Excelente pronunciamiento sobre el modelo extractivo del Consejo
Directivo de la Facultad de Ciencias Médica de la Universidad Nacional
de Rosario
Rosario, 10 de febrero de 2012
VISTO:
La
problemática que atraviesa nuestra región y nuestro país, vinculada al avance
de un modelo productivo extractivo como el de la minería a cielo abierto y la
agroindustria y;
CONSIDERANDO:
Que, la Facultad de Cs. Médicas de la UNR, ya tiene
antecedentes de pronunciarse en temas neurálgicos que vinculan la salud, el
ambiente y modelos productivos, como el ingreso de Basura Nuclear a nuestro
País, la Instalación y proliferación de fábricas de pasta de celulosa en la
región, el avance de la destrucción de los montes nativos, entre otros;
Que,
en abril del año pasado, se desarrolló en nuestra Facultad el 1er. Congreso
Latinoamericano de Salud Socioambiental, organizado por la Materia Salud
Socioambiental de esta Casa, en el que participaron más de
350 personas, de ámbitos académicos, movimientos sociales, áreas
gubernamentales de mas de 11 provincias argentinas y 9 países de América
Latina), cuya declaración final concluye:
En todo nuestro continente se
viven situaciones que responden a la transferencia de modelos productivos que
enferman y matan hacia nuestras tierras.
El proyecto de traslado de
industrias sucias a nuestros países, impulsado por el Banco Mundial (tal cual
lo establece el memorándum de Lawrence Summers de noviembre del año 1991), se
está llevando a cabo con la complicidad de las autoridades locales, bajo la
espúrea dicotomía “trabajo vs. salud”.
La
enajenación de la tierra, el despojo a los campesinos, la depredación de la
fauna ictícola en ríos y mares, el avance de la explotación minera, la
contaminación y desaparición de cursos de agua, la utilización de millones de
litros de agrotóxicos en las fumigaciones de los campos con soja, maíz,
hortalizas, frutales, etc. y el avance de
la frontera agropecuaria en desmedro del monte nativo, son
determinantes dañinos de la salud de los ecosistemas de los que los seres
humanos somos parte.
Concentraciones Urbanas,
Agrotóxicos, Transgénicos, Minería, Pasteras, Represas, Centrales Nucleares,
Contaminantes Químicos, Biodiversidad Diezmada, Destrucción de Territorios y
Poblaciones en franca diáspora despojadas de los bienes comunes, forman parte
de nuestras cotidianeidades, y deben ser identificadas como problemas
del campo de la salud por los responsables de definir políticas
públicas.
Existen ya pruebas científicas
concluyentes acerca de los daños que a la salud de los ecosistemas y por tanto
de los humanos, provocan los modelos productivos que se están imponiendo en
nuestros países, por lo queresulta
inaceptable la excusa de los responsables políticos que se escudan en
la supuesta debilidad de las mismas en lugar de aplicar el principio
precautorio.”
Que el mencionado documento del Banco Mundial, conocido como el “Informe Summers”, aconseja “que una cantidad dada de contaminación
perniciosa a la salud debe hacerse en
los países de menor costo, que son los de menores salarios” y en la “escasa incidencia del cáncer en las
comunidades donde ya se mueren tempranamente por otras causas”;
Que en este sentido puede entenderse el avance en nuestros territorios
de modos de producción altamente contaminantes, como ser la agroindustria
transgénica dependiente de tóxicos, la minería a cielo abierto, la fabricación
de pasta de celulosa, la producción de aceites vegetales, la extracción de
petróleo, entre otros;
Que para llevar adelante esa estrategia se vulneran los derechos de los
ciudadanos a nacer, crecer y desarrollarse en un ambiente saludable;
Que
en el caso de la minería las fuentes de
contaminación pueden ser: tajos y galerías, pilas de lixiviación,
escombros, colas;
Que
éstas áreas no siempre son controladas y en ellas se encuentran contaminantes
tóxicos que se filtran al ambiente;
Que
la actividad minera que se desarrolla a cielo abierto e implica la utilización
de procedimientos químicos para la extracción de metales, daña severamente el
ambiente y en consecuencia a los seres humanos y sus comunidades;
Que uno
de los componentes fundamentales en el proceso de extracción de minerales a
cielo abierto es el cianuro, (compuesto
químico a base de carbono y nitrógeno, conocido desde hace varios cientos de
años por sus propiedades biológicas tóxicas y su capacidad de unirse
fuertemente a metales);
Que
en promedio para extraer un gramo de oro (1 gr) es preciso pulverizar 4.000 kg (4 tn) de piedras
y disolverlas con casi 4 kg
(4.000 grs) de cianuro.
