Diversas organizaciones
sociales de Ecuador agrupadas en el Frente de Resistencia por la Vida se
movilizaron en el marco de una convocatoria nacional para pedir la declaratoria
de inconstitucionalidad de las leyes de minería, educación intercultural
bilingüe, aprobación de las leyes de agua y tierras con criterios
redistributivos y el cese de la persecución de los luchadores sociales. El
gobierno impidió su acceso con cerco policial.
Por ANRed
Tomando
la posta de la movilización que más de un centenar de mujeres de las diferentes
nacionalidades indígenas de la provincia de Pastaza emprendió a pie este sábado
y que arribo el miércoles a Quito arranco ayer jueves la movilización nacional
que se llevo a cabo en la capital ecuatoriana. Esta fue resultado de una serie
de discusiones entre diversos espacios que tuvo lugar en la Convención por la
Vida, actividad realizada el pasado mes de septiembre y convocada por
Ecuarunari (Organización indígena de la Sierra) y en la que participaron
representantes de Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del
Ecuador) , Confenaie (Organización indígena de la Amazonia), UNE (Unión
Nacional de Educadores), FESE (Federacion de Estudiantes Secundarios del
Ecuador) y el Movimiento Universitario José Carlos Mariátegui, entre otras
agrupaciones.
La movilización se
dirigió hasta la sede de la Corte Constitucional para exigir que el máximo
tribunal nacional califique la pregunta que se presentó en el mes de agosto por
medio de la organización civil YASUNIDOS remitiéndose al art. 104 de la
Constitución que faculta a los ciudadanos a solicitar una convocatoria a
consulta popular, esto para que el futuro del Yasuni (específicamente en los
campos ITT, ISHPINGO, TAMBOCOCHA, TIPUTINI) siendo un tema de interés general,
se defina en esta instancia.
La marcha llegó también
hasta la Asamblea
Nacional en donde se demandó la aprobación de la nueva Ley de aguas, de
tierras y que se impugne el nuevo código laboral (a debatirse en la asamblea
próximamente) por atentar contra los derechos de los trabajadores ya que señalan,
entre otras cosas, se eliminara el derecho a la huelga pues esta sólo podrá
realizarse después de obtener autorización del gobierno. Se exhortó a que cese
la persecución a los líderes sociales y la criminalización de la protesta y
exigieron que se dé inicio a un proceso de fiscalización de los ingresos
petroleros de los últimos 40 años junto con una auditoría ecológica y social a
las empresas que se llevaron la riqueza.
3 negativas
1.- En la Corte
constitucional representantes de los sindicatos de trabajdores entregaron
propuestas al Código de Trabajo presentado a la Asamblea y su postura con
respecto al decreto 16 que regula el funcionamiento de las organizaciones
sociales. Se entrego también un escrito para preguntar porque el congreso
aprobó la explotación de los bloques ITT del Parque Nacional Yasuni sin haberse
definido la demanda de consulta popular, derecho establecido en la constitución. No
recibieron respuesta. 2.- En la Asamblea Nacional (Congreso) se pidió que los
miembros de las organizaciones sociales e indígenas puedan acceder para
conversar con los asambleistas, dicha petición no fue concedida. 3.- Finalmente
la marcha se dirigió a la
Plaza Grande , lugar donde se encuentra el Palacio de
Carondelet, sede del gobierno. En las inmediaciones los marchantes fueron
cercados por un cordón policial impidiéndoles así, y por segunda ocasión a una
manifestación opositora, acceder a la plaza. Se reivindico el carácter pacífico de la
marcha que no registro mayores incidentes salvo la denuncia de las organizaciones
de haber detectado 3 personas infiltradas, miembros de la las fuerzas
policiales, que se encontraban interrogando y registrando en fotografías y
video a los participantes de la movilización. A las 8:40pm culminó la actividad,
“con saldos muy positivos de continuar luchando por la vida”, señalaron sus
participantes.
De regreso a la calle
Frente a la avanzada
por parte del gobierno para fortalecer el estado desde las instituciones, las
organizaciones retoman una herramienta fundamental que ha caracterizado las
luchas en pos de la democratización social en el continente: la protesta. Así este
nuevo momento de movilizaciones, dicen sus participantes, pone nuevamente sobre
la mesa las demandas históricas de las organizaciones por tierra, agua, defensa
de los recursos naturales, no explotación y redistribución del ingreso; no
resueltas en 6 años de gobierno Correista y aplazadas en la Asamblea por falta
de consenso político y social. (...)
Movilizaciones,
zapateadas, encuentros de arte, veladas, ferias, conversatorios entre otras son
las actividades que se continúan llevando adelante en distintas partes del país
para sensibilizar a la sociedad sobre la riqueza de la vida humana, cultural y
orgánica que será aniquilada de continuar la explotación de recursos naturales
en el pais. De otro lado, el recientemente conformado Frente de Resistencia por
la Vida anunció que no desmayará en sus esfuerzos por la defensa del Yasuní,
“sólo la resistencia es nuestro camino a seguir, derecho consagrado en la
constitución de la República”, dijo Carlos Pérez, presidente de la Ecuarunari.
Medios Comunitarios
Desde que el presidente
Correa anunciara el fin a la iniciativa Yasuni ITT y su decisión de explotar
dichos bloques, numerosas han sido las actividades realizadas por diversos
sectores organizados y autoconvocados de la sociedad. Sin
embargo no han sido foco de cobertura por parte de los medios hegemónicos del
país sino en determinadas ocasiones y con el fin de alimentar sus intereses,
pues buena parte d este sector responde a los sectores de derecha del país. En
ese sentido el trabajo de los medios alternativos ha tenido una gran relevancia
para visibilizar dichas iniciativas desde otro espacio y permitir escuchar la
voz de sus actores. Medios como Nina radio 104,7 del Puyo; Radio la hormiga
desde Pastaza de la región amazónica; Radio Intag de Imbabura, región sierra;
Wambra Radio de la capital, todas retransmitidas en todo el país, han cubierto
consecutivamente las distintas movilizaciones, acompañando a las organizaciones
sociales en la reivindicación de sus derechos, democratizando así la
comunicación desde la calle y abriendo por otro lado nuevamente el debate sobre
el uso de los medios en la recientemente aprobada Ley de Comunicación, cuyo
ente fiscalizador, la Superintendencia de Información y Comunicación, estrena
esta semana director que al señalar “La ley es la ley… no se negocia, se
cumple” abre más dudas que certezas en cuanto al futuro de los medios, sobre
todo comunitarios, en el país.
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