lunes, 11 de noviembre de 2019

Contrapongamos al Grupo de Puebla con "el pasaje hacia formas de reflexión y prácticas de autoorganización y autogestión, comienzan a emerger. Particularmente en Chile, a través de la demanda de una nueva constitución que sustituya a la de la dictadura pinochetista -muy parcialmente emparchada- del ´83".

De la impotencia neoliberal a
la resistencia y denuncia
en América Latina
11 de noviembre de 2019
Por Emilio Cafassi (Rebelión)

La glaciación neoliberal que afecta al mundo en general y a América Latina en particular comienza a erosionarse ante las primeras expresiones de calor social con movilizaciones, protestas y búsquedas incipientes de alternativas. En algunos casos de manera impetuosa, masiva y disruptiva. En otros con tibias reacciones al interior del propio dispositivo de poder político y electoral. La dirección no es unívoca. En Bolivia y Uruguay los progresismos sufrieron caídas notables de sus adhesiones históricas aunque manteniendo cierto nivel de movilización, mientras en Ecuador y Chile los levantamientos y revueltas recientes y actuales superan sus propios antecedentes históricos e insinúan un horizonte insurreccional apasionante. En Uruguay queda aún un esfuerzo titánico por lograr el incremento de la capacidad de movilización, persuasión y denuncia sin el cual será imposible recuperar el enorme terreno perdido en materia de apego electoral para el próximo ballotage del 24 de noviembre. De México a Argentina, López Obrador y Alberto Fernández atisban zurcir con un tibio hilo de dudosa resistencia los primeros remiendos de una unidad latinoamericana, económica y políticamente despedazada por la erosión glaciar del mercado sobre el humus estatal y sus potencias mitigadoras del salvajismo desigualitario. De conjunto, asistimos a momentos de transformación de aún inciertas desembocaduras y desiguales escenarios.
Sin duda nos llamará la atención entre todas las expresiones sociales de resistencia, la chilena, ya que conmueve no sólo por su magnitud, persistencia y extensión, sino por la criminal respuesta de las fuerzas represivas comandadas por el confeso asesino Piñera quien le declaró la guerra a su pueblo, al que luego dice escuchar y entender. Al menos 25 muertos, centenares de heridos y miles de detenidos y torturados se han cobrado hasta ahora las directivas de esta bestia. Pero además de semejantes características dramáticas, es particularmente notorio que las movilizaciones populares carecen de instituciones políticas, sociales o sindicales que direccionen y organicen las manifestaciones, adquiriendo un tono espontáneo, aunque no exento de antecedentes parciales, desde étnicos, estudiantiles y populares. Los que sin embargo, en general, no produjeron, ni producen hasta aquí construcciones político-partidarias alternativas, con el consecuente riesgo de desgaste aunque estimule la expectativa de superación de las miserables opciones institucionales.
La llamada clase política en su conjunto -y los resultados de tres décadas de arrasamiento mercantil- parece ser el sujeto excluyente de la furia popular. Algo muy similar a la insurrección argentina de diciembre de 2001 cuya consigna generalizada fue entonces “que se vayan todos”. Tanto en aquella Argentina como en el Chile actual, la preocupación prioritaria estaba centrada en la esfera económica y social, mucho más aún que en la política.
Pero en ausencia de representaciones y liderazgos para la masa movilizada, el pasaje hacia formas de reflexión y prácticas de autoorganización y autogestión, comienzan a emerger. Particularmente en Chile, a través de la demanda de una nueva constitución que sustituya a la de la dictadura pinochetista -muy parcialmente emparchada- del ´83.
No considero incompatibles o contradictorias estas dos dimensiones. Por el contrario, las concepciones reduccionistas que sitúan a las esferas política, jurídica o cultural como mero reflejo de la base económica, no sólo empobrecen la mirada social sino que además aherrojan los cambios potenciales en la jaula de la representación profesionalizada, dejando a los afectados a merced de las decisiones tomadas a sus espaldas
.
No es casual que en esta ocasión se haya vuelto a recurrir al golpe de las cacerolas como en las protestas que se iniciaron en mayo del ´83 contra la dictadura y se acompañaron casi mensualmente de algunas marchas incipientes que, como ahora, fueron reprimidas con saldo de decenas de muertos, heridos y detenidos. Si bien el cacerolazo no es la expresión más visualmente vigorosa de la palabra cívica contenida y asordinada, resulta un umbral importante de superación de la atomización ciudadana, de las formas crecientes vida solitaria en multitud, como para comenzar a superarse en el mutuo reconocimiento y ánimo de empoderamiento. Un modo que en Argentina y Chile permitieron y -permiten hoy al oeste de Los Andes- encontrar un primer rumbo y derrotero, desde los umbrales a las aceras, desde las calles a las plazas y desde las esquinas hacia las avenidas. Que cerca de 2 millones de ciudadanos de las más diversas franjas etarias e intereses personales hayan ocupado las plazas de las principales ciudades de un país de apenas 18 millones de habitantes es un acontecimiento de relevancia histórica y sociológica inigualable. Como mínimo conlleva la superación del miedo ante la represión y la inseguridad de las condiciones de subsistencia que constituyen los principales dispositivos psíquicos de la aquiescencia y pasividad ciudadana.

El “oasis” que Piñera autodefinió y que con otras adjetivaciones orientan las políticas vigentes de Macri, Bolsonaro o las eventualmente futuras de Lacalle Pou en caso de que el Frente Amplio uruguayo no logre la epopeya de la segunda vuelta, va exhibiendo en todo el continente el desagote del manantial y las inevitables consecuencias de la desertificación económica y social.
Reiteraré que no concibo contradicción alguna entre los esfuerzos expositivos de acentuación de las grandes conquistas que el pueblo uruguayo (el único sudamericano que este año tiene aún por definir su futuro formalmente político) con la exposición del horroroso tendal de víctimas que dejan las topadoras de la derecha, tras su paso por el poder político.
No hay motivo de renuncia a la denuncia.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=262310

Destaquemos "el problema es que aquellos países y gobiernos que impulsaron reformas constitucionales, como es el caso de Bolivia, Venezuela y Ecuador, no lograron, o no pudieron, trastocar las estructuras del capitalismo, particularmente del dependiente y subdesarrollado, ni modificar la esencia del Estado capitalista que se mantiene como una entidad neoliberal reproduciendo los intereses y privilegios de las clases dominantes y de las élites reaccionarias (civiles, militares y clases medias acomodadas) que sirven de sustento a las fuerzas contrainsurgentes de la derecha y ultraderecha en América Latina y que generalmente se subordinan a los intereses y geopolíticas del imperialismo"..

