lunes, 21 de enero de 2019

IV. Nos urge, abajo y a la izquierda, enfocar la centralidad de los extractivismos en el capitalismo y para asumir nuestra emancipación de genocidios y malvivires. De ahi:

Inundaciones en Argentina
La necesidad de cambiar
el modelo productivo
21 de enero de 2019

Por Juan Guahán
 (Rebelión)



A las preocupaciones habituales de los argntinos sobe inflación, empleo, seguridad, se agregaron este verano los temas de las lluvias, las inundaciones y sus efectos. Pero… ¿de qué se habla, cuando se habla de lluvias e inundaciones? Hay una cuota de cinismo en los principales comunicadores cuando se refieren a estos temas. 


Es cierto que todo lo vinculado a la inflación, los temores sobre el empleo, las cuestiones de seguridad, forman parte de los problemas cotidianos que agobian a la mayoría de las personas “comunes” que transitan por nuestro territorio y padecen las dificultades de la sobrevivencia diaria. 



Sin embargo, en estos días, los temas climáticos con su avalancha de malas noticias (particularmente las incesantes lluvias e inundaciones) ocupan un lugar importante en las charlas familiares. 



Es un momento oportuno para meternos un poco más en esos fenómenos climáticos; algunas de sus consecuencias o efectos; el porqué son cada vez más intensos y recurrentes; el motivo por el cual se relativiza o niega la responsabilidad humana en los mismos, las relaciones entre el modelo económico y estos fenómenos de la naturaleza. 



También preguntarnos, ¿cómo cambiar? y las razones por las cuales es difícil modificar esta realidad y crear nuevas condiciones que contribuyan a que estas situaciones disminuyan o sus efectos no sean tan graves. 



Variaciones climatológicas: hoy inundaciones 



La lluvia no cesa, algunos especialistas lo atribuyen al “Fenómeno del Niño”. En algunos casos, el volumen del agua caída –en un mes- equivale al total anual, la acumulación del agua y su lenta absorción hacen subir las napas y favorecen estas inundaciones. En lo inmediato, los pronósticos aventuran que, desde ahora y hasta fines de enero, tendremos tiempos mejores. 



Los comunicadores que tienen espacios en la gran prensa porteña, ésa que dice que “informa” a todo el país, hablan de una “tragedia de la naturaleza”, sería algo así como algo que está fuera del control y la responsabilidad humana. Ya veremos cuánto tiene de cierto o mentiroso esa afirmación. 



Ahora veamos algunos datos de los efectos del actual fenómeno en las provincias argentinas del norte. La situación es particularmente grave en Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Santiago del Estero. Con menor incidencia en Tucumán, Salta y Córdoba. 



Los muertos suman 4, los evacuados o autoevacuados rondan las 5 mil familias, cerca de 3 mil personas solamente en 15 localidades chaqueñas. Las pérdidas globales se pueden estimar en unos 2,2 mil millones de dólares. Dentro del área mencionada fueron afectados varios millones de hectáreas de tierras, solo en Santa Fe denuncian unos 3 millones. Entre los efectos específicos tenemos el caso de algunos cultivos: al girasol, en el área con dificultades, aún le falta cosechar el 60%; el maíz, en la misma zona, tiene pendiente de sembrar un 40%; en cuanto a la soja hay 13,8% del sembradío bajo agua. 



Recordemos que -hace un año atrás- ésta y otras zonas también fueron afectadas por otro fenómeno “natural”, aquello fue una fuerte sequía. 



Cambio climático: ¿es un inexorable fenómeno natural? 


El calentamiento global, como un efecto del cambio climático, está influyendo en las variaciones del clima. Por eso no debe extrañar que una significativa sequía sea sucedida por una intensa lluvia. 


Estas inundaciones son un producto de ese fenómeno. Sus consecuencias negativas son aumentadas por actividades humanas, que ya se mencionarán. 



Es conocido el debate mundial en torno a este tema. Son 195 los países que han firmado el Acuerdo de París (año 2015) por el cual se comprometen a reducir las emanaciones de “gas de invernadero” para evitar que el calentamiento global siga creciendo por encima de ciertos límites. 



Hasta hace poco tiempo, la inmensa mayoría de la dirigencia acordaba en esta necesidad y así nació la citada responsabilidad estatal, que se aprobó con amplio acuerdo y baja efectividad. Los intereses económicos influían sobre los Estados para ir demorando aquellas disposiciones, que mermaban sus ganancias. 



Ahora hay una novedad, con los triunfos de Donald Trump y Jair Bolsonaro viene una corriente mundial que no acuerda con ese Tratado o lo hace con mucha reticencia. EE.UU y Brasil están cuestionando el Acuerdo de París y su futuro es incierto. A este paso puede correr la misma suerte el futuro de la humanidad. 



Los responsables son muchos, pero no todos son iguales 



Como en todos los casos la principal responsabilidad descansa en políticos y gobiernos, por acción u omisión. No hacen lo que deben, por ignorancia o conveniencia. Generalmente sus propios intereses o de aquellos que los apoyan son los que se benefician con esa situación. 



En esta dirección, la principal actividad depredadora de los humanos es la deforestación. La destrucción de bosques es tres veces más nociva para el calentamiento global que los combustibles fósiles (hidrocarburos), tan justamente cuestionados. 



En este sentido nuestra región es un modelo (pésimo modelo) de lo que está pasando y el futuro pinta mucho peor. Con el conformismo de un satisfecho, la impotencia de un inútil o el cinismo de un oportunista, el Presidente nos acaba de avisar, cuando sobrevolaba la zona inundada: “ Tendremos que acostumbrarnos a que esto (las inundaciones) va a pasar en distintas zonas, en distintos lugares del país”. 



