1) Argentina, Córdoba: La (in)justicia amenaza con despojar de miles de hectáreas a cientos de familias campesinas
Por: MOC - PRENSA RED
La realidad es que hoy estamos ante la posibilidad de que la causa prescriba y que Fritzler nunca se siente en el banquillo de los acusados, tendiendo un nuevo manto de sospechas, dudas e impunidad. Es importante destacar que en esta disputa se está poniendo en juego mucho más que la posesión de las tierras y el destino de cientos de familias campesinas. Se está poniendo en juego una manera de vivir y de producir alimentos como en pocos territorios se da ya.
La gran cantidad de ganado vacuno que en muchas manos se produce en la zona, es un horizonte que se debería tener en cuenta a la hora de planificar la verdadera sustentabilidad de nuestra provincia.
Cientos de familias de pequeños productores ganaderos de la costa del Río Dulce hacen uso del recurso tierra y del recurso agua en armonía, de manera comunitaria, llevando el ganado de un lado a otro en cada época del año, manteniendo dignamente sus familias a pesar de la marginalidad que los mantiene alejados sin la infraestructura básica necesaria para la vida. Campesinos que hacen las veces de guardianes de una Reserva Natural en la que es inexistente la acción protectora del mismo Estado que la creó y la deja desnuda al acoso de los intereses agroempresariales.
Esas tierras y esa agua, si avanza Fritzler y otros que vienen por detrás, pasarán a engrosar el capital concentrado de los barones del agronegocio y dejará en la cornisa a cientos de familias y mandará a los libros una manera de vivir con dignidad.
No es casual que desde el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) se haya plantado con fuerza la defensa de los campos comunitarios o comuneros, ya que constituyen el reservorio de la vida en comunidad, del cuidado y respeto de los bienes naturales comunes, del principio de solidaridad como valor de vida. Justamente, hoy el poder (judicial, económico y político) avanza sobre ellos como en el conflicto en cuestión y en el campo La Libertad, casos emblemáticos de la lucha por la tierra en la provincia de Córdoba.
Redundamos al decir que la Justicia de Deán Funes ha sido históricamente funcional a los intereses de los agronegocios. Con una clara visión ideológica explicitada en los cientos de casos que se resuelven a favor de los empresarios del campo, le sigue dando un marco jurídico al desierto que se instala en el norte cordobés cada vez que se expande más la frontera agropecuaria.
Baste la muestra que nos toca; el Juez que entiende en la causa, Juan Abraham Elías, ordenó sistemáticamente instancias de mediación durante un año, desgastando a los demandantes, enfriando el proceso, instando a que Fritzler arreglara con dinero lo que con derecho no tiene.
Hoy, no teniendo más excusas, son estos mismos tribunales los que no abren la causa a prueba y no permiten que un usurpador de la vida campesina sea debidamente juzgado. Si logra su cometido, Fritzler se quedarían con trece mil hectáreas que no le pertenecen, allí donde están los mejores pastos de la zona y donde 300 familias han desarrollado sus vidas ancestralmente.(...)
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2) Argentina, Chaco. Denuncian pésimas condiciones de vida en Sáenz Peña:
“Ninguna persona puede vivir así; es la precariedad total”
Por: CHACO DIA POR DIA
1) La justicia de Deán Funes está a punto de dejar prescribir la causa en la que empresarios entrerrianos están imputados por usurpar 23 mil hectáreas en la zona de La Rinconada, Departamento Río Seco. Cientos de pequeños productores poseen esas tierras de generación en generación. El poder detrás de la privatización de los recursos naturales dentro de una Reserva Natural (des)protegida. De cómo se castiga la vida en comunidad.
Más de seis años han pasado del inicio de un conflicto que marca un punto de inflexión en la historia de la lucha por la tierra en la provincia de Córdoba. El reticente enfrentamiento entre habitantes históricos de nuestro campo profundo y empresarios subidos a la ola de los agronegocios y la explotación de los recursos naturales para beneficio particular, tiene un capítulo destacado en las agrestes y salinas tierras que forman la reserva natural de Mar Chiquita y Bañados del Río Dulce.
Vale recordar que en el año 2005 los empresarios entrerrianos, Nilvert y René Fritzler, padre e hijo, llegaron a la zona de La Rinconada ostentando un falso título inscripto en la provincia de Santiago del Estero para intentar hacerse de 23 mil hectáreas.
