Decía en enero que permanecemos entrampados en el capitalismo si creemos superar la injusticia social mediante mejoramiento de la distribución. Dí un ejemplo en la política de subsidios directos e indirectos del
gobierno K que comenzaba a quitarlos en servicios públicos y en otras actividades sin
incidencia en nuestro bienestar básico como las de bingos, casinos e
hipódromos. Planteé cómo estamos presos de la lógica del capital por ponderar ese proceder gubernamental como justicia e incluso naturalizar al
aumento tarifario por verlo consecuencia de poner fin a la compensación a
empresarios para que sus concesiones fuesen rentables. Es que la otorgación de
subsidios fue publicitada como voluntad de garantizar a los usuarios (no
ciudadanos) el acceder a ellos. Ahora esta manipulación se proyecta en
encubrimiento de la profundización del Ajuste ya presente por la inflación y
los topes en paritarias. Aún más, los de abajo nos hacemos cargo de la urgencia
gubernamental de que la gran mayoría posea “tarjeta sube”, cuando tardó años en
implementarla como solución a nuestra falta de monedas. Hoy nos fuerza a sacrificarnos
para obtenerla porque, nos alerta, de no hacerlo sufriremos los incrementos
hasta cuando disponga que podemos ser subsidiados o no. De este modo, reduce el
problema del transporte público y consigue encubrir a quienes los monopolizan y
lo convierten en Cromagnon rodante.
Claudio Lozano, en “Política de subsidios: ¿Ajuste o Justicia?”,
sostiene: “(…)
el enfoque oficial resulta sesgado e incompleto. No se puede abordar la
discusión de los subsidios sin
poner en consideración la estructura de costos de las empresas y por lo tanto,
la correspondiente revisión respecto a la validez o no de la presente
estructura tarifaria. El planteo oficial da por sentado que las tarifas son
razonables y que lo único que debe hacerse es trasladarle los costos a quienes consumen.
Una evaluación de la situación de petroleras, generadoras y transportadoras y
sus consecuentes ganancias ampliaría los márgenes de acción de la política oficial y permitiría evitar
injusticias con los consumidores. Máxime en un contexto donde los subsidios a la energía han convivido con las
rentas extraordinarias de las petroleras, la falta de inversión y el aumento
del costo de la energía por la suba significativa de las importaciones. Es
bueno constatar que el ahorro de $4600 millones que se está buscando con estas
primeras medidas no logra compensar los mayores recursos que el Estado debe
destinar hoy por el encarecimiento de la matriz energética. En este aspecto el
Gobierno amplió el fondo fiduciario para la importación de gas creado en el 2008
de $1300 millones a $13000 millones (...)”1. Injusticia que responde al papel
hegemónico de las petroleras, junto a las transnacionales agroexportadoras, en
el modelo vigente desde el 2002. Repsol, Panamerican
y Total oligopolizan el petróleo y el gas (61% de la extracción de
petróleo y el 75% de la de gas). No han realizado exploración y explotación de
nuevos pozos por lo que han conducido a una veloz disminución de las reservas
hidrocarburíferas. Lo han hecho cuando la exportación de energía representaba entre
el 12% y el 16% de total exportado por Argentina y cuentan con una
legislación que les permite liquidar el 70% de las utilidades en el exterior.
Se han distanciando de la mayoría de las privatizadas, que pertenecen al
sector servicios y que han perdido los niveles de rentabilidad
extraordinaria de los años 90.
Como en el pasado, subsidios directos
e indirectos potenciaron la dinámica de acumulación y reproducción del capital
de esa fracción del poder económico, de ahí que el Estado fue partícipe crucial
del avance raudo de la concentración y transnacionalización económica o de la
desigualdad social, a la que contribuyó además mediante el Pacto Social.
