Argentina:
Problemas fiscales en las Provincias
Por: Julio C.
Gambina (especial para ARGENPRESS.info)
Culminó el primer semestre y Buenos Aires, la Provincia más grande de la Argentina, puso de manifiesto la crítica situación fiscal, ya que el gobierno provincial decidió abonar el medio aguinaldo en cuatro cuotas consecutivas, sin diferenciar niveles de ingresos, y cancelar deuda a acreedores diversos con bonos de la deuda pública provincial.
Una de las características de política económica en la década ha sido el superávit fiscal del Estado nacional y las provincias. El caso bonaerense hace visible un problema que ya venían expresando otros estados provinciales y que afecta al fisco nacional. En esta ocasión, la Nación tuvo que asistir financieramente a la Provincia, aún cuando la cifra no alcanzó para resolver el pago completo del medio aguinaldo, y motivó el pago en cuotas a los trabajadores estatales. La respuesta de los estatales, profesionales y trabajadores de la salud, de la justicia, y otras dependencias públicas se movilizaron en todo el territorio provincial reclamando el pago unificado y denunciando una política de ajuste sobre los ingresos de los trabajadores estatales.
Vale consignar la
importancia de la cuestión salarial en Buenos Aires, el distrito de la
Argentina con la mayor cantidad de empleo público provincial, lo que representa
casi un 1/3 del total de los estatales provinciales. Siendo la Provincia con
mayor cantidad absoluta de trabajadores estatales es uno de los Estados
provinciales con menor densidad de trabajadores por habitantes, situación que
comparte con Santa Fe y Córdoba, siendo las tres provincias las que concentran
la mayor cantidad de población en la Argentina.
Son datos para pensar,
sea el papel del Estado y la cantidad necesaria de trabajadores para un
efectivo y satisfactorio cumplimiento del derecho a la educación, a la salud, a
la seguridad, al entretenimiento o la cultura; tanto como el papel del empleo
estatal en las provincias de menor densidad poblacional para disminuir el
desempleo o subempleo y contener el conflicto social. Esto último es válido,
especialmente cuando constatamos la diferencia salarial en los distintos
niveles del Estado, reduciéndose en la medida que se desciende desde el ámbito
nacional al provincial, y de éste al municipal. El promedio del salario de los
estatales nacionales duplica al de los trabajadores de los Estados
provinciales, los que al mismo tiempo duplican el ingreso de los trabajadores
municipales, evidenciando un desequilibrio inequitativo, asociado a una
des-jerarquización de ingresos de los trabajadores en el ámbito de las
Provincias y de las localidades del interior del país.
El gobierno nacional
intenta despegarse de la gestión del Estado Bonaerense y responsabiliza al
gobernador Scioli, quedando claro que se asiste a un nuevo capítulo de la
crisis política en el núcleo hegemónico del gobierno ampliado (Nación +
Provincias). Parte de la crisis se procesa en la justicia, con un fallo contra
el gobierno en primera instancia, que exige el pago completo del medio
aguinaldo. Habrá que ver como sigue el tema en segunda instancia y más allá.
El capítulo anterior
de la crisis en el núcleo hegemónico se procesó con Moyano y la actual
conducción de la CGT, esperándose una nueva fragmentación de la Central
mayoritaria.
Ahora, el conflicto es
entre el gobierno nacional y el provincial, como sucesión de una historia que
discute hegemonía política sobre la administración del orden económico,
político y social.
Reaparecen los
condicionantes institucionales del 90´
Detrás de la crisis
fiscal se encuentran los fenómenos estructurales que condicionan el funcionamiento
del capitalismo en la Argentina.
Por un lado, la
reforma del Estado, heredada de la década del 90, donde la descentralización,
uno de los ejes del decálogo del Consenso de Washington, agranda la
responsabilidad fiscal de los Estados provinciales por el gasto transferido
desde la Nación. Al
mismo tiempo se generaron condiciones para la dependencia financiera de las
provincias a la nación, algo visible en la coyuntura.
Por otro lado se
destaca el papel de la deuda pública en el privilegio del gasto público
nacional, condenando a los trabajadores estatales y al gasto social a ser
variables de ajuste estructural. En efecto, al mismo tiempo que se comunicaba
la imposibilidad de la Nación y la Provincia de Buenos Aires para cumplir con
el pago a los empleados públicos y a los proveedores, el Directorio del Banco
Central de la
República Argentina aprobó la afectación de 4.165 millones de
dólares de las reservas internacionales para cancelar deuda pública en el
tercer trimestre del 2012 (Julio a Septiembre).