Con una velocidad inusitada y un amplio despliegue de recursos, poniendo un ejército de alambradores donde los campos se mantenían abiertos para el uso común, ante el desconcierto de las más de cien familias que hacen uso de directo de esas tierras para el pastoreo, que se iban enterando de la situación en la medida que se cortaba el paso a sus campos y el acceso al Río Dulce.
A esto le siguió el relato de fuerzas y contrafuerzas a la usanza de las disputas territoriales de otros tiempos: guardias blancas, resistencias campesinas, alambres que se levantaban y que luego caían por la fuerza de las tijeras, etc. Hasta que la justicia se digno a tomar cartas en el asunto, cayendo en la cuenta que el conflicto corría serios riesgos de desmadrarse.
El Fiscal General designó Fiscal Director y algunas cosas se movieron. En ese momento las familias campesinas sintieron que quizá se podía creer en que se hiciera justicia. Se ordenaron medidas innovativas a fin que la policía cortara parte de los cercos que imposibilitaban el paso al río, y se logra la imputación de Fritzler por nueve hechos.
Ya corría el año 2007 y en tribunales parecía encarrilarse la causa. Pero desde ese impulso inicial la situación fue decayendo. De alguna manera el objetivo de juzgar a Fritzler, se fue diluyendo. El reclamo de llegar a un juicio justo se desdibujaba ante avatares políticos y judiciales, en donde los más poderosos se manejan con mayor soltura. De alguna manera, el campo de juego cada vez se les volvió más ameno a los empresarios.
En consonancia con esto, no parece casual el cambio de abogado de los entrerrianos. El mediático y cuestionado Marcelo Touriño, fue reemplazado por el diputado nacional juecista Ernesto Martínez, profesional muy ávido al mundillo de los agronegocios y a manejarse con soltura en las estructuras del poder judicial cordobés.
La realidad es que hoy estamos ante la posibilidad de que la causa prescriba y que Fritzler nunca se siente en el banquillo de los acusados, tendiendo un nuevo manto de sospechas, dudas e impunidad. Es importante destacar que en esta disputa se está poniendo en juego mucho más que la posesión de las tierras y el destino de cientos de familias campesinas. Se está poniendo en juego una manera de vivir y de producir alimentos como en pocos territorios se da ya.
La gran cantidad de ganado vacuno que en muchas manos se produce en la zona, es un horizonte que se debería tener en cuenta a la hora de planificar la verdadera sustentabilidad de nuestra provincia.
Cientos de familias de pequeños productores ganaderos de la costa del Río Dulce hacen uso del recurso tierra y del recurso agua en armonía, de manera comunitaria, llevando el ganado de un lado a otro en cada época del año, manteniendo dignamente sus familias a pesar de la marginalidad que los mantiene alejados sin la infraestructura básica necesaria para la vida. Campesinos que hacen las veces de guardianes de una Reserva Natural en la que es inexistente la acción protectora del mismo Estado que la creó y la deja desnuda al acoso de los intereses agroempresariales.
Esas tierras y esa agua, si avanza Fritzler y otros que vienen por detrás, pasarán a engrosar el capital concentrado de los barones del agronegocio y dejará en la cornisa a cientos de familias y mandará a los libros una manera de vivir con dignidad.
No es casual que desde el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) se haya plantado con fuerza la defensa de los campos comunitarios o comuneros, ya que constituyen el reservorio de la vida en comunidad, del cuidado y respeto de los bienes naturales comunes, del principio de solidaridad como valor de vida. Justamente, hoy el poder (judicial, económico y político) avanza sobre ellos como en el conflicto en cuestión y en el campo La Libertad, casos emblemáticos de la lucha por la tierra en la provincia de Córdoba.
Redundamos al decir que la Justicia de Deán Funes ha sido históricamente funcional a los intereses de los agronegocios. Con una clara visión ideológica explicitada en los cientos de casos que se resuelven a favor de los empresarios del campo, le sigue dando un marco jurídico al desierto que se instala en el norte cordobés cada vez que se expande más la frontera agropecuaria.
Baste la muestra que nos toca; el Juez que entiende en la causa, Juan Abraham Elías, ordenó sistemáticamente instancias de mediación durante un año, desgastando a los demandantes, enfriando el proceso, instando a que Fritzler arreglara con dinero lo que con derecho no tiene.
Hoy, no teniendo mas excusas, son estos mismos tribunales los que no abren la causa a prueba y no permiten que un usurpador de la vida campesina sea debidamente juzgado. Si logra su cometido, Fritzler se quedarían con trece mil hectáreas que no le pertenecen, allí donde están los mejores pastos de la zona y donde 300 familias han desarrollado sus vidas ancestralmente.