En el año 2008 Martín Scalabrini Ortiz y Martín Schorr marcan que a pesar del comportamiento
de las transnacionales petroleras, “en el sentido de
abandonar toda responsabilidad exploratoria y sólo dedicarse a la extracción
acelerada de los recursos naturales no renovables, el actual gobierno nacional
impulsó la sanción de una ley de “promoción”
para que las empresas exploren, en vez
de sancionarlas por el
incumplimiento de sus obligaciones estipuladas en la ley de hidrocarburos
y en la normativa que les entregó los yacimientos de YPF. A fines de
octubre de 2006 se promulgó la ley 26.154, que crea un régimen promocional para
la exploración y explotación de hidrocarburos. Por ella se establecen
beneficios impositivos y de eliminación de tasas y derechos de
importación para aquellas firmas que se presenten a solicitarlo, los que
tienen un carácter similar al Régimen Minero aplicado desde 1993.
Paralelamente, algunas de las provincias que tienen petróleo en su
subsuelo, encararon una renegociación anticipada de los contratos
con las compañías que tienen
concesionados los yacimientos. Algunas de
esstas negociaciones se efectuaron en el transcurso de 2007 en
Chubut y Santa Cruz, donde diez años antes del vencimiento de las concesiones
se otorgaron prórrogas a las empresas por períodos de veinte y cuarenta
años (hasta el 2027 en Chubut y hasta el 2047 en Santa Cruz), sin que
ello tuviera justificaciones basadas en criterios técnicos o productivos. De
todos modos, ello está en línea con la política energética a nivel nacional, ya
que luego de la importantísima devaluación del año 2002 las firmas petroleras y
gasíferas obtuvieron ganancias extraordinarias gracias a la exportación
de estos recursos, y a que el nivel de las retenciones aplicadas fue muy
bajo (actualmente es del 5% en los combustibles, del 20% en el gas
licuado de petróleo y del 45% en el petróleo crudo), máxime si se tienen
en cuenta los costos internos de producción y los niveles exorbitantes que ha
alcanzado el precio del petróleo en el mercado internacional. Ello ha
permitido que, tanto durante la vigencia de la convertibilidad como luego de la
salida devaluatoria a su crisis, las empresas petroleras y gasíferas se
ubicaran en el conjunto de las más grandes exportadoras del país. Así,
Repsol-YPF, Petrobras, Chevron-San Jorge, Pan American Energy, Vintage
Oil, Shell, Esso, Tecpetrol y Total Austral –todas ellas de propiedad de
capitales transnacionales– obtienen importantes ingresos en divisas que
no están obligadas a ingresar al país
(la normativa vigente establece que hasta un 70% del total puede ser
mantenido en el exterior). Para la internalización de las elevadísimas
rentabilidades que tienen las empresas petroleras, también debe
considerarse el control oligopólico del mercado
interno de hidrocarburos y sus combustibles derivados. En efecto, sólo cinco firmas
(Repsol-YPF, Pan American Energy, Petrobras, Chevron San Jorge y Tecpetrol)
tienen en sus manos el 80% del mercado del petróleo y únicamente cuatro
empresas (Repsol-YPF, Shell, Esso y Petrobras) manejan el 90% de la
oferta de naftas y gasoil, y más del 80% del mercado de lubricantes en la Argentina. En suma,
las falencias regulatorias (bajas regalías –del 12%– por la explotación de los hidrocarburos; entrega del manejo del
comercio exterior al oligopolio petrolero; falta de control de las
reservas por parte del Estado; inexistencia de sanciones ante el
incumplimiento de la normativa sectorial) y la decisión política de no
modificar este escenario han determinado que el manejo de los recursos
naturales no renovables quede a cargo de
un grupo de firmas que operan prácticamente sin rendir cuentas de sus
acciones y obtienen ganancias extraordinarias (por lejos, las más altas
de la economía argentina en la post-convertibilidad)2.
