollo".
Ante esta situación diferentes organizaciones, grupos e individualidades nos hemos dado a la tarea de hacer un llamado amplio a un gran Asamblea Pública de luchadores contra el Arco Minero del Orinoco, en defensa de la soberanía y de los derechos constitucionales. El año transcurrido desde la promulgación del decreto, nos muestra la imperiosa necesidad de generar un espacio de discusión de todos los sectores críticos de esta cruda realidad. El reto es el de incorporar a ambientalistas, luchadores sociales, líderes y activistas comunitarios, indígenas, trabajadores, profesionales, intelectuales, indígenas, luchadores sociales, dirigentes comunitarios, trabajadores y estudiantes, en espacios asamblearios de discusión y articulación de acciones, apoyándonos en los acuerdos y sin obviar las diferencias que puedan existir. Consideramos que ante la crisis, este espacio de discusión debe generar alternativas viables al rentismo extractivista, como el desarrollo de nuestros potenciales agroecológicos, turísticos, industriales y culturales así como el desarrollo de una política minera seria.
Lograr la derogación del decreto de creación del Arco Minero del Orinoco y defender nuestros derechos constitucionales, vinculados al tema ambiental, indígena y de soberanía nacional, constituye una tarea titánica y de largo aliento, que estamos dispuest@s a asumir. Creemos que con la organización y la movilización democrática y autónoma del pueblo venezolano podremos alcanzar ese objetivo. Por ello hacemos el llamado a este Encuentro de Luchadores entendido como un espacio amplio, democrático, diverso y plural para el debate nacional y la lucha contra los proyectos extractivistas que amenazan al conjunto de la vida en Venezuela y el resto del continente.

DEFENDAMOS LA DEROGACIÓN DEL 
DECRETO 2248  DEL PROYECTO A.M.O
EN DEFENSA ÍNTEGRA DE LOS ARTÍCULOS 119, 120, 127, 128, Y 129 
DE LA CONSTITUCIÓN
NO QUEREMOS QUE SE CAMBIE LA CONSTITUCIÓN. EXIGIMOS 
QUE SE CUMPLA LA ACTUAL

SÚMATE A ESTA INCIATIVA EN DEFENSA DEL AMBIENTE, LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y LA SOBERANÍA


Fuente: https://www.aporrea.org/actualidad/n311648.html