¿Está en ascenso el progresismo en América Latina?
11 de noviembre de 2019
Por Adrián Sotelo V. (Rebelión)

Se han registrado triunfos electorales de fuerzas y coaliciones presuntamente de izquierda o centro-izquierda en México, Argentina, Bolivia, Colombia (elecciones regionales) y en Uruguay -aunque aquí el Frente Amplio no pudo evitar ir a una segunda vuelta electoral marcada para el 24 de noviembre donde las derechas de ese país tienen buenas posibilidades de ganar y arrebatarle el gobierno- junto con arribos al poder presidencial de la derecha en países como El Salvador cuyo gobierno del empresario de derecha, Nayib Bukele, acaba de expulsar a diplomáticos venezolanos por órdenes de Trump alineándose, de este modo, a las políticas que Washington despliega contra el progresismo y todo aquello que se oponga a su estrategia de dominación imperialista.
En países con gobiernos francamente neoliberales pro-norteamericanos como Colombia, Ecuador, Chile y Haití se registran ascensos muy importantes y significativos de las fuerzas y movimientos populares contra las políticas genocidas del FMI-BM impuestas por Estados Unidos con el contubernio de otros países imperialistas como Francia y Alemania. En Brasil, con un gobierno de derecha cuasi fascista, al parecer sólo se expresa el descontento social y la movilización por las fuerzas del Partido de los Trabajadores (PT) y otras afines a él muy centrados en la figura de Lula y en el pleito por su liberación y absolución al estar encarcelado desde hace ya más de un año y medio por presuntos delitos fabricados por personeros de la derecha, del poder judicial y, en particular, por el ex-juez Sérgio Moro, nombrado por Bolsonaro Ministro de Justicia y Seguridad Pública de ese país.
Sin embargo, existe mucha confusión al no definirse si la lucha es contra el neoliberalismo (como se plantea por ejemplo en Ecuador y Chile) o contra el capitalismo: muchos piensan que son dos realidades y conceptos distintos, siendo que, en la realidad global, es decir económica, política, social, laboral, cultural y ambiental, los dos se articulan con la salvedad de que el segundo sobredetermina al primero: en otras palabras el neoliberalismo es la etapa o fase actual del capitalismo histórico, como en el pasado lo fue el keynesianismo desarrollista con sus dispositivos estructurales cimentados en el fordismo-taylorismo de producción en masa. Este se agotó y entró en crisis por lo menos desde mediados de la década de los setenta del siglo pasado. Y en los ochenta, el llamado neoliberalismo fue impuesto por los gobiernos imperialistas de Estados Unidos e Inglaterra bajo el comando de los gobernantes y las fuerzas de la derecha internacional, todos impulsados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
En América Latina esa política genocida se impuso a sangre y fuego, con la fuerza de las armas y de la represión en Chile mediante el golpe de Estado militar del general Augusto Pinochet contra el gobierno constitucional de Salvador Allende y se protegió y promovió por los sucesivos gobiernos “democráticos” que sucedieron al retiro formal de la dictadura, hasta la actualidad que, a sangre y fuego contra el pueblo chileno, lo mantiene el neoliberal presidente Sebastián Piñera -como por cierto lo hicieron sus antecesores, incluyendo a la ex-presidenta Michelle Bachelet, actual “Alta Comisionada de los Derechos Humanos” de la ONU- que ha desempolvado el Estado de Sitio (los moderados y la derecha le llaman de “emergencia“) para sofocar las tumultuarias e insurrectas movilizaciones del pueblo trabajador que exige al régimen fascista de Piñera la realización de una Asamblea Constituyente y la renuncia del presidente.
Generalmente los analistas circunscriben el progresismo a los gobiernos en turno que surgen de la contienda electoral y que son legales y legítimos en el marco constitucional. Es el caso de Venezuela, de Bolivia y, recientemente, de Argentina. Ecuador constituye una excepción al haber surgido el actual gobierno de elecciones democráticas impulsadas por Alianza País, pero que, una vez investido su presidente, Lenín Moreno, se quitó la máscara de “progresista” y sacó las fauces derechistas y, fiel al cumplimiento de los mandatos de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional, se dedicó a implementar políticas neoliberales privatizadoras contra el pueblo y los trabajadores, así como a encarcelar a sus otrora colegas de partido, ahora considerados como opositores y sus más fieros enemigos, empezando por el ex-presidente, Rafael Correa que acumula 29 juicios penales y permanece en Suiza acusado de múltiples “delitos“ fabricados por el régimen morenista; el ex-vicepresidente, Jorge Glas, quien purga cárcel por haber cometido presuntos delitos, también fabricados, y el ex-canciller del Ecuador, Ricardo Patiño, quien permanece en México en calidad de refugiado. Fueron estas acciones combinadas, pero sobre todo la aplicación de las fórmulas del FMI, lo que causó el gran descontento popular y el estallido social, ejemplarmente encabezado por el movimiento indígena aglutinado en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), contra el Decreto 883 también conocido como el “paquetazo económico” durante las jornadas de lucha y movilizaciones prácticamente en todo el país durante los días del 3 al 13 de octubre de 2019, que llevó al régimen a instaurar el estado de sitio y la represión hasta que dicho decreto fue retirado por el gobierno ante las crecientes movilizaciones populares.
Por lo tanto existe una estrecha ligazón entre el triunfo electoral de los candidatos que levantan programas de gobierno alternativos en alguna medida al modelo neoliberal y el apoyo que reciben por parte de la población para llevarlos a la práctica.
De lo anterior podemos sacar una primera conclusión. El progresismo, sin el apoyo y la movilización popular permanente, es un cascarón vacío y brinda todas las posibilidades de manutención del poder por la derecha o, bien, la conquista del mismo como ocurrió, en parte, con la Asamblea Nacional de Venezuela en 2015, o en Argentina cuando ganó con un estrecho margen el empresario Mauricio Macri.
Pero aún con el triunfo en la mano y la práctica política concreta, ese tipo de gobiernos no se proponen, implícita o explícitamente, transformar las estructuras del capitalismo, es decir, la propiedad privada de la tierra y de los medios de producción; ni la institución jurídico-laboral de la explotación del trabajo por el capital. Más bien las mantienen incluso en contra de la voluntad de la población. En su lugar privilegian el colaboracionismo de clases y la alternativa de diálogo con las fuerzas opositoras cuyos delitos generalmente quedan en la impunidad.
Pudiéramos decir que lo que diferencia este tipo de gobiernos y prácticas políticas respecto al neoliberalismo son tres elementos. En primer lugar, una política exterior efectivamente más progresista -como muestra el caso mexicano con la reinstauración de la política externa de la no intervención en los asuntos de otros Estados luego del triunfo del presidente López Obrador, respecto a los regímenes anteriores de gobierno del PRI y del PAN completamente alienados a la política exterior norteamericana y al llamado Grupo de Lima contra Venezuela-. En segundo lugar, el hecho de proporcionar a la población y a los sectores más vulnerables asistencia y restitución de los derechos sociales abolidos por el neoliberalismo. Por último, se afianza la voluntad política de impulsar una integración latinoamericana más horizontal que, al mismo tiempo que solidifique los intercambios entre los países y las naciones, reivindique el sustento de la soberanía nacional frente al colonialismo y al imperialismo, principalmente norteamericano.
Pero el problema es que aquellos países y gobiernos que impulsaron reformas constitucionales, como es el caso de Bolivia, Venezuela y Ecuador, no lograron, o no pudieron, trastocar las estructuras del capitalismo, particularmente del dependiente y subdesarrollado, ni modificar la esencia del Estado capitalista que se mantiene como una entidad neoliberal reproduciendo los intereses y privilegios de las clases dominantes y de las élites reaccionarias (civiles, militares y clases medias acomodadas) que sirven de sustento a las fuerzas contrainsurgentes de la derecha y ultraderecha en América Latina y que generalmente se subordinan a los intereses y geopolíticas del imperialismo.
Si bien los gobiernos asumen un carácter popular en las coyunturas progresistas, no es el caso del Estado capitalista (neoliberal o no) que es una maquinaria de guerra permanente contra las masas populares y los trabajadores (por ejemplo el papel del ejército, de las fuerzas paramilitares, de las cárceles o del poder judicial), aunque en coyunturas excepcionales asuma una cierta autonomía frente a la lucha de clases y las desigualdades. Estas diferencias entre gobierno y Estado se ven muy claras en el Brasil de Lula, en la Argentina de los Kirchner, la Bolivia de Evo Morales e incluso en Venezuela, donde los aparatos del Estado capitalista se sobreponen al mismo gobierno progresista.
La alternancia entre el progresismo-neoliberalismo no va a resolver las profundas contradicciones del capitalismo por más que el primero acuse una cierta reactivación frente a la profunda crisis estructural que afrontan las sociedades en Chile, Ecuador, Brasil, Haití y otras como Panamá donde ya emergen las protestas estudiantiles contra el gobierno. Es necesario que, al impulso de las presiones populares y de las luchas sociales, los bloques progresistas radicalicen sus políticas y procesos para avanzar hacia una verdadera transformación estructural de sus formaciones económico-sociales y de sus modos de producción, que combatan no solamente el desempleo, la pobreza y la desigualdad, sino que, al mismo tiempo, avancen en la superación del capitalismo para poder estar en mejores condiciones de combatir el subdesarrollo, el atraso y la dependencia.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=262263