La fracción productiva-exportadora que
encabezan los oligopolios del agro y de los hidrocarburos, se amplía abarcando
a automotrices, mineras, siderúrgicas y químicas. Constituye el núcleo
fundamental para el crecimiento económico y los superávit comercial y fiscal,
pilares de la estabilidad del modelo posconvertibilidad. Al gravarla, el gobierno
pudo “incrementar la recaudación fiscal y aportar
armonización a las relaciones al interior de la clase dominante. Esto se
encuentra justificado en dos factores: en primer lugar, en que el Estado
aplica un impuesto sobre el capital productivo-exportador que irá a
engrosar el superávit fiscal primario que derivará principalmente al pago
de deuda pública. De este modo se genera una distribución por arriba del
ingreso, que apuntala las posiciones del capital financiero. A esta medida
se suman los mecanismos indexatorios a crecimiento e inflación de buena
parte de la deuda posibilitando un nuevo momento de convergencia, una
nueva armonía al interior de la clase dominante superando, al menos
momentáneamente, las disrupciones que había conllevado la salida del modelo
de la convertibilidad”.
Gastón Ángel Varesi continúa: “En segundo lugar, también podemos ubicar el
incremento del gasto en subsidios, enmarcado en la multiplicación de la
partida de servicios económicos del presupuesto nacional, que se orienta tanto
a compensar a las privatizadas como a distribuirse entre distintos agentes
del capital productivo (…)”3. En suma, el modelo postconvertibilidad
se establece con armonización entre las fracciones del bloque dominante y
expoliación a los de abajo mediante “transferencias de ingresos en las
siguientes direcciones: del capital financiero al capital productivo y a las
privatizadas vía pesificación asimétrica” y del conjunto de las sociedad
(principalmente las clases subalternas, por la regresividad del sistema
tributario) hacia el capital financiero vía compensaciones estatales a
través de mayor endeudamiento público”3.
Recordemos
hubo “socialización de los costos de la crisis, que
representa uno de los momentos fundamentales en la configuración del modelo
post-convertibilidad: la pesificación asimétrica de deudas y el
«salvataje» del sector financiero, desarrollados en el gobierno
de Duhalde. La pesificación asimétrica implicó que los bancos debieran
devolver los depósitos en dólares a $1,40 por cada U$S1, mientras que los
deudores con la banca local verían pesificadas sus deudas en dólares a $1
por U$S1 . Cuando el lobby empresarial logró forzar al gobierno a derogar
el techo impuesto inicialmente para la pesificación de deudas (U$S 100.000), ésta
se convirtió en un mecanismo de licuación masiva de las deudas del capital
productivo y las empresas privatizadas con la banca local. En este contexto el
gobierno dispuso un plan de «salvataje» al capital financiero que se
iniciaría a partir de operaciones de diverso tipo, destinadas a compensar
las implicancias de la salida devaluacionista y la pesificación
asimétrica, y que serían cubiertas con la emisión de nueva deuda pública
por un monto total de U$S 28.525 millones en bonos de deuda”3.
Estas políticas produjeron una sustantiva caída del salario real y de la
participación de los trabajadores en la distribución del ingreso. Gastón Ángel Varesi reflexiona que, al
excluir estas implicancias del 2002 y originar el modelo K en 2003, aparece
basado sobre la industria y el trabajo y progresivamente distributivo. “De hecho todos los indicadores muestran mejora desde ese
punto y efectivamente existe un cambio progresivo clave en el nivel político:
la asunción de Néstor Kirchner y el desarrollo del kirchnerismo como una corriente
(y cultura) política particular dentro del peronismo. Pero en términos de
modelo de acumulación, es en el 2002 cuando se marcaron las fundamentales rupturas
en el tipo de cambio, como en el esquema de precios relativos favorable a la
producción de bienes transables, se gestó el inicio del proceso inflacionario,
se operó la licuación de deuda privada a través de la pesificación asimétrica y
se realizó el “salvataje” al capital financiero que junto con los subsidios
comenzaron a gestar un sistema de transferencias de recursos que buscó
reorganizar el equilibrio inestable de compromisos entre las fracciones de
clase en el marco de una nueva correlación de fuerzas (…)”4.