A los trabajadores
bonaerenses se les cancela el medio aguinaldo en cuatro cuotas (dos en el mes
de julio del 15% cada una, otra en agosto por un 30%, y el resto en
septiembre), mientras que a otros acreedores (de la deuda pública) se les
cancela al contado, dando fe de un “Estado buen pagador”.
Curiosamente, con los
trabajadores movilizados en protesta por el “ajuste”, el mismo día, el BCRA
resolvía destinar 1.597 millones de dólares para atender vencimientos con
organismos internacionales, y 2.568 millones de dólares para cancelar deuda con
acreedores privados, incluido el Boden 2012, con vencimiento en agosto próximo.
La crisis del 2001
sigue pagándose en detrimento del ingreso de los trabajadores y afectando la
calidad de vida de los sectores de menores recursos.
La medida adoptada por
el BCRA supone satisfacer mayoritariamente a acreedores externos de la deuda
pública, sean los organismos internacionales, o los tenedores extranjeros de
los títulos en cuestión.
Esos fondos salen del
BCRA contra documentos de pagos a futuro por la tesorería nacional, y se suman
a otros títulos emitidos oportunamente. Las reservas internacionales rondan los
46.500 millones de dólares, compuestos crecientemente por deuda del Estado
Nacional, cuyos vencimientos se escalonan en los próximos periodos de gobierno
después del 2015.
Como vemos, la
cuestión se desencadena por las reformas estructurales, con la base de los años
90´, descentralización estatal y endeudamiento externo.
Con la
descentralización de personal sin transferir fuentes de ingresos suficientes,
el resultado fue el deterioro de los ingresos de los estatales provinciales,
que son la mayoría del empleo público en la Argentina. Un Estado
con salarios deteriorados contribuye seriamente en boicotear la calidad,
eficiencia y compromiso del trabajador en un proyecto público, es decir,
asumido por el conjunto de la población.
El peso de la deuda y
los pagos de intereses y servicios de la misma es clara demostración que el
proyecto público presente de “desendeudamiento” favorece a los acreedores
externos, parte del núcleo del poder en la Argentina. A éstos se
suman las transnacionales de la mega minería, la soja y el agro negocio, y las
transnacionales de la producción y los servicios, a quienes se invita
regularmente a invertir en el país, claro que a cambio de satisfacer sus
objetivos de importantes ganancias, retaceadas en estos tiempos de crisis del
capitalismo mundial.
El camino del ajuste
desemboca en crisis
En síntesis, la crisis
fiscal, a la que se suman los problemas comerciales y que ponen de manifiesto
las dificultades para sostener el superávit del comercio exterior y las
restricciones a la compra de dólares, hablan del límite a dos aspectos
centrales de la bonanza económica de estos años: el superávit fiscal y
comercial en paralelo. Una vez más, el problema pretende resolverse con ajuste
en el ingreso de los trabajadores. La respuesta se manifiesta en protestas
diversas y aún desarticuladas políticamente.
El desafío se
concentra en la construcción de una alternativa política que pueda expresar la
diversidad de protestas y de formas organizativas que surgen en la coyuntura,
sean los estatales bonaerenses en la calle por el medio aguinaldo, los
judiciales por la porcentualidad en sus ingresos, los trabajadores de la
construcción que el sur demandan ser equiparados a los petroleros; o las
protestas de los pueblos fumigados, las poblaciones contra la mega minería a
cielo abierto, y múltiples otras formas y demandas de crítica y confrontación
de una sociedad no escuchada y en creciente proceso de organización y
manifestación de sus demandas, intereses y sueños.
Todo ello constituye
la base de un proyecto a discutir para organizar la sociedad sobre la base de
la satisfacción de las necesidades de la mayoría. Una lógica
diferenciada de la de la ganancia que hoy preside el desarrollo económico en el
país y en el mundo.
La crisis global del
capitalismo en la contemporaneidad convoca a cambios, los que se procesan
nacional y regionalmente en función de la historia de los pueblos. Es evidente
que en la crisis actual se manifiesta la agresividad del poder de las clases
dominantes, evidenciado en estos días en Paraguay y en las amenazas crecientes
sobre el proceso boliviano.
En la Argentina
también se sienten las presiones y acciones de las clases dominantes. Así como
la movilización popular en la rebelión del 2001 creó las condiciones para el
cambio y en la Argentina ya no se pudo ganar institucionalmente con el discurso
neoliberal, en la actualidad, será también la movilización social la que genere
las condiciones de emergencia de un proyecto político alternativo.
Julio C. Gambina es
Doctor en Ciencias Sociales, UBA. Profesor de Economía Política, U. N. de
Rosario. Profesor de posgrado en diversas Universidades en Nuestramérica.
Presidente de la
Fisyp. Integrante del Comité Directivo de Clacso.
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