Luego erra sobre las causas y la solución cuando dice: “nuestra infraestructura no alcanza para contener estas situaciones, en la que las lluvias son siempre superiores a todo lo conocido, como el año pasado lo fue la sequía”. Estos fenómenos no son un “desastre natural” ni empiezan cuando aparecen, ellos son el último eslabón de una larga construcción social cuyo eje es el modelo económico que se aplica. 



Mientras no se modifique este “modelo”, que pone el centro en las ganancias de los individuos y sus empresas y no en el buen vivir de las personas y la comunidad, estos hechos se van a seguir repitiendo. La existencia y utilidad de las mentadas “obras de infraestructura” de la que habla el Presidente, son la derivación del modelo aplicado. 



La deforestación en el centro del debate 


En una reciente investigación del INTA, expuesta en un video documental, se dice que “el árbol es una bomba extractora de agua”. Cuando el árbol no está la “bomba extractora” deja de funcionar y la napa comienza a subir. Al llover mucho el suelo ya no absorbe el agua y la inundación es el efecto. Según el mismo INTA, la región más afectada por la última inundación es la conocida como “chaqueña”. 


En esa zona el bosque absorbe hasta unos 300 milímetros de agua de lluvia; los campos destinados a pasturas para animales absorben 3 veces menos que el bosque y los campos sojeros lo hacen 10 veces menos. Los datos más recientes indican que en los últimos 35 años se han deforestado unos 12 millones de hectáreas de bosque nativo, a razón de algo más de 300 mil hectáreas por año. 



Todo ello no obstante haberse aprobado en el 2007 la Ley 26.331 de protección de los montes nativos. Fue larga y difícil su aprobación y más aún su reglamentación. Esa norma dejó en manos de las Provincias la responsabilidad de su aplicación. En el mismo período explotó el cultivo de la soja, el hada mágica de la economía argentina. Ella ocupa cerca de 19 millones de hectáreas, el 60% de nuestra tierra cultivada. Salta y Chaco, dos de las provincias afectadas por esta inundación están a la cabeza de la deforestación. 



En el caso de Salta se avanzó, incluso contra las normas legales, a través de los “permisos de rezonificación” otorgados a los amigos del poder de los Urtubey, de la familia del Jefe de Gabinete, Marcos Peña Braun y de la Coca Cola. 



En Chaco la víctima fue la zona boscosa conocida como el Impenetrable, asentamiento de poblaciones indígenas que hoy mueren lentamente al habérseles destruido el hábitat donde residían y del cual vivían. La depredación chaqueña, por fuera de la ley, rondaría un 45% del total deforestado. 





Algunas estimaciones evalúan que por cada 70 mil hectáreas deforestadas hay un desplazamiento de 400 personas. Si tenemos presente esa cifra, el total de población desplazada por la deforestación -en estos últimos 35 años- es de unas 200 mil personas, en su mayoría indígenas y campesinos pobres. 


El modelo productivo argentino, pensado hacia afuera, forma parte del extractivismo que nos han impuesto. En él se saquea la riqueza –en beneficio de las trasnacionales y unos pocos socios locales- y queda la miseria, para los sectores populares. 



Su aplicación ha sido promovida y exaltada –sin vergüenza- por los diferentes gobiernos de todos estos largos años. Esa es la causa que está en la raíz de estas inundaciones. Aunque de ello no hablen nuestra cultura urbana y los medios de prensa más poderosos. 



Tampoco lo hacen aquellos sectores –muchas veces, políticamente progresistas- que siguen atados a esa idea y la defensa de esa forma productiva y este modelo, aunque afecten y destruyan la naturaleza y terminen perjudicando la vida humana. Esos pensamientos forman parte de una cultura que coloca el eje en la perspectiva de un progreso y desarrollo que imaginan infinitos. 

Juan Guahán. Analista político y dirigente social argentino, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=251556

"Nosotros estamos organizados y con nuestros guerreros vamos a ayudar y cada uno va a hacer lo que pueda. Pero nosotros somos pocos. Somos muy pocos. Y tenemos muchos brasileros que tienen sangre indígena pero de la boca para afuera. Pero a la hora de la masacre ninguno se mete. POR FAVOR DIFUNDIR"

[UAC] Brasil: 

pedido de ayuda movimiento indígena


"Yo soy Daiara Tukano del pueblo Tukano del Amazonas. Vivo en Brasilia. Soy militante indígena y siempre participé de muchas otras militancias aquí en la capital. Muchos me conocen. Yo estoy mandando este mensaje a mis amigos de los movimientos sociales, del movimiento de los sin tierra, del movimiento feminista, del movimiento negro, pidiendo ayuda para que ustedes nos puedan ayudar. En este momento ustedes también pueden ayudar al movimiento indígena. Porque estamos enfrentando un momento difícil. Ahora en el Mato Grosso do sul se creó un estado de secesión.

 Al modo de una dictadura militar el gobierno mandó las fuerzas militares, la Policía federal, la Policía de frontera, la Policía nacional, que están actuando como milicias para el genocidio indígena en favor de los ascendados y los dueños de los agronegocios. Yo quiero decirles a ustedes, que si ustedes quieren abrazar esta causa no son merecedores de sus banderas. Porq nosotros somos los pueblos originarios de estas tierras. Y el genocidio indígena es el mayor genocidio en la historia de la humanidad. 

