Sobre
Repsol y el autoabastecimiento energético
Por Guillermo Almeyra
En
este artículo, Guillermo Almeyra afirma que “YPF debe ser un instrumento
para el desarrollo nacional, nunca debió ser privatizada y mucho menos aún
cedida a Repsol, como lo fue con los gobiernos peronistas de Menem y de Néstor
y Cristina Kirchner. Si ahora ésta expropia las acciones de Repsol y construye
una empresa privada paraestatal con control del Estado es porque la factura de
la importación energética llegó a ser casi igual al excedente argentino en la
balanza comercial y continuaba creciendo, ya que Repsol no exploraba ni
explotaba nuevos yacimientos ni reinvertía sus enormes ganancias”.
Primero, los hechos. Repsol no es
España sino una multinacional petrolera con capitales españoles minoritarios,
pues la mayoría está en manos de capitalistas de otros países que -con la
participación de la
mexicana PEMEX- abarcan más del 51 por ciento de las
acciones. Además, es tan poco española que evade impuestos en España y está
registrada en paraísos fiscales. Pero los aullidos del gobierno de Madrid (y de
la Unión Europea)
así como la reacción de todos los capitalistas demuestran que los gobiernos
se identifican con los monopolios y el capital financiero y no toleran
medidas legales que consideran chavistas.
Ese griterío es un reflejo preventivo.
En efecto, todas las empresas (de servicios o bancarias) con mayoría de
capitales españoles en Argentina no sólo aportan muchas más ganancias que sus
casas matrices ibéricas sino que logran estas superganancias porque depredan
y no invierten en el país ni renuevan el material desde hace décadas,
cuando el peronismo menemista privatizó todas las empresas de interés nacional
vendiéndolas por casi nada. Argentina ya estatizó a Aerolíneas Argentinas, que
había sido destruida por Iberia y por el grupo Marsans y exige ahora de las
empresas telefónica y de electricidad un servicio eficiente que éstas se niegan
a dar pues prefieren mandar sus ganancias a España en vez de reinvertirlas. De
ahí que, viendo lo de YPF, pongan sus barbas en remojo.
El gobierno de Cristina Fernández no
fue picado por ningún tábano nacionalista. La misma presidenta, cuando era
senadora en los 90, presentó un proyecto de ley para privatizar el petróleo.
Ella y su marido, gobernador de la provincia petrolera de Santa Cruz, aprobaron
la política privatizadora de Menem, el ingreso de Repsol en YPF y la peligrosa
fragmentación del control nacional del petróleo que pasó a manos de las
provincias extractoras. Además, durante muchos años el kirchnerismo no dijo
nada sobre el carácter depredador de la empresa petrolera privada; es más,
lo reforzó permitiendo que un grupo de sus amigos capitalistas -el grupo
Petersen (de la familia
Eskenazi)- sin poner un peso propio comprase un importante
paquete de acciones con crédito público y, hasta el año pasado, la Cristina Fernández
de Kirchner anduvo del brazo con Repsol.
La presidenta que regala a la
depredadora gran minería estadounidense-canadiense los recursos andinos y
permite a cuatro monopolios sojeros transnacionales poner en riesgo suelos y
agua y amenazar los cultivos alimenticios y que concede una base en el Chaco a
Estados Unidos no es, precisamente, un modelo de nacionalismo. Si ahora empieza
vestirse de blanco y celeste y se pone el bonete frigio, tanto en el caso de
las Malvinas como en el de YPF, es por motivos bien concretos.
O sea, por el agravamiento
de los efectos de la crisis económica mundial sobre la frágil economía
dependiente argentina y por la necesidad de responder a la creciente
agitación social (el año pasado hubo más movilizaciones y paros que en el
2001).
Entendámonos: las Malvinas son
argentinas y el reclamo es legítimo. Lo ilegítimo es que una causa justa sea
utilizada para tapar y poner en segundo plano la imposibilidad de mantener
los subsidios a los servicios y la canasta básica, de resolver el desastre del
sistema ferroviario o de hacer aceptar el intento de congelar virtualmente los
salarios al proponer un tope por debajo de la inflación real en las discusiones
paritarias.
YPF, por supuesto, debe ser un
instrumento para el desarrollo nacional, nunca debió ser privatizada y mucho
menos aún cedida a Repsol, como lo fue con los gobiernos peronistas de Menem y
de Néstor y Cristina Kirchner. Si ahora ésta expropia las acciones de Repsol y
construye una empresa privada paraestatal con control del Estado es porque la
factura de la importación energética llegó a ser casi igual al excedente
argentino en la balanza comercial y continuaba creciendo, ya que Repsol no
exploraba ni explotaba nuevos yacimientos ni reinvertía sus enormes ganancias.
Repsol sigue siendo una empresa mixta,
ahora con mayoría de capital estatal y todavía con participación importante de
capitalistas privados. No ha sido convertida en empresa estatal ni
desprivatizada, como sugiere tanto la prensa española como la argentina. La
acción, aunque tardía, parcial e insuficiente, es necesaria y debe ser apoyada.
Sin embargo, para que YPF funcione bien hay que tener los capitales necesarios
para explorar y explotar nuevos yacimientos de gas y de petróleo, hay que tener
los técnicos y las técnicas que potencien la producción y la refinación porque
la relativa mejoría económica en los últimos años hizo crecer el consumo
domiciliario y las necesidades energéticas. El autoabastecimiento energético no
se logrará en un día. Además, la Argentina tiene reservas pero no es un país
petrolero y sus necesidades serán cada vez mayores.
Otras son pues, las soluciones. En
primer lugar, Repsol causó daños por acción u omisión. No hay que pagarle
nada, ni los 10 mil millones de dólares que pretende ni los cerca de seis
mil que podría pagar el gobierno. Ese dinero debería volcarse a la exploración
y explotación petrolera recurriendo a los conocimientos y capacidades de todos
los petroleros argentinos expulsados por la privatización de YPF. Al mismo
tiempo Argentina debería buscar una integración energética con el resto de
los países latinoamericanos, compensando con la cooperación industrial las
diferencias que puedan existir en las cuentas de importación-exportación de
combustibles y establecer el control de cambios y el monopolio del comercio
exterior para no dejarlo en manos de las grandes empresas extranjeras y para
evitar la fuga de capitales, El patrioterismo es el argumento de los canallas
para engañar imbéciles. Que los siervos en España del gran capital lo esgriman
para ocultar su crisis y la desocupación. En
Argentina, por el contrario, el consenso necesario para
anular las contra medidas capitalistas se debe lograr diciendo la verdad y con
acciones audaces.
Fuente: http://www.anred.org/article.php3?id_article=4955
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