Fridays For Future, Extinction Rebellion, By 2020 Rise Up, Ende Gelände o Sunrise denuncian la inacción “criminal” de los gobiernos



Millones de jóvenes se movilizan en todo
el planeta por la justicia climática
11 de noviembre de 2019
Por Enric Llopis (Rebelión)

7,6 millones de personas de 185 países, y 6.135 acciones con el apoyo de 820 organizaciones. Es el balance de la semana global de huelga y movilizaciones –entre el 20 y el 27 de septiembre de 2019- que reivindicó justicia climática y el fin de la era de los combustibles fósiles. ¿Cómo se explica la potencia de estas manifestaciones, en Nueva Zelanda, Italia, Estados Unidos, Chile o India? Uno de los antecedentes significativos se produjo en el verano de 2018, cuando la estudiante de 15 años, Greta Thunberg, inició una sentadade protesta en horario escolar frente al Parlamento de Suecia; fueron los orígenes del movimiento Fridays For Future.
En la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático, de 2018, celebrada en Katowice (Polonia), la joven activista afirmó: “Países ricos como Suecia han de empezar a reducir las emisiones al menos un 15% anual, para alcanzar el objetivo del calentamiento global por debajo de los 2ºC” (respecto a los niveles pre-industriales, según los Acuerdos de París); además recordó que cada día se extinguen 200 especies y que el consumo mundial de petróleo suma 100 millones de barriles diarios. Es “el camino de la locura”, subrayó. El 30 de octubre Greta Thunberg declinó el premio medioambiental del Consejo Nórdico dotado con 47.000 euros.
La huelga mundial por el clima del pasado 15 de marzo movilizó, según fuentes de la organización, al menos a 1,4 millones de jóvenes en 2.418 ciudades de todo el planeta. Tom Kucharz, miembro de Ecologistas en Acción, ha participado en un acto sobre “Crisis climática como consecuencia de la depredación capitalista”, organizado por el Centre de Documentació i Solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica (CEDSALA)-País Valencià. “Más allá de las manifestaciones –subraya el activista-, están produciéndose acciones de desobediencia civil masiva para forzar a los líderes políticos a la toma de decisiones; es muy importante conectar la justicia climática con la agenda socialy la lucha en los barrios”, añade.
Los inicios del movimiento Extinction Rebellion (XR) remiten al 31 de octubre de 2018, cuando 1.500 personas participaron en una acción de bloqueo en Parliament Square de Londres, y formularon una “Declaración de Rebelión” contra el gobierno británico por su inacción “criminal” ante la crisis ecológica; “nuestros mares están envenenados y aumenta la acidificación. Las inundaciones y la desertificación harán inhabitables vastas extensiones de tierra, lo que causará migraciones masivas”, alertaron.
El 15 de abril de 2019 grupos Extinction Rebellion desarrollaron acciones de protesta en 80 ciudades de 33 países. En Londres bloquearon cinco puntos neurálgicos de la ciudad, en los que se organizaron asambleas, actividades artísticas y denunciaron, en la sede de Shell, el “ecocidio” perpetrado por la petrolera (fueron escenario de las reivindicaciones, asimismo, las oficinas de Repsol en Madrid, de la empresa Total en París, el entorno del Parlamento Europeo en Bruselas o calles de Ottawa y Estambul). El 7 de octubre de 2019 se convocaron más actos de desobediencia –bloqueo de carreteras, puentes onudos de transporte, entre otros- en 60 ciudades de todo el mundo. Como ejemplo de la represión, Extinction Rebellion informa que, en la semana de la rebelión entre el 15 y el 25 de abril, la Policía Metropolitana realizó 1.130 arrestos en Londres. La página Web de XR contabilizaba a primeros de octubre 485 grupos de activistas en 473 ciudades de 72 países.
Asimismo respaldan a By 2020 We Rise Up cerca de 50 organizaciones, la mayoría europeas. La Plataforma-Campaña independiente By 2020 tiene como fin contribuir a una conexión entre las luchas (no planificarlas) por la justicia climática y el cambio de sistema. “Durante los últimos días de septiembre de 2019 y en 2020, Europa vivirá varias oleadas de acciones masivas coordinadas: la gente bloqueará gasoductos, puertos, aeropuertos, minas de carbón, la agroindustria, bancos, fábricas de armas y fronteras”, señalan en la página Web.
En este contexto, By 2020 se define como punto de contacto, difusión de acciones y “esfuerzo de coordinación” que no habla en nombre de los grupos locales ni activistas; la Campaña/Plataforma cuenta con un equipo de difusión, traducción, trabajo legal, además de los encargados de la página Web y las redes sociales. En marzo de 2019, hicieron un llamamiento a la “interrupción civil, coordinada y masiva” de un sistema “que lleva a la humanidad al borde del abismo”. Además convocan a reuniones periódicas para la coordinación de estrategias, por ejemplo entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre en Nuremberg. Entre las acciones difundidas por By 2020, figuran las de la semana por el clima de Viena; las de desobediencia civil del pasado 7 de octubre en Madrid; o en Francia, contra la impunidad de las multinacionales.
“¡Paremos el carbón, que todas las aldeas permanezcan!”. Es la consigna con la que el movimiento internacional Ende Gelände convocó -entre el 19 y el 24 de junio de 2019- a la acción directa no violenta en el área de la minería de lignito de Renania; así, más de 6.000 personas bloquearon puntos estratégicos en las zonas que explota la compañía energética alemana RWE; ocuparon vías férreas para el suministro de combustible a la central eléctrica de Neurath, propiedad de RWE; entraron en la mina a cielo abierto de Garzweiler, cerca de Colonia, y pararon excavadoras de carbón, mientras 8.000 personas convocadas por ONG y colectivos locales se manifestaron en apoyo de las poblaciones amenazadas por la minería; asimismo el 21 de junio, 40.000 jóvenesmarcharon en la ciudad de Aquisgrán (Renania del Norte-Westfalia), a 50 kilómetros de la mina, con motivo de la huelga por el clima de Fridays for Future; “durante las acciones de desobediencia la policía violó masivamente los derechos civiles”, informó Ende Gelände en un comunicado. Llegados de diferentes ciudades europeas, los activistas partieron de un campamento de protesta ubicado en la ciudad de Viersen.