Entonces, les pedimos justicia por favor ayudennos. Nos ayudan de cualquier manera, de cualquier forma, les pedimos ayuda en la comunicación. Necesitamos ayuda en la comunicación. Ayuda a que esto pueda llegar a miles de personas. Porque la única manera de que la gente pueda lograr sus derechos es a través de la presión. En relación a esta situación, nos pueden ayudar. Necesitamos q nos ayuden difundiendo las imágenes, los videos, textos, cualquier cosa. Que hablen sobre esto en los lugares donde viven, que hablen sobre la situación del pueblo guaraní kaiowa en el Mato grosso. Llamen la atención a todos lps brasileros sobre eso. Los asesinos mataron mucha gente. También niños. Les tiran balas de goma a los niños. Las atrocidades que hacen. Una humanidad intolerable, insoportable. Y en todos lados estamos sufriendo. Y por eso les pedimos ayuda a ustedes que son nuestros hermanos. Por favor difundan este mensaje en los movimientos sociales, en las redes. Nosotros necesitamos hablar de esto AHORA. En la próxima semana habrá una masacre en ese estado. Habrá una guerra. Porque nosotros estamos organizados y con nuestros guerreros vamos a ayudar y cada uno va a hacer lo que pueda. Pero nosotros somos pocos. Somos muy pocos. Y tenemos muchos brasileros que tienen sangre indígena pero de la boca para afuera. Pero a la hora de la masacre ninguno se mete.
POR FAVOR DIFUNDIR
Humilde traducción Cristina Gómez. Puede tener algunos errores.
-- 
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UAC Unión de Asambleas Ciudadanas Contra el Saqueo y la Contaminación
prensa@asambleasciudadanas.org.ar
www.asambleasciudadanas.org.ar
facebook.com/unionasambleasciudadanas
http://twitter.com/prensauac
 
NUEVO 2018 -->(Cuadernillo Sistematización Encuentros de la UAC -PDF-) -->https://goo.gl/7GXjqB

III. Nos urge, abajo y a la izquierda, enfocar la centralidad de los extractivismos en el capitalismo y para asumir nuestra emancipación de genocidios y malvivires.

El hielo de la Antártida se derrite
hasta seis veces más rápido que hace 40 años
21 de enero de 2019

Por La Vanguardia
La Universidad de California ha realizado un estudio gracias a las fotografías aéreas de alta resolución tomadas por la Nasa para comprobar cuánto ha aumentado el nivel del mar
La Antártida es una de las protagonistas indiscutibles del cambio climático. En los últimos 40 años, el hielo derretido de la Antártida ha provocado que el nivel del mar aumente (al menos) en 13,8 milímetros. Y parece que no va a parar.
Un nuevo estudio, publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) , ofrece más datos sobre el deshielo de la Antártida Oriental, situada hacia el lado del océano Índico, una zona considerada hasta ahora como “estable e inmune al cambio climático”.
Varios científicos de la Universidad de California (Estados Unidos), el Laboratorio a Propulsión a Reacción (JPL, por sus siglas en inglés) de la Nasa y la Universidad de Utrecht (Países Bajos), que han participado en el estudio, han analizado fotografías satelitales, tomadas por la Nasa -entre otras agencias espaciales- y recogidas durante ese periodo de tiempo, y han descubierto que se está derritiendo a un ritmo acelerado. Concretamente, seis veces más rápido que en la década de 1980.
El análisis realizado desde el año 2009 demuestra que la Antártida ha perdido casi 278.000 millones de toneladas de hielo por año. En comparación con el 1980, cuando perdía 44.000 millones de toneladas anualmente. Y, en los próximos siglos, “a medida que la capa de hielo de la Antártida continúa derritiéndose, esperamos un aumento de varios metros del nivel del mar desde esta zona”, explica Eric Rignot, el autor principal del estudio, a la revistaScience.
Técnicas empleadas
Para llevar a cabo este análisis, el equipo de Rignot ha medido la velocidad a la que se derrite el hielo a través de diferentes puntos de referencia visuales en las capas de los glaciares, desde 1979 a 2017. “La búsqueda de fotos aéreas antiguas y el análisis posterior han valido la pena porque nos ha permitido crear la evaluación más extensa de la masa de hielo antártica restante”, continúa.
Además del registro fotográfico, también se han empleado técnicas para estimar el balance de la capa de hielo gracias a una comparación de la acumulación de nevadas en la Antártida con la descarga de hielo por los glaciares en sus líneas de conexión a la tierra, donde el hielo comienza a flotar en el océano y se separa del suelo.

A salvo de la entrada de agua caliente
Uno de los hallazgos clave de su estudio es la contribución que la Antártida Oriental ha hecho a la pérdida total de masa de hielo en las últimas décadas. “Esta región es, posiblemente, más sensible al cambio climático de que tradicionalmente se ha asumido, y es importante saberlo porque contiene incluso más hielo que la Antártida Occidental y la Península Antártica en su conjunto”, ha añadido Rignot, explicando que las áreas que más masa de hielo pierden son las más próximas al agua tibia del océano.

En cambio, los científicos que están detrás del estudio creen que las temperaturas frías mantienen la capa de hielo de la Antártida Oriental relativamente a salvo de la entrada de agua caliente. “A medida que los gases de efecto invernadero calientan gran parte del planeta y envían más calor a la Antártida, se seguirá contribuyendo al incremento del nivel del mar en las próximas décadas”, ha señalado Rignot.