Que
entre las características tóxicas del cianuro está la de bloquear la
enzima citocromo oxidasa de las mitocondrias, con lo que interfiere en el
proceso de respiración celular, llevando a la muerte de los organismos que
intoxica;
Que
otro de los elementos utilizados en los procesos megamineros extrativistas que
se intentan imponer en nuestra región, es el mercurio, (metal pesado, con
propiedades neurotóxicas);
Que
en el caso específico de la
minera Bajo La Alumbrera, está autorizada a consumir 100
millones de litros de agua por día de la reserva acuífera del Campo del Arenal;
alto consumo (casi el doble del consumo de toda la Provincia de Catamarca);
Que
el informe “Impacto de la megaminería sobre las poblaciones locales en Argentina”
elaborado por Juiette Renaud, Asesora del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez
Esquivel, asegura que “el
impacto mas grave de os grandes proyectos mineros es la contaminación del agua,
en estanques, arroyos, ríos y lagos de la región”, aunque también “contamina los suelos, lo cual tiene un
impacto fuertemente negativo sobre la vegetación y la productividad de los
mismos”, a partir del depósito de partículas sedimentadas por el vertido de
productos químicos, por filtración a partir de los lixiviados;
Que
las poblaciones son expuestas entonces a consumir alimentos, agua, respirar
aires, contaminados por productos químicos presentes en el ambiente a partir de
estos modos productivos;
Que
ya existen causas judiciales abiertas por contaminación y daño a la salud y al
ambiente de este tipo de modelos extractivos, uno de los cuales es el iniciado
por el Fiscal de Cámara de Tucumán, quien denuncia a la Minera La Alumbrera ,
y prueba la presencia en agua de Arsénico en valores 20000 veces superiores a
los permitidos por la legislación, así como de Cadmio (5000 veces mas), Cobre
(20 veces mas), Mercurio (10000 veces mas), Plomo (60 veces mas), Selenio (1000
veces mas);
Que
éstos emprendimientos, en nuestro País, ya han sido responsables de al menos 4
derrames (17/9/2004, 10/6/2006, 12/6/2006 en Villa Yil y Diciembre de 2008 en
Ampujaco);
Que,
como documenta la
Universidad Nacional de Córdoba en su Resolución HCS Nº
1308/2009: “En marzo de 2007 la Secretaría de Minería de la Nación elaboró un
informe en el que se refiere a los elevados contenidos de metales en el canal
DP2 indicando que el efluente de la planta de tratamiento de Minera Alumbrera
presenta concentraciones de sólidos totales disueltos (SDT) sulfatos y
molibdeno detectadas en el comienzo del canal que superan los límites normados”
lo que evidencia la debilidad de las autoridades de control para evitar
riesgos;
Que,
por ejemplo, un estudio de la Universidad de Jujuy, reveló que “el 81% de los niños de Abrapampa, Jujuy,
tienen plomo en sangre en cantidades dañinas para su salud” (en esa
localidad funcionó la Mina “Pan de
Azúcar”, y aún funciona la mina “Pirquitas”);
Que en
nuestro país, el “Informe preliminar sobre vulneración de derechos y
conflictividad socio-ambiental minera” presentado ante la Defensoría del Pueblo de la Nación
por la Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería a fines de 2011,
contabilizó 121 proyectos en “exploración
avanzado” (en los que ya se conocen las ubicación y calidad de las reservas
pero aún no se resuelve la solvencia económica para dar inicio a la
explotación), encabezando la lista Santa Cruz (36 proyectos), Salta (17),
Chubut (14), San Juan (11) y Jujuy (8), le siguen Neuquén (7); Mendoza, La
Rioja y Río Negro (6 cada una) y Catamarca (4)
.