Entre el 25 y el 29 de octubre de 2018, Ende Gelände convocó a los bloqueos en la mina carbonífera cercana al bosque de Hambach, en Renania; contra las talas forestales y extracción de lignito por la empresa RWE se movilizaron, según los organizadores, 6.500 personas.
En el acto de CEDSALA, Tom Kucharz también ha destacado la lucha de los jóvenes de Sunrise en Estados Unidos, movimiento surgido en 2017. En las redes sociales se presentan con la siguiente disyuntiva: “Nuestro gobierno ha de elegir: proteger los bolsillos de los ejecutivos del petróleo y sus bonos de millones de dólares” o, por otro lado, “nuestro futuro”. Entre los principios de Sunrise figura la no violencia “que nos permite ganar el corazón de la gente”. Se organizan en nodos, radicados en pueblos, ciudades y escuelas de Alaska, California, Florida, Washington o Nueva York. El movimiento respalda a políticos y candidatos que representen a los ciudadanos y no a la industria de los combustibles fósiles, pero –matizan- “no hay amigos ni enemigos permanentes”. Entre los apoyos recibidos por los activistas, destaca el de la congresista Aleixandra Ocasio-Cortez.
Una de las propuestas centrales y con la que interpelan a la política oficial es el New Deal verde; el nuevo acuerdo verde apunta, con la perspectiva de una década, a la “movilización” de la sociedad estadounidense hacia los objetivos del 100% de energías limpias y las emisión cero de gases de efecto invernadero; también a “crear millones de buenos empleos con salarios altos y garantizar la prosperidad y seguridad económica de toda la población de Estados Unidos”. El 10 de diciembre de 2018 mil activistas de Sunrise reivindicaron el New Deal verde en el Congreso (Washington), donde protagonizaron sentadas en las oficinas de dirigentes del Partido Demócrata y mostraron carteles con las consignas “No más excusas” o “Haced vuestro trabajo”; 143 personas fueron arrestadas. Además la policía practicó más de 40 detenciones cuando, en febrero, estudiantes de Kentucky protestaron en las oficinas del senador Mitch McConnell, del Partido Republicano, en el Capitolio; con el lema “Míranos a los ojos”, los estudiantes y los miembros de Sunrise preguntaron si las donaciones que McConnell recibió -en las tres últimas legislaturas- de las compañías del petróleo, gas y carbón (1.542 millones de dólares) eran más importantes que el futuro de la juventud.
Tom Kucharz ha participado en otro debate en Valencia, en el Centre La Nau de la Universitat, sobre Transnacionales, Derechos Humanos y Tribunales de Arbitraje. El investigador social y activista ha destacado, como uno de los ejes de lucha para los movimientos sociales, el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), firmado el pasado 28 de junio tras más de dos décadas de negociaciones; la asociación entre los dos bloques representa –según cifras oficiales- un mercado (integrado) de cerca de 800 millones de consumidores y un 25% del PIB mundial (el actual comercio bilateral de bienes y servicios entre la UE y Mercosur suma 122.000 millones de euros anuales, según la Comisión Europea). La entrada en vigor del acuerdo requiere la aprobación de los parlamentos nacionales.
Integrada por un centenar de organizaciones, la Campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión denuncia que el acuerdo entre la UE y Mercosur tendrá, entre otros efectos, “un impacto negativo incalculable sobre la crisis climática"; según la Campaña, la liberalización comercial “beneficiará principalmente a grandes industrias europeas como la automovilística, química, farmacéutica o la textil; y a los grandes exportadores de productos agropecuarios de los países del Mercosur”; por ejemplo, detallan en un comunicado, “se incrementará el ya descontrolado ritmo de deforestación de la Amazonía y otros ecosistemas como El Cerrado de Brasil o El Chaco de Argentina y Paraguay”, ya muy afectados por la expansión del cultivo de la soja y la ganadería vacuna a gran escala.
Otro punto neurálgico y de batalla, según Kuchard, es el Tratado sobre la Carta de la Energía (TEC), acuerdo comercial y de inversiones que entró en vigor en abril de 1998, y del que son miembros cerca de 50 países, principalmente europeos pero también de Asia. “El tratado permite que los inversores extranjeros puedan demandar a los gobiernos signatarios por cualquier medida adoptada en el sector de la energía que consideren perjudicial para sus ganancias”, resume el informe Un Tratado para gobernarlos a todos, publicado en 2018 por Corporate Europe Observatory (CEO) y el Transnational Institute (TNI); las demandas no se resuelven ante los tribunales ordinarios, sino ante tribunales internacionales de arbitraje entre inversores y estados.
El documento señala que, entre 1998 y mediados de 2018, se habían producido al menos 114 demandas de inversores y multinacionales en virtud del TCE; y que, a finales de 2017, los gobiernos habían sido condenados/accedido a pagar 51.200 millones de dólares en concepto de daños. “El TCE es uno de los obstáculos más importantes para adoptar iniciativas contra el cambio climático por parte de los gobiernos”, concluye la Campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión.
El documento de CEO y el TNI cita ejemplos como el de la multinacional sueca Vattenfall, que presentó en 2012 una demanda contra el gobierno alemán (4.300 millones de euros más intereses) en concepto de indemnización, cuando el ejecutivo decidió el abandono paulatino de la energía nuclear (la compañía se basó en la pérdida de ganancias vinculada a dos de sus reactores nucleares); el informe añade que, en 2017, la empresa británica Rockhopper demandó al Estado de Italia, por la negativa a otorgarle una concesión para las perforaciones de gas y petrolíferas en un yacimiento del Mar Adriático (las reclamaciones se basan en gastos irrecuperables y expectativas de ganancias de la petrolera). Por otra parte, en una carta dirigida a la ministra para la Transición Ecológica del Gobierno de España, Teresa Ribera, la Campaña recuerda que el estado español es, en el marco normativo del TEC, el país más demandado del mundo; de las 46 demandas en relación con los recortes a las energías renovables, 13 habían sido resueltas cuando se remitió la carta (septiembre de 2019); 11 de los fallos resultaron favorables a los inversores extranjeros, lo que implica una condena -al estado español- al pago de cerca de 800 millones de euros en indemnizaciones. 