“Si el estudio está en lo cierto, podrían cambiar las previsiones del aumento del nivel del mar para este siglo. Las científicos saben que la zona de la Antártida Oriental tiene el potencial de perder cantidades significativas de hielo, pero hasta ahora se desconocía con cuánta rapidez”, señala el científico Michael Oppenheimer, de la Universidad de Princeton (Estados Unidos), según declaraciones recogidas por la revista Science .
Artículo científico de referencia:
Four decades of Antarctic Ice Sheet mass balance from 1979–2017 . Eric Rignot, Jérémie Mouginot, Bernd Scheuchl, Michiel van den Broeke, Melchior J. van Wessem, and Mathieu Morlighem. PNAS . January 14, 2019https://doi.org/10.1073/pnas.1812883116

II. Nos urge, abajo y a la izquierda, enfocar la centralidad de los extractivismos en el capitalismo y para asumir nuestra emancipación de genocidios y malvivires.

Ambientalistas en alerta
Mina Invierno pone fecha a 
su primera tronadura

El mostrador

El martes 29 de enero próximo, el proyecto carbonífero de los grupos Angelini y Von Appen procederá a la tronadura controlada, autorizada por el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, donde sigue su curso el proceso de reclamación. “Lamentamos la noticia, pero esto es coherente con la actitud irresponsable de la empresa”, aseguró la ONG Fima. Mientras, Greenpeace acusó a la compañía de “pretender volar un pedazo de la Patagonia”.


En alerta se encuentran las organizaciones ciudadanas y medioambientales agrupados en el movimiento Alerta Isla Riesco luego que Mina Invierno, el proyecto carbonífero de los grupos Angelini y Von Appen, fijara fecha para su primera tronadura.
Esto será el martes 29 de enero próximo, en torno a las 17 horas, según confirmó el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia.
La tronadura controlada fue autorizada por el tribunal especializado el pasado 24 de diciembre, bajo ciertas condiciones, para lo cual la empresa debió elaborar un informe con el diseño de la tronadura, especificando detalles como la ubicación de los pozos, tipo y cantidad de explosivos a utilizar en cada uno, volumen que se espera fracturar con la detonación en este yacimiento ubicado en la comuna de Río Verde, Región de Magallanes.
Estos documentos fueron remitidos a Sernageomin y a la Superintendencia del Medio Ambiente, además del oficio respectivo al Tribunal Ambiental.
Según Mina Invierno, las tronaduras son indispensables para dar viabilidad económica al proyecto para la remoción de material estéril en las faenas extractivas de carbón.
La causa sigue en estudio
En dicha resolución, el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia dio luz verde a una tronadura, pese a que sigue en marcha en esa instancia el proceso de impugnación llevado adelante por las organizaciones que se oponen el proyecto.
‘Lamentamos la noticia de que la tronadura de Mina Invierno haya sido agendada, pero esto es coherente con la actitud irresponsable de la empresa’, aseguró Diego Lillo, abogado de la ONG Fima.
El profesional explicó que normalmente cuando hay un proceso en curso, las empresas se abstienen de avanzar en este tipo de operaciones, pero éste no fue el caso.
‘No estamos acostumbrados, esto no es normal, y sólo en algunos casos las empresas toman estas decisiones empecinadas de ejecutar las resoluciones, no obstante estar siendo discutida en tribunales’, añadió.
En la misma línea, Matías Asún, director de Greenpeace Chile, también puso acento en que el proceso sigue su curso. ‘Esto en ningún caso ha acabado y la señal de Mina Invierno de querer avanzar sin importar las consecuencias, no borran los procesos judiciales en tribunales ambientales que siguen, ni tampoco el hecho de que las tronaduras están aprobadas sin cumplir los mínimos estándares de una evaluación ambiental completa’, indicó.
De hecho, el pasado 8 de enero en el Tribunal Ambiental de Valdivia hubo una nueva jornada de alegatos por este caso, y la entidad integrada por Iván Hunter Ampuero, Michael Hantke Domas y Sibel Villalobos Volpi, determinó dejar la causa en estudio, para continuar analizando los antecedentes.
En la audiencia participó la empresa, la cual recalcó que los reclamantes no aportaron pruebas o antecedentes sobre la falta de evaluación de efectos del proyecto. La postura de la compañía fue apoyada por dirigentes sindicales de la mina y por la municipalidad de Río Verde, la cual argumentó que el proyecto cumple con la normativa ambiental.
Con todo, desde FIMA advirtieron que ‘mantenemos completamente vigentes nuestras alegaciones dentro del juicio en el Tribunal Ambiental y estamos esperando que esto se resuelva pronto, para que los efectos de las tronaduras no sean dañinos y lleguemos a que solo será esta primera tronadura y el proyecto pueda ser utilizado sin este método de extracción’, explicó Diego Lillo.

“Pretenden volar un pedazo de la Patagonia”
Asún fue más allá y acusó a Mina Invierno de ‘pretender volar un pedazo de la Patagonia, a un costado de parques nacionales, y en medio de ecosistemas únicos, frágiles y prístinos que son patrimonio de la humanidad’.
A la vez, dijo que el proyecto de los grupos Angelini y Von Appen busca ‘perpetuar el uso del carbón cuando el país completo se ha convencido de abandonar su uso’, añadiendo que ese material ‘se exporta a las Zonas de Sacrificio y hay miles de ciudadanos que padecen la contaminación y las consecuencias nefastas que tiene el quemado de carbón para producir energía’.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=251480

I. Nos urge, abajo y a la izquierda, enfocar la centralidad de los extractivismos en el capitalismo y para asumir nuestra emancipación de genocidios y malvivires.

