Luego de un paro histórico de 10 días, los Metro- delegados llegaron a un acuerdo con
el gobierno Nacional y
el de la Ciudad,
y la falta de personería gremial de la Asociación Gremial
de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), cumplieron un rol negativo en el
conflicto.
Por ANRed
El
lunes por la noche los Metrodelegados levantaron la medida que llevaban
adelante desde hace 10 días por la cual buscaban mejoras en el salario y las
condiciones de trabajo. Luego de un "precario
acuerdo", y a pesar de que el conflicto sigue latente, decidieron
levantar la medida como “un
gesto” hacia los usuarios
–aclaró Roberto Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP).
El acuerdo alcanzado se basa en el aumento salarial del 23% y
algunas mejoras laborales como mayor tiempo de licencia con goce
de sueldo por enfermedades de tratamiento prolongado (muy comunes en el oficio
por las labores insalubres que se llevan adelante); la recategorización de los
boleteros que están recargados de trabajo desde la implementación de la SUBE,
así como también de los peones y personal de los talleres; la incorporación de
la licencia por adopción; el agregado de un día más de licencia por nacimiento
y fallecimiento de un familiar; y el reconocimiento de una suma de dinero para
compensar los jornales caídos durante el conflicto.
Con
respecto al aumento de los salarios, Metrovías, concesionaria del
servicio, se comprometió a hacerlo efectivo una vez que el Estado le gire los
fondos. Es decir, el acuerdo es virtual, ya que los trabajadores recibirán un
alza en sus salarios una vez que se haya resuelto el traspaso del servicio. Es
así que en la conferencia de prensa llevada a cabo minutos posteriores de haber
terminado la reunión en la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad, Roberto
Pianelli se encargó de aclarar que “es
un acuerdo transitorio de mínima, el problema sigue, nuestro salario no está
resuelto, somos los únicos que hace ocho meses no podemos resolver nuestra
paritaria cuando hay 1500 cerradas en todo el país”.
Mientras
tanto, como desde hace meses lo vienen haciendo, el gobierno Nacional se ocupó
de acusar al de la Ciudad por no hacerse cargo de sus obligaciones, y Mauricio
Macri y sus soldados se excusaron diciendo que la Casa Rosada muestra
nula predisposición hacia con el problema. Metrovías, por su parte, sólo calló,
e intentó mostrarse como un damnificado más. ¿Y los trabajadores del subte? Al igual que el
resto de los trabajadores y usuarios terminaron siendo afectados enormemente al
quedar en el medio de la desidia proveniente del gobierno Nacional y de la
Ciudad.
Los
Metrodelegados no sólo sufrieron el desgaste lógico de un conflicto. También,
fueron el centro de los embates constantes del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires (GCBA), tanto en forma de agravios como de actos. Y,una vez más, se vieron damnificados por la falta de
personería legal que tiene la AGTSyP.
A
pesar de que más de la mitad de los 3000 trabajadores de las 6 líneas de
Subterráneos y el Premetro están afiliados a este gremio, el
único que tiene personería gremial es la Unión Tranviarios
Automotor (UTA). Es así que la empresa
concesionaria se aprovechó de la situación y optó por no discutir salarios con
los Metrodelegados (aunque sí aceptó sentarse a negociar las condiciones
laborales, lo que marca la legitimidad que tiene el gremio).
Mauricio Macri, también intentó sacar partido de la situación
legal de la Asociación
Gremial más importante con la que cuentan los trabajadores
del subte.
Durante los primeros días del paro, Metrovías acordó con el gremio de la UTA
(que no estaba participando del conflicto) y la Subsecretaría de Trabajo
porteña un aumento del 23%. Esa dependencia porteña giró el convenio
firmado al Ministerio de Trabajo de la Nación, para luego multar con casi $5
millones a la AGTSyP por no acatar con la conciliación obligatoria dictada en
el conflicto.
Los
Metrodelegados apelarán la sanción en la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) por considerarla ilegal. El
abogado del gremio, Luis Ramírez, explicó que la AGTSyP desconoce la “autoridad de la Subsecretaría de
Trabajo de la Ciudad para dictar la conciliación obligatoria”. Afirma que
en este caso hay “una
limitación al derecho de huelga, que la OIT considera admisible en caso de
intervenir un órgano independiente e imparcial, pero la Subsecretaría de
Trabajo porteña es un ente del Poder Ejecutivo de la Ciudad”, y, por lo
tanto, es cómplice de una de las partes involucrada en el conflicto. Es que,
tal como explica el abogado, “ese
Estado es titular de todos los bienes que conforman la empresa subterránea de
pasajeros, por lo que la Ciudad tiene concretos intereses involucrados en el
conflicto y carece de imparcialidad para intervenir”.
En
resumen, los trabajadores y usuarios en general, y los trabajadores del subte
en particular, volvieron a ser perjudicados por la disputa política que
conlleva el traspaso del control de la concesión del subte. Tal como se analizó
en una nota previa, desde
enero de este año el gobierno Nacional y el ejecutivo porteño provocan una
total incertidumbre que mantiene en vilo el destino de 3000 fuentes de trabajo
y las condiciones de un servicio público que utilizan diariamente 900.000
usuarios.
En
este caso, la consecuencia más palpable de la disputa política fue la
desatención de los legítimos reclamos de la ASGTyP por casi 10 días. Y, en
consecuencia, el perjuicio de gran parte de la sociedad al quedar inutilizado
un medio de trasporte de interés social. Claudio Dellecarbonara, delegado de la Línea B es claro cuando
afirma que "lo
que está claro es que hay tres actores que no tienen intenciones de resolver
este conflicto. La
empresa Metrovías nos debería haber dado una respuesta hace
meses, y en todo momento lo que busca es un mayor rédito económico. Pero
tampoco hay intención del Gobierno Nacional ni de la Ciudad, porque ellos sólo
quieren ver cuánto daño político se hacen mutuamente”
No hay comentarios:
Publicar un comentario