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=262299

Comprobamos que "privado del espantajo del “comunismo”, en Europa el sistema se hace más brutal y desinhibido. Si de él sólo dependiera, nos llevaría de regreso, y de un tirón, al siglo XIX en lo social y lo político (lo uno no va sin lo otro), prohibiendo el derecho de huelga, convirtiendo en aun más caricaturesco el actual pluralismo y regresando a viejas enfermedades europeas, que hoy asoman por doquier al calor de la crisis: racismo, desprecio del débil, egoísmo social…"

Hace 30 años, Alemania y Europa dejaron pasar una oportunidad histórica para hacer las cosas un poco mejor
El fin del muro:
la ocasión perdida (….y III)
11 de noviembre de 2019
Por Rafael Poch de Feliu
Blog personal


Los alemanes llaman “pacífica revolución” al proceso que concluyó en la reunificación nacional de 1990. Aquel hito de la historia europea puso fin a un drama nacional y a una anomalía continental: la separación de seres humanos y parientes de una misma nacionalidad por razones de Estado, la división de una gran nación que se unificó a finales del XIX, en 1871, y la ausencia de libertades esenciales. Es natural que treinta años después de 1989, muchos alemanes celebren aquella normalización nacional, porque hay motivo, e incluso que se haga leyenda de ella.
Los alemanes, especialmente los del Este que fueron los únicos que ejercieron su ciudadanía frente al Estado, pueden sentirse orgullosos de muchas cosas. Pueden sentirse orgullosos, y esto hay que decirlo bien alto, de que su dictadura cayera sin disparar, lo que fue un mérito tanto de los gobernados como de los gobernantes. Podía haber habido un Tiananmen en Leipzig, Dresde o Berlín Este, y no lo hubo.
Pero treinta años son ya un plazo considerable para hablar con cierta sobriedad y distancia de las cosas, y más allá de las leyendas, la simple realidad es que el magnífico movimiento social de los alemanes del Este, que la perestroika soviética puso en marcha y que determinó que las autoridades de la RDA abrieran el muro y accedieran a la quiebra de su régimen pacíficamente, contribuyó a una Europa más capitalista, conservadora, e incluso militarista en un sentido no de guerra fría sino de intervencionismo “caliente”.
Podía haber sido de otra forma, pero el caso es que tal como se hizo, la reunificación esquivó todos los escenarios que podían haber hecho a Europa más social, más independiente y más moderna desde el punto de vista de su contribución a un mundo viable, es decir más alejado de la guerra y del imperio. Eso también fue responsabilidad compartida de gobernados y gobernantes.
Paisajes floridos
Pasada su gesta instantánea que derribó la dictadura, el movimiento del Este no fue capaz de formular, y mucho menos de presionar para intentar realizar, un programa político, más allá del inicial “somos el pueblo” y del siguiente “somos un pueblo”. Los disidentes e intelectuales de Alemania del Este no tenían, obviamente, experiencia política -la gran diferencia con los polacos curtidos por una larga tradición de resistencia activa- y no fueron capaces de proponer nada sólido a una población que se rindió a lo que el posteriormente Ministro del Interior Otto Schily designo como “los plátanos” (“Bananen”): las luces y expectativas de una rápida mejora material, hábil y rápidamente cocinadas por los veteranos políticos de la derecha empresarial de Bonn. Esa expectativa fue lo que determinó la victoria de la derecha en las primeras elecciones libres de la RDA de marzo de 1990.
El entonces Canciller alemán, Helmut Kohl, prometió a los alemanes del Este “paisajes floridos”(blühenden Landschaften) y los realizó en un primer momento, por lo menos en la imaginación, al establecer en mayo la paridad 1-1 entre el deutsche mark y el marco del Este para ahorros de 6.000 marcos (una fortuna en la RDA, y dos meses de sueldo de periodista de la RFA de entonces) y de 1-2 para patrimonios más altos. Los alemanes del Este se sintieron como si les hubiera tocado la lotería. En aquella euforia cargada de promesas de abundancia, se disolvieron los programas y discursos, mayoritariamente verdes y socialistoides, que manejaban sus líderes civiles, escritores, intelectuales y disidentes.
Recordemos que el “Neues Forum” abogaba por una “fuerte participación de los trabajadores”, la “Initiative für Frieden und Menschenrechte” quería, “estructuras descentralizadas y autogestionadas”, la “Vereinigte Linke” proponía un “control colectivo de los trabajadores sobre las empresas y la sociedad” y hablaba de una “socialización de verdad” en lugar de la “socialización formal-estatista”, y que el SPD del Este decía cosas semejantes. El gobierno de transición de la RDA creó una institución fiduciaria (“Treuhandanstalt) en cuyas manos se puso la administración de toda la propiedad del país con la misión de “mantenerla para el pueblo de la RDA”.
Todo eso fue barrido por las elecciones, y, dos meses después, en junio de 1990, el primer gobierno electo del país, ya dominado por los satélites de la CDU de Helmut Kohl, convirtió el Treuhandanstalt en un aparato para la privatización, vía restitución (a antiguos propietarios) o venta, de la propiedad pública. Una posibilidad de tercera vía socializante, fue convertida, sin la menor consulta social, en mera restauración del orden anterior a la existencia de la RDA mediante la privatización del patrimonio nacional. En esa restauración los alemanes del Este, antiguos teóricos coopropietarios del pastel, fueron excluidos y desposeídos, lo que Schily calificó de “gigantesca expropiación”.
Las grandes empresas y consorcios como Bayer, BASF, Siemens o el Deutsche Bank, todas ellas enriquecidas con el trabajo esclavo durante la época nazi y expulsadas de la RDA, regresaron a sus antiguos cortijos.
El cambio de Wir