El precio de defender la tierra
Dos de cada tres activistas asesinados
pertenecen a movimientos medioambientales.
21 de enero de 2019

Por Alejandro Tena (Público)

Las mujeres que buscan la protección de los derechos de las comunidades indígenas tienen que hacer frente a la represión de los poderes económicos, pero también a la coacción y violencia que hay dentro de las propias comunidades indígenas que, ancladas en la tradición patriarcal, impiden que las mujeres tengan relevancia dentro de las decisiones políticas.
Defender la tierra sale caro. Tan caro, que se paga con la vida . La lucha por el cumplimiento de los Derechos Humanos siempre escondió riesgos, sobre todo si tiene un enfoque medioambiental destinado a proteger las tradiciones y propiedades de las comunidades aborígenes. Tanto es así, que desde 2014 se han reportado más de 800 asesinatos , según el informe de Front Line Defenders sobre la represión y coacción que se da en algunos países latinoamericanos. De los crímenes acontecidos en el último año, puntualiza el estudio, dos tercios se llevaron la vida de personas que “trabajaban en la defensa de los derechos medioambientales, el derecho a la tierra y los derechos de los pueblos indígenas, a menudo en zonas rurales aisladas”.
Los datos —aún por actualizarse, pues el informe llega hasta septiembre de 2018— reflejan una práctica represiva propia de un continente que atrae la atención de los poderes económicos y empresariales, “debido a los recursos naturales que posee”, asegura a Público Ignacio Montano, portavoz de Amnistía Internacional . El experto pone el foco en la libertad con la que operan las grandes empresas en Latinoamérica y en como los poderes estatales hacen caso omiso a los derechos de los pobladores indígenas de algunas zonas de Honduras, México, Colombia o Brasil, entre otros.
"La mayoría de los homicidios quedan impunes y los perpetradores se ven con la tranquilidad de poder seguir actuando sin consecuencias"
“Las empresas tienen gran influencia y están en coordinación con los gobiernos estatales. Así, la mayoría de los homicidios quedan impunes y los perpetradores se ven con la tranquilidad de poder seguir actuando sin consecuencias”, explica el Montano.
La extracción de gas del proyecto Camisea en la Amazonía peruana por parte de Repsol, la construcción del complejo hidroeléctrico Renace por parte del Grupo ACS en Guatemala o el Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec en México que involucra a Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Acciona y Renovalia son algunos de los negocios transnacionales recogidos por el informe El Ibex 35, en guerra contra la vida , elaborado por Ecologistas en Acción, OMAL-Paz con Dignidad y Calala Fondo de Mujeres.
Para Serlinda Vigara, portavoz de Ecologistas en Acción , la violencia hacia los activistas medioambientales en Latinoamérica deja asesinatos y muertes, pero también otro tipo de violencias. "En todos los casos analizados detectamos contextos comunes en las que las defensoras y defensores del medio ambiente que se oponen a los intereses corporativos son objeto de procesos de criminalización, acoso, persecución, estigmatización, judicialización, amenazas y agresiones", explica.
En este conflicto de intereses entre las empresas, estados y comunidades se suele utilizar a pistoleros y miembros de seguridad privada convertidos en grupos paramilitares. Miguel Ángel Soto, experto en Derechos Humanos deGreenpeace menciona la conocida masacre de Colniza para ejemplificar el funcionamiento de los mecanismos represivos. “Un crimen en el que el propietario de un aserradero, que sigue en libertad hoy en día, aparece como principal interesado en la muerte de los colonos que protestaban en contra de la deforestación”, narra Soto, para denunciar la impunidad que permite que esa madera manchada de violencia “siga llegando al puerto de Vigo”.
Las mujeres, principales defensoras de la vida
En esta espiral de violencia y muerte que busca acallar a quienes luchan por los derechos de la tierra y las comunidades indígenas, las mujeres se convierten en las principales damnificadas. Lo son porque “están vinculadas a la protección y a la defensa de lo necesario para vivir”, expone Vigara, quien señala el “vínculo entre el género y el medio ambiente que pone a las mujeres en el punto de mira de los intereses comerciales y explica la persecución que sufren”.
“Ponen sus cuerpo para defender la vida y por ello son víctimas de violaciones, abusos sexuales, hostigamientos a sus familias, se ven expuestas a campañas de desprestigio que cuestionan sus compromisos familiares”, añade la portavoz de Ecologistas en Acción.
Dentro de la propia violencia específica que reciben las defensoras de la tierra, hay que sumar la discriminación y el acoso que pueden experimentar en el seno de los propios colectivos autóctonos, que en muchos casos se presentan anclados en unas tradiciones misóginas y patriarcales. “Este doble ataque se explica por un lado porque son defensoras de la tierra que se enfrentan a las injusticias, pero por otro, porque actúan en contra de las tradiciones donde la mujer no tiene espacios”, argumenta Montano.   
 Bolsonaro y el “terrorismo” de los activistas
La llegada Bolsonaro no va suponer grandes cambios para los defensores y defensoras de la tierra en Brasil, un país donde apenas se respetan los derechos de las comunidades indígenas y de los grupos ecologistas. “Antes de que llegase Bolsonaro ya se encontraban en peligro”, puntualiza Montano, de Amnistía Internacional. Sin embargo, la llegada del nuevo presidente de extrema derecha, lejos de mejorar las condiciones, “sólo puede agravar las cosas”, opina, por su parte, Soto.
De hecho, el líder brasileño ya ha aprobado un decreto que abre las puertas al uso de las armas , en un país que en 2017 batió los récords de homicidios. Una decisión que según Greenpeace traerá más violencia y más asesinatos, en tanto que el país latinoamericano tiene abierto un gran número de conflictos por la propiedad de la tierra de los pueblos aborígenes. “Básicamente, Bolsonaro está diciendo a la gente que dispare”, apuntan desde la organización ecologista.
Pero el hecho de que los terratenientes puedan portar armas no es la única medida que da garantías de impunidad a los crímenes contra los defensores de los Derechos Humanos. Tanto es así, que el nuevo Ejecutivo ya se ha posicionado abiertamente de parte de las grandes empresas que explotan los recursos y ha anunciado que impulsará un decreto para calificar de terroristas a todas las organizaciones del Movimiento Sin Tierra .
Trabajar contra la violencia
Los datos de Front Line Defenders se van actualizando a diario mientras los activistas mueren. De hecho, según la organización, en lo que va de 2019 —menos de un mes— en Colombia ya han sido asesinados seis activistas . Desde Ecologistas en Acción señalan a Público que el remedio contra esta lacra pasa por “impulsar y establecer marcos normativos nacionales e internacionales jurídicamente vinculantes sobre empresas transnacionales".
Desde Greenpeace, por su parte, reclaman una ley de diligencia debida que "obligue a las empresas a establecer análisis de riesgos en sus cadenas de suministros". "No hay un marco jurídico que obligue a las empresas a cumplir con los Derechos Humanos, por lo que pueden hacer en el extranjero cosas que no harían aquí”, denuncia Soto.
Pero esta encrucijada también pasa por una revisión de tratados como el TTIP, CETA o TISA . Serlinda Vigara aboga por su suspensión y el abandono de estos acuerdos de inversión, ya que “refuerzan la arquitectura jurídica de la impunidad a favor de las transnacionales y ponen la generación de beneficios económicos por encima de cualquier proceso de reproducción de la vida”.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=251540