Por esto exigimos:
-La elevación a juicio de la causa contra los usurpadores de la vida campesina. Que Fritzler sea juzgado.
-El reconocimiento de los campos de uso comunitario por parte del Estado y la implementación de políticas públicas para su preservación.
-Que los campos de La Rinconada y La Libertad queden en manos campesinas.
Convocamos a la marcha en defensa de la vida campesina el jueves 20 de octubre a las 10 hs. hacia tribunales de la Ciudad de Deán Funes.
http://www.argenpress.info/2011/10/argentina-cordoba-la-injusticia-amenaza.html-----
2) El abogado Roberto Mena, de la Defensoría del Pueblo de la Nación, alertó sobre las paupérrimas condiciones de vida que sufren unas 10 mil personas pertenecientes a comunidades aborígenes que viven en barrios alejados de Sáenz Peña. Becas que no se cobran hace más de dos años y falta de viviendas dignas, las principales falencias. “En ese lugar se ve mucha miseria, realmente”, lamentó Mena.
Lapidarias fueron las conclusiones a las que arribaron los representantes de la Defensoría las cuales fueron plasmadas en el informe socio, sanitario y ambiental que remitió al defensor del Pueblo de la Nación la oficina Chaco a cargo de Mena, en el que se refleja la realidad de doce barrios de Sáenz Peña en los que residen niños, jóvenes, adultos y ancianos aborígenes, en su mayoría del pueblo qom.
Las comunidades se habían reunido en el barrio Pablo VI, el 8 de octubre, con Mena; con el trabajador social Martín Ulibarrie, representando a la Dirección de Salud Indígena del Ministerio de Salud Pública y con Miguel Alejandro Armoa, abogado de DDHH del foro local. La delegación realizó una inspección y relevamiento de la situación de los barrios, emitiéndose un informe inicial que será ampliado y replicado en otras localidades del interior provincial.
En declaraciones a Radio Planeta, Mena recordó que estas denuncias y la posterior visita a la zona se dio a principios de octubre, luego de que un grupo de vecinos de Sáenz Peña, en su mayoría indígenas encabezaran una manifestación frente a la municipalidad reclamando mejoras en su zona.
“Llegamos al lugar, logramos destrabar el conflicto, que el intendente los atienda y que se comprometiera a la regularización de tierras, a la fumigación para eliminar vinchucas y otros insectos. Además me comprometí a bajar a los barrios para escuchar las diferentes inquietudes de los delegados”, comentó Mena.
Ranchitos
“Cuando bajamos al barrio Sexto, la situación no se condice con los parámetros de calidad de vida que deberían tener. Hay ranchitos, y una categoría más bajas de ranchitos que son los de plástico. Realmente una miseria, se ve mucha miseria ahí. Hay una ausencia de una política de Estado por parte de los tres estados: nacional, provincial y municipal”, lamentó el abogado.
Mena desglosó varias de las falencias que se detectaron en el lugar. “Con respecto al Estado nacional, hemos detectado 120 becas de nivel primario, 240 becas del nivel secundario que no se pagan desde 2009. Que son becas del plan inclusión del Ministerio de Educación de la Nación. En cuanto a las políticas de viviendas de la provincia, es deficitaria. La política municipal también es deficitaria porque no hay una urbanización adecuada y hay barrios postergados en Sáenz Peña”, señaló.
“Esto requiere un plan integral de los tres Estados y que los funcionarios bajen con equipos. Esto no es difícil de corregir porque estamos hablando de acceso a la escolaridad. El Ministerio de Educación tiene que relevar e incluir a los niños en los colegios. Hay reclamos por discriminación, hay déficit de políticas alimentarias”, sostuvo Mena.
“Estamos hablando aproximadamente de 10 mil personas. Van de ‘un poco mejor’ a lo pésimo. Trabajamos en doce barrios aborígenes que comienzan al costado de la ruta, en intersección de la vía”, explicó el abogado. Y advirtió: “Hay un contraste muy grande entre lo que es superávit fiscal y déficit social. Ahora con este informe van a comenzar las justificaciones pero cuando la gente reclama y se ve como se vive yo le creo a la gente. Ningún funcionario ni ninguna persona que nosotros conocemos pueden vivir así. Es la precariedad total”, graficó Mena.
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