Clave en todo el proceso fue el “cambio de Wir” (Nosotros). Lograr que un movimiento ciudadano que había comenzado reclamando su autonomía y soberanía frente al estado al grito de Wir sind das Volk (Nosotros somos el pueblo), acabara destruyendo aquella proclamada autonomía y soberanía bajo el lema nacionalista-reunificador Wir sind ein Volk (Somos un pueblo). Aquel cambio fundamental, que abrió la puerta no a la reunificación, sino a una anexión de un sistema por otro, fue inducido por una formidable y sistemática campaña llevada a cabo por la derecha del establishment de Alemania occidental.
Wir sind das Volk, gritan hoy, Wir sind ein Volk gritarán mañana“, adelantaba el Bild el 11 de noviembre de 1989, dos días después de la caída del muro. Ese diario y la dirección de la CDU orquestaron la masiva difusión de la campaña bajo el nuevo lema, con decenas de miles de carteles (se pegaron 80.000 solo en Erfurt en una sola noche), 400.000 pegatinas y 100.000 discos y casettes con discursos de Helmuth Kohl. Su impacto fue importante y los alemanes del Este, ni el SPD, tenían nada que contraponer a aquello.
La Alemania que no pudo ser se cambió por los plátanos, por la garantía inmediata de un consumo resplandeciente. El escritor Ingo Schultze dice que, “hubo una oferta maravillosa que se impuso sobre cualquier consideración crítica”. La escena recuerda a la de aquellos blancos coloniales que cambiaban collares de cuentas y espejitos por oro y marfil a los primeros nativos africanos. La economía alemana aun arrastra algunas serias consecuencias de aquello. La sociedad también: el amargo sentimiento de desposesión y desencanto que expresa aun hoy una parte considerable de los alemanes del Este, es resultado… Pero la jugada de una reunificación sin fisuras para la derecha triunfó. Y de eso se trataba.
Para 1994, 8.000 empresas del Este, que ya estaban en manos de “inversores privados” del Oeste, habían sido cerradas o adquiridas a precio de ganga, y 2,5 millones de alemanes del Este se habían quedado sin trabajo porque el tejido industrial de su antiguo país había desaparecido. Los medios de comunicación quedaron en manos de los grandes consorcios mediáticos occidentales propiedad de magnates, vía la implantación de sus empresas en el Este o bien comprando los diarios del Este.
La posibilidad de una nueva Alemania, con una nueva constitución que aboliera la vigente prohibición de huelga política o la existencia de una policía política en el oeste, el BFV, una Alemania sin tropas americanas, sin armas nucleares y sin pertenencia a la OTAN -lo que habría acabado definitivamente con esta organización y con la subordinación histórica de Europa a Washington- y que abriera la puerta a nuevo “Modell Deutschland” con determinadas concesiones del capital a un orden más social en la nación a cambio de la reunificación nacional, todo eso, se arrojó como un anillo al agua.
La cuestión fundamental de toda revolución es la cuestión de la propiedad. Para valorar las revoluciones europeas que el año 1989 abrió, hay que fijarse en lo que pasó con ella. A tenor de los resultados socio-económicos del movimiento social alemán oriental de 1989/1990, es obvio que no se puede hablar de “revolución”, sino más bien de un intento fallido de reforma que siguió a una exitosa quiebra de dictadura que no habría tenido lugar sin el sorprendente cambio en el centro imperial (Moscú). Sin llegar a niveles rusos, las “privatizaciones” en Europa del Este dispararon el robo, la especulación y la desigualdad en todo el continente hasta niveles desconocidos, incluso en Alemania, donde el número de millonarios aumentó un 40% en el oeste del país tras la reunificación.

Nuevo-viejo orden europeo
En el orden exterior, para Estados Unidos lo único importante de la reunificación era que “Alemania siguiera en la OTAN porque de esa forma la influencia de América en Europa quedaba garantizada”. Así lo afirma Condoleezza Rice, que entonces era consejera de la Casa Blanca para el tema alemán, en una entrevista de 2010 con Der Spiegel. Rice repite este punto en seis ocasiones, dejando bien claro que ese era el tema central de la jugada. “Lo que no fuera eso habría equivalido a una capitulación de América”, dice. Kohl sabía que garantizándoles la continuidad de la OTAN tendría a los americanos de su parte. Respecto a los soviéticos, simplemente, no tenían una política para sacarle partido a su histórica retirada de Europa central/oriental, de la que Alemania era el centro. Como explico en mi libro sobre la transición rusa, en Moscú se propició una “quiebra optimista del orden europeo”.
La retirada soviética fue espléndida en su sentido general, un ejemplo de ocaso imperial voluntario y pacífico, pero también completamente fallida en su negociación, a causa del optimismo intrínseco de Gorbachov y de la ausencia de concepciones o de voluntad para negociarlas en serio, como en el caso de la “casa común europea”, con un sistema de seguridad unificado “de Lisboa a Vladivostok”, etc. Con los soviéticos en ese estado, digamos, ingenuo, y los americanos asegurados en su única preocupación, las reticencias de franceses, polacos o británicos a la reunificación fueron pan comido para Kohl.
La mayoría de los alemanes, del Este y del Oeste -y esto lo reconoce el propio Kohl en sus memorias- preferían una Alemania fuera de la OTAN. Las encuestas de febrero de 1990 otorgaban un apoyo del 60% a ese escenario. Ni Moscú, ni las fuerzas políticas alemanas jugaron con eso y la ocasión se perdió. La consecuencia fue una guerra en Yugoslavia -en la que el ejército alemán efectuó su primera intervención militar exterior desde Hitler- cuyo sentido esencial fue dar razón de ser a una OTAN en paro. A partir de entonces la Unión Europea se afianzó como “ayudante del Sheriff” colaborando miserablemente en toda una serie de criminales necedades imperiales bajo la dirección de Washington. La participación militar europea contrasta mucho con la soledad que Estados Unidos conoció en la Europa de los sesenta y setenta durante la guerra de Vietnam, cuando hasta el Reino Unido se negó a enviar tropas.