Que
según dicho informe “Los proyectos son
propiedad de 51 empresas, sólo dos de capital nacional y 49 de capital
transnacional: Canadá, Reino Unido, Australia, Estados Unidos y Suiza (entre
otros)”, advirtiendo que “la
instalación de transnacionales mineras implica diferentes conflictos sociales,
jurídicos y ambientales, entre los que destacamos la utilización intensiva de
químicos de alta toxicidad y el consumo masivo de agua y energía, situación que
coloca a la actividad en una condición estructural de tensión con las
poblaciones y actividades económicas locales”.
Que
según el informe “Renaud” ya
mencionado, las grandes empresas trasnacionales consiguieron ampliar su área de
influencia gracias a una supuesta “acción
social y comunitaria” en los pueblos en los cuales se instalan, otorgando
subvenciones a instituciones comunitarias (hospitales, escuelas, etc.), hecho
que debilita el argumento de las “licencias
sociales” garantizadas;
Que
se han hecho públicas las pruebas que vinculan a representantes de las empresas
mineras con actividades de “espionaje e
inteligencia” contra los vecinos movilizados en defensa de la vida y el
ambiente saludable;
Que en los últimos días hemos sido testigos de cómo las fuerzas de seguridad del Estado (primero) y grupos para-policiales y promineros (luego), han ejercido acciones de vulneración de los derechos constitucionales de muchos ciudadanos y ciudadanas de las regiones en conflicto, llegando incluso a lesionar físicamente a manifestantes;
Que
la Constitución
Nacional en su arto 41, primera parte, establece que "Todos
los habitantes gozan del derecho a un ambiente· sano, equilibrado,
apto para el desarrollo humano y para que las actividades
productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. El
daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo
establezca la ley.";
Que,
como dictaminó la
Universidad Nacional de Córdoba, al rechazar los fondos
provenientes de la Minera
Bajo la Alumbrera “, el Estado Nacional al haber asumido el compromiso como
integrante de la comunidad internacional, de trabajar en pro de la protección
del medio ambiente sano en cuanto indispensable para el desarrollo integral del
ser humano y al haber reconocido en numerosos instrumentos internacionales y
regionales (i) Sistema Internacional: D.U.D.H. de 1948; P.I.D.E.S.C. de 1966;
P.I.D.C.P. de 1966; Protocolo Facultativo del P.LD.C.P.; Declaración de
Estocolmo de 1972. en particular principios 1 y 2; Carta Mundial de la
Naturaleza de 1982, en particular principios generales; Declaración de Río de
Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo 1992, en particular principios 1, 2,
3 y 4; Declaración y programa de Acción de Viena de 1993, en particular art.
11; Convención de Estocolmo sobre Contaminación Orgánica persistente de 2001; Sistema
regional: D.A.D.H. de 1948, en particular arto XI; C.A.D.H.