También aclara: “Las principales orientaciones presupuestarias
desarrolladas distintivamente en la post-convertibilidad se refirieron
principalmente a subsidios y, desde la salida del default, al pago de deuda
pública, rebatiendo perspectivas que intenten encontrar un motor
inflacionario en el gasto público orientado a sectores populares. Este
conjunto de elementos refutan las tesis ortodoxas de la inflación que pone en
el centro a las clases subalternas. Los enfoques provenientes del
mainstream económico tienden a producir diagnósticos que implican medidas
en detrimento de las clases subalternas con el consecuente impacto
regresivo en la distribución del ingreso. Pero estas clases, lejos de ser
las principales beneficiarias del modelo, son perjudicadas por la
disminución del salario y el gasto social (en términos reales) así como
también por la regresiva estructura impositiva, a través del peso del IVA
y del impuesto a las ganancias, que hasta la modificación del piso mínimo
imponible a fines del 2007 constituía un impuesto que afectaba también
a amplios sectores subalternos”3.
Eduardo Lucita (integrante del
colectivo EDI-Economistas de Izquierda) le propone al gobierno CFK llevar a
cabo: “Otro
camino
(…) el gobierno dispone de opciones para obtener otros
resultados fiscales. No se trata solo de mejora la calidad del gasto y hacerlo
más eficiente. También es necesario y más justo operar sobre los ingresos. No
alcanza con aplicar mayores aranceles a bienes suntuarios hay condiciones más
que propicias para elevar al Congreso Nacional un proyecto de reforma
tributaria progresiva, que haga que paguen los que más tienen, que reduzca el
IVA a los artículos de primera necesidad y eleve los mínimos imponibles para
que los trabajadores no carguen con esa aberración tributaria que considera
ganancia al salario. También reponer los aportes patronales jubilatorios
eliminados por el entonces ministro Domingo Cavallo, con lo que la Anses
dispondría de fondos para una mejora efectiva de las jubilaciones mínimas. Para
eso están las holgadas mayorías parlamentarias.
Invertir la carga Este es emprender otro camino que no sea el trillado de
reducir ingresos de los trabajadores estatales, de descargar parte del gasto
sobre los usuarios de las clases populares o de poner techo a las paritarias,
como si el salario fuera el causante de la inflación. Este
sendero siempre tiene un límite y al final se cae nuevamente en el
endeudamiento. Es el momento de invertir la carga del esfuerzo, la relación de
fuerzas políticas y el 54 por ciento de apoyo en las últimas elecciones lo
habilitan. Sino tarde o temprano los trabajadores y los sectores populares
pasarán a cobrar el apoyo electoral, que no ha sido un cheque en blanco”5.
Es una lectura del presente y el futuro
que, en el fondo, acepta como ciertas las posibilidades del capitalismo local
de hacerse cargo del bienestar y la justicia sociales. Da por sentado que el
modelo de acumulación postconvertibilidad ha sido progresivo y la armonía del
Estado con los oligopolios a que convoca (e implementa) la Presidenta favorece
a los diversos de abajo. También, parece desconocer la función de las
elecciones sobre todo cuando el gran protagonista es un partido de estado que
ha ido perfeccionándose en concretar la democracia encubridora de la impunidad del
poder económico transnacional y transnacionalizado.