Ocasión perdida
Algunos historiadores describen a Alemania como el país de las revoluciones fallidas por excelencia. Con su gloriosa reunificación de 1990, el país hizo honor a esa tradición. La reunificación tuvo lugar, pero su vector popular no impuso ningún cambio significativo de futuro en la nueva realidad y se dejó secuestrar por la derecha y los poderes fácticos del oeste cuyo programa era una restauración. El resultado de la anexión del Este, tanto a nivel alemán como continental, fue un más de lo mismo.
Todo el Este de Europa (excepto la Yugoslavia no alineada, lo que explica mucho por qué se promocionó desde fuera la desintegración nacional, que, desde luego, también tenía claros factores internos) siguió la misma pauta: por un lado las sociedades se liberaron y normalizaron en muchos aspectos, un bien indiscutible, pero el precio fue una hegemonía de las fuerzas conservadoras y una continuidad del orden subordinado posterior a 1945, ahora con una sola potencia, que explican mucho del lamentable aspecto que ofrece nuestro continente treinta años después.
“Con la anexión”, explica Yanna Milev, estudiosa de la unidad alemana,
se restableció el ‘espíritu alemán’ en toda Alemania y renacieron los patrones tradicionales de pensamiento y actuación en temas como el anticomunismo, la rusofobia y la tesis de la guerra preventiva. El fin del orden político de posguerra en Alemania y en Europa ha sido entendido como la abolición de la culpa alemana en la guerra de agresión y aniquilación, en particular en la guerra de “raza” y exterminio contra la Unión Soviética. Hoy, en el Este no hay lugar de recuerdo del terror nazi en el que no se recuerde al mismo tiempo el terror estalinista y post-estalinista en la zona de ocupación soviética y los “crímenes de la dictadura del SED”. No es sorprendente que en ese clima, el umbral de inhibición haya caído en tantas personas.
Privado del espantajo del “comunismo”, en Europa el sistema se hace más brutal y desinhibido. Si de él sólo dependiera, nos llevaría de regreso, y de un tirón, al siglo XIX en lo social y lo político (lo uno no va sin lo otro), prohibiendo el derecho de huelga, convirtiendo en aun más caricaturesco el actual pluralismo y regresando a viejas enfermedades europeas, que hoy asoman por doquier al calor de la crisis: racismo, desprecio del débil, egoísmo social…
Es verdad que podría haber sido peor, y no por casualidad hemos empezado con eso, pero también lo es, y eso es lo que importa de verdad de cara al futuro, que Alemania y toda Europa dejaron pasar, hace treinta años, una ocasión histórica para hacer las cosas algo mejor.
(Publicado en Ctxt)
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=262308
11 de 

domingo, 10 de noviembre de 2019

Preguntémonos cómo fue posible que la fuerte interpelación al gobierno de Evo desde los pueblos originarios hoy sea sustituida por el fundamentalismo de la derecha militarizada y policial.

Quién es Luis Fernando Camacho, el hombre que encabeza el golpe de Estado en Bolivia


A pesar del claro protagonismo que los movimientos de mujeres están generando en la región latinoamericana, o como una especie de burla del destino a esta expresión social, la oposición más virulenta al gobierno de Evo Morales en Bolivia surge encarnada en un hombre a quien llaman “El Macho”.