Nos señalan "es un crimen, no un accidente, y los responsables de este crimen siguen en Pemex, en la cúpula charra del sindicato de trabajadores de Pemex o han encontrado curules y puestos en el gobierno de la llamada "4a. Transformación"; si AMLO quiere dar muestras de que en verdad pretende acabar con la corrupción que, hemos visto, es criminal, debe solicitar al poder Judicial el inicio de las investigaciones correspondientes en el deslinde de responsabilidades, lleguen estas hasta donde lleguen; al poder Legislativo, que ofrezca el marco legal para que quienes resulten responsables de estos crímenes sean llevados a la justicia, y, como Ejecutivo, mandar obedeciendo y no impedir con su discurso moralista que se haga justicia. Ése es el AMLO que quienes votaron por él siendo de izquierdas esperan ver: el que juró acabar con la corrupción y poner coto al crimen organizado".

La tragedia en Tlalhuelilpan y 
la opinocracia
21 de enero de 2019

Por Sebastián Liera (Rebelión)


Algo delicado y peligroso está pasando tras la lamentable tragedia en Tlalhuelilpan, Hidalgo: en las llamadas redes sociales, el linchamiento opinócrata, que se ha vuelto pan de todos los días, está pasando de su inicial deshumanización al juzgar a las víctimas físicas, mortales y no, de la explosión del ducto de gasolina, y ha comenzado a manejar un discurso de descalificación de la defensa y promoción de los derechos humanos mientras, en correspondencia, hace apología de la militarización. Unas opiniones acusan a una oposición "progresista" (el entrecomillado es suyo) de manifestarse en contra de la militarización del país, pero de exigir en el caso de Tlalhuelilpan que el ejército detuviera a quienes desesperados tomaban la gasolina que salía del ducto robándola. Otras, aseguran que si el ejército hubiera actuado a tiempo estas personas no hubieran resultado muertas y/o heridas, pero que de ser así las organizaciones defensoras de derechos humanos hubieran dicho que eso implicaba una violación a los mismos derechos.

En el primer caso asoma una especie de burla por, como me dijeron por ahí, "inconsistencia ideológica", que concluye que lo mejor es dejar de rechazar la militarización del país; en el segundo caso, además de reafirmar que el ejército debió de haber intervenido para impedir el robo de la gasolina, se adelanta un juicio de descalificación de quienes seguramente dirían desde la sociedad civil, que podría haberse hecho de otra forma: quienes defienden los derechos humanos.

El interés de desacreditar a quienes se oponen desde las izquierdas al proyecto de país lopezobradorista y de quienes pretenden desacreditar a lxs defensorxs de los derechos humanos es el mismo: allanar el paso a la militarización. Las razones detrás de ese interés parecen ser diversas: desde quien habla desde la desesperación de sentirse indefenso en un país que se ha caído a pedazos en manos de los capitalistas neoliberales (y por ende criminales) que antecedieron a AMLO en el poder de arriba, hasta quién lo hace porque de suyo siempre ha pensado que lo mejor para una sociedad es acotar las libertades a su mínima expresión y que se erija un imperio de orden, y, en medio, un gran abanico.


El espectro ideológico (y político) de quienes de una u otra manera están pidiendo al ejército en las calles y el silencio de la sociedad civil que exige un alto a la militarización va desde quienes habiendo militado en alguna expresión de las izquierdas ahora han perdido el pensamiento crítico y apoyan ciegamente cualquier iniciativa del gobierno lopezobradorista, así estas sean las mismas e igualmente lesivas que las que implementaron las administraciones, insisto: criminales, anteriores, hasta quienes caminan las derechas más neofascistas y extractivistas, y ríen como hienas salivando en tanto ven al país arder en llamas literalmente.