Tratemos de incorporarnos a la lucha
por otro país-mundo posible. João Pedro Stedile plantea:
Las propuestas unitarias para enfrentarla crisis
Frente a esa situación, se realizó
en Porto Alegre, como última actividad del Foro, una importante asamblea
internacional de movimientos sociales, que produjo un documento de análisis y
selló un acuerdo unitario, entre otras iniciativas, para:
a) Denunciar a los estados y gobiernos que están operando sólo en favor del capital;
b) Denunciar la máscara de economía verde, como un engaño para esconder la verdadera causa de los problemas ambientales que se reproducen en todo el mundo;
c) Tener claro que los principales enemigos del pueblo en esta etapa del capitalismo, son el capital financiero, las empresas transnacionales y los procesos de militarización y represión que ocurren en los países;
d) Luchar por una democracia verdadera, que supere la mera representatividad formal, la manipulación que los capitalistas están operando en relación a los gobiernos y construya nuevas formas de participación popular en los destinos de los países;
e) Esforzarse para realizar grandes movilizaciones de masas en todos los países, contra los enemigos comunes, única forma de poder alterar la actual correlación de fuerzas;
f) Defender los recursos naturales de nuestros países, como la cuestión de la soberanía nacional y popular, frente a la ofensiva y apropiación privada del capital;
g) Exigir de los gobiernos políticas públicas de protección de los intereses de la mayoría de la población, en especial de los más pobres y trabajadores;
h) Realizar esfuerzos para enfrentar el monopolio de los medios de comunicación de masas, que en todos los países manipulan a las masas y distorsionan las verdaderas causas de la crisis y sus graves consecuencias para la humanidad;
i) Redoblar esfuerzos para construir la unidad entre todas las fuerzas sociales en nuestros países y a nivel internacional, única forma de enfrentar la fuerza del capital(…)”6.
Las propuestas unitarias para enfrentar
Frente
a) Denunciar a los estados y gobiernos que están operando sólo en favor del capital;
b) Denunciar la máscara de economía verde, como un engaño para esconder la verdadera causa de los problemas ambientales que se reproducen en todo el mundo;
c) Tener claro que los principales enemigos del pueblo en esta etapa del capitalismo, son el capital financiero, las empresas transnacionales y los procesos de militarización y represión que ocurren en los países;
d) Luchar por una democracia verdadera, que supere la mera representatividad formal, la manipulación que los capitalistas están operando en relación a los gobiernos y construya nuevas formas de participación popular en los destinos de los países;
e) Esforzarse para realizar grandes movilizaciones de masas en todos los países, contra los enemigos comunes, única forma de poder alterar la actual correlación de fuerzas;
f) Defender los recursos naturales de nuestros países, como la cuestión de la soberanía nacional y popular, frente a la ofensiva y apropiación privada del capital;
g) Exigir de los gobiernos políticas públicas de protección de los intereses de la mayoría de la población, en especial de los más pobres y trabajadores;
h) Realizar esfuerzos para enfrentar el monopolio de los medios de comunicación de masas, que en todos los países manipulan a las masas y distorsionan las verdaderas causas de la crisis y sus graves consecuencias para la humanidad;
i) Redoblar esfuerzos para construir la unidad entre todas las fuerzas sociales en nuestros países y a nivel internacional, única forma de enfrentar la fuerza del capital(…)”6.
-------
1) http://www.agenciacta.org/spip.php?article2841
2) http://www.idaes.edu.ar/papelesdetrabajo/paginas/Documentos/02_8_Ortiz-Schorr.pdf
3) http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.4510/pr.4510.pdf
4) Rev. Realidad Económica nº 264 de noviembre-diciembre 2011
5) http://www.argenpress.info/2012/01/argentina-2012-entre-el-ajuste-y-el.html
6) http://www.rebelion.org/noticia.php?id=143865
2) http://www.idaes.edu.ar/papelesdetrabajo/paginas/Documentos/02_8_Ortiz-Schorr.pdf
3) http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.4510/pr.4510.pdf
4) Rev. Realidad Económica nº 264 de noviembre-diciembre 2011
5) http://www.argenpress.info/2012/01/argentina-2012-entre-el-ajuste-y-el.html
6) http://www.rebelion.org/noticia.php?id=143865
No hay comentarios:
Publicar un comentario