“El agotamiento del modelo privatizador” por Mariano Féliz
A 10 años de finalizado el proyecto neoliberal, continuamos
sufriendo las consecuencias de un proyecto de país excluyente, ahora a través
del kirchnerismo.
Energía, minería y ferrocarriles se yuxtaponen como problemas
aparentemente aislados que no son más que el resultado de la continuidad de un
patrón de acumulación que sostiene las ganancias
empresarias sobre la base del saqueo, la entrega indiscriminada de subsidios y
la muerte.
La cesión del uso y explotación de las riquezas hidrocarburíferas
a las grandes corporaciones privadas continúa en la etapa. Con la creación
de ENARSA en 2005 se pretendió legitimar la profundización del uso privado del
subsuelo a través de la cooperación público-privada en la explotación de nuevos
campos de petróleo y gas en la nueva frontera que incluye la plataforma
continental. Parece que el Gobierno no encuentra ninguna contradicción entre la
declamada preocupación por la explotación petrolera en Malvinas (y la potencial
contaminación ambiental) y la falta de una política pública que garantice el
abastecimiento de combustible, en condiciones medio-ambientales adecuadas y en
el marco de una política de sustitución del consumo de hidrocarburos por
energías más respetuosas de los equilibros vitales del planeta. El Gobierno no
es capaz de ver que el creciente déficit energético tiene sus causas en una
matriz de producción y distribución de energía en manos privadas y en la
ausencia de una política productiva orientada al ahorro de energía.
¿Cómo entender si no proyectos mineros que son altamente
dependientes de la energía eléctrica, hasta el punto de ser los principales
demandantes en algunas provincias, hoy llamadas mineras? Proyectos que, por
otra parte, son alimentados por una combinación de la voracidad del capital
transnacional que destruye el territorio, extrae los recursos minerales
estratégicos, sin más motivo que financiar las arcas corruptas de las
estructuras políticas de algunos socios conspicuos del Gobierno nacional (como
el ex-menemista, ex-duhaldista, futuro ex-kirchnerista Gioja). ¿Quién puede
entender que la política minera de saqueo del menemismo que fue prolongada por
30 años por la actual fuerza política en el Gobierno nacional pueda ser parte
de un proyecto “nacional y popular”? Más bien parece la réplica de la política
de enclaves mineros típica del antiguo imperialismo, hoy vestida de estrategia
industrial favorable a nuevos socios imperiales (China y Brasil). ¿Puede el
Gobierno seguir aceptando la represión abierta de las protestas anti-mineras,
bajo la excusa de la provincialización menemista de las riquezas del subsuelo?
¿No es hora de discutir a fondo la propiedad y el uso de esos recursos?
Finalmente, 9 años de una política de transporte de continuación
del modelo neoliberal de gestión nos lleva hoy a la tragedia del 22 de Febrero
de 2012 en la estación ferroviaria de Once. Casi una década lleva este gobierno
de subsidios indiscriminados a empresas privadas que mantienen el sistema de
ferrocarriles en pésimas condiciones. Casi una década de continuación de la
política de privatización del sistema de transporte público que hoy produce
decenas de muertes y centenas de heridos no por “accidente” sino por
negligencia de la empresa (que, obviamente, sólo cuida su negocio) y del
Gobierno (Secretaría de Transporte, entes reguladores, la propia Presidenta )
que prolongan una propuesta de gestión del transporte de pasajeros (y de
cargas, agregaríamos) que es insostenible social, económica y ecológicamente
hablando.
Las muertes evitables (el incidente mencionado no fue accidente
pues es un resultado lógico, esperable, de una política equivocada) y el saqueo
insostenible de las riquezas naturales son caras de un proyecto que sostiene la
privatización de los bienes comunes y los servicios públicos, privilegiando el
interés de los grandes grupos económicos y las grandes transnacionales.
Es hora
de terminar con un modelo de gestión que pone en el capital privado
expectativas progresistas y transformadoras, mientras que el Estado lo
subsidia. Pero, ante todo, es momento de reformular el modelo de uso de los
bienes comunes y de los servicios públicos para sacar el control estratégico de
manos de las transnacionales y, superando la mera estatización, entregar el
control al conjunto del pueblo trabajador.
Fuente: http://www.dariovive.org/?p=2741
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