de 1969; Protocolo de San Salvador de 1998, en particular arto 11; Carta
Democrática Interamericana de 2001, en particular art.1; Resolución de la
O.E.A. n° 1871/02 sobre Promoción de la Responsabilidad Social
de las empresas del hemisferio) debe por tanto realizar todas las acciones
positivas necesarias tendientes a garantizar estas premisas, a través de un
marco regulatorio y normativo que efectivice la protección al medio ambiente, y
de la implementación de mecanismos de control permanente de la explotación de
recursos naturales”;
Que,
como decimos anteriormente, también se identifican movimientos sociales de
resistencia y preocupación por la salud de quienes son expuestos a los procesos
de fumigación necesarios para la explotación agroindustrial;
Que
en este sentido, nuestra Casa, viene desarrollando una tarea de
investigación-acción-participativa, con comunidades de nuestra región, a través
de los Campamentos sanitarios de la Práctica Final , desde los cuales se ha logrado
evidenciar las modificaciones de los perfiles de morbimortalidad de las
comunidades expuestas a esos modelos productivos;
Que
el Plan Agroalimentario Nacional que prevé alcanzar la cantidad de 160 millones de toneladas de granos para
el 2020, es un aviso de profundización de un modelo extractivo de agua, fósforo
y demás nutrientes de nuestros suelos, así como de incrementos siderales en los
volúmenes de agrotóxicos a utilizar y con los que se rociarán a nuestras
comunidades;
Que los hambrientos del mundo no dependen de
la capacidad comercial de 400.000 agronegociadores del planeta, sino de la
revitalización y devolución a la ruralidad de 1500 millones de agricultores locales,
con semillas propias y mercados de intercambios y comercios en escalas de
cercanías;
Que
la política económica nacional, parece estar siendo ordenada en función de la
lógica de enfrentar a la defensa de la salud con la posibilidad de generación
de trabajo, y eso es, cuanto menos, errado;
Que
entendemos, como Julio V. González, que “la conquista de la Universidad, es solo un medio para lograr
el supremo fin de transformar con sus propias manos al país, revitalizándolo
mediante la implantación de una democracia social, donde la riqueza no sea el
privilegio de unos pocos, el bienestar un lujo y el trabajo una maldición”;
Que
quienes entendemos la Salud como el ejercicio del derecho a luchar por una vida digna para todas y todos, fortaleciendo las diversidades y deconstruyendo las hegemonías, debemos asumir, como expresa Giovanni Berlinguer, “el deber social de informar a la población y a las instituciones sobre la amenaza que el sistema de globalización neoliberal significa para la salud y la seguridad de la comunidad”;
Que la Universidad Nacional de Rosario, en el artículo 1 de su Estatuto, incisos “f” y ”g”, define claramente entre sus principios constitutivos el desarrollar sus funciones en un marco de irrestricto respeto por el medio ambiente y garantizar y sostener el respeto irrestricto por los derechos humanos,
Que nuestra Casa de Estudios, tiene como visión ser una Institución que fomente el compromiso personal, grupal, institucional y colectivo de todos sus claustros con las organizaciones y comunidades de nuestra sociedad,
Que asimismo, es misión de esta Facultad, construir aprendizajes, producir saberes, promover la circulación democrática de conocimientos para mas y mejores praxis, en convergencia con sólidos preceptos morales y compromiso ético con el irrenunciable Derecho a la Salud, formando profesionales al servicio solidario con el bien común de las comunidades en el orden local, provincial, nacional, latinoamericano e internacional;
Por ello,
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CS. MEDICAS DE LA UNR
RESUELVE:
Art. 1.- Solidarizarse con las comunidades afectadas por los modelos de producción extractivistas que comprometen la salud de los ecosistemas y, por tanto, de los seres humanos.
Art. 2.- Apoyar los reclamos de los ciudadanos en lucha por la defensa de la vida digna en un ambiente saludable, repudiando los actos de violencia en todas sus expresiones.
Art. 3.- Solicitar al Gobierno Nacional, asuma la responsabilidad de garantizar a todos los ciudadanos de que habitan nuestro suelo, la plena vigencia de sus derechos humanos, frenando las acciones represivas sobre los movimientos sociales.
Art. 4.- Convocar a todos sus equipos docentes y de investigadores, a ponerse a disposición de las comunidades afectadas por los modelos de producción contaminantes, a los efectos de cumplir con la Visión y Misión de nuestra Casa.
Art. 5.- Invitar al Consejo Superior de la UNR a hacerse eco de la presente resolución.
Art. 6.- De forma
Prof. Dr. E. POLLASTRI Prof. Dr. R. NIDD Prof. Lic. L. RÖHNER
Docente Docente Docente
Prof. Dr. D. VERZEÑASSI Prof. Dr. F. SERRA Prof. Dr. A. TORRIGGINO
Docente Docente Docente
Dra. Ma. C. BOGUE Sr. D. PUEDE
Graduada Estudiante
CONSEJEROS DIRECTIVOS DEL FRENTE INDEPENDIENTE
Facultad de Ciencias Médicas - UNR
Fuente: Boletín de Noticias de Movida Ambiental, publicado por Norberto Costa http://boletinmovidaambiental.blogspot.com/2012/02/excelente-pronunciamiento-sobre-el.html
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