Detrás de la tragedia en Tlalhuelilpan hay una cadena de corrupción que pasa por el crimen organizado, valga la redundancia, priísta incrustado en Pemex con la complicidad de quienes han sido y, gracias a la amnistía de facto lopezobradorista, aún son gobierno. Como jefe del Ejecutivo federal, AMLO está obligado a dejar de lado su discurso y su actuar de conciliación con los grandes delincuentes que han saqueado, explotado, burlado y ensangrentado el país (muchos de ellos, asesores y/o colaboradores suyos), y, ahora, aprobado con su partido la continuidad de la militarización del país.

Lo ocurrido en Tlalhuelilpan es un crimen, no un accidente, y los responsables de este crimen siguen en Pemex, en la cúpula charra del sindicato de trabajadores de Pemex o han encontrado curules y puestos en el gobierno de la llamada "4a. Transformación"; si AMLO quiere dar muestras de que en verdad pretende acabar con la corrupción que, hemos visto, es criminal, debe solicitar al poder Judicial el inicio de las investigaciones correspondientes en el deslinde de responsabilidades, lleguen estas hasta donde lleguen; al poder Legislativo, que ofrezca el marco legal para que quienes resulten responsables de estos crímenes sean llevados a la justicia, y, como Ejecutivo, mandar obedeciendo y no impedir con su discurso moralista que se haga justicia. Ése es el AMLO que quienes votaron por él siendo de izquierdas esperan ver: el que juró acabar con la corrupción y poner coto al crimen organizado.

¿Usar el ejército? Lo ocurrido en Tlalhuelilpan demuestra que el ejército no sabe qué hacer en estos casos; lo suyo no es la contención, sino el exterminio, la aniquilación; para eso están formados y entrenados nuestros militares (sí, nuestros); el ejército debe regresar a los cuarteles y como país estamos obligados a abrir una discusión muy seria y rigurosa sobre lo que tenemos que hacer para acabar con el crimen organizado, que, dicho sea de paso, tiene como caldo de cultivo un modo de producción económica criminal que no solo lo cobija: lo creó.

Ése modo de producción económica está en la raíz del problema; sin acabar con él, no se podrá pensar que existen otras formas para vivir que no sea la petrolización de nuestras vidas; sin acabar con él, no se podrá imaginar que esas formas "limpias" no estén por encima del derecho a la alimentación y el respeto a los pueblos originarios; sin acabar con él, no se podrá acorralar a la red criminal de quienes se enriquecen a gran escala con el robo de combustible, porque son los principales socios y accionistas beneficiados por este modo; sin acabar con él, no se pondrá fin a la corrupción de quienes son cómplices de estos criminales en la clase política y el servicio público; sin acabar con él, no serán menos la deshumanización y la estulticia de quienes terminan defendiendo lo indefendible porque están desesperados de tanta burla y muerte; sin acabar con él, no habrá fin a la ignorancia de quienes seguirán perdiendo la vida, legal o ilegalmente, como víctimas y carne de cañón de ése mismo modo de producción, desesperados también, por todas las formas de miseria.
Ése modo de producción económica criminal se llama capitalismo y si el señor presidente decide seguirle dando continuidad y, además, alentar a las voces que le secundan en la militarización del país y en el descrédito a la prensa y la sociedad civil organizada que disiente de su proyecto de país por razones anticapitalistas (que son muy diferentes a quienes lo quieren ver fracasar porque quieren la gerencia de México, S.A. para ellxs, los criminales de siempre); el señor presidente y quienes le aplaudan de los 30 millones que votaron por él, serán igualmente unos criminales.

Notas:

1. No será fácil, quizás sea hasta imposible: revertir 90 años de cochinero desde la creación del PNR por Calles no parece una tarea nada fácil; pero, puede comenzarse a hacer: no con leyes punitivas, no con militarización, mucho menos con choremas moralistas así hayan sido escritos por Alfonso Reyes; sino dejando de aliarse con quienes han sido los criminales de siempre, dejando de protegerlos, dejando de callar ante sus crímenes y componendas en todas (todas) sus formas. No se pretende que se deshaga en seis años la red criminal y la ruptura de un entramado social que se ha construido, la primera, y roto, el segundo, sistemáticamente en nueve décadas. No somos ingenuos. La exigencia es de poner fin a la impunidad, y no hay un solo gesto hasta ahora en ése sentido.

2. De sobra está decir que yo no espero que un capitalista encare al sistema del que es producto; pero, ése es otro tema.

Nos "afirma que todas las tomas clandestinas son coordinadas, y el mercado negro de combustible fue creciendo, porque había empresarios del sector que estaban entrando como compradores del mercado criminal. Transportistas, contratistas que eran copartícipes de estas actividades, y en vez de que Pemex investigara se les permitían estas prácticas. Todo fue creciendo porque se podía hacer, por la impunidad".