Por Nodal

Luis Fernando Camacho Vaca es un abogado santacruceño de 40 años, casado y con tres hijos. Proviene de una familia acomodada de la región e irrumpió en las últimas semanas en la escena internacional debido a que se puso a la cabeza de lo que él mismo denomina como un “proceso para recuperar la democracia”.
Sin embargo, Camacho construye esta idea de democracia en un carril paralelo a la institucionalidad boliviana: sin ser candidato para ningún cargo comenzó con este “proceso” a partir de la instalación, antes del 20 de octubre pasado cuando Morales sacó la mayoría de los votos, de la posibilidad del fraude electoral.
Desde el Movimiento al Socialismo (MAS), partido oficialista, lo acusan de manejar los hilos de un intento de golpe de Estado para derrocar a Evo Morales, que está a la espera de validar su cuarto mandato consecutivo luego de haber perdido un referéndum para ser reelecto en 2016, pero posteriormente habilitado por el Tribunal Constitucional a través de una sentencia que afirma que el actual presidente puede seguir buscando la reelección de manera indefinida alegando que era parte de sus “derechos políticos”.
La historia del “Macho”
Nació y creció en Santa Cruz, una de las zonas más ricas y poderosas de Bolivia y el departamento en el que históricamente habita la mayor parte de la población blanca de ascendencia europea del país. Luego de recibirse como abogado en la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, realizó estudios de posgrado en la Universidad de Barcelona  donde completó una maestría en Derecho Financiero y Tributario.
Su activismo comenzó cuando tenía 23 años como vicepresidente de la organización cívica Unión Juvenil Cruceñista, que aunque se autodefine como “cívica” fue calificada por la Federación Internacional por los Derechos Humanos como “una especie de grupo paramilitar” que realiza actos de racismo y discriminación contra habitantes e instituciones indígenas de la zona.
Ya en 2015, ingresó en el Comité Cívico Pro Santa Cruz -donde su padre fue presidente entre 1981 y 1983-, primero como segundo vicepresidente y luego como primer vicepresidente. Desde febrero de 2019 Luis Fernando Camacho preside esta organización que nuclea entidades empresariales, vecinales y laborales de la región donde se reúne la mayor parte de la oposición al proceso de transformación que encabeza Evo Morales desde que llegó a la presidencia en 2006. De hecho, el apodo de “macho” se lo ganó justamente por el “coraje” con el que encabeza la campaña contra Morales, a quien acusa de “tirano” y “dictador”, aunque a lo largo de su vida pública demostró en varias oportunidades que el mote de “dictador” también le calza a él por su conducta machista y su violencia patriarcal que replican sus seguidores.
A la par de su vida pública, Camacho es docente universitario y empresario, y junto a su familia forma parte del Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A. Las empresas pertenecientes a esta corporación operan en el rubro de los seguros, el gas y los servicios. Hay versiones que indican que una de las principales causas de su acérrima oposición al gobierno de Morales se debe a deudas y pérdidas millonarias relacionadas con el negocio del gas en Santa Cruz.
Por otro lado, hay  medios locales que lo vinculan con los Panamá Papers como intermediario, a partir de la creación de tres sociedades (Medis Overseas Corp., Navi International Holding y Positive Real Estates) para “coadyuvar a personas y empresas a esconder sus fortunas en entidades offshore, lavar dinero y establecer esquemas de evasión de impuestos”.
Su postura ante esto es la de negar los hechos y denunciar una supuesta persecución en su contra para que levante el paro que desde hace días promueve en todo el país.
Su cruzada contra Morales
Histriónico y prepotente, con una oratoria exacerbada y una imagen asociada a la gente blanca acomodada del país (que legitima a partir de su origen santacruceño burgués), sostiene su popularidad apelando a la cantidad de gente que convoca y a la cercanía que dice tener con sus seguidores. Es muy evidente la construcción que realiza de su figura en contraposición con el origen humilde, campesino e indígena del presidente Morales. Y a pesar de que se esfuerza por asegurar en reiteradas oportunidades que no expresa un mensaje racista, algunos sucesos demuestran lo contrario, como lo ocurrido durante la marcha de mujeres el jueves siete de noviembre en Cochabamba.
Lo cierto es que la actual confrontación en Bolivia sirve de contexto para reforzar antiguos estereotipos racistas que estigmatizan no solo a las mujeres, sino que también se basan en intersecciones relacionadas con la raza, el origen, la religión, la elección sexual y la edad.
En línea con otros representantes de la nueva derecha regional, como el presidente brasileño Jair Bolsonaro, Camacho maneja un discurso con muy fuerte anclaje religioso. En cada una de sus apariciones públicas y a través de las redes sociales, alienta la oración y proclama su fe en Dios. Convoca a las manifestaciones en el Cristo Redentor y se asegura de que sostengan la imagen de una virgen a su lado mientras que arenga al público.
Incluso, insiste en cada uno de sus mensajes con la necesidad de lograr que “la biblia” vuelva a entrar en la casa de gobierno boliviana, que según él fue desalojada a partir de la asunción del MAS. Esto le ha permitido alinear detrás suyo a todas las fuerzas clericales y anti derechos bolivianas, que tuvieron variadas expresiones homofóbicas y misóginas durante la campaña electoral y que buscan criminalizar la homosexualidad y continuar penalizando el derecho al aborto.
A través de un show en las redes sociales y de la espectacularización de sus demandas, Camacho desconoció inmediatamente el resultado de las elecciones pasadas, convocó a un cabildo en Santa Cruz y a través de votaciones por aclamación le dio a Morales un plazo de 48 horas para que presentara su renuncia. En paralelo, se autoproclamó al frente de la “unidad” opositora, opacando incluso a la figura de Carlos Diego de Mesa Gisbert, el candidato de la coalición Comunidad Ciudadana que quedó segundo en las elecciones del 20 de octubre. También llamó a un paro indefinido y a la desobediencia civil hasta lograr el objetivo que se había planteado: la renuncia de Evo Morales.
Transcurridas las 48 horas y ante la falta de respuesta a su exigencia por parte de Morales, Camacho convocó a un nuevo cabildo y difundió una carta en la que él mismo redacta los términos de la renuncia del presidente boliviano. Luego de ese cabildo comenzó un periplo para entregársela personalmente en La Paz, tras el cual se produjeron decenas de enfrentamientos entre militantes del MAS y de las fuerzas cívicas en diferentes partes del país que ya llevan tres muertos y centenares de personas heridas. (...)

Se consumó el Golpe de Estado en Bolivia y renunció Evo Morales

Hoy nos solidarizamos con los pueblos de Bolivia en lucha contra el golpismo fascita. Urge derrotarlo pero después es hora de balance crítico sobre gobiernos progresistas porque han conducido al mayor poder del gran capital.

ESPECIAL DEL DIARIO DE URGENCIA / PAREMOS EL GOLPE EN BOLIVIA   9 noviembre 2019

Desde RESUMEN LATINOAMERICANO nos solidarizamos con el pueblo y el gobierno boliviano que están librando una batalla contra el golpismo fascista.
Son momentos de multiplicar la comunicación popular para romper el cerco mediático que sufre Bolivia para ocultar las barbaridades que los golpistas cometen a diario contra el pueblo indígena, campesino, obrero y estudiantil.

HOY MAS QUE NUNCA: EVO PRESIDENTE PORQUE ASI LO DISPUSO EL PUEBLO!

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Bolivia.La CSUTCB anuncia un cerco a La Paz y da plazo de 48 horas a Camacho para que abandone la ciudad

Bolivia. Evo Morales: Quieren acallar la prensa para perpetrar el golpe


Bolivia. Fejuve se declara en vigilia permanente en defensa de la democracia y da 48 horas a golpistas para abandonar La Paz


Bolivia. CSUTCB desconoce a dirigente colaboracionista de los golpistas que selló acuerdo con Camacho
Bolivia. Alcalde de Potosí renuncia a su cargo en aras de buscar la paz en ese departamento
Bolivia. El pueblo se defiende de la derecha: Buses con fascistas que se dirigían a La Paz fueron frenados cerca de Caracollo por mineros y campesinos
Bolivia. Los golpistas Mesa, Ortiz y el Conade rechazan el diálogo convocado por Evo
Bloqueadores cercan Bolivia TV y radio Patria Nueva en La Paz y amenazan para que deje de transmitir
Bolivia. FFAA se pronuncian sobre la crisis y anuncian que nunca se enfrentarán con el pueblo
Venezuela. Maduro denuncia el intento de golpe de Estado contra Evo Morales
Bolivia. En conferencia de prensa el Presidente Evo Morales convoca al diálogo a partidos que obtuvieron asambleístas en comicios para pacificar el país (video) DESTACADA

Bolivia. Denunciamos. El director de Radio Comunidad y corresponsal de Resumen Latinoamericano ha sido capturado y amarrado por los golpistas