La Constitución
reconoce “el derecho a
un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano"
Por Mónica Heinzmann, Diego Fonti, Adolfo Facello,
et al. (Rebelión)
Aunque ya no esté en la tapa de los medios, el conflicto sigue en
pie. Esta es la hora de apelar a las conciencias para tomar una decisión social
y política que como pueblo nos merecemos.
Como miembros del Centro de Bioética de la Universidad Católica
de Córdoba (UCC) queremos expresar nuestra preocupación y contribuir al debate
que plantea el avance de los proyectos de Megaminería y sus consecuencias, como
en el caso de La Rioja.
Sin abordar un análisis minucioso del caso -no es nuestra
intención-, valga recordar algunas consecuencias de la Megaminería con
evidencia científica: ante todo el consumo del agua, que puede involucrar nada
menos que 300.000 m3
por día, en algunos emprendimientos en curso, y la utilización y generación de
peligrosos contaminantes como el Cianuro que provocan graves desequilibrios en
agua y suelo y son altamente tóxicos para los seres vivos, producen
enfermedades mortales.
Por otro lado esta minería, a cielo abierto, desplaza las
actividades económicas locales, afectando la cultura y la identidad de
comunidades para las cuales la tierra es el centro de su vida. No se respetan
los derechos culturales, sociales y económicos, ni el derecho a la tierra y al
agua, ni la libertad de expresión de las poblaciones locales.
Algunos emprendimientos Megamineros que llevan más de 10 años de
actividad en nuestro país han mostrado devastadoras consecuencias y míseros
beneficios para las regiones involucradas. La lista de daños a la actividad
productiva, a los ecosistemas naturales y las consecuencias en la salud de la
población involucrada son alarmantes.
Nuestro país es muy codiciado por las grandes transnacionales
mineras por la gran cantidad de posibilidades de sus recursos y sobre todo por
la legislación permisiva sancionada a partir del 1993 que establece beneficios
para las empresas mineras, especialmente a través de increíbles exenciones
fiscales. No existe aún un marco regulatorio indispensable para el control de
esta actividad y el resultado es una larga lista de violaciones de los derechos
humanos.
Sin embargo, desde la reforma de 1994, la Constitución Nacional
de la República
Argentina reconoce como Derecho Humano “el derecho a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades
productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras”.
Hace 5 siglos la ambición imperialista de entonces, en busca de
oro y conquista, devastó a los pueblos originarios de Nuestra América. Hoy los
imperios son otros, las empresas trasnacionales de la Megaminería se inscriben
en esa lista. Los sobrevivientes de aquellos pueblos y los que habitamos estas
tierras somos de nuevo amenazados, lo trágico es que quienes ejercen la
autoridad no han aprendido las lecciones de la historia. La gente
del pueblo en cambio, sí lo hizo y ya ha decidido.
La Megaminería juzga el desarrollo meramente en términos de
rentabilidad económica. No puede ser lícita una actividad que no tiene en
cuenta el costo ambiental y social que involucra.
No hablamos de prohibir la minería en general, sino un determinado
tipo de explotación a cielo abierto, contaminante, que extrae principalmente
oro, que sirve para bienes suntuarios y para acumular divisas…
Si nos consideramos una sociedad que protege y defiende la vida,
ante la sola presunción de que estamos frente a un daño grave
y de un peligro para la vida de personas, debemos al menos, considerar el
principio de precaución y tomar TODOS los recaudos necesarios.
La Bioética, particularmente desde un paradigma latinoamericano,
debe aportar su voz ante esta realidad, es una amenaza a la vida y a las
condiciones de vida, a nivel biológico, social, cultural y político . Se trata
de muchas vidas, la de comunidades enteras que se ven vulneradas y en peligro
de supervivencia. Y si la Bioética nació para tender un puente hacia el futuro
es deber de quienes la sostenemos defender ese futuro, el de nuestra casa o
madre común, la tierra y el de los seres que la habitamos.
Como Miembros del Centro de Bioética UCC, compartimos la
preocupación social y apoyamos la resistencia que se ha generado. Creemos que
la voluntad de los pueblos no puede ser desoída, subestimada ni avasallada.
Por esto nos sumamos a quienes manifiestan y piden que se detengan
las actividades Megamineras en nuestro país y llamamos a todos, para que se
hagan escuchar muchas voces, que se unan a las voces de los pueblos que están
de pie, para que se discuta y se decida en los ámbitos correspondientes su
licitud, a la luz de los Derechos Humanos, los derechos y cosmovisiones de los
pueblos y los derechos de la tierra.
FIRMAN: Mónica Heinzmann, Diego Fonti, Adolfo Facello, Juan
Carlos Stauber, Paula Cooke, José Alessio, Andrés Toledo.
(Centro de Bioética de la Universidad Católica
de Córdoba)
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