El huachicoleo cobró 79 víctimas,
al estallar un ducto de combustible

21 de enero de 2019

Por Gerardo Villagrán del Corral (Rebelión)

Al menos 79 personas murieron y otras 81 resultaron heridas en el estado de Hidalgo, México, luego de que estallara un ducto de combustible de la empresa estatal de Petróleos Mexicanos (Pemex), que estaba tomado ilegalmente. El nuevo mandatario Andrés Manuel López Obrador intenta desmantelar una red criminal que se dedicaba a organizar la toma y comercialización clandestina de hidrocarburos, el huachicoleo.
Desde hace tiempo México sufre escasez de combustible, y el llamado huachicoleo resultó para varios lugares de México una rápida escapada a la crisis económica que afecta al país en los últimos 20 años. El fiscal general Alejandro Gertz describió al siniestro como intencional porque hay responsables de esa perforación y por consecuencia el incendio fue delito. López Obrador no descartó ninguna posibilidad sobre las causas del siniestro.
El incidente ocurrió en la madrugada del sábado en el municipio de Tlahuelilpan mientras decenas de personas cargaban bidones de combustible del ducto perforado. Entre los lesionados, hay varios menores de edad que acompañaban a sus familias. Hasta el domingo se tenían contabilizados 79 fallecidos, de los cuales 56 corresponden a restos levantados en el lugar de la explosión y otros seis son cuerpos completos.
El estallido del ducto en Tlahuelilpan evidencia con crudeza el alcance que el robo de combustible y la actividad de los huachicoleros ocasiona la mayor sangría de hidrocarburos que sufre Petróleos Mexicanos, incluidos desde quienes extraen enormes volúmenes de gasolina mediante la ordeña de ductos, hasta quienes desde el interior de la empresa facilitan esas operaciones ilegales o fingen ignorarlas. Este fenómeno delictivo ha echado profundas raíces en una parte considerable de la población.
La participación activa de centenares de hombres, mujeres y jóvenes provistos de toda clase de recipientes en las tomas clandestinas abiertas por los huachicoleros deja en claro que el problema va más allá de un robo que permite el enriquecimiento de un nutrido grupo de malhechores, señala un editorial del diario La Jornada.
Ciudadanos comunes pertenecientes a estratos económicamente sumergidos, durante muchos años desatendidos por el Estado, carentes de ingresos y huérfanos de posibilidades de crecimiento personal y colectivo, se cuelgan de las acciones de los ladrones de combustible a gran escala, incurriendo así en una conducta tipificada como delito y en vías de convertirse en delito grave, si en febrero el Congreso cambia la legislación.
Pero al margen de las sanciones legales, la participación de comunidades enteras en la sustracción y comercialización de un recurso que pertenece a la nación induce a reflexionar sobre la complejidad del asunto. Parece evidente que el vacío dejado por los distintos gobiernos federal, estatales y municipales en los estados donde el fenómeno es más pronunciado ha sido llenado por la ilegal industria del comercio dehuachicol.
“Es preciso evitar la respuesta más sencilla (que en los dos días transcurridos desde la explosión en Hidalgo ha inundado las redes sociales) consistente en criminalizar sin más trámite a quienes en este caso resultaron víctimas del estallido y a su entorno”, señala el diario.
Es indispensable, sin embargo –y por fortuna el actual gobierno parece haberlo entendido así– que esta doble tarea vaya acompañada de efectivos programas sociales de ayuda, que fortalezcan el discurso de la legalidad con el recurso del apoyo económico. De otra manera, corremos el riesgo, todos, de que el saqueo y el estallido de Tlahuelilpan vuelva a repetirse más temprano que tarde, concluye el editorial.
La periodista y escritora Ana Lilia Pérez, autora de cuatro libros sobre la corrupción en Pemex y el robo de combustibles señala que fue una tragedia anunciada: los fallecidos, los heridos: esta gente es el eslabón más débil dentro de la estructura del robo de combustible. Advirtió, asimismo, que en muchas comunidades grupos criminales obligan a los ciudadanos a participar en el robo de combustibles y se debe investigar si éste fue el caso de la tragedia de Tlahuelilpan.

Explica Pérez que la negligencia que hubo durante los últimos gobiernos para atender el problema ha dado como resultado el aumento de víctimas: A medida que creció el robo de combustible, de ser una práctica hormiga a volverse el principal botín del crimen organizado, también se vinculó a muchas comunidades como un efecto letal. Este es el rostro más vulnerable y vulnerado de todo el espectro criminal.

Añade que hay muchas otras víctimas de los últimos años, como trabajadores que denunciaron lo que estaba ocurriendo todos estos años y fueron desaparecidos; trabajadores siniestrados por negligencia y no les dieron la indemnización debida. Ahora se deberá investigar quién hizo previamente la toma y las condiciones en las cuales esta gente se suma a la sustracción ilegal de combustible.

“El huachicolero llegó a suplantar al narcotraficante. En muchos casos es lo mismo. En Guanajuato, por ejemplo, las drogas las controlan los mismos huachicoleros. Se requieren estrategias integrales dentro de la cultura de la legalidad. Ésta no se puede exigir cuando el ciudadano tampoco está dispuesto a ser legal”, señala la investigadora, quien se pregunta ¿qué llevó a la gente a estar ahí: fue su propia circunstancia de pobreza pese a saber que se corre riesgo, o bien, participaron por presión del crimen?

Afirma que todas las tomas clandestinas son coordinadas, y el mercado negro de combustible fue creciendo, porque había empresarios del sector que estaban entrando como compradores del mercado criminal. Transportistas, contratistas que eran copartícipes de estas actividades, y en vez de que Pemex investigara se les permitían estas prácticas. Todo fue creciendo porque se podía hacer, por la impunidad.
Añade que es necesario investigar, detener y atender el delito de cuello blanco, porque es parte de esta estructura criminal, y que se les detenga, que sea ejemplar la justicia.  
Gerardo Villagrán